Foro en San Lázaro, 18 de febrero de 2015
El coordinador del PRD, Miguel Alonso Raya, y la vicepresidenta de la Mesa Directiva, Aleida Alavez Ruiz (PRD), pidieron este miércoles 18 de febrero legislar en materia de desaparición forzada de personas y de contar con una base de datos confiable de personas desaparecidas y restos humanos no identificados. Es decir ir hacía una Ley General de Desaparición Forzada.
“Tenemos la obligación de legislar (en esa materia) para garantizar y tener bases más claras para la exigencia de la aplicación de la ley… para acabar con imprecisiones, con lagunas”, dijo Alonso Raya al inaugurar el Foro.
Subrayó la necesidad de tipificar legalmente la “desaparición forzada” como un delito, “para que no haya pretextos y nos anden evadiendo (con que) no está normado, no está reglamentado, no está definido con toda claridad”.
El coordinador parlamentario refirió que México tiene firmados convenios con organismos internacionales, donde no hay lugar a dudas de lo que significa la desaparición forzada de personas y la tipificación de este delito.
Insistió en la necesidad de que en la Cámara de Diputados se elabore el dictamen sobre este tema, con las diferentes iniciativas y las opiniones de organizaciones de la sociedad civil.
De hecho ayer martes 17 de febrero el pleno de la Cámara aprobó un acuerdo:
Único. Se exhorta a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión para que se reúna y comience el estudio, análisis y discusión de diversas iniciativas que en materia de desaparición forzada de personas fueron presentadas en esta Cámara, para que se puedan dictaminar durante este periodo ordinario de sesiones que culmina el 30 de abril de 2015.
El exhorto le llegó ayer mismo a la Comisión de Justicia que preside el diputado Fidel Pacheco (PRI).
Hay varias iniciativas turnadas sobre el tema.
Alfonso
Raya exigió resolver la negligencia institucional, basada en métodos de
investigación arcaicos y discrecionales, así como atender, y no descalificar
por vocación, las recomendaciones de organismos internacionales para cumplir
con las obligaciones jurídicas de sancionar el delito de desaparición forzada.
Puntualizó
la necesidad de organizar una base de datos confiable, sobre la situación de
desapariciones forzadas y restos humanos no identificados, pues “sólo así el
Estado podrá emprender una tarea fundamental de poder, justicia y bienestar a
su población”. Aseveró que “conocer la verdad es parte de la reparación del daño a las víctimas, ocasionado por miembros del Estado”.
En tanto, la diputada Aledia Alavez Ruiz (PRD) precisó que “reconocer errores en la estrategia no es suficiente, es necesario que se den pasos certeros para resolver esa profunda crisis de derechos humanos, y el Congreso es un eslabón de esa cadena para restituir la justicia en el país”.
Subrayó que es únicamente mediante el fortalecimiento de las leyes y las instituciones que el Estado podrá cumplir su tarea fundamental de brindar justicia y bienestar a la población.
Consideró urgente una “decisión política de los actores fundamentales del Estado” para cerrar el paso a la impunidad, además de resolver la insuficiencia de las instituciones, ya que éstas se basan en métodos de investigación arcaicos y discrecionales para resolver los casos de desaparición forzada.
Asimismo,
instó a atender y no descalificar por vocación las recomendaciones de los
organismos internacionales para cumplir con las obligaciones jurídicas que
sancionen este crimen, y a implementar una base de datos confiable sobre
desaparecidos y restos humanos no identificados.
En
su turno, la diputada Gloria Bautista
Cuevas (PRD) propuso que las también llamadas “desapariciones involuntarias”
sean una prioridad en la agenda legislativa en el Congreso de la Unión, un
“reto inmediato antes de que concluya la LXII Legislatura”.
Instó a reformar el Artículo 73 de la
Carta magna para
que el Congreso tenga facultades expresas para expedir una norma en la materia,
trámite necesario para homologar en todo el territorio la tipificación del
delito. “Este país no necesita otro Ayotzinapa, pues este caso nos ha dejado la
confirmación indiscutible de que el sistema político está agotado”, expresó.
Por
su parte, el diputado Alejandro Carbajal
González (PRD) consideró indispensable convencer a los gobiernos de que el
tema de los desaparecidos “no se trata de números” sino de seres humanos, por
lo que se necesita “un cambio radical, que cimbre al sistema en todos los
niveles”.
Coincidió
en que una ley en la materia “no vendrá a solucionar inmediatamente la
problemática en el país”; sin embargo, dijo, se requiere dar el primer paso y
certeza legal para ayudar a víctimas y familiares “que ha sufrido la indolencia
e insensibilidad de las autoridades al momento de resolver los casos”.
La diputada Loretta Ortíz Ahlf (Morena
antes del PT),
en su intervención, hizo hincapié en diferenciar legalmente a los secuestros y
los homicidios calificados de las ejecuciones sumarias y las desapariciones
forzadas, ya que esto “jamás será lo mismo”, como lo han manejado las
autoridades de justicia.
Asimismo,
comentó que se requiere de una ley de desaparición forzada que contemple la
prevención, es decir, un registro de personas que ya hayan sido privadas de la
libertad, y un presupuesto suficiente para que las investigaciones de los casos
arrojen resultados óptimos, como lo recomiendan organismos internacionales.
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En
la mesa “Desaparición forzada en México”, el director ejecutivo de la Comisión
Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), José Antonio Guevara Bermúdez, indicó
que recientemente el Comité de Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas
estableció, en sus recomendaciones, que en México esta práctica es
“generalizada”, lo que implica una gran escala en la naturaleza del ataque por
el número de víctimas.
Precisó
que jurídicamente esta calificación involucra que la desaparición es masiva,
frecuente y se lleva a cabo de manera colectiva; asimismo, acotó que se dirige
en contra de una multiplicidad de víctimas, “lo cual sucede en México”.
Otro
factor que genera esta definición, continuó, es que otros países, que tengan
jurídicamente la posibilidad de hacerlo, podrán realizar investigaciones para
procesar y castigar a quienes hayan participado en las desapariciones cometidas
en México y, finalmente, la Corte Penal Internacional podría iniciar un examen
preliminar sobre la situación del país.
Afirmó
que lo que ocurre en México rebasa lo que sucedió en países de América Latina
donde se presentaron conflictos armados internos y dictaduras militares.
Resaltó
que el periodo de la llamada “Guerra
Sucia”, aún no está resuelto, pues no hay precisión de datos de las personas
desaparecidas. De acuerdo con el informe de 2011 de la Comisión Nacional de
los Derechos Humanos (CNDH), se estableció que hay 532 víctimas y 275
desaparecidos, mientras que la Fiscalía Especial para los Movimientos Sociales
y Políticos reportó 788 desaparecidos; sin embargo, a la fecha no hay una sola
persona responsable.
Mencionó
que entre el 2006 y 2014, la Secretaria de Gobernación habló de 2 mil 322
personas desaparecidas. En tanto, la CNDH registró 24 mil 800 casos, donde 2
mil 443 casos tienen indicios de la participación de agentes del Estado; en
contraste, sólo ha emitido 11 recomendaciones, hasta octubre del 2014.
Ante
ello, propuso que la ley general sobre desapariciones forzadas debe incluir
definiciones claras de los tipos de desaparición, como la cometida por
particulares con el apoyo o autorización de funcionarios del Estado y la
ejecutada por particulares, que es un aspecto que aún no está bien regulado.
Establecer,
además, controles efectivos en la detención de personas y contemplar la responsabilidad
de los superiores, civiles o militares, más aún cuando tengan conocimiento de
que un inferior cometió un delito, así como considerar supuestos para que la
PGR y la Federación investiguen delitos en el ámbito local.
En su turno, el representante en México
de Amnistía Internacional, Perseo Quiroz, dijo que la diferencia con los países
de América Latina, donde se establecieron dictaduras militares entre los 60’s y
70’s, es que “aquí no hay castigo a los responsables de desapariciones
forzadas”.
“El mensaje es claro: en México se pueden
cometer violaciones graves de derechos humanos sin que pase nada, mientras que
en Chile, por ejemplo, si hubo un reconocimiento de lo que sucedió y una
persecución penal, destacó”.
Adelantó
que harán un frente común para que el gobierno federal cambie su postura
respecto a las recomendaciones emitidas por la ONU. “Es lamentable la posición
del Estado mexicano en no reconocer la situación que se vive en el país, sobre
todo cuando dicho informe toma en cuenta la opinión de organizaciones de la
sociedad civil y familiares de las víctimas de desaparición forzada”.
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Durante
la mesa “Reparación Integral del Daño”, el delegado de la Comisión Ejecutiva de
Atención de Víctimas (CEAV), Julio
Hernández Barros, indicó que en México no hay seguridad ni justicia cuando
existe entre 26 y 27 por ciento de impunidad, de acuerdo con datos del INEGI.
Propuso modificar la Ley General de
Víctimas, específicamente su artículo 149, a fin de que las personas puedan
acceder a recursos y tengan derecho a una indemnización.
En
su intervención, Mario Santiago, de
la asociación civil Litigio Estratégico en Derechos Humanos i(dh)eas, dijo que
“ante la falta total, por parte del Estado, en reconocer lo que sucede en
México, estamos lejos de una reparación a las víctimas”. De acuerdo con
estándares del derecho internacional, la reparación del daño tiene que ser
adecuada, idónea, rápida, efectiva y capaz de garantizar la no repetición del
perjuicio, subrayó.
Por
su parte, Julio Manta, secretario ejecutivo
de la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Víctimas de
Violaciones a los Derechos Humanos en México (Afadem), sostuvo que al Estado
mexicano le interesa más la imagen que proyecta al exterior, “aparentando que
cumple con los tratados internacionales”, pero en su territorio “viola los
derechos humanos”.
Urgió
a la Cámara de Diputados a convocar foros con los familiares de los
desaparecidos y organizaciones para discutir las características que precisa
una ley general contra la desaparición forzada y así consolidar un equipo con
los legisladores y expertos para crear “el instrumento que necesita México para
erradicar esta práctica”.
Al
tomar la palabra, Claudia Rangel,
catedrática de la Universidad Autónoma de Guerrero, consideró que la
desaparición forzada es un “delito de Estado”, cuya impunidad se ha prolongado
desde la década de los 60 y sólo se ha visibilizado en el exterior gracias al
reciente análisis internacional de los casos y a la presión de los familiares
de las víctimas para resolverlos.
Celebró
que la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa haya abierto el tema a la
opinión pública; empero, dijo, “también hay que preguntarse por los ‘otros
desaparecidos’, como los migrantes o los niños y mujeres víctimas de trata de
personas. Es preocupante tener políticos que ven el problema y no son capaces
de resolverlo”.
Otros testimonios.
En
su turno, rindieron testimonio familiares de víctimas de la desaparición
forzada. Micaela Cabañas, hija del guerrillero guerrerense pidió agilizar la
aprobación de la ley de personas desaparecidas para aliviar a los familiares de
las víctimas “el dolor que nos ha causado el gobierno mexicano. Cuestionó:
¿Acaso es un delito tener un padre que fue luchador social?”.
En
tono similar, Catarino Hernández del
Campo, hijo del luchador social Carmelo Cortez Castro, consideró necesario
crear en el Congreso de la Unión una comisión permanente para atender las
desapariciones forzadas. “Que sea una puerta para atender a los familiares de
las víctimas, para que puedan levantar una demanda, pues a los ministerios
públicos no les importa nuestra situación”, agregó.
En
tanto, Yolanda Morán, de la
organización Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos, lamentó que en sólo dos
de las 32 entidades del país exista una legislación para atender a los
desaparecidos en México, ya que se necesita una a nivel federal. “Exigimos que
los legisladores trabajen en favor del pueblo que sufre al ver que nadie busca
a nuestros hijos”, expresó.
En
su oportunidad, Ximena Antillón, del
Centro de Análisis e Investigación Fundar, afirmó que en México sigue pendiente
una política de Estado que brinde certeza jurídica a las víctimas de
desaparición forzada, pues éstas y sus familiares se enfrentan a procedimientos
burocráticos complejos que “en vez de abonar a la reparación íntegra del daño,
generan revictimización”.
Santiago Corcuera Cabezut, del Comité sobre las
Desapariciones Forzadas de la ONU, lamentó que de 32 entidades en México, sólo
dos hayan tipificado tal delito, “lo que hace fácil decir: en esta entidad no
se comete el ilícito’”.
Por
otra parte, sugirió a los legisladores incluir la figura de “declaración de
ausencia por desaparición”, en las leyes, para que los familiares de las
victimas puedan acreditar parentesco y disponer de los bienes del desaparecido,
como cuentas bancarias, así como evitar una declaración de muerte presunta por
parte de los jueces.
Las iniciativas pendientes de ser dictaminadas en la Comisión de Justicia, son: (más las que se sumen) :• Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal en materia de Desaparición Forzada de Personas, presentada al pleno el 19 de Noviembre de 2014 por la diputada Lilia Aguilar Gil, integrante del Grupo Parlamentario del PT.
• Proyecto de Decreto que expide la Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar la Desaparición Forzada de Personas, presentada al pleno el 2 diciembre de 2014 por la Diputada Raquel Jiménez Cerrillo, integrante del Grupo Parlamentario del PAN a nombre de su partido
• Proyecto de Decreto que expide Ley Federal de Protección de las Personas Contra las Desapariciones Forzadas. Fue presentado el 3 de diciembre de 2014 por la Diputada María del Carmen Martinez Santillán integrante del Grupo Parlamentario del PT.
· Iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Penal Federal, a cargo del diputado José Luis Esquivel Zalpa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Presentada el 11 diciembre de 2014.
· Iniciativa que deroga los artículos 215-A, 215-B, 215-C y 215-D del Código Penal Federal, y expide la Ley General para la Prevención, Búsqueda, Investigación y Sanción de Desaparición Forzada de Personas. Fue presentada el 15 de diciembre de 2014 por el diputado Alejandro Carbajal González, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Otra iniciativa que tiene que ver con el tema pero están en otra Comisión son:
• Iniciativa que expide la Ley que crea la Comisión de la Verdad en materia de delitos de Desaparición Forzada y Ejecuciones Extrajudiciales, Arbitrarias o Sumarias en el período 2006-2014, presentada el 1 de Diciembre de 2014 está suscrita por diputados integrantes de diversos Grupos Parlamentarios. Turnado a la Comisión de Gobernación, para dictamen y de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.
Dos iniciativas sobre el tema prescritas
• Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma los artículos 215-A, 215-B y 215-C y se adicionan un articulo 215-A al Código Penal Federal en materia de Desaparición Forzada de Personas, presentada el 26 de Septiembre de 2013 por la Dip. Miriam Cantú Cárdenas integrante del Grupo Parlamentario del PRI-Turnada la Comisión de Justicia.
•Iniciativa con Proyecto de Decreto que expide Ley Federal de Protección de las Personas Contra las Desapariciones Forzadas, presentada el 11 de diciembre de 2013 por la Diputada María del Carmen Martínez Santillán, integrante del Grupo Parlamentario PT.
Turnada a la Comisión de Justicia, para dictamen y a las Comisiones de Derechos Humanos y de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.
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