La ley de la selva

Columna Horizonte político/José A. Crespo

Excélsior, .16-Nov-2009

Delincuencia: línea dura

Así como la amplia postura a favor de la pena de muerte a secuestradores fue capitalizada electoralmente por el incongruente y oportunista Partido Verde (que de verde, sólo los dólares), la posición de Mauricio Fernández sobre recurrir a la autodefensa extralegal frente al crimen organizado, puede tener gran aceptación entre sectores desesperados, ante la ineficacia del gobierno al respecto, así como la penetración, ineptitud y corrupción en las policías. El propio Fernández, antes de la elección, decía que en Garza García había paz, no por la policía, sino porque los Beltrán Leyva vivían en ese municipio y se encargaban de mantener el orden. Una encuesta reciente de Mitofsky (nacional y en vivienda) arroja resultados interesantes, y por demás inquietantes, sobre este tema (XI/2009).

Viene, por un lado, una elevadísima aceptación de los retenes para revisión de vehículos como medida de seguridad: subió de 87% en 2007 a 97% este año. La racionalidad general de la medida puede entenderse: es más o menos la misma de los centros de revisión en los aeropuertos, que la mayoría de ciudadanos acepta pese a las molestias, en tanto eso incrementará la seguridad para todos. El problema con los retenes en el caso particular de México es que se presta a abusos, trampas y confusiones. Es en un retén, que uno en principio está dispuesta a respetar, donde fue secuestrado el joven Fernando Martí, por ejemplo. Es también en retenes militares donde ciudadanos de a pie o familias enteras han sido balaceados, detenidos, torturados o incluso desaparecidos, por ser simplemente sospechosos, a los ojos de los soldados, de ser narcotraficantes. Quienes aprueban dicha medida probablemente no estén al tanto de esos incidentes, que no son tan aislados como para ser plenamente aceptables. Y de cuya eficacia para detener a sicarios o secuestradores no tenemos indicios claros. Siendo parte de la minoría, me parece que mejor no debiera haber tales retenes, sino hacer otro tipo de trabajo de inteligencia más preciso, menos riesgoso para la ciudadanía en general.

En cambio, la medida de incrementar sueldos a la policía ha perdido respaldo: de 78% en 2007 a 74% hoy. Para mí, los salarios policiacos tendrían que ser gigantescos para no ser vulnerables a la corrupción del narco, y a lo mejor ni así. Eso no implica que los agentes de seguridad no deban tener salarios adecuados al riesgo de su labor, sino que eso no garantiza su eventual cooptación por los capos. En la misma lógica estaría incrementar el gasto en patrullas y armar a las agencias de seguridad; la aceptación es elevada, pero bajó de 79 a 73%, entre 2008 y 2009. De nuevo, los recursos del narco son muy superiores. En todo caso, hemos visto cómo el incremento para la seguridad durante este gobierno (de 60% en general, y de 140% para la Secretaría del ramo, es decir, de 13 mil a 33 mil millones de pesos), no ha servido para reducir la inseguridad y la violencia. En Ciudad Juárez, pese a la presencia de 11 mil efectivos militares en los últimos meses, dos de cada tres ciudadanos considera la situación “peor” o “mucho peor” respecto del año pasado. Solamente 2% dice que la situación mejoró tras la militarización (El Diario, de Ciudad Juárez, VI/09). Por eso están ahora solicitando la presencia de los “cascos azules”.

Pero la propuesta de incorporar militares a la policía es muy elevada: 80%, lo que refleja que el Ejército goza de mucha mayor confianza que las policías, que no parecen tener remedio (aunque respaldo la creación de una policía nacional para combatir la delincuencia, organizada o no). Y la idea, muy a la estadunidense, de que los ciudadanos posean armas para su defensa, ha crecido de 39 a 53%. Es natural. Nos sentimos cada vez más indefensos debido a un Estado crecientemente incapaz de cumplir con una de sus esenciales razones de ser: brindar seguridad. La pena de muerte goza de un elevadísimo 77% de aceptación, que se ha mantenido estable en estos tres años. Finalmente, la propuesta de que “los ciudadanos hagan justicia por propia mano” (que va en coincidencia con lo expresado por Mauricio Fernández, aunque él no lo comente en esos términos) creció de 26 a 45% en dos años. En la medida en que esa idea cobre fuerza (y sobre todo, empiece a aplicarse) avanzaremos hacia el estado de naturaleza hobbesiano: la ley de la selva.