México a examen

México, a examen en derechos humanos
HOMERO CAMPA

Publicado en la revista Proceso (www.proceso.com.mx), # 1684, 8 de febrero de 2009;

México se someterá a examen en materia de derechos humanos…Y podría reprobarlo. El martes 10, el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, cuya sede se encuentra en Ginebra, Suiza, aplicará a México el llamado Examen Periódico Universal (EPU) que evaluará su desempeño en la materia.
Ese día, los 192 representantes de los países miembros de la ONU contarán con tres horas para hacer preguntas, críticas y recomendaciones sobre los derechos humanos en México.
En ese “diálogo interactivo” la delegación mexicana, encabezada por el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, tendrá derecho a defender la política del gobierno de Felipe Calderón en el tema.
El encuentro será moderado por los representantes de Sudáfrica, Nicaragua y Pakistán, quienes presentarán un informe sobre la sesión el viernes 13. De acuerdo con las reglas del EPU, en ese documento México debe precisar si acepta, rechaza o posterga “pronunciarse” sobre las críticas y recomendaciones que le formulen los demás países.
Pero el examen no acaba ahí. En marzo próximo, el Consejo de Derechos Humanos someterá a debate y aprobación ese informe entre sus 47 miembros. Si es aprobado, México asumiría el “compromiso voluntario” de acatar sus recomendaciones.
Por lo pronto, “el diálogo interactivo” del martes 10 se realizará con base en tres informes que Navanethem Pillay, Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, distribuirá previamente a las delegaciones. Uno lo entrega el gobierno de Calderón, otro lo realiza la Oficina de la Alta Comisionada y el último es elaborado con base en los reportes de organizaciones no gubernamentales.
Medio centenar de organizaciones civiles mexicanas y siete internacionales elaboraron un informe especial para el EPU al que se someterá México. Lo entregaron ya a la Oficina de la Alta Comisionada y a diversas delegaciones de países que se reunirán este martes 10 en Ginebra.
Entre esas organizaciones se encuentran la Academia Mexicana de Derechos Humanos, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, la Liga Mexicana para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, la Organización Mundial Contra la Tortura, la Federación Internacional de los Derechos del Hombre.
En dicho informe, México, de plano, sale reprobado.
De entrada sostiene que en el país “se sigue practicando la tortura, se realizan ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, se limita la libertad de expresión, no se garantiza ni protege ni respeta prácticamente ninguno de los derechos económicos sociales y culturales. Todo esto aunado a una constante impunidad y grandes obstáculos para acceder a la justicia”.
El documento reconoce que el Estado mexicano ha firmado y ratificado “numerosos” instrumentos internacionales en la materia y que ha aceptado la competencia de tribunales internacionales, como la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Sin embargo, señala que el gobierno no ha firmado o ratificado otras convenciones, o bien les impone reservas. Cita varios ejemplos. Uno de ellos: su declaración interpretativa de la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad que limita su aplicación a delitos cometidos después de su entrada en vigor en México, socavando el principio de imprescriptibilidad.
Señala, así mismo, la falta de “armonización” entre las normas internacionales sobre derechos humanos y las leyes federales y estatales de México. Afirma que ello debe empezar por la propia Constitución de la República.
Apunta: “Centenares de organizaciones de la sociedad civil, académicos y especialistas presentamos ante el Congreso una propuesta de reforma constitucional en materia de derechos humanos”. Ésta, dice, tiene el propósito de “introducir plenamente el concepto de derechos humanos” en la Carta Magna, “garantizar la más alta jerarquía y eficacia normativa a los instrumentos internacionales”, “introducir explícitamente algunos derechos humanos”, así como “fortalecer” otros. Sin embargo, se queja de que hasta el momento dicha iniciativa se mantiene congelada en el Congreso.
El documento recuerda que el 18 de junio de 2008 entraron en vigor diversas reformas constitucionales en materia de justicia penal. Afirma que algunas de ellas son “regresivas”, pues establecen “regímenes de excepción” que violan el principio básico de igualdad ante la ley. Subraya la reforma relativa al arraigo que permite detener “sin las garantías básicas del debido proceso” a una persona acusada de pertenecer a la delincuencia organizada hasta 80 días. “Dicho plazo supera por mucho el período normal de entre dos y siete días de otras democracias”, hace notar el informe.
Advierte que las autoridades tienen la facultad de aplicar con “amplia discrecionalidad” este tipo de “justicia de excepción”, por lo que “resulta preocupante” que pueda utilizarse “para reprimir a manifestantes y movimientos sociales”.
El documento reconoce que varias de estas reformas constitucionales impulsan “un cambio paulatino hacia un sistema oral y acusatorio que incluya la presunción de inocencia y que otorgue valor probatorio sólo a las declaraciones hechas ante un juez”. Sin embargo, pide vigilar que ello ocurra, pues los jueces están acostumbrados a un sistema inquisitivo que otorga valor a las primeras declaraciones de los detenidos –muchas de ellas producto de la coacción o tortura– ante el Ministerio Público y sin tomar en cuenta otras circunstancias.
Señala que, pese a recomendaciones de organismos de la ONU, el Estado mexicano aplica normas que violentan los derechos de los ciudadanos. Es el caso de la “interpretación extremadamente amplia del concepto de ‘flagrancia’ que propicia innumerables abusos y detenciones ilegales y arbitrarias, así como la desproporción de penas y exceso en el uso de la prisión preventiva que saturan el sistema penitenciario nacional”.
Según el informe, el gobierno de Calderón ha enfrentado “la crisis de inseguridad” que existe en el país “con represión hacia amplios sectores de la población, el endurecimiento de penas, el combate militarizado en las calles y otras medidas violatorias de los derechos humanos”.
Precisa: “El gobierno de Felipe Calderón puso en marcha numerosos operativos militares con la justificación de atacar al crimen organizado, los cuales han tenido en común la realización de tareas legalmente reservadas para la policía civil por parte de miles de elementos castrenses, a pesar de las recomendaciones en la materia por mecanismos de la ONU. Dichos operativos han ocasionado un sinnúmero de violaciones de los derechos humanos. En 2007 y lo que va de 2008, se han registrado más de 50 casos o situaciones generalizadas de abusos por militares, incluidas decenas de muertes (…), así como violaciones y abusos sexuales contra mujeres”.
Afirma que esos casos “suelen permanecer en la impunidad” debido, en parte, “a la extensión ilegal del fuero militar sobre casos de violaciones a los derechos humanos”. Al respecto, señala que el artículo 13 de la Constitución establece que “subsiste el fuero de guerra para los delitos y faltas contra la disciplina militar”. Sin embargo, apunta, “en la realidad las autoridades del fuero militar investigan casos aun cuando éstos de ningún modo constituyen faltas contra la disciplina castrense, sino violaciones de los derechos humanos de civiles. Cuando las investigaciones sobre abusos militares son conducidas por las propias autoridades castrenses desembocan en opacidad e impunidad”.
Por otra parte, señala que “el marco legal mexicano, tanto a nivel local como federal, no regula puntualmente la utilización de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad. Dichas omisiones son un punto de partida para un patrón sistemático del uso excesivo de la fuerza, sobre todo como respuesta a la protesta social”.
Así mismo, afirma que en México “la tortura se mantiene como una práctica sistemática, generalizada e impune”. Ofrece un dato: no existe un solo caso en el que un juez haya emitido sentencia por el delito de tortura. (Con información de Juan Gasparini.)

Soy LC

El autor es Juan Pedro Oriol Muño hijo de Ignacio María de Oriol y Urquijo; sus hermanos Ignacio, Alfonso, Santiago son sacerdotes de la LC. Su hermana Malen es consagrada del movimiento secular Regnum Christi, vive en México, donde está a cargo del colegio legionario Del Bosque. Los hemanos Oriol formaron parte del círculo más cercano de Marcial Maciel y de la cúpula dirigente de la orden mexicana, y un primo de ellos, Íñigo Oriol e Ybarra, quien estuvo al frente de Iberdrola –hoy presidida por José Ignacio Sánchez Galán–, se convirtió en miembro del Consejo Asesor del Centro Universitario Francisco de Vitoria, creado y dirigido por la legión. Fuente ( revista Proceso, No. 1331, domigo 3 de febrero de 2008).

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Soy Legionario de Cristo/ Juan Pedro Oriol
Publicado en Reforma, 9 febrero 2009).- Sí, soy Legionario de Cristo. ¡Bendita vocación! Inesperada, inmerecida. ¡Gracias, Señor!
Hace casi tres años la Santa Sede emitió un comunicado en el que se invitaba al Padre Maciel a una vida reservada de oración y penitencia, renunciando a todo ministerio público, al tiempo que, "independientemente de la persona del fundador, s

e reconoce con gratitud el benemérito apostolado de los Legionarios de Cristo y de la asociación 'Regnum Christi'". En éste y en muchos medios de comunicación salí en defensa abierta del Padre Maciel, eso sí, sin juzgar a los que decían lo contrario. Siendo sincero, hubiera dado lo que fuera por haberlo podido defender aún más. Sí, así fue.
Con un dolor que es difícil describir y del que no quiero hacer el menor alarde, hemos conocido que nuestro fundador llevaba una doble vida, y dentro de ésta, empiezan a darse a conocer datos que para nosotros eran impensables y que hoy aún nos cuesta creer que sean verdad, pero lo son.
Sí, soy sacerdote Legionario de Cristo. Presente. Como tantos hermanos legionarios, un día, cuando yo tenía 17 años, dejé atrás mi plan de vida y decidí darlo todo para seguir a Jesús, para luchar por Él amando a los demás y tratando de acercarlos al amor que quemaba mi corazón lleno de ensueño y de entrega.
Santi, mi hermano de sangre, se había encontrado a una congregación, nueva para mi familia en España, se llamaban Legionarios de Cristo. Pocos meses después, Santi dejó todo y se fue a la Legión llegada de México lindo y querido. Aún recuerdo a mis padres aquel día despidiendo al hijo que dejaba su familia, la niña que tanto le quería, su carrera, su moto nueva que apenas alcanzó a disfrutar, en fin, todo, y entraba al noviciado de la congregación que casi no conocíamos. Todo lo que llevaba era una pequeña maleta, un par de pantalones negros, un poco de ropa blanca y un par de zapatos.
El ejemplo de vida de mi hermano y de sus compañeros hizo que un día yo también recibiera el llamado en mi corazón cuando descubrí que Jesús sonriendo decía mi nombre. Dejé mi barca en plena juventud, me corté el pelo, renuncié a mis planes y a mis sueños y me fui a comenzar el camino de esta vocación que me ha hecho tan feliz y que ha llenado tanto mi vida.
He compartido los 18 años de mi sacerdocio al lado de miles de jóvenes de todo México. Con todas mis limitaciones, he tratado de ayudarles a abrir una rendija de su corazón a la amistad con el Amigo que nunca falla. Sin merecerlo, he recibido tanto amor de Cristo, he experimentado tanta ternura de María, he aprendido a amar a la Iglesia, he descubierto el valor de las almas y he gozado al ver cómo el Regnum Christi hace tanto bien al que lo recibe.
Y ha llegado la hora de la galerna, y en medio de sus olas y de sus embates nos rodea el asombro ante el misterio que, a mis hermanos legionarios como a mí, nos lleva a querer actuar como Jesús y a entregarnos a Él y a los demás con un corazón más limpio en nuestra vocación.
Unido al Padre Álvaro Corcuera, nuestro director general, y a mis hermanos legionarios, pido perdón por negar las voces que decían lo que jamás podía haber llegado a imaginar, "pido perdón por tanto sufrimiento".
He aprendido como sacerdote, cuando uno ve, conoce y experimenta tantas cosas de la vida de los hombres dentro y fuera del confesionario, que el juicio personal sólo le corresponde a Dios. Y el Evangelio es muy claro: "no juzguéis y no seréis juzgados, perdonad y seréis perdonados".
Seguiremos más que nunca con nuestra labor, tratando de hacer siempre el bien y desterrando hasta la última sombra de lo malo. La oración nos cura, purifica y fortalece. Por ello, pedimos perdón, de todo corazón. Reconocemos los errores, no nos empeñamos en defender los hechos, tampoco juzgamos la conciencia de un difunto porque no podemos ocupar el lugar que sólo le toca a Dios.
A los que hoy nos dicen que nuestra cara no les parece demasiado limpia, les invitamos a conocer nuestra vida y les abrimos nuestra casa. No queremos reaccionar a la defensiva, ante los cuestionamientos que recibimos, sin antes haber advertido el deber de mirarnos con toda sinceridad ante el espejo del Evangelio, y hacerlo con la humildad y la sencillez que Jesús nos pide.
A los que tienen dudas de nosotros y tienen preparadas las piedras para arrojarlas, les pedimos que sigan el camino de la verdad y no mezclen mentiras, que tanto confunden y dañan.
Estamos seguros que "la verdad nos hará libres", y hoy más que nunca los Legionarios de Cristo la aceptamos y queremos vivirla, cueste lo que cueste, obedeciendo al Papa, sirviendo a la Iglesia y dando la vida por las almas hasta el final.

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Militarizar la SSP

La PFP “adopta” enseñanza militar

Anuncia el nuevo Coordinador General de Seguridad Regional que habrá una depuración y que imprimirá una visión castrense a la Policía Federal después de los escándalos de corrupción

Silvia Otero, reportera.

El Universal Lunes 09 de febrero de 2009

En entrevista con EL UNIVERSAL, el militar anuncia que habrá una depuración de efectivos de la PFP, y detalla que durante sus primeros días al frente de la corporación ha identificado deficiencias en el sistema educativo de los elementos que ingresan, por lo que asegura que el Instituto de Formación Policial “debe ser una escuela militar”.
Considera que la incorporación de militares a altos puestos en la Policía Federal Preventiva tiene un objetivo claro: imprimir la visión castrense en la corporación, una “mística de legalidad, espíritu de cuerpo y de servicio a México, de transparencia y de respeto a las instituciones”, tras descubrirse la penetración del narcotráfico, que tenía a su servicio a jefes de alto nivel.
El reto como jefe de la corporación, señala, es cambiar la imagen que se tiene de la institución, después de los escándalos de corrupción, por lo que se ha iniciado un proceso de reclutamiento de nuevos elementos ante las vacantes que han dejado los policías destituidos, pero también habrá depuración: “el que no rinda, fuera”, sentencia.
Después de la detención de mandos presuntamente vinculados con el narcotráfico, no resulta casual el arribo a las filas de la SSP federal de militares en retiro. Además de Fregoso Cortés, fueron designados el general de división diplomado de Estado Mayor Javier del Real Magallanes como subsecretario de Estrategia e Inteligencia Policial, mientras que el también general Rodolfo Cruz coordina las Fuerzas Federales de Apoyo.
-¿La visión de un militar era necesaria para reconducir las acciones de la PFP?
-Nosotros tenemos una mística: servir a México. Estamos imbuidos de lealtad a toda prueba, a toda prueba la tenemos y la trajimos acá. He tenido muchos cargos operativos, he sido comandante de varias zonas militares, comandante de corporaciones, de unidades especiales, así que conozco perfectamente la administración, y mi chamba aquí es coordinar los recursos humanos, impulsarlos, escucharlos y orientarlos, ese es mi trabajo y lo estoy haciendo.
Fregoso Cortés no duda que la visión castrense hace hoy la diferencia en la corporación.
“Las órdenes que me dan son para mañana y eso hacemos, a lo mejor otro compañero no tiene esa mentalidad, pero la presencia del subsecretario, la presencia mía en coordinación con el general Cruz, en Fuerzas Federales, tiene esa orientación, dar una mística de legalidad, espíritu de cuerpo y de servicio a México, de transparencia y de respeto a las instituciones”, dice.

-¿Es lo que aportan ahora los militares en la secretaría?
-Así es.
-¿Costará sanear la institución?
-La institución está bien, que vamos a tener que trabajar más para tener aspectos operativos positivos, sí, lo vamos a hacer y lo vamos a lograr.
-¿Qué falta operativamente?
-Que la escuela de Formación Policial perfeccione sus sistemas educativos, que el sentido de pertenencia siga siendo vigente en ellos, que sea como una escuela militar, debe ser una escuela militar.
Fregoso Cortés asegura que contar con nuevos policías federales con una nueva mística de servicio es indispensable y el proceso no se puede retardar, “estamos a pasos acelerados, esto es para mañana, no me dijeron vienes y dentro de cinco años lo arreglas, no, lo quiero mañana, y así estamos trabajando”.
El general asegura que se está trabajando en “dar la imagen a la opinión pública de que la transparencia y la legalidad están presentes en la PFP, eso nos va a llevar tiempo todavía y tendremos que estar batallando y tendremos que estar aplicando la ley”.

-¿Cómo garantizar que no se repitan los casos de corrupción a un alto nivel?
-Con transparencia, en la forma de actuar, comportarse, en la forma en que vive uno, que no quede duda de que no hay algo turbio o chueco.
Tajante señala: “Tenemos perfectamente identificado que cuando hay encubrimiento y complicidad, cuando la autoridad no hace su trabajo, se mete en ese problema”.

ESPIONAJE

Auge de espías
Las operaciones de infiltración se han convertido en el arma por excelencia de los servicios secretos mexicanos en contra de la delincuencia organizada, pero no hay protocolo que garantice su legalidad ni eficacia
Jorge Torres
El Universal, 9 de febrero de 2009
Sin legislación, protocolos ni transparencia que garanticen su legalidad y eficacia, las operaciones de infiltración, enfocadas en la seguridad pública, han ido convirtiéndose en actividades primordiales para los servicios secretos civiles y militares mexicanos, como parte de sus atribuciones de inteligencia. Funcionarios e información clasificada del Consejo de Seguridad Nacional confirman la relevancia que han adquirido en el gobierno calderonista los operativos encubiertos contra la delincuencia organizada, así como “individuos y grupos vinculados al financiamiento de grupos terroristas y subversivos”. Podría ser el auge de los espías.
Servidores públicos consultados prefieren aludir anónimamente a los operativos encubiertos efectuados a últimas fechas por los servicios de inteligencia contra los cárteles del narcotráfico, debido a que las actividades encubiertas de los agentes secretos no están acotadas expresamente por la ley ni existen protocolos que permitan medir su eficacia ni garantizar que no saldrán de control. La Ley Federal contra la Delincuencia Organizada faculta a la Procuraduría General de la República para realizar operaciones de infiltración, pero no al Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) ni a las secretarías de Defensa y Marina.
Funcionarios de inteligencia militar entrevistados confirmaron en que el gobierno federal mantiene una agenda secreta que ha implicado este tipo de operaciones como parte de la estrategia para debilitar a las organizaciones de narcotraficantes.
Tal estrategia de inteligencia se basa en un documento reservado (que data de febrero de 2008 y al que accedió EL UNIVERSAL) que guía la acción de los servicios de inteligencia para infiltrarse. Se titula Programa para la Seguridad Nacional; fue elaborado en el seno del Consejo de Seguridad Nacional, y precisa “objetivos y líneas de acción” para el espionaje.
Algunos de los objetivos plasmados en ese documento implican que los organismos de inteligencia podrán hacer monitoreos para “detectar y acotar intentos de la delincuencia organizada”, y coadyuvar a “elevar el nivel de eficacia en la integración de averiguaciones previas” en el Ministerio Público, con “productos de inteligencia”.
Como parte del plan de acción del área de seguridad nacional del gobierno, que involucra al Cisen y las unidades de inteligencia de la Defensa y Marina, se ha decidido también, según el propio “Programa para la Seguridad Nacional”, “generar inteligencia en torno a individuos y grupos vinculados al financiamiento de grupos terroristas y subversivos”.
Es público que el Cisen preside el recién formado Comité Especializado de Alto Nivel en Materia de Desarme, Terrorismo y seguridad Internacional (Candesti), facultado para “prevenir, combatir y eliminar las amenazas de la proliferación de armas de destrucción masiva que pudieran vulnerar la seguridad nacional”. Pues bien, parte de esa agenda, según el programa citado, incluye además la orden de aumentar “el flujo y calidad de información aportada por agencias extranjeras” y “poner en marcha medidas de contrainteligencia”.

Nueva era de contrainteligencia
A falta de normas legales, la Secretaría de la Defensa Nacional elaboró hace años manuales confidenciales acerca del significado de las acciones de contrainteligencia y las facultades de sus oficiales en las operaciones. Por ejemplo, “Descubrir y neutralizar a toda persona, grupo o empresa que realice actividades contrarias al orden interno del país” es uno de los objetivos de esas operaciones, según el Manual de contrainteligencia de la Sedena, el cual precisa que las “unidades especializadas de contrainteligencia” (como son denominadas sus células de espías) están facultadas para “capturar a los agresores”, así como actuar “sobre cualquier estructura u organización”.
En la Secretaría de Marina y la Defensa Nacional, sostienen fuentes de inteligencia militar, se avanza en la reestructuración de la Sección Segunda, el área de las fuerzas armadas responsable de inteligencia. Este hecho exhibe esa lógica gubernamental.
En el Cisen, al área de Contrainteligencia se le facultó para realizar “operativos específicos” cuyo propósito es obtener información “a través de diversos medios”, según un documento interno elaborado hace seis años. Pero lo importante es que la Comisión Federal de Mejora Regulatoria facultó a este Centro para destinar parte de su presupuesto —que pasó de mil 300 millones el año pasado, a más de 2 mil 300 millones de pesos el actual— a la adquisición de equipo destinado a tareas contra el crimen organizado. Y que fue recontratado Joaquín Arenal, experto en operaciones encubiertas, quien en el sexenio foxista fue cesado como director de Investigación del Cisen por espionaje y por haber autorizado infiltrar al ex gobernador de Chihuahua, Patricio Martínez. El actual director general, Guillermo Valdés, lo designó director de Contrainteligencia, una de las áreas que, según informes, intensificará sus actividades.
Acosta Chaparro “reloaded”
Funcionarios de inteligencia militar aseguraron que altos mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional hicieron un acuerdo con el general retirado Mario Arturo Acosta Chaparro para reorganizar la estructura del aparato de inteligencia. “Está muy cerca de la Sección Segunda”, sostiene un funcionario militar; “está asesorando en asuntos de narcotráfico y subversión”.
Testimonios recabados en los servicios de inteligencia militar y la Secretaría de la Defensa afirman que se solicitó la “colaboración” del veterano ante la insuficiencia de información en las áreas estratégicas de inteligencia, particularmente en expedientes relacionados con crimen organizado y seguimiento estratégico de grupos armados.
La crisis de calidad en la información de inteligencia sobre narcotráfico y guerrilla, así como el cambio generacional en la comunidad de inteligencia militar, que no ha implicado eficacia en operativos ni en los informes de espionaje, ha motivado una reorganización en los servicios secretos del Ejército. “Están reorganizando sus unidades de inteligencia en un contexto de presión por hacer más eficientes sus informes”, sostiene un funcionario.

El acuerdo con Acosta Chaparro implicaría su colaboración cercana en el diseño del nuevo esquema estratégico de inteligencia militar, en un contexto de hostilidades de los cárteles de la droga y el creciente número de bajas en del Ejército por enfrentamientos con narcotraficantes.
Este general, con experiencia de tres décadas en operativos sobre el terreno, entrenaría también a la nueva camada de oficiales de servicios secretos de las fuerzas armadas, a cambio de una reivindicación, la cual se hizo en un acto público el 23 de abril de 2007, en el Campo Militar Número Uno, en cuya prisión estuvo casi siete años bajo acusaciones de vínculos con el narcotráfico. En un comunicado sobre aquella ceremonia, la Defensa Nacional se refirió a Acosta Chaparro y demás militares con los que fue honrado, como “un selecto grupo de generales que son fiel testimonio de una vida de patriotismo, lealtad, abnegación”.
Acosta Chaparro es parte esencial de la reorganización de los servicios secretos del Ejército desde una posición que le permite invisibilidad, coinciden funcionarios de inteligencia militar.
Derechos en riesgo
Independiente de su ilegalidad en México, Carlos Resa Nestares, catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid, experto sobre crimen organizado, opina que “la infiltración es el mejor método de obtención de información” y que en el ámbito del crimen organizado “ha resultado una técnica que ha obtenido generosos réditos a la hora de desintegrar este tipo de grupos delictivos”; aunque al mismo tiempo la información no es útil, per se; “se necesita un proceso de elaboración que la convierta en pruebas condenatorias ante un juzgado”.
José Luis Piñeyro, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, expresa su preocupación por el incremento de las actividades encubiertas en un contexto de controles limitados y ambiguos, donde “pueden cometerse excesos y una eventual violación a los derechos humanos”.
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Critica descoordinación: Santiago Creel

El Universal Lunes 09 de febrero de 2009 El incremento de las operaciones de inteligencia, incluidas las encubiertas, desde el seno del Consejo de Seguridad Nacional despierta preocupación
“Todas las agencias (de inteligencia) operan en este momento descoordinadamente desde el punto de vista institucional”, reprocha el senador Santiago Creel. “No hay en el país información de inteligencia uniforme; las agencias de inteligencia muchas veces dan información incluso contradictoria”.
Dice que ha propuesto en el Congreso la creación del Ministerio del Interior, especie de súper-secretaría que coordinaría el flujo de inteligencia de las diversas agencias mexicanas.
Añade que “hoy nadie hace esas funciones”, de modo que si, por ejemplo, “Sedena tiene una información que contradice la de la Secretaría de Seguridad Pública, no hay manera de solventar ese conflicto; tampoco de solventar el conflicto si tenemos una información distinta a la que tienen las agencias de Estados amigos”

Maciel

Maciel admission raises questions for a hurting order
By THOMAS C. FOX, NCR Staff
Published: Feb. 6, 2009;
Fr. Maciel greets some admirers: (CNS photo)As the last tattered shreds of public resistance inside the Legion of Christ gave way to overwhelming evidence that the order’s founder had led a deceptive, double life, questions regarding its future have taken a foothold.
Shocked members, supporters and church observers began asking questions. Some called for investigations to learn who in the order might have enabled Fr. Marcial Maciel to cover a part of his life, making indelibly making a story of deception central to the Legionaires history.Other said that it would be wise to dissolve the Legion of Christ and start a new order from scratch.
At the center of the turmoil is the deceased Maciel, long accused of numerous acts of sex abuse but having gained focused scrutiny with the admissions Feb. 4 by Legion officials that he had had a mistress and fathered a daughter.
Maciel, viewed by some as a saint, by others as a cult figure, died last year at the age of 87. The Legion claims over 800 priests and 2,500 seminarians worldwide.
Tortured reports of distraught Maciel supporters surfaced. A former member of Regnum Christi, a Legion support network, reported that when priests in Atlanta delivered the new revelations at a three-day silent retreat, "Women began sobbing."
Tom Hoopes, editor of the National Catholic Register, a weekly published by the Legion, issued a Feb. 3 apology on an Internet blog. “All, I want to say is, I'm sorry. I want to say it here, because I defended Fr. Maciel” that “I'm sorry to the victims, who were victims twice, the second time by calumny. I'm sorry, to the Church, which has been damaged. I'm sorry, to those I've misled.”
Father Alvaro Corcuera, director general of the Legionaries and Regnum Christi, the Legion lay support group, said that the order is "living a time of pain and suffering."
In an undated letter, Corcuera did not specifically identify the actions of the Legionaries' founder, but wrote that "these things that have hurt and surprised us -- and I don't believe we can explain with our reason alone -- have already been judged by God."
The news of Maciel had fathered a child was all the more damaging because it flew in the face of people who had for years defended Maciel against other accusations of misconduct. It was on Feb. 23, 1997, in an article in The Hartford Courant, that a darker version of Maciel’s life first emerged, tainting the official version. Reporters Jason Berry and Gerald Renner dogged the story for years. Their reports appeared in the Courant and National Catholic Reporter-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------More coverage from NCRonline:
Legionaries of Christ founder said to father child [1]
Legionaries living 'a process of purification' [2]
'Difficult, not impossible' for Legionaires to recover [3]
An archive of earlier NCR stories: The Legionaries of Christ and its founder, Fr. Marcial Maciel. [4]-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The journalists reported that nine professional men alleged publicly that Maciel had molested them when they were young men, as young as 12, in Legion seminaries in Spain and Italy during the 1940s, ‘50s and ‘60s. Maciel’s accusers included three professors, a priest, a teacher, an engineer, a rancher and a lawyer. One of the professors, a former priest who died in 1995, left behind an accusatory deathbed statement.
The accusers said they had decided to go public because Pope John Paul II had not responded to letters from two priests sent through church channels in 1978 and again in 1989 seeking an investigation. In fact, they said, it was after the pope praised Maciel in 1994 as an “efficacious guide to youth” that they decided to make their accusations public.
In a letter to the editor of The Courant published on March 2, 1997, Maciel denied the accusations as “defamations and falsities with no foundation whatsoever” and said he was praying for his accusers.
None of Maciel’s accusers filed legal action or sought financial compensation from the Legionaries or the Catholic church. They said all they sought was accountability by church authorities for what they said was Maciel’s sexual misconduct.
While the Vatican maintained silence on the issue, Maciel continued to command intense loyalty, raised enormous sums of money, and won the special favor of Pope John Paul II and other high Vatican officials.Meanwhile, the accusers faced ridicule, vilification and institutional scorn from duped Maciel followers. The charges, however, persisted. In 2006 Pope Benedict did something rare and unexpected: He openly broke with his predecessor.
The Vatican took action against Maciel. While it decided against a full church trial, citing Maciel’s age and poor health, it acknowledged unspecified misconduct. The Vatican never recognized Maciel’s victims, asking that Maciel lead a “reserved life of prayer and penance.”Maciel’s departure as Legion head was hardly a moment of shame.
The Vatican's top official for religious orders, speaking of Maciel as he stepped down from leadership of the Legionaries, called him “the instrument chosen by God to carry out one of the great spiritual designs in the church of the 20th century.” Vatican Secretary of State Cardinal Angelo Sodano came to his friend Maciel's defense, hailing “the great work that you do.”
Not all saw the departure in this light. This paper, in May 2006, lamented with an editorial which, in part, read: “Faced with compelling evidence and repeated warnings, John Paul exhibited no sense of the need to investigate credible claims immediately. Instead, he lavished on Maciel the perks of privilege. He gave him a place of honor during some of his international travels, bestowed special benefits upon his order and even hailed him as ‘an efficacious guide to youth,’ a horrible and tragic misreading of reality. The level of Maciel's deception and the gullibility of church officials is difficult to comprehend.”
To many, especially the victims, the forced Maciel departure was seen as mild slap on the wrist and out of proportion to the magnitude of the sexual abuses that had occurred.
Juan Vaca, 69 at the time, was the former Legion priest who in 1976 first sent a series of petitions to the Vatican detailing allegations of abuse against 20 seminarians spoke out. He lamented to NCR that the Vatican had made no mention of the victims. “I think the communiqué,” he said, “was concocted with the Legion participating in its drafting.”
As the news of Maciel’s paternity spread in recent days, troubling identity questions about the future of the Legion of Christ order took hard form. How could an order so identified, so reflective of the personality of its founder, possibly survive? Some suggested shutting it down and starting a new institute.
In an open letter to the Legionaires published on the blog, “The American Papist,” Dr. Germain Grisez, Flynn Professor of Christian Ethics at Mount Saint Mary’s University in Emmitsburg, Maryland, expressed the opinion that “nothing short of establishing an entirely new institute” would bring need fresh light and new life to the order.
He called for an outside investigation “to identify those complicit in Father Maciel’s wrongdoing and its concealment until now.” He called for “an orderly termination of the existing Institute, election of a small group to serve as founders of its replacement, and the preparation of an entirely new and reformed body of particular law for the new institute.”
Missionary Oblates of Mary Immaculate Fr. Ronald Rolheiser, asked if he felt an order could survive without being able to venerate its founder, responded, “I think it makes it difficult, but not impossible.”
Legion of Christ Father Owen Kearns, reflecting some of the complex emotions stirred by the Maciel news, wrote Feb. 6 on the website of the National Catholic Register, affiliated with the Legion:
“I’m saddened first of all for all those hurt by his misdeeds. They need comfort only God can give; they need your prayers. It’s hard to reconcile all of this with the gratitude I still feel for my founder. ... How to reconcile such contraries? When our spirit is in turmoil, we need to know where to turn. In prayer, and close to the Heart of Christ, is where we find peace.”
Another view was reflected in a posting under a Maciel related article on the NCR website Feb. 5, written by someone who identified himself as a former Legionary.
“Much of Maciel's deceptive and manipulative characteristics are incorporated into the ‘charisma’ of the Legion,” he wrote. “It is very hard to separate the legion from the founder - we were expected to imitate him in every way possible - from the way he combed his hair to the way he consecrated the Host. If in doubt about how to behave, we were told to think: what would Maciel do.”