Las columnas políticas hoy, viernes 14 de agosto de 2026

La epístola de Andy: Un berrinche con Global Entry..

Imagínate la escena del joven —ya no tanto—, Andy, el hijo del Señor de Palenque..

Estás tan absolutamente despreocupado de que te quiten la visa para ingresar a un país que consideras "decadente", que decides sentarte a redactar una larguísima carta desde Teapa dirigida al mismísimo presidente Trump. ¿El objetivo? Explicarle con lujo de detalle lo muchísimo que no te importa.

Así amanecemos con la epístola de Andy. En un giro dramático que ya quisieran los guionistas de telenovelas, resulta que quedarse sin permiso para cruzar la frontera norte es ahora una táctica "hitleriana". Porque, claro está, la historia nos enseña que las peores atrocidades del siglo pasado son exactamente comparables a perder el privilegio de irse de fin de semana a Houston o a Nueva York.

Con una modestia que francamente asombra, le sugiere a Trump destituir a Marco Rubio, su secretario de Estado, y a su subsecretario. ¡Por su visa! El nivel de desconexión con la realidad es fascinante. Es el clásico síndrome del "ni quería ir a tu fiesta", pero gritado desde la tierra del Edén con un megáfono, exigiendo además que despidan al "cadenero" por no dejarlo entrar a la fiesta..

Al final, entre tanta perorata sobre halcones, pandillas y complots mundiales, la verdadera crónica de hoy no es de política internacional, sino el retrato de un berrinche tremendo disfrazado de dignidad diplomática.

Qué tiempos estos, donde los "mártires" ya no pierden la libertad, sino el acceso a la fila rápida del Global Entry.

El Universal publica la lista  de políticos y funcionarios mexicanos a los que EU les ha retirado la visa; entre los implicados, destacan gobernadores de Baja California, Guerrero, Sonora y Tamaulipas

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Las columnas políticas hoy, viernes 14 de agosto de 2026

La lista negra de Luisa María

Bajo Reserva/ El Universal.

En la mira, así puso la propia consejera jurídica del Ejecutivo, Luisa María Alcalde, a periodistas, medios y ciudadanos a los que decidió incluir en un “ecosistema de amplificación digital” que difunde información para atacar al gobierno. Bajo el argumento de que su información y opiniones son tomadas, manipuladas y potenciadas por una red de bots, la funcionaria federal presentó un listado de nombres de periodistas y medios que nada tienen que ver con los personajes que ellos acusan de operar miles de cuentas creadas para amplificar mensajes antigobiernistas. Los medios y los periodistas verdaderos se dedican solo a hacer periodismo, análisis y opinión y sus nombres no deben ser utilizados por el gobierno para generar estigmatización, mucho menos en un país donde los asesinatos, las agresiones y la intimidación judicial de los periodistas son motivo de preocupación a nivel mundial. Las listas negras, doña Luisa, no generan nada bueno, solo violencia.

Alito, ¿antídoto contra caso Rocha Moya?

Nos cuentan que en el debate de esta semana en la Comisión Permanente del Congreso se dejó ver con toda claridad el “spin” que le está dando el oficialismo al tema de los gobernadores señalados de corrupción. Los morenistas y sus aliados se olvidaron ya de los exgobernadores de oposición presos en El Altiplano, Ernesto Ruffo y Ángel Aguirre, para enfocar sus baterías en Alejandro Moreno, senador, líder nacional del PRI y exgobernador de Campeche. Nos comentan que la andanada contra don Alito, quien enfrenta procesos judiciales en su estado, gobernado ahora por la morenista Layda Sansores, es una especie de antídoto contra el caso del gobernador con licencia de Sinaloa Rubén Rocha Moya, acusado en Estados Unidos de complicidad con el narcotráfico. Lo curioso, nos hacen ver, es que los opositores ya también se olvidaron de Ruffo y Aguirre.

Sección 22 se sale con la suya

Nos cuentan que la sección 22 de la CNTE se salió con la suya, después de reunirse ayer con la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional. Nos refieren que a la sección de la Coordinadora en Oaxaca le sirvió detener el paso de la jefa del Ejecutivo durante su gira por la entidad, puesto que le concedieron mil 300 nuevas plazas para el próximo ciclo escolar. Además, nos cuentan que se acordó revisar la situación de los maestros presos en sus jornadas de protestas. Eso sí, nos comentan, advirtieron que mantienen su demanda de abrogar la Ley del ISSSTE de 2007 y no descartaron más movilizaciones. Por más que los consientan, volverán a las andadas.

Hugo Eric, abusadillo

Nos cuentan que tras cumplirse ayer un mes de que el diputado Hugo Eric Flores rindió protesta como presidente del nuevo Partido PAZ, sigue dobleteando porque no ha salido de la bancada de Morena en San Lázaro. El coordinador guinda, Ricardo Monreal, desde el día siguiente a que don Hugo asumió como mandamás del nuevo satélite… perdón, partido, afirmó que pediría licencia en los siguientes días, pero parece que a él no le llegó el anuncio. Tal vez esté esperando a que termine el periodo de receso, o la Legislatura, ya se verá. Así que el diputado Flores es militante morenista, presidente de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados y líder nacional de su nuevo partido. Abusadillo, pues.

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Le cierran la pinza a Alito el bravucón/Raúl Rodríguez Cortés

El Universal

Cada día son más y más claras las señales de que el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas acabará en prisión.

No por las destructivas críticas que, conforme a su derecho, endereza cotidianamente al gobierno de Claudia Sheinbaum y a ella misma. Tampoco por liderar un partido que, aunque muy disminuido, es opositor. Ni siquiera por sus traicioneros viajes a Washington para solicitar la

El motejado Alito Moreno podría acabar en prisión por los latrocinios que presuntamente cometió -según acusación de la fiscalía de Campeche- cuando fue gobernador de ese estado entre 2015 y 2019, antes de que solicitara licencia para apoderarse de la dirigencia nacional del PRI y llevar al otrora partidazo a sus peores resultados electorales en 2022 y 2024.

El lunes y el martes de esta semana fueron detenidas dos personas relacionadas con las acusaciones de peculado y enriquecimiento ilícito que los fiscales anticorrupción de Campeche le han fincado a Moreno Cárdenas.

Se trata de Luis Antonio Espinosa Campos, aprehendido el 10 de agosto en la colonia Mixcoac de la CDMX y de Carlos Alberto Medina Hernández, capturado el 11 de agosto en la ciudad de Campeche.

Espinosa Campos es el contador de Emigdio Moreno Cárdenas, hermano de Alito, de quien es representante legal en varias empresas de las que es socio. La fiscalía Anticorrupción de Campeche sostiene que desvió recursos públicos mediante contratos con la televisora “Mayavisión”, presumiblemente una empresa fachada que fundó en 2016 y con la que se simularon pagos que fueron a parar a cuentas particulares. Se investigan pagos por 97 millones de pesos de los que al menos 36 millones carecen de evidencia documental que acredite servicios reales.

Medina Hernández era director de Comunicación Social del gobierno de Campeche, área de donde habrían salido los recursos públicos con los que se hicieron las operaciones simuladas relacionada con “Mayavisión”. Esta persona sustituyó en el cargo a Walter Olivera Valladares quien ya fue vinculado a proceso por peculado y uso indebido de atribuciones por el desvío de 16 millones de pesos destinados a publicidad gubernamental.

La fiscalía de Campeche acusa al líder priista y hoy senador Alejandro Moreno Cárdenas de peculado por el probable desvío durante su gobierno de 83 y medio millones de pesos y de enriquecimiento ilícito al detectar incompatibilidad entre sus ingresos y el crecimiento de su patrimonio.

La FGR, a su vez, lo investiga por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita mediante prestanombres y empresas fantasma, fraude fiscal y tráfico de influencias.

Desde 2022, cuando se le fincaron las primeras acusaciones, Moreno Cárdenas ha estado blindado por el fuero constitucional.

En la anterior legislatura, la sexagésima quinta, siendo él diputado, la Sección Instructora (encargada de validar un juicio político para desaforarlo y proceder penalmente contra él), estaba conformada por dos legisladores de Morena, uno del PAN y uno del PRI. El empate dos a dos en el número de votos frenó la procedencia.

En la actual, la sexagésima sexta, siendo Alito senador, Morena y su aliado el Verde han tenido mayoría de tres votos contra uno del PAN en la Sección Instructora. Sin embargo, quien la presidió todavía como diputado morenista, Hugo Erik Flores Cervantes, recurrió a todo tipo de pretextos y maniobras para no darle curso a la solicitud de juicio político.

Flores Cervantes ya renunció a Morena puesto que logró el registro provisional de un nuevo partido, PAZ, heredero de los extintos Encuentro Social y Encuentro Solidario que también él fundó.

Esto abre la puerta para que el juicio de desafuero contra el líder nacional del PRI se reactive tan pronto como en septiembre próximo con el inicio de un nuevo período ordinario de sesiones de la actual legislatura.

Dos morenistas son mencionados para presidir la Sección Instructora: el expresidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna y el muy cercano operador político de la presidenta Sheinbaum, Alfonso Ramírez Cuéllar, ambos con la consigna de avalar la procedencia de un juicio político contra Alito, para lo cual contarán con la mayoría de tres votos, los de los dos morenistas y el del Verde.

De este último partido el integrante de la Sección Instructora es Raúl Bolaños-Cacho Cué quien según se ha dicho presidirá la mesa directiva de la Cámara de Diputados durante el último año de la actual legislatura, en cumplimiento del acuerdo político de alternar esa posición cada año entre las tres principales fuerzas políticas del país.

Entre tanto, Layda Sansores, gobernadora de Campeche y pieza clave en las acusaciones contra su antecesor Moreno Cárdenas, ha causado malestar en el despacho principal del Palacio Nacional luego de que se difundieran fotografías de sus vacaciones en Madrid.

Este nuevo incumplimiento de la austeridad proclamada como principio fundacional de Morena abrió todas las opciones posibles respecto al futuro de Sansores en el contexto de los escándalos que han mermado la imagen del partido en el gobierno.

Instantáneas:

1. DESAFÍOS EN B.C. La elección del año que viene en Baja California tiene especial relevancia no solo por la coyuntura política del estado, sino por la complejidad de los retos medioambientales y urbanos que reclaman soluciones inmediatas en la frontera noroeste del país. En esa complejidad hay otros desafíos: la contaminación del río Tijuana, la pérdida de 45 por ciento del agua por fugas en la red hidráulica y el rezago en la infraestructura de saneamiento que persiste en municipios como Mexicali, Tecate, Ensenada, Valle de Guadalupe y San Quintín. Uno de los siete aspirantes a gobernar Baja California, Alfredo Álvarez Cárdenas acredita experiencia acumulada como secretario general de gobierno, delegado y diputado federal, además de su desempeño en el servicio exterior y el Poder Judicial. Álvarez ya tiene listo su plan maestro de gobierno. A ver.

2. COMUNICACIÓN Y ESTRATEGIA DIPLOMÁTICA. Ahora que México está sometido a la presión constante del gobierno de Donald Trump, conviene recordar que ha habido episodios en los que México ha sabido manejar esa compleja relación con sensibilidad, inteligencia y asertividad. Uno de ellos fue la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en los años noventa. El acuerdo se negoció entre funcionarios, pero se ganó también convenciendo a la sociedad estadounidense de que el tratado era conveniente para sus propios intereses. Detrás de su aprobación hubo un intenso esfuerzo de persuasión y diplomacia pública que está muy bien plasmado en el libro que acaba de publicar Antonio Ocaranza titulado “La comunicación como estrategia diplomática”. México entendió entonces que no bastaba con convencer a senadores y representantes en sus oficinas del Capitolio. El verdadero reto era lograr que, al regresar a sus estados y distritos electorales, encontraran un ambiente favorable al tratado que les permitiera sentirse políticamente seguros de aprobarlo, sin temor a ser castigados por sus electores en la siguiente elección. El texto plasma la experiencia de Ocaranza en las embajadas de México en Estados Unidos y Canadá, en la construcción de la imagen del México posterior al TLCAN desde la oficina del presidente Ernesto Zedillo y en el mundo corporativo durante su paso por empresas como Vitro y Walmart de México y Centroamérica.

En momentos en que la relación bilateral vuelve a estar marcada por la presión y la incertidumbre, “La comunicación como estrategia diplomática” recuerda varias cosas que México hizo muy bien en su relación con Estados Unidos y que todavía estamos a tiempo de recuperar.

3. DE RIVALES A ALIADOS. El cambio de tono en el diálogo Canadá-México es total, destacó Carlos Joaquín. De pedir hace unos años la expulsión de México del T-MEC, el gobierno de Ottawa hoy usa la estrategia mexicana frente a Washington “como guía, como ejemplo, como posibilidad de obtener resultados”. El embajador, quien está inmerso en la negociación arancelaria de Canadá con Estados Unidos dice que hay “gran cercanía” y contacto permanente. Su apuesta es que el T-MEC permanezca 10 años más con revisiones anuales, aunque consideró que la inversión entre ambos países “se va a dar con o sin T-MEC”. Mensaje directo para los agoreros de la ruptura.

4. LA CNTE EN PALACIO. Ayer jueves se reunieron en el Palacio Nacional la sección 22 de la CNTE y la presidenta Claudia Sheinbaum, el secretario de Educación, Mario Delgado y el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara. La sección oaxaqueña de la Coordinadora estuvo encabezada por su secretaria general, Yenny Araceli Pérez. El encuentro ocurrió luego de que Sheinbaum aceptara retomar el diálogo que se tensó debido a las constantes manifestaciones de la CNTE antes y durante el Mundial de Futbol 2026. La llamada disidencia magisterial regresó a la CDMX después del fracaso del boicot que pretendían hacer a los partidos del evento futbolístico. En la reunión de ayer se abordaron los temas de becas, uniformes y condiciones laborales. Tanto el gobierno federal como el estatal ratificaron su disposición a dialogar. La sección 22 de la CNTE parece dejar atrás el escándalo y la rijosidad para obtener dinero, al ver que mientras hacen movilizaciones y plantones, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) que encabeza Alfonso Cepeda, se enfoca a seguir obteniendo mejoras para el magisterio en las llamadas mesas de bilateralidad, espacios de diálogo institucional donde la SEP y la representación gremial atienden de manera conjunta asuntos importantes para las maestras y maestros.

5. Las obras para mejorar la infraestructura carretera en Guerrero avanzan en zonas secularmente olvidadas. Las gestiones de la gobernadora Evelyn Salgado han resultado en la rehabilitación de la carretera Iguala-Ciudad Altamirano con el apoyo del gobierno federal. Esta obra es considerada prioritaria para la región Tierra Caliente y beneficiará a los habitantes de los municipios de San Miguel Totolapan, Pungarabato, Cutzamala, Ajuchitlán del Progreso, Tlapehuala, Zirándaro, Coyuca de Catalán y Tlalchapa.

rrodriguezangular@hotmail.com

raulrodriguezcortes.com.mx

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Estrictamente Personal

Las listas del miedo/Raymundo Riva Palacio

El Financiero, 

La ‘4T’ está perdiendo la guerra cultural que inició el expresidente Andrés Manuel López Obrador. El régimen no ha sido derrotado y conserva la hegemonía política y el control de los instrumentos para mantener, cuando menos para las elecciones del próximo año, el poder. Sin embargo, el monopolio narrativo que conservó por casi ocho años está roto, al dejar de ser unilateral. La narrativa épica ya tiene una contranarrativa que ha llegado por el desgaste natural de ser gobierno, y por la fuerza, superior a la del obradorato, de la realidad.

El miércoles vimos el último caso de lo que parece cada vez más un acto de desesperación porque no logran cambiar el curso de la conversación en las redes sociales que durante tanto tiempo manipularon y dominaron, al presentar la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde –por fuera completamente de sus atribuciones legales–, lo que llamó “la anatomía de un ecosistema de amplificación digital” que opera contra la ‘4T’.

Enumeró a 54 comunicadores, periodistas y medios que, afirmó, originan los mensajes que llegan a una segunda “capa” de 32 políticos que “respaldan y politizan” esa información, para que de manera secuencial se trasladen los contenidos politizados a otras 34 cuentas, en la tercera “capa”, que llamó “bloque anónimo”, aunque no todas las cuentas que mencionó eran anónimas, y cuyo papel, aseguró, es el “ataque”. Son miles, millones de mensajes, con los que atacan todos los días, se quejó.

Alcalde sugirió que se trata de una conspiración en la que interactúan tres capas que, interpretando sus palabras, todos los días se ponen de acuerdo para escoger las temáticas para golpear al movimiento de López Obrador, a la presidenta y al gobierno. La representatividad de Alcalde significa que lo que dijo es la voz oficial, con el encargo de difundir decenas de nombres –la mayoría de fama pública–, colocándoles algo así como una marca para que todos sepan que son enemigos de la ‘4T’, como los nazis hicieron con los judíos. Diferentes objetivos, cierto, pero mismo método: estigmatizarlos y colocarles una diana en la frente.

El documento que presentó fue elaborado por Iván Silva, el estratega electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum y la persona más influyente en materia política y de comunicación en Palacio Nacional. Silva fue el autor intelectual de otro estudio de marras sobre la conspiración de la ultraderecha detrás de la marcha de la generación Z el año pasado, que le entregó a Alcalde un documento que explicó con afirmaciones que, según Carlos Piña, doctor en Ciencias de la Computación por la Universidad Essex, en el Reino Unido, y con una estancia posdoctoral en el Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas, lo que explicó, no era cierto, y lo que presentó no soportaba lo que dijo.

Esto no es nuevo con la ‘4T’, que lleva ocho años de propaganda alimentada por el arquitecto del odio del régimen, y quien metió a Silva al movimiento, Jesús Ramírez Cuevas, quien le dio estructura al discurso binario de López Obrador para emprender la guerra cultural, donde era el pueblo el que debía marchar sobre los privilegiados, los pobres sobre los ricos, los honestos sobre los corruptos, los fieles por encima de los infieles, los transformadores contra los conservadores.

La pareja López Obrador-Ramírez Cuevas utilizó lo que han hecho los populistas de derecha e izquierda, acelerar la polarización para conservar su identidad, exacerbando las contradicciones a través de la feroz batalla del régimen durante estos ocho años contra sus críticos, por la resiliencia de un puñado de políticos, activistas y de aquellos a quienes identifica como enemigos, medios y periodistas. La guerra cultural que emprendieron no consistía solo en ganar elecciones, sino en redefinir qué era moralmente legítimo en México.

El envión fue poderoso. Lograron imponer un lenguaje orwelliano donde criticar al gobierno era ser conservador, neoliberal y antipueblo. La defensa de órganos autónomos, contrapesos y libertades era un quejido por la pérdida de privilegios. Pero la fuerza de la realidad comenzó a hacer la narrativa menos eficaz: el fracaso de las megaobras de López Obrador, la corrupción de sus cercanos, la vinculación con el crimen organizado de sus incondicionales, sus hijos, sus títeres, los muertos, la ingobernabilidad, la economía que sigue deteriorándose, el deterioro institucional, la incompetencia y la ignorancia de muchos militantes le fue quitando peso a la narrativa del régimen y mostró sus contradicciones.

Las listas que dio a conocer Alcalde no son la anatomía del ecosistema digital sino del miedo, porque el reflejo de la realidad que exhiben no se detendrá. Existe una gran preocupación en Palacio Nacional, la mayor quizás, porque no han podido revertir la percepción en la ciudadanía de que Morena está asociada con el crimen organizado, ni logrado neutralizar las etiquetas en las redes sociales que se han hecho populares, como #narcogobierno, narcoMorena y #narcopresidente. Pero, ¿cómo cambiar la percepción de ello si persiste el encubrimiento del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya?

Llama la atención, en este contexto, que la operación para desmontar la información y crítica de medios y periodistas tenga como inspiradores a Silva y Ramírez Cuevas, muy cercanos al controvertido gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, y presuntamente vinculados al crimen organizado por la vía del Rey del huachicol, Sergio Carmona, quien de acuerdo con funcionarios mexicanos y estadounidenses, les entregó dinero y flotillas de automóviles compactos blancos para las elecciones intermedias de 2021.

Subir a decenas de personas al patíbulo no cambiará las cosas, porque no depende de los individuos sino de las acciones de la ‘4T’. La publicación de las listas no fue una iniciativa para desmontar un complot global, sino para amedrentar a algunos e inhibir a otros, en búsqueda de la autocensura, porque el monopolio narrativo que impuso López Obrador en su sexenio y no pudo mantener Sheinbaum está provocando pérdidas en la guerra cultural. Viejos caballos de batalla en el relato, las virtudes de los programas sociales, el nacionalismo económico, o fanfarronerías como decirse amados y respetados en el mundo, han ido cediendo, quizás inconcientemente, a otro discurso dominante, el del no somos narcos.

Esta pérdida de terreno le ha quitado puntos de popularidad a Sheinbaum, pero sobre todo, le empieza a arrebatar la interpretación de México, que podría significar el fin de la hegemonía de Morena, y su poder.

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La captura del operador del Niño Verde y la guerra por Quintana Roo/Mario Maldonado

El Universal, 

La detención de Raúl Piña Horta, uno de los hombres más cercanos a Jorge Emilio González, el “Niño Verde”, desató un escándalo que rebasa por mucho los verificentros del Estado de México. El exdirector general de Prevención y Control de la Contaminación Atmosférica fue vinculado a proceso por su presunta participación en una red que, según la Fiscalía mexiquense, obtenía decenas de millones de pesos mensuales mediante extorsiones, amenazas y despojos contra concesionarios. Sin embargo, en las cúpulas de Morena y el Partido Verde la captura se interpreta como un mensaje político dirigido al verdadero jefe de Piña.

Fuentes que los conocen desde hace décadas aseguran que Piña Horta y Jorge Emilio son tan cercanos que llegaron a compartir domicilio y construyeron una amistad íntima que se mantiene hasta ahora. Piña fue secretario particular del Niño Verde, diputado federal del PVEM e integrante de los órganos de dirección y justicia del partido. Su nombramiento en el gobierno de Delfina Gómez, en octubre de 2023, formó parte de las cuotas entregadas al Verde después de la alianza que permitió a Morena conquistar el Estado de México.

La investigación establece que Piña Horta y Carlos Eduardo Solares Vega exigían cuotas a propietarios de verificentros para permitirles operar, evitar el cierre de líneas y garantizar la revalidación de sus autorizaciones. Las denuncias hablan de pagos mensuales de entre 100 mil y 250 mil pesos en 145 establecimientos, además de una cuota extraordinaria de 500 mil pesos por cada carril de verificación. El objetivo de esta última operación habría sido recaudar hasta 435 millones de pesos antes de la renovación de permisos para 2027.

Los empresarios denunciantes identificaron a Piña Horta, a dirigentes y operadores del Verde, y aseguraron que las exigencias económicas se justificaban como instrucciones de Jorge Emilio González. Fuentes cercanas a la investigación sostienen que una línea pendiente es determinar si parte de esos recursos terminaba financiando estructuras o actividades políticas del PVEM.

La captura de Piña coincide con la tensión entre Morena y el Verde por la sucesión en Quintana Roo. Jorge Emilio, la gobernadora Mara Lezama y su grupo impulsan al senador Eugenio “Gino” Segura para 2027. El obradorismo, en cambio, promueve a Rafael Marín Mollinedo, fundador de Morena en el estado, exdirector de Aduanas y personaje cercano a López Obrador y a sus hijos.

La confrontación escaló con la investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad sobre Alejandro Enrique Arcos Romero, a quien identifican como uno de los presuntos operadores financieros de la organización encabezada por Florian Tudor, conocido como el “Tiburón” y señalado como líder de la mafia rumana que operó en la Riviera Maya.

Pese a esos antecedentes, Arcos se incorporó a la Agencia Nacional de Aduanas durante la primera gestión de Marín Mollinedo. Documentos oficiales lo colocan en la oficina del titular y en el acto de entrega-recepción con Horacio Duarte. Actualmente aparece de manera recurrente en actos de promoción de Marín en Quintana Roo y hasta tramitó ante el IMPI la marca “Rafa Marín”. El aspirante morenista reconoció que Arcos participa como voluntario en su proyecto y pidió que sea investigado, aunque rechazó cualquier responsabilidad personal. No existe, hasta ahora, una acusación formal que vincule directamente a Marín con la organización de Tudor.

En el entorno de Marín atribuyen las revelaciones al aparato político del Verde y las consideran parte de la guerra para impedir que sea candidato. La respuesta, según fuentes de ambos partidos, habría llegado desde el Estado de México con la detención del hombre más próximo al Niño Verde. El mensaje sería que Morena también posee expedientes, capacidad de investigación y control institucional para elevar el costo de la disputa por Quintana Roo.

Horacio Duarte, secretario general de Gobierno y antiguo director de Aduanas, conserva interlocución con Marín y forma parte del grupo cercano a los hijos de López Obrador.

Así que la caída de Raúl Piña Horta puede ser el resultado de una investigación legítima y, simultáneamente, convertirse en instrumento de presión política. Si la Fiscalía sigue la ruta del dinero, establecerá si el esquema terminaba en bolsillos de funcionarios o alimentaba una estructura superior.

Por lo pronto, a Jorge Emilio González lo tienen contra la pared, de cara a las alianzas que deberá firmar para las elecciones del 2027.

Posdata 1

Nuevo pleito en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ahora por el presupuesto del próximo año. El máximo tribunal solicitó 6 mil 104 millones de pesos, cifra que representa un incremento de 17.2% frente a los 5 mil 208 millones autorizados para este año, aunque no todos los ministros estuvieron de acuerdo. El aumento aún deberá pasar por el Órgano de Administración Judicial y la Cámara de Diputados, pero fue avalado por el Pleno desde el pasado 6 de agosto.

La ministra Lenia Batres votó en contra y exhibió uno de los componentes más controvertidos del anteproyecto: la restitución del seguro de gastos médicos mayores para más de 300 servidores públicos, entre mandos medios y superiores. También reclamó que siguen pendientes la reducción de las pensiones de ministros en retiro —cuyo excedente calcula en más de 54 millones de pesos— y la eliminación de las plazas asignadas a exintegrantes de la Corte, que representarían otros 39 millones.

El argumento de la mayoría es que el incremento permitiría recuperar los 661 millones de pesos que la Cámara de Diputados recortó al presupuesto solicitado para 2026. El problema es que la Corte surgida de la reforma judicial prometió ser menos costosa que la anterior.

La disputa ya provocó una fractura dentro del Pleno. Batres sostuvo que su postura generó una “animadversión insana” entre sus compañeros; los demás ministros rechazaron que sus diferencias jurídicas respondan a una represalia. Así de pesado se llevan en la Corte.

Posdata 2

Después de meses de bloqueos, plantones y desencuentros, la Sección 22 de la CNTE regresó a Palacio Nacional para reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum, el secretario de Educación, Mario Delgado, y el gobernador Salomón Jara. Fue la primera mesa formal y ordenada entre las partes después de la escalada de protestas; un encuentro que el gobernador oaxaqueño ayudó a construir y que tendrá seguimiento el próximo 3 de septiembre.

Los dirigentes de la Sección 22 llegaron con una actitud que fue calificada de “madura”. En términos políticos, el cambio de tono revela que la estrategia de movilizaciones perdió capacidad de presión frente a una Presidenta que se negó a negociar bajo bloqueos y mantuvo acotada la reunión a los problemas educativos de Oaxaca, no a la agenda nacional de la Coordinadora. Las marchas y los intentos por interceptarla durante sus giras no consiguieron modificar esa posición.

La reunión produjo acuerdos concretos: la autorización de más de mil plazas, recategorizaciones, horas adicionales, pagos pendientes y nuevos apoyos para uniformes escolares. También se revisaron casos judiciales derivados de protestas contra la reforma educativa. Es decir, el gobierno abrió una ruta para resolver asuntos laborales y educativos, pero sin entregar a la CNTE el control político de la negociación ni aceptar su exigencia central de abrogar la Ley del ISSSTE de 2007.

El contraste está en el SNTE, encabezado por Alfonso Cepeda, que mantiene una interlocución permanente con la SEP y ha retomado las mesas bilaterales para atender basificaciones, cambios de adscripción, compactación de plazas, promociones y prestaciones. El sindicato sostiene que en los últimos siete años se otorgó certeza laboral a un millón 150 mil trabajadores de la educación. Así que mientras el SNTE procesa sus demandas en mesas institucionales y sus maestros preparan el nuevo ciclo escolar, la CNTE terminó aceptando el diálogo que durante meses pretendió sustituir con presión callejera.

Posdata 3

Empresas Trafalgar nombró a Carlos Septién Michel como director general del grupo, que integra una Sociedad Financiera Popular y TRF Casa de Bolsa. Su encomienda será coordinar ambas operaciones y encabezar una nueva etapa de expansión, transformación tecnológica e institucionalización de la firma fundada en 1996 por Porfirio Sánchez Talavera.

Septién Michel acumula más de 45 años de experiencia directiva, tres décadas de ellos como director general y vicepresidente en compañías de los sectores financiero y de salud. Es ingeniero industrial por la Universidad Iberoamericana y tiene una maestría en Administración de Empresas por Purdue University. Su trayectoria incluye procesos de expansión, estrategias de financiamiento y desarrollo de nuevos modelos de negocio.

La apuesta de Trafalgar consiste en integrar en una misma plataforma las soluciones de liquidez de su Sofipo y los servicios de inversión y administración patrimonial de su casa de bolsa. El objetivo es acompañar a pequeñas y medianas empresas, emprendedores e inversionistas conforme aumenten y se vuelvan más complejas sus necesidades financieras.

Posdata 4

Estados Unidos reanudó por completo las actividades de su personal en Michoacán relacionadas con la inspección y exportación de aguacate, después de evaluar las medidas de seguridad implementadas por el gobierno mexicano. El embajador Ronald Johnson reconoció el trabajo del Gabinete de Seguridad para restablecer las operaciones suspendidas y evitar un golpe mayor a una industria que depende del mercado estadounidense.

La decisión, empero, no modificó la evaluación de riesgo sobre la entidad. Michoacán permanece en el nivel 4 de la alerta de viaje del Departamento de Estado —“no viajar”— por la violencia y la actividad criminal. Estados Unidos considera que existen condiciones para que sus inspectores trabajen bajo un esquema reforzado de protección, pero no que el estado sea seguro.

La reapertura representa un éxito de las gestiones encabezadas por Omar García Harfuch, pero no resuelve la extorsión, el cobro de piso, el control criminal de huertas y empacadoras ni los problemas de trazabilidad que rodean al aguacate. El comercio se restableció porque México ofreció garantías específicas al personal estadounidense; la seguridad de productores, transportistas y habitantes de Michoacán sigue pendiente.

@MarioMal

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¿Quién mató a Héctor Melesio Cuén Ojeda?/ Alfonso Pérez Daza

EL UNIVERSAL | 14/08/2026 |

Han trascurrido más de dos años sin que se resuelva el homicidio de Héctor Melesio Cuén Ojeda, quien fuera Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa. El hecho presuntamente ocurrió en la finca de Huertos del Pedregal,en Culiacán, Sinaloa, por lo que el delito originalmente era competencia de la Fiscalía General de ese estado. Sin embargo, las autoridades encargadas de esa investigación fueron acusadas de montar una versión falsa de los hechos y del lugar donde supuestamente el exrector fue herido por arma de fuego. La Fiscalía oficialmente informó que su deceso derivó de un intento de asalto en una gasolinera, pero fueron desmentidos por el propio Ismael El Mayo Zambada, quien mediante una carta, que publicaron diversos medios de comunicación, aclaró lo sucedido.

Por esa razón, la Fiscalía General de la República ejerció su facultad para atraer esa investigación en la que de alguna forma está implicado el gobernador del estado de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. No es la primera vez que se acusa la intervención de un gobernador para ejercer presión sobre la Fiscalía del Estado con el fin de encubrir un hecho delictivo. En otras ocasiones hemos referido que, en la práctica, las fiscalías no gozan de plena autonomía en ciertos asuntos.

Dámaso López Saavedra, exvicefiscal del Estado de Sinaloa, se encargó de las primeras diligencias de la investigación del homicidio de Héctor Melesio Cuén Ojeda y ahora sabemos que el Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo pública una acusación formal contra él por su presunta colaboración para proteger al Cártel de Sinaloa y ayudarlos a introducir a Estados Unidos diversas drogas. Por ese motivo se solicitó su extradición junto con otros funcionarios de Sinaloa, incluido el gobernador con licencia, Rocha Moya.

Ahora el dilema es el mismo: la FGR actuará hasta las últimas consecuencias “caiga quien caiga”, o evitará documentar la verdad de los hechos por razones políticas o de intereses personales, como sucedió en la Fiscalía General del Estado de Sinaloa. Si bien el gobernador Rocha Moya declaró públicamente que el 25 de julio de 2024, día en que presuntamente se asesinó al exrector, fue a Estados Unidos a visitar a unos familiares, legalmente es posible que se acredite su participación en ese homicidio. Los abogados saben que hay distintas formas de responsabilidad penal además de la de autor material.

No sabemos si existen pruebas en su contra, pero esta semana el periodista Raymundo Riva Palacio dio a conocer en su columna que “el gobierno de Estados Unidos informó que el Departamento de Justicia está ampliando las acusaciones en su contra para incluir el asesinato del diputado federal Héctor Melesio Cuén, con quien tenía un viejo diferendo, donde vincularían el crimen con el delito de conspiración para distribuir y comercializar droga en Estados Unidos”.

Se trata, sin duda, de un asunto de alto nivel que compromete a las instituciones de procuración de justicia mexicanas a dos años de haber sucedido. ¿Tendrán las autoridades estadounidenses la capacidad de resolver un crimen que se cometió en nuestro país antes de que lo haga la Fiscalía General de la República?

Académico de la UNAM