Conferencia de prensa del Secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora, y de los voceros de la Procuraduría General de la República, Ricardo Nájera, y de la Segob, Luis Estrada.

México, D. F., a 25 de julio de 2010 | Conferencia

DR. LUIS ESTRADA: Buenas tardes. Bienvenidos a la Secretaría de Gobernación. Nos acompañan el Secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora, y el Vocero de la Procuraduría General de la República, Ricardo Nájera.

Con el objetivo de mantener informada a la ciudadanía y a la opinión pública de los avances en las investigaciones realizadas por la autoridad federal a propósito de los lamentables hechos que han ocurrido en diversos bares de la ciudad de Torreón, Coahuila, así como de los hechos del fin de semana pasado, en los que cobardemente fueron asesinadas 17 personas, hemos convocado a esta rueda de prensa para hacer de su conocimiento la siguiente información:

LIC. RICARDO NÁJERA: De acuerdo con las indagatorias preliminares que actualmente realiza la Procuraduría General de la República, los autores de los hechos son presuntamente un grupo de internos recluidos en el Centro de Readaptación Social (CERESO) número 2 de Gómez Palacio, Durango, a quienes se les permitía salir de prisión y utilizar armas de los custodios para realizar las ejecuciones.

De acuerdo con la información que se tiene hasta el momento, obtenida por denuncias y testimonios, los reclusos con la autorización de la directora de dicho centro, se les permitía la salida del CERESO número 2 por las noches para cumplir venganzas por encargo, utilizando vehículos oficiales para su traslado y ocupando las armas de los custodios para las ejecuciones.

Los delincuentes cumplían sus ejecuciones como parte de ajustes de cuentas contra integrantes de miembros de bandas rivales vinculadas con la delincuencia organizada. Por desgracia, en dichas ejecuciones, los delincuentes también asesinaron cobardemente a civiles inocentes, para luego regresar a sus celdas.

En virtud de lo anterior, el agente del Ministerio Público de la Federación, en estrecha coordinación con las delegaciones estatales de la PGR en Durango y Coahuila, la Fiscalía General del Estado de Coahuila, la Procuraduría General de Justicia de Durango, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Seguridad Pública Federal y la Coordinación Estatal de Servicios Periciales de Durango, realizaron un operativo en el CERESO Número 2 de Gómez Palacio, Durango, con el objetivo de identificar las armas de los custodios y compararlos con los casquillos encontrados en los lugares de los hechos.

Una vez concluidas las pruebas periciales, se determinó que cuatro armas tipo AR-15 calibre .223, marca Colt, fueron utilizadas en los sucesos del pasado 18 de julio en la Quinta Italia Inn en Torreón.

Estas armas también fueron utilizadas en las ejecuciones del bar "Ferrie", ocurrido el 1 de febrero de 2010, y en la del bar "Juanas", ocurrido el 15 de mayo de 2010, ambos, también, en la ciudad de Torreón, Coahuila.

Como parte del operativo, el Ministerio Público de la Federación solicitó las fichas dactilares y fotografías de toda la población penitenciaria, así como la localización y presentación de todos los custodios que se encontraban laborando cuando ocurrieron los hechos.

La autoridad ministerial federal también tuvo acceso a la bitácora de uso de los vehículos oficiales y los videos existentes de las actividades del CERESO número 2 de Gómez Palacio, Durango.

Hasta el momento, han rendido declaración ministerial las siguientes autoridades del CERESO número 2 de Gómez Palacio, Durango:

Margarita Rojas Rodríguez, Directora del CERESO;

Roberto Enríquez Aguayo, jefe de Seguridad y Vigilancia;

Francisco Carlos Alberto Uranga Orona, Subdirector; y

José Guadalupe Rivas Ordaz, Jefe de Seguridad y Vigilancia.

A petición de la Fiscalía General de Coahuila, el Juez de 1a. instancia del ramo penal de Coahuila obsequió un arraigo por 20 días para dichas personas. Asimismo, se informa que ya han declarado todos los custodios y más de la mitad de los reclusos del CERESO.

La información presentada el día de hoy es un primer avance de las investigaciones que realiza la Procuraduría General de la República con el fin de llegar hasta al fondo de los hechos y conocer la verdad sobre los lamentables acontecimientos de los últimos meses en Torreón, Coahuila.

La autoridad ministerial, en coordinación con las autoridades estatales, continuarán realizando las diligencias necesarias para deslindar las responsabilidades correspondientes y llevar a los responsables ante la justicia.

SECRETARIO DE GOBERNACIÓN: Hoy, es evidente que el Estado mexicano encara un enorme desafío en materia de seguridad, y que por tanto debe ser el compromiso de todas las autoridades, locales, estatales y federales, enfrentarlo con la misma determinación, al crimen.

Lo ya referido por el vocero de la PGR, sólo puede llamarnos a todas las autoridades a revisar, una vez más, el estado de deterioro de las instituciones que viven muchos de los ámbitos de la seguridad local, como es en este caso el Centro de Readaptación Social número 2 en Gómez Palacio, Durango, y la presunta complicidad de las autoridades para que los criminales, que en vez de estar tras las rejas, salgan de manera impune, armados y equipados para cometer actos tan deplorables como el de la semana pasada en La Quinta Italia Inn, en Torreón, Coahuila.

No podemos permitir que este tipo de situaciones se repitan y por eso, durante estos tres años, el Gobierno Federal ha desarrollado una política de seguridad, bajo los principios de cooperación y corresponsabilidad con las autoridades estatales y municipales con el fin de contar con una solución institucional de largo plazo que permita la seguridad de todos los ciudadanos.

Para asegurar el éxito de la Estrategia de Seguridad, es fundamental que las autoridades estatales redoblen esfuerzos y se comprometan a cerrar los espacios a la corrupción para contar con instituciones de seguridad y de procuración de justicia, así como centros penitenciarios que respondan con eficacia y eficiencia, profesionalismo y honradez.

Desde que se tuvo conocimiento de los hechos, he mantenido comunicación con el Gobernador Humberto Moreira, de Coahuila, y me he comunicado, también, con el Gobernador de Durango, Ismael Hernández.

Investigaremos, no sólo las autoridades de los CERESO´s directamente relacionadas con los hechos, sino que rastrearemos las líneas de mando, con la finalidad de conocer quiénes son los que planean y ordenan estos actos cobardes y condenables hechos.

Asimismo, reitero la disposición del Gobierno Federal de continuar trabajando unidos por hacer de Coahuila y Durango estados donde impere la ley y se combata con eficiencia a los grupos criminales, empezando por la depuración de cuerpos policíacos y autoridades del orden.

Sólo mediante la depuración, profesionalización y capacitación de los integrantes de las fuerzas del orden, podremos evitar capítulos tan lamentables que pretenden amenazar a los ciudadanos y hacerlos rehenes de las organizaciones criminales.

Y eso sólo podrá lograrse si trabajamos de manera conjunta para fortalecer a las instituciones de seguridad a nivel estatal y municipal.

Por eso, reitero el llamado al que convocó el Presidente Calderón para la construcción de una política de Estado en materia de seguridad.

El combate al crimen organizado no es una lucha personal del Presidente Calderón. De una vez por todas, el combate al crimen organizado tiene que ser el compromiso de todas autoridades de los tres órdenes de gobierno. La autoridad, en todos sus niveles y de acuerdo a sus atribuciones, es responsable de hacer cumplir la ley.

No olvidemos que el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad nos ha comprometido a todas las autoridades a depurar las fuerzas del orden y de procuración de justicia.

El compromiso de las autoridades no se agotó al momento de firmar del Acuerdo. Por el contrario, debe ser el compromiso permanente de depurar los cuerpos policiales y revisar la seguridad de los CERESOS, especialmente de aquellos que no cumplen con su función básica de resguardar a los criminales y que, por tanto, se convierten en refugios de impunidad y peor aún, de operación delictiva.

En el diálogo nacional por la seguridad, al que ha convocado el Presidente de la República, todas las autoridades estamos llamadas a asumir con responsabilidad y visión de Estado las obligaciones que constitucionalmente nos competen.

Tal y como lo he venido manifestando, la Secretaría de Gobernación está abierta a escuchar propuestas, a fomentar un diálogo democrático, respetuoso y plural para debatir, frente a la nación, la construcción de un México más seguro, próspero y donde impere el Estado de Derecho.

Muchas gracias.

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