Por fin despues de 9 años de interpòner una denuncia penal el ex sacerdote Carlos López Valdés fue sentenciado a 62 años de cárcel por el delito de abuso sexual cometido contra el entonces niño Jesús Romero Colín.
El pasado 8 de marzo el Juzgado 55º en materia penal de la Ciudad de México notificó la emisión de la sentencia condenatoria en contra del ex sacerdote católico dentro de la causa penal 244/2008 imponiéndole una sentencia privativa de libertad de 63 años, la cual sólo podrá ser cumplida por los próximos 40 años debido a que esa es la pena máxima que puede cumplirse en la capital.Carlos López Valdés fue acusado por Jesús Romero Colín, que sufrió los abusos entre 1994 y 1998 e hizo la denuncia en 2007.
Jesús Romero señalo que “esta sentencia es simbólica no sólo para mi proceso y para mi lucha, sino para que sea el instrumento que permita romper la burbuja de protección e impunidad que hasta hoy mantenían muchos curas pederastas”.“Esta es la primer sentencia condenatoria contra un cura católico pederasta en la Ciudad de México, no hay antecedente alguno y por ello representa un parteaguas en la procuración e impartición de justicia en nuestra ciudad” señaló el abogado y defensor de derechos humanos David Peña integrante del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, organización civil que acompaño durante todos estos años a Romero Colín.
“Hemos ganado 2 de 3, Carlos López está preso, condenado y tiene que pagar una reparación, la PGJDF ha sido señalada como responsable por la CDHDF por lo que tiene que pagar también una reparación, sólo nos falta la batalla legal contra la iglesia católica de la que estamos seguros también saldremos con la victoria pues tendrán que aceptar sus responsabilidades y pagar una reparación por el daño provocado a Jesús Romero” concluyó Salas.
Estamos ante un hecho sin precedentes...
Además, este hecho hizo que, por primera vez, un par de obispos: Jonás Guerrero y Marcelino Hernández testificaran en el Juzgado 55 del Reclusorio Oriente. Ambos tenían conocimiento de los abusos cometidos por López Valdés, hoy preso en ese Reclusorio, y a quien nunca quisieron presentar ante la autoridad judicial.
El tema:
https://lasillarota.com/opinion/columnas/no-hay-perdon-sin-justicia-un-caso-mas-de-pederastia/124654
No hay perdón sin justicia, un caso más de pederastia/ FRED ÁLVAREZ
“Perdón en nombre de la Iglesia, así con sencillez se lo pido. No me sale otra palabra...” papa Francisco a la víctima
Desde finales de agosto de 2016 está en la cárcel preventiva, Carlos López Valdés, acusado por su probable responsabilidad en la comisión del delito de violación equiparada agravada y corrupción de menores. Hace años usando su “poder divino” violó a un niño de nombre Jesús Romero Colín, quien era monaguillo y tenía entonces 11 años.
El agresor sexual fue detenido en Jiutepec, Morelos, por elementos de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJ) en cumplimentó a la orden de aprehensión librada por el juez 55 en materia penal, con sede en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, causa penal 244/08. La fiscalía Central de Investigación para la Atención de Delitos Sexuales ha llevado las indagatorias correspondientes de manera muy lenta quizá por la falta de cooperación de las partes.
El delito ocurrió en 1994 y siguió hasta 1999, cuando el inculpado era el párroco de los templos de San Agustín de las Cuevas, y San Judas Tadeo, en la delegación Tlalpan, al sur de la Cd. de México.
Años después -en 2007- la victima decidió denunciar los hechos criminales. Primero lo hizo con las autoridades eclesiásticas, quizá para darle la oportunidad de que hicieran algo; el día 22de marzo la madre de Jesús Esperanza Colín habló con el entonces obispo Jonás Guerrero Corona responsable d la VI Vicaria para exponerle el asunto vergonzoso.
¿Qué pasó entonces?
Al enterarse de la gravedad del caso las autoridades actuaron equivocadamente; lo que hicieron y -está documentado- fue pedirle que atendiera su problemática emocional y “conductas inadecuadas...”
Así el clérigo siguió ejerciendo su ministerio varios meses más como si nada hubiera pasado.
Meses después, gracias a la presión mediática –reportajes en medios impresos y electrónicos-, le suspendieron momentáneamente la licencia sacerdotal, e iniciaron un juicio canónico que duró varios años, primero en el Tribunal Interdiocesano en México y al final la Congregación para la Doctrina de la Fe le quitó el grado sacerdotal, ello concluyó en enero de 2011.
Para la arquidiócesis de México ahí quedó su responsabilidad, nadie fue a la cárcel nadie pago daño a la víctima.
Empero, hay que decir que los abogados de la victimas interpusieron el 17 de agosto de 2007 una demanda penal en contra del cura por violación y abuso sexual; después acudieron a presentar una queja ante la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México e incluso acudieron al Comité de Derechos del Niño, de la ONU.
Es recomendable ver el documental Agnus Dei (Cordero de Dios) de Alejandra Sánchez Orozco: fue exhibido en distintos festivales de cine y se pudo ver en algunas salas de la Ciudad de México por muy poco tiempo.
Quizá por todo eso, el caso llegó a los oídos del papa Francisco. De hecho la víctima le escribió al líder religioso de su situación, ante ellos, el papa les respondió con una misiva muy personal, escrita con pluma azul sobre una tarjeta de opalina color blanco de 15.5 por 11 centímetros, con el sello azul marino del Estado de la Ciudad del Vaticano, y fechada el 19 de julio de 2013. Un año después Jesús la hizo pública, tengo una copia en mi poder que la comparto de nuevo en LSR. Vale la pena transcribir las 95 palabras escritas con puño y letra del papa jesuita:
“Tengo recibida su carta. Con dolor, vergüenza, la releí y también con los mismos sentimientos la respondo. Perdón en nombre de la Iglesia, así con sencillez se lo pido. No me sale otra palabra. Rezo por Usted y por todos los que pasaron por ese martirio. Quiero estar cercano. En Usted, y en los que han sufrido lo mismo, veo la cara de Cristo ultrajada. Estoy a su lado y, por favor, le pido que rece por mí. Que Jesús lo bendiga y la Virgen Santa lo cuide. Fraternalmente, Francisco”.
¡Pero el jesuita sabe que no puede haber perdón sin justicia!
Además ese delito hoy se castiga severamente sobre todo a quienes los hayan ocultado.
Debemos decir que antes la legislación eclesiástica toleraba esos hechos. Los sacerdotes “pecadores” eran cambiados de parroquia y algunas veces se les enviaba a casas de recuperación –donde se atendían por problemas de alcoholismo, adicciones, depresión y “situaciones de vida afectiva”.
El agresor fue enviado a “curarse” a la Casa Damasco.
Hagamos una retrospectiva de lo que ocurrió con el caso de Jesús.
Hay un oficio –JGC/04207- que muestra la evidencia de protección de la Arquidiócesis Primada hacia el agresor sexual. Es de la VI Vicaría, cuyo responsable era Monseñor Jonás Guerrero Corona, está fechado el 13 de septiembre de 2007, y dirigido al Presbítero Carlos López Valdez – nótese como le habla de “tu” -, que dice:
“P(adre) López el 13 de marzo de este año te entregué una carta de extrañamiento, donde te pedía que atendieras tu problemática que comprende lo económico y lo emocional, recomendándote acudir a la ayuda de un terapeuta a favor de tu vida sacerdotal“.
El 02 de abril -agrega el escrito-, en las oficinas de esta VI Vicaría fuiste confrontado por S.E.R. (leer como su “Excelencia Reverendísima) Mons. Marcelino Hernández y tu servidor, en la que aceptaste la realidad de tus conductas inadecuadas y nuevamente te pedimos que te atendieras”.
El día 03 de abril se entregó la amonestación canónica “para que cambies de conducta y evitar el escándalo” y volví a recomendarte para que presentaras con Mons. Marcelino Hernández para tu atención médica”.
Subraya que “Cada vez más preocupado por tu salud integral (física, sicológica, moral y espiritual) y dado el descuido e irregularidad como has asumido tu proceso de atención a tu persona y a tu ministerio, me veo en la necesidad de proceder a suspenderte las licencias ministeriales (cc. 13333-1338) ad cautelam (léase provisionalmente) hasta que este proceso administrativo haya concluido”.
Continua la amonestación “Por lo pronto, preséntate de inmediato ante S.E.R Mons. Marcelino Hernández para que ingreses y recibas tratamiento en Casa Damasco, para que de ese modo sumas tu intención emocional y psíquica como ya se te había pedido y que no has atendido debidamente.
De este modo, al retirarte tus licencias ministeriales queremos manifestarte que la Iglesia está preocupada por tu ministerio, pero también debes salvaguardar el bien en sí misma, particularmente si explícitamente hay denuncias sobre tu modo de actuar, y por tanto debes asumir y responder ante las respectivas autoridades eclesiástica y civil”.
Está firmado por el Vicario Jonás Guerrero y el secretario Carlos González Guerrero.
Tiene los sellos correspondientes (anexo).
Observemos que la amonestación al agresor se parece mucho a la que emitió la Santa Sede en mayo de 2006 contra el padre Maciel, cuando se decidió “invitarlo” a retirarse a una “vida de oración y penitencia”, sin llevarlo a un proceso canónico debido a su avanzada edad.
Y es que la legislación eclesiástica hasta antes del papa Francisco perdonaba todos esos pecados.
No es casual que apenas hace tres años –el 11 de julio de 2013–, Francisco emitió un Motu Propio (decreto papal) donde dio a conocer una nueva legislación en materia penal y de sanciones administrativas para el Estado de la ciudad del Vaticano y la Santa Sede. Y sobre todo enfatizó el delito contra los menores, entre los cuales se señalan: La venta, la prostitución, el reclutamiento y la violencia sexual contra los menores; la pornografía infantil, la posesión de pornografía infantil; actos sexuales con menores.
Por eso nos resulta increíble que la VI Vicaría en igual de haber puesto al cura a disposición de las autoridades civiles lo hayan mandado a curarse a Casa Damasco, como si fuera un enfermo.
¡Error gravísimo!
Lo que debieron haber era poner al presunto criminal a disposición de la autoridad correspondiente.
Deben saber los ministros de culto que fueros eclesiásticos los eliminó el presidente Juárez hace más de 100 años.
Sin embargo, para Armando Martínez, abogado de la arquidiócesis dijo hace tiempo que ellos cumplieron con su obligación de inhabilitarlo como sacerdote en 2011.
Creo que el papa Francisco piensa distinto y ha pedido cero tolerancia.
El caso del ex sacerdote Carlos López Valdés es paradigmático, y regresa el tema de la pederastia en la Iglesia Católica.
Y aunque el “pecado” ocurrió hace años el tema está más vivo que nunca en la agenda del papa Francisco. Hace unos días el líder religioso se reunió con dos víctimas italianas de abusos sexuales por parte del clero. Una de ellas sufrió abusos cuando era menor de edad y la otra cuando era mayor de edad. Hay muchos casos de este tipo en el mundo, lamentablemente.
Y por ello, el papa jesuita, gracias a la iniciativa de una víctima, ha propuesto a las conferencias episcopales de todo el mundo a establecer una Jornada de Oración por los sobrevivientes y las víctimas de abusos del clero. La Comisión Pontificia para la Protección de los Menores, presidida por el Cardenal Arzobispo de Boston, Sean O’Malley, cree “que la oración es parte del proceso de curación de los supervivientes y de la comunidad de los creyentes”.
Según la Comisión, algunos de los episcopados ya han respondido positivamente, son los casos de Australia, Sudáfrica y Filipinas, hasta este momento México todavía no lo hace. Es buena oportunidad para hacerlo, quizá esa sea una de las encomiendas del nuevo nuncio Franco Coppola, quien arribará a México la próxima semana, tiene boleto de avión para el día 28 de septiembre.
Por último decir que el caso de Jesús Romero Colín ocurrió antes del papado de Francisco cuando los delitos de pederastia se toleraban, hoy ya no... Además de que hace un año -el 10 de junio de 2015- el pontífice autorizó la creación de un nuevo tribunal contra los abusos sexuales, que trabajará en la Congregación de la Doctrina de la Fe, y que se encargará de las denuncias contra obispos que se sospeche hayan encubierto casos de abusos de este tipo.
También decir que el ex párroco aunque está detenido en el reclusorio goza de la presunción de inocencia que señala la Constitución.
La causa penal 244/08 lo tiene en sus manos un juez penal, esperamos un debido proceso, y que el inculpado pague por sus crímenes cometidos.
Seguramente serán llamados a declarar muchas personas, hoy son altos prelados.
Tomando en cuenta la legislación al momento de los hechos la pena será mínima; por violación agravada podría recibir hasta 21 de cárcel y ochos más por corrupción, de acuerdo al código penal de 1996.
Pero el caso tiene un impacto mediático.
PD. Unas precisiones sobre el caso:
i) Fue de llamar la atención el comunicado No. No. CS2016-970 de la PGJ de la Ciudad de México cuando se detuvo al ex sacerdote, son 274 palabras, hay 85 de más, un párrafo completo.
La detención fue el viernes 26 y se dio a conocer hasta el domingo 28, pusieron el nombre completo del indiciado con todo y fotografía cuando deben de cuidar la presunción de inocencia. Fue muy bueno que no hayan dado a conocer el nombre de la víctima –nosotros los ponemos debido a que la Jesús así lo decidió-.
Ah y por último hay en el comunicado un párrafo de más, que no tiene razón de ser, dice:
“Al conocer el ilícito, el Tribunal Eclesiástico de la Arquidiócesis Primada de México solicitó que se iniciara el juicio canónico contra el indiciado, y a su vez, el Tribunal Eclesiástico informó a la congregación de la doctrina de la Fe en la Santa Sede en Roma, Italia, quienes continuaron con la investigación, remitiendo como sentencia definitiva en el 2010 (Sic, fue en 2011), su exclusión del ejercicio sagrado del ministerio; además, se le prohibió predicar y desempeñar algún oficio directivo en el ámbito pastoral ni fungir como administrador parroquial“.
¿Por qué ciudadano procurador, Rodolfo Fernando Ríos Garza?
¿Así se lo pidieron?
ii) El 29 de marzo de 2015 el periodista Rodrigo Vera de la revista Proceso publicó un reportaje sobre el tema, mismo que mereció una carta de Hugo Valdemar Romero, vocero de la arquidiócesis donde le dice que:
“Efectivamente, tan pronto el entonces sacerdote Carlos López fue denunciado ante el obispo auxiliar Jonás Guerrero por la señora Esperanza Colín, el 22 de marzo de 2007, se inició una investigación canónica, (y) el acusado fue retirado de su oficio de párroco, y en septiembre del mismo año se le suspendió de su ministerio sacerdotal, en espera de que, luego de ser enviada la documentación a Roma, llegara la sentencia definitiva, lo cual aconteció en 2011”.
Agrega: “Desde que Carlos López recibió la suspensión en marzo de 2007, se le prohibió celebrar cualquier sacramento. Si él continuó haciéndolo, fue en abierta rebeldía ante el cardenal Rivera, y si ha continuado celebrando hasta ahora, lo hace desafiando la autoridad del Papa Francisco, pues está suspendido de forma irrevocable”.
La respuesta del reportero fue que a decir de la víctima la “inhabilitación quedó en el puro papel y esconde un acto de encubrimiento, pues Carlos López continuó oficiando misas en la arquidiócesis durante todo su proceso, y ahora lo sigue haciendo en el estado de Morelos”.
Precisemos al padre Valdemar. Según el oficio –JGC/04207- de la VI Vicaria transcrito en la parte de arriba demuestra que el agresor sexual se le seguía tratando como sacerdote, es decir como ministro de culto, además de que estaba registrado en Gobernación.
Leamos el escrito fechado el 13 de septiembre de 2007, de entrada se le dirige al “Presbítero Carlos López Valdez“. Todos sabemos que dentro del catolicismo, los presbíteros son sacerdotes que sirven en una diócesis. Dice el canon 521 § 1 del código de derecho canónico; “Para que alguien pueda ser designado párroco válidamente debe haber recibido el orden sagrado del presbiterado”.
También se le trata como “padre“: P. López“.
Y el 3 de abril se le entregó la amonestación canónica “para que cambies de conducta y evitar el escándalo”. Y no fue sino hasta el 13 de septiembre cuando se le “suspende las licencias ministeriales (cc. 1333-1338) ad cautelam (léase provisionalmente) hasta que este proceso administrativo haya concluido”.
El proceso fue largo y concluyó en 2011.
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El caso de Jesús Romero Colín, sin justicia terrenal
Y la reparación del daño?
Con base en argucias, el cura abusador permanece impune/RODRIGO VERA
Revista Proceso No 2007, 18 de abril de 2015
El defensor del joven Jesús Romero Colín insiste en que el cardenal Norberto Rivera debe sujetarse a las leyes y denunciar ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal al sacerdote Carlos López Valdés, quien abusó de su cliente. De no hacerlo, dice, habría un problema de soberanía. Y lamenta las argucias del abogado del cardenal, Armando Martínez, quien argumenta que “desde el punto de vista canónico” la situación está finiquitada. Por lo pronto, el caso será llevado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
A pesar de que el tribunal eclesiástico de la arquidiócesis de México determinó que su sacerdote Carlos López Valdés abusó sexualmente del menor Jesús Romero Colín, la arquidiócesis se niega a denunciarlo ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF); también se muestra renuente a colaborar en el proceso que esta instancia lleva.
Esa actitud viola las leyes civiles y ha permitido que el pederasta continúe en libertad, afirma el abogado de la víctima, Luis Ángel Salas, quien ya estudia la posibilidad de acudir a los tribunales internacionales.
Sin embargo, para el abogado de la arquidiócesis, Armando Martínez, ésta no se ve obligada a denunciar penalmente al pederasta porque ya lo hizo la víctima. Y asegura que la Iglesia cumplió con su obligación de inhabilitarlo como sacerdote en 2011. Y si canónicamente resultó culpable –argumenta–, el expárroco continúa en libertad porque para la procuraduría capitalina sigue siendo inocente, aunque pueda parecer paradójica esta situación.
El defensor de Romero Colín asegura tajante:
“En cuanto lo halló culpable, la arquidiócesis de México estuvo obligada a denunciar penalmente a su sacerdote ante la procuraduría, como lo marca la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, la cual estipula claramente que ninguna creencia podrá negar las leyes del país porque entonces habría un problema de soberanía.
“El arzobispo de México, Norberto Rivera Carrera, no puede decir: ‘Yo sólo me baso en las leyes canónicas’. ¡No! Debe sujetarse a las leyes mexicanas. Incluso el mismo Papa Francisco está pidiendo denunciar a los curas pederastas ante las autoridades civiles, en su actual política de ‘tolerancia cero’.”
De acuerdo con la legislación civil, dice el abogado Salas, López Valdés cometió por lo menos tres delitos: violación equiparada, corrupción de menores y pornografía infantil.
Y asegura que la arquidiócesis lleva años negándose a cooperar en el proceso que le lleva la PGDF al hoy expárroco:
“En 2008 nosotros le empezamos a pedir a la arquidiócesis los primeros documentos. Y desde entonces se ha estado negando a cooperar. Varias veces también llegamos a solicitar audiencia con el cardenal Rivera. Y hasta febrero pasado nos recibió, comprometiéndose a apoyarnos. Pero en los hechos todavía no vemos nada”.
–¿Qué documentos eclesiásticos están pidiendo actualmente?
–Pedimos una relación de las parroquias donde estuvo oficiando el padre Carlos López de 1993 a 2013, pues siguió oficiando durante y después del proceso eclesiástico que lo condenó. También pedimos que la arquidiócesis nos diga quiénes eran sus superiores inmediatos durante el tiempo en que cometió sus abusos sexuales, para así ir delimitando responsabilidades. Y, por supuesto, necesitamos documentación de su expediente en el tribunal eclesiástico, como su declaración de culpabilidad.
Castigo de papel
El denunciante Romero Colín era un niño de 11 años cuando, en 1994, entró a ayudar como acólito al padre Carlos López en la parroquia de San Agustín de las Cuevas, ubicada en Tlalpan. Desde entonces y hasta 1999 –un periodo de cinco años– el sacerdote estuvo abusando sexualmente del menor.
Avergonzado y confundido, Romero Colín no se atrevía a revelar tales hechos a sus padres, quienes eran muy cercanos al párroco. Lo hizo hasta 2007. Inmediatamente, su familia denunció al cura tanto en la arquidiócesis como en la PGJDF. Ante lo irrefutable de las pruebas –como fotografías donde aparece el religioso abusando de menores–, la Iglesia lo declaró culpable y lo suspendió como sacerdote en 2011.
Pero el castigo eclesiástico quedó en el puro “papel”, pues el pederasta –a decir del joven– siguió oficiando durante los cuatro años en que se le sometió a juicio; aun lo sigue haciendo en el estado de Morelos. Romero Colín también asegura que Jonás Guerrero y Marcelino Hernández, entonces obispos auxiliares del cardenal Rivera, tenían pleno conocimiento de sus abusos desde años antes de que se le sometiera a juicio, y pese a ello decidieron encubrirlo (Proceso 2004).
El abogado Salas insiste en que, por lo pronto, debe presentarse a declarar Jonás Guerrero, actual obispo de Culiacán, ya que entonces era encargado de la Sexta Vicaría de la Arquidiócesis y superior inmediato del pederasta.
“Nosotros ya antes habíamos requerido a Jonás Guerrero, pero fue justo cuando lo sacan de la arquidiócesis de México y lo hacen obispo de Culiacán. Marcelino Hernández (actual obispo de Colima) también estaba al tanto de los delitos del padre Carlos porque intentó ayudarlo psicológicamente para que no siguiera delinquiendo”, comenta.
El único subalterno del cardenal al que la procuraduría citó a declarar fue Alberto Pacheco, a cargo entonces del Tribunal Eclesiástico. “En su comparecencia, Pacheco incurrió en falsedad porque negó los hechos contra el padre Carlos que le imputó su propio tribunal. Desgraciadamente, Pacheco murió el año pasado”, dice el abogado Salas.
–¿Debe también comparecer el cardenal Rivera?
–Primero trataremos de que haya orden de aprehensión contra Carlos (López) Valdés. Y esperamos que el cardenal nos aporte elementos para obtenerla, como nos lo prometió en la reunión que tuvimos con él.
Alude al encuentro que, el pasado 18 de febrero, sostuvo él y Romero Colín con el cardenal. Ahí también estuvieron Armando Martínez, abogado del cardenal, y el vocero de la arquidiócesis Hugo Valdemar.
Ese día, comenta el entrevistado. “entregamos al cardenal 16 anexos del caso. Él prometió apoyarnos y designó a su abogado como enlace con nosotros. Yo me he comunicado telefónicamente con Armando Martínez y él me ha dicho que después me regresa la llamada. No lo ha hecho. En esas estamos. Hasta hoy la arquidiócesis no ha querido cooperar”.
Y respecto a la Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Delitos Sexuales de la PGJDF, a cargo de las indagatorias, Salas señala que “ha actuado de manera negligente en el proceso. Lleva ocho años con las mismas diligencias por practicar, al grado de que ni siquiera ha podido localizar a López Valdés. En fin, ha mostrado una clara negación de acceso a la justicia”.
Indica que incluso la instancia que lleva el caso –el Juzgado 55, en Materia Penal, del Distrito Federal– “le ha dicho a la procuraduría que necesita perfeccionar su investigación porque es muy deficiente y omisa, pues a partir de ella no se puede determinar ningún tipo delictual”.
–¿Han acudido a otras instancias para conseguir justicia?
–Sí, el año pasado interpusimos una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Al parecer pronto emitirá una recomendación tanto a la procuraduría como a la arquidiócesis, por sus violaciones a los derechos humanos cometidas durante el proceso de Romero Colín.
Las justificaciones
El abogado Salas refiere que, en caso de que definitivamente se cierren todas las puertas en México, acudirán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para ver si ésta canaliza el caso a la Corte Interamericana.
Por lo pronto, dice, el Comité de Derechos del Niño, de la ONU, le dio entrada al caso de Romero Colín, junto con otros dos casos de pederastia sacerdotal en México: el de Marcial Maciel y el del padre Nicolás Aguilar, quien, por cierto, también fue sacerdote de Rivera Carrera.
A diferencia del defensor de la víctima, el abogado del cardenal, Armando Martínez, señala categórico que la arquidiócesis no denunció penalmente a su sacerdote pederasta porque no estuvo obligada a hacerlo. Argumenta:
“Nosotros no teníamos por qué denunciar debido a que ya había una denuncia presentada ante la procuraduría. Es decir; la noticia criminis ya la había dado la propia víctima al Ministerio Público.”
De esta manera –indica–, no se infringió el artículo 12 bis de la Ley de Asociaciones Religiosas, el cual ordena textualmente a las distintas iglesias que “deberán informar en forma inmediata a la autoridad correspondiente la probable comisión de delitos, cometidos en ejercicio de su culto o en sus instalaciones”.
El también presidente del Colegio de Abogados Católicos desmiente cualquier acusación de encubrimiento o de falta de cooperación contra el cardenal Rivera, pues, enfatiza, el purpurado cumplió con su obligación de someter a juicio eclesiástico al pederasta. Dice:
“Es absolutamente falso que la arquidiócesis no quiera cooperar. Desde el punto de vista canónico, la situación del padre Carlos está finiquitada. Ha sido reducido al estado laical absolutamente. Tuvo suspensión ad divinis, significa que está suspendido para siempre del ejercicio sacerdotal. Es un civil más. Esto quedó establecido por decreto e inscrito en la Santa Sede. ¿Si esto no es cooperar, entonces cómo puede llamarse?”
–La defensa de la víctima señala que ustedes no quieren aportar las pruebas de su tribunal eclesiástico para utilizarlas en la procuraduría.
–Nosotros no podemos abrir, a instancias de ningún particular, los archivos de la arquidiócesis. Sólo los abriremos a petición de la autoridad. Pero hasta el momento no nos ha pedido nada la autoridad, en este caso la Procuraduría del Distrito Federal, que es quien ejercita la acción penal. Si nos hace esa petición, nosotros inmediatamente le llevamos nuestros archivos. Estamos plenamente dispuestos.
“En este caso queremos seguir cooperando, incluso coadyuvar en la investigación. Durante la reunión con el joven Jesús y sus abogados, nosotros claramente les dijimos que estamos dispuestos a coadyuvar. Pero no estamos acreditados en el expediente para la coadyuvancia. No tenemos personalidad jurídica. En este momento sólo la tienen la víctima, el acusado y el Ministerio Público. Quiero ayudar a Jesús, pero, por respeto, no puedo meterme oficiosamente en un asunto que no me corresponde.”
–Sin embargo, a la procuraduría llegó a comparecer Alberto Pacheco, del tribunal eclesiástico. Se dice que ahí declaró que no le constaba la culpabilidad del padre Carlos…
–En esa ocasión yo acompañé al padre Pacheco, quien era el vicario judicial de la arquidiócesis. Hará unos tres o cuatro años, no recuerdo con precisión porque no tengo el expediente. Él respondió a todas las preguntas que le hizo el Ministerio Público. No recuerdo que haya cometido una falsedad de declaración. Tampoco recuerdo si ya entonces se había dado la sentencia eclesiástica. Pero bueno, él ya murió, y la acción penal se extingue con la muerte.
–Si se les requiere, ¿también irían a declarar los obispos Jonás Guerrero y Marcelino Hernández, así como el cardenal Rivera Carrera?
–¡Claro! Y el cardenal se lo dijo personalmente a Jesús: “Lo que me pidan, eso haré”. El cardenal ya ha declarado otras veces ante el Ministerio Público. Esta no sería la primera vez. Decían que al obispo Jonás se le había movido a Culiacán para evitarle esta situación. ¡Por Dios! Culiacán también está en México y mediante un exhorto puede ser citado. Yo mismo le he dicho: “Monseñor Jonás, necesito que usted declare si es requerido”. Y él me ha contestado: “A la hora que sea, lo que necesiten”. Los tres son ciudadanos mexicanos, tienen domicilio fijo y están ejerciendo.
–Pese al castigo eclesiástico, se comenta que el pederasta oficiaba misas durante el tiempo que duró su proceso eclesiástico y actualmente lo sigue haciendo en el estado de Morelos. ¿Es cierto?
–Durante su proceso, en efecto, el padre estuvo oficiando indebidamente en los velatorios del ISSSTE que están en la avenida San Fernando. También tuvimos conocimiento de que lo hacía en algunos lugares privados, como centros de retiro y cosas así. Ante esto, la arquidiócesis le envió cartas al director de los velatorios para decirle que el padre Carlos había perdido sus licencias ministeriales y no debía oficiar. También se mandaron cartas a la gente. Se dieron los avisos correspondientes.
“Y actualmente, que yo sepa, no está oficiando en Morelos. Me comentan que trabaja de ‘cerillo’ en un centro comercial de Villa Coapa, que anda por esos rumbos. Todas las diócesis están notificadas para impedirle ejercer el sacerdocio. Es todo lo que podemos hacer. La Iglesia no tiene policías ni tampoco la autoridad del Estado para arrestarlo.
“En lo personal me duele mucho este caso, pues el padre Carlos fue mi párroco y conocí a la gente que trabajaba con él. A Jesús lo conocí de monaguillo. También conozco a sus papás. Es una lástima que el muchacho haya caído en manos de abogados que no tienen ninguna estrategia jurídica. Yo estoy dispuesto a asesorarlos.”
–¿Para las autoridades civiles no es válida la sentencia de culpabilidad del tribunal eclesiástico?
–¡No! Porque nuestra Constitución prohíbe los tribunales especiales. Para las autoridades mexicanas, todo tribunal eclesiástico es absolutamente inexistente. Sus fallos no tienen ninguna repercusión. ¡No existen!
–¿Un mismo acto puede ser delito para la Iglesia y no serlo para el Estado?
–Por supuesto. El ejemplo más claro es el del aborto, que está prohibidísimo por la Iglesia, merece la pena de excomunión, y, sin embargo, es permitido por varias legislaciones civiles.
–Y en el caso del padre López Valdés, ¿resultó culpable para la Iglesia e inocente para la procuraduría capitalina?
–Así es. No han podido adecuar su conducta a ningún tipo penal. Por desgracia, en ese ámbito civil la Iglesia no puede hacer nada, está atada de manos.
Con base en argucias, el cura abusador permanece impune/RODRIGO VERA
Revista Proceso No 2007, 18 de abril de 2015
El defensor del joven Jesús Romero Colín insiste en que el cardenal Norberto Rivera debe sujetarse a las leyes y denunciar ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal al sacerdote Carlos López Valdés, quien abusó de su cliente. De no hacerlo, dice, habría un problema de soberanía. Y lamenta las argucias del abogado del cardenal, Armando Martínez, quien argumenta que “desde el punto de vista canónico” la situación está finiquitada. Por lo pronto, el caso será llevado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
A pesar de que el tribunal eclesiástico de la arquidiócesis de México determinó que su sacerdote Carlos López Valdés abusó sexualmente del menor Jesús Romero Colín, la arquidiócesis se niega a denunciarlo ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF); también se muestra renuente a colaborar en el proceso que esta instancia lleva.
Esa actitud viola las leyes civiles y ha permitido que el pederasta continúe en libertad, afirma el abogado de la víctima, Luis Ángel Salas, quien ya estudia la posibilidad de acudir a los tribunales internacionales.
Sin embargo, para el abogado de la arquidiócesis, Armando Martínez, ésta no se ve obligada a denunciar penalmente al pederasta porque ya lo hizo la víctima. Y asegura que la Iglesia cumplió con su obligación de inhabilitarlo como sacerdote en 2011. Y si canónicamente resultó culpable –argumenta–, el expárroco continúa en libertad porque para la procuraduría capitalina sigue siendo inocente, aunque pueda parecer paradójica esta situación.
El defensor de Romero Colín asegura tajante:
“En cuanto lo halló culpable, la arquidiócesis de México estuvo obligada a denunciar penalmente a su sacerdote ante la procuraduría, como lo marca la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, la cual estipula claramente que ninguna creencia podrá negar las leyes del país porque entonces habría un problema de soberanía.
“El arzobispo de México, Norberto Rivera Carrera, no puede decir: ‘Yo sólo me baso en las leyes canónicas’. ¡No! Debe sujetarse a las leyes mexicanas. Incluso el mismo Papa Francisco está pidiendo denunciar a los curas pederastas ante las autoridades civiles, en su actual política de ‘tolerancia cero’.”
De acuerdo con la legislación civil, dice el abogado Salas, López Valdés cometió por lo menos tres delitos: violación equiparada, corrupción de menores y pornografía infantil.
Y asegura que la arquidiócesis lleva años negándose a cooperar en el proceso que le lleva la PGDF al hoy expárroco:
“En 2008 nosotros le empezamos a pedir a la arquidiócesis los primeros documentos. Y desde entonces se ha estado negando a cooperar. Varias veces también llegamos a solicitar audiencia con el cardenal Rivera. Y hasta febrero pasado nos recibió, comprometiéndose a apoyarnos. Pero en los hechos todavía no vemos nada”.
–¿Qué documentos eclesiásticos están pidiendo actualmente?
–Pedimos una relación de las parroquias donde estuvo oficiando el padre Carlos López de 1993 a 2013, pues siguió oficiando durante y después del proceso eclesiástico que lo condenó. También pedimos que la arquidiócesis nos diga quiénes eran sus superiores inmediatos durante el tiempo en que cometió sus abusos sexuales, para así ir delimitando responsabilidades. Y, por supuesto, necesitamos documentación de su expediente en el tribunal eclesiástico, como su declaración de culpabilidad.
Castigo de papel
El denunciante Romero Colín era un niño de 11 años cuando, en 1994, entró a ayudar como acólito al padre Carlos López en la parroquia de San Agustín de las Cuevas, ubicada en Tlalpan. Desde entonces y hasta 1999 –un periodo de cinco años– el sacerdote estuvo abusando sexualmente del menor.
Avergonzado y confundido, Romero Colín no se atrevía a revelar tales hechos a sus padres, quienes eran muy cercanos al párroco. Lo hizo hasta 2007. Inmediatamente, su familia denunció al cura tanto en la arquidiócesis como en la PGJDF. Ante lo irrefutable de las pruebas –como fotografías donde aparece el religioso abusando de menores–, la Iglesia lo declaró culpable y lo suspendió como sacerdote en 2011.
Pero el castigo eclesiástico quedó en el puro “papel”, pues el pederasta –a decir del joven– siguió oficiando durante los cuatro años en que se le sometió a juicio; aun lo sigue haciendo en el estado de Morelos. Romero Colín también asegura que Jonás Guerrero y Marcelino Hernández, entonces obispos auxiliares del cardenal Rivera, tenían pleno conocimiento de sus abusos desde años antes de que se le sometiera a juicio, y pese a ello decidieron encubrirlo (Proceso 2004).
El abogado Salas insiste en que, por lo pronto, debe presentarse a declarar Jonás Guerrero, actual obispo de Culiacán, ya que entonces era encargado de la Sexta Vicaría de la Arquidiócesis y superior inmediato del pederasta.
“Nosotros ya antes habíamos requerido a Jonás Guerrero, pero fue justo cuando lo sacan de la arquidiócesis de México y lo hacen obispo de Culiacán. Marcelino Hernández (actual obispo de Colima) también estaba al tanto de los delitos del padre Carlos porque intentó ayudarlo psicológicamente para que no siguiera delinquiendo”, comenta.
El único subalterno del cardenal al que la procuraduría citó a declarar fue Alberto Pacheco, a cargo entonces del Tribunal Eclesiástico. “En su comparecencia, Pacheco incurrió en falsedad porque negó los hechos contra el padre Carlos que le imputó su propio tribunal. Desgraciadamente, Pacheco murió el año pasado”, dice el abogado Salas.
–¿Debe también comparecer el cardenal Rivera?
–Primero trataremos de que haya orden de aprehensión contra Carlos (López) Valdés. Y esperamos que el cardenal nos aporte elementos para obtenerla, como nos lo prometió en la reunión que tuvimos con él.
Alude al encuentro que, el pasado 18 de febrero, sostuvo él y Romero Colín con el cardenal. Ahí también estuvieron Armando Martínez, abogado del cardenal, y el vocero de la arquidiócesis Hugo Valdemar.
Ese día, comenta el entrevistado. “entregamos al cardenal 16 anexos del caso. Él prometió apoyarnos y designó a su abogado como enlace con nosotros. Yo me he comunicado telefónicamente con Armando Martínez y él me ha dicho que después me regresa la llamada. No lo ha hecho. En esas estamos. Hasta hoy la arquidiócesis no ha querido cooperar”.
Y respecto a la Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Delitos Sexuales de la PGJDF, a cargo de las indagatorias, Salas señala que “ha actuado de manera negligente en el proceso. Lleva ocho años con las mismas diligencias por practicar, al grado de que ni siquiera ha podido localizar a López Valdés. En fin, ha mostrado una clara negación de acceso a la justicia”.
Indica que incluso la instancia que lleva el caso –el Juzgado 55, en Materia Penal, del Distrito Federal– “le ha dicho a la procuraduría que necesita perfeccionar su investigación porque es muy deficiente y omisa, pues a partir de ella no se puede determinar ningún tipo delictual”.
–¿Han acudido a otras instancias para conseguir justicia?
–Sí, el año pasado interpusimos una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Al parecer pronto emitirá una recomendación tanto a la procuraduría como a la arquidiócesis, por sus violaciones a los derechos humanos cometidas durante el proceso de Romero Colín.
Las justificaciones
El abogado Salas refiere que, en caso de que definitivamente se cierren todas las puertas en México, acudirán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para ver si ésta canaliza el caso a la Corte Interamericana.
Por lo pronto, dice, el Comité de Derechos del Niño, de la ONU, le dio entrada al caso de Romero Colín, junto con otros dos casos de pederastia sacerdotal en México: el de Marcial Maciel y el del padre Nicolás Aguilar, quien, por cierto, también fue sacerdote de Rivera Carrera.
A diferencia del defensor de la víctima, el abogado del cardenal, Armando Martínez, señala categórico que la arquidiócesis no denunció penalmente a su sacerdote pederasta porque no estuvo obligada a hacerlo. Argumenta:
“Nosotros no teníamos por qué denunciar debido a que ya había una denuncia presentada ante la procuraduría. Es decir; la noticia criminis ya la había dado la propia víctima al Ministerio Público.”
De esta manera –indica–, no se infringió el artículo 12 bis de la Ley de Asociaciones Religiosas, el cual ordena textualmente a las distintas iglesias que “deberán informar en forma inmediata a la autoridad correspondiente la probable comisión de delitos, cometidos en ejercicio de su culto o en sus instalaciones”.
El también presidente del Colegio de Abogados Católicos desmiente cualquier acusación de encubrimiento o de falta de cooperación contra el cardenal Rivera, pues, enfatiza, el purpurado cumplió con su obligación de someter a juicio eclesiástico al pederasta. Dice:
“Es absolutamente falso que la arquidiócesis no quiera cooperar. Desde el punto de vista canónico, la situación del padre Carlos está finiquitada. Ha sido reducido al estado laical absolutamente. Tuvo suspensión ad divinis, significa que está suspendido para siempre del ejercicio sacerdotal. Es un civil más. Esto quedó establecido por decreto e inscrito en la Santa Sede. ¿Si esto no es cooperar, entonces cómo puede llamarse?”
–La defensa de la víctima señala que ustedes no quieren aportar las pruebas de su tribunal eclesiástico para utilizarlas en la procuraduría.
–Nosotros no podemos abrir, a instancias de ningún particular, los archivos de la arquidiócesis. Sólo los abriremos a petición de la autoridad. Pero hasta el momento no nos ha pedido nada la autoridad, en este caso la Procuraduría del Distrito Federal, que es quien ejercita la acción penal. Si nos hace esa petición, nosotros inmediatamente le llevamos nuestros archivos. Estamos plenamente dispuestos.
“En este caso queremos seguir cooperando, incluso coadyuvar en la investigación. Durante la reunión con el joven Jesús y sus abogados, nosotros claramente les dijimos que estamos dispuestos a coadyuvar. Pero no estamos acreditados en el expediente para la coadyuvancia. No tenemos personalidad jurídica. En este momento sólo la tienen la víctima, el acusado y el Ministerio Público. Quiero ayudar a Jesús, pero, por respeto, no puedo meterme oficiosamente en un asunto que no me corresponde.”
–Sin embargo, a la procuraduría llegó a comparecer Alberto Pacheco, del tribunal eclesiástico. Se dice que ahí declaró que no le constaba la culpabilidad del padre Carlos…
–En esa ocasión yo acompañé al padre Pacheco, quien era el vicario judicial de la arquidiócesis. Hará unos tres o cuatro años, no recuerdo con precisión porque no tengo el expediente. Él respondió a todas las preguntas que le hizo el Ministerio Público. No recuerdo que haya cometido una falsedad de declaración. Tampoco recuerdo si ya entonces se había dado la sentencia eclesiástica. Pero bueno, él ya murió, y la acción penal se extingue con la muerte.
–Si se les requiere, ¿también irían a declarar los obispos Jonás Guerrero y Marcelino Hernández, así como el cardenal Rivera Carrera?
–¡Claro! Y el cardenal se lo dijo personalmente a Jesús: “Lo que me pidan, eso haré”. El cardenal ya ha declarado otras veces ante el Ministerio Público. Esta no sería la primera vez. Decían que al obispo Jonás se le había movido a Culiacán para evitarle esta situación. ¡Por Dios! Culiacán también está en México y mediante un exhorto puede ser citado. Yo mismo le he dicho: “Monseñor Jonás, necesito que usted declare si es requerido”. Y él me ha contestado: “A la hora que sea, lo que necesiten”. Los tres son ciudadanos mexicanos, tienen domicilio fijo y están ejerciendo.
–Pese al castigo eclesiástico, se comenta que el pederasta oficiaba misas durante el tiempo que duró su proceso eclesiástico y actualmente lo sigue haciendo en el estado de Morelos. ¿Es cierto?
–Durante su proceso, en efecto, el padre estuvo oficiando indebidamente en los velatorios del ISSSTE que están en la avenida San Fernando. También tuvimos conocimiento de que lo hacía en algunos lugares privados, como centros de retiro y cosas así. Ante esto, la arquidiócesis le envió cartas al director de los velatorios para decirle que el padre Carlos había perdido sus licencias ministeriales y no debía oficiar. También se mandaron cartas a la gente. Se dieron los avisos correspondientes.
“Y actualmente, que yo sepa, no está oficiando en Morelos. Me comentan que trabaja de ‘cerillo’ en un centro comercial de Villa Coapa, que anda por esos rumbos. Todas las diócesis están notificadas para impedirle ejercer el sacerdocio. Es todo lo que podemos hacer. La Iglesia no tiene policías ni tampoco la autoridad del Estado para arrestarlo.
“En lo personal me duele mucho este caso, pues el padre Carlos fue mi párroco y conocí a la gente que trabajaba con él. A Jesús lo conocí de monaguillo. También conozco a sus papás. Es una lástima que el muchacho haya caído en manos de abogados que no tienen ninguna estrategia jurídica. Yo estoy dispuesto a asesorarlos.”
–¿Para las autoridades civiles no es válida la sentencia de culpabilidad del tribunal eclesiástico?
–¡No! Porque nuestra Constitución prohíbe los tribunales especiales. Para las autoridades mexicanas, todo tribunal eclesiástico es absolutamente inexistente. Sus fallos no tienen ninguna repercusión. ¡No existen!
–¿Un mismo acto puede ser delito para la Iglesia y no serlo para el Estado?
–Por supuesto. El ejemplo más claro es el del aborto, que está prohibidísimo por la Iglesia, merece la pena de excomunión, y, sin embargo, es permitido por varias legislaciones civiles.
–Y en el caso del padre López Valdés, ¿resultó culpable para la Iglesia e inocente para la procuraduría capitalina?
–Así es. No han podido adecuar su conducta a ningún tipo penal. Por desgracia, en ese ámbito civil la Iglesia no puede hacer nada, está atada de manos.
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