Ministros de Justicia

Francisco Blake, Secretario de Gobernación en la XVII Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos

México, D.F., 21/10/2010

Muy buenos días a todas y a todos.

Saludo con aprecio al licenciado Arturo Chávez Chávez, Procurador General de la República;

Al embajador Rubén Beltrán, Subsecretario para América Latina y el Caribe, en representación de la embajadora Patricia Espinosa, Secretaria de Relaciones Exteriores;

También saludo con aprecio al doctor Víctor Moreno Catena, Secretario General de la Conferencia de Ministros de Justicia de los países Iberoamericanos;

Subprocurador Jorge Alberto Lara Rivera y a la Maestra Maricela Morales;

A los estimados Ministros y Viceministros que hoy aquí nos acompañan;

A los funcionarios federales, a los asistentes y a todos los medios de información:

Es un honor para mí asistir en representación del Presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, a la inauguración de esta XVII Reunión Plenaria de la Conferencia de Ministros de Justicia.

Desde el inicio de su gobierno, el Presidente Felipe Calderón estableció como una de las prioridades de su Administración el fortalecimiento de las instituciones democráticas, bajo el entendimiento que un país con instituciones débiles no puede ofrecer ni crecimiento económico, ni derechos humanos, ni seguridad, ni libertades plenas a sus ciudadanos.

Si bien el país había avanzado durante las últimas dos décadas en materia de democracia electoral, aunque perfectibles por supuesto, con mejores instituciones; era necesario profundizar en el diseño de las instituciones que permitan fortalecer la gobernabilidad democrática como pilar fundamental del desarrollo del país.

En tal sentido, se plantearon diversas reformas a las instituciones dentro de las responsabilidades constitucionales que tiene el Estado para que, más allá del gobierno en turno, el país pudiera hacer frente a los distintos retos que la dinámica nacional e internacional le impone.

Y una de estas, quizás, estoy seguro, la más esencial y fundamental tarea del Estado, es proveer precisamente la seguridad y la justicia que garanticen el desarrollo y la convivencia armónica de sus ciudadanos.

No fue esto, desde luego, emprender una tarea menor, pues dadas las circunstancias de evolución de la criminalidad y el fortalecimiento de grupos del crimen organizado a lo largo de varias décadas, representan y aún presenta un desafío a las autoridades.

Sin embargo, con determinación y bajo el principio de que no hay mayor poder legítimo que el Estado democrático, se inició, entre otras grandes reformas en el actual sexenio, la transformación absoluta de las instituciones de seguridad y justicia en nuestro país.

Así se inició. Aprendiendo, por supuesto, de experiencias de otros países como el de ustedes, con el diseño de una estrategia integral contra el crimen que fortaleciera no sólo a los cuerpos de seguridad, sino que creara conciencia en la sociedad de avanzar hacia una cultura de seguridad, de la justicia y de la legalidad. Y en este tránsito hacia una mejor sociedad ha sido claro que el involucramiento de los ciudadanos y sus organizaciones han sido siempre el punto de partida y el de llegada, donde su actuación ha sido y será determinante para avanzar contra el crimen.

Por eso, el Presidente de la República ha convocado a la ciudadanía a diversos diálogos que han arrojado como resultado, por ejemplo, la visión de una política de Estado, el fortalecimiento institucional de mandos policiales, la prevención del delito, la transparencia de la información y rendición de cuentas y, por supuesto, el fortalecimiento de la participación ciudadana.

En este marco iniciamos una gran reforma, por supuesto como lo ha dicho aquí y mencionado el señor Procurador,  de justicia penal que está en marcha en todo el país y que ha permitido darle transparencia y mayor objetividad a los procesos penales, tanto del fuero común, como del fuero federal.

Estamos pasando en una comisión de implementación de un sistema de justicia inquisitorio a un acusatorio adversarial cuyos principios básicos, como ustedes bien lo saben, es la oralidad, la publicidad, la continuidad, la inmediación, la concentración y la transparencia. Todo esto, por supuesto, a favor de los justiciables.

Iniciamos y hemos alcanzado el fortalecimiento y profesionalización, por ejemplo, de la Policía Federal, como el inicio para atender no sólo las necesidades emergentes de la Federación y los estados, sino como parte de un nuevo sistema de policía certificada con operación inteligente y mandos regionales.

Hemos avanzado también en la modernización del Sistema Penitenciario Estatal y Federal en todo el país, con mejores instalaciones y sistemas de control sobre reos y mecanismos de readaptación social. Por supuesto, hace falta todavía trabajar mucho en ello, en el sistema penitenciario. Y esta mayor fortaleza de las instituciones de seguridad ha sido respaldada, no sólo en mayores recursos financieros que no han tenido precedente en la historia de nuestro país, sino en el ramo y en la complementada adecuación del marco legal de actuaciones de la misma.

En este sentido, en la actual Administración federal, con el concurso de los otros poderes del Estado, del Poder Legislativo; de la propia disposición y apertura del Poder Judicial, hemos reformado y promulgado nuevas leyes, como por ejemplo la Ley de Seguridad Pública y el Sistema Nacional de Seguridad; la Ley contra la Delincuencia Organizada, que fue un tema fundamental también en nuestro país; la Ley Antisecuestro, recientemente aprobada apenas hace unos días, reforzada en nuestro Congreso con una gran participación también de la sociedad; la Ley de Extinción de Dominio, que sigue siendo reforzada en algunos capítulos fundamentales; la Ley de Seguridad Nacional, que hoy se discute por ejemplo en la Cámara de Diputados ante la presencia de las Fuerzas Armadas, también de nuestro país, que hacen una gran labor y una gran lucha en nuestro propósito de recuperar mejores niveles de seguridad y tranquilidad y; recientemente enviada también al Senado de la República, para dar en el corazón financiero de las estructuras del crimen, la iniciativa contra lavado de dinero y el terrorismo, así como la iniciativa de Mando Único Policial.

Esos dos instrumentos hoy son motivo de discusión y análisis. Tan sólo pongo el ejemplo de hace unos días en el estado de Baja California, el más importante e histórico que ha marcado en tipo de droga, mariguana empaquetada para comercializar, más de 135 toneladas que seguramente representan muchos miles de millones de pesos y que por eso es importante trabajar también en el debilitamiento de las estructuras financieras y en el poderío que tiene el crimen organizado.

Como pueden ver, a parte de las contingencias propias de ésta, y sin mencionar los amplios  esfuerzos dedicados a la prevención de las nuevas generaciones, que también se están trabajando, nuestra agenda contra el crimen y a favor de la seguridad de las personas con mejores instituciones y mejores leyes es vasta y profunda.

Todo ello sin embargo, lo sé, el esfuerzo siempre valdrá la pena. Toda democracia que se precie de serlo debe atender su estructura jurídica e institucional, como el marco sobre el cual se teje la vida de la comunidad y de la gobernabilidad. Sólo así podemos garantizar el ejercicio de libertades individuales, además de otorgar las garantías jurídicas a la inversión, a la innovación y a la propiedad, que son la base para el despegue de una sociedad.

Por eso, me complace sinceramente que la sesión de esta Conferencia se lleve a cabo en nuestro país, pues los espacios de discusión de las experiencias internacionales en materia de justicia abonan -sin duda- al entendimiento de los fenómenos criminales y de su solución, siendo también un instrumento invaluable para los avances en la eficacia de nuestra labor y en la cooperación entre los países hermanos.

Tenemos que aprender acerca de la justicia, tenemos que aprender a acercar la justicia a la ciudadanía. Y esto -como ustedes saben- se logra no solamente mediante un acceso más difundido de los instrumentos jurídicos, sino adecuando las tecnologías de información al uso ciudadano de las instituciones en su interés. La evolución tecnológica ha mostrado un ritmo acelerado en las últimas décadas y nosotros tenemos el reto de adecuar nuestras instituciones a este dinamismo para mantener un contacto directo y permanente con sus beneficiarios. 

Sé también que otro tema de la Conferencia que ocupará esta sesión será la violencia de género, que en países latinoamericanos ha implicado, a veces, romper barreras culturales que impedían el acceso equitativo a derechos fundamentales entre hombres y mujeres. Las mujeres como grupo vulnerable en muchos sentidos cuentan hoy, también, con una desventaja frente al acceso a la justicia. Muchas veces son víctimas de dinámicas familiares que perpetúan la violencia en su contra, que establecen modelos disparejos en las relaciones y que propician dinámicas discriminatorias.

Tenemos también frente a nosotros a fenómenos delictivos regionales que se han acentuado a través de organizaciones delictivas, como son particularmente el secuestro y tráfico de personas, sin duda uno de los flagelos más lacerantes de las actividades delictivas transnacionales.

Hace apenas aquí unas semanas trabajamos también con los ministros del interior de muchos países, cuyos propósitos y acuerdos fueron fundamentales en esta importante labor.

Yo tengo la certeza que estos y otros grandes retos de la seguridad y la justicia en nuestros países, habremos de superarlos si seguimos actuando con determinación en nuestras estrategias, las cuales habrán de renovarse con el concurso de la sociedad y  a partir de foros de intercambio trascendente como el que hoy aquí se realiza.

Señoras y señores ministros:

El principio fundamental de toda democracia es la igualdad y equidad de sus ciudadanos en un marco de seguridad que les garantice el goce de sus derechos y el despliegue de sus obligaciones.

No hay libertad sin seguridad.

Por ello, debemos avanzar hacia una democracia funcional, con instituciones de seguridad y justicia sólidas, capaces de proveer los instrumentos y el aliento necesario para enfrentar el mayor reto en la modernidad que tiene el Estado y la sociedad de nuestros días.

Deseo, finalmente, que los resultados de esta XVII Reunión Plenaria de la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos cubra cabalmente la expectativa que ha despertado entre todos ustedes y sus países.

En seguida, daremos la declaración de inauguración por lo que solicito ponerse de pie.

A nombre del Presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa y siendo las 10 horas con 58 minutos del 21 de octubre de 2010, declaro formalmente inaugurada la XVII Reunión Plenaria de la Conferencia de Ministros de Justicia, abrigando la seguridad de que los propósitos de la misma serán plenamente alcanzados.

Bienvenidos, enhorabuena y muchas felicidades