Operación Reckoning

Ciento setenta y cinco presuntos miembros del Cártel del Golfo fueron detenidos -el pasado 16 y 17 se septiembre-en una operación conjunta de las autoridades de EE UU e Italia, denominada Projet Reckoning (proyecto cálculo).

Los esfuerzos de investigación en Reckoning fueron coordinadas por el Departamento de Justicia de la División de Operaciones Especiales, la DEA, FBI, Inmigración y Aduanas, Servicio de Impuestos Internos, Servicio de EE.UU. y abogados de la Sala Penal de Estupefacientes y la Sección de Drogas Peligrosas, apoyaron una coalición de organismos de investigación internacional encabezada por la DEA oficinas ubicadas en Colombia, Guatemala, México, Panamá e Italia, con la asistencia de sus homólogos extranjeros en cada uno de esos países; Reckoning" fue un esfuerzo coordinado y producto de varias operaciones como Operación Dos Equis, la Operación Justicia rápida, la Operación Vértigo, la Operación Stinger, entre otras).
Los arrestos realizados forman parte de una investigación de 15 meses que totaliza 507 detenciones y la captura de 60,100.000 dólares, 16.711 kilogramos de cocaína, 1.039 libras de metanfetaminas, 19 libras de heroína, 51,258 libras de mariguana, 176 vehículos y 167 armas. Entre los detenidos había diez presuntos miembros de la mafia calabresa denominada la 'Ndrangheta, que se encontraban en EE UU y Calabria, en el sur de Italia.
Fue sin duda un "duro golpe" a uno de los mayores cárteles de la droga mexicanos.

Con esta operación se confirma el papel de la mafia calabresa en el suministro de droga colombiana a Europa a través de México, según las autoridades italianas. Enviaban cargamentos de cocaína, anfetaminas, heroína y mariguana desde Colombia, Guatemala, Panamá, México y de ahí también iban dirigidos a Europa a través de Italia.
La investigación confirmó que el Cártel del Golfo mantenía operaciones en Atlanta, Georgia, Missisipi, Memphis, Tennessee, Indianápolis y Austin. "Hemos completado exitosamente un masivo y duro golpe al poderoso y extremadamente violento Cártel del Golfo", declaró entonces la directora del Departamento Estadounidense Antidrogas (DEA), Michele M. Leonhart.

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La alianza "Zetas"-Ndrangheta
CYNTHIA RODRíGUEZ, reportera
Publicado en la revista Proceso (www.proceso.com.mx), No., 1678, 28 de diciembre de 2008;
Tras una investigación de un año, la justicia italiana arrestó a miembros de la organización mafiosa Ndrangheta -entre ellos a Giuseppe Collucio y a Giulio Schirripa-, quienes adquirían cocaína al cártel del Golfo en Estados Unidos para distribuirla luego entre los clanes calabreses. En noviembre pasado, el ministro del Exterior, Franco Fratini, visitó México para ofrecer al gobierno federal apoyo para adiestrar a las policías con el fin de combatir a los narcos; no obtuvo respuesta. El 9 de diciembre, el procurador antimafia de Reggio Calabria, Nicola Gratteri, insistió. Las autoridades mexicanas volvieron a guardar silencio.
ROMA.- La justicia italiana confirmó, a través de la información proporcionada por la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA) y por investigaciones realizadas por los carabineros, que el grupo de Los Zetas ha fortalecido sus vínculos con organizaciones mafiosas en Italia, en particular con la llamada Ndrangheta (Hombres valientes), cuya base de operaciones se encuentra en Reggio Calabria, en el sur del país.
Sin embargo, las autoridades evitan tocar este asunto abiertamente para no entorpecer las investigaciones en curso. Desde enero de este año los carabineros han venido interceptando llamadas de personajes que participan en esta red trasatlántica para enviar droga de México a Europa desde territorio estadunidense.
El 7 de agosto pasado, tras la captura en Toronto, Canadá, de Giuseppe Collucio, un calabrés de 42 años perteneciente a la Ndrangheta, las autoridades italianas supieron que éste era uno de los encargados de introducir a Italia cocaína procedente de Sudamérica (Proceso 1664).
Collucio pertenecía a una de las familias de la Ndrangheta afincadas en Canadá, desde donde tenía contactos con integrantes de los cárteles colombianos y solía comprar cocaína directamente a países sudamericanos, pero comenzó a tener problemas con sus distribuidores.
Cuando Collucio fue arrestado, sus clientes italianos comenzaron a inquietarse y decidieron cambiar de aliados. Fue entonces cuando los dirigentes de la Ndran¬gheta se pusieron en contacto con el cártel del Golfo para obtener la droga y surtir los pedidos pendientes, declaró el procurador nacional antidrogas, Piero Grasso, en conferencia de prensa el pasado 17 de septiembre.
La detención de Collucio confirmó las sospechas que ya tenían las autoridades de los dos países sobre los nexos de la Ndran¬gheta y los integrantes del cártel del Golfo; incluso detectaron que los contactos se hicieron en el barrio neoyorquino de Corona.
Ese 17 de septiembre, el secretario de Justicia de Estados Unidos, Michael B. Mukasey, dio a conocer en Washington el Proyecto Reckoning -llamado también Operativo Cálculo; Operativo Solare para los italianos-, una acción conjunta para combatir el narcotráfico iniciada 15 meses antes por los gobiernos de los dos países y en la cual participaron también alrededor de 200 agencias de inteligencia internacionales.
Así mismo, Mukasey anunció que gracias a ese operativo fueron capturadas 175 personas en Estados Unidos, Guatemala e Italia. Las autoridades de este último país hicieron hincapié en la importancia de México como centro de distribución de estupefacientes, incluso superior a Colombia.
Ese arresto incluyó a 14 miembros de la mafia calabresa -seis de ellos en Nueva York y ocho en el sur de Italia-. Según Mukasey, ese golpe permitió a los gobiernos de Estados Unidos e Italia conocer con detalle la forma en que actúan el cártel del Golfo y sus aliados europeos. El funcionario de la administración Bush dijo también que se decomisaron 16 toneladas de cocaína y 57 millones de dólares en efectivo, lo que constituye "un fuerte golpe contra el cártel del Golfo".
Mientras Mukasey hablaba en Washington, en Roma el procurador Piero Grasso declaró: "La novedad en este operativo internacional es el papel que ha asumido México como punto de partida del narco, sustituyendo a Colombia y convirtiéndose en el mayor distribuidor de drogas en el mundo".
Los Schirripa
Los carabineros no sólo cuentan con la información proporcionada por la DEA sobre los nexos de los mafiosos italianos y mexicanos.
De acuerdo con sus propias investigaciones, la familia calabresa de los Schirripa fue la que abrió la puerta de Italia y Europa a los miembros del cártel del Golfo para que introdujeran cocaína.
A principios de febrero de este año los agentes italianos comenzaron a tejer la historia. El día 8 de ese mes, autoridades de Estados Unidos e Italia anunciaron la detención de 90 personas de la Cosa Nostra en un operativo llamado Old Bridge.
Si bien ese hecho no estaba relacionado directamente con sus indagatorias, los carabineros notaron que el matrimonio Schirripa, residente en Calabria, comenzó a preo¬cuparse por los hijos que vivían en Nueva York. Durante varios días no supieron nada de ellos; incluso llegaron a pensar que habían sido arrestados, a pesar de que los Schirripa pertenecen a la Ndrangheta y no a la Cosa Nostra, objetivo central de la operación Old Bridge.
Fue así como detectaron que los Schirripa de Nueva York estaban endeudados con los sicilianos, pues en diversas ocasiones éstos les habían prestado dinero para financiar los pedidos de droga. En los últimos meses, por ejemplo, Giulio Schirripa, uno de los hijos de esta familia calabresa que residía en Nueva York, carecía de fondos para comprar cocaína que después introducía en Italia, donde otros clanes ya habían pagado por ella.
Las autoridades italianas interceptaron miles de llamadas de Giulio Schirripa a partir de enero, en la que el calabrés se mostraba desesperado por conseguir dinero para pagar sus deudas a los sicilianos y comprar más cocaína a sus distribuidores, el ecuatoriano Luis Calderón, alías El Tío, quien fue arrestado en abril de este año, y a los miembros del cártel del Golfo.
De acuerdo con el Reparto de Operación Especial (ROS) de los carabineros, los Schirripa estaban agobiados por las deudas y los intereses generados por las moratorias. En las llamadas intervenidas durante febrero, Giulio dijo a sus padres que temía "salir de su casa en el barrio de Corona, en Nueva York, porque ahí, afirmaba, se sentía "acechado por sus acreedores".
Los últimos días de febrero, Giulio Schirripa, el segundo de los cuatro hijos del matrimonio calabrés, comenzó a tener enfrentamientos con sus narcoacreedores en Nueva York, por lo que tuvo que viajar a Calabria para conseguir financiamiento.
Al mes siguiente, tras su regreso a Nueva York, tenía ya otro distribuidor. En una llamada del 5 de marzo, según los carabineros, Giulio le comentó a su madre que Christopher Castellano, alias Cris, lo pondría en contacto con Javier Guerrero, quien además de venderle cocaína le ayudaría a enviarla a Italia. Poco después se supo que Castellano y Guerrero pertenecían al cártel del Golfo.
Para el 26 de marzo, Giulio consiguió dinero y compró 10 kilogramos de cocaína a sus nuevos contactos, que él mismo transportó a su tierra. El 1 de abril, el calabrés fue captado al llegar al aeropuerto de Lamezia Terme, provincia de Catanzaro, Calabria.
Pero las cosas se complicaron. La droga que Giulio introdujo a suelo italiano para distribuirla entre los clanes locales no fue de la calidad esperada. El 9 de abril, Los Zetas, a través de Cris Castellano, comenzaron a presionar a la compañera de Giulio, Stacy Minlionica, quien se había quedado en Nueva York, para que éste les pagara.
"Estoy esperando una respuesta -dijo Giulio por teléfono a su pareja ese 9 de abril-, pero estoy teniendo problemas. Esperaba un Ferrari y me dieron una maldita Fiat (en referencia a la calidad de la droga).
"Nadie quiere esto, saben que es mierda. En cinco años no he tenido ningún problema y ahora nadie lo quiere..."
Los problemas para colocar la droga en Italia provocaron que los Schirripa se quedaran sin financiamiento. Las siguientes semanas fueron de angustia para ellos. Sus deudas comenzaron a elevarse. Para junio, Cris Castellano, quien hasta el momento había jugado el papel de intermediario y de cobrador, fue sustituido por Ignacio Díaz, quien comenzó a presionar a los Schirripa para que pagaran. Cris se convirtió en confidente del matrimonio calabrés.
Los carabineros interceptaron una llamada entre un contacto de Giulio Schirripa e Ignacio Díaz. El integrante del cártel del Golfo le dijo a su interlocutor: "Aquella gente ya vino desde México y estarán (aquí en Nueva York) los próximos días y yo les debo pagar". Según el reporte oficial, los calabreses debían casi ocho kilogramos de cocaína.
Giulio viajó al menos cuatro veces a Calabria, siempre en busca de financiamiento. En julio logró juntar el dinero y pagó sus deudas. Dos meses después, en septiembre, el secretario de Justicia de Estados Unidos, Michael B. Mukasey, anunció los resultados del Operativo Reckoning y la detención de 175 personas, entre éstas Giulio Schirripa.
Las autoridades italianas continúan sus investigaciones. Saben que miembros del cártel del Golfo tienen nexos con organizaciones mafiosas locales; incluso saben que ya los descubrieron, por lo que cambian constantemente de rutas en el trasiego de la droga.
El silencio de México
A mediados de 2007, en su primer viaje internacional por Europa como presidente, Felipe Calderón fue a Italia. Aquí tuvo todo tipo de encuentros. Se entrevistó con el presidente Giorgio Napolitano, con el entonces primer ministro Romano Prodi, y con el líder del Senado, Franco Marini.
Antes de reunirse con empresarios del norte de Italia, el 4 de junio de 2007, Calderón y su familia tuvieron un encuentro privado con el Papa Benedicto XVI, así como un encuentro con el entonces ministro de Justicia, Clemente Mastela, y el titular de la Procuraduría Nacional Antimafia, Piero Grasso. Por parte de la delegación mexicana, además de Calderón, estuvieron presentes el procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, y el titular de Seguridad Pública, Genaro García Luna.
En la reunión, el orador fue Piero Grasso, quien explicó a los funcionarios mexicanos cómo ha enfrentado la justicia italiana a las mafias, también habló de los resultados obtenidos.
Grasso hizo un repaso de lo que ha significado la mafia para su país, especialmente desde los setenta hasta 1993, cuando fueron asesinados los jueces Giovanni Falcone y Paolo Borsellino. Aludió además a los resultados obtenidos desde 1982, cuando se publicó la primera Ley Antimafia, gracias a la cual se legisló sobre el delito de asociación mafiosa y se determinó confiscar sus bienes a los integrantes de esa organización.
El ministro también explicó a sus invitados mexicanos la forma en que funciona el sistema de protección, de asistencia y de beneficios penales y penitenciarios que se dan a los testigos y colaboradores de la justicia; de la existencia de una coordinación central en las investigaciones y de la adaptación de la magistratura para las características específicas de la mafia.
Entrevistado en aquella ocasión, el procurador nacional antimafia comentó que México no tenía todavía un papel preponderante en lo relativo al tráfico de drogas hacia Europa.
Sin embargo, 15 meses después, la justicia italiana ya no tenía dudas: los cárteles mexicanos no sólo se fortalecieron, sino que ahora comienzan a pasar droga asociados con la Ndragheta, el peor grupo criminal de su país.
Y a pesar de que hasta ahora el gobierno mexicano no ha tenido contacto con su par italiano para abordar el asunto, éste mantiene su ofrecimiento de colaboración. Apenas el 29 de noviembre pasado, Franco Fratini, ministro del Exterior italiano, declaró durante su gira por México que había reiterado el ofrecimiento.
"Hemos ofrecido una colaboración constituida de intercambio de información, adiestramiento de policías, mayor capacitación en tareas de prevención antidroga y mayor colaboración operativa con la estructura antidroga de la UE (Unión Europea)", indicó Frattini.
Consideró que "México debe aprovechar esta oportunidad, se trata de una ayuda operativa importante, que podría dotar de herramientas a las autoridades para mejorar investigaciones".
Y el martes 9, el procurador antimafia de Reggio Calabria, Nicola Gratteri, insistió: "Buscamos una colaboración directa con los mexicanos. La hemos pedido y estamos en espera de una respuesta", dijo a un grupo de corresponsales, según reportó la agencia Notimex.

Informe de CQ Researcher

Victoria inalcanzable
J. JESúS ESQUIVEL
Publicado en la revista Proceso (www.proceso.com.mx), No., 1678, 28 de diciembre de 2008;
Desde el 12 de diciembre circula en Estados Unidos un estudio, publicado por el influyente CQ Researcher, que descarta que Calderón pueda ganar el próximo año la guerra contra el narcotráfico, minimiza los logros de la Operación Limpieza y advierte que la penetración del narcotráfico en las Fuerzas Armadas y los cuerpos policiacos es de tal magnitud que la Presidencia de la República ha perdido credibilidad. Ante la corrupción y la narcoviolencia en México, agrega el reporte, los legisladores estadunidenses temen que estos males contagien a varias regiones de su país.
WASHINGTON.- La narcoviolencia que azota a México y la corrupción por narcotráfico que ha invadido a las Fuerzas Armadas y a las corporaciones policiales del país están tan arraigadas, que se descarta el triunfo de la guerra contra el crimen organizado para el tercer año de gobierno de Felipe Calderón, establece un estudio que circula en el Congreso de Estados Unidos.
"Al entrar México al tercer año de la ofensiva del presidente Calderón contra los traficantes de droga, nadie pronostica una rápida victoria debido al salvajismo de los narcotraficantes", señala en sus conclusiones el documento titulado La guerra contra las drogas de México. ¿Está la violencia salpicando a Estados Unidos?
"Analistas del narcotráfico en México están desconcertados por lo que son capaces de desatar los cárteles de la droga en términos de violencia", subraya el informe de 24 páginas escrito por el investigador Peter Katel y difundido por el CQ Researcher, publicación semanal fundada en 1923 y producida por Congressional Quarterly (CQ), del conglomerado editorial de Times Publishing Company (TPC), que edita el periódico St. Petersburg Times of Florida.
En su epígrafe, el documento dado a conocer por el CQ -que cuenta con más de 150 periodistas, editores e investigadores dedicados a cubrir diariamente todos los eventos en el Congreso, y cuyos principales suscriptores y clientes son los integrantes de éste, el Poder Ejecutivo, empresas, organizaciones no gubernamentales, instituciones académicas, bibliotecas y medios de comunicación- señala que los cárteles del narcotráfico de México son tan violentos que durante 2008 asesinaron a más de 5 mil 300 personas, y subraya: "algunas de estas víctimas fueron decapitadas".
La minuciosa investigación sobre el narcotráfico en México del CQ Researcher, la cual comenzó a circular en el Capitolio el viernes 12, apunta que los principales obstáculos para el éxito de Calderón en la guerra contra las drogas es la corrupción por narcotráfico y la ausencia de una política más efectiva por parte de Estados Unidos para reducir la demanda de narcóticos, así como para contrarrestar el tráfico de armas que terminan en manos del crimen organizado.
"Existe una profunda preocupación por la corrupción. Muchos expertos dicen que los narcotraficantes han penetrado al gobierno y al Ejército de México más profundamente de lo que se imaginan las autoridades mexicanas y estadunidenses", destaca en su estudio Katel, quien entrevistó a expertos en el tema, a legisladores estadunidenses, a funcionarios de México y Estados Unidos, así como a agentes y exagentes de ambos lados de la frontera dedicados a combatir el tráfico de armas y de narcóticos, al igual que el lavado de dinero.
Según el reporte del CQ Researcher, la corrupción por narcotráfico es tan profunda y está tan arraigada en las instituciones gubernamentales y policiacas de México, que la presidencia de Calderón está perdiendo mucha credibilidad ante la población mexicana y la comunidad internacional.
Katel pone un ejemplo para sustentar lo anterior: "El 4 de noviembre, en un suceso espectacular de aviación en la Ciudad de México, murieron Juan Camilo Mouriño, secretario de Gobernación, y José Luis Santiago Vasconcelos, un funcionario veterano de la lucha contra el narcotráfico. El reporte preliminar oficial sobre las causas del accidente culpa al piloto del Learjet por haberse acercado a un avión comercial que lo desequilibró con su turbulencia. Pero muchos expertos se burlan de esa evaluación".
El investigador ahonda en la teoría del complot respaldándose en una de las entrevistas que efectuó para este trabajo: "Ciertamente, la conclusión preliminar oficial me convierte en un incrédulo", declaró Thomas Cash a Katel. "Y aun en el caso de que los cárteles no hayan provocado el accidente, esto les ayuda para su objetivo de intimidar al país, porque la mayoría de los mexicanos nunca va a creer que fue un accidente", añadió Cash, exagente especial de la Agencia Federal Antidrogas (DEA, por sus siglas en inglés) a cargo de la división del estado de Florida y la región del Caribe.
CQ Researcher identifica a cuatro organizaciones del narcotráfico de México como las más poderosas en la disputa de los 23 mil millones de dólares anuales que genera el trasiego de drogas por la frontera México-Estados Unidos.
Los cárteles del Golfo, de Tijuana y de Juárez, así como La Federación, son los organismos del narcotráfico mexicano que por su gran poder de corrupción e intimidación evitarán el éxito de Calderón contra el fenómeno en el tercer año de su sexenio, afirma CQ Researcher.
Además, "para policías honestos puede ser fatal trabajar bajo tanta corrupción por narcotráfico", insiste el reporte que, al hacer un recuento de lo conseguido por Calderón, minimiza incluso lo logrado por la Operación Limpieza, que ha significado el procesamiento de varios funcionarios de la SSP y la PGR, presuntamente ligados a los hermanos Beltrán Leyva, grupo criminal que forma parte de La Federación.
"La Operación Limpieza ha sido un buen catalizador del problema de corrupción por narcotráfico que existe en el gobierno mexicano, pero no ha ido más allá de lo esperado", puntualiza el documento.
El informe atribuye a Thomas Shannon,¬ subsecretario de Estado Adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental, la versión de que, el año pasado, un alto funcionario mexicano, involucrado en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico, dijo a la secretaria de Estado, Condolezza Rice, y a la canciller mexicana, Patricia Espinosa:
"Cuando nos hicimos cargo del poder, nos dimos cuenta de que teníamos un problema relacionado con el crimen organizado, pero pensamos que era como un tumor que estaba bien identificado y que sería muy fácil de extirpar (...) Pero cuando abrimos el cuerpo nos dimos cuenta de que tenía una metástasis y que el tipo de tratamiento estaba más lejos de nuestras expectativas."
El trasiego de armas
Respecto a lo que se debe hacer para contener la narcoviolencia y el poder de corrupción en México que tienen los narcotraficantes y que amenazan con asentarse en la Unión Americana, CQ Researcher recomienda una mayor atención al problema por parte del Congreso federal y de Barack Obama, quien asumirá la presidencia de Estados Unidos el próximo 20 de enero.
La investigación plantea que "hay una creciente y alarmante preocupación" entre los legisladores estadunidenses por la narcoviolencia y el trasiego de drogas, que pueden afectar a varios puntos de Estados Unidos.
Por ejemplo, "desde el año pasado a la fecha, más de 40 ciudadanos estadunidenses han sido secuestrados (por el crimen organizado de México) en la zona de Tijuana-Rosarito Beach, de acuerdo a las estadísticas del FBI", menciona Katel.
Sin embargo, apunta, el gobierno de Obama y el Congreso estadunidense pueden apoyar a Calderón por medio de la Iniciativa Mérida, el mecanismo de lucha bilateral contra el narcotráfico que cuenta, por lo pronto, con 400 millones de dólares en financiamiento para equipo militar, tecnológico y entrenamiento.
En junio de este año, el Congreso estadunidense aprobó un paquete de 400 millones de dólares para el financiamiento de la Iniciativa Mérida durante el año fiscal 2008, que concluyó el 30 de septiembre pasado. Con estos fondos se entregarán a México cinco helicópteros, dos aviones, autos blindados, chalecos antibalas para miembros del Ejército y la policía, escáneres y aparatos de rayos X para detectar drogas en los cruces fronterizos, así como equipo satelital y sistemas de comunicación de inteligencia, a la vez que se dará entrenamiento especializado a grupos antinarcóticos.
Pero "la narcoviolencia se debe a la pobreza (que priva en México), a los sistemas judiciales que no funcionan, a los policías y funcionarios corruptos, a las armas que llegan de Estados Unidos y a lo que parece ser una insaciable demanda de drogas en este país. El problema no se va a resolver únicamente con helicópteros y máquinas de rayos X", comentó a CQ Researcher Tim Rieser, el principal asesor de política exterior del senador demócrata Patrick Leahy, presidente del Subcomité de Operaciones Foráneas del Senado, órgano del cual dependen los fondos solicitados por Bush para la Iniciativa Mérida.
Bush pidió al Capitolio mil 400 millones de dólares para cubrir un período de tres años de la Iniciativa Mérida. Los recursos se aportarán para respaldar la lucha contra el crimen organizado en México, Centroamérica, República Dominicana y Haití.
Aunque, por la ineficacia que algunos legisladores estadunidenses esperan de la Iniciativa Mérida, Katel adelanta que el próximo Congreso podría aprobar un "paquete interino" de apoyo a la lucha contra el narcotráfico en México, mientras el gobierno de Obama y los legisladores deciden si continuará la Iniciativa Mérida o debe crearse un nuevo proyecto de apoyo a la guerra contra las drogas en todo el hemisferio, con énfasis en el caso mexicano.
Para el año fiscal de 2009, que empezó el 1 de octubre de 2008, Bush pidió 450 millones de dólares para México y 100 millones de dólares para Centroamérica, República Dominicana y Haití.
Sobre el tráfico de armas que van de Estados Unidos a México, el reporte del CQ Researcher da a conocer cifras que revelan la magnitud del trasiego ilícito de armamento.
"El Buró de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) estima que 90% de las armas que poseen los criminales (mexicanos) llega por la frontera norte de México, dijo en febrero pasado William Hoover, jefe de operaciones de esta agencia", indica el reporte.
En cuanto al tráfico de armas de Estados Unidos a México, Katel encontró que los dos países tienen fuertes roces por las estadísticas que cada uno maneja y por la dimensión que atribuyen al problema.
Por ejemplo, explica el investigador, el gobierno de Calderón estima que por la frontera norte de México entran diariamente unas 2 mil armas, entre las cuales se hallan el rifle AR-15 y el Barrett calibre .50, el más poderoso que existe en el mercado, mientras que el ATF asegura que son menos.
"Con 6 mil 600 armerías que hacen negocios en los cuatro estados de la frontera sur de Estados Unidos que colindan con la frontera norte de México, existe una vasta fuente de armas de fuego y municiones que terminan en manos de los narcotraficantes", expresó a su vez William Hoover.
Para combatir el tráfico de armas, la ATF cuenta con 2 mil 500 agentes y 750 inspectores, de los cuales sólo 100 agentes y 25 inspectores están dedicados exclusivamente a contrarrestar el trasiego de las armas cuyo destino final es México.
Preocupado por el contagio de la narcoviolencia, más que por el tráfico de armas, Jeff Bingaman, senador demócrata del estado de Nuevo México, sometió este año a consideración del Congreso federal el proyecto de ley denominado Acta de Reducción de la Violencia en la Frontera Sur.
En caso de ser aprobada y promulgada por Obama, esa ley adjudicaría a la ATF unos 25 millones de dólares para financiar un programa de dos años dedicado a contener el tráfico de armas a México.
Con dichos fondos, la ATF podría reclutar más agentes y entrenar a policías mexicanos para el área de investigaciones de las armas relacionadas con el narcotráfico.

Militares arraigados

Arraigo tardío al espía militar
RICARDO RAVELO, reportero.

Publicado en la revista Proceso (www.proceso.com.mx), No., 1678, 28 de diciembre de 2008;
El mayor Arturo González Rodríguez, a quien un testigo protegido de la PGR (Jennifer) identificó como uno de los oficiales castrenses que espiaban al presidente Felipe Calderón y vendían armas a Los Zetas y al cártel de Sinaloa, fue arraigado por 40 días el viernes 26 de diciembre para ser investigado por las acusaciones que pesan en su contra.
En su edición 1677, Proceso dio a conocer, con base en la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/0241/2008, que Arturo González Rodríguez y el capitán Mateo Juárez proporcionaban información al cártel de Sinaloa sobre las actividades del presidente Calderón dentro y fuera del país.
Según el expediente citado y las declaraciones de Jennifer, ambos oficiales del Ejército -quienes formaron parte del equipo de seguridad del presidente- también informaban a los hermanos Arturo y Héctor Beltrán Leyva sobre los operativos e investigaciones que realizaban las secciones Segunda y Séptima del Ejército Mexicano.
Jennifer relató que por medio de una empresa de seguridad privada González Rodríguez y Mateo Juárez entrenaban a los gatilleros de los Beltrán Leyva, y que vendían armas decomisadas por el Ejército a varios cárteles, sobre todo a Los Zetas. El mismo testigo aseguró que González Rodríguez reclutaba a personal militar para servir a los Beltrán Leyva como sicarios.
De acuerdo con el declarante, González Rodríguez comenzó a trabajar para el cártel de Sinaloa en 2006 a cambio de un pago de 100 mil dólares mensuales. El capitán Juárez era ayudante del mayor, y también recibía remuneración por sus trabajos, dijo Jennifer.
Al testigo protegido de la PGR se le conocía como Lázaro o El 19 dentro del cártel de Sinaloa, y su jefe inmediato era Édgar Valdez Villarreal, La Barbie, operador de los Beltrán en Guerrero, Nuevo León y otros estados dominados por ese grupo criminal
El testimonio de Jennifer, ampliado el 12 de agosto de 2008 en las instalaciones de la SIEDO, sirvió de base al procurador Eduardo Medina Mora para anunciar, semanas después, la Operación Limpieza que derivó en los arraigos de Noé Ramírez Mandujano, extitular de la SIEDO, y de Miguel Colorado, excoordinador técnico de esa subprocuraduría, entre otros personajes.
Lo extraño de esta historia es que, después de que Jennifer rindió su testimonio, la PGR tardó cuatro meses y medio para someter a arraigo al mayor González Rodríguez.
Del capitán Mateo Juárez hasta ahora nada se sabe.

http://fredalvarez.blogspot.com/2008/12/arraigado-un-mayor-del-ejrcito.html

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La PGR va por más militares ligados a los Beltrán Leyva
Uno es socio del mayor en una empresa que capacitó a sicarios de la banda delictiva.
Publicado en Milenio Diario; 2008-12-28•

La Procuraduría General de la República investiga a más militares —de menor rango— que presuntamente apoyaron en actividades ilícitas a Arturo González Rodríguez, mayor del Ejército mexicano, quien se encuentra arraigado por facilitar información de la Presidencia de la República y de la Secretaría de la Defensa Nacional al cártel de los hermanos Beltrán Leyva.
Autoridades federales revelaron que en la solicitud de arraigo que gestionó el agente del Ministerio Público federal adscrito a la SIEDO, el testigo protegido con nombre clave Jennifer reconoce al militar como integrante del cuerpo de Guardias Presidenciales y responsable de la avanzada de la seguridad del presidente Felipe Calderón.
También se detalla cómo González Rodríguez intentó intimidar al jefe de sicarios de la mencionada organización criminal, Édgar Valdez Villarreal, La Barbie, por no recibir el “apoyo económico” (100 mil dólares mensuales) a tiempo.
Mencionaron que la PGR investiga un supuesto encuentro entre Arturo González Rodríguez y Jennifer cerca del Auditorio Nacional, en la Ciudad de México, donde el mayor lo retó a presentarse junto con La Barbie.
En esa ocasión, el sospechoso acudió acompañado de 30 militares, quienes salieron de manera repentina para demostrar a Jennifer que el mayor sí pesaba en el Ejército y podía ordenar la detención del jefe de sicarios de los Beltrán Leyva en caso de no cumplir el pacto.
Autoridades de la PGR explicaron que también se investiga a otro militar retirado, quien aparentemente es socio de González Rodríguez. Ambos son propietarios de una empresa de seguridad privada mediante la cual se encargaban de capacitar a los sicarios de la citada organización criminal.
González Rodríguez fue detenido y arraigado el viernes pasado por la Procuraduría General de la República, porque presuntamente vendió información al mencionado cártel de las secciones de Inteligencia y Planeación de la Secretaría de la Defensa Nacional, al igual que de la Presidencia.
Los datos que entregaba sobre los movimientos del Presidente tenían como objetivo que el cuerpo de seguridad de los Beltrán Leyva y de La Barbie no se encontraran con el del mandatario. Sospechan que el mayor recibía hasta 100 mil dólares de la banda delictiva.
En su declaración del 2 de julio pasado, rendida en la embajada de Estados Unidos en México, Jennifer relató también al Ministerio Público federal los “trabajos de protección física” que proporcionaba el director general adjunto de Inteligencia adscrito a SIEDO, Fernando Rivera Hernández.
“El declarante (Jennifer) refirió que a fines de enero o principios de febrero de 2008, a las 16 horas, el de la voz fue detenido por una patrulla de la Policía Federal Preventiva, en la carretera de cuota Toluca-Interlomas, en el Estado de México, por exceso de velocidad; en seguida llegó otra patrulla. Al detenerse los elementos de Policía Federal, que eran tres, uno de ellos permaneció cerca de las patrullas con un arma larga y los otros dos encañonaron al declarante y a su escolta, encontrándole una metralleta MP-5 con silenciador, calibre 9 milímetros, una pistola 45 escuadra y otra pistola 9 milímetros escuadra, en el interior de la camioneta Durango, sin placas, color Arena, modelo 2008, en la cual viajaba el de la voz y su escolta.”
Otros involucrados
La detención de Arturo González Rodríguez es parte de la Operación Limpieza, aplicada este año por el gobierno federal para detener a altos mandos de las corporaciones policiacas vinculados con bandas del crimen organizado.
Hasta el momento han sido detenidos, además del militar, Fernando Rivera Hernández, ex director general adjunto de Inteligencia de la SIEDO, y Miguel Colorado, ex coordinador técnico de dicha área. En el mismo caso está Ricardo Gutiérrez Vargas, ex director de Interpol-México.México/Rubén Mosso

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González Rodríguez veía los movimientos del Presidente
Ivonne Melgar, reportera

Excélsior, 28/12/2008;
El mayor Arturo González Rodríguez, arraigado por sus presuntos nexos con el narcotráfico, habría pertenecido al cuerpo de Guardias Presidenciales del Estado Mayor Presidencial (EMP), una unidad especial con la que se garantiza, militarmente hablando, la seguridad del Ejecutivo federal.
Al igual que el resto de las instancias que conforman esta estructura castrense, Guardias Presidenciales debe responder a las instrucciones del general José de Jesús Castillo Cabrera, jefe del EMP.
El titular del Estado Mayor Presidencial sólo le reporta al presidente Felipe Calderón, quien es su único superior.
Y en lo que respecta a las estrategias de resguardo del mandatario, los integrantes de Guardias Presidenciales se movilizan de acuerdo con los informes y planes diseñados por la denominada Sección Segunda (S2), a cargo de las tareas de inteligencia, que actualmente recaen en el coronel de artillería Diplomado de Estado Mayor, Adolfo Héctor Tonatiuh Velasco Bernal.
Creado hace 56 años, el cuerpo de Guardias Presidenciales cuenta con un cuartel general, tres batallones de infantería, dos de policía militar, uno de transporte y un grupo de morteros, así como otro de caballería.
De acuerdo con información del EMP, las Guardias Presidenciales también se conforman de una compañía de ingenieros, una de intendencia, otra de sanidad y una sección de transmisiones, además de una batería de honores y una banda de música.
El militar podría haber tenido acceso a los quehaceres de las unidades de infantería y policía militar que, cotidianamente, colabora de manera estrecha con el Estado Mayor Presidencial, coadyuvando para garantizar la seguridad de Felipe Calderón, según se estipula en el reglamento correspondiente.
Dicho personal militar también participa en el resguardo de la residencia presidencial y de otras instalaciones que el mandatario ocupa, como los espacios que visita en sus giras.
Guardias Presidenciales cuenta con servicios especializados para la atención médica directa de sus integrantes, así como con unidades de transporte propias, destinadas a la movilización de sus efectivos; tiene su propia intendencia para las necesidades de alimentación.
De acuerdo con el documento sobre el funcionamiento del EMP que en el sexenio anterior compiló su actual titular, el general Castillo, “otra tarea de relevancia a cargo del Cuerpo de Guardias Presidenciales es la de participar en ceremonias para rendir honores al titular del Poder Ejecutivo y a otros jefes de Estado y/o de gobierno que de manera oficial visitan nuestro país”.

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El mayor servía a dos cárteles
Andrés Becerril, reportero

Excélsior, 28/12/2008;

El mayor del Ejército Mexicano Arturo González Rodríguez arraigado por la PGR debido a sus presuntos vínculos con el narcotráfico— se convirtió en informante del cártel de Sinaloa a través de Édgar Valdez Villarreal, La Barbie, desde 2005, aunque también habría servido a Los Zetas.
El aún mayor del Ejército estuvo prófugo un par de meses, desde que supo que se le investigaba. Se informó que González Rodríguez fue detenido por agentes federales el pasado 23 de diciembre, aunque no se aclaró el lugar de su captura.
González Rodríguez fue uno de los militares encargados de investigar la producción y difusión de la videograbación de una ejecución. Se trató del video en el que frente a una videocámara, un miembro del grupo delictivo conocido como Los Zetas —entonces a las órdenes del cártel del Golfo—, es asesinado por un integrante de la Agencia Federal de Investigación (AFI) que trabajaba para el cártel de Sinaloa.
En México, la noticia de la existencia de esa videograbación se conoció el 8 de junio de 2005, pero fue en diciembre siguiente cuando el diario texano Dallas Morning News recibió en su redacción una copia del video y lo hizo público.
González Rodríguez traicionó a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) dando a los narcotraficantes información de las secciones Segunda (inteligencia) y Séptima (lucha contra el narcotráfico) de esa dependencia. Posteriormente fue integrante de Guardias Presidenciales. Excélsior consultó en la Presidencia de la República cuáles eran sus funciones en esa institución, pero no obtuvo respuesta.
Durante las investigaciones que siguió González Rodríguez sobre el video en el puerto de Acapulco, principalmente, pudo detener a uno de los hombres más cercanos a La Barbie, y que, de acuerdo con testimonio en poder de la PGR, fue el operador de la ejecución de uno de los cuatro zetas que aparecen en la videograbación de junio de 2005.
La detención lograda por el militar González Rodríguez hizo que La Barbie tuviera que ponerse en contacto con el efectivo castrense y pactara con él.
De entrada, Valdez Villarreal, quien posteriormente se convirtió en gente de Arturo Beltrán Leyva, El Barbas, le entregó 100 mil dólares para que dejara en libertad a su lugarteniente y con la frase “para que se la lleve más suavecito”, estrechó sus lazos con el militar, quien mensualmente, desde julio de 2005, recibía una cantidad similar, según el expediente en poder de la PGR.
Desde entonces, el mayor González Rodríguez se convirtió en informante de La Barbie, que a su vez entregaba la información a Beltrán Leyva.
De acuerdo con el expediente PGR/SIEDO/UEIDCS/0241/2008, abierto por la PGR y con el que arrancó formalmente la Operación Limpieza contra servidores públicos que dieron información reservada a personas no autorizadas, el fiscal de la Federación ordenó la localización y presentación del oficial militar Arturo González Rodríguez, quien desde el viernes pasado está arraigado hasta por 40 días, para saber si estaba relacionado con el crimen organizado y hasta dónde.
Después de la investigación que González Rodríguez realizó en Acapulco, Guerrero, una de las primeras misiones para La Barbie fue filtrarle información sobre las actividades de las secciones Segunda, G2, y Séptima de la Sedena.
Posteriormente, González Rodríguez fue promovido para integrarse al cuerpo de Guardias Presidenciales, desde donde siguió apoyando a La Barbie, sólo que ahora los informes a la banda de los Beltrán Leyva eran sobre la agenda del presidente Felipe Calderón. El objetivo, según consta en el expediente, era que los narcotraficantes no se encontrasen con el jefe del Ejecutivo y, por supuesto, con su estado mayor.
Según la testigo protegida, conocida en el expediente oficial como Jennifer una mujer que trabajó a las órdenes de La Barbie y que actualmente se encuentra en Estados Unidos— González Rodríguez fue el informante tanto de las actividades de la Sedena como de la Presidencia de la República.
De acuerdo con fuentes de la PGR, además de los testigos protegidos Jennifer, David y Felipe, no son los únicos que han declarado contra funcionarios públicos que se habían puesto al servicio del crimen organizado. Hay más y poco a poco van a ir saliendo otros funcionarios o mandos policiacos y militares que presumiblemente cobraban por dar información u otros servicios a las bandas del narcotráfico.
González Rodríguez es el primer integrante de alto rango en el Ejército que, dentro de la Operación Limpieza, es señalado de tener nexos con el crimen organizado, aunque se sabe que Jennifer, David y Felipe conocen los nombres de más militares que prestaron sus servicios tanto el cártel de Sinaloa como al del Golfo y a Los Zetas.
En el testimonio que Jennifer entregó a la PGR, tomado en un consulado de México en Estados Unidos, señala que ella conoció a González Rodríguez en 2006, cuando él y un capitán retirado, al que identifica como Mateo Juárez Espinoza, vendieron armas para la organización de Arturo Beltrán Leyva y Édgar Valdez Villarreal. La venta fue de una MP5 y tres ametralladoras G3, propiedad del Ejército mexicano. El pago que recibieron fue, según la testigo, de 20 mil dólares; el dinero se lo entregó ella directamente a Mateo Juárez en un McDonalds de Plaza Satélite.
Según los dichos de Jennifer, la relación con los Beltrán Leyva fue operada por ambos efectivos castrenses aunque en el cártel de Sinaloa se sabía que González Rodríguez y Juárez Espinoza habían servido a los intereses de Los Zetas, vendiéndoles también armas, según le revelaron a Jennifer el militar arraigado y su colega, prófugo de la justicia.

Arraigados los detenidos en Zihuatanejo

EL FISCAL DE SIEDO OBTIENE ARRAIGO POR 40 DÍAS CONTRA 23 MIEMBROS DE LA ORGANIZACIÓN "BELTRÁN LEYVA "DETENIDOS EN ZIHUATANEJO, GUERRERO
Sabado, 27 de Diciembre de 2008 Boletín PGR 1034/08
La Procuraduría General de la República informa que como resultado del trabajo jurídico penal del Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), el Juez Décimo Séptimo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal, dentro del expediente número 51/2008-V, otorgó la medida cautelar de arraigo por un término de 40 días, por la comisión de los probables delitos de Delincuencia Organizada, Violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y los que resulten, en contra de:
1. Timoteo Mata Cruz (a) "El Fibras" ex Capitán del Ejército, Subdirector de Seguridad Pública Municipal
2. Luis Antonio Romero de los Santos alias "El Chavo", encargado por parte de la organización delictiva de "Los Beltrán Leyva", de la plaza de Zihuatanejo, Guerrero, para la venta y tráfico de cocaína y marihuana.
3. Armando Santos García
4. David Servín Navarrete, alias "El Chino"
5. Francisco Javier Cortéz Osorio. Lugarteniente de "El Chavo".
6. Ricardo Landa Rangel o Luis Humberto Cortés Méndez, (a) "Geovany"
7. Juan Isrra Marín alias "El Pinto"
8. Nicolás Alegreti Chávez alias "Nico"
9. Justo Hernández Canseco
10. Guadalupe Gutiérrez Carrillo
11. Edwin López Rosas alias "El Gordo"
12. Juan Carlos Loaeza García
13. Omar Ríos Llanes

El Guerrero de Rogaciano

Guerrero: La batalla por la plaza
JORGE CARRASCO ARAIZAGA Y EZEQUIEL FLORES CONTRERAS, reporteros
Publicado en la revista Proceso (www.proceso.com.mx), 1678, 28 de diciembre de 2008;
Quince años atrás los soldados mexicanos abatían, a rostro limpio, a los embozados y mal armados miembros del EZLN. Hoy los embozados son los integrantes del Ejército Mexicano en una guerra imposible contra un enemigo invisible -mucho mejor armado que los zapatistas, por supuesto- que quizá incluye al compañero de al lado. En el fondo de la matanza de elementos castrenses en Guerrero está la realidad: el narcotráfico no sólo ha infiltrado a las fuerzas militares, sino que existe entre unos y otros una imbricación tal que las venganzas entre cárteles implican, necesariamente, la eliminación de militares, inclusive de oficiales.
CHILPANCINGO, Gro.- A pesar de la afrenta, la decapitación de siete militares adscritos a esta ciudad entre el 20 y el 21 de diciembre, y de uno más el martes 9, no tomó por sorpresa al Ejército. Desde octubre pasado se había difundido la supuesta protección de un coronel del Ejército al cártel de Sinaloa en la Costa Grande de Guerrero, así como de un teniente coronel presuntamente vinculado con Los Zetas.
Además, poco antes del secuestro y asesinato de los militares, se había producido un enfrentamiento con sicarios en Teloloapan, en la zona norte del estado donde actúan Los Pelones, grupo vinculado a los hermanos Beltrán Leyva. En meses recientes, también ha incursionado La Familia, procedente de Michoacán.
En las primeras horas del domingo 21, las cabezas de siete militares y de un exjefe policial fueron encontradas en un centro comercial de Chilpancingo ubicado en la salida hacia Acapulco.
La acción, asumida públicamente por el Ejército como una ofensa, se produjo en medio de enfrentamientos entre los distintos grupos del crimen organizado que se disputan el control del estado y en las que se han hecho señalamientos contra jefes militares.
El coronel Víctor Manuel González Trejo, comandante del 19 Batallón de Infantería con sede en Petatlán, fue acusado desde hace dos meses por darle protección al exlíder de la Unión Ganadera de Guerrero, Rogaciano Alba Álvarez, y al cártel encabezado por Joaquín El Chapo Guzmán. Las mismas imputaciones en su contra se repitieron a principios de diciembre.
En las últimas semanas, tanto en Guerrero como en Michoacán aparecieron mantas que señalan a otro militar relacionado con José Ángel Pineda Sánchez, alias El Calentano. En los municipios de Acapulco, La Unión y Petatlán, en la Costa Grande, y en Lázaro Cárdenas, Michoacán, se dieron a conocer mensajes en puentes peatonales y edificios públicos en los que se vincula con Los Zetas al teniente coronel José Alfaro Zepeda Soto, comandante del grupo de Morteros en Zacatula, del municipio de La Unión, Guerrero.
El mensaje, dirigido al secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván, asegura que el teniente coronel Zepeda Soto y El Calentano están relacionados económicamente con Jaime González Durán, El Hummer, líder de Los Zetas detenido a principios de noviembre en Reynosa, Tamaulipas.
La afrenta
La violencia tuvo su expresión más cruenta el fin de semana del 20 y 21 de diciembre. Llamadas anónimas a la policía federal avisaron sobre la ubicación de las cabezas a un costado de un centro comercial y de los cuerpos en dos puntos de la ciudad: en una estación de gas en el acceso principal de Chilpancingo, donde convergen la Autopista del Sol y la carretera federal a Iguala; el segundo punto fue 500 metros adelante.
En ambos lugares se encontraron cartulinas con el mismo mensaje: "Esto les pasa a todos los putos guachos... una de cal por una de arena. Les vamos a matar a diez por cada uno de nosotros...". Los textos están firmados por "ya saben quién".
Los decapitados, todos pertenecientes al arma de Infantería, fueron el capitán Ervin Hernández Umaña; los sargentos Juan Humberto Tapia Romero y Ricardo Marcos Chino; los cabos José González Mentados, Juan Muñoz Morales y los soldados Julián Teresa Cruz y Catarino Martínez Morales. Todos realizaban labores administrativas y fueron "levantados" entre el sábado 20 y el domingo 21 cuando se encontraban francos.
Junto con ellos fue decapitado el exsubdirector de la Policía Judicial del estado Simón Wences Martínez, quien había sido secuestrado el sábado anterior cuando participaba en la feria de fin de año que se realiza a un costado de la plaza de toros de la ciudad. Wences Martínez trabajó en el gobierno de José Francisco Ruiz Massieu y fue asesor del exgobernador René Juárez. Desde 2005 formaba parte de la dirección de una empresa de seguridad privada que daba protección a las instalaciones de la Unión Ganadera de Guerrero en esta capital, organización que fue fundada por Rogaciano Alba, quien fue además alcalde de Petatlán.
Días antes de la decapitación colectiva había corrido la misma suerte el sargento primero de Infantería Carlos Alberto Navarrete Moreno. El 9 de diciembre, su cabeza fue depositada en una cubeta con este mensaje: "Según los militares andan combatiendo a la delincuencia organizada y resultan secuestradores. Estos les va a pasar, putos".
El lunes 22, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó que los cuerpos de los militares presentaban signos de tortura y desprendimiento de cráneo. Aseguró que esos "actos cobardes" fueron "consecuencia de los fuertes golpes que el Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos han dado a las organizaciones criminales de esa entidad".
Ese mismo día, el Ejército organizó un acto de desagravio en las instalaciones del 50 Batallón de Infantería de la 35 Zona Militar, a la que pertenecían las víctimas. En la ceremonia participaron el general Galván y el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont.
El orador fue el comandante de la IX Región Militar, el general Enrique Alonso
Garrido Abreu, quien calificó como "un grave error de los delincuentes este atrevimiento".
La madrugada del martes 23, dos días después de que fueron encontrados los siete militares decapitados, unos 150 efectivos del propio 19 Batallón, al que pertenece el señalado coronel Víctor Manuel González Trejo, participaron en un operativo en Zihuatanejo en el que detuvieron en un palenque al subdirector municipal de Seguridad Pública Timoteo Mata Cruz, un excapitán del Ejército al que la Sedena vincula con la organización de los hermanos Beltrán Leyva, exaliados de El Chapo.
Durante horas, el Ejército tomó el control de la Policía Municipal. Además de Mata Cruz fueron aprehendidos Luis Antonio Romero de Los Santos, alias El Chavo; el expolicía ministerial Javier Cortés Osorio, El Oso, a quien relacionó con Los Pelones, y Guadalupe Gutiérrez Rodríguez, El Lupillo, al que el área de Inteligencia de la Sedena identifica como el principal distribuidor de droga en Ixtapa y Zihuatanejo.
En total 23 personas fueron arrestadas y trasladadas a la 27 Zona Militar, en el Ticuí, en el municipio de Atoyac de Álvarez; de ahí las llevaron a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (Siedo).
La reacción del Ejército no se limitó a Zihuatanejo. Desde las primeras horas del domingo, inmediatamente después de que se conoció la agresión, efectivos de la 35 Zona Militar desplegaron retenes a la salida de Chilpancingo, helicópteros realizaron vigilancia aérea y un comando realizó cateos sin orden judicial, lo que derivó en siete quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por allanamiento, robo y ejercicio indebido de la función pública.
Además, elementos de la misma 35 Zona Militar fueron desplegados en los límites con Michoacán, mientras que unos 300 paracaidistas fueron enviados desde el Campo Militar Número Uno, de la Ciudad de México.
En forma paralela a las acciones del Ejército en Chilpancingo, la Policía Federal realizó cateos en Tlanicuilulco, población serrana del municipio de Quechultenango. De acuerdo con el secretario de Seguridad Pública del estado, el general retirado Heriberto Salinas Saltés, en la zona opera un grupo que es conocido como Los Ardillos.
Localizado en el centro del estado, a unas dos horas de la capital, y al que se llega por un camino de terracería, Tlanicuilulco fue escenario en julio pasado de un enfrentamiento en el que intervino un comando de 50 pistoleros y dejó por lo menos tres muertos. Salinas Saltés asegura que esa zona del centro de Guerrero es la mayor productora de goma de opio en el país, con cuatro o cinco cosechas de amapola al año.
El lunes 22 y el martes 23, un convoy de 40 unidades de las Fuerzas Federales de Apoyo de la Policía Federal, reforzado con dos helicópteros, se internó en esa zona serrana sin que la corporación diera a conocer los resultados de su intervención, aunque pobladores de Tlanicuilulco confirmaron a Proceso que los efectivos policiales catearon varias casas.
Las acciones del Ejército afectaron a la población civil. Hasta el miércoles pasado, la Comisión de Defensa de Derechos Humanos de Guerrero (CDDHG) había documentado siete quejas contra militares por cateos ilegales en casas de personas a las que acusaban de haber participado en la decapitación.
Las quejas, que fueron transferidas a la CNDH, señalan que a partir de la madrugada del domingo, cuando se conocieron los hechos, un convoy de unos 60 militares encapuchados que se desplazaba en vehículos tipo Hummer recorrió varias colonias de Chilpancingo.
Los militares, siempre con el rostro cubierto, actuaron durante toda la noche. Se movieron en grupos de entre 25 y 30 elementos. Los allanamientos ocurrieron entre las 12:30 de la noche y las 5:30 de la mañana.
Protegidos con pasamontañas, los efectivos militares actuaron como hace 15 años lo hizo el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en Chiapas, al que tanto criticaron las Fuerzas Armadas por no dar la cara.
La CDDHG explicó a este medio que los militares entraron rompiendo las puertas con marros o cinceles, violaron las chapas y rompieron vidrios. Voltearon las camas, esculcaron cajones y tomaron fotografías y video de las personas que estaban en las casas. Les exigían que les dieran información sobre los responsables de las muertes de sus compañeros, los acusaban de narcomenudistas o secuestradores. En tres de las quejas se acusa a los militares de haber robado dinero. En entrevista, un comerciante que resultó afectado asegura que los militares se llevaron de su casa por lo menos 30 mil pesos.
En todos los allanamientos los militares se llevaron celulares, fotos de los habitantes e incluso de una casa se llevaron las escrituras de un terreno, asegura la CDDHG.
Un caso que no se tradujo en queja fue el de un joven de 28 años que fue detenido por el Ejército a la salida de la central de autobuses, en el centro de la ciudad. Originario de Oaxaca, acababa de llegar a Chilpancingo para acudir a las festividades de fin de año en la ciudad. Fue golpeado y llevado a la 35 Zona Militar, donde estuvo hasta la noche del lunes 22, cuando tuvo que ser ingresado al Hospital General del Seguro Social por el maltrato que recibió de los militares. Un taxista lo auxilió afuera de la Zona Militar. Su caso, que fue conocido por la comisión, no había sido registrado como queja hasta el miércoles 24.
Ese patrón de conducta se ha repetido en estados como Michoacán y Nuevo León, luego de agresiones contra personal del Ejército. El balance anual de la CNDH indicó el jueves pasado que la Sedena fue la institución con el mayor número de quejas durante este año: 631, casi dos por día.
Disputas
La presencia histórica de la organización de Joaquín El Chapo Guzmán en Guerrero se ha visto mermada por la guerra en la que se enfrascó con otros grupos al disolverse su alianza con los Beltrán Leyva, así como por la llegada de Los Zetas y La Familia, desde el Estado de México y Michoacán. Los enfrentamientos entre estas bandas han dejado una secuela de 3 mil 200 homicidios con arma de fuego y de tres a cuatro levantones por semana en los últimos tres años, de acuerdo con datos de la Secretaría de Seguridad Pública estatal.
En entrevista, el titular de la dependencia, el general retirado Heriberto Salinas Saltés, asegura que además los carteles que operan en Guerrero han entrado en luchas internas. "En el caso de la Costa Grande, el señor Rogaciano aparentemente cambió de bando y eso ha producido muertes por venganza".
Rogaciano Alba aparece como supuesto protegido del coronel Víctor Manuel González Trejo, según las mantas que han sido colocadas en distintos puntos del estado. Una de ellas, aparecida el 17 de octubre, lo identificó:
"El coronel Víctor Manuel González Trejo, del Batallón 19 de Petatlán, es el que apoya a Rogaciano Alba y Reynaldo Zambada (a) El Rey Zambada. Son los responsables de la muerte de taxistas, niños y mujeres y del atentado en Morelia y Papanaoa y también fue el asesino de Digna Ochoa, de Derechos Humanos". El Rey Zambada, hermano de Ismael El Mayo Zambada, socio de El Chapo Guzmán, fue detenido en octubre pasado en la Ciudad de México.
Una segunda manta precisó los sitios que supuestamente protege el coronel en beneficio del cártel de Sinaloa: La Calera, Santa Rosa, Arroyo Seco, El Venado, Chaveta, Potrerillo "y todo lo que colinda con la sierra".
La denuncia contra el coronel González Trejo se repitió el lunes 8, un día antes del hallazgo del primer militar decapitado, mediante dos mantas dirigidas a los generales Galván Galván y Alonso Garrido.
El mensaje señaló que, además del coronel, en la supuesta protección participa "el mayor Palma". Ambos, dice, le proporcionan a Rogaciano "elementos militares para catear casas, desaparecer y matar gente".
Petatlán es uno de los municipios donde ha sido más intensa la disputa entre los grupos de narcotraficantes que operan en Guerrero. El 3 de mayo pasado, un grupo de sujetos armados ejecutó a dos hijos y ocho extrabajadores de Rogaciano Alba. (Proceso 1664). Otro municipio afectado es Arcelia, en los límites con el estado de México, así como la región de Tierra Caliente.
Otro de los casos de cambio de bando ocurrió en Tierra Caliente, zona controlada por Los Pelones: En 2006, en Ciudad Altamirano, se empezaron a encontrar cabezas de personas que al parecer se pasaron a La Familia.
Apenas el 18 de diciembre pasado apareció el cuerpo sin cabeza de un hombre con signos de tortura y un mensaje en una cartulina que decía: "Fíjense bien lo que pasa cuando reciben órdenes de La Familia: pierden la cabeza. No la pierdan. Piensen bien".
Uno de los puntos más conflictivos es el corredor Acapulco-Costa Grande, donde Rubén El Nene Granados, señalado como una célula de los Beltrán, se enfrenta a Rogaciano Alba.
En la lucha por el control de la plaza han surgido tres grupos de sicarios identificados como El Comando Negro, que opera en Chilpancingo y Acapulco; El Vengador del Pueblo, que actúa en el norte del estado y en Tierra Caliente, y el Ejército Libertador del Pueblo, que se desplaza en la Costa Grande.
Vinculado con Rogaciano Alba, el Ejército Libertador del Pueblo se presentó el 10 de noviembre pasado en Peta-tlán mediante el despliegue de tres mantas con el mismo mensaje: "Se convoca al Pueblo de México a la guerra contra el narcomenudeo... En Guerrero nació el Ejército Popular Antidrogas y ya tenemos importantes células en otros estados de la República".
Firmado por el "comandante de las Fuerzas Guerrilleras, el oficial Rodríguez ELP", el mensaje dice reconocer al Ejército "por sus logros en la lucha contra el narcotráfico", al tiempo que lanzó amenazas contra comandantes de la AFI y policías que "apoyan a los enemigos de México".
A su vez, El Vengador del Pueblo le adjudica a Rogaciano Alba el reciente asesinato del jefe de la Policía Municipal de Iguala y dos efectivos más. Apenas el 2 de diciembre el responsable de esos asesinatos, Fabián Mauricio Ramírez, fue sacado de la cárcel y decapitado. Su cabeza apareció con un mensaje firmado por El Vengador del Pueblo en el que se indicó que era una acción "contra los que matan a policías", por orden del exdirigente ganadero.
Guerrero sentó el precedente de este tipo de ejecuciones en el país. En mayo de 2005 los Beltrán, que entonces estaban aliados con El Chapo, decapitaron a un grupo de Zetas que se había trasladado a Acapulco.
El general Salinas Saltés señala que en la sierra es donde se da la siembra de amapola más importante de todo el país. "De ahí baja por las carreteras que van a Zihuatanejo, Petatlán y Teloloapan. Son los lugares donde tenemos los mayores problemas".
Otro lugar que identifica como problemático es el de los límites del estado con Michoacán y el Estado de México. "Son grupos que incursionan o que tienen intereses en la producción y el tráfico de drogas en el estado. Cuando no es un grupo, es otro el que está peleando".

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Los soldados de Rogaciano
GLORIA LETICIA DíAZ
Publicado en la revista Proceso (www.proceso.com.mx), No., 1678, 28 de diciembre de 2008;
A partir de que presentó una denuncia penal contra al cacique Rogaciano Alba Álvarez por el asesinato de la activista Digna Ochoa, el campesino Javier Torres Cruz ha sido víctima, junto con su familia, de hostigamiento y agresiones.
Torres, integrante de la Organización Ecologista de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán, permaneció desaparecido durante 10 días, luego de que el miércoles 3 fue detenido en un retén militar de Tecpan.
El activista denunció que después de su detención los soldados lo entregaron a pistoleros al servicio de Alba, quienes lo golpearon y le hicieron preguntas acerca de su acusación contra el cacique. Logró escapar de sus captores y asegura que durante seis días fue perseguido en la sierra por civiles y militares.
Digna Ochoa murió el 19 de octubre de 2001 y Alba, alcalde priista de Petatlán de 1993 a 1996, fue señalado como autor intelectual del homicidio pocos meses después. En 2002 fue interrogado en cuatro ocasiones por agentes de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), pero no se comprobó su responsabilidad.
Cinco años después, el 19 de septiembre de 2007, Javier Torres declaró ante la PGJDF que en una reunión Javier Valle Villa, pistolero de Alba, dijo que el cacique ordenó la muerte de la activista.
El conocimiento de este hecho ha sido funesto para Torres y su familia: el 24 de diciembre de 2006 su tío Anselmo fue asesinado; en septiembre de 2007, mientras trabajaba en el campo, Javier fue atacado por sicarios al servicio de Alba, quienes prendieron fuego a dos viviendas. Además, el 9 de abril de 2007 fue asesinado el comisario ejidal de La Botella, Jesús Rosas Galeana, a quien los Torres le informaron sobre la presunta participación del cacique en la muerte de la luchadora social.
En entrevista con este semanario, el abogado de la familia de Digna Ochoa, Manuel Fuentes Muñiz, comenta que la violencia y el hostigamiento hacia Torres y su familia lo llevaron a denunciar formalmente a Rogaciano Alba ante la PGJDF.
El coordinador del Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI), Javier Enríquez Sam, dice a Proceso que el testimonio de Torres "confirmaría que la sierra de Petatlán y buena parte de la Costa Grande de Guerrero es una zona controlada por Rogaciano Alba, cacique ligado al narcotráfico, quien cuenta con la protección y apoyo del Ejército, así como de corporaciones policiacas".
Añade que el CCTI da seguimiento al caso y, junto con el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) y el abogado Fuentes Muñiz solicitaron la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que el Estado mexicano brinde medidas cautelares al campesino. De hecho, desde septiembre de 2007 Fuentes Muñiz solicitó la intervención de la CIDH.
En mayo pasado, dice Fuentes Muñiz, la PGJDF remitió a su homóloga guerrerense las denuncias por las agresiones de que ha sido víctima la familia Torres Cruz.
Acoso
A comienzos de diciembre, comenta, revisó el expediente de Ochoa y se percató del acuerdo de la PGJDF para que se reabriera el caso. La dependencia consideró que Alba y Torres debían declarar de nuevo, e insistió en que era necesario solicitar a la procuraduría de Guerrero la investigación en torno a las agresiones sufridas por la familia Torres.
"Por lo que sabemos, la procuraduría guerrerense no tiene ningún expediente abierto contra Rogaciano Alba por las denuncias que presentó Javier por los actos de violencia contra su familia, lo cual por lo menos muestra su ineficacia y falta de voluntad", asegura el abogado.
A comienzos de mayo pasado, Alba fue el objetivo de dos ataques armados en Iguala y en Petatlán. Salió ileso, pero murieron 17 personas, entre ellas dos de sus hijos. Hasta ahora, su hija permanece en calidad de desaparecida (Proceso 1645).
Después de esos hechos, el ganadero -ligado al exgobernador Rubén Figueroa Alcocer- desapareció de la escena pública, pero no cesaron los asesinatos relacionados con él (Proceso 1664).
La ubicación de Alba como miembro de la organización de los Zambada fue confirmada en la declaración ante la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) de Jesús Zambada Reyes, hijo de Reynaldo El Rey Zambada García, ambos detenidos en octubre pasado en el Distrito Federal.
De acuerdo con información publicada en el diario Reforma el sábado 6, en la indagatoria PGR/SIEDO/UEIDCS/350/2008, Jesús Zambada declaró: "También es integrante de esta organización 'don Rogaciano' (...) esta persona tenía como función recoger la mercancía en las costas de Ixtapa y Huatulco (...) campo de guerra por la plaza dándose la lucha con Borrado y Mario Pineda El MP, siendo estos dos hermanos integrantes del cártel de los Beltrán Leyva, en contra de Rogaciano, lo que condujo a que mataran a sus hijos e hijas de Rogaciano, por lo que se amplió más la guerra".
El sábado 20, integrantes de organizaciones no gubernamentales y representantes de la Comisión de Derechos Humanos de Guerrero visitaron a Torres en la comunidad de La Morena, en la sierra de Petatlán. El activista les dijo que Alba no está solo en la lucha que libra en la región de la Costa Grande guerrerense, sino que cuenta con el apoyo de efectivos del 19 Batallón de Infantería, en particular de su comandante, el coronel Víctor Manuel González Trejo, quien lo tendría oculto en las instalaciones castrenses.
"Rogaciano -asegura- es un cacique que pertenece a una mafia del narcotráfico, que lo apoya con dinero para que pague a los militares. No sólo yo lo sé, muchísima gente lo sabe... Se sabe bien que a Rogaciano lo tiene resguardado el coronel (González Trejo) en el cuartel de Petatlán. Por su misma gente se corre el comentario de que ahí lo tienen."
Fueron soldados de ese batallón quienes informaron a la familia Torres que Javier, de 29 años, había sido detenido en un retén el miércoles 3.
"Cuando empezamos a buscar a Javier -cuenta Agustina Torres Cruz a Proceso- un vecino de San Luis la Loma (municipio de Tecpan) nos dijo que a mi hermano se lo habían llevado los militares; seguimos investigando y hubo soldados que nos dijeron que ellos sólo eran tapaderas para que más adelante otros actuaran".
El viernes 5, la familia Torres Cruz denunció la desaparición forzada de Javier ante la Comisión de Defensa de Derechos Humanos de Guerrero (Coddehum), y tres días después ante la Procuraduría General de Justicia de Guerrero.
El Colectivo Contra la Tortura interpuso un amparo para exigir la presentación de Javier y corroboró que no había ninguna acusación penal en contra del campesino ecologista.
Hasta antes del regreso de Javier Torres a La Morena, el sábado 13, la familia realizaba acciones de protesta frente al cuartel del 19 Batallón de Infantería para exigir la presentación de Torres. No sabían que los soldados lo habían entregado a la gente de Alba.
El pasado 13 de noviembre, comenta Agustina Torres, un grupo de soldados allanó ocho viviendas de su familia en La Morena. Buscaban a Javier y a sus hermanos, Felipe y Alejandro. Los soldados se robaron pertenencias de la familia, sobre todo documentos, entre ellos la copia de la denuncia que Javier presentó contra Rogaciano en la PGJDF.
En el testimonio que rindió el sábado 20 a la visitadora de la Comisión de Defensa de Derechos Humanos de Guerrero (Coddehum), Rosa Isela Zedillo, Torres aseguró que las agresiones contra su familia fueron el preámbulo de su detención ilegal.
Con huellas de la tortura, certificadas por el doctor Pablo Sandoval Cruz, perito de Coddehum, Javier contó que a las cuatro de la madrugada del 13 de noviembre, llegaron a La Morena dos tanquetas, cinco Hummers y una camioneta Ram. Estos vehículos trasportaban por lo menos a 80 soldados, que allanaron las viviendas de su familia. Incluso comenta que entre la tropa reconoció a Rogaciano.
Secuestro
En su queja Torres dice que el pasado 30 de noviembre viajó a Tecpan de Galeana para visitar a unos parientes. Tres días después emprendió el camino de regreso a La Morena. Al llegar al poblado de San Luis la Loma, alrededor de las 18:30 horas, vio que había un retén militar. Se detuvo y los soldados que portaban distintivos del 19 Batallón de Infantería lo bajaron de la camioneta a golpes. "Me vendaron los ojos y me subieron a otro vehículo". Asegura que ahí escuchó la voz de una persona, al parecer al servicio de Alba, "que daba las gracias a los militares por mi detención".
Añade que durante cuatro días lo mantuvieron amarrado, con los ojos vendados y sin probar alimento. Dice que un descuido de los plagiarios, escapó por el monte. Durante seis días fue perseguido por "militares y civiles". Por las mañanas, aseguró, una avioneta militar sobrevolaba la sierra en su busca y con altavoces escuchaba que le gritaban que se entregara. El sábado 13, Javier logró llegar a La Morena, muy lastimado por los golpes y débil por el esfuerzo que hizo para salvar su vida.
El campesino pidió la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que lleva ahora el caso, para que a él y su familia se les proporcione medidas cautelares para garantizar su seguridad. También solicita al gobierno federal que "gire instrucciones" para que los soldados del 19 Batallón no regresen a atemorizar y golpear a la población de La Morena.
El coordinador del CCTI, Javier Enríquez Sam, destaca que el caso de Torres es el más grave que han documentado sobre la actuación del Ejército y policías en la región de la Costa Grande, en contra de campesinos que no se someten a Alba.
"Llevamos 10 casos de campesinos acusados de diversos delitos fabricados y encarcelados en Acapulco; ellos tienen en común haberse opuesto a vender sus tierras o desalojarlas como quería Rogaciano Alba. De 1999 a la fecha, de 20 a 25 campesinos han sido sometidos a procesos judiciales por las mismas razones", explica Enríquez.
"El apoyo del personal militar a Rogaciano no es nuevo. En Petatlán es vox populi su cercana relación con los oficiales del 19 Batallón. Cuando surgieron las versiones de que Rogaciano encabezaba en la sierra un grupo paramilitar (Ejército Libertador del Pueblo, de acuerdo con las mantas que sus integrantes colocaron en la entidad), la misma gente de la sierra las desmentía. Dicen que no lo necesita, pues para eso tiene al Ejército Mexicano", sostiene Enríquez Sam.