Una familia rota por las FARC

Una familia rota por las FARC
Tres de los Lozada fueron secuestrados, y el padre, asesinado por la guerrilla
YUMA GÓMEZ-CORNEJO - Madrid -

Publicado en El País, 27/03/2009;

Juan Sebastián Lozada tenía 15 años cuando la violencia del conflicto colombiano irrumpió en su vida la noche del 26 de julio de 2001: decenas de guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) tomaron al asalto el edificio Miraflores, en la ciudad de Neiva, y le secuestraron, junto a su madre, Gloria Polanco de Lozada; su hermano, Andrés Felipe, y otras 13 personas más. Pasó en cautiverio tres años, hasta que fue liberado junto a su hermano tras el pago de un rescate, mientras que su madre permaneció secuestrada hasta el 28 febrero de 2008. Su padre, el senador Jaime Lozada, fue asesinado por las FARC el 3 de diciembre de 2005.
Esta trágica experiencia no ha embotado la esperanza y el optimismo de Juan Sebastián, que actualmente está terminando sus estudios de Administración de Negocios Internacionales. Esta semana está en Madrid, donde ha llegado para participar en el foro Justicia por Colombia, que finaliza hoy en la Universidad Carlos III. Juan Sebastián defiende una solución negociada al conflicto colombiano, aunque apoya también la política del Gobierno de Álvaro Uribe de ejercer presión militar sobre la guerrilla.
El día que fue secuestrado, Juan Sebastián había salido con sus amigos para ver un partido de fútbol. "Ese día estaba jugándose la Copa de América en Colombia, jugaba Colombia frente a Honduras", cuenta a EL PAÍS. Tras volver a casa y acostarse, "hacia las 11 de la noche, mi mamá nos levantó a mi hermano y a mí, angustiada, porque algo estaba pasando. Los guerrilleros estaban pegándole a la puerta del apartamento con las culatas del fusil. Nos preguntaron por mi papá. Él se había quedado en Bogotá. Entonces procedieron a llevarnos a mi mamá, a mi hermano y a mí". En el apartamento quedó, dormido y solo, el pequeño de la familia, Daniel Julián.
Los guerrilleros llevaron a los secuestrados a un campamento situado en la llamada zona de distensión: un área de 42.000 kilómetros cuadrados al sur de Colombia, desmilitarizada por el Gobierno del entonces presidente, Andrés Pastrana, para la negociación de un proceso de paz con la guerrilla. El Ejército no entró en esa zona hasta febrero de 2002, tras la ruptura de las conversaciones de paz.
Mientras permanecía secuestrada, Gloria Polanco fue elegida miembro de la Cámara de Representantes por el departamento del Huila. Poco después la separaron de sus hijos. "Le dijeron que a los dos días vendrían para transportarnos a nosotros. Se la llevaron, pasaron los dos días, pasó un mes, y nunca llegaron a por nosotros". Finalmente, el comandante encargado del campamento les dijo que ella "había pasado a formar parte del grupo de canjeables", los rehenes susceptibles de ser intercambiados por guerrilleros presos.
Juan Sebastián y Andrés Felipe fueron liberados cuando su padre logró reunir el dinero que las FARC exigían. Atrás quedaron tres años de cautiverio. "Teníamos muy claro que si el Ejército trataba de rescatarnos, las FARC nos asesinaban, porque nos lo habían hecho saber. Sabíamos quién era el guerrillero encargado de matar a cada secuestrado". Por la noche oían cómo ensayaban su muerte. "Un guerrillero decía: 'Juan Sebastián' y disparaba".
El senador Lozada se convirtió en adalid de un acuerdo humanitario que permitiera la liberación de su esposa y los demás secuestrados. Sin embargo, no logró ver a Gloria en libertad: en diciembre de 2005 fue asesinado por las FARC. Fue "un error" de la guerrilla, dice Juan Sebastián. "Posteriormente fue capturada la persona encargada de llevar a cabo el ataque y dijo que era un atentado planeado para otra persona, pero que, por falta de comunicación entre ellos, habían asesinado a mi papá".
Finalmente, el 27 de febrero de 2008, a través de la mediación de la senadora Piedad Córdoba y del presidente venezolano, Hugo Chávez, Gloria Polanco fue liberada junto a otros tres rehenes. La familia por fin volvió a reunirse. "Hoy en día ya estamos los cuatro, gracias a Dios, con la dolorosa ausencia de mi padre, pero saliendo adelante con su aliento y con su legado".
Ahora, Juan Sebastián espera que la guerrilla "entienda pronto que esta confrontación ya no tiene sentido y que lo que deseamos cada uno de los colombianos es que llegue una paz estable y duradera". "Estoy convencido de que la paz y la solución al conflicto es político-negociada. Pero estoy convencido también de que lo que ha venido haciendo el presidente Uribe es totalmente necesario. Creo que el presidente Pastrana, en un acto muy generoso, trató de construir un proceso de paz serio y las FARC fallaron, desaprovecharon esa oportunidad, y el ejemplo más concreto es que, mientras dialogaban, nos secuestraron a nosotros y utilizaron esa zona de diálogo para refugiarnos. No se les veía una voluntad de paz, porque, además, llegaban fortalecidos a la mesa de diálogo. Creo que ahora ha disminuido mucho su capacidad de acción y cuando ellos sientan que la presión ya es muy grande, que su lucha no va para ningún lado, ahí sí se van a sentar a negociar seriamente".
Además, Juan Sebastián se ha sumado a una iniciativa llamada Responsabilidad Compartida, que busca "crear conciencia de que el delito de la droga no es sólo responsabilidad de Colombia, sino que es del mundo entero. Nosotros la producimos, pero los consumidores están en otros lados. Y hay que crear sinergia en ese sentido", explica.
El día a día de los cautivos
Los secuestrados en los campamentos de la guerrilla ven pasar los días con una desesperante lentitud y monotonía, como relata Juan Sebastián Lozada, prisionero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) durante tres años.
Los rehenes se levantaban hacia las cinco y media de la mañana y entonces sus captores les llevaban el desayuno, "que consistía en un caldo con arepa", como es común en Colombia, explica Lozada. Sin embargo, "ese caldo realmente era un agua con sal, porque no se encontraba absolutamente nada para echarle".
Después tenían un tiempo asignado para bañarse y a las 11.30 les llevaban el almuerzo. "Un día te daban fríjol con arroz, otro día lenteja con arroz, otro día arveja con arroz, y así se repetía la dieta todo el tiempo, todos los días lo mismo".
Después de comer llegaba la tarde, que "era lo más difícil del día, porque las horas se hacían eternas. No había más que esperar a que pasara el día: contar las horas, preguntar la hora; a veces dialogábamos entre nosotros, por supuesto, pero era eterno".
A las cinco tomaban la cena, "que era lo que quedara del almuerzo. A las cinco y media ya estábamos acostados, escuchando radio, a las seis ya estaba totalmente oscuro, y a las ocho y media de la noche ya estábamos durmiendo, y al otro día la misma rutina".
Sin embargo, esta dura experiencia ha mejorado la actitud ante la vida de Juan Sebastián: "Lo importante realmente es la familia, lo demás es efímero, es pasajero. Nosotros sobrevivimos sin ninguna clase de ayuda material, nunca tuvimos acceso a cosas que uno estando libre cree que sin ellas no puede vivir. Por ejemplo, nunca nos tomamos una Coca-Cola, la comida no era gran cosa, pero aún así, sobrevivimos

Usuario de Facebook

La mayoría de los usuarios de Facebook en EE UU tiene más de 25 años
El número de mujeres mayores de 55 se quintuplica en los últimos seis meses
AITOR RIVEIRO - Madrid -

El País, 27/03/2009
La brecha digital que divide al mundo entre quienes tienen acceso o no a Internet tiene tanto que ver con la edad como con el dinero. Sin embargo, las personas mayores se acercan cada vez más a la Red hasta tal punto que la mayoría de los usuarios estadounidenses de la red social más grande, Facebook, tienen más de 25 años y el grupo de mayor crecimiento es el de mujeres con más de 55.
La democracia llega a Facebook
Los datos que ha hecho públicos Facebook y que recoge uno de los blogs dedicados a seguir la actualidad de la red social indican un cambio de tendencia en las características de sus usuarios. Pese a que el grupo demográfico mayoritario lo siguen representando los jóvenes de 18 a 25 años, su crecimiento en los últimos seis meses se ha estancado, mientras el de personas más mayores se ha disparado.
En concreto, la banda de edad 26-34 años experimentó un crecimiento del 100%; la de 35-44 casi se triplicó; mientras la de 45-50 años rozó el 400%. Sin embargo, el gran pelotazo se ha producido entre los usuarios mayores de 55 años, con un incremento en el último semestre que ronda el 450%; en el caso de las mujeres, además, el crecimiento supera el 550%.
Pero no sólo este dato invita a pensar en que la red social está madurando. Según los mismos datos, en Estados Unidos Facebook tiene algo más de 19,4 millones de usuarios con una edad comprendida entre los 18 y los 25 años, la banda de edad más numerosa. Sin embargo, los miembros que tienen entre 26 y 44 años suman prácticamente 24 millones.

Razones

Columna Razones/Jorge Fernández Menéndez
Excélsior, 27 de marzo de 2009;

El vértigo y los datos duros
La vertiginosa sucesión de acontecimientos que se han dado en torno al tema de la seguridad en los últimos días prácticamente ha impedido colocarlos en contexto.
La detención el martes de Héctor Huerta Ríos, apodado El Barba y responsable de la plaza de Monterrey por el cártel de los BeltránLeyva (que desde hace algunos años no tiene nada que ver con el de Sinaloa, pese a que así insisten en consignarlo algunos medios), en alianza con Los Zetas, fue el último de una sucesión de golpes que han sufrido las distintas organizaciones del crimen, que van desde capturas de sus jefes de plaza en Quintana Roo y Tamaulipas hasta la detención del hijo de El Mayo Zambada, y que se complementa con la divulgación de los nombres de los 37 principales narcotraficantes del país, con recompensas que van de los 30 millones a los 15 millones de pesos por información que lleve a su captura. Por lo pronto tres de esos 37 están ya detenidos.
Pero esa estrategia se ha complementado con un operativo en Ciudad Juárez de una dimensión que no habíamos visto hasta ahora. Hemos estado allí y la presencia de las fuerzas de seguridad federal es apabullante. En los hechos, en Juárez se vive una suerte de estado de excepción, que se combina con las acusaciones de la relación de candidatos y ex funcionarios con el narcotráfico. Y lo que se verá es que allí son muchos más de lo que se cree quienes están en esa condición. La detención hace ya algunos meses de Saulo Reyes, ex jefe de la policía de Juárez, en Estados Unidos, cuando transportaba personalmente drogas y dinero, es un golpe que tiene repercusiones en muchos ámbitos de la política local y quien fue su jefe, el aspirante a diputado Héctor Murguía, no puede desprenderse de ese hecho ni de esa relación. Pero el ex jefe de policía venía, también, con la recomendación de la Coparmex y de varios empresarios locales. El tema no es menor y no puede reducirse al engaño. Lo cierto es que, mientras todo eso se debate en ocasiones sin atenerse a los datos duros, Ciudad Juárez está ocupada por fuerzas de seguridad federales. Y las labores de inteligencia que se derivan de esa ocupación tendrán repercusiones que van más allá del caso Murguía.
Lo que no se puede comprender es cómo los partidos pueden seguir equivocándose tanto en estos temas. Olvidemos por un momento el debate entre el PAN y el PRI (y la defensa que hizo el PRD… del PRI), olvidemos el conocido caso del alcalde con licencia de Ixtapaluca, Mario Moreno Conrado, arraigado y acusado de ser el líder de una banda de secuestradores y ahora también candidato a diputado por el PRD, pero resulta incomprensible que el PRI designe como candidato al gobierno de Colima a Mario Anguiano, un hombre que podrá ser un político bueno o malo pero cuyo hermano y su primo están presos con condenas firmes por participar en el narcotráfico, en una entidad que se ha significado a lo largo de los años por la presencia de bandas dedicadas al tráfico de metanfetaminas. Hay acusaciones absolutamente infundadas y basadas a veces en presiones de los grupos del crimen organizado, como parte de su propia estrategia, pero existen otros casos, como éstos, en los que por simple lógica común se deberían desechar candidaturas de tan alto nivel y más aún cuando se trata de una designación de “unidad”. Pero casos como estos se están replicando en todo el país y los partidos, y el IFE, hablan de un blindaje que parece ser cada vez más endeble y en donde la denuncia ciudadana o mediática parece tener más efectividad que el propio control partidario.
Pero mientras eso ocurre en Juárez y en Colima, en la Ciudad de México, se estaba a punto de aprobar, finalmente, la Ley de Extinción de Dominio, con las modificaciones que propuso en su momento el priismo. Una ley que tendría que haberse aprobado, con o sin cambios, hace ya tiempo. Ahora los legisladores deben sacar las leyes de policía, PGR y narcomenudeo: es un imperativo casi moral no seguir retrasando esa legislación. No tienen por qué aprobarse como las envió el Ejecutivo federal, pero se debe terminar de establecer el marco legal para esas operaciones. Y allí es donde el PRI está fallando, aunque algunas de sus propuestas de modificación, como ocurre en la Ley de Extinción de Dominio, sean acertadas: el priismo se jacta, en ocasiones con razón, de conocer los tiempos de la política, pero en esta oportunidad ese cálculo le falló. Peor aún está el PRD que impulsó y aprobó en el DF una Ley de Extinción de Dominio mucho más dura que la propuesta por la Federación… a la que se opone ahora por “autoritaria”.
Y también, al momento de escribir estas líneas y ya con Hillary Clinton en la ciudad (que trae en su portafolio el programa de colaboración bilateral más ambicioso que se haya planteado entre Estados Unidos y México en temas de seguridad), se estaba por dar a conocer, finalmente, el nombramiento de Jorge Tello Peón como secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), funciones que, en los hechos ya viene realizando, tanto en la coordinación con estados y municipios como con las distintas instancias federales, al colocar ya formalmente esa institución bajo el control de la Presidencia y la Secretaría de Gobernación. Un trabajo político y técnico que explica muchos de los avances que se han tenido en las últimas semanas. Alejandro Rubido García, quien estaba al frente del SNSP, se quedará en posiciones operativas clave en el nuevo esquema, pues se trata de uno de los funcionarios de mayor experiencia y confiabilidad en el área.
El hecho es que el panorama está cambiando con demasiada velocidad en el ámbito de la seguridad y estamos entrando en una suerte de torbellino donde no faltan las mentiras y la desinformación, como aquella que le atribuye a un secretario de Estado haber adquirido una casa en efectivo, misma que es de su propiedad desde hace algunos lustros.

Informe de Stratfor

Security Weekly : Central America: An Emerging Role in the Drug Trade‏

CENTRAL AMERICA: AN EMERGING ROLE IN THE DRUG TRADE/By Stephen Meiners

As part of STRATFOR's coverage of the security situation in Mexico, we have observed some significant developments in the drug trade in the Western Hemisphere over the past year. While the United States remains the top destination for South American-produced cocaine, and Mexico continues to serve as the primary transshipment route, the path between Mexico and South America is clearly changing.

These changes have been most pronounced in Central America, where Mexican drug-trafficking organizations have begun to rely increasingly on land-based smuggling routes as several countries in the region have stepped up monitoring and interdiction of airborne and maritime shipments transiting from South America to Mexico.

The results of these changes have been extraordinary. According to a December 2008 report from the U.S. National Drug Intelligence Center, less than 1 percent of the estimated 600 to 700 tons of cocaine that departed South America for the United States in 2007 transited Central America. The rest, for the most part, passed through the Caribbean Sea or Pacific Ocean en route to Mexico. Since then, land-based shipment of cocaine through Central America appears to have ballooned. Earlier this month, U.S. Ambassador to Guatemala Stephen McFarland estimated in an interview with a Guatemalan newspaper that cocaine now passes through that country at a rate of approximately 300 to 400 tons per year.

Notwithstanding the difficulty associated with estimating drug flows, it is clear that Central America has evolved into a significant transshipment route for drugs, and that the changes have taken place rapidly. These developments warrant a closer look at the mechanics of the drug trade in the region, the actors involved, and the implications for Central American governments -- for whom drug-trafficking organizations represent a much more daunting threat than they do for Mexico.

Some Background

While the drug trade in the Western Hemisphere is multifaceted, it fundamentally revolves around the trafficking of South American-produced cocaine to the United States, the world's largest market for the drug. Drug shipment routes between Peru and Colombia -- where the vast majority of cocaine is cultivated and produced -- and the United States historically have been flexible, evolving in response to interdiction efforts or changing markets. For example, Colombian drug traffickers used to control the bulk of the cocaine trade by managing shipping routes along the Caribbean smuggling corridor directly to the United States.

By the 1990s, however, as the United States and other countries began to focus surveillance and interdiction efforts along this corridor, the flow of U.S.-bound drugs was forced into Mexico, which remains the main transshipment route for the overwhelming majority of cocaine entering the United States. A similar situation has been occurring over the last two years in Central America. From the 1990s until as recently as 2007, traffickers in Mexico received multiton shipments of cocaine from South America. There was ample evidence of this, including occasional discoveries of bulk cocaine on everything from small propeller aircraft and Gulfstream jets to self-propelled semisubmersible vessels, fishing trawlers and cargo ships. These smuggling platforms had sufficient range and capacity to bypass Central America and ship bulk drugs directly to Mexico.

By early 2008, however, a series of developments in several Central American countries suggested that drug-trafficking organizations -- Mexican cartels in particular -- were increasingly trying to establish new land-based smuggling routes through Central America for cocaine shipments from South America to Mexico and eventual delivery to the United States. While small quantities of drugs had certainly transited the region in the past, the routes used presented an assortment of risks.

A combination of poorly maintained highways, frequent border crossings, volatile security conditions and unpredictable local criminal organizations apparently presented such great logistical challenges that traffickers opted to send the majority of their shipments through well-established maritime and airborne platforms. In response to this relatively unchecked international smuggling, several countries in the region began taking steps to increase the monitoring and interdiction of such shipments. The Colombian government, for one, stepped up monitoring of aircraft operating in its airspace. The Mexican government installed updated radar systems and reduced the number of airports authorized to receive flights originating in Central and South America. The Colombian government estimates that the aerial trafficking of cocaine from Colombia has decreased by as much as 90 percent since 2003.

Maritime trafficking also appears to have suffered over the past few years, most likely due to greater cooperation and information-sharing between Mexico and the United States. The United States has an immense capability to collect maritime technical intelligence, and an increasing degree of awareness regarding drug trafficking at sea. Two examples of this progress include the Mexican navy's July 2008 capture -- acting on intelligence provided by the United States -- of a self-propelled semisubmersible vessel loaded with more than five tons of cocaine, and the U.S. Coast Guard's February 2009 interdiction of a Mexico-flagged fishing boat loaded with some seven tons of cocaine about 700 miles off Mexico's Pacific coast.

Presumably as a result of successes such as these, the Mexican navy reported in 2008 that maritime trafficking had decreased by an estimated 60 percent over the last two years. While it is impossible to independently corroborate the Mexican and Colombian governments' estimates on the degree to which air- and seaborne drug trafficking has decreased over the last few years, developments in Central America over the past year certainly support their assessments. In particular, STRATFOR has observed that in order to make up for losses in maritime and aerial trafficking, land-based smuggling routes are increasingly being used -- not by Colombian cocaine producers or even Central American drug gangs, but by the now much more powerful Mexican drug-trafficking organizations.

Mechanics of Central American Drug Trafficking

It is important to clarify that what we are defining as land-based trafficking is not limited to overland smuggling. The methods associated with land-based trafficking can be divided into three categories: overland smuggling, littoral maritime trafficking and short-range aerial trafficking.

The most straightforward of these is simple overland smuggling. As a series of investigations in Panama, Costa Rica and Nicaragua demonstrated last year, overland smuggling operations use a wide variety of approaches. In one case, authorities pieced together a portion of a route being used by Mexico's Sinaloa cartel in which small quantities of drugs entered Costa Rica from Panama via the international point of entry on the Pan-American Highway. The cocaine was often held for several days in a storage facility before being loaded onto another vehicle to be driven across the country on major highways. Upon approaching the Nicaraguan border, however, the traffickers opted to avoid the official port of entry and instead transferred the shipments into Nicaragua on foot or on horseback along a remote part of the border. Once across, the shipments were taken to the shores of the large inland Lake Nicaragua, where they were transferred onto boats to be taken north, at which point they would be loaded onto vehicles to be driven toward the Honduran border. In one case in Nicaragua, authorities uncovered another Sinaloa-linked route that passed through Managua and is believed to have followed the Pan-American Highway through Honduras and into El Salvador.

The second method associated with land-based trafficking involves littoral maritime operations. Whereas long-range maritime trafficking involves large cargo ships and self-propelled semisubmersible vessels capable of delivering multiton shipments of drugs from South America to Mexico without having to refuel, littoral trafficking tends to involve so-called "go-fast boats" that are used to carry smaller quantities of drugs at higher speeds over shorter distances. This method is useful to traffickers who might want to avoid, for whatever reason, a certain stretch of highway or perhaps even an entire country. According to Nicaraguan military officials, several go-fast boats are suspected of operating off the country's coasts and of sailing outside Nicaraguan territorial waters in order to avoid authorities. While it is possible to make the entire trip from South America to Mexico using only this method -- and making frequent refueling stops -- it is believed that littoral trafficking is often combined with an overland network.

The third method associated with land-based drug smuggling involves short-range aerial operations. In these cases, clandestine planes make stops in Central America before either transferring their cargo to a land vehicle or making another short flight toward Mexico. Over the past year, several small planes loaded with drugs or cash have crashed or been seized in Honduras, Mexico and other countries in the region. In addition, authorities in Guatemala have uncovered several clandestine airstrips allegedly managed by the Mexican drug-trafficking organization Los Zetas. These examples suggest that even as overall aerial trafficking appears to have decreased dramatically, the practice continues in Central America. Indeed, there is little reason to expect that it would not continue, considering that many countries in the region lack the resources to adequately monitor their airspace.

While each of these three methods involves a different approach to drug smuggling, the methods share two important similarities. For one, the vehicles involved -- be they speedboats, small aircraft or private vehicles -- have limited cargo capacities, which means land-based trafficking generally involves cocaine shipments in quantities no greater than a few hundred pounds. While smaller quantities in more frequent shipments mean more handling, they also mean that less product is lost if a shipment is seized. More importantly, each of these land-based methods requires that a drug-trafficking organization maintain a presence inside Central America.

Actors Involved

There are a variety of drug-trafficking organizations operating inside Central America. In addition to some of the notorious local gangs -- such as Calle 18 and MS-13 -- there is also a healthy presence of foreign criminal organizations. Colombian drug traffickers, for example, historically have been no strangers to the region. However, as STRATFOR has observed over the past year, it is the more powerful Mexico-based drug-trafficking organizations that appear to be overwhelmingly responsible for the recent upticks in land-based narcotics smuggling in Central America.

Based on reports of arrests and drug seizures in the region over the past year, it is clear that no single Mexican cartel maintains a monopoly on land-based drug trafficking in Central America. Los Zetas, for example, are extremely active in several parts of Guatemala, where they engage in overland and short-range aerial trafficking. The Sinaloa cartel, which STRATFOR believes is the most capable Mexican trafficker of cocaine, has been detected operating a fairly extensive overland smuggling route from Panama to El Salvador. Some intelligence gaps remain regarding, for example, the precise route Sinaloa follows from El Salvador to Mexico or the route Los Zetas use between South America and Guatemala. It is certainly possible that these two Mexican cartels do not rely exclusively on any single route or method in the region. But the logistical challenges associated with establishing even one route across Central America make it likely that existing routes are maintained even after they have been detected -- and are defended if necessary.

The operators of the Mexican cartel-managed routes also do not match a single profile. At times, Mexican cartel members themselves have been found to be operating in Central America. More common is the involvement of locals in various phases of smuggling operations. Nicaraguan and Salvadoran nationals, for example, have been arrested in northwestern Nicaragua for operating a Sinaloa-linked overland and littoral route into El Salvador. Authorities in Costa Rica have arrested Costa Rican nationals for their involvement in overland routes through that country. In that case, a related investigation in Panama led to the arrest of several Mexican nationals who reportedly had recently arrived in the area to more closely monitor the operation of their route. One exception is Guatemala, where Mexican drug traffickers appear to operate much more extensively than in any other Central American country; this may be due, at least in part, to the relationship between Los Zetas and the Guatemalan Kaibiles. Beyond the apparently more-established Zeta smuggling operations there, several recent drug seizures -- including an enormous 1,800-acre poppy plantation attributed to the Sinaloa cartel -- make it clear that other Mexican drug-trafficking organizations are currently active inside Guatemala. Sinaloa was first suspected of increasing its presence in Guatemala in early 2008, when rumors surfaced that the cartel was attempting to recruit local criminal organizations to support its own drug-trafficking operations there. The ongoing Zeta-Sinaloa rivalry at that time triggered a series of deadly firefights in Guatemala, prompting fears that the bloody turf battles that had led to record levels of organized crime-related violence inside Mexico would extend into Central America.

Security Implications in Central America

Despite these concerns and the growing presence of Mexican traffickers in the region, there apparently have been no significant spikes in drug-related violence in Central America outside of Guatemala. Several factors may explain this relative lack of violence.

First, most governments in Central America have yet to launch large-scale counternarcotics campaigns. The seizures and arrests that have been reported so far have generally been the result of regular police work, as opposed to broad changes in policies or a significant commitment of resources to address the problem. More significantly, though, the quantities of drugs seized probably amount to just a drop in the bucket compared to the quantity of drugs that moves through the region on a regular basis. Because seizures have remained low, Mexican drug traffickers have yet to launch any significant reprisal attacks against government officials in any country outside Guatemala. In that country, even the president has received death threats and had his office bugged, allegedly by drug traffickers.

The second factor, which is related to the first, is that drug traffickers operating in Central America likely rely more heavily on bribes than on intimidation to secure the transit of drug shipments. This assessment follows from the region's reputation for official corruption (especially in countries like Nicaragua, Honduras, Panama and Guatemala) and the economic disadvantage that many of these countries face compared to the Mexican cartels. For example, the gross domestic product of Honduras is $12 billion, while the estimated share of the drug trade controlled by the Mexican cartels is estimated to be $20 billion.

Finally, Mexican cartels currently have their hands full at home. Although Central America has undeniably become more strategically important for the flow of drugs from South America, the cartels in Mexico have simultaneously been engaged in a two-front war at home against the Mexican government and against rival criminal organizations. As long as this war continues at its present level, Mexican drug traffickers may be reluctant to divert significant resources too far from their home turf, which remains crucial in delivering drug shipments to the United States. Looking Ahead

That said, there is no guarantee that Central America will continue to escape the wrath of Mexican drug traffickers. On the contrary, there is reason for concern that the region will increasingly become a battleground in the Mexican cartel war.

For one thing, the Merida Initiative, a U.S. anti-drug aid program that will put some $300 million into Mexico and about $100 million into Central America over the next year, could be perceived as a meaningful threat to drug-trafficking operations. If Central American governments choose to step up counternarcotics operations, either at the request of the United States or in order to qualify for more Merida money, they risk disrupting existing smuggling operations to the extent that cartels begin to retaliate.

Also, even though Mexican cartels may be reluctant to divert major resources from the more important war at home, it is important to recognize that a large-scale reassignment of cartel operatives or resources from Mexico to Central America might not be necessary to have a significant impact on the security situation in any given Central American country. Given the rampant corruption and relatively poor protective security programs in place for political leaders in the region, very few cartel operatives or resources would actually be needed if a Mexican drug-trafficking organization chose to, for example, conduct an assassination campaign against high-ranking government officials.

Governments are not the only potential threat to drug traffickers in Central America. The increases in land-based drug trafficking in the region could trigger intensified competition over trafficking routes. Such turf battles could occur either among the Mexican cartels or between the Mexicans and local criminal organizations, which might try to muscle their way into the lucrative smuggling routes or attempt to grab a larger percentage of the profits.

If the example of Mexico is any guide, the drug-related violence that could be unleashed in Central America would easily overwhelm the capabilities of the region's governments. Last year, STRATFOR considered the possibility of Mexico becoming a failed state. But Mexico is a far stronger and richer country than its fragile southern neighbors, who simply do not have the resources to deal with the cartels on their own. This report may be forwarded or republished on your website with attribution to www.stratfor.com.

Copyright 2009 Stratfor.

Candidatos del PRI vulnerables

Columna Bajo Reserva (El Universal, 27 de marzo de 2009);

Y hablando de aquellas tierras (Chihuahua): se nos dice que los jerarcas del PRI nacional han planteado retirar la candidatura a diputado federal de Héctor “Teto” Murguía, ex alcalde de Ciudad Juárez, acusado de narcotraficante por el líder del PAN, Germán Martínez, y sospechoso de estar relacionado con alguna de las fracciones que se pelean la plaza fronteriza. Si le retiraban la candidatura, pensaban hace una semana, era brindarle la cabeza al panista. Ahora no lo piensa así. Las encuestas les favorecen significativamente, razonaron. ¿Por qué uno o dos personajes van ser piedra en el camino para lo que parece un carro semicompleto? Varios de los capitanes priístas han planteado que Murguía mismo anuncie que se retira, y que se pone en manos de la PGR. A ver qué le encuentran, retará el juarense. La estrategia del PRI nacional no es nada mala; limpia su elección, da señales de sensibilidad y conciliación, y se quita a Martínez de encima.

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Columna Frentes Políticos de Excélsior:

IV.Ni tan solo. Mario Anguiano Moreno, con todo y sus presuntos vínculos con el narcotráfico, tiene la anuencia del gobernador Silverio Cavazos. Y con eso le basta: ya es el candidato priista a gobernar Colima. Su candidatura resulta vulnerable y los partidos de oposición lo van a aprovechar, advirtió uno de los tres precandidatos perdedores, Arnoldo Ochoa González. El mismo Anguiano reconoció que el CEN recomendó analizar su postulación y, aún así, se la jugó.
V.Nuevo León. Aunque no quiera admitirlo, la plaza que gobierna Natividad González Parás está caliente. Como nunca antes. La Sedena y la PGR presentaron a Héctor Huerta Ríos, La Burra, lugarteniente de los Beltrán Leyva. Y en Saltillo se capturó a Sigifredo Nájera Talamantes, El Canicón, responsable de la ejecución de nueve militares comisionados en Nuevo León y de al menos seis agentes federales, además de autor del ataque a una televisora en Monterrey y al consulado americano. Y los que faltan...