¿Juez amenazado?

Frena narco a jueces

Reforma, 5 septiembre 2010).-

REFORMA / Staff

En la Comarca Lagunera los tiempos legales están influenciados por el crimen organizado.

Un juez penal lleva más de ocho meses sin resolver la solicitud de órdenes de aprehensión contra los responsables del motín del Penal de Gómez Palacio, Durango, que el 14 de agosto de 2009 dejó un saldo de 24 muertos.

Aunque tenía un plazo de 15 días hábiles, el juez Jaime Romero Maldonado no ha determinado si libra o niega las órdenes de aprehensión contra 20 internos porque su seguridad no tiene garantías reveló el subprocurador general del Estado, Alejandro Moreno Valadés.

"Esa averiguación ya fue consignada el año pasado. Me parece que la consignamos allí por el mes de noviembre, diciembre, en el Juzgado Primero Penal de Gómez Palacio. Ahí hubo cambio de titular", explicó.

Al ser cuestionado sobre si Romero Maldonado teme represalias, el funcionario reconoció que la situación es delicada y que incluso el juez solicitó una suspensión provisional por la falta de garantías para su seguridad.

"Bueno, las circunstancias que ocurren ahí, al interior y el exterior del penal, son algo delicadas. Nos pidió él (el juez) una suspensión provisional, que se autorizó creo que por un mes o mes y medio, algo así. Luego se le solicitó que resolviera conforme a derecho (...)

Sobre las medidas de seguridad con las que cuentan los juzgadores, el subprocurador respondió: "No tiene (escolta). Cuando menos a nosotros, no (nos la ha pedido). Obviamente, tendrá que platicar con el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Durango el porqué no tienen una escolta designada".

Lejos de cuestionar la dilación del juez, el subprocurador Moreno se mostró comprensivo con la situación y recordó que, en 2009, el crimen organizado atentó contra el juez tercero penal de Gómez Palacio, Luis Enrique Montoya García, quien sobrevivió al ataque y pidió su cambio de readscripción.

"Son 15 días hábiles (los que marca el Código) para girar una orden de aprehensión después de haberse radicado el asunto, que son tres semanas. Pero, bueno, en casos extraordinarios, como éstos, debe de haber un poquito más de tiempo", justificó.

El Penal de Gómez Palacio es uno de los más conflictivos.

El año pasado, se registró un motín que dejó un saldo de más de 20 reos muertos. También están internos ahí los miembros de un comando que, con el permiso de la directora Margarita Rojas, salía a las calles a realizar ejecuciones en la zona de La Laguna.

El 20 de junio fue ejecutado el hijo del subprocurador Moreno.

Terror y economía

Terror y economía/Loretta Napoleoni, economista italiana.
Traducción de Juan Ramón Azaola
EL PAÍS, 02/09/10):
Estados Unidos acaba de solemnizar el regreso a casa de sus tropas de combate en Irak. Dejan atrás una democracia sin gobierno y una nación étnicamente dividida. Entretanto, en Afganistán el Ejército talibán continúa avanzando y Osama Bin Laden sigue huido. Washington y sus más fieles aliados no solo no han ganado la guerra contra el terror sino que además están en quiebra. Asolados por deudas insoportables y víctimas de la peor recesión existente desde 1929, esos países temen que las agencias de calificación rebajen la categoría de sus economías. ¿Existe una relación entre ambos hechos?
Para contestar a eso tendremos que reconsiderar la idea de Osama Bin Laden, tomada por absurda, de que el 11-S infligiría una herida mortal a la economía de Estados Unidos.
Aunque el ataque supuso un daño insignificante para Wall Street, la respuesta de la Administración Bush puso en marcha una cadena de acontecimientos negativos. La Patriot Act, introducida pocas semanas después de la destrucción de las Torres Gemelas, no consiguió frenar la financiación terrorista sino que provocó una masiva huida del dólar: por miedo a ser perseguidos, los inversores musulmanes repatriaron inversiones por un valor aproximado de un billón de dólares; para evitar la vigilancia de las autoridades monetarias norteamericanas, la banca internacional sugirió a sus clientes cambiar a inversiones en euros en lugar de en dólares; finalmente, las organizaciones criminales y terroristas trasladaron sus actividades de lavado de dinero de Estados Unidos a Europa. Ya desde diciembre de 2001 estos hechos provocaron un retroceso de la demanda de dólares, haciendo bajar así el valor del billete verde.
En 1993, Dick Cheney había puesto claramente de manifiesto el deseo de los neocon de relanzar la hegemonía mundial estadounidense. Irónicamente, la guerra contra el terror representó esa oportunidad tan largamente codiciada.
En consecuencia, era necesario un cambio de régimen en Irak para asegurarse una base amiga en el corazón de una región estratégicamente importante. Con el fin de recaudar fondos con los que financiar una aventura militar tan ambiciosa, la Administración Bush acudió al mercado internacional de capitales y en pocos años vendió bonos del Tesoro por valor de 4.000 millones de dólares.
Para que la deuda de Estados Unidos fuera competitiva, la Reserva Federal redujo drásticamente los tipos de interés, que cayeron del 6% en vísperas del 11-S al 1,2% a comienzos del verano de 2003, cuando Washington creyó que había ganado la guerra en Irak. El presidente de laFed, Alan Greenspan,
continuó con esta estrategia incluso cuando la economía mundial estaba creciendo demasiado deprisa y en realidad necesitaba establecer tipos más altos para prevenir la formación de burbujas financieras.
Durante más de una década se ha empleado la bajada de los tipos de interés como instrumento para contrarrestar las crisis recurrentes de la globalización -como la del rublo y la crisis asiática- y la pequeña recesión desencadenada en el mundo occidental por el 11-S. Hoy sabemos que esa política en realidad no ha resuelto nunca los problemas subyacentes, sino que los ha ocultado hasta la crisis siguiente.
Si la Casa Blanca y la Reserva Federal hubieran prestado atención a las señales de una economía global sobrecalentada -el boom del mercado inmobiliario y el creciente endeudamiento de los años noventa-, las cosas habrían sido diferentes y posiblemente el mundo habría evitado la grave crisis económica en la que se encuentra.
La brusca caída de los tipos de interés norteamericanos y mundiales entre 2001 y 2003 creó las condiciones ideales para la extensión de la crisis de las hipotecas subprime y la titulización de malas deudas, génesis de la restricción crediticia.
Esa política también precipitó la bancarrota de Islandia, un país que acumuló una deuda de 12 veces el volumen de su PIB, y la crisis de solvencia de Grecia. En ambas circunstancias, gigantes de Wall Street tales como Goldman Sachs y JP Morgan Chase se aprovecharon de los menguantes tipos de interés para dejar que países, compañías y personas vivieran por encima de sus posibilidades. Naturalmente, durante el proceso, se embolsaron grandes cantidades de dinero.
La obsesión de Washington por una intervención militar impidió también la formulación de una política efectiva para frustrar la financiación del terrorismo, que nadie consideró nunca como una prioridad real.
Los países europeos, que tenían una larga experiencia en antiterrorismo, consintieron ese desvarío. Incluso no pudieron alcanzar un acuerdo sobre la regulación de los paraísos fiscales hasta que la recesión contrajo los ingresos por impuestos, lo que indujo a los ministros de Finanzas a perseguir a los evasores fiscales. Así es cómo los europeos supieron que desde el 11-S su continente se había convertido en el epicentro global del lavado de dinero, gracias principalmente a diversas joint ventures entre el crimen organizado italiano y los magnates de la cocaína de América Latina.
El mundo ha cambiado drásticamente mientras Estados Unidos hacía su guerra contra el terror: Occidente gastó un dinero que no tenía luchando en una guerra que no tenía nada que ver con llevar a Osama Bin Laden ante la justicia; para sustentarla, Estados Unidos alimentó una masiva burbuja financiera que finalmente estalló; desde América Latina, el narconegocio llegó a Europa vía África occidental gracias también a la novedosa colaboración con organizaciones armadas tales como Al Qaeda del Magreb; y los talibanes han llamado exitosamente a las puertas del comercio de la heroína utilizándolo para financiar su guerra contra las fuerzas de la coalición.
La oculta interdependencia entre terrorismo y economía va bastante más allá de la restricción del crédito, de la recesión y de la crisis del euro. Desde el 11-S ha ido extendiendo las fronteras de un mundo en la sombra que amenaza con reemplazar al nuestro si no nos desprendemos del legado de la guerra contra el terror. Traer a las tropas a casa no es suficiente; debemos centrar la atención en el verdadero objetivo de esta guerra, en la cuerda de salvamento del terrorismo: el dinero.

San Pedro Garza, feudo vulnerado

Feudo vulnerado
Arturo Rodríguez García
Proceso #1766, 5 de septiembre de 2010;
Ni siquiera el exclusivo feudo de los empresarios que residen en San Pedro Garza García se salva de la inseguridad. Desde el mes pasado, familias enteras de los adinerados oriundos de Monterrey optaron por trasladarse al extranjero, aterradas por la marejada de violencia que alcanzó a esa localidad, cuyas autoridades, a pesar de todo, la consideran un oasis de seguridad. Hace dos semanas, una balacera desatada frente al exclusivo Colegio Americano, cuando los niños salían del plantel, vulneró al pueblo que se tenía como una suerte de búnker ideal.
SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NL.- Hasta el 20 de agosto la escena era cotidiana: alrededor de las 13:30 horas decenas de camionetas de lujo desfilaban por la avenida Morones Prieto, hasta llegar al último reducto de la zona metropolitana. El territorio se llenaba de guaruras que custodiaban a mujeres de vestir elegante que recogían a sus hijos en el Colegio Americano.
Y aunque el plantel se ubica en Santa Catarina, Morones Prieto era una ruta por donde la fluidez vehicular era normal, pese a la presencia circunstancial de los escoltas. Pero todo cambió. La noche del 16 fue levantado el alcalde de Santiago, Edelmiro Cavazos Leal, quien apareció muerto dos días después. Y el 20 hubo un tiroteo en las inmediaciones del plantel.
Ese día, la fila de camionetas de las señoras crecía sobre avenida Morones Prieto, mientras los escoltas se apostaban en la acera. De repente una camioneta quemó llanta; los guardaespaldas de otro vehículo desenfundaron sus armas ante la presencia de un nutrido grupo de hombres armados, pero no pudieron hacer nada.
El comando controló la situación y pidió refuerzos. Llegaron de inmediato alrededor de 20 pistoleros e intimidaron a los demás guardias. En la refriega cayeron dos escoltas, que los agresores se llevaron junto con cuatro personas más.
Otros tres guardaespaldas que resultaron heridos solicitaban apoyo desde el estacionamiento de la Escuela Libre de Derecho, ubicado frente al Colegio Americano.
Poco después, en las redes sociales proliferaron los mensajes sobre la balacera que, decían, se originó cuando un grupo armado intentó secuestrar a hijos o nietos de José Antonio Fernández Carbajal, presidente de Fomento Económico Mexicano (FEMSA) y esposo de Eva Garza Gonda, hija del extinto Eugenio Garza Lagüera.
A su vez, la empresa difundió esa misma tarde un comunicado. “Personal de seguridad de FEMSA que realizaba un patrullaje de rutina a la hora de salida de los colegios y centros universitarios de la zona, fue víctima de un ataque frente al Colegio Americano de Santa Catarina que se vio obligado a repeler”. Concluyó: “En el enfrentamiento hubo tres personas heridas de nuestro personal, que se encuentran fuera de peligro”.
La madrugada del día siguiente –sábado 21 de agosto–, los cuatro escoltas de FEMSA levantados la víspera llegaron a la empresa en un automóvil. En la cajuela yacían los cuerpos de sus dos compañeros ejecutados. Los sobrevivientes declararon que el incidente se originó porque un grupo de sicarios los confundió con pistoleros de una organización rival.
Fue una semana de sicosis para las familias de la élite empresarial que reside en este municipio, antaño apacible.
La alarma
A finales de marzo pasado, luego de la muerte de dos estudiantes del Tec de Monterrey en un tiroteo entre elementos del Ejército y sicarios, mandos militares se reunieron con los empresarios de San Pedro, feudo del legendario clan Garza Sada.
Desde entonces la violencia no se ha detenido. Hoy, las ejecuciones desbordan la morgue en la capital regiomontana y la zona conurbada; también son frecuentes los bloqueos de vialidades por parte, Los Zetas, quienes también suelen despojar de sus unidades a los automovilistas.
En ese encuentro con directivos del Tec, los militares dijeron que la violencia ya tocó fondo. La frase se convirtió en estribillo y comenzó a escucharse en todos lados: en las mesas del mezanine de la Plaza 402, así como en los selectos clubes Campestre, Ejecutivo e Industrial. Hoy, esos sitios son menos concurridos que hace un mes.
¿El motivo? En redes sociales y blogs del diario El Norte circula desde hace varias semanas un mensaje, según el cual la solución es la suspensión de garantías en la zona. Algunas compañías incluso están pidiendo a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que envíen a la capital regiomontana tres batallones más.
Empresarios de los medios, como el presidente del Grupo Reforma, Alejandro Junco, y Francisco González, presidente de Multimedios, que controla Milenio Diario en varias entidades, así como operaciones de cable, radio y televisión en todo el país radican en el extranjero desde hace varios meses. Además, cientos de personas se han mudado a San Antonio y al Valle del Río Grande, Texas.
Lo ocurrido en el Colegio Americano motivó al consulado de Estados Unidos a retirar a las familias de su personal que residían en San Pedro, sobre todo para proteger a los niños de la violencia. La legación considera que las policías locales y las privadas no tienen la capacidad para disuadir a los criminales.
“Pláticas con la policía y con otros funcionarios de seguridad indicaron que el nivel de violencia en Monterrey está aumentando, incluidos los lugares a donde nuestros hijos van a la escuela.
“Con base en esta evaluación, y combinado con la alta incidencia de secuestros en el área de Monterrey, se ha aconsejado al personal del gobierno estadunidense del consulado general que la manera inmediata, práctica y confiable de reducir los riesgos de seguridad para todos los niños es sacándolos de Monterrey”, decía el documento emitido por la institución diplomática.
El 24 de agosto, el periódico El Norte informó que la violencia castigó la matrícula en los colegios privados de altas colegiaturas, lo que se reflejaba en la masiva migración de ricos a Estados Unidos; hay mansiones en San Pedro que están abandonadas, mientras que la publicidad vía correo electrónico de agencias de bienes raíces texanas satura las cuentas personales de los sampetrinos.
Semáforo rojo
En julio del año pasado, el experto en seguridad Alberto Capella declaró a Proceso que los sistemas de seguridad privada en Monterrey ya no eran tan ejemplares como en los años anteriores.
“El estado –expuso quien fue director de Seguridad Pública de Tijuana – ya no es una zona blindada, sino una de las más complicadas, junto con Chihuahua, Coahuila, Durango, Michoacán, Sinaloa y Baja California. Pero en Nuevo León (los grupos criminales) los están agarrando en pañales.”
Ahora, las familias adineradas reciben todos los días mensajes electrónicos de los jefes de seguridad del llamado Grupo de los 10, que aglutina a los hombres de negocios más acaudalados, en los que les dan consejos sobre la manera en que deben protegerse de la violencia.
El presidente de la Coparmex en la entidad, Marcelo Canales Clariond, accionista de Verzatec, ha declarado en varias ocasiones, la última el pasado 18 de agosto, que ante la incapacidad del gobierno para controlar la espiral de violencia, los empresarios están tomando medidas e invierten cada vez más en seguridad.
Asimismo, los organismos sociales locales mantienen un Semáforo del Delito, elaborado por una consultora privada que dirige Santiago Roel, hijo del excanciller del mismo nombre; la Federación de Colonias, presidida por Gilberto Marcos Handal, dueño de la marca de ropa Manchester, es uno de los partidarios de que se refuerce la presencia militar y pide a Medina de la Cruz que renuncie al cargo.
La inestabilidad ciudadana aumentó en este municipio hace dos meses, a raíz del secuestro de Lorenzo Belden González, cuya familia posee agencias automotrices, quien fue rescatado 15 días después. No obstante, otros sampetrinos, como Enrique González Zambrano, aún siguen desaparecidos; otros, como Camilo Pardo, fueron asesinados.
Recientemente, Eugenia Westrup, vecina de este municipio, envió un airado correo electrónico a Gretta Salinas de Medina, esposa del gobernador, en la que lo responsabilizó de lo que ocurre. La destinataria pidió a la mujer que la borrara de sus contactos.
–No puedo entender tu enojo hacia Rodrigo, pero lo que sí te puedo decir es que definitivamente él no tiene la culpa ni es el responsable. El día que quieras te hago una cita con el gobernador para que le puedas manifestar tu enojo hacia su lucha contra el narcotráfico –respondió Gretta Salinas a Westrup.
Y ella cumplió: borró de sus contactos a Gretta Salinas y le escribió que esperaría con gusto la cita para entrevistarse con el gobernador.
Desde hace varios meses, el semáforo tiene indicadores rojos en materia de delitos en materia de fuero común para San Pedro, en particular en robos, dice la excandidata a la alcaldía Tatiana Clouthier. Ella ha criticado la política de seguridad del polémico alcalde Fernández Garza, famoso por la creación de su “grupo rudo”, que finalmente terminó desarticulado por elementos de la Marina.
El Semáforo del Delito coloca a San Pedro como el segundo municipio del área metropolitana con mayor índice de robos, sólo superado por Monterrey.
“Es evidente que (Mauricio) ha trabajado fuera de la legalidad, al principio apoyado por la sociedad, por los grupos rudos, hasta que se salieron de control y afectaron a gente de bien”, dice Tatiana.
Recuerda el caso de Francisco Martínez Cárdenas, hijo del extinto Alfonso Martínez Domínguez, quien fue detenido por la Marina el 27 de junio último. Él cobraba cuotas a restauranteros para pagar a su vez al grupo rudo; hoy está arraigado.
“Con tanta tecnología policial que tienen, las acciones realizadas no sólo en San Pedro, sino en todo Nuevo León, son producto de la Marina y del Ejército, no de las policías municipales ni de la estatal”, concluye Tatiana.
El alcalde Mauricio Fernández se va quedando solo. El general en retiro Gonzalo Miguel Adalid Mier, quien ocupaba la Secretaría de Seguridad Pública de San Pedro, renunció el pasado 17 de junio. Antes lo hizo Verónica Maiz, sobrina del exgobernador Natividad González y de los constructores Maiz Mier. Sólo estuvo unos días como jefa de prensa. Luego dejó su cargo de secretario del ayuntamiento Fernando Canales Stelzer, hijo del político panista y empresario Fernando Canales Clariond.
En sustitución de Adalid, el alcalde designó a Camilo Cantú Aguilar, quien ocupó ese cargo en San Nicolás de los Garza y China, Nuevo León, ambos municipios inmersos en violentas actividades criminales. Tras el arribo de Cantú, la Policía Municipal, famosa por haber sido calificada la mejor de México y luego por ser semillero de sicarios para el cártel de Sinaloa, se vio envuelta en escándalos de corrupción.
De amplia trayectoria y magros resultados, Adalid fue secretario estatal en Michoacán durante la administración de Lázaro Cárdenas Batel y comisario general de la Policía Federal Preventiva (PFP) durante la gestión de Alejandro Gertz Manero en la Secretaria de Seguridad Pública (2000-2004). Su presencia complicó la relación de Fernández con el gobierno federal, de por sí deteriorada, por las críticas de este último a la guerra declarada al crimen organizado.
Además, durante su estancia en la PFP, el general en retiro formó parte de un tenebroso manejo de información que perjudicaba a Genaro García Luna.
El pasado 23 de agosto, la Marina irrumpió en una casa de seguridad en la colonia Valle de Vasconcelos, donde estaban cautivas seis personas, y detuvo a tres plagiarios. El diario El Norte hizo un seguimiento con el Google Street View y demostró que una patrulla municipal halconeaba para los plagiarios. Las autoridades no explicaron a que organización criminal pertenecían los detenidos.
Hoy, este feudo donde proliferan enormes y ostentosas mansiones que alojan a la élite de empresarios regiomontanos, algunos de los cuales aparecen en la lista que publica cada año la revista Forbes o figuran entre los 100 hombres más prósperos del país de Expansión, se ha convertido en un sitio peligroso.
Aldo Fasci Zuazua, exsecretario de Seguridad Pública del estado, que hoy dirige un organismo ciudadano, admite: “Los responsables de la seguridad en el estado no fuimos capaces de innovar ni de adecuarnos a las nuevas dinámicas delictivas. Creímos que nada nos iba a pasar y aquí estamos…”.

Terror en Monterrey

Monterrey baja las cortinas...
Luciano Campos Garza
Revista Proceso # 1766, 5 de septiembre de 2010;
Ante la explosión de la violencia en Nuevo León, negocios de esa entidad comenzaron a bajar las cortinas y los empresarios gravitan entre emigrar a Estados Unidos o quedarse a ver su suerte. Aquellos que pueden contratan seguridad privada, y compran o rentan coches blindados. Los que no, por lo menos envían fuera del estado a su familia, como tienen que hacerlo –obligados por su gobierno– los empleados del Consulado de Estados Unidos en Monterrey.
MONTERREY, NL.- Mientras la creciente irrupción del crimen organizado en Nuevo León afecta drásticamente la economía estatal, integrantes del alto empresariado regiomontano observan con preocupación el cierre de negocios y la parálisis de algunas actividades comerciales en esta capital. Poco a poco, dicen, la inversión local comienza a desvanecerse, y tanto profesionistas como empresarios tienen planes de irse del país.
La situación es de tal magnitud que Lorenzo Zambrano, el más rico de todos los regiomontanos y dueño del poderoso corporativo Cementos Mexicanos (Cemex), desató una fugaz polémica al calificar de “cobardes” a quienes pretenden emigrar de la ciudad, del estado y del país, debido a la violencia.
Si el asesinato del alcalde panista de Santiago, Edelmiro Cavazos Leal, el 18 de agosto, conmocionó a la clase política del estado, los integrantes de la iniciativa privada de Monterrey se estremecieron al enterarse de que el 20 de agosto, a la 1:40 de la tarde, un comando armado se enfrentó con guardias de la empresa Fomento Económico Mexicano (FEMSA) a las puertas del exclusivo Colegio Americano campus La Huasteca, en Santa Catarina.
Después de la balacera, que duró aproximadamente 20 minutos, fueron levantados seis escoltas de la empresa –perteneciente a la familia Garza Sada– que resguardaban a varios niños del clan que estudian en esa primaria. Al día siguiente reaparecieron sólo cuatro de los guardias. Los otros dos fueron asesinados.
Fuentes empresariales consultadas por Proceso señalaron que el objetivo de los secuestradores era la hija de una de las dueñas de FEMSA y sobrina de José Antonio Fernández Carbajal, conocido como El Diablo, presidente del consorcio, que a su vez está casado con una de las hijas de Eugenio Garza Lagüera, el fallecido propietario de la firma cervecera.
El clan tiene bases para su temor. La violencia lo tocó de manera brutal hace muchos años, el 17 de septiembre de 1973, cuando Eugenio Garza Sada, patriarca y fundador de FEMSA y del Tecnológico de Monterrey, fue asesinado en esta ciudad en un fallido intento de secuestro.
Como respuesta directa al incidente de San Pedro, el Consulado de Estados Unidos en Monterrey pidió a sus empleados y connacionales que se lleven de la ciudad a sus hijos menores de 18 años, muchos de los cuales conviven en los colegios con los niños de los empresarios regiomontanos. Se les dio de plazo hasta el viernes 10.
“Es la primera vez en la historia de México que una sede diplomática toma estas medidas”, asegura en entrevista Brian Quigley, vocero de la legación, y agrega que la solicitud implica a unas 25 familias que residen en el próspero municipio conurbado de San Pedro Garza García, gobernado por el panista Mauricio Fernández Garza.
Pese a los hechos ocurridos en esa localidad, el alcalde, quien también es un empresario multimillonario, la describe como si estuviera protegida en una burbuja de seguridad, como si fuera una isla de paz entre la violencia cotidiana de la zona urbana de Nuevo León.
“San Pedro es un caso diferente”, dice a Proceso. Y añade: “Si vas a restaurantes, centros nocturnos, no siento que haya afectación (por la inseguridad). Si te sales de San Pedro, sí. Cuando tienes medio controlados los delitos del fuero común, que atañen al alcalde, erradicas mucho los delitos mayores”.
En la “línea de fuego”
El 18 de agosto, mediante un desplegado en los periódicos de circulación nacional, el sector privado nuevoleonés pidió al presidente Felipe Calderón que reforzara a su entidad con tres batallones del Ejército y uno de la Marina. Ese mismo día fue encontrado el alcalde Edelmiro Cavazos Leal muerto de tres tiros.
Frente a lo que muchos de ellos consideran incapacidad del gobernador priista de Nuevo León, Rodrigo Medina, para contener la ola de violencia, los empresarios recurren a la contratación de seguridad privada.
Consultado por el reportero a condición de no publicar su nombre, un experto en esta materia comenta que brindar protección a una sola persona implica contratar por lo menos dos guardias, a cada uno de los cuales hay que pagarle un mínimo de 12 mil pesos mensuales.
Añade que el equipo debe tener un máximo de 10 personas para facilitar la logística; pero además hay que dotarlas de esposas, gas, entrenamiento, capacitación y pistolas de calibre 9 milímetros, de acuerdo con la ley. Aclara que los escoltas no están legalmente habilitados para portar armas largas, pero ante la violencia creciente ya no valen las reglas ni la civilidad, por lo que muchos ya cuentan con fusiles de asalto.
Como en Monterrey no se ofrece entrenamiento para guardias personales, los empresarios deben traer instructores de Inglaterra o de Israel, o bien mandar a sus elementos a aquellos países.
Últimamente se acostumbra reclutar a los escoltas mediante el trato personal. Las grandes empresas los van eligiendo de entre su propio personal de seguridad para incrementar su grado de confianza. Además, pueden rentar camionetas blindadas en alrededor de 14 mil pesos diarios o adquirir un coche con blindaje básico hasta por medio millón de pesos.
El empresario de la rama del vestido Gilberto Marcos Nadal, experiodista e integrante del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y quien como tal se reúne periódicamente con el gobernador, es de los pocos hombres de negocios de Monterrey que aceptan abordar el tema.
Comenta que no ha considerado contratar un equipo de seguridad personal porque eso implica mantener una empresa aparte. “Algunos conocidos sí lo han hecho –explica–, pero otros pensamos que puede resultar más peligroso. Necesitaría tener los recursos que tiene FEMSA para mandar gente a entrenar a otros lugares y con sueldos descomunales. Te metes en un enredo como si fuera otra empresa, porque no sólo son tus guardaespaldas, sino también los de tu familia”.
Varios conocidos suyos le han dicho que quisieran irse, pero no tienen la edad ni el ánimo para dejar todo y empezar de nuevo. Por ejemplo, después del ataque del 12 de agosto contra el Edificio Médico Especialista de la calle Hidalgo, colonia Obispado, algunos médicos le contaron a Nadal sus planes de irse a vivir a las ciudades de Estados Unidos donde estudiaron.
Aquel día, a la 1:15 de la tarde, ocho hombres armados llegaron en dos camionetas y entraron al edificio, de donde se llevaron sin obstáculo alguno al cirujano plástico Félix Pérez Rocha. Lo liberaron ileso esa misma tarde en Apodaca. El procurador del estado, Alejandro Garza y Garza, declaró que los plagiarios buscaban a otra persona.
El propio Nadal resiente los efectos de la inseguridad en sus finanzas. “Hay un desánimo total por la inversión y se ve en bienes raíces, en la parte cinegética. Todo esto está generando una gran bola de nieve, una tremenda congestión económica”.
No obstante, Juan Ernesto Sandoval Villarreal, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Monterrey, cree que la inversión federal que llegará tras el huracán Alex augura una inversión expansiva en el estado. Por ahora, admite, el flujo de capital está detenido por la inseguridad.
A principios del presente año, los socios de la Canaco pretendían iniciar una campaña de “reposicionamiento” de Nuevo León, es decir, para cambiar la imagen deteriorada que se tiene de la entidad en México y en el extranjero. La violencia se recrudeció poco antes del huracán y continuó después; el plan se suspendió.
Sandoval opina que a Nuevo León el crimen organizado le está pegando en su fortaleza: 7 mil 100 empresarios formales inscritos en la Canaco, quienes emplean en total a 1 millón 165 mil empleados con un sueldo promedio de 7 mil 450 pesos mensuales.
La lista de daños es larga: dice que entre los ramos más afectados están el turismo de negocios y la industria, donde la sicosis frena la generación de empleos. Para él, los comerciantes son el mejor termómetro de la situación, porque están “en la línea de fuego, a la orilla de la banqueta, palpan el sentir de la calle”.
Pone el ejemplo del municipio de Santiago, al que el entonces secretario de Turismo Rodolfo Elizondo le otorgó la categoría de “pueblo mágico” en octubre de 2006. Tras el asesinato del alcalde Cavazos Leal, el Barrio Antiguo, zona de giros negros y sitio favorito de los jóvenes en fin de semana, “está desolado”.
División empresarial
Marcial Herrera Martínez fue secretario de Seguridad Pública al inicio de la actual administración de Santa Catarina. Además preside la asociación civil Comprometidos por Nuevo León y tiene una experiencia de más de 15 años en el ramo de la seguridad privada. Fue vendedor de coches y presidente de la Asociación Regiomontana de Comerciantes de Automóviles (ARCA). Ahora se especializa en el blindaje de autos.
De acuerdo con sus cálculos, en Nuevo León se cometen unos 40 secuestros y levantones diarios, pero la mayoría de las víctimas decide callarse y cumplir las exigencias de sus plagiarios.
El empresario se queja de que cada día es más difícil vender Cadillac, Suburban, Yukon, Cherokee, Ram… Ahora todos los clientes prefieren utilizar autos menos lujosos a causa de la inseguridad. Y aunque dice que no hay un dato preciso sobre la caída de la economía porque “todo es cifra negra” –un alto número de víctimas de la delincuencia organizada se abstiene de denunciar–, él por lo pronto ya envió a su familia al extranjero.
Otro líder empresarial que toma posición, pero la difunde por su cuenta, es Lorenzo Zambrano. Él vive alejado de los medios y sólo ofrece declaraciones cuando hay reunión del consejo de Cemex o se entregan los reportes anuales de la empresa.
El 29 de agosto, en su cuenta de la red social Twitter, Zambrano convocó a los negociantes regiomontanos a no arredrarse: “Quien se va de Monterrey es un cobarde. Hay que luchar por lo que creemos. ¡Tenemos que retomar nuestra gran ciudad! Regios, ¡a rescatar a nuestra tierra! Regio, si a la primera dificultad huyes, no te necesitamos”.
Remató: “Regio, quédate a defender lo que con tanto esfuerzo construyeron tus ancestros. Lucha, exige, actúa. Si huyes a Texas, ¿te das cuenta que serás discriminado y que tus hijos estarán en un ambiente extraño para ellos?”.
Al respecto, la hermana Consuelo Morales, activista de Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, Asociación Civil (CADHAC), considera legítima la demanda de mayor seguridad por parte de los empresarios, pero le recrimina a las autoridades que sólo escuchen esas voces y se olviden del resto:
“Hay un aspecto selectivo o discriminatorio que favorece a sectores que gozan de poder político y económico. Tienen difusión y apoyo, pero nosotros, las organizaciones no gubernamentales, cuando buscamos algo para el bien común no hay tal cobertura. Cuando hay un pronunciamiento de los empresarios, el gobierno del estado siempre les da respuesta; eso no lo he visto en el caso de ninguna de nuestras solicitudes.”
Nada de esto desanima a Arturo Salinas Garza, delegado de la Secretaría de Economía federal en Nuevo León, quien afirma que, “en números duros”, Nuevo León ha experimentado este año un crecimiento inédito en materia de inversión extranjera.
En entrevista señala que, hasta ahora, en México se han captado 12 mil 239 millones de pesos en inversión extranjera directa y que de ese total a Nuevo León le correspondieron 5 mil 328 millones, por lo que es el primero del país en ese rubro, por encima del Distrito Federal y el Estado de México.
En un breve comparativo, dice que durante 2008 la entidad captó mil 266 millones de pesos en inversión extranjera directa, y en 2009 sólo mil millones. Además, Salinas Garza apunta que en el primer semestre de 2010 el estado creció 8%, una “señal inequívoca” de mejoría económica.
“Y por absurdo que pueda parecernos en estas condiciones, los que vienen de afuera ven aquí un muy buen nivel de vida, superior al resto de la República, con buenas escuelas, algo importante para las familias de los inversionistas. Hay diversión y esparcimiento, características que aprecian los extranjeros”, señala.
Según él, independientemente de la percepción sobre la seguridad, los inversionistas valoran a Nuevo León como una plataforma logística, con conexiones hacia la frontera texana, en el norte, y hasta el puerto de Tampico, en el sur. l

Opinión de Mariano Albor

"Exhíbelos en caliente"/Mariano Albor
Revista Proceso # 1766, 5 de septiembre de 2008;
A mayor criminalidad, mejor estado de derecho. Si se recupera el valor significativo del lenguaje constitucional, entonces debe entenderse que los hechos delictuosos deben ser investigados y perseguidos. Estas expresiones prudentes y sencillas bastan para fundamentar, motivar y razonar las acciones del Estado para prevenir, juzgar, castigar el delito y, sobre todo, mantener los márgenes amplios de la libertad ciudadana. En este sentido, se confirma que el derecho es libertad y los derechos humanos son la dignidad del hombre en cualquier situación que viva.
En efecto, el estado de derecho debe resolver las contradicciones que le propone el crimen, común u organizado. Por ello, el ordenamiento jurídico penal, en sus ámbitos de validez federal, estatal y distrital, debe responder afirmativamente a los imperativos categóricos del garantismo constitucional y de los derechos fundamentales, que no son otra cosa que los propios derechos humanos expresados como normas en la ley positiva vigente. En este sentido, no deben comprenderse como una expresión retórica de la decencia humana, sino como preceptos que afirman la dignidad del ejercicio de los poderes públicos de la misma manera que se refieren a la persona humana.
En oposición con estos principios reconocidos universalmente, los comportamientos de la autoridad penal, sobre todo la policiaca y ministerial, han dado lugar a prácticas francamente indebidas y a que se tenga una percepción equivocada de los hechos, las normas y los conceptos en la ciudadanía. Los atributos de la averiguación y del enjuiciamiento penal se han invertido con consecuencias que por ahora resultan previsibles pero que deben atenderse incluso con los criterios punitivos que hoy en día están en boga en la administración pública, en algunas organizaciones privadas preocupadas de la criminalidad y hasta en los campus universitarios. Por ejemplo, mientras que las investigaciones del Ministerio Público deben ser confidenciales y los juicios públicos, en la realidad sucede lo contrario: los actos de procuración de justicia se hacen públicos hasta el escándalo y los juicios son silenciados hasta el ocultamiento.
En el derecho penal está una de las claves de mayor valor de la democracia. Si bien es cierto que como manifestación jurídica debe ser el último recurso para la solución de los conflictos individuales y sociales, no lo es menos el hecho de que su contenido es la libertad del hombre en una relación aflictiva con la máxima expresión de fuerza de la autoridad gubernamental: la función punitiva.
No hace mucho tiempo el presidente de Francia, Nicolas Sarkozy, puso a prueba los conocimientos o la ignorancia jurídica de los parlamentarios mexicanos cuando les recordó que México era un país suscriptor, desde 1983, del Tratado de Estrasburgo, que se refiere a la transferencia de personas sentenciadas; y desafió sus dotes políticas cuando expresó una regla pragmática sobre el ejercicio del poder presidencial en relación con los hechos criminales:
“Si debiéramos ocuparnos únicamente de aquellos conciudadanos que no lo necesitan, que son ricos, poderosos, honestos, y que nunca, nunca cometieron un delito, entonces el oficio del presidente de la República sería muy fácil, pero es difícil justamente porque los principios están hechos para explicar y respetar los derechos de los culpables, esta es la marca y el símbolo de una democracia: la democracia son principios, y principios que se aplican a todos.”
En sentido contrario, en México, guiados por el titular del Ejecutivo federal, que ha establecido un criterio beligerante, las ideas jurídicas y las acciones cumplen con este sentido de confrontación y, en esta virtud, las instituciones y las personas están obligadas a tomar partido como si se tratara de una contienda civil.
Pero aun así, si se sigue la idea de las actividades beligerantes hasta significarse metafóricamente como una guerra, entonces debe entenderse que los conflictos armados traen aparejado al derecho humanitario que impone por sobre todas las cosas la dignidad de las víctimas y del enemigo. En este sentido, con todas sus deficiencias, los Convenios de Ginebra han sido ejemplares para evitar males mayores o perseguir sobre los principios del derecho internacional penal a los criminales más perversos de la historia, cuyo tratamiento como fugitivos o reos sujetos a juzgamiento cumple con la normatividad que impone el respeto a los principios del debido proceso legal, de inocencia y de defensa.
Aceptemos que los líderes criminales son personajes aviesos. Su codicia y ferocidad manifiestas causan daños a los bienes jurídicos más entrañables para la sociedad: la vida, la libertad, la salud y el patrimonio. Sin embargo, cuando estos “monstruos” quedan a disposición de las instituciones del Estado se humanizan. A partir de ese momento deben ser juzgados por los hechos que realizaron y no por lo que son. Si el Estado y la sociedad admiten que la defensa legitima la sentencia, entonces han cobrado vigencia el debido proceso legal y el principio de inocencia.
Es cierto que un amplio sector de la abogacía ha decidido tradicionalmente, como expresión de actos de conciencia, no hacerse cargo de la defensa de los miembros del crimen organizado. Otros lo hacen por temor. Además, hay quienes sí han decidido participar en este difícil oficio de la defensa criminal. Para ellos, el precio ha sido alto. Sin embargo, les son propios los derechos de la defensa. Pero en las nuevas generaciones de abogados algunos creen que los juicios orales están mejor vinculados con los derechos humanos y que su ejercicio profesional tendrá una salvaguarda.
Un ordenamiento jurídico penal democrático, que reconoce como valores fundamentales la libertad y la dignidad del procesado, es un instrumento eficaz para que una sociedad tenga destino. l