16 nov 2009

Veinte años después ¿Justicia?

Condecoran a sacerdotes jesuitas asesinados en El Salvador
San Salvador, lunes 16 de noviembre de 2009. Luis Romero / AP foto
The Associated Press
SAN SALVADOR -- En un acto público de desagravio, de reposición moral por los errores que como Estado se cometieron en el pasado, el presidente Mauricio Funes otorgó una condecoración póstuma a seis sacerdotes jesuitas asesinados hace 20 años por los militares en medio de la lucha contra la guerrilla.
"Significa levantar la alfombra polvorosa de la hipocresía y empezar a limpiar la casa de nuestra historia reciente", dijo el mandatario al entregar a los familiares de los jesuitas la orden nacional José Matías Delgado en el Grado de Gran Cruz Placa de Oro, la de mayor reconocimiento que concede El Salvador.
"Significa para mí retirar un velo espeso de oscuridad y mentiras para dejar entrar la luz de la justicia y la verdad", expresó Funes que estudió en Universidad Centroamericana José Simón Cañas (UCA) dirigida por los jesuitas asesinados por las fuerzas armadas salvadoreñas el 16 de noviembre de 1989.
El asesinato fue perpetrado durante una ofensiva del entonces guerrillero Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), del cual Funes fue el candidato presidencial en marzo de 2009.
Los jesuitas españoles Ignacio Ellacuría, Segundo Montes, Ignacio Martín Baró, Amando López, Juan Ramón Moreno y el salvadoreño Joaquín López, fueron ejecutados en el interior de la UCA.
Ellacuría era rector de la UCA e impulsaba la vía del diálogo para poner fin a la cruenta guerra civil salvadoreña, que concluyó con la firma de acuerdos de paz en 1992 y dejó 75.000 muertos y 12.000 desaparecidos.
La condecoración fue recibida por su hermano Juan Antonio Ellacuría, quien viajó desde España, al igual que la señora Catalina Montes que recibió la condecoración a nombre de su hermano Segundo Montes.
El rector de la UCA, José María Tojeira, dijo que la reconciliación de El Salvador, iniciada con el fin de la guerra, "tiene que profundizarse de muchas maneras y una de ellas es el reconocimiento de la dignidad de las víctimas".
"Ancianos, niños, mujeres embarazadas, sacerdotes y religiosas que servía con generosidad a los más pobres fueron perseguidos, golpeados y asesinados sin más razón que la de solidarizarse con las víctimas de la injusticia o simplemente vivir en zonas conflictivas", manifestó.
La hermana de Montes dijo que se mantiene informada del juicio que organismos humanitarios promueven en España "porque no se quiere que la impunidad permita nuevos casos".
"La familia perdonó a los verdugos que andan por allí, que les vemos. No han pedido perdón, pero ese es problema de ellos, el perdón hay que darlo aunque no lo pidan", señaló.
El ministro de la Defensa Nacional, general David Munguía Payés, calificó el acto como "un homenaje justo" y afirmó que si se le requiere está dispuesto a abrir los registros de la fuerza armada, que podría arrojar información relacionada con el crimen.
"Yo formo parte del gobierno. Yo no puedo abrir los registros, (pero) si la autoridad competente me pide abrir los registros, los voy abrir", agregó.
Un coronel, dos tenientes, un subteniente y cinco soldados, del Batallón Atlacatl fueron procesados por la matanza, pero en 1991 un jurado absolvió a siete de los acusados.
El coronel Guillermo Benavides y teniente Yusshy Mendoza fueron encontrados culpables de la matanza, pero resultaron beneficiados con la ley de amnistía general emitida en 1993.
El entonces presidente Alfredo Cristiani, del partido Alianza Republicana Nacionalista (Arena) emitió el decreto de amnistía pocas horas antes de que se divulgara un informe de la Comisión de la Verdad de Naciones Unidas, que responsabilizó a los altos mandos militares del asesinato de los jesuitas y de varias masacres de campesinos.
Tojeira, ha dicho que ellos han dado por "cerrado" el proceso en contra de los autores materiales, pero siguen reclamando el esclarecimiento de la autoría intelectual.
En marzo de 2000, la UCA demandó ante la Fiscalía General de la República a Cristiani y a seis coroneles salvadoreños por la autoría intelectual del crimen, pero un tribunal de justicia de El Salvador rechazó reabrir el caso.

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