Revisan dilación en caso Granados Chapa
Jenaro Villamil, Carlos Monsiváis, Carmen Aristegui y José Gutiérrez Vivó, entre otros, acompañaron a los demandados.
Jenaro Villamil, Carlos Monsiváis, Carmen Aristegui y José Gutiérrez Vivó, entre otros, acompañaron a los demandados.
Nota de Abel Barajas
Reforma (http://www.reforma.com/)
Ciudad de México (19 de agosto de 2008).- Edgar Elías Azar, presidente del Tribunal Superior de Justicia del DF, informó que el Consejo de la Judicatura capitalino revisará el expediente de la demanda por daño moral presentado contra el periodista Miguel Ángel Granados Chapa, para establecer si existe dilación en el caso.
Ciudad de México (19 de agosto de 2008).- Edgar Elías Azar, presidente del Tribunal Superior de Justicia del DF, informó que el Consejo de la Judicatura capitalino revisará el expediente de la demanda por daño moral presentado contra el periodista Miguel Ángel Granados Chapa, para establecer si existe dilación en el caso.
El hoy diputado federal del PRI, Gerardo Sosa Castelán, demandó desde el 4 de agosto de 2004 a Alfredo Rivera Flores y Granados Chapa, porque presuntamente le causaron un daño moral con la publicación del libro "La Sosa Nostra. Porrismo y gobierno coludidos en Hidalgo", del que el primero es autor y el segundo el prologuista.
A 4 años con 15 días de iniciado el litigio y más de mil 500 fojas de por medio, el Juez Vigésimo Noveno de lo Civil del DF, Miguel Ángel Robles Villegas, no ha emitido aun la sentencia y le restan todavía varias diligencias por desahogar en el procedimiento 638/04.En breve entrevista, el magistrado Elías Azar dijo que la Comisión de Disciplina Judicial será la responsable de verificar las actuaciones, aunque no quiso entrar en detalles ni señalar a los probables responsables de retrasar este juicio de carácter civil."Hoy mismo voy a solicitar que se lleve ese expediente a la Comisión", advirtió ayer.
Perla Gómez Gallardo, la abogada de Granados Chapa, acusó ayer a la defensa del legislador priista, encabezada por Verónica Castro Halbeica, de alargar el juicio mediante solicitudes de pruebas desvinculadas del caso, aunque también responsabilizó a la autoridad jurisdiccional."A través de 'chicanas' tenemos un proceso de 4 años en el cual no se ve una solución. Lamentablemente es por parte de la contraparte (la dilación), pero bajo el auspicio de un Poder Judicial que no responde adecuadamente a esta situación y no estamos hablando solo de este caso.
"Si empezamos a hablar sobre la revisión crítica del Poder Judicial ¿cuánto se tarda un juicio para darle una sentencia certera a un demandado?", cuestionó la litigante.
En este asunto también están demandados las editoriales Miguel Ángel Porrúa y Libraria, la primera por publicar el libro y la segunda por realizar la tipografía.Sosa también incluyó en su demanda al diseñador de la portada Enrique Garnica Ortega y hasta a Héctor Rubio Traspeña, el fotógrafo que capturó el retrato del autor que aparece en la contraportada del libro.
El periodista Alfredo Rivera Flores comentó que en su texto únicamente se limita a narrar el papel de la Federación de Estudiantes Universitarios de la Universidad Autónoma de Hidalgo, sobre la que dijo que Sosa construyó su carrera política, al haberla presidido.
Granados Chapa y Rivera comparecieron ayer por la mañana ante el Juez Vigésimo Noveno de lo Civil, para la realización de la junta de peritos, donde se presentaron unos exámenes psicológicos practicados a los periodistas, con los que Sosa pretende probar la intención de un daño moral.
Los demandados fueron acompañados en la diligencia por una veintena de personalidades como Carlos Monsiváis, los comunicadores Rafael Rodríguez Carmen Aristegui y José Gutiérrez Vivó, la ex contralora capitalina Clara Jusidman, el abogado Javier Quijano y el director de la Fundación Manuel Buendía, Omar Martínez.
"Hay un interés sorprendente en este asunto, me llama mucho la atención", dijo el juez Robles al iniciar la audiencia. "¿Su nombre cuál es, por favor?", le preguntó al autor de Plaza Pública.
A media diligencia, que se extendió a 2 horas y media, Robles pidió a Javier Quijano abandonar el juzgado, por interrumpir la audiencia en forma reiterada. Quijano atendió la petición.
Granados Chapa señaló en la diligencia que la defensa de Sosa hizo mal uso de sus datos personales y familiares, al incluirlos sin su autorización en el dictamen psicológico que le practicaron. El próximo lunes, los demandados volverán a comparecer.
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Acoso a Granados Chapa/Javier Corral
En El Universal( http://www.eluniversal.com.mx/) 19 de agosto de 2008
Toda persona tiene legítimo derecho de buscar resarcir su imagen, limpiar su honor o defender su buen nombre cuando sienta y pruebe que una información le agravia. La justicia debe ser expedita siempre y, en un supuesto como el anterior, rigurosamente cumplida.
Pero nadie que reclame para sí una intachable reputación tiene derecho a aprovecharse de los vacíos legales y las contradicciones legislativas para convertir un proceso judicial en un simple acto de molestia, de acoso, o lo que es peor, de intimidación a la libertad de expresión; mucho menos, fincarse en la dilación y en la negligencia de los juzgadores para vencer por la vía de la “fatiga procesal”. Cuando los jueces dejan correr del tiempo puede volverse simplemente irreparable el daño, en caso de que existiere, y ese mismo transcurrir puede constituirse en una de las formas más deplorables de inhibir el derecho a la libertad de información.
Por eso es tan reprochable la conducta observada por el juez 39 de lo civil para el DF, Miguel Ángel Robles Villegas, que se ha tomado ¡cuatro años! en el desahogo de la demanda que por daño moral interpuso el diputado federal del PRI, Gerardo Sosa Castelán, en contra de los que participaron en la elaboración, diseño, edición e impresión del libro La Sosa nostra: gobierno y porrismo coludidos en Hidalgo, que documenta los manejos del legislador cuando éste era rector de la Universidad Autónoma de Hidalgo. Entre los demandados, además del autor de la obra, Alfredo Rivera Flores, está el fotógrafo Héctor Rubio Traspeña, y quien la prologó, Miguel Ángel Granados Chapa, el periodista más completo ética y profesionalmente del país.
Sin emitir sentencia alguna, el juez ha mantenido en primera instancia el juicio desde agosto de 2004 hasta la fecha, y de esta manera ya ha convertido el proceso en un auténtico castigo para los demandados. No sólo por la lentitud con que obra, sino por algunas medidas absurdas en la instrucción del juicio: se llevó más de dos años emplazar a los demandados, se han desechado sin razón pruebas fundamentales para la defensa y se han aceptado pruebas inadecuadas de la parte actora como periciales en sicología a cargo de los demandados, que no tienen ninguna relevancia en juicios de esta naturaleza. También se ha recurrido a otros absurdos procesales como haber acusado a la abogada defensora de falsificar su propia firma.
Nadie niega que Sosa Castelán tenga en la ley acreditado el derecho a reclamar la reparación de un posible daño moral; por los elementos que conozco podría afirmar que no le asiste la razón, así ofrezca tres testigos de la altísima consideración que de sí mismo tiene. De lo que casi no tengo duda es de que más que una batalla judicial por defender su nombre, ha planteado un acoso en contra de comunicadores libres, y ha encontrado un juez a modo.
Profesor de la FCPyS de la UNAM
Toda persona tiene legítimo derecho de buscar resarcir su imagen, limpiar su honor o defender su buen nombre cuando sienta y pruebe que una información le agravia. La justicia debe ser expedita siempre y, en un supuesto como el anterior, rigurosamente cumplida.
Pero nadie que reclame para sí una intachable reputación tiene derecho a aprovecharse de los vacíos legales y las contradicciones legislativas para convertir un proceso judicial en un simple acto de molestia, de acoso, o lo que es peor, de intimidación a la libertad de expresión; mucho menos, fincarse en la dilación y en la negligencia de los juzgadores para vencer por la vía de la “fatiga procesal”. Cuando los jueces dejan correr del tiempo puede volverse simplemente irreparable el daño, en caso de que existiere, y ese mismo transcurrir puede constituirse en una de las formas más deplorables de inhibir el derecho a la libertad de información.
Por eso es tan reprochable la conducta observada por el juez 39 de lo civil para el DF, Miguel Ángel Robles Villegas, que se ha tomado ¡cuatro años! en el desahogo de la demanda que por daño moral interpuso el diputado federal del PRI, Gerardo Sosa Castelán, en contra de los que participaron en la elaboración, diseño, edición e impresión del libro La Sosa nostra: gobierno y porrismo coludidos en Hidalgo, que documenta los manejos del legislador cuando éste era rector de la Universidad Autónoma de Hidalgo. Entre los demandados, además del autor de la obra, Alfredo Rivera Flores, está el fotógrafo Héctor Rubio Traspeña, y quien la prologó, Miguel Ángel Granados Chapa, el periodista más completo ética y profesionalmente del país.
Sin emitir sentencia alguna, el juez ha mantenido en primera instancia el juicio desde agosto de 2004 hasta la fecha, y de esta manera ya ha convertido el proceso en un auténtico castigo para los demandados. No sólo por la lentitud con que obra, sino por algunas medidas absurdas en la instrucción del juicio: se llevó más de dos años emplazar a los demandados, se han desechado sin razón pruebas fundamentales para la defensa y se han aceptado pruebas inadecuadas de la parte actora como periciales en sicología a cargo de los demandados, que no tienen ninguna relevancia en juicios de esta naturaleza. También se ha recurrido a otros absurdos procesales como haber acusado a la abogada defensora de falsificar su propia firma.
Nadie niega que Sosa Castelán tenga en la ley acreditado el derecho a reclamar la reparación de un posible daño moral; por los elementos que conozco podría afirmar que no le asiste la razón, así ofrezca tres testigos de la altísima consideración que de sí mismo tiene. De lo que casi no tengo duda es de que más que una batalla judicial por defender su nombre, ha planteado un acoso en contra de comunicadores libres, y ha encontrado un juez a modo.
Profesor de la FCPyS de la UNAM
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