Primer informe de labores del Presidente de la SCJN

Primer informe de labores del Presidente de la SCJN

Primer informe de labores del Presidente de la SCJN don Juan Silva Meza

En cumplimiento del artículo 14, fracción XI de la Ley Orgánica del PJF, el Presidente de la SCJN y del CJF rindió su primer informe de labores.

En el salón de plenos de la Corte, ante el Presidente Felipe Calderón y miembros de su gabinete, ante los líderes del Congreso y toda la cúpula judicial, Silva Meza señaló que hoy se tiene "un nuevo sistema penal. La Reforma Penal avanza, pero no al paso que todos deseamos. No contamos aún con un Código Federal de Procedimientos Penales y la magnitud de la reforma, implica una gran cantidad de recursos económicos que no han sido claramente cuantificados. El Poder Judicial Federal está cumpliendo con su parte, pero somos solamente eso, una parte del proceso. Hay treinta y dos sistemas de justicia penal en el ámbito local, lo cual representa un gran trabajo por delante para lograr el funcionamiento de todos los eslabones del proceso penal..."

México DF: a 15 de diciembre de 2011

MENSAJE DEL SEÑOR MINISTRO JUAN N. SILVA MEZA, PRESIDENTE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (SCJN) Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL (CJF), CON MOTIVO DE SU INFORME DE LABORES

HONORABLES PLENOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL.

SEÑORES MAGISTRADOS DE LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL

SEÑORAS Y SEÑORES JUECES Y MAGISTRADOS

DISTINGUIDOS INVITADOS ESPECIALES.

SEÑORAS Y SEÑORES:

En cumplimiento del artículo 14, fracción XI de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, rindo hoy el informe anual de labores del Poder Judicial de la Federación, en mi calidad de Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Agradezco la presencia del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Licenciado Felipe Calderón Hinojosa y del señor Diputado Jesús María Rodríguez Hernández, Primer Vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

Su asistencia, da testimonio del respeto al principio constitucional de división de poderes. Gracias por estar aquí.

Asimismo, me honra que nuestros invitados especiales hayan aceptado venir.

Empiezo por reiterar mi agradecimiento a mis compañeras y compañeros Ministros, por la enorme distinción y el honor que me hicieron al permitirme encabezar el más Alto Tribunal de la Nación.

El debate en la Corte, es muy respetuoso. Es el resultado del estudio y del trabajo de todos y cada uno de mis compañeros. La Corte, debate con seriedad y responsabilidad los temas de su competencia.

Casi siempre existen distintos puntos de vista, pero se conserva la unidad institucional. Unidad en la diversidad. Legitimidad de nuestras decisiones.

Todos tenemos una visión compartida en la institucionalidad; en la necesidad de fortalecer el respeto a la Constitución;  en la claridad de que, el fin último de nuestro trabajo es, que la  sociedad obtenga justicia y mejores formas de convivencia. Que los derechos de todos, sean respetados.

Somos Ministros para la sociedad y así nos asumimos.

Quiero hacer un reconocimiento a mis compañeros Consejeros de la Judicatura Federal, pero sobre todo, a la estructura de los 1,139 Jueces y Magistrados del Poder Judicial, que trabajan en los 32 circuitos judiciales de todo el país.

En su criterio y buen juicio, descansa la justicia federal de México.

Los Ministros de la Corte, somos la parte final de un proceso mucho mayor, en el que realmente participan, y a la cual se integran muchos servidores públicos.

Mi respeto, mi reconocimiento y mi agradecimiento, a los más de 36,000 servidores públicos que colaboran en el Poder Judicial de la Federación.

Estamos conscientes de su esfuerzo. El trabajo diario de todos ustedes, su compromiso y su vocación, hacen posible que nuestra institución funcione y pueda cumplir plenamente con su deber.

Prestamos el servicio público de justicia en el ámbito federal, y ello exige e implica una gran vocación, un   trabajo y un gran compromiso profesional, que mucho agradecemos y reconocemos.

A los Magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, reitero mi más absoluto respeto a su autonomía e independencia de criterio. Expreso a ustedes mi apoyo y el respaldo de todos sus compañeros del Poder Judicial de la Federación, en las importantes tareas que desempeñarán durante el año siguiente.

Todos sabemos que será un año complejo, que requiere de su patriotismo y de su lealtad a las instituciones. La sociedad, debe tener plena confianza que la parte del proceso electoral que descansa en el Poder Judicial de la Federación, se atenderá con diligencia por instituciones preparadas, plenamente confiables, que garantizan elecciones apegadas a la Ley y a la Constitución. Estamos seguros, señores Magistrados, de que cumplirán bien, con su responsabilidad

Este informe se desarrolla en un momento y en un entorno de privilegio.

Se da, en un momento histórico: inaugurando un cambio de época en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Por acuerdo de este tribunal pleno, el 4 de octubre de 2011, el Semanario Judicial de la Federación inició su Décima Época.

Se trata de un cambio, sustantivo e histórico, apoyado en un contexto de renovación estructural muy profundo del derecho y de la justicia mexicana.

Queremos que la sociedad tenga muy clara la magnitud de lo que está sucediendo en la impartición de justicia federal en nuestro país.

Que  sepa lo que está pasando en la Corte y en la Judicatura Federal, a partir de los notables cambios en materia de derechos humanos aprobados este año con el Constituyente Permanente.

A partir de la reforma, nuestra Constitución asume con mayor claridad, los principios universales de definición, protección y defensa de los derechos humanos.

México es, a partir de la reforma, un país en el que ningún servidor público, ningún juez, puede excusarse de protegerlos.

Vendrán nuevas formas de interpretación; se modificarán criterios sustantivos y jurisprudenciales; entramos a una era de mayor y mejor tutela de aquellos derechos. Una era plenamente comprometida y centrada en su defensa y protección.

Debemos aprovechar esta oportunidad: para renovar estructuras, para mejorar la formación y la capacitación de nuestros profesionales; para cambiar actitudes e inercias institucionales, pero sobre todo, para ampliar la cultura jurídica de protección y defensa de los derechos.

Hoy con la Décima Época, debe iniciar la Corte Mexicana de y para los Derechos Humanos.

La reforma a la legislación en materia de Amparo también es parte fundamental de este nuevo reto, de este nuevo edificio constitucional y legal.

Hemos tomado previsiones para mejorar su funcionamiento, tenemos que pasar por una etapa de aprendizaje y de adaptación. Lo estamos haciendo.

Gracias a la reforma, nuestra noble institución de amparo, funcionará mejor; lograremos que se cancelen muchos de los abusos que hoy, en su nombre, se cometen; el juicio será más ágil, será mejor en su sustanciación. La reforma de Amparo nos permitirá estar más cerca de la sociedad, atender de mejor manera sus reclamos de justicia.

Por eso, también creemos que los efectos de esta reforma, sólo pueden ser positivos.

Estamos actuando en un entorno de cambio y haciendo lo propio, en el ámbito de nuestra competencia. El país, demanda esa corresponsabilidad de todos.

Los juzgadores federales, tenemos presente el liderazgo institucional que ejercemos al interior del gran aparato de servidores que, constituyen todo el Poder Judicial. Sabemos la importancia que nuestro trabajo tiene para la sociedad. A ella nos debemos. No olvidamos que cada una de nuestras decisiones la afecta en su conjunto, no sólo a las partes que se enfrentan en litigio. De ahí deriva nuestra responsabilidad. Por eso debemos ser prudentes al actuar.

Asumimos cada vez con mayor claridad, nuestra responsabilidad pedagógica en los debates y en la construcción de nuestras resoluciones.

Seremos juzgadores de la democracia, responsables de nuestros actos. Juzgadores a la altura de la nueva época, que no evaden su responsabilidad; que la enfrentan y atienden en beneficio de la sociedad.

México, exige de nuestra generación: talante republicano. Una convicción de estricto apego a la ley, pero sobre todo, respeto, sobriedad y vocación institucional.

Nuestro trabajo, debe orientarse a construir y fortalecer a las instituciones. A entender que por encima de las personas y de las dificultades propias de la coyuntura y el momento que nos toca vivir, nuestra labor fundamental es la que construye y fortalece a las instituciones.

Asumir nuestro trabajo desde esta perspectiva republicana, significa precisar que lo importante es fortalecer al Estado; que esa idea nos supera, es más grande que cualquiera de nosotros. Las instituciones, no las personas que las encarnan, son lo que sostiene al país, lo que lo sostendrá en el futuro.

La obra mayor de un servidor público, en cualquier Poder, en cualquier nivel de gobierno, su verdadero legado, es la contribución que hace para fortalecer la viabilidad y la continuidad de las instituciones.

En esa lógica, nuestra tarea principal es respetar la autonomía e independencia de los Jueces. La independencia de la justicia, es uno de los grandes avances de nuestra libertad y una piedra angular de nuestro sistema democrático.

Proteger la independencia de los Jueces, es una de nuestras mayores preocupaciones. No vamos a aceptar consignas ni influencias que, alteren el funcionamiento de los órganos que pretendan vulnerar la autonomía de juicio con el que resuelve un Juez.

Respetamos, plenamente, el derecho de audiencia de las partes, pero rechazamos cualquier forma de injerencia o de presión que vaya más allá, y que pueda lastimar o alterar su libertad de criterio.

Tenemos un diálogo respetuoso e institucional con los otros Poderes de la Unión.

Creemos, estamos convencidos, en el diálogo institucional y tenemos absoluta disposición para colaborar en la construcción de un mejor sistema de justicia y de leyes.

En ejercicio de nuestras atribuciones, cumplimos con una función de revisión y control constitucional, indispensable para nuestra democracia. Nuestro trabajo es vigilar por el estricto apego a la Constitución. Al hacerlo, cumplimos con una función de equilibrio y contrapeso constitucional.

Entendemos que, a veces, pero cada vez con mayor frecuencia, las resoluciones del Poder Judicial, especialmente aquellas con un alto impacto, social, político o mediático causen dificultades para algunos actores políticos.  Entendemos que, a veces, no se comprendan a cabalidad.

Lamentamos que en muchas ocasiones sus fundamentos y consideraciones, se vean como meros legalismos o tecnicismos judiciales. No compartimos que se desacrediten, sin fundamentos.

Los jueces están a cargo de garantizar que las libertades y la dignidad de todos, sean protegidas y tratadas de acuerdo con lo que mandata la Constitución. Hacerlo para todos, sin distinciones, es nuestro único poder, es la única fuente de nuestra legitimidad.

En nuestra República los equilibrios, frenos y contrapesos que le son propios, deben permitir moderar el poder. Entendemos que ésa es la democracia y a partir de esa lógica,  seguiremos trabajando.

La relación del Poder Judicial con los Poderes  Ejecutivo y Legislativo, ha sido y seguirá siendo de colaboración, cordial, y profundamente respetuosa. Ése es el punto de partida para que todo el resto del edificio constitucional funcione. Armonía y respeto, en la Constitución.

La Suprema Corte contribuye a esa consolidación institucional: interpretando y aplicando la Constitución, tratados internacionales en materia de derechos humanos que nos vinculan y la ley; resolviendo pacíficamente diferendos y conflictos entre actores políticos y sociales. Al hacerlo, actuamos con vocación y con visión democrática. Lo hacemos, invariablemente, con estricto apego a la Constitución.

La Corte, en sus debates, honra los principios democráticos. La sociedad puede verlos, en vivo, y en directo, a través del Canal Judicial.  Debates, en los que con transparencia: argumentamos y justificamos el sentido de cada una de nuestras resoluciones.

Nuestro trabajo, también está sujeto al escrutinio de líderes de opinión y expertos en radio y televisión, todos los días. Pero, nunca seremos obstáculo, para que el conocimiento de lo que hacemos y como lo hacemos, se extienda lo más posible. Asumimos los costos presentes, por los beneficios futuros. La seguridad y la certeza jurídica, lo justifican.

En la Corte, se trabaja mucho. Cada tema se analiza y se discute con un gran rigor. Tenemos una Corte, profesional, que estudia, con profundidad, cada uno de los temas y los asuntos.

De diciembre de 2010 y al 30 de noviembre de 2011, ingresaron a ponencia 5,177 asuntos y egresaron 5,121.

Vale la pena mencionar, que en el caso de los ingresos, el 31% corresponde a incidentes de inejecución derivado del incumplimiento de las sentencias de amparo, por las autoridades responsables.  Esto sigue siendo preocupante. Es necesario fortalecer o en su caso reconducir  la cultura de cumplimiento de las sentencias entre las autoridades, pues, para exigir respeto a la ley, debe predicarse con el ejemplo. Nosotros seguiremos trabajando con rigor estricto, para obtener su cumplimiento.

Detrás de cada sentencia, detrás de cada resolución, detrás de cada línea y de cada palabra, está el trabajo serio y responsable de muchos servidores públicos.

Los debates y las decisiones de la Corte, tienen un solo criterio: la interpretación honesta, imparcial y objetiva de la  Constitución.

Somos un Poder que contribuye con sus sentencias a mantener la estabilidad, la paz, la gobernabilidad y el orden de nuestra sociedad.  Hemos asumido, siempre, con gravedad y seriedad, esa tarea.

México vive un momento delicado y difícil en materia de seguridad. Este tema es una gran preocupación de la ciudadanía y, por supuesto, es también una prioridad en nuestro trabajo.

Al Poder Judicial le corresponde verificar que las acciones de combate a la delincuencia se desarrollen conforme a la ley y a la Constitución.

Nuestra labor es proteger la civilidad que permite la vida en sociedad.

Quiero reiterar nuestro reconocimiento a todos quienes en el Poder Judicial de la Federación, atienden los asuntos relacionados con este tema complejo y delicado.

Los jueces, magistrados y los demás servidores públicos jurisdiccionales, involucrados con la materia penal, están haciendo un gran esfuerzo; corriendo enormes riesgos y cumpliendo con un deber que todos debemos agradecer y reconocer.

Muchos ya han sido víctimas de la delincuencia organizada y han puesto en riesgo sus vidas, todos los días, al cumplir con su responsabilidad.

Vivimos en carne propia la inseguridad y la emergencia del país.

Pero, ninguna emergencia será válida ante los tribunales de la Federación, para justificar cualquier acción que, en los hechos, vulnere o pase por alto el principio de protección de los derechos humanos previstos en la Constitución.

La justicia penal juzga a las personas, a partir de pruebas y evidencias. Los jueces y los magistrados, tenemos reglas muy claras para construir y resolver un proceso. Las reglas que debemos seguir y no obviar, nos protegen a todos por igual; a todos nos dan seguridad.  A todos nos conviene.

Entendemos que enfrentamos un problema mayor.  Entendemos que debemos trabajar con visión de largo plazo. Sin embargo, estamos convencidos de que esa visión extendida, debe estar orientada por nuestro compromiso con los derechos y libertades que explican nuestro sistema constitucional.

El Poder Judicial de la Federación está dispuesto, desde luego, a revisar y a mejorar sus criterios. Lo estamos haciendo. Está dispuesto: a combatir la corrupción. Lo estamos haciendo. Está abierto a escuchar las razones de la autoridad, que se presentan como parte, no con jerarquía frente a los justiciables. Lo estamos haciendo.

Estamos dispuestos: a más transparencia, a más vigilancia, a más escrutinio de la sociedad.  Lo vamos a seguir haciendo.

Tenemos un nuevo sistema penal. La Reforma Penal avanza, pero no al paso que todos deseamos. No contamos aún con un Código Federal de Procedimientos Penales y la magnitud de la reforma, implica una gran cantidad de recursos económicos que no han sido claramente cuantificados.

El Poder Judicial Federal está cumpliendo con su parte, pero somos solamente eso, una parte del proceso. Hay treinta y dos sistemas de justicia penal en el ámbito local, lo cual representa un gran trabajo por delante para lograr el funcionamiento de todos los eslabones del proceso penal.

Estamos dedicando el tiempo, los recursos y la atención que la reforma merece, por la vinculación del asunto, con la emergencia que vive el país.

El Poder Judicial de la Federación organizó 162 actividades académicas de capacitación, en lo relativo al nuevo sistema de justicia penal en las que han participado como alumnos más de 20 mil profesionales del derecho. Entre estas actividades destaca el “Diplomado sobre Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, desde la Perspectiva Constitucional”, en la cual se contó con la participación de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal.

Además, por acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura, iniciaron sus actividades, por ahora, tres juzgados de Distrito Especializados en Ejecución de Penas que a la fecha han emitido 582 resoluciones.

El Poder Judicial de la Federación comenzó  oportunamente el proceso de adaptación en materia penal. Habremos de continuarlo.

El funcionamiento de la Corte; la construcción de las decisiones en Pleno y en Salas, es un trabajo muy intenso.

De diciembre de 2010 al final de noviembre de 2011, se realizaron 129 sesiones de Pleno; 41 sesiones en la Primera Sala y 40 sesiones en la Segunda Sala. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolvió 642 asuntos a lo largo del año estadístico.

En el periodo que comprende este informe ingresaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación 3,529 asuntos, mientras que los egresos ascendieron a 3,187.

Por su parte, los tribunales y juzgados federales registraron el ingreso de casi un millón de asuntos, 906,623 asuntos de carácter judicial, de los cuales egresaron 881,000 aproximadamente.

En el mes de julio de este año, el Pleno de la Suprema Corte conoció lo que ya se conoce en la historia jurídica mexicana como el caso Radilla.

La determinación de la Corte significó en los hechos una medida de cumplimiento de una de las obligaciones mandatadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos al Estado mexicano y de ella se derivan criterios fundamentales para el futuro de la impartición de justicia en el país.

Después de Radilla, las violaciones a los derechos humanos cometidas por los integrantes de las fuerzas armadas, deben ser sometidas a la jurisdicción civil.

Además, con motivo de una modificación de jurisprudencia derivada de la resolución de Radilla, se eliminó el llamado control de constitucionalidad concentrado para sustituirlo por lo que cada vez se conoce más como el control de convencionalidad o de constitucionalidad difuso. Cambio que representa una novación constitucional en la forma de impartir justicia que modificará la forma en la cual los jueces mexicanos entienden su trabajo.

La Corte también resolvió varios asuntos que despertaron el interés de la sociedad mexicana, entre los que recordamos:

La ley de no fumadores; la contratación de propaganda electoral;  el cese de elementos de las fuerzas del orden;  la contradicción de tesis relativa a las tarifas de interconexión; la controversia constitucional relativa al parque nacional Tulúm; las acciones de inconstitucionalidad relacionadas con el Código Electoral del DF;  las competencias de las autoridades en materia de narcomenudeo; los incidentes de inejecución del predio “El Encino” y los amparos en revisión relacionados con el precio único del libro.

En materia fiscal se resolvieron amparos que  implicaron el análisis de la constitucionalidad del “Impuesto a los depósitos en efectivo” y otros relacionados con el llamado “mínimo vital”.

Es necesario reconocer el trabajo de todas y todos los Secretarios de Estudio y Cuenta de la Suprema Corte. Contamos con una generación muy estudiosa y trabajadora, desempeñando esa función. Profesionales todos, que garantizan una gran solidez institucional: profesionales, que garantizan un futuro alentador para la impartición de justicia en México.

Su trabajo es muy importante; a veces no lo suficientemente reconocido. Personalmente, veo en los secretarios de estudio y cuenta, una cantera invaluable de futuros Jueces, Magistrados, Consejeros y, seguramente,  Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Sintetizo datos relacionados con el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2012, el cual prevé un gasto neto total de 3 billones 706,922 millones de pesos.  De ellos, 42 mil 500 fueron asignados al Poder Judicial de la Federación; lo cual indica un aumento presupuestal del 8.19% en términos reales, respecto del año anterior.  No obstante, si se pondera con el presupuesto total de la Federación, este cambio representará pasar del 1.11% en 2011 al 1.15% en 2012 (o sea, una variación de 0.04% del gasto neto total).

Al interior del Poder Judicial de la Federación, al Consejo de la Judicatura Federal le corresponderán en 2012, 35 mil 500 millones de pesos;  al Tribunal Electoral  2 mil 300; y a la Suprema Corte 4 mil 500.  Es decir, de cada 100 pesos que se inviertan en justicia federal, 83.5 irán al Consejo, 5.56  al Tribunal y 10.93 a la Corte.  Si se tiene en cuenta que esta relación en 2011 era respectivamente de 82, 5 y 12, resalta que la Corte representa cada vez una erogación menor para el contribuyente y, de hecho, el presupuesto del que dispondrá en 2012 será, en términos reales, 1.78% inferior al de 2011 y 2.18% al de 2010.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para este ejercicio, solamente incrementaron inflación.

Para  2012 el aumento en el presupuesto del Consejo de la Judicatura Federal fue de un 8.7% en términos reales, lo cual obedece, fundamentalmente, a las necesidades generadas por la marcha de la reforma constitucional en materia penal y por estar a cargo de cubrir las necesidades materiales, financieras y humanas de órganos jurisdiccionales federales de primera y segunda instancia.

Nuestro trabajo no será el mismo, pues en virtud de las reformas, las exigencias a los juzgadores federales serán mayores. El legislador ha ordenado la creación de juzgados especializados en competencia económica, en juicios orales mercantiles, en ejecución de penas. Agradecemos el voto de confianza del poder Legislativo al Judicial.  Sin embargo, nuestro compromiso con el ejercicio racional y transparente de los recursos públicos que nos han asignado, tal vez sean insuficientes; sin embargo, este compromiso de este ejercicio racional y del cumplimiento de nuestras metas, para nosotros, es inalterable.

Al principio del año, con base en la atribución que me confiere el artículo 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se tomó la decisión de impulsar un nuevo modelo administrativo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación que esté al servicio de las tareas sustantivas, bajo criterios de una administración eficaz de los recursos asignados, que focalice su uso en las tareas sustantivas, bajo un esquema de transparencia y cercanía a la sociedad mexicana.

Las líneas estratégicas del nuevo modelo han sido, a partir de un eje transversal protector de los derechos humanos: la redefinición de competencias y estructuras administrativas; la consolidación de un marco regulatorio efectivo y dinámico; la vinculación de las actividades de proceso, planeación, programación, presupuesto, control y seguimiento; la estandarización y modernización de procesos; el desarrollo de una plataforma informática y logística de vanguardia; el impulso al desarrollo del factor humano; la optimización de la infraestructura física; la homologación administrativa interinstitucional y la administración de riesgos y acciones preventivas.

Como consecuencia de esta decisión y a partir de la emisión del nuevo Reglamento Interior en materia de Administración aprobado por el Comité de Gobierno y Administración, se logró disminuir y fusionar varias áreas de la Suprema Corte de Justicia y concentrar las tareas y atribuciones.

Se disminuyó el número de áreas mayores de 9 a 5; se fusionaron seis direcciones generales, para quedar ahora en 18 unidades de ese rango; se cambiaron de adscripción la Subsecretaría General de Acuerdos y cuatro direcciones generales; se creó la Secretaría Técnica de la Presidencia.

Entre las mejoras que vale la pena mencionar, contamos con una nueva página de internet, más amigable al usuario que aloja ahora a un IUS mucho más rápido.

Nuestro nuevo portal, lanzado el pasado mes de noviembre, se rediseñó completamente, para, en respuesta a las necesidades expresadas por los usuarios, consolidarla como una herramienta de vanguardia para la difusión masiva de las actividades jurisdiccionales, así como la aplicación de herramientas y mejores prácticas enfocadas a captar el interés del público en general.

El llamado IUS, que concentra la mayor parte de las visitas que recibimos de cibernautas, es ahora mucho más accesible.  Trabajamos para hacerlo aún más fácil de consultar y para incorporar nuevas herramientas que generen información propia de la Décima Época.

Tenemos que seguir implementando políticas de racionalidad en el gasto. La Corte debe ser congruente con las circunstancias por las que atraviesa el país.

En el Consejo de la Judicatura Federal, en junio pasado y con motivo de la modificación a la estructura orgánica del organismo, se creó la Oficialía Mayor. Entre las mejoras alcanzadas por esta área destaca el análisis realizado al amparo de la estructura orgánico-funcional, que arrojó como resultado la solicitud de modificación de diversos Acuerdos del Consejo, así como a la normatividad impactada, para que con ello empezar a sentar las bases para el mejor desempeño de las funciones a ejercer.

Se han desarrollado actividades de dirección y coordinación a fin de tomar decisiones que permitan la actualización y mejora de los procesos de trabajo, además de proporcionar servicios de mayor calidad y fortalecimiento de la comunicación y confianza con los titulares de los órganos jurisdiccionales.

En el seno del Consejo de la Judicatura Federal se trabaja con base en tres ejes: organizacional, cultural y de coordinación interinstitucional.

En el periodo que se reporta, entraron en operación 19 nuevos juzgados de Distrito y 5 tribunales federales.

El Pleno del Consejo aprobó la propuesta de punto de acuerdo que permitirá disminuir las cargas de trabajo de carácter administrativo en los órganos jurisdiccionales federales, a través del cual se crea la plaza de Coordinador de Apoyo Administrativo en Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. La implementación de este Acuerdo, permitirá que los magistrados de Circuito y jueces de Distrito no distraigan su atención en dichos aspectos y dediquen su tiempo, solamente a la resolución de los asuntos jurídicos de su competencia. Queremos que nuestros jueces y magistrados tengan como única actividad la emisión de decisiones jurisdiccionales.

También se aprobó el “Estudio respecto a la Instalación de Órganos Jurisdiccionales y áreas administrativas, tanto en el Distrito Federal, como en el interior de la República Mexicana para los próximos cinco años, de acuerdo con el análisis de Creación de Nuevos Órganos determinado para ese periodo” que permitirá conocer las necesidades de espacio del Consejo en el horizonte señalado y utilizar esta información en la búsqueda de opciones inmobiliarias para albergar a futuro a órganos jurisdiccionales y áreas administrativas.

De conformidad con las condiciones generales de trabajo, el Pleno del Consejo aprobó nuevas reglas para normar la duración de la jornada de trabajo y los horarios de atención al público, en beneficio de los servidores públicos adscritos a áreas administrativas del Consejo y de los empleados de los órganos jurisdiccionales.

Con ello, y de eso no tenemos duda, se mejorará el servicio público de administración de justicia y sobre todo se privilegiará la calidad de vida de titulares y empleados en todos nuestros centros de trabajo. Sin menoscabo, desde luego, de nuestras altas responsabilidades.

El combate a la corrupción es una línea fundamental de acción de nuestra gestión. Como medidas preventivas, se han aumentado los sistemas de control y vigilancia en las áreas administrativas de la Suprema Corte, del Consejo de la Judicatura Federal. Hemos tenido resultados sensibles.

Pondremos mayor vigilancia y cuidado sobre el desempeño de los responsables de las áreas que manejan los recursos públicos, así como de los funcionarios judiciales. Es decisión de este Pleno de Ministros y del Pleno del Consejo estar atentos. No toleraremos que, por unos cuantos, se desprestigie el trabajo de todo el Poder Judicial. Nosotros, la inmensa mayoría, no somos así y no los queremos con nosotros.

Pero, de igual forma, no toleraremos que se denigre el trabajo de mexicanos honestos, limpios, que también ponen en riesgo su vida, algunos que ya la han perdido, al trabajar en beneficio de todos.

Las áreas de contraloría y supervisión, están aumentando el índice y la frecuencia de auditorías. Debemos reconocer que los propios Jueces y Magistrados, se sienten más tranquilos cuando las áreas de control los supervisan y ayudan.

El Consejo de la Judicatura aprobó dos acuerdos particularmente importantes en materia de disciplina.

En primer lugar, el que reglamenta el procedimiento de responsabilidad administrativa y el seguimiento de la situación patrimonial, publicado en el Diario Oficial en enero de 2011.

El Acuerdo reconoce el derecho de los titulares de órganos jurisdiccionales y unidades administrativas para implementar medidas preventivas que garanticen  el orden, disciplina y correcto desempeño de las funciones del personal a su cargo.

Por otra parte, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal también estableció un acuerdo para verificar la situación financiera de servidores públicos del Poder Judicial de la Federación.

Estas decisiones demuestran nuestro compromiso con un desempeño intachable. Queremos independencia,  pero no queremos impunidad. Siempre daremos la cara por los actos que realizamos en el ejercicio de nuestra función.

En esta labor, el trabajo desarrollado y los resultados obtenidos por la Visitaduría Judicial, así como por las Oficialías Mayores y las Contralorías de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura Federal,  han sido muy importantes.

La Suprema Corte de Justicia, el Poder  Judicial de la Federación, en general, tiene una política de género seria y vinculada a la colaboración estrecha con organismos internacionales.

Tenemos criterios y políticas en marcha en la materia, pero nos falta mucho por hacer. El porcentaje de participación de mujeres está muy lejos de ser paritaria.

Promoveremos aún más la participación de la mujer, a todos los niveles. Estamos comprometidos con erradicar prácticas abusivas y cualquier tipo de hostigamiento o maltrato laboral en el seno del Poder Judicial de la Federación y ayudar a construir, en el marco de nuestras responsabilidades, una sociedad libre de estereotipos y conductas atávicas, guiadas por consideraciones que hoy no tienen cabida en una sociedad democrática.

La sociedad es parte central de nuestra democracia. Queremos mejorar nuestra relación con ella, también con los centros de estudio e investigación; con los ciudadanos en general.

Queremos estar cerca de la sociedad, cerca de sus demandas y de sus necesidades. Cerca también de sus reclamos o críticas.

En especial, queremos cumplir con las demandas del justiciable. Sabemos que los individuos, no buscan favoritismos indebidos, sino solucionar sus conflictos en paz y en justicia.

Sabemos que las personas, físicas y morales, que acuden a los tribunales a defender sus derechos, quieren entender también claramente las razones detrás de las sentencias que los hacen perder o ganar un litigio. Estamos trabajando para ser más accesibles, más cercanos, más claros en nuestras sentencias y decisiones. Explicar no demerita la función judicial, la fortalece.

Por eso, creemos que es clave incorporar al Poder Judicial, la visión del justiciable. La Corte ha escuchado y atendido las demandas y las necesidades de la sociedad. Lo vamos a seguir haciendo.

Valoramos la crítica social, la crítica académica y la crítica política.

Queremos que las opiniones de la sociedad, tengan eco en cada uno de nuestros órganos.

Queremos que la crítica, sin concesiones a nuestro trabajo, sea una constante, sea parte del proceso modernizador y transformador en el que personalmente estoy empeñado.

Por eso estamos atentos para apoyar y dar la bienvenida a las ideas frescas, a las ideas innovadoras que busquen mejorar nuestro sistema de impartición de justicia, que busquen romper inercias o vicios institucionales.

En una época caracterizada por la ruptura de paradigmas, los juzgadores no podemos quedarnos atrás, no debemos ser acomodaticios, no debemos buscar refugio en nuestras debilidades.

Muchas de las decisiones que la Corte tomó este año, están alimentadas por esta convicción: la necesidad de escuchar a la gente, de nutrirse de la crítica.

Queremos que cambie y que mejore la actitud, la disposición de cada uno de los servidores públicos que trabajamos en el Poder Judicial. La actitud de la imparcialidad, de la sobriedad, pero también de la humildad, debe insertarse en cada juez y magistrado al momento en que ejerce sus funciones. Los jueces no somos mejores que los demás, pero debemos tratar de serlo.

Tenemos que mejorar el servicio, simplificar los trámites y hacer más accesible la justicia a las mayorías. El asunto lo conocemos, lo hemos vivido y por eso nos preocupa y por eso también dedicaremos gran parte de nuestro tiempo, el próximo año, a lograr procesos internos que redunden en una mayor facilidad para aquellos que acuden a nuestros juzgados y tribunales. Se pondrá también especial atención en los más débiles, menos favorecidos, para que no queden excluidos de la posibilidad de buscar y encontrar justicia en nuestros órganos federales.

Debemos ocuparnos en acercarla a quien no puede pagar el servicio de un abogado; hacer que esa justicia sea de la mayor calidad. La Defensoría Pública será una pieza clave en esa tarea.

Para la Suprema Corte, la capacitación y la formación profesional seguirán siendo prioritarias. Estamos convencidos de que buena parte del cambio de paradigma será inviable si no contamos con Jueces y Magistrados entrenados, entrenados para pensar de manera distinta, dispuestos a asumir a plenitud las nuevas reglas.

Estamos haciendo un gran esfuerzo en la formación profesional de nuestros Jueces y Magistrados. Hemos tenido reuniones muy importantes de capacitación y actualización con la totalidad de ellos.

Estamos emprendiendo cursos de actualización y especialización de alto nivel.

Los días 23 y 24 de septiembre se impartió el primer curso introductorio a las reformas constitucionales de amparo y derechos humanos, organizados por la Suprema Corte, el Consejo de la Judicatura, la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al que acudieron más de 1,100 jueces y magistrados federales en forma simultánea, en siete sedes del país.

La Suprema Corte capacitó en este año, a servidores públicos a través de programas de formación que se traducen en muchas horas invertidas en procesos de profesionalización y actualización.

El Consejo de la Judicatura tuvo un total de 42 eventos de capacitación, con una participación de numerosos  servidores públicos.  Los datos y gráficas están en el Informe.

En el Instituto de la Judicatura Federal se impartió el Curso Básico de Formación y Preparación de Secretarios del Poder Judicial de la Federación y el Curso para Actuarios del Poder Judicial de la Federación, modalidad virtual.

Se realizó el “Diplomado en Introducción a la Función Jurisdiccional 2010”, dirigido a funcionarios judiciales, agradecemos en todo este esfuerzo de capacitación la colaboración de las universidades del país y de varios centros de estudio.

No quiero ser omiso en los agradecimientos a todos, pero sí quiero destacar, por su magnitud e importancia, la colaboración de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Mi agradecimiento y reconocimiento por su interés al Rector José Narro Robles, aquí presente. Gracias Rector. Gracias a la UNAM por sus todas sus consideraciones.

En materia internacional, la Corte recibió a los Presidentes de Corea, de El Salvador, de Colombia y de Costa Rica, quienes expresaron su interés por conocer más de cerca el trabajo de la Corte y de la Judicatura Federal Mexicana.  También hemos sido recibidos por algunos de ellos.

También hemos atendido la visita de varios observadores internacionales preocupados por lo que está pasando en México.

Recibimos a la Alta Comisionada de los Derechos Humanos, la doctora Navy Pillay y al Representante de esa oficina en México, con quien hemos mantenido una relación muy estrecha a lo largo del año y que ha permitido ir madurando una serie de productos conjuntos que verán la luz el próximo año.

En el mes de marzo, recibimos la visita del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias.

En el mes de septiembre recibimos al Juez Diego García Sayán, Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y al doctor Rodrigo Escobar Gil, Comisionado Vicepresidente y Relator Especial para México de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

En el mes de noviembre nos visitaron representantes de la Organización Human Rights Watch para discutir las implicaciones del Informe, sobre la condición de los derechos humanos en México.

Nuestros visitantes han expresado su interés por conocer mejor la situación de los derechos humanos en el país. El diálogo con ellos ha sido franco y productivo para ambas partes.

Vale la pena resaltar la gran preocupación internacional que existe en temas como el arraigo. Debemos pensar en atender muchas de estas observaciones, que enriquecen la visión y la forma como estamos haciendo las cosas en México.

Por lo que toca al Poder Judicial, se nos han hecho observaciones atendibles a las que responderemos en el ámbito de nuestras facultades y competencias. Somos parte del Estado mexicano y estamos comprometidos a que el país cumpla, en lo que a nosotros nos toca, con  sus compromisos, como parte de la comunidad de las naciones de buena voluntad.

Hemos tenido también importantes avances en la construcción de una estrategia focalizada de cooperación internacional.

El 24 de octubre pasado tuve la oportunidad de viajar a Washington a suscribir un convenio de colaboración muy importante entre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Suprema Corte de Justicia de México. Firmamos un acuerdo de cooperación para mejorar la administración de justicia y promover los derechos humanos.

El acuerdo que suscribimos, con la Presidenta en turno, Dinah Shelton, que representa cerrar el circuito de cooperación con el sistema interamericano de protección, nos permitirá contar con la mejor información de la legislación vigente en el mundo, en la materia.

Queremos que nuestros Jueces y Magistrados cuenten con bases de datos del derecho internacional vigente en materia de derechos humanos. La intención es dotarlos con la mayor cantidad de herramientas que auxilien su trabajo al inicio de esta nueva época de construcción jurisprudencial.

No escatimaremos esfuerzos para ofrecerles toda la información y el auxilio que necesitan para que conozcan más y mejor las disposiciones nacionales e internacionales que ahora estamos obligados a hacer valer.

Por eso, en el mes de noviembre pasado también, la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al amparo del Convenio que nos vincula, sostuvo una reunión con los siete jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con el fin de explorar el desarrollo conjunto de un motor de búsqueda que vincule a nuestra jurisprudencia con la que ha sido desarrollada por San José. La idea fue bien recibida por los jueces interamericanos y esperamos su respuesta definitiva a nuestra propuesta.

Por último, en este tema, confirmo a Ustedes que, con el apoyo de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas y del Poder Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, México será sede a finales de 2012 de una importante reunión a la que acudirán, precisamente con el tema de los derechos humanos, presidentes de Cortes Supremas y Tribunales Constitucionales de varios países del mundo.

Para la realización de este evento, reconocemos el apoyo que en su primera etapa de preparación nos ha brindado la Canciller Patricia Espinosa.

Señoras y Señores:

La Décima Época es una oportunidad para revisar la función y la responsabilidad social del juzgador, pero, sobre todo, es una oportunidad para que imaginemos el Poder Judicial de la Federación que queremos hacia el futuro y obrar en consecuencia.

Los juzgadores, con nuestro trabajo, damos  estabilidad y contribuimos a la construcción institucional y democrática del país.

Los Ministros y Ministras de esta Suprema Corte y todos los titulares del Poder Judicial de la Federación, sabemos que: cada una de nuestras sentencias, es una aportación para la paz, para la tranquilidad, para la seguridad y para el desarrollo de nuestro país.

No tenemos otro compromiso que hacer nuestro trabajo: con excelencia y profesionalismo.

Trabajaremos como deben hacerlo los jueces: basados en la reflexión, en el juicio ponderado y en el ejercicio más puro de la prudencia, sin aspaviento, sin sobresalto.

Viendo en todo por el bienestar de la sociedad; por responder a sus justos reclamos, porque México, merece tener jueces constitucionales a la altura de su grandeza.

Nuestro deber como Poder Judicial de la Federación: es hacer todo, todo lo que esté a nuestro alcance para administrar justicia  bajo esos principios.

Esa, una mejor administración de justicia, será nuestra mejor contribución a la República y a la Democracia.

Muchas gracias.

El informe completo:

http://www2.scjn.gob.mx/red/informe2011/

http://www2.scjn.gob.mx/red/informe2011/AnexoEst/inicio_2011.html

http://www2.scjn.gob.mx/red/informe2011/