“La Sedena sabe dónde está mi hermano”
La exprocuradora de Chihuahua Patricia González Rodríguez se dice lastimada por el secuestro de su hermano Mario, ocurrido el jueves 21, tres días antes de que Proceso diera a conocer la entrevista en la que ella refuta las imputaciones que en esta misma revista, una semana antes, le hizo José Reyes Ferriz, exalcalde de Juárez, y cuestiona los operativos conjuntos contra el crimen organizado. Dice que desconfía de las autoridades y lamenta que la Secretaría de la Defensa Nacional se niegue a apoyarla, toda vez que, afirma, esta dependencia sabe dónde está su hermano.
Ciudad Juárez continúa convulsionada. La pugna entre los grupos de la delincuencia organizada dejó la semana pasada una estela crítica en esa urbe considerada la más violenta del mundo: el sábado 23 fueron ejecutados 13 adolescentes en una fiesta y 15 más resultaron heridos; el jueves 28 por la madrugada, cuatro personas murieron y otras 14 quedaron heridas cuando un comando abrió fuego contra tres camiones de transporte de personal de una empresa maquiladora.
Pero el caso más escandaloso es el de Mario González Rodríguez, hermano de la exprocuradora general de Justicia de Chihuahua, Patricia González Rodríguez, secuestrado el jueves 21, poco antes de la una de la tarde. La exfuncionaria aporta dos elementos que para ella son clave sobre el plagio: que en la operación participaron expolicías y uniformados estatales, y que el video en que Mario la señala como protectora del cártel de Juárez y la responsabiliza de varios asesinatos fue grabado en un cubículo de la procuraduría que ella dirigió.
Patricia González también asegura que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) posee información sobre la célula del cártel de Sinaloa que presuntamente plagió a su hermano. Ella insiste que la Unidad de Inteligencia Táctica Operativa (Unito), creada dentro del Operativo Conjunto Chihuahua (OCCH), incluso realizó una investigación sobre este grupo.
“El secretario Guillermo Galván Galván, si quiere, me puede ayudar a encontrar a mi hermano”, dice. Por su parte el gobernador de Chihuahua, César Duarte, niega que en el secuestro estén involucrados agentes de la policía estatal.
La historia puede seguirse a través de un cronograma de hechos que se concatenan de manera inquietante:
En su edición 1771, correspondiente al domingo 10 de octubre, Proceso publicó una entrevista con el expresidente municipal de Ciudad Juárez, José Reyes Ferriz, en la que acusó a Patricia González de haber contribuido al fracaso del OCCH al dejar en libertad a 9 mil 500 de los 10 mil detenidos consignados por el ayuntamiento en los dos años y medio de operativo.
El viernes 15, a través de un intermediario, la exprocuradora solicitó la oportunidad de responder, igualmente en una entrevista, a las imputaciones de Reyes Ferriz. La cita fue acordada para el lunes 18, a las 10 de la mañana, en las oficinas de la revista, en la Ciudad de México.
En punto de la hora llegó a la redacción. Unos cuantos minutos después empezó la entrevista, que se prolongó durante varias horas.
Tres días después, el jueves 21, su hermano Mario fue plagiado en la capital del estado, hecho que ocurrió tres días antes de que este semanario difundiera la entrevista con Patricia, en la que la exprocuradora afirmó que el OCCH estaba “agotado” y calificó de “error” el sustituir al Ejército por la Policía Federal (PF) en Ciudad Juárez; también habló de los 320 mil dólares que el cártel de Juárez pagó a un “alto funcionario” de la PF en la Ciudad de México y otro pago “local” por 140 mil dólares para que dejara trabajar a esa organización (Proceso 1773).
Patricia González también detalló la forma en que los cárteles de Sinaloa y de Juárez, sobre todo este último, controlan ejecuciones, secuestros y levantones con el apoyo de las policías municipales y la estatal. Incluso diseccionó las estructuras de ambas organizaciones en los municipios de Chihuahua, un estado donde Joaquín El Chapo Guzmán y sus sicarios van imponiendo su ley.
El viernes 22 presentó una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) por la “desaparición forzada” de su hermano. Ese mismo día hubo una llamada a la esposa de Mario: le dijeron que debía pagar 500 mil dólares para que su marido recuperara la libertad. El fin de semana, el silencio.
La madrugada del lunes 25 aparecieron mantas en la ciudad. Una de ellas, colocada en el puente de la vialidad Nogales y calle Alfonso Sosa, decía: “A las autoridades y público en general, no se dejen engañar, las causas de todos los desmanes en esta ciudad son causados por los (ilegible) del cártel de Sinaloa…”; la otra, en el puente de Periférico de la Juventud y calle Ignacio Rodríguez, rezaba: “Qué pasó, Noe Salgueiro, para qué secuestraste al Lic. Mario González…”.
En ambas se mencionaba también que el plagio se debió a que ni Mario ni Patricia González habían cumplido con los acuerdos pactados con el cártel de Sinaloa. En la entrevista del lunes 18 la exprocuradora había comentado que El Flaco Salgueiro es uno de los líderes del cártel comandado por El Chapo.
Casi en forma simultánea a la colocación de las mantas –la edición de Proceso, con la entrevista a Patricia González, aún no llegaba a manos de los lectores de Juárez–, en la página electrónica youtube.com, se difundió un video de 9.56 minutos en el que se observa a cinco encapuchados de pie. Visten uniforme tipo militar y portan armas largas.
Delante de ellos aparece Mario González Rodríguez. Está sentado y tiene las manos esposadas. Mira a la cámara mientras responde al interrogatorio que le hace una persona sobre varios de los asesinatos cometidos en Chihuahua. En todos los casos él responde que la responsable fue su hermana Patricia; incluso da los nombres de otros presuntos involucrados.
Refiere también que tanto él como la procuradora pertenecen a La Línea, grupo armado del cártel de Juárez dirigido por Vicente Carrillo Fuentes.
Videos y masacres
El lunes 25, Patricia González solicitó que dentro de la Averiguación Previa en torno al plagio de su hermano (AP/PGR/CHI/1613/2010-II/B), llevada por la agente del Ministerio Público federal de la PGR Damaris Baglietto Hernández, se realice un análisis criminalístico de las características estructurales y decorativas de los cubículos de la procuraduría estatal.
El motivo: que el lugar donde fue grabado el video tiene características “peculiares” e “idénticas” al edificio donde se ubican las oficinas del Ministerio Público estatal y la Agencia Estatal de Investigación”; también solicitó que peritos en dactiloscopia detecten huellas de calzado, manchas de sangre, saliva, sudor…
El miércoles 27, personal del MP federal realizó un recorrido por los centros de Cuauhtémoc y Parral. A las 15:30 horas de ese día en youtube.com apareció la segunda parte del video, en la que Mario González menciona varios asesinatos y a los presuntos ejecutores, entre ellos el del líder campesino Armando Villarreal Marta, ordenado por Juan Pablo Ledesma, El JL, operador de La Línea. Según el interrogado, Villarreal fue ultimado por oponerse a que se sembraran estupefacientes en el noroeste de Chihuahua. Además, reveló que El JL y otro sicario conocido como El Mónico murieron en dos enfrentamientos, el primero de los cuales ocurrió en Culiacán, Sinaloa.
En el video, Mario González involucra también a Luis Corral Torresdey, de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, así como a los agentes Ricardo Vázquez, Socorro Soto, Rafael Tarín, Ángel Palomares y Mario Iracheta.
Expuso que Ariel Meixueiro Muñoz, Ramón Humberto Oviedo Sáenz y Édgar Artemio García Treviño, quienes se desempeñaban como alcalde, director y comandante de la policía municipal de Namiquipa, respectivamente, fueron asesinados por La Línea.
Ese miércoles 27, Patricia González solicitó que se cite a comparecer a los titulares de las ocho dependencias que durante dos años y medio participaron en el OCCH: el coordinador, el general Felipe de Jesús Espitia; el secretario de Seguridad Pública estatal, Víctor Valencia de los Santos; Conrado García y Eddie Robles, ambos del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen); el titular de la Unito en Ciudad Juárez, Arnoldo Cristerna; el secretario de Seguridad Pública Municipal, el general Julián David Rivera Bretón; el comisario coordinador operativo de la PF, Vidal Díaz Leal Ochoa; el subprocurador de Justicia de la Zona Norte, Alejandro Pariente, así como a Gustavo Zabre y a Javier Torres Cardona.
“Presenté una promoción para que entreguen la información que se tiene sobre la célula (una de las 15 que integran el cártel de Sinaloa en Chihuahua) que tiene retenido a mi hermano, a la que pertenece el link denominado elquitapuercosenchihuahua y la persona que subió el video que se hace llamar elpumaorigina. Al parecer, este individuo es el líder de la célula y busca publicidad para posicionarse como delincuente en su organización criminal”, explica la exprocuradora en entrevista telefónica con esta reportera.
–¿El secuestro de su hermano es una venganza en su contra? –se le pregunta.
–Sí. Este grupo criminal pretende apropiarse no sólo del territorio chihuahuense para continuar con sus actividades ilícitas (e intimidar) a los ciudadanos, sino también quebrantar, a través del terrorismo psicológico, las decisiones de los operadores de los tres niveles de gobierno.
“Quieren tender una cortina de humo para seguir operando en las estructuras policiales que han participado con ellos en las actividades ilícitas. Buscan intimidar y paralizar a la población para que guarde silencio, tolere y consienta estos actos de barbarie.”
Esta última entrevista se realizó el jueves 28, mientras los medios informaban de una nueva masacre en Ciudad Juárez: un comando atacó a los empleados de la planta maquiladora Tagle Ottawa, con saldo de cuatro mujeres y un hombre muertos y 14 personas más heridas; las autoridades reportaron un desaparecido.
La semana previa, el sábado 24, se registró el multihomicidio de jóvenes en una fiesta en Valle de Juárez. Murieron seis mujeres y ocho jóvenes, cuatro de ellos menores de edad; 15 resultaron heridos.
Reproche a los militares
Patricia González afirma que tiene apoyo de la PGR y de la Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP), pero lamenta que la Sedena se lo regateé: “El personal de la Unito, ubicada en el interior de la V Guarnición Militar en Ciudad Juárez, sabe perfectamente quién tiene a mi hermano y cómo ubicar al grupo para rescatar a mi hermano”.
Dice que solicitó ayuda al capitán Espitia para que, con su grupo de agentes del Grupo Aeromóvil de las Fuerzas Especiales (GAFE), localice a su hermano: “Me dijo: ‘Señora, yo estoy en México, necesito una autorización para proporcionarle la información que tenemos’. Por eso insisto, si el secretario de la Defensa quiere, puede ayudarme a encontrar a Mario, como solidario de las personas que trabajamos en el OCCH.
“Ellos (el Ejército) detuvieron a personas relacionadas con ésta célula, saben dónde viven y cómo se llaman quienes usan los seudónimos de elquitapuercosenchihuahua y elpumaoriginal”.
E insiste: “Ayer (miércoles 27) presenté una promoción. Pedí que se cite a declarar a los integrantes del OCCH para ver si proporcionan información sobre esa célula. Fui su compañera casi tres años, trabajamos entre la vida y la muerte. Yo creo que la mínima cortesía es que declaren y digan en dónde podemos localizarlos (a los plagiarios). Además, algunos trabajan en la actual administración”.
La exprocuradora, quien recibe apoyo de peritos franceses y de Nuevo México especializados en rastreo de videos como el que fue subido a youtube.com, señala: “Ya recordé nombres; ya recordé investigaciones de detenciones que hizo principalmente el Ejército, casos de homicidios relacionados con esa célula criminal”.
La entrevistada envió a Proceso un documento con una lista de casos que considera más “relevantes”: los homicidios múltiples como el de los jóvenes de Villas de Salvárcar y los de los centros de rehabilitación El Aliviane y Anexo de Vida. Ahí se indica que de los 173 individuos relacionados con la delincuencia organizada y los 211 detenidos por secuestro, 96% estaban relacionados con el cártel de Juárez.
Detalla también varios homicidios: el de Ernesto Rascón Mayers, el 8 de diciembre de 2008; el del poblado de Creel, Chihuahua; el del líder mormón Benjamín Lebarón; el del Director de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia en el estado, Pedro Aragonez; el del periodista de El Diario de Juárez Armando Rodríguez y el de Miguel Etzel Maldonado. También menciona el homicidio en grado tentativa de Julio Porras Chávez y el de Enrique Perea Quintanilla, así como el del detenido Crispín Borunda.
En lo relativo a los feminicidios, Patricia González señala que está plenamente demostrado en las averiguaciones previas que hay 222 sentenciados, 46 detenidos a los que se les dictó ya auto de formal prisión, 17 sentenciados en el tribunal de menores y 24 casos de homicidio/suicidio.
Dice que 93% de esos homicidios fueron producto de la violencia doméstica o de género. Por lo tanto, señala, las expresiones del video que apareció en youtube.com en torno a los feminicidios refleja un “desconocimiento” total del tema y una “falacia”.
Además, comenta que demandará al exalcalde juarense José Reyes Ferriz por daño moral y adelanta que expondría su caso ante organismos internacionales como la Organización Mundial contra la Tortura, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Amnistía Internacional.
Patricia González afirma que, aun cuando cuenta con el apoyo del gobernador César Duarte, desconfía de la mayor parte de los empleados de la procuraduría estatal. “Sé que cualquier solicitud de información que haga la van a filtrar a los cárteles”, comenta a la reportera.
Proceso solicitó entrevistas a Duarte, a Reyes Ferriz y a Reyes Baeza. Los tres se negaron a concederlas. El miércoles 27, durante la entrevista con Joaquín López Dóriga en su noticiario de Radio Fórmula, la exprocuradora afirmó:
“Tengo 31 años de experiencia en el trabajo de procuración y administración de la justicia y en estos seis años me tocó lidiar con policías que di de baja. Me tocó enfrentarlos y confrontarlos. Si el gobernador (Duarte) no está de acuerdo, lo siento, pero es una hipótesis que tendrá que investigarse.”
Al día siguiente, Proceso volvió a consultar a la exfuncionaria y ella envió un documento en el que reflexiona sobre su quehacer público: “Cuando fui procuradora promoví reformas que trastocaron los intereses económicos tanto del crimen organizado como de los funcionarios públicos que se habían asociado con éste. La forma en que las reformas afectaron a policías y otros funcionarios fueron muchas. Por ejemplo, perdieron su trabajo cerca de 350 funcionarios que considerábamos cuestionables en términos de capacidad y honestidad…
“Me duele en el alma que delincuentes usen a mi hermano para castigarme por mi desempeño como servidora pública. Asumo los costos. Lo lamento, me duele, me duele muchísimo pero no me arrepiento…” l
Patricia Dávila Revista Proceso, # 1774, 31 de octubre de 2010;
