Templo Mayor de Reforma/
PARA hoy se pronostican temperaturas más bajas, pero quien pasará una Nochebuena realmente fría será Manlio Fabio Beltrones, pues se está quedando en el ojo del nuevo escándalo de corrupción en el PRI.
RESULTA realmente desconcertante ver que al "político más completo de México", como lo llaman sus fans, parecen estarlo dejando solo sus muchos aliados, luego de que se revelara el esquema de triangulación de recursos públicos para las campañas priistas.
PESE A los ¿cientos? de ahijados políticos del sonorense, nomás no se ve que salgan a defenderlo de las acusaciones en el sentido de que él fue el cerebro de la operación para obtener recursos de manera ilegal, durante su periodo como presidente del PRI.
¿SERÁ QUE todos ya se fueron de vacaciones o que recibieron línea? Es pregunta ideal para el recalentado.
EL ACADÉMICO Enrique Cárdenas está pagando ahora el precio de haberle creído a Andrés Manuel López Obrador, cuando éste lo invitó a ser el candidato de Morena a la gubernatura de Puebla. A la mera hora, le aplicaron la monrealina y lo dejaron chiflando en la loma.
PESE A ESO, el ex rector de la UDLAP no pierde la esperanza y ahora va a buscar convertirse en candidato independiente, pero no la tiene fácil. Necesita recabar 135 mil firmas de apoyo en apenas... ¡un mes!
Y COMO además tiene que obtener apoyos de, al menos, 145 municipios, de los 217 que hay en el estado, con razón el propio Cárdenas dice que es más fácil abrir una empresa, que ser candidato en Puebla.
¡REGALOS! Muchos regalos traerá esta noche Santa Claus, con todo y que el dólar está volando más alto que su trineo.
EL PANISTA Ricardo Anaya encontrará en su bota un juego científico de Mi Alegría para ver si así logra hacer química con el electorado y encuentra la forma de mezclar el agua del PAN con el aceite del PRD.
EN CAMBIO a José Antonio Meade, Santa le traerá la colección completa de Jurassic Park, para que se vaya familiarizando con los distintos sectores y liderazgos que hay en el PRI, y así aprenda a diferenciar entre un diplodocus cetemista y un velocirráptor beltronista.
EL MORENISTA Andrés Manuel López Obrador no dejó carta porque no cree en Santa Claus, bueno, en realidad está que no cree en nadie luego de ver las encuestas.
DE TODAS FORMAS, recibirá un bonito juego de geometría para que, con la regla, mida sus palabras... que mucha falta le hace.
¡FELIZ NAVIDAD!
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Frentes Políticos/Excelsior
I. Cuidado. El tema de la aprobación de la Ley de Seguridad Interior no debe salirse de control. Senadores priistas denunciaron haber recibido amenazas, intimidaciones y acoso con llamadas telefónicas, correos electrónicos y en redes sociales de personas que no se identificaron, exigiéndoles no aprobar la ley. “Estuvieron haciendo carrusel telefónico, llamando a nuestras oficinas, amenazándonos que si nosotros votábamos a favor, que nos iban a exhibir y nos iban a hacer escarnio”, reveló el senador
Patricio Martínez. Absolutamente reprobable. Así, por las malas, no se construye un país. Hay personas que no tienen sentido común y no miden sus actos. Basta de restar y no sumar. La violencia no lleva a nada bueno.
II. Resucitado. No podía ser en mejor momento, que en Navidad. Ángel Aguirre Rivero, exgobernador de Guerrero, reapareció con su intención de volverse diputado. Ángel Ávila Romero, secretario general del PRD, afirmó que pese a que el exmandatario aparezca en las listas de aspirantes, será el Comité y Consejo Nacional quien respalde o no su postulación. Aún no tiene ganada la candidatura a la curul federal por el Distrito VIII de la Costa Chica. No hay que olvidar que el perredista tiene muchos pendientes con los ciudadanos de Guerrero, quienes no tienen una buena imagen de él, sin embargo el deseo por llegar a San Lázaro puede más que el rechazo público. Ni hablar.
III. Mano dura. Es evidente que cuando un delincuente es detenido por la población de cualquier rincón del país, tiene su destino pendiendo de un hilo. No así cuando cae en manos de la justicia, cuya flexibilidad les permite, en muchos de los casos, seguir cometiendo crímenes. Pero de un tiempo a la fecha es la sociedad la que se encarga de cobrar justicia y siempre es de la forma más atroz. Pobladores de Ixmiquilpan, Hidalgo, le arrebataron a la comandancia a un presunto ladrón de autos, a quien golpearon, exhibieron y desnudaron. No es por ahí. La humillación no es castigo que venga en ley. He ahí la debilidad policiaca. Urge que esto cambie y se respete la ley.
IV. Pausa navideña. José Antonio Meade, precandidato del PRI a la Presidencia de la República, celebrará la Navidad en familia. Y para ello detuvo por un momento su nutrida agenda, pero se tomó el tiempo para enviar un mensaje a los mexicanos. Llamó a hacer de 2018 un año diferente, en “donde no dejemos que lo negativo y los negativos nos ganen”, pues “lo mejor está por venir”. En el video, desea un feliz 2018, acompañado por su esposa Juana Cuevas. Meade reanudará las giras el martes 26, cuando visite Monterrey, Nuevo León. “Más que desear, hagamos que suceda”, dijo. Sincero mensaje, y bien recibido. Ojo: y no todos se tomaron la molestia.
V. Contra viento y marea. El gobierno del presidente
Enrique Peña Nieto tiene el sello particular de mantener y defender una lucha constante contra la adversidad, en lo interno como en lo externo, en particular nuestras relaciones con el gobierno de Donald Trump. Hay una lucha infatigable contra un monstruo de mil cabezas: la delincuencia, la inseguridad, la corrupción, la impunidad, pero no se ha bajado la guardia, con grandes reformas estructurales. No ha habido retroceso ni estancamiento, se han logrado avances. El presidente Enrique Peña Nieto dijo que “logramos mantener el barco a flote” en circunstancias no vistas antes, por lo que concluyó que el año termina mejor de lo que empezó. Hay más empleo, crecimiento económico, seguridad social y mejor educación. No debemos perder la confianza en México y sus logros.
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Psicología de los polos/Eduardo Caccia
Reforma, 24 Dic. 2017
El desarrollo de las regiones abarca múltiples factores, fundamentalmente socioeconómicos y políticos. El grado de avance tiene mucho que ver con infraestructura, capacidad de atracción de capitales, talento humano, políticas públicas adecuadas, buen gobierno, certidumbre a inversionistas, recursos naturales, desarrollo tecnológico, y hasta rasgos de personalidad de los habitantes y códigos culturales locales (proclividad al riesgo, al trabajo, nivel de resiliencia, creencias, grado de resistencia a lo nuevo, a lo extranjero).
No todo se explica con variables cuantitativas precisas, y no sólo se trata de una cuestión geográfica, donde todo punto es relativo: el norte de una zona es el sur de otra. Por alguna razón, el norte es más progresista que el sur.
Una pista conduce a nuestro lenguaje y a la forma como referenciamos norte (arriba) y sur (abajo). Tenemos a alguien en alta estima. Un amigo tiene baja autoestima. Cuando tenemos certeza de rumbo, tenemos un norte. Si la bolsa de valores cae, los analistas hablarán de "movimiento hacia el sur". Por el contrario, las gráficas de crecimiento empresarial apuntan al norte. Las lomas son un referente de altura, pero el bajo mundo evoca perdición. El avance social de las personas se ve como un ascenso. Para significar fatalidad decimos "cayó en desgracia". Si se recupera, se levanta. Estas expresiones no son endémicas, algo tiene la psicología de los polos que hace que la gente tenga estereotipos respecto del norte y del sur.
Con motivo de una de mis recientes entregas donde comento de la película Coco (destacando su apología a nuestras raíces), entablé un diálogo con un lector de Palenque. Mauricio me insiste en que como latinos tenemos proclividad de atarnos al pasado y magnificar lo malo. Me expresa su preocupación por la desigualdad en el desarrollo de su región y de alguna forma coincidimos en que tienen un gran pasado que los ancla, no les permite avanzar para construir futuro. Hay más zonas arqueológicas en el sur y sureste de México que en el resto del país. ¿Será esto un lastre psicológico para el desarrollo?
Hablando del retraso y la pobreza, días antes un colega preguntaba: ¿qué hacer con el sur?, y pintaba a dos países, el que crece (lo moderno) y el rezagado (lo viejo). Considero que el atavismo al pasado sí es un factor que afecta pero también es una oportunidad. Tenemos que pensar no cómo el pasado afecta el futuro sino cómo el pasado podría moldear el futuro. Las estructuras de poder deberían entender la esencia (el vocacionamiento) de la cultura (el sistema social) local para sacarle provecho en vez de pretender convertirla en algo ajeno a su naturaleza.
Entender la esencia de algo es dejar de resistirlo, es aceptarlo, ver su brillo. Durante años repliqué la costumbre de mi mamá respecto de la ropa de lino: rechazo absoluto "porque se arruga mucho". Una vez leí dos renglones que no sólo cambiaron mi forma de ver el lino, fueron una enseñanza profunda: "La belleza del lino está en sus arrugas". ¿Podríamos encontrar el desarrollo del sur y sureste de México a partir de su pasado?
Los grandes recursos naturales y el enorme capital cultural de la región no deberían ser combatidos en aras de un progreso con ruptura, sino conciliados para generar bienestar. Creo que la región debería apuntalarse con un plan maestro para convertirse en una minipotencia turística mundial (lo que por supuesto implica una inversión en infraestructura y servicios ad hoc, como lo han logrado algunos lugares de la zona) que resalte "sus arrugas": su cocina casera y excepcional sazón, sus rituales, su gente amable y servicial, su arte y artesanías hechas con la antípoda de la inteligencia artificial: las manos, su escala de tiempo que no avanza al ritmo de un cronómetro digital, su cosmovisión de la vida y la muerte, sus parajes, texturas y colores, sus fiestas, la convergencia de filosofías de culturas prehispánicas, cada una con enseñanzas tan ancestrales como vigentes y valiosas para los venenos de la vida moderna.
Se ha dicho que los mexicanos tenemos fijación por el pasado. Esta aparente fragilidad puede ser fortaleza si hacemos que ese pasado tenga valor para nacionales y extranjeros.
Tal vez podamos decirle al sur que es el norte de nuestro futuro.
@eduardo_caccia
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Mis lecturas/Luis Rubio
Reforma 24 Dic. 2017
"Siempre imaginé que el Paraíso sería algún tipo de biblioteca". Jorge Luis Borges
En un mundo tan convulso y cambiante, es indispensable leer de todo, escuchar ideas igual atractivas que repulsivas a fin de mantener una perspectiva clara y aguda del momento que vivimos, pero también del contexto en el cual se dan las cosas. La historia es particularmente útil para este propósito y en este año leí varios excelentes textos sobre momentos clave del pasado. Aquí va una descripción de algunas de mis mejores lecturas, al menos de las que más aprendí.
La polarización económica y su consecuente desigualdad no son temas nuevos, pero se han convertido en asuntos clave de la discusión pública en todo el mundo. Hace un par de años apareció el libro de Thomas Piketty sobre la desigualdad en el mundo. A partir de ese momento comenzaron los estudiosos de diversas perspectivas a analizar y evaluar la seriedad y veracidad de las afirmaciones del economista francés. El Cato Institute publicó un extraordinario compendio de estas críticas bajo el (poco creativo) título "Anti-Piketty", publicado en México por el FCE. En lugar de enfocarse al pasado como Piketty, este volumen se aboca al siglo XXI, lo que permite comprender las enormes diferencias en la formación de capital y sus consecuencias sociales. Imperdible.
Richard White*, historiador, estudia la evolución de la sociedad estadounidense en la segunda mitad del siglo XIX, comenzando con el fin de su guerra civil y se aboca especialmente al crecimiento de los llamados "Robber Barons", los grandes empresarios que construyeron enormes empresas, transformaron al mundo y luego fueron objeto de la legislación anti monopolios. Lo interesante es observar las similitudes y diferencias de aquella época con la nuestra, sobre todo porque el común denominador, el cambio tecnológico, explica más que muchas de las recetas que se proponen para combatir los males de nuestra era como lo fueron en aquella.
A cien años de la Revolución de Octubre, China Miéville** describe con extraordinaria destreza la forma en que Rusia pasó de ser una monarquía autocrática inmersa en una guerra profundamente impopular al inicio de 1917, para llegar a octubre habiendo pasado no por una sino por dos revoluciones e intentando convertirse en la vanguardia de la revolución mundial. Nada describe mejor el tenor de esta narrativa que una cita que presenta al inicio en la que afirma que "no tiene que ser un profeta para saber que el orden presente tendrá que desaparecer".
Perry Anderson despliega su maravillosa curiosidad, ahora sobre el tema de la hegemonía, término que se emplea con frecuencia en los más diversos ámbitos de la política internacional y del control social, pero que rara vez se define con precisión. Comenzando por Grecia, en The H-Word: the Peripeteia of Hegemony, Anderson explica el origen del término y su uso a lo largo del tiempo. En una serie de descripciones históricas pasa por Gramsci, E. H. Carr, Morgenthau, Kindleberger, Laclau, Arrighi y otros para concluir en una reflexión sobre la política exterior estadounidense y la complejidad del mundo y de la lucha entre las potencias del momento en que vivimos.
Ninguna de mis lecturas este año fue tan iluminadora, pero también preocupante, como la de John Ferejohn y Frances McCall Rosenbluth, dos politólogos que se abocan a analizar el origen de la democracia y las razones de su emergencia en diversas naciones. El título del libro, Forjado en Fuego, resume su argumento: sin guerra no hay democracia. Es la guerra la que hizo posible que surgiera la democracia, esencialmente porque, en un país tras otro, cuando las élites se sintieron amenazadas es que tuvieron que recurrir a la ayuda de la población para salvar su propio pellejo; fue eso lo que hizo posible un arreglo político para compartir el poder y, de ahí, la democracia.
Finalmente, este año me encontré con varios libros, algunos excelentes, dedicados más a la coyuntura que a las "grandes" explicaciones, que merecen una mención: The Road to Somewhere, de David Goodhart, describe las nuevas fuentes de desigualdad entre quienes son "móviles" y quienes se han marginado. Mark Lilla escribió una joya en "The Shipwrecked Mind: On political Reaction", explicando las tensiones entre un mundo cambiante y quienes se dedican a impedir que éste avance. Tzvetan Todorov, un historiador originario de la Bulgaria totalitaria, publicó otro libro extraordinario, The Inner Enemies of Democracy, enfocándose a la etapa posterior a la caída del Muro de Berlín y cómo se ha reducido el espacio de la libertad y democracia alrededor del mundo. Christopher Hayes se aboca a la pérdida de confianza de las sociedades en sus gobiernos e instituciones tradicionales, incluyendo las que son netamente de la sociedad. Aunque su enfoque es Estados Unidos, mucho de su argumento es universal: The Twilight of the Elites: America after Meritocracy. En 2014, Peter Pomerantsev publicó un libro sobre la Rusia de hoy que no deja de tener actualidad en el mundo en general: Nada es Cierto y Todo es Posible se aboca a las ficciones y narrativas que construyen los gobernantes para preservar el poder, pretendiendo que nadie se da cuenta de la realidad. Nada parece cambiar.
*The Republic for Which It Stands, Oxford; **October, Verso.
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La desigualdad en América/Juan E. Pardinas
Reforma 24 Dic. 2017
Carlos Elizondo ha escrito un libro importante e incómodo. Los de adelante corren mucho es un recorrido por las asimetrías sociales de nuestro continente y de nuestro país. Así como Alexis de Tocqueville escribió en el siglo XIX La Democracia en América refiriéndose a la situación política y social de Estados Unidos en esa época, Elizondo hace un diagnóstico regional sobre la desigualdad. El autor analiza sus múltiples dimensiones, desde la época de la Colonia hasta los tiempos de Donald Trump. Desde la introducción, el autor plantea uno de los ejemplos más brutales sobre la diferencia entre tener y no tener: la desigualdad de acceso al placer sexual.
En el antiguo Perú, en tiempos de los incas, los emperadores podían desposar a más de 700 mujeres, los oficiales principales tenían 50 esposas, los líderes de las naciones tributarias 30 y así sigue la lista. En el Imperio Inca, los hombres promedio sin poder político o económico estaban prácticamente condenados a la castidad. Si un varón procuraba los afectos de una mujer del emperador, el castigo implicaba la muerte del pretendiente, de su familia y su servidumbre. Su aldea era devastada. Una inequidad aún más salvaje era la que sufrían las mujeres forzadas a vivir como concubinas en los harems de la realeza inca.
Uno de los mayores problemas de la desigualdad es que la disparidad en el ingreso se refleja en disparidades de derechos básicos como salud, educación y acceso a la justicia. Uno de los ejemplos más perturbadores de desigualdad en México es el derecho de una mujer a reducir el dolor durante el parto. La dilatación del útero es la señal de que el embarazo está por concluir y el proceso de alumbramiento ha iniciado. Esa asombrosa transformación de la anatomía femenina permite la continuidad de la especie. Sin embargo, ese ensanchamiento de los cauces que dan vida ocurre en un trueque de intenso dolor físico para la madre. En México, el nivel de ingreso determina los recursos disponibles para reducir o administrar el sufrimiento materno durante un parto que no sea por cesárea. Los protocolos de aplicación de anestesia en el parto son distintos si una mujer está afiliada al seguro popular, al IMSS o a la medicina privada. En la pobreza, ser madre, literalmente, duele más.
Quien haya seguido la obra de Carlos Elizondo sabrá que el autor es un agudo crítico del estatismo y las soluciones de política pública que operan a contracorriente de las lógicas del mercado. El hecho de que un importante pensador liberal se ocupe del problema de la desigualdad es en sí mismo un mensaje importante. Tradicionalmente, desde la visión liberal se interpretaba que para combatir la pobreza era necesario generar riqueza y la desigualdad era un subproducto inevitable de este proceso. En China, el país que ha logrado sacar a cientos de millones de personas de la pobreza, se han generado altos niveles de inequidad social. Países como Cuba y Venezuela han logrado la utopía de la igualdad económica, pero por el peor de los senderos: cancelando los derechos políticos y reduciendo a la miseria a la enorme mayoría de sus habitantes.
Como nos demuestra la conclusión del libro, la ruta para reducir la desigualdad no es clara. Sin embargo, los países a los que nos queremos parecer tienen algo en común: un Estado con instituciones funcionales. Esto suena muy abstracto pero sus ejemplos son muy concretos: una sala de partos donde sí hay anestesia, un sistema de transporte público donde no te roban la quincena, una policía de investigación que sí resuelve algunos crímenes, una Secretaría de Hacienda donde no desvían fondos para campañas electorales. Un Estado disfuncional es una máquina que multiplica todas las desigualdades que el mercado puede generar.
@jepardinas
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Videgaray y Beltrones, bajo sospecha/J. JESÚS ESQUIVEL
Revista Proceso #2147 , 24 de diciembre de 2017....
La captura y encausamiento de los exfuncionarios chihuahuenses que el año pasado participaron en el desvío de recursos públicos a las arcas del PRI destapó un escándalo en el que sale a relucir el nombre de Manlio Fabio Beltrones y que compromete también al canciller Luis Videgaray. El primero –a la sazón presidente del Revolucionario Institucional– es presunto autor del plan que hacía pasar dinero federal a las cajas estatales para de ahí ser llevado a su partido, a fin de reforzar las campañas electorales. El segundo, porque entonces era secretario de Hacienda y debió saber lo que ocurría con los cientos de millones de pesos que iban a dar al tricolor.
Chihuahua, Chih.- El desvío de 250 millones de pesos de las arcas de Chihuahua para financiar las campañas del PRI en 2016, durante el gobierno de César Duarte Jáquez, salpica a Los Pinos y convierte al canciller Luis Videgaray y al exsenador y expresidente priista Manlio Fabio Beltrones en presuntos artífices y cómplices de un gran escándalo de corrupción electoral.
La investigación a cargo de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua –del gobierno del panista Javier Corral– revela una trama de corrupción electoral y malversación de dinero público –presuntamente diseñada por Beltrones– cuyos tentáculos se extienden por lo menos a otras seis entidades: Durango, Puebla, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Veracruz, de acuerdo con expedientes judiciales revisados por Proceso y expuestos públicamente el pasado jueves 21 en una audiencia judicial celebrada en esta capital.
El más reciente eslabón de la cadena de fraude y corrupción presentado por la Fiscalía de Chihuahua se logró conocer con el arresto de Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, quien fue secretario general del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, mano derecha de Beltrones y operador financiero de su partido, y a quien se acusó formalmente del delito de peculado, que se agrava por haberse embolsado 4 millones de pesos de los 250 sustraídos de la entidad norteña para fines electorales.
Proceso y el diario estadunidense The New York Times iniciaron hace varios meses una investigación sobre el desvío de dinero público a las arcas del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Mediante entrevistas y la revisión de documentos se descubrió el supuesto involucramiento de Beltrones y de otros altos funcionarios del PRI, con la anuencia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la cual, cuando se cometió el delito en Chihuahua, estaba encabezada por Videgaray, actual canciller.
Los documentos revisados y analizados en la investigación periodística, que comenzó en junio de este año, establecen que el plan del robo del dinero del erario chihuahuense se echó a andar en enero de 2016, cuando –según los documentos del juzgado a cargo del caso– Beltrones se coordinó con Duarte para transferir los 250 millones de pesos al PRI por conducto de las secretarías estatales de Hacienda y Educación.
En el oficio número SH/0014bis/2016 del 13 de enero de 2016, el entonces secretario de Hacienda del gobierno de Chihuahua, Jaime Ramón Herrera Corral, envió a la SHCP la solicitud por 275 millones de pesos con la siguiente justificación: “El estado de Chihuahua enfrenta diversas restricciones y presiones financieras y presupuestales para solventar diversos gastos de operación, entre otros el pago de servicios personales que ocasionaría pérdida en la eficiencia de la capacidad de respuesta del estado en caso de incumplimiento de pago oportuno”.
La petición de recursos a la Secretaría encabezada por Videgaray fue dirigida a Isaac Gamboa Lozano, jefe de la Unidad de Política y Control Presupuestario.
Dos días después, el 15 de enero de 2016, Gamboa Lozano y Herrera Corral firmaron el convenio por la concesión del monto requerido.
Cuatro empresas
Con base en la revisión de documentos de la corte estatal sobre declaraciones de funcionarios del gobierno de Duarte, procesados e interrogados por las autoridades, los 275 millones de pesos que dio la SHCP sí fueron utilizados para los propósitos que expuso Herrera Corral en su solicitud.
Sin embargo, y de acuerdo con la declaración de la sentencia de Ricardo Yáñez Herrera, exsecretario de Educación de Chihuahua, Beltrones, Duarte y Gutiérrez Gutiérrez fraguaron el plan consistente en que 250 millones de pesos de las arcas estatales se enviaran en efectivo al PRI mediante contratos con cuatro empresas que supuestamente prestarían servicios al sistema educativo. El uso de esas empresas era una cortina de humo, por si se hacía una investigación del asunto, para que se asumiera que el dinero se destinó a cubrir necesidades legítimas, lo mismo que el aporte federal.
En su declaratoria de culpabilidad de fraude y enriquecimiento ilícito –delitos por los que fue sentenciado a cuatro años de cárcel y a devolver 246 millones de pesos al estado–, Yáñez Herrera asegura que las cuatro empresas fueron propuestas por Gutiérrez Gutiérrez, con el argumento de que las entidades ya habían sido usadas para el mismo objetivo en otros cinco estados: Durango, Puebla, Sinaloa, Tamaulipas y Veracruz.
Las irregularidades en el proceso de contratación directa de las cuatro empresas, sin licitación, se expone hasta en el orden cronológico asignado en los números de contratos y en las fechas en que éstos fueron firmados.
El 24 de febrero de 2016 la empresa Servicios y Asesorías Samex, SC, representada por Sandibel Gallardo Gallardo, y el gobierno estatal, representado por Yáñez Herrera y por el director general de Hacienda, Gerardo Villegas Madriles, firmaron el contrato número SH/AD/078/2016 por 55 millones de pesos. Los servicios que esta empresa prestaría a Chihuahua, y que nunca llevó a cabo, serían: capacitación e impartición de un curso para la actualización de 5 mil 605 padres de familia de nivel preescolar y primaria en el desarrollo de un sistema de actitud eficaz, enfocado a desarrollar una mejor calidad de vida en el ambiente familiar.
Con la empresa Servicios y Asesorías Sinnax, SA de CV, representada por José Juan Saliano González, Yáñez Herrera y Villegas Madriles, firmaron el 25 de febrero el contrato número SH/AD079/2016, por 55 millones de pesos, por servicios que tampoco se prestaron: un curso para la actualización de docentes de nivel básico y evaluación de personalidades, motivaciones, áreas de oportunidad y fortalezas.
El 26 de febrero de 2016, Villegas Madriles y Yáñez Herrera rubricaron el contrato SH/AD/080/2016, por 46 millones de pesos, con la empresa Servicios y Asesorías Sissas, SA de CV, representada por Aarón Talavera Mejía, por 46 millones de pesos a cambio de la capacitación e impartición de un curso en temas relativos al medio ambiente, dirigido a docentes para que éstos lo impartieran a alumnos de niveles preescolar y primaria en el estado.
El último contrato, el número SH/AD /077/2016, asignado a Despacho de Profesionistas Futura, SA de CV, representada por María de Lourdes Gallardo Carrillo y firmado por Villegas Madriles y Yáñez Herrera, amparó 90 millones de pesos por la presunta prestación de servicios “profesionales de planeación, diseño e implementación de software que se denomine ‘Sistema Integral de Trámites y Movimientos del Personal de Subsistema Estatal’, el cual tiene como fin sistematizar y hacer más eficientes los procesos de administración de recursos humanos del magisterio”.
La suma de los montos asignados al vapor a estas cuatro empresas por la Secretaría de Hacienda de Chihuahua da la cifra de 246 millones de pesos. En dicha ecuación queda claro que faltaban 4 millones de pesos de los 250 solicitados en el Acta de Adjudicación SH/AD/080/2016, firmada a las 19:00 horas del 26 de febrero de 2016 por Antonio Enrique Tarín García, presidente del Comité de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Poder Ejecutivo del Estado; Érick Manuel Hernández Aguilar, representante de la Dirección de Programas de Inversión de Hacienda, y por Karla Areli Jurado Bafidis, directora administrativa de la Secretaría de Educación.
En esa Acta de Adjudicación de recursos del estado para la contratación de las cuatro empresas –que están en la lista negra del Sistema de Administración Tributaria (SAT)– quedó en blanco la línea correspondiente a la firma de un testigo, que en este caso debió ser algún funcionario de la Secretaría de la Contraloría de Chihuahua.
Estalla el escándalo
El jueves 21, The New York Times publicó en la primera plana de su edición impresa un amplio reportaje firmado por su corresponsal en México, Azam Ahmed, y por el corresponsal de Proceso en Washington, en el cual se expuso el mecanismo del desvío de fondos del erario chihuahuense para el PRI, con la presunta coordinación de Beltrones, Duarte, Gutiérrez Gutiérrez y la supuesta anuencia de la SHCP de Videgaray.
Horas antes de esa publicación, en la tarde del miércoles 20, el diario neoyorquino subió a su página en internet la nota que daba cuenta de la captura de Gutiérrez Gutiérrez y del robo del dinero de Chihuahua para los fines electorales del PRI.
La publicación del reportaje mencionado se precipitó por el arresto de Gutiérrez Gutiérrez, anunciado por el gobernador Javier Corral en su cuenta de Twitter. En un operativo conjunto de la Policía Federal y la estatal de Chihuahua, fue detenido a petición de la corte estatal, acusado de peculado agravado.
Corral, según las versiones a las que este semanario tuvo acceso, se vio obligado a hacer precipitadamente el anuncio de la captura del exdirectivo del CEN priista porque los agentes federales se negaban a entregar al detenido a las autoridades del gobierno de Chihuahua para ser llevado a la capital del estado, donde iba a ser presentado ante el juez.
Las declaraciones de Yáñez Herrera fueron la clave para detener a Gutiérrez. Gracias a ellas y a las pesquisas de la Fiscalía estatal, que siguió la ruta del dinero, se descubrió que los 4 millones de pesos faltantes de la asignación de los 250 desviados a las arcas del PRI se los embolsó Gutiérrez. De ahí la acusación de peculado.
El 15 de abril de 2016, a las cuatro de la tarde con 20 minutos y 36 segundos, se depositaron 4 millones de pesos en la cuenta de Banorte número 072076005436939210, a nombre de la empresa Jet Combustible, SA de CV, propiedad de Gutiérrez Gutiérrez.
La entidad que realizó el depósito a la cuenta de la empresa de quien fuera mano derecha de Beltrones fue el estado de Chihuahua, cuya referencia la estipula el documento de la transferencia bancaria revisado por Proceso.
Fracaso electoral
La trama del desfalco a Chihuahua para financiar las campañas del PRI en las elecciones de 2016 –de acuerdo con las declaraciones de los cinco implicados que han sido capturados y sentenciados, y a una decena más de antiguos funcionarios del gobierno de Duarte que están cooperando con la Fiscalía estatal– obedeció a los temores de Beltrones de perder el control de los gobiernos de los estados a donde se enviaron los fondos estatales, como los 246 millones de pesos del estado de Chihuahua.
El robo en cada una de esas entidades no funcionó para materializar los planes definidos supuestamente por Beltrones. En esos comicios el partido del presidente Enrique Peña Nieto perdió siete de las 12 gubernaturas en juego, y en cuatro de ellas el PRI fue el gran derrotado por primera vez en su historia.
Poco después del fracaso del PRI con Beltrones como presidente del CEN, en agosto de 2016, Duarte descubrió que el gobierno electo que encabezaría Corral tenía conocimiento de los desvíos de dinero.
Esto se desprende de la declaración de sentencia de Yáñez Herrera que se leyó en audiencia en la ciudad de Chihuahua el pasado jueves 21, cuya copia ya había sido revisada en días anteriores por The New York Times y Proceso.
La alarma en el gobierno de Duarte no fue compartida por los exdirectivos del PRI. Poco después de agosto del año pasado, por orden de Duarte se pactó una reunión en la sede del CEN del PRI en la Ciudad de México, a la que asistieron Gutiérrez Gutiérrez, Yáñez Herrera, Alejandro Gutiérrez Jr. (hijo del ahora implicado y acusado de peculado agravado), otros cuatro directivos del PRI y funcionarios del gobierno chihuahuense.
La declaratoria de sentencia de Yáñez Herrera sostiene que el exsecretario de Educación cuestionó a los Gutiérrez sobre las cuatro empresas entre las que se repartieron los 246 millones de pesos, argumentando que evidentemente eran frentes creados con el único propósito del timo.
Alejandro Gutiérrez Jr. “le refirió que las empresas que le habían proporcionado eran serias, a lo que el declarante le preguntó si eran capaces de soportar esos recursos y desviar el dinero”, se lee en la declaratoria de la sentencia.
Herrera Corral y Yáñez Herrera querían en esos momentos, y luego de descubrir que el gobierno electo de Corral estaba enterado del fraude, que el CEN del PRI les devolviera los 250 millones de pesos para cubrir el desfalco.
La declaración de sentencia de Yáñez Herrera establece de la siguiente forma la contestación de Gutiérrez a las necesidades del gobierno de Duarte de cubrir el desvío de los 250 millones de pesos por medio de las cuatro empresas: “Que las empresas estaban blindadas por el SAT y, en caso de una auditoría, no habría problema… la respuesta fue que no se podía devolver el dinero, que lo habían operado en campañas de otros estados y que no se preocupara”.
En una reunión posterior a la celebrada en el CEN del PRI en la Ciudad de México, ahora en Plaza Carso, de acuerdo con la declaración de sentencia de Yáñez Herrera, ante la insistencia del gobierno de Duarte de cubrir el fraude con la devolución de los 250 millones de pesos, Gutiérrez estaba iracundo y, por ello, a modo de reclamo, preguntó a los funcionarios del estado de Chihuahua: “¿Por qué sigue viva la persona que firmó las facturas?”.
Ante las evidencias recolectadas por la Fiscalía de Chihuahua del gobierno de Corral y con la aceptación de culpabilidad, de declaratorias y sentencias de quienes fueron funcionarios del gobierno de Duarte, Beltrones podría y debería ser citado a declarar sobre el asunto; lo mismo que Videgaray, como titular de la SHCP en ese momento, ya que debió aprobar la transferencia de los 275 millones de pesos, o por lo menos haber revisado la solicitud del gobierno de Duarte.
En un país donde sí se aplican las leyes, en caso de que Videgaray se deslinde del asunto aludiendo el desconocimiento de la transferencia de dinero, podría ser acusado del delito de omisión y falta de cumplimiento de sus responsabilidades como administrador y guardián del dinero del Estado mexicano.
Como máximo representante del PRI en 2016 y hasta la fecha, Peña Nieto debería también aclarar si se enteró del plan orquestado presuntamente por Beltrones.
Ahora José Antonio Meade, destapado por Videgaray como próximo candidato del PRI y ratificado posteriormente por Peña Nieto, a la luz del escándalo destapado en Chihuahua tendrá problemas para convencer al electorado de que él es distinto de los funcionarios y exfuncionarios del partido que lo arropó, sobre todo cuando los emblemas de este sexenio, reconocidos a nivel nacional e internacional, son la impunidad, la corrupción y el fraude electoral.
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César Duarte, prófugo de una PGR que no lo persigue/JENARO VILLAMIL
Revista Proceso #2147 , 24 de diciembre de 2017....
César Duarte, exgobernador de Chihuahua acusado entre otras cosas de desviar parte de los salarios de los burócratas estatales para engordar las arcas priistas, está prófugo desde mediados de este año. Y pese a que la FEPADE y la fiscalía chihuahuense aportaron las pruebas de su culpabilidad, además de pedir a la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales que solicitara su extradición, ésta nada hizo. La situación no ha variado desde entonces: no se ha emitido ninguna solicitud para entregar al fugado. Esa omisa subprocuraduría estaba encabezada por Alberto Elías Beltrán, quien tras la renuncia del procurador Raúl Cervantes quedó como encargado de despacho en la PGR.
Desde el pasado 23 de junio César Duarte, exgobernador priista de Chihuahua acusado de delitos electorales, está prófugo; el principal obstáculo para detenerlo ha sido la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República (PGR) encabezada hasta octubre por el actual encargado de despacho de la institución, Alberto Elías Beltrán.
Pese a que la Fiscalía Especializada Para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) pudo armar un expediente sólido y girar las órdenes de aprehensión contra Duarte y seis funcionarios más de su gobierno –por peculado electoral y por haber desviado hacia el PRI aportaciones de los trabajadores por 79 millones de pesos–, la subprocuraduría encabezada por Elías Beltrán no ha emitido la solicitud de extradición.
El pasado 12 de septiembre el entonces titular de la FEPADE, Santiago Nieto Castillo, le pidió a Elías Beltrán que solicitara la extradición de Duarte. No lo hizo. Tampoco hizo caso a las 10 denuncias presentadas por la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, que acusan a Duarte, entre otros delitos, del desvío de mil 200 millones de pesos y recientemente por el de 250 millones de pesos, mediante la triangulación de fondos públicos recibidos por la Secretaría de Hacienda, cuando la encabezaba Luis Videgaray, y destinados a la dirigencia nacional del PRI, con Manlio Fabio Beltrones como presidente del tricolor.
El nuevo titular de la FEPADE, Héctor Marcos Díaz Santana Castaños, nombrado apenas el viernes 15 por el Senado, tendrá que enfrentar las dos nuevas denuncias por presunta triangulación de fondos a las campañas del PRI en 2016, por medio de los gobiernos de Chihuahua, Tamaulipas y Veracruz, así como dar seguimiento al expediente que dejó su antecesor sobre la red que desvió recursos de los descuentos a los trabajadores hacia las finanzas priistas por al menos 79 millones de pesos.
El entramado de César Duarte
En el expediente de la FEPADE –al cual tuvo acceso este semanario– sobre el desvío de 79 millones de pesos de los descuentos de nómina a burócratas aparecen algunos de los mismos funcionarios de Duarte que actualmente están vinculados a la trama de los 250 millones de pesos desviados mediante una red de empresas fantasma vinculadas con el hijo de Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, secretario general del CEN del PRI en 2016.
La carpeta de investigación FEP/FEPADE/UNAI-CHIH/0002259/2016, iniciada en diciembre de 2016 a raíz de la denuncia presentada por Rocío Estefany Olmos Loya, secretaria de la Función Pública del gobierno panista de Javier Corral, señala como imputados al exgobernador César Duarte, al exsecretario estatal de Hacienda, Jaime Ramón Herrera Corral; al exdirector de Egresos, Jesús Olivas Arzate; al exdirector general de Administración, Gerardo Villegas Madriles; al exdirector de Recursos Humanos de la Secretaría de Hacienda estatal, Adrián Dozal Dozal; y al director de Pagos de la misma dependencia, Miguel Ángel Mezquitic Aguirre.
Además de estos seis funcionario estatales se imputa a otros tres dirigentes priistas: Pedro Mauli Romero Chávez, exsecretario de Finanzas y Administración del PRI chihuahuense; Diana Karina Velázquez Ramírez, exdiputada federal; y Yoi Sayto Meraz.
El pasado 27 de junio, el juez de control vinculó a proceso al duartista exsecretario de Hacienda, al exdirector de Control y Programación de Pagos de la dependencia estatal, al exdirector de Egresos y al exsecretario de Finanzas del PRI estatal. Se volvió a solicitar la orden de aprehensión contra César Duarte, misma que se otorgó el 30 de junio de 2017.
El 9 de agosto se solicitó a la Cámara de Diputados federal la declaración de procedencia contra la legisladora Diana Velázquez Ramírez y el 21 de agosto, el exdirector general de Administración de la Secretaría de Hacienda estatal, Gerardo Villegas Madriles, obtuvo un amparo.
Desde el pasado 12 de septiembre, con el oficio 2285-FEPADE-2017 se le solicitó al subprocurador jurídico y de asuntos internacionales de la PGR, Alberto Elías Beltrán, que iniciara el procedimiento para solicitar la extradición de César Duarte Jáquez, presuntamente escondido en Estados Unidos.
Elías Beltrán no ha girado la solicitud de extradición y desde el pasado 16 de octubre, a raíz de la abrupta renuncia del procurador Raúl Cervantes Andrade, es el encargado de despacho de la PGR.
Y el vínculo de Elías Beltrán con el exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, y con el actual precandidato a la presidencia José Antonio Meade, es muy claro. Entre 2013 y 2016 fue director general de Asuntos Normativos de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, a cargo de Alberto Bazbaz Sacal y a las órdenes de Luis Videgaray. Cuando Meade fue secretario de Hacienda del gobierno de Felipe Calderón, Elías Beltrán era director general adjunto de la misma Unidad de Inteligencia Financiera (2010-2013).
Desvío de 79 millones
El origen de la investigación fue la denuncia presentada por la titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP) del gobierno de Javier Corral, Olmos Loya, en diciembre de 2016.
En su comunicado, la dependencia estatal destacó que, junto con la denuncia, “se adjuntó evidencia documental que acredita cómo los descuentos ilegales, realizados por la Secretaría de Hacienda (estatal) a más de 700 servidores públicos, fueron entregados al secretario de Administración y Finanzas del PRI de Chihuahua, quien recibió en efecto aportaciones del Ejecutivo para el PRI estatal.
“Tan sólo de enero a diciembre de 2015, y únicamente considerando las retenciones de la Administración Pública Estatal centralizada, el monto asciende a 14 millones 617 mil 881 pesos. En tanto que el total retenido al sector centralizado, y entregado al PRI durante la administración 2010-2016, supera los 79 millones de pesos”, abundó la SFP de Chihuahua.
La dependencia presentó la relación de todos los servidores públicos a quienes les fue retenido su ingreso, los talones de pago en los que se observa el monto que correspondía a cada uno y el que recibió realmente una vez aplicado el descuento.
También entregó copias de cheques indebidamente autorizados, endosados y cobrados cada mes por los entonces funcionarios de la Secretaría de Hacienda de Chihuahua, encabezada por Jaime Herrera Corral, el mismo personaje que antes dirigió el “banco sexenal” Unión de Crédito Progreso, donde fueron depositados más de 80 mil millones de pesos del presupuesto estatal.
Adjuntó los recibos firmados por el secretario de Administración y Finanzas del PRI estatal, por el monto retenido cada mes y que fueron a parar a las arcas del tricolor.
A su vez la FEPADE acreditó ante el juez que al menos durante 2015 se desviaron 15 millones de pesos mediante el sistema de descuento de nómina de la Secretaría de Hacienda al PRI. Al ampliar la denuncia a los años 2011, 2012, 2014 y 2016, la FEPADE calculó que el desvío asciende a 79 millones de pesos.
Según la denuncia de la FEPADE, todos los implicados en la red de peculado electoral de César Duarte fueron cómplices en el manejo de retenciones a 700 burócratas estatales, a quienes cada día 20 les descontaban entre 5 y 10% de su bono de compensación para desviarlo hacia el PRI, según explicó el entonces titular de la fiscalía, Santiago Nieto Castillo.
Éste informó desde el 27 de junio que tenían 12 cheques y otras 87 pruebas, incluyendo los testimonios de 49 de los trabajadores coaccionados, para acreditar la demanda.
Otra línea de investigación de la FEPADE incluye pruebas documentales que apuntan a otras irregularidades en la Junta Central de Aguas y otros órganos desconcentrados, como la Comisión Estatal de Vivienda, Sustentabilidad e Infraestructura. Mediante estas dependencias, la administración de Duarte habría desviado al menos 400 millones de pesos.
Esta red de desvío también implicó a medios de comunicación, ya que mediante estas dependencias se pagaban los convenios de publicidad con periódicos y estaciones radiofónicas (Proceso 2113).
La operación por peculado electoral en la administración de Duarte se realizó mediante retenciones de nómina en la Secretaría de Hacienda local. Esta dependencia emitía un cheque que se depositaba a la cuenta de una empresa particular y ésta, a su vez, entregaba el dinero en efectivo al secretario de Finanzas del PRI de Chihuahua, según consta en la investigación de la FEPADE.
En otros estados
Desde que se dio a conocer el modus operandi de las retenciones de nómina en la Secretaría de Hacienda de Chihuahua, la FEPADE recibió otras denuncias que implican a funcionarios de Coahuila y Tamaulipas por delitos similares.
“Tenemos abiertas carpetas de investigación por ese delito en los municipios de Torreón, Saltillo, Sabinas, Matamoros, entre otros”, afirmó en octubre de este año Santiago Nieto, entonces titular de FEPADE.
“El caso que tenemos más avanzado por este delito es el de Chihuahua, donde ya se solicitó la extradición de César Duarte para que responda por los delitos de peculado electoral, financiamiento ilícito y retención de los salarios de los trabajadores para financiar al PRI”, afirmó el exfiscal en un acto público.
En Quintana Roo, el secretario general del PRD, Carlos Montalbán Colón, denunció en julio de este año que durante el gobierno de Roberto Borge, otro exmandatario priista acusado de corrupción, se realizaron descuentos obligatorios e ilegales de al menos 350 pesos quincenales a los 12 mil burócratas estatales, dinero que se entregaba al PRI como si se tratara de “cuotas voluntarias”.
Un oficio firmado por la directora de Recursos Humanos del gobierno estatal, María del Carmen Ramírez Sánchez, ordenó a los funcionarios de nivel alto y medio del gobierno quintanarroense que “donaran” cuotas quincenales que iban de 2 mil 500 pesos para secretarios, 2 mil para subsecretarios, mil para directores de área y 500 para los jefes de departamento.
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Beltrones se lanza contra el gobernador Corral/JOSÉ GIL OLMOS
En pleno escándalo por el presunto desvío de 250 millones de pesos de las arcas del gobierno de Chihuahua en 2016 para ayudar al PRI en diversos estados en las elecciones de ese año, el exdirigente de ese partido, Manlio Fabio Beltrones, acusó al gobernador panista Javier Corral de estar cometiendo un daño moral deliberado “en busca de notoriedad política o de condenas mediáticas que no caben ya en nuestro sistema jurídico”.
El PRI tardó cinco días en reaccionar de manera contundente ante las críticas desatadas por las declaraciones de Jaime Herrera Corral, exsecretario de Hacienda del gobierno de César Duarte, contenidas en el expediente abierto contra éste por el cargo de desvío de recursos públicos para las campañas del PRI en 2016 en Tamaulipas, Veracruz y Chihuahua.
En tanto, Alejandro Gutiérrez, operador financiero de Beltrones cuando éste encabezó el PRI, fue detenido en Saltillo acusado de ser el principal operador de la triangulación de recursos federales autorizados por la Secretaría de Hacienda, encabezada entonces por Luis Videgaray, mediante empresas que servían como pantalla para enviar los recursos al PRI.
El primero en declarar fue el propio Beltrones, quien en una carta enviada el 19 de diciembre al diario Reforma, donde se publicó la primera nota un día antes, dijo que esa versión era inverosímil.
Ante la propagación del escándalo, el precandidato presidencial del PRI, José Antonio Meade, en una gira por Sonora –entidad natal de Beltrones– dijo tibiamente que estaría atento a la investigación, que conocía personalmente a Alejandro Gutiérrez y le tenía afecto. “Espero que se aclare todo a satisfacción”, dijo ante los reporteros.
El jueves por la mañana, el dirigente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, ofreció una conferencia de prensa en la que exigió pruebas, señaló que el tratamiento del caso obedecía a presiones políticas y advirtió que la filtración de las declaraciones ministeriales es un delito. Pero en ningún momento defendió a Beltrones.
Tampoco lo hizo Aurelio Nuño, coordinador de la campaña de Meade. Entrevistado en una estación de radio, el exsecretario de Educación Pública espetó: “Como lo ha aclarado la autoridad, es falso y, bueno, simplemente eso, la autoridad ha respondido a esas acusaciones; ha dicho que es falso, y en cualquier caso está en instancias que llegarán finalmente a una determinación”.
La defensa de Beltrones
El viernes 23 por la noche el propio Beltrones emitió su posicionamiento. Precisó que las acusaciones parten de una indagatoria que realiza la fiscalía de Chihuahua, en la que, a partir de declaraciones de un “testigo protegido o beneficiado”, figura “de oprobio” judicial que se creía erradicada con el nuevo Sistema Penal Acusatorio, “se imputan nexos y conexiones que no existen ni existieron entre funcionarios del estado de Chihuahua e integrantes del Comité Ejecutivo Nacional del PRI cuando estuvo a mi cargo de agosto de 2015 a julio de 2016”.
Recordó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que las notas periodísticas, los dichos obtenidos al amparo de tortura o de intercambio de beneficios (“que es lo común en los ‘testigos protegidos’, habitualmente delincuentes que reciben pagos o canonjías a cambio de decir lo que quieren que digan”) no son prueba plena ante los tribunales, por lo que son inaceptables en una indagatoria o en un juicio apegado a la ley.
El exdirigente priista enfatizó que el fiscal general de Chihuahua ha vulnerado el proceso al filtrar supuestos de investigación que causan daño moral y afectan la integridad de quienes son indebidamente mencionados en la investigación.
“Lamentablemente, el gobernador Javier Corral y el fiscal del estado de Chihuahua han faltado a su deber y vulnerado la justicia al actuar con ‘testigos protegidos’ que aportan declaraciones a modo, para alimentar irresponsablemente con filtraciones la hoguera mediática buscando beneficios en la temporada electoral. Ante la abierta, evidente y flagrante violación del debido proceso, es que seguramente todos quienes se han visto agraviados deberán acudir a la justicia federal para que sea un órgano autónomo e independiente quien salvaguarde sus derechos humanos y las garantías constitucionales para su protección”, sostuvo Beltrones.
Argumentó que, como dirigente del PRI, carecía de facultades para “disponer de recursos federales provenientes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público” y que la transferencia de recursos de dicha dependencia hacia los gobiernos locales no es un tema de partido, sino una actividad regulada por las leyes, como el Presupuesto de Egresos y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
“El presidente del CEN del PRI no puede y no firmó convenio alguno con los Ejecutivos estatales para acordar la transferencia de recursos federales, por no ser un tema de su competencia”, insistió.
En cuanto a Alejandro Gutiérrez, precisó que no era el secretario de Finanzas del PRI, sino secretario adjunto, con atribuciones distintas al manejo de recursos dentro del partido.
Al defender a su excolaborador, dijo que el pasado miércoles 20 Gutiérrez fue detenido ilegalmente sólo porque un testigo protegido “le había dicho que le dijo que habría una trama financiera urdida en altos círculos gubernamentales y del partido.
“Así, sin más, sin alguna prueba que tenga validez judicial, Alejandro Gutiérrez fue detenido en abierta violación a sus derechos fundamentales, sin citatorio previo ni medios de defensa, para intentar incriminarlo o incriminar a otras personas en una trama conspiratoria que bien podría ser una novela pero no tiene bases en la realidad”, lamentó Beltrones.
El también exgobernador de Sonora consideró inverosímil que el presidente del CEN del PRI haya instruido a un gobernador sobre el destino de recursos estatales, pues esa es una de las atribuciones del propio Ejecutivo estatal.
Añadió que, si se hubieran transferido recursos de la Secretaría de Hacienda al gobierno de Chihuahua, en todo caso eso es materia de ambas instancias, no de quien era presidente del PRI.
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lLa vasta red de complicidades del PRI/PATRICIA MAYORGA
Revista Proceso #2147 , 24 de diciembre de 2017....
A fin de obtener sentencias más benévolas por cooperar con las autoridades, los exfuncionarios chihuahuenses que operaron los millonarios desvíos del erario hacia las campañas del PRI en diversos estados detallaron ante la Fiscalía de su entidad cómo se cometió el delito, quiénes dieron las órdenes y de cuáles empresas se sirvieron. El resultado: la confirmación de las complicidades entre políticos y empresarios al más alto nivel para malversar fondos públicos con fines electorales.
CHIHUAHUA, Chih.- Desde el gobierno de César Duarte Jáquez se orquestaron estrategias para desfalcar las arcas públicas de varias entidades en contubernio con gobernadores, líderes nacionales del PRI y empresarios, de acuerdo con información ventilada en investigaciones periodísticas y sobre todo, en audiencias públicas de exfuncionarios procesados o sentenciados.
Las principales dependencias oficiales utilizadas para operar los desvíos del dinero público y en las que el entonces gobernador Duarte Jáquez colocó a gente de su confianza, fueron las secretarías de Hacienda, Salud, Comunicaciones y Obras Públicas, Desarrollo Rural, Educación y la coordinación de Comunicación Social.
La investigación relacionada con una red de corrupción de gobiernos priistas se denomina Operación Zafiro y, de acuerdo con información extraoficial de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, incluye entidades como Nayarit, Quintana Roo y Aguascalientes.
El caso del exsecretario adjunto del PRI nacional y exsenador por Coahuila, Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, dejó expuesta una red de funcionarios y empresarios que operaron para desviar recursos a campañas políticas o para acrecentar sus fortunas personales.
Gutiérrez Gutiérrez fue vinculado a proceso el jueves 21, en la Ciudad Judicial de Chihuahua, por el delito de peculado agravado.
En el PRI, al exsenador lo apodan La Coneja, por su gran capacidad para conseguir recursos y desviarlos, de acuerdo con los testimonios ventilados en la audiencia de vinculación a proceso.
Está acusado de gestionar al menos 250 millones de pesos para el gobierno estatal a través de la Secretaría de Educación y Cultura del sexenio duartista, y de buscar empresas que simularan contratos para encauzar el dinero hacia campañas electorales en varios estados.
De acuerdo con exfuncionarios que declararon en dicha causa penal, en ese manejo ilegal de recursos participaron Manlio Fabio Beltrones, entonces presidente del PRI, así como funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Gutiérrez se encargó de conseguir cinco empresas para la operación. Una es de su propiedad, se llama Jet Combustible y por medio de ella desvió 4 millones de pesos de la Secretaría de Hacienda estatal.
En la audiencia mencionada se dio a conocer el testimonio del exsecretario de Educación, Cultura y Deporte, Ricardo Yáñez Herrera, ya preso por la misma causa y sentenciado a cuatro años de cárcel por desviar 246 millones a través de cuatro empresas, que involucran también a Gutiérrez.
Yáñez Herrera indicó que el mismo esquema se utilizó en Puebla, Veracruz, Tamaulipas, Durango y Sinaloa. El exfuncionario fue detenido el 27 de marzo pasado y sentenciado el 27 de noviembre. Se declaró culpable y solicitó juicio abreviado, además de brindar información a las autoridades para recibir una condena menor por su colaboración.
Así, se supo que al finalizar diciembre de 2015 César Duarte entró en conflicto con el entonces titular de la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte y expresidente del Tribunal Superior de Justicia, José Miguel Salcido Romero, porque no quiso colaborar en las operaciones irregulares.
Yáñez Herrera contó ante el Ministerio Público que, recién llegado al cargo, estaba renuente a firmar los contratos ficticios con las empresas que le había indicado el entonces secretario de Hacienda, Jaime Herrera Corral, quien también le explicó que el dinero iría a las campañas electorales del PRI y que ya estaba enterado de eso el dirigente nacional de ese partido, Manlio Fabio Beltrones.
En un viaje a la Ciudad de México, Yáñez se contactó con el área de finanzas del PRI nacional y lo recibió Alejandro Gutiérrez Jr., apoderado legal de Jet Combustibles y quien se encargaba de operar el desvío de fondos en los estados.
El hijo de Gutiérrez Gutiérrez le aseguró que estaban protegidos por el SAT, que no auditaría a esas empresas y que ya habían utilizado esa mecánica de triangulación de recursos en otras entidades.
César Duarte le ordenó a Yáñez Herrera que se presentara con Gutiérrez Gutiérrez. En el encuentro, el funcionario estatal le pidió que devolviera los 250 millones de pesos, porque no había forma de comprobarlos, pero La Coneja contestó que no se podía, ya que los habían utilizado en las campañas; e insistió en que las empresas estaban blindadas por el SAT.
Días después, Gutiérrez envió un mensaje a los funcionarios estatales en el que les confirmaba: “Ya hablé con MF. Del retorno, no hay opción”.
Gutiérrez fue detenido el pasado miércoles 20 de diciembre en Saltillo, cuando salía de su casa. Fue trasladado el mismo día al Cereso estatal número 1, donde lo esperaban agentes federales.
Por la misma causa penal está preso el empresario Germaín Lezama, a quien este mes se le dictaron dos sentencias: una por el desvío de 120 millones de pesos de la Auditoría Superior del Estado, y la otra por el desvío de los 246 milones de pesos. Acumula cinco años y seis meses de prisión.
Yáñez Herrera fue sentenciado el 27 de noviembre a cuatro años. Aún están pendientes las sentencias de Villegas Madriles y Tarín García.
Los exfuncionarios sentenciados y el empresario se declararon culpables, por lo que obtuvieron juicios abreviados y sentencias más benévolas que si hubiesen ido a juicio oral sin reconocer su responsabilidad.
Según las declaraciones de los imputados, uno de los candidatos beneficiados con el dinero de los desvíos fue Enrique Serrano Escobar, quien contendió por el PRI, el Panal, el PVEM y el PT a la gubernatura de Chihuahua.
La red político-empresarial
Las empresas utilizadas en el desvío de recursos a través de la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte del estado son Servicios y Asesorías Samex, Servicios y Asesorías Sinax, Servicios y Asesorías Sisass y Despacho de Profesionistas Futura.
Los contratos con éstas se dieron a conocer desde marzo pasado, en las audiencias de vinculación a proceso de los exfuncionarios mencionados. Y cuando Alejandro Gutiérrez fue presentado ante el juez de Control Octavo Armando Gaytán Rodríguez se conoció uno más: el de la empresa del exsenador coahuilense.
Éste es el número SH/SD/067/2016, por concepto de prestación de servicios profesionales de elaboración de manuales de procedimientos de tierra y protección civil para aeronaves y helicópteros de Gobierno del Estado, por 4 millones de pesos, y se le dio a la empresa Jet Combustibles.
Los contratos fueron autorizados por el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, que emitió las actas de excepción a la licitación pública y de adjudicación directa para evitar el proceso licitatorio correspondiente.
La empresa Kelper Solution, propiedad de Germaín Lezama, fue utilizada por la Auditoría Superior del Estado para desviar ese dinero.
Por el desvío de 120 millones de pesos se encuentran presos el exauditor Jesús Manuel Esparza Flores y su exdirector de administración, Édgar Omar Ramírez, quienes además enfrenta un proceso por destinar más de 500 mil pesos para las vacaciones de Esparza y su familia.
De acuerdo con la causa penal 2422 /2017, el empresario Jaime Agustín Fong Ríos, detenido el 15 de marzo pasado, fue cómplice del desvío de 15 millones 600 mil pesos a través de Secretaría de Salud hacia la empresa Fritag, SA de CV, de la que es dueño. La operación se realizó a través de la coordinación de Comunicación Social y benefició a la firma Consultoría en Gobernanza GB, SC.
Hasta ahora han sido procesados 14 exfuncionarios y empresarios duartistas en Chihuahua, de los que cinco han recibido sentencia y algunos alcanzaron libertad condicional.
El gobernador Javier Corral informó que, además de las 11 órdenes de aprehensión ya giradas contra Duarte Jáquez, que se encuentra prófugo, se han solicitado otras cuatro. La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) pidió una más.
Asimismo, el exsecretario de Hacienda, Jaime Herrera Corral; el exdirector de Egresos de la misma dependencia, Jesús Olivas Arzate; el director de Programación y Control de Pagos, Ángel Mezquitic Aguirre, y el secretario de Finanzas del PRI estatal Pedro Mauli Romero, son procesados en instancias federales por desviar al PRI de Chihuahua más de 14 millones de pesos mediante cuotas que descontaban a los trabajadores del gobierno estatal.
Mauli Romero además se encuentra preso por el desvío de otros 63 millones 833 mil pesos de compensaciones correspondientes a los burócratas del PRI estatal, presuntamente para campañas electorales.
De igual forma, el exdiputado de Movimiento Ciudadano Fernando Reyes Ramírez fue sentenciado a tres años con libertad condicional por el desvío de 2.4 millones de pesos que César Duarte le “prestó” del erario a fin de que aprobara la deuda de bursatilización de 2 mil millones de pesos, el año pasado. Para justificar esa erogación utilizaron a la empresa Bildung Consultoría Organizacional, de Iván Elí Sánchez Jaso, quien también está vinculado a proceso.
Quienes no están detenidos ni procesados, pero han sido señalados en investigaciones periodísticas son Pedro Hernández Flores, exsecretario de Salud, y otros funcionarios de la dependencia que usaron para los mismos fines a las empresas Ymmarsa Pharmaceutic SA de CV, Servicios y Atenciones Médicas K, así como Fritag, Comercialización y Administración de Franquicias Internacionales, entre otras.
Los dueños de Ymmarsa Pharmaceutic eran Juan Hiram Márquez Rodríguez y Jesús Miguel, quienes fueron entrevistados por Proceso en 2014 y confirmaron que compartían domicilio fiscal con negocios de César Duarte.
Ellos se convirtieron en proveedores de los gobiernos de Durango, Coahuila, Aguascalientes, Tabasco y Nuevo León. En la administración de Duarte Jáquez expandieron su cadena de farmacias Economik, que vendieron junto con Ymmarsa y Servicios y Atenciones Médicas K al empresario Eduardo Almeida Navarro cuando se dio a conocer el conflicto de intereses con Duarte.
Almeida Navarro, a su vez, fue uno de los principales proveedores de medicamentos de Duarte Jáquez a través de la empresa Comercialización y Administración de Franquicias Internacionales y es señalado por ganar licitaciones presuntamente irregulares, así como adjudicaciones directas.
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