AMLO exhuma a candidatos derrotados para hacerlos coordinadores/

AMLO exhuma a candidatos derrotados para hacerlos coordinadores/
ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA
Revista Proceso # , 19 de agosto de 20018..
De la lista que el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer sobre quiénes serán sus representantes en los estados en materia de política social, se desprende que el político tabasqueño sumó a su equipo a políticos que perdieron elecciones para gobernador, para senador y a figuras que han sido acusadas por el gobierno de Estados Unidos de pertenecer a redes de lavado de dinero del narcotráfico. También hay señalados por robo de combustible.
Apenas había pasado una semana de la elección presidencial cuando un anuncio de Andrés Manuel López Obrador encendió las alertas de los gobernadores, de las organizaciones ciudadanas y de los partidos que serán de oposición en el próximo sexenio.
 Marcado como una acción prioritaria en cuanto asuma la Presidencia de la República, el plan del político tabasqueño –hasta ahora sin detalles– pretende la reestructuración del aparato gubernamental que cambiará su operación en las entidades federativas, donde históricamente han existido delegaciones y representaciones federales, es decir, oficinas a cargo de un funcionario que tiene a su disposición el personal necesario para implementar programas y políticas públicas del gobierno federal. Se trata de una especie de despachos que representan a cada dependencia y entidad gubernamental.
De acuerdo con una consulta que hizo Proceso al Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia, existen al menos 251 dependencias o entidades gubernamentales que –entre delegaciones y representaciones– suman 2 mil 268 cargos públicos que desaparecerán para que sus funciones sean asumidas por 296 personas (32 coordinadores estatales y 264 regionales) que, a su vez, estarán bajo el control directo del próximo presidente. 
Fue ambigua la declaración que hizo López Obrador el pasado 8 de junio, pero dejó ver que se trata de una persona (coordinador) que concentrará todas las funciones relacionadas con la política social y que para llevar a cabo dicha tarea contará, a su vez, con un coordinador por cada entidad federativa. 
Gabriel García Hernández es la cabeza de dicho plan. De perfil bajo, se sabe que es muy cercano al presidente electo. Debido a que hay pocos rastros públicos sobre su trayectoria, este semanario buscó reacciones del futuro líder de los coordinadores estatales, pero el equipo de comunicación de la Oficina de Transición explicó que no daba entrevistas. A su vez, el encargado de dicha área, César Yáñez, sólo respondió que no había comentarios.   
En esta semana que termina, una decena de gobernadores expresó su inconformidad con el anuncio del tabasqueño. Su señalamiento concreto es que la medida del próximo presidente de México centralizará el poder, atentando contra el pacto federal. 
El anuncio del presidente electo debe pasar por una reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, al igual que los programas nuevos o vigentes que operará. Sin embargo, hasta el momento, no se ha hecho pública una propuesta en ese sentido y no se sabe qué áreas serán condensadas ni qué delegaciones y representaciones se mantendrán.
La posición de los gobernadores tiene de dónde asirse. En una entrevista que publicó el diario Reforma el mismo 8 de junio, Irma Eréndira Sandoval, propuesta por López Obrador como próxima secretaria de la Función Pública, dijo que se trataba de desburocratizar la administración pública para contar con una estructura más eficiente y que tenga mayor proximidad con la ciudadanía.
Sandoval también adelantó las características que deberán tener los coordinadores estatales: perfiles de alto nivel con trabajo de campo y el mérito de haber marchado con Morena desde que nació como Movimiento de Regeneración Nacional. En resumen, se trata de crear una estructura federal que reemplace a la actual mediante lopezobradoristas probados que controlarán los programas sociales. 
Perfiles políticos
La publicación de la lista de los coordinadores estatales dio luces sobre el matiz político de la cabeza del proyecto: Gabriel García Hernández se desempeñó como secretario de Organización de Morena, también fue administrador del Gobierno de la Ciudad de México y apoderado de la asociación civil Honestidad Valiente, encargada de recibir donativos para el entonces candidato presidencial.
En cambio, es innegable el perfil político del resto de los futuros representantes del gobierno federal. La mayoría carece de experiencia administrativa y de los que se puede decir que sí la tiene destacan por su participación como candidatos a cargos de elección popular en comicios recientes.
Por ejemplo, entre los futuros coordinadores estatales destacan varios excandidatos a gobernador: Delfina Gómez será la representante del gobierno de López Obrador en el Estado de México, entidad por la que resultó senadora tras las recientes elecciones y donde el año pasado contendió para suceder a Eruviel Ávila. 
Víctor Manuel Castro Cosío será el coordinador en Baja California Sur; contendió por su gubernatura en 2015. También en ese año Pablo Amílcar Sandoval (hermano de Irma Eréndira Sandoval, perfilada para la Secretaría de la Función Pública) buscó ganar en Guerrero. Lorena Cuéllar intentó lo propio en Tlaxcala. 
A ellos se suman Miguel Ángel Navarro, quien contendió por Nayarit; Carlos Lomelí Bolaños, por Jalisco, y Joaquín Díaz Mena, por Yucatán. 
También resalta el caso de Judith Díaz, quien perdió sus aspiraciones para llegar al Senado y fue panista hasta enero pasado. De igual manera están aquellos que ganaron por la vía del voto un lugar como senadores, pero dejarán su lugar para ser coordinadores de López Obrador: además de Delfina, están el bajacaliforniano Jaime Bonilla y el queretano Gilberto Herrera Ruiz. 
En la mencionada lista sólo hay dos diputados electos que tampoco asumirán porque se convertirán en coordinadores estatales: Juan Carlos Loera, de Chihuahua, e Indira Vizcaíno Silva, de Colima.
A los mencionados –la mayoría, con aspiraciones de convertirse en gobernadores en los estados donde operarán– se suman dirigentes del partido Morena, como Aldo Emmanuel Ruiz Sánchez, de Aguascalientes; José Antonio Aguilar Castillejos, de Chiapas; Guillermo Enrique Novelo, de Durango, y Abraham Mendoza, de Hidalgo.
También integran la lista Roberto Pantoja Arzola, de Michoacán; Nancy Ortiz Cabrera, de Oaxaca; Gabino Morales Mendoza, de San Luis Potosí; José Jaime Montes Salas, de Sinaloa, y Manuel Huerta Ladrón de Guevara, de Veracruz.
De igual manera serán coordinadores estatales aquellos que no son dirigentes pero que tuvieron una responsabilidad como operadores políticos o coordinadores de campaña: Katia Meave estará en Campeche, Hurtado Reyes Flores, en Coahuila; Mauricio Hernández Núñez, en Guanajuato; Rabindranath Salazar, en Morelos; Jorge Luis Taddei Bringas, en Sonora; Carlos Manuel Merino Campos, en Tabasco, y Arturo Emiliano Abreu Marín, en Quintana Roo.
Existen otros casos que destacan por sus lazos de parentesco con la cúpula lopezobradorista, como sucede en Puebla donde será coordinador Rodrigo Abdala, sobrino del veterano político Manuel Bartlett, y en Zacatecas, donde asumirá Verónica Díaz, sobrina de Ricardo Monreal.
Con aspiraciones y polémicas
En la lista de coordinadores estatales también aparecen los que han sido objeto de escrutinio por su participación política o electoral, como Carlos Lomelí, quien contendió por la gubernatura de Jalisco. Fue objeto de investigaciones luego de que el gobierno de Estados Unidos lo acusó de estar vinculado a una red de lavado de dinero del narcotraficante Raúl Flores Hernández, El Tío.
Médico de profesión, Lomelí ha incrementado sus negocios y se ha incorporado a la actividad política en los partidos PRD y Morena durante las campañas de 2006 y 2012. En 2017 se afilió a Morena.
El 9 de agosto de 2017, el Departamento del Tesoro de EU señaló a dos empresas de Lomelí por sus presuntas ligas con el crimen organizado. En una de ellas, Servicios Educativos y de Negocios, los socios eran El Tío y el exfutbolista internacional Rafael Márquez, ahora director Deportivo del Atlas. 
En 2002 Lomelí fue condenado a dos años de cárcel por portar sin licencia un arma de fuego.  El 10 octubre de ese mismo año recibió una condena condicional y el 28 de marzo de 2007 su sanción se declaró extinguida.
La riqueza de este médico, político y empresario, que ha superado procesos judiciales, se compone principalmente de decenas de propiedades en México y al menos una en Estados Unidos. 
Según su declaración 3 de 3, sólo por lo que toca a vehículos, un avión, un barco, joyas, obras de arte y menaje de casa acumula unos 26 millones de pesos. Entre sus 38 propiedades resaltan una residencia en Texas de 2 millones 900 mil dólares, dos terrenos de 33 millones 36 mil 560 pesos y un edificio de 11 millones 147 mil 654 pesos, ubicados en Zapopan.
De acuerdo con el periódico Reforma, los terrenos fueron propiedad de empresas señaladas por Estados Unidos de estar vinculadas con la red de lavado de dinero de los narcotraficantes Rafael Caro Quintero y Juan José Esparragoza Moreno, El Azul.
En una entrevista con Proceso, durante su campaña, Lomelí expuso que se identifica con López Obrador por su honestidad y tenacidad.
En tanto, quien será el coordinador en Tamaulipas, Juan José Gómez Leal, es otro de los que se dedica a la política y los negocios. Posee una empresa de camiones cisterna y al menos en una ocasión dos de sus vehículos fueron detenidos por transportar combustible robado.
Indira Vizcaíno, representante en Colima, también ha enfrentado acusaciones, pero en su caso por su gestión como alcaldesa de Cuauhtémoc. Desde hace tres años enfrenta demandas por daños a la hacienda pública por el orden de 90 millones de pesos. Ella ha negado actos de corrupción y el asunto aún se desahoga en tribunales. 
En un caso también inmobiliario, al coordinador de Tabasco, Carlos Manuel Merino Campos, se le implicó en un escándalo por la compra fraudulenta de un inmueble para el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana en esa entidad.
En tanto, el poblano Rodrigo Abdala fue uno de los implicados en el polémico fideicomiso “Por los demás”, la colecta morenista para apoyar a damnificados por los sismos del 7 y del 19 de septiembre del año pasado, pues era el responsable de entregar las ayudas a damnificados. Sin embargo, niega la existencia de alguna irregularidad.
Finalmente está el caso de Roberto Pantoja Arzola, designado coordinador y que enfrenta la descalificación del gobernador Silvano Aureoles, quien lo ha acusado de cobrar sin trabajar –entre 2010 y 2018–una plaza en la Secretaría de Educación local. El corresponsal de este semanario en Michoacán documentó la plaza de Pantoja Arzola, pero él ha negado ser un aviador.
Las incógnitas
Incluida en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, promulgada por José López Portillo en 1976, la figura de las delegaciones federales cumple las características del corporativismo priista en tiempos de su hegemonía.
Según el artículo 17 de dicho ordenamiento, los titulares de las dependencias de la administración central pueden crear órganos desconcentrados para el cumplimiento de sus funciones en un ámbito territorial. 
En tanto, el artículo 17 BIS autoriza la figura de las delegaciones en entidades federativas o regiones que abarquen más de una entidad para el cumplimiento de sus funciones.
En el sexenio de Felipe Calderón ambas disposiciones fueron reformadas. En el caso del 17 BIS se incluyó la Fracción II en la que se exige cumplir con disposiciones de la Ley de Servicio Público de Carrera, una medida que posibilitó conservar el control de delegaciones menores, es decir, aquellas que no eran del gabinete legal y ampliado bajo control panista.
La revisión realizada por Proceso de dependencia por dependencia permitió establecer que existen dos mil 268 delegaciones o representaciones de dependencias o entidades federales en el país.
Sólo considerando las 19 dependencias del gabinete legal, entre delegaciones, subdelegaciones y centros de representación, suman mil 420 cargos.
La dependencia más obesa es la secretaría de Agricultura, que cuenta con 33 delegaciones, 192 distritos de desarrollo y 713 centros; le sigue Relaciones Exteriores con diez delegaciones metropolitanas y 33 delegaciones foráneas. Sin contar la Secretaría de la Función Pública y la Consejería Jurídica del Ejecutivo, todas las dependencias cuentan con una delegación en cada estado.
Los delegados federales de las dependencias centrales suelen tener plaza de director general con una percepción bruta que oscila entre 120 mil y 135 mil pesos. Sin embargo, el eslabón inmediato, los subdelegados que hacen la labor operativa, llegan a ubicarse en el tabulador con 30 mil pesos mensuales brutos.
En la revisión destacaron dependencias que sin tener oficinas de atención al público cuentan con delegaciones en cada entidad federativa. Uno de esos casos es Promexico que, además de contar con seis representaciones regionales cuyo titular gana 90 mil pesos, tiene 32 oficinas estatales donde el director gana 52 mil pesos. También tiene representación en 45 ciudades del extranjero, cuyos sueldos oscilan entre seis mil 400 y 10 mil 700 dólares libres de impuestos.
Hasta ahora la oficina de López Obrador no ha ofrecido datos sobre el tamaño de la reducción que implica su plan, tampoco sobre las condiciones de la reforma al aparato burocrático. No obstante, los 32 coordinadores estatales ya empezaron a designar, a su vez, a los 264 delegados regionales que los auxiliarán.
(Con información de Luciano Campos, Francisco Castellanos, Juan Alberto Cedillo, Verónica Espinoza, Armando Guzmán, Gabriela Hernández, Isaín Mandujano, Pedro Matías, Veneranda Mendoza, Eric Pacheco, Gloria Reza, Rosa Santana, Pedro Zamora y Noé Zavaleta).