La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) planea pagar este año a Banobras mil 938 millones de pesos para cerrar un contrato de arrendamiento financiero que se firmó hace ocho años por el avión presidencial TP-01.
El titular de la Sedena, Gral Luis Sandoval, informó en conferencia mañanera que en noviembre de 2012 se suscribió ese contrato por 15 años por un total de 6 mil 94 millones de pesos.
De ese total, dijo, hasta el momento se han pagado 2 mil 225.8 millones de pesos, y si se siguiera con el plazo de 15 años faltaría de 2021 al 2027, por lo que se generaría un gasto a la Federación de 3 mil 838.8 millones.
En vez de cubrir ese total, añadió el General Sandoval, pagando en julio de este año sólo se pagarían mil 938 millones y se cierra el financiamiento. (Reforma)
Mmm.
El avión TP-01 es un insulto para el pueblo frente a la pobreza y necesidad que hay en México, dijo el presidente López Obrador..Aseguró que ya no se permitirán los lujos ni los privilegios en el gobierno y aprovechó para criticar que el avión fuera nombrado José María Morelos y Pavón, pues dijo que “a lo mejor si le hubiesen puesto Agustín de Iturbide, Porfirio Díaz o Carlos Salinas de Gortari, tendría más apego a la realidad”.
Sería bueno que se tomarán una fotografía para que se pudiera ver la dimensión del avión, es tan grande tan grande que las personas se ven pequeñas, claro que la grandeza de las mujeres y de los hombres se mide de la cabeza al cielo, pero sí es monumental, faraónico y, desde luego, es un insulto al pueblo de México, habiendo tanta necesidad y tanta pobreza, es de lujo", señaló;
Explicó que el propósito de realizar la conferencia en el hangar presidencial y modelando el avión, es para mostrar cómo se “mal gobernaba” al país con muchos lujos durante el periodo neoliberal en el que aseguró se le dio la espalda al pueblo mientras que los altos funcionarios vivían colmados de privilegios.
@#¿QUE HACE LA GUARDIA NACIONAL en la Cátedral cuidando fieles?
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Pegan a Puerto Vallarta desapariciones
Puerto Vallarta, Jalisco, en donde se registró el secuestro masivo de empresarios de Guanajuato por el que aún no hay denuncias ni avances, es zona roja de desapariciones y de privaciones ilegales de la libertad.
¿Entonces si no hay denuncia no hubo desaparición?
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OCHO COLUMNAS:
1. Reforma. Dan reversa a cajeros de Banco del Bienestar
Adjudican sin licitar y ahora impugna empresa
2. El Universal. El Mencho construyó su propio hospital en Jalisco
Lo hizo para atenderse la insuficiencia renal que padece
3. La Jornada. Desactivará la reforma la “bomba pensionaria”: SHCP
Beneficiara a millones de empleados y a la inversión: Noriega Curtis
4. Milenio. Odebrecht: 28 años en México, pero con solo una obra limpia
Desde 1992 la firma brasileña y 21 filiales, cuatro ya inhabilitadas, han participado en 9 proyectos
5. Excélsior. Desempleo pega más a mujeres
9.3 millones no tienen trabajo
6. El Financiero. Estiman caería el PIB casi 20% en 2° trimestre
Austeridad, incertidumbre y ausencia de vacuna
7. El Economista. Aplazan cambios en reformas a justicia laboral por Covid-19
Prevén que estados arranquen primera etapa en la tercera semana de noviembre
8. La Razón. Adelantan bancos caída del PIB cercana al 20%; “ya se tocó fondo”
La más profunda desde 1993
9. 24 Horas. Lozoya cumple 10 días en México sin fecha de audiencia
La fiscalía no ha solicitado el trámite
10. Reporte Indigo. Militares a las puertas
Las Fuerzas Armadas podrían tomar el control de las aduanas y puertos del país, lo que ayudaría a combatir la corrupción y la presencia de narcotráfico
11. La Crónica. Otros 180 mil restaurantes cerrarán si no frenan COVID
En los primeros 100 días de la fase 2 cerraron sus puertas 90 mil negocios
12. El Sol de México. Senadores asisten a sesión, pero no votan
Legisladores de todos los partidos dejan en blanco su voto en más de 100 ocasiones
13. El Heraldo de México. Hacienda: 2021 va sin nuevos impuestos
El subsecretario Gabriel Yorio afirma que el gobierno mantiene su política fiscal de sólo incrementos inflacionarios, y de hacer más eficiente el gasto
14. Ovaciones. Comienza fase final de vacuna contra el C-19
En la farmacéutica Moderna, de Estados Unidos
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La nota del día....
Estiman caería el PIB casi 20% en 2° trimestre. Austeridad, incertidumbre y ausencia de vacuna La economía de México apunta a un desplome cercano al 20 por ciento durante el segundo trimestre del año, por la epidemia de Covid-19. En mayo, el IGAE cayó 21.6 por ciento anual, lo que implicó un mayor debilitamiento desde la contracción de 19.6 por ciento en abril. Dicha caída fue mayor a la de 20.3 por ciento estimada por los analistas, por lo que esperan un desempeño aún peor para el segundo trimestre. / FINanciero..
Adelantan bancos caída del PIB cercana al 20%; “ya se tocó fondo”. Analistas prevén que el PIB de México podría registrar un desplome cercano a 20% a tasa anual en el segundo trimestre de 2020, el más profundo en la historia del indicador que inicia en 1993, a causa del impacto de la crisis económica derivada por el Covid-19, con lo cual el país habría tocado fondo, pero las previsiones para todo el año rondan en una contracción alrededor de 10%. RAZón.
Encuesta trackingpoll de Mitofsky; AMLO arranca semana con un índice de aceptación de 52,7% ECONOMISTA
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Las columnas políticas, hoy lunes 27 de julio de 2020..
TEMPLO MAYOR/ Reforma
ES ENTENDIBLE (y hasta atendible) que el Presidente quiera infundir optimismo ante la debacle económica que vive el país. Sin embargo, una cosa es ver el vaso medio lleno y otra, muy distinta, es negar la realidad. Todos los días surgen nuevas alertas de que la situación está mal y se va a poner peor, pero Andrés Manuel López Obrador no se da por enterado.
HACE APENAS unos días, la calificadora Standard & Poor's se sumó a la larga lista de analistas que ve riesgos en el futuro financiero de México. Específicamente advirtió que el país se encamina a perder el grado de inversión, arrastrado hacia lo profundo por Pemex y la CFE, debido al grave endeudamiento de ambas empresas.
EN ESTOS momentos es cuando se extraña al viejo López Obrador que sabía adaptarse a las circunstancias y sobreponerse, pues el actual López Obrador trae una venda puesta en los ojos y no ve más ruta que la suya.
POR CIERTO, que ahí viene oootro golpe a las empresas mexicanas de parte del gobierno más nacionalista de la historia: una reforma para ir a comprar medicamentos al extranjero y hacer a un lado a los proveedores del país.
TODO INDICA que en breve será convocado un nuevo periodo extraordinario de sesiones, para que diputados y senadores aprueben la iniciativa sobre la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, con lo que el gobierno cumplirá su amenaza de no comprarle a los laboratorios ni a los distribuidores nacionales, a los que acusa de corrupción por igual y sin matices.
AHORA que Hugo López-Gatell anda en guerra contra los refrescos para defender la salud de los mexicanos, ¿no podría hacer lo mismo con las refinerías? En Nuevo León, por ejemplo, la planta de Cadereyta se ha convertido en un auténtico foco de contaminación. Y apenas el jueves la de Salamanca arrojó una nube que algunos dijeron que era de azufre.
Y TODAVÍA falta mencionar las de Minatitlán y Ciudad Madero, además de la de Tula cuya contaminación se resiente hasta la Ciudad de México. Ya que anda con tiempo de sobra hasta para andar en la grilla, a lo mejor López-Gatell podría echarle ojo a esas refinerías que producen más contaminación que combustibles.
SI ALGUIEN ve a Alfonso Durazo, por favor avísenle que el "montaje" del Cártel Jalisco Nueva Generación se agarró a balazos con otros grupos criminales en Tepalcatepec la noche del sábado y la madrugada del domingo. Tal vez el titular de Seguridad pueda darse una vuelta por esa zona de Michoacán, para que vea el realismo de los agujeros que dejaron los balazos de utilería.
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BAJO RESERVA/El Universal
Secretario de Estado, y pasajero desobediente
Ayer domingo un pasajero no había cumplido con las reglas que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Secretaría de Salud imponen a todas aquellas personas que vayan a realizar un vuelo durante la pandemia.
El problema es que ese pasajero era, nada menos, que el secretario de Comunicaciones y Transportes, Jorge Arganis Díaz Leal.
Nos relatan que la tarde de ayer, en el aeropuerto de Puerto Escondido, personal de seguridad regresó al nuevo titular de la SCT con su pase de abordar e identificación en mano del filtro de ingreso a la sala de abordaje.
La razón es que don Javier no llevaba consigo su cuestionario de Identificación de Factores de Riesgo que emite la SCT y la SSA para viajeros en medio de la pandemia de coronavirus.
Tras llenar el formulario el nuevo mandamás de la SCT hizo fila y viajó en vuelo comercial de regreso a la Ciudad de México acompañado del subsecretario Cedric Iván Escalante. Ambos estuvieron presentes en la gira de trabajo que el presidente realizó por el estado de Oaxaca.
PREVIENEN LEGISLADORES OTRO REGAÑO DE AMLO
Varios días han pasado desde que se presentó en Palacio Nacional la reforma a las pensiones, pero es la hora en que no ha llegado a la Cámara de Diputados que, según el presidente Andrés Manuel López Obrador, será Cámara de origen. Sin embargo, en aras de darle celeridad, diputados y senadores acordaron que trabajarán en conferencia, para ponerse de acuerdo y legislar cuanto antes.
Nos dicen que hoy se sentarán a la mesa los presidentes de las Juntas de Coordinación Política (Jucopo) de ambas cámaras, los morenistas Ricardo Monreal y Mario Delgado, para dialogar sobre este tema ¿Será que don Ricardo y don Mario no quieren un nuevo regaño del Presidente por no sacar sus iniciativas de interés?
FUNCIONA JALÓN DE OREJAS PRESIDENCIAL
Y, precisamente para sacarse la espinita por aquello de que el Legislativo no avanza en temas del interés del Ejecutivo, otro período extraordinario se cocina en la Cámara de Diputados esta misma semana, y sería convocado de forma exprés por la Comisión Permanente. La reforma que urge sacar adelante es una adición a Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, propuesta por el coordinador Mario Delgado y ya dictaminada.
Esta permitirá recurrir a “organismos intergubernamentales” sin una licitación de por medio, y hacer compras directas de medicamentos, insumos o servicios médicos cuando se determine que la licitación “no es la vía idónea”.
Morena no necesitará más que de los aliados de PT, PES y PVEM para sacar el tema adelante. Pero está cantado el rechazo de PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, mientras que el PRD tiene matices, pues propuso casi lo mismo pero con controles. Sirvió el jalón de orejas presidencial, nos comentan.
LA CORTE Y EL CASO ODEBRECHT
En privado, los ministros de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que preside el ministro Javier Laynez Potisek, avalaron las sanciones impuestas por la Secretaría de la Función Pública a la constructora brasileña Odebrecht. Con ello, por primera vez, la Corte resuelve con ello un litigio relacionado con los casos de corrupción que involucran a filiales de la constructora y la administración de Petróleos Mexicanos (Pemex) del sexenio pasado.
Algunos se preguntan si ahora que se ven venir declaraciones y acusaciones en contra de personajes de la política por este caso, el de Odebrecht será un tema recurrente en el máximo tribunal del país.
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FRENTES POLÍTICOS/Excélsior
1. Encarrerados. Impulsados por el buen clima entre legisladores, sobre todo después de aprobar a los cuatro nuevos consejeros del INE, los coordinadores de las bancadas de San Lázaro ya preparan un periodo extraordinario para temas pendientes, este mismo miércoles.
La Junta de Coordinación Política, que preside Mario Delgado, afinó con el bloque opositor la agenda que presentarán a la Comisión Permanente para que les permitan sesionar en cuanto a depuración de fideicomisos, ajustes presupuestales y cambios a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, reforma urgente para las compras al extranjero de insumos para el sector salud. Hay tanta confianza en los buenos oficios de los diputados, que en el Senado se alistan para procesar cuanto antes la reforma. Construir consensos, cuidarse y ver por el bienestar de la población. El aparato legislativo, al cien.
2. Consentido. El gobernador Cuauhtémoc Blanco y funcionarios de Relaciones Exteriores acordaron emprender acciones conjuntas para atraer inversión extranjera a Morelos. Al exfutbolista se le aparecieron sus salvadores, pues el proyecto que contemplan traerá, sin duda, un gran impulso.
El Cuau expresó su agradecimiento al canciller Marcelo Ebrard por su confianza en Morelos e instruyó a integrantes de su gabinete a reforzar la coordinación con el gobierno federal. Destaca la promoción del estado a través de las 80 embajadas mexicanas en el mundo e impulsar el desarrollo deportivo organizando competencias nacionales e internacionales de las diferentes disciplinas deportivas. Qué bien por el mandatario y su equipo. Aire fresco.
3. Desfiguros. Cada vez de mal en peor, el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, tuvo que confesar, después de la difusión de un video grabado en un casino de San Diego, California, que estaba ahí e incluso ganó más de dos mil dólares. “Que me disculpen quienes se molestaron por esto, y porque gané, pero prefiero hacer feliz a mi esposa que a los envidiosos”, dijo. Bonilla salió al paso de quienes cuestionaron su presencia en una casa de apuestas en plena pandemia.
Agregó incluso haber ganado en un jackpot, mientras que su esposa obtuvo también ganancias por mil dólares. La grabación del video es de tres semanas atrás, cuando, dijo el mandatario, celebraban su aniversario de bodas. No lo olvide, su calidad de figura pública no admite ciertas conductas. Aunque a usted, se ve, todo le vale.
4. Pieza clave. La secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, se dijo optimista sobre la recuperación del empleo en México, porque “ya se ve luz al fondo del túnel”. Recordó que abril fue el mes más difícil, ya que se registró la peor cifra de pérdida de empleos, superior a 500 mil, y para julio se espera que no rebasen los 30 mil.
Destacó que los programas del Bienestar, los créditos a la micro y pequeña empresa y todas las acciones de infraestructura están dando buenos resultados como estrategia económica. “Vamos a informar cómo seguimos fortaleciendo la estrategia para reactivar la economía y salir adelante”, manifestó. El covid-19 le pegó fuerte al sector laboral; si la secretaria no hace bien el trabajo de recuperación, será el gran fracaso de la 4T. No baje los brazos.
5. Fichita internacional. Afamado se ha hecho César Duarte, el exgobernador de Chihuahua. Tanto, que en EU la Fiscalía solicitó a la corte federal, en Miami, a cargo del juicio de extradición contra el exmandatario acusado en México de desvío de dinero y delitos electorales, negarle la libertad bajo fianza al considerarlo en “peligro de fuga”.
Duarte no puede demostrar que no representa riesgo de fuga o peligro para la comunidad, detalló el fiscal Jason Wu. “El fugitivo (...) no puede superar la fuerte presunción contra la fianza en casos de extradición internacional”, señala el fiscal. Duarte lleva detenido cerca de tres semanas. Llama la atención la puntualidad con la que lo describe la justicia estadunidense. Se espera que al menos algo de esa rigidez prevalezca en México… si lo extraditan.
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TRASCENDIÓ /Milenio Diario
Que en el gobierno de la 4T tienen en la mira a José Murat Casab, ex gobernador de Oaxaca, por caso Lozoya-Odebretch, pues hasta hace poco el priista se presentaba como el “arquitecto” del Pacto por México y se ufanaba de ser el hombre elegido por el entonces presidente Enrique Peña Nieto para negociar, junto con Luis Videgaray y Miguel Osorio Chong, los acuerdos con la oposición.
Los malpensados corrieron a leer su libro Pacto por México. De la reforma política de 1977 a la construcción de acuerdos para conocer los detalles de cómo operó Emilio Lozoya la aprobación de reformas estructurales. Se trata de un texto que circuló entre amigos y conocidos, pues si bien el político oaxaqueño pagó de su bolsillo para imprimirlo, nunca llegó a librerías.
Que ante los constantes ataques a la autoridad electoral y cuestionamientos al INE desde casi todos los frentes, el presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Felipe Fuentes, realizó una jugada de jaque mate con la plataforma digital para realizar juicios en línea. De esta forma se adelantó para evitar cualquier duda o acusación, pues por un lado evitó riesgos de contagio de covid-19 y, por el otro, garantizó la respuesta a aquellos que sientan sus derechos políticos bajo riesgo. Muy a la vanguardia.
Rabindranath, bautizo de fuego
Quien tuvo que entrarle directo al fuego fue el nuevo subsecretario de Gobierno, Rabindranath Salazar, pues el primer encargo tanto del presidente López Obrador, como de la secretaria Olga Sánchez Cordero, fue atender las demandas de la etnia yaqui, por lo que viajó a Loma de Guamúchil-Cócorit con la misión de lograr el desbloqueo de vías de comunicación.
Así, el viernes tuvo una mesa de diálogo en la que participaron representantes del INPI, de Adelfo Regino Montes, la SCT de Jorge Arganis, y la Conavi, de David May Flores. De inicio las autoridades reconocieron la legitimidad en las peticiones de los yaquis, y pobladores acordaron levantar los bloqueos y prometieron no obstruir vías ferroviarias, a la par de que se revisará su derecho a la tierra, agua, desarrollo, e infraestructura. Buen inicio.
Europa no se salva
Más de 120 rebrotes de coronavirus en una semana en Italia, casi 500 trabajadores aislados en una granja en Alemania por contagios masivos, 11 focos de contagios en Madrid… la lista es larga si hablamos de la reaparición de la pandemia en el Viejo Continente. No se han terminado de apagar los focos de contagios cuando ya aparecen nuevos y el regreso “a la normalidad” está cada vez más distante. ¿Aprenderemos nosotros de su experiencia?
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CONFIDENCIAL/El Financiero
Piden el Nobel para médicos… pero cubanos
Que se otorgue el premio Nobel de la Paz a los médicos que enfrentan el Covid-19… pero no a los mexicanos, sino a los que integran el grupo internacionalista cubano.
Es la propuesta que enviaron a la academia sueca 55 figuras de la política y la intelectualidad de México, entre ellos John Ackerman, Paco Ignacio Taibo II, Lorenzo Meyer, Elena Poniatowska, Bertha Luján, Asa Cristina Laurel, Héctor Díaz Polanco y Pedro Salmerón.
Sin duda que los 135 millones de pesos que pagó la Secretaría de Salud al gobierno de Cuba por la estadía del grupo caribeño significaría como una beca, si acaso llegaran a ganarse el Nobel, cuyo monto es de casi un millón de dólares.
Cubrebocas hasta con caricaturas
El que no se ha cansado de insistir en el uso del cubrebocas obligatorio para el próximo regreso a clases es el titular de la Secretaría de Educación Pública, Esteban Moctezuma, quien encontró en las redes sociales la manera para dejar clara su postura sobre el uso del mismo.
En esta ocasión utilizó un mensaje de la Unicef en el que, con caricaturas, dibujos y monitos muy coloridos, se explica por qué es importante usar mascarilla. Habrá que ver si los mensajes de la red social son suficientes para convencer a los padres de 36.6 millones de alumnos de educación básica, y no se contradicen con los que envíen en su momento los técnicos y especialistas del sector salud.
Gran montaje... humorístico
Imposible no reír con el video viralizado en redes sociales este fin de semana en el que jardineros de la Ciudad de México bromean con el ‘video propagandístico’ difundido una semana antes por el crimen organizado.
En esta ocasión, integrantes de un “comando” de jardineros, armados con picos y trinches, se dicen ser gente del mencho… “del mencho ese que está ahí”, haciendo alusión al supervisor de las obras en un camellón de la capital del país. Los trabajadores concluyen el video a carcajadas, mensaje que queda para el anecdotario de las benditas redes sociales, en las que, lamentablemente, se normalizan los videos propagandísticos y la guerra entre bandas criminales.
Nuevo periodo extra
El líder de la bancada de Morena, Ricardo Monreal, planteará este lunes a los coordinadores parlamentarios de oposición realizar un nuevo periodo extraordinario de sesiones –independiente del que se realizará el 29 de julio próximo–, con el objetivo de aprobar reformas a la Ley de Adquisiciones para permitirle al Estado compra de medicamentos en el exterior, cuya aprobación avanza en la Cámara de Diputados.
La infamia
Y hablando de Monreal, La infamia es precisamente el título del libro del senador que comienza a circular. En él describe la campaña en su contra y de su familia en 2009, en su perspectiva, justamente desde el poder. En estos tiempos en los que se está revisando la historia, a partir de detenciones como las de Emilio Lozoya y César Duarte, va a ser relevante qué es lo que denuncia Monreal y qué personajes del aparato público son los implicados. Por lo pronto, seguramente el libro del senador va a ser muy exitoso en el contexto actual.
Temor entre diputados a más contagios
Realmente preocupados y temerosos se mostraron este fin de semana en redes sociales los diputados federales, pues, otra vez, resulta que otra diputada, ahora Lourdes Celenia Contreras González, de MC por Jalisco, anduvo en pleno salón de sesiones, en el periodo extraordinario del pasado miércoles, con todo y el virus.
El coordinador de la bancada, Tonatiuh Bravo, justificó que la legisladora se realizó la prueba de manera previa –el lunes 20 de julio– y salió en negativo. Sin embargo, fue notificada de que una persona con la que estuvo el día 20 estaba contagiada, por lo que este sábado se realizó otra prueba y dio positivo. Por lo pronto otro diputado de MC, Francisco Ramírez, también de Jalisco, tiene Covid-19, aunque no acudió a la sesión extraordinaria.
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RAZONES/La Razón
Fuego amigo contra los nuevos
Nos aseguran que si bien en las propias filas de la 4T es sabido que hay algunas formas rudas de hacer política, lo que no se entiende es que éstas se apliquen hasta en las circunstancias que ameritan más bien un cierre de filas.
Lo anterior viene al caso porque quienes se mueven es esos espacios tienen detectado, nos dicen, que es desde las propias oficinas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, dependencia a la que recién renunció Javier Jiménez Espriú, de donde están saliendo los misiles para cuestionar al nuevo titular de la dependencia Jorge Arganis Díaz Leal y a Rosa Icela Rodríguez, designada para manejar los puertos. Nos comentan además que ya tomaron nota de esta situación.
• Mentiras y López-Gatell
Nos hacen ver que el subsecretario Hugo López-Gatell achaca a un asunto de “infodemia de algunos medios de comunicación” los temas que, en el momento, le están siendo adversos en la opinión pública.
Ayer, por ejemplo, se le vio frontal cuando informó que durante dos semanas ha habido una baja en las cifras de avance de la pandemia. “Se ha permeado una idea de que los números no fueron los que se contemplaron, que nos falló el cálculo de la epidemia.
Esto es una mentira construida”, dijo el funcionario, quien consideró que hay “seis o siete mentiras en las que ciertos medios de comunicación o ciertos grupos políticos o sociales han insistido”. El tema es que la frialdad de los números de contagios y fallecimientos presentan a las señaladas “mentiras” como realidades en un nuevo frente en el campo de batalla del gestor de la pandemia.
• Que viene otro extra
Así que la tercera es la vencida, y en la Cámara de Diputados insistirán en ir a un nuevo periodo de sesiones para aprobar modificaciones a la Ley de Adquisiciones, lo que permitirá que el Gobierno compre medicamentos en el exterior. La pretensión es acabar con el desabasto que prevalece y pudiera agravarse en el sector Salud, pero también garantizar el acceso a una vacuna o tratamiento para el Covid-19, cuando estén listos, aunque algunas voces señalan que con lo que si se acabará es con la industria farmacéutica mexicana.
Ricardo Monreal opera desde el Senado de la República para que los grupos parlamentarios aprueben esa modificación.
Aunque todo parece estar bajo control, nos comentan que en dos ocasiones anteriores las negociaciones reventaron ante el empecinamiento de discutir el cambio a la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y la desaparición de fideicomisos. Y ahí está otra vez el punto complejo de cualquier negociación.
• Conferencia avionera
Así que este lunes el avión presidencial TP-01 será el centro de la conferencia mañanera del Presidente, ya que se dará a conocer información sobre lo que costó tenerlo guardado en un hangar del aeropuerto de Victorville, California, y no se descarta que se anuncie oficialmente el nombre del principal comprador.
A mediados de la semana pasada, el mandatario ya ha dejado entrever que la persona interesada es de origen extranjero, aunque no se ha confirmado que pudiera tratarse de un prominente empresario árabe, quien estaría en condiciones de pagar 120 millones de dólares…
Por cierto habrá que a ver si López Obrador se sube al lujoso avión, según él, para conocer cómo era la vida antes del cambio de la Cuarta Transformación.
• Se queda corta primera subasta
El que se estrenó ya con una primera subasta al frente del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado fue el exconsejero electoral y exdiputado Jaime Cárdenas, quien, por cierto, inició su gestión presentando una denuncia por el manejo irregular de bienes incautados.
El hecho es que ayer en Los Pinos de los 292 lotes ofertados con un valor de salida de 63.3 millones de pesos al final lograron venderse sólo 145 por un monto de 14.3 millones. Llamó la atención la subasta de cuatro montacargas y un vehículo no apto para matricular tipo anfibio por las que hubo una fuerte puja, pero también el que nadie se interesara por una carga de más de 10 mil calzones por la que se esperaba obtener 306 mil 400 pesos.
• Lluvias electorales en NL
Si usted supone que la proximidad de los procesos internos en los partidos, de cara a la selección de candidatos a las diferentes gubernaturas, está haciendo que algunos políticos busquen lucirse y presumir su chamba no está equivocado. Nos cuentan que ayer el alcalde priista de Monterrey, Adrián de la Garza, subió varios videos en los que aparece con un impermeable y caminando entre las inundaciones causadas por las lluvias de la tormenta Hanna dando recomendaciones.
Quien sería su contendiente en las filas tricolores, o sea Ildefonso Guajardo, buscó no quedarse atrás y subió unos tuits con recomendaciones ante las lluvias y con propuestas para un plan familiar de Protección Civil. Así la situación por ahora. A ver qué se desata cuando amainen las lluvias.
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Escondido tras una muerta/Raymundo Riva Palacio
Estrictamente Personal
El Financiero,
rivapa
Una de las historias centrales sobre los sobornos de Odebrecht a Emilio Lozoya es la triangulación para pagarle seis millones de dólares por su apoyo para conseguir obras.
Según el exdirector de la constructora brasileña en México, Luis Alberto de Meneses Weyll, el dinero se transfirió a través de una empresa, Zecapan –que aparece en su testimonio ante la Fiscalía brasileña como ZacaBank–, cuyo beneficiario era la firma Latin America-Asia Capital Holding. Ambas compañías han sido vinculadas al exdirector de Pemex. La primera es propiedad del alemán Gerhard Henze, y en la segunda, su madre y su esposa son accionistas fundadoras.
La ingeniería financiera empleada en esas dos empresas offshore registradas en las Islas Vírgenes, ha sido reseñada por la prensa desde 2017, y Lozoya siempre negó haber recibido sobornos de Odebrecht. Su defensa aportó documentos y testimonios para demostrar que los recursos que presuntamente recibió, no eran de él. Ahora, su defensa ha cambiado radicalmente la estrategia, y reconoció que sí recibió ese dinero, pero no para su peculio. Lozoya va a tener que hacer magia para encontrar la música que quiere escuchar la Fiscalía General, porque lo que declaró en los últimos días, según reportó Reforma el viernes pasado, está en arenas movedizas.
Según Reforma, De Meneses Weyll entregó seis millones de dólares para la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto, y dos millones más se repartieron entre legisladores por su apoyo para la reforma energética.
De Meneses Weyll testificó ante la Fiscalía brasileña que Odebrecht sólo dio sobornos a Lozoya, aseguró que no hubo pagos a ninguna otra persona y que la única campaña en la que invirtieron, fue para gobernador en Veracruz en 2010. En estas operaciones Fabiola Tapia Vargas, un nombre que dará mucho qué hablar, fue utilizada como pieza clave en la primera estrategia de la defensa del exdirector de Pemex, porque conectaba y justificaba la inocencia que reclamaba.
Para probarlo, en la primera estrategia de la defensa de Lozoya, trajo desde Suiza a Henze para que declarara ante la Procuraduría General de la República, quien declaró que los seis millones de dólares que le imputaban como soborno los ejecutivos de Odebrecht, en realidad eran de él, por lo que la acusación quedaría sin sustento.
Henze declaró haber fundado Zecapan en 1990, y explicó que en 2010 invirtió en una novedosa tecnología para asfaltar llamada Nano Sky, que dos años después captó la atención de Fabiola Tapia Vargas, a quien le ofreció la exclusividad del producto para México y América Latina.
“El 19 de octubre de 2012 -declaró Henze- la empresa Martellus GmbH suscribió con la señora Fabiola Tapia Vargas un convenio que se denominó ‘de transferencia de tecnología y asistencia técnica’ por medio del cual (ella) entregaría a Martellus GmbH –de la cual es socio y accionista– la cantidad de seis millones de dólares a más tardar el 30 de junio de 2014, y en contraprestación, cualquier ingreso futuro derivado de la venta de la tecnología en América Latina sería para (ella)”. Esos seis millones de dólares fueron considerados como “un préstamo para el desarrollo de tecnología”.
Para tales fines, Henze le pidió que depositara el dinero en nueve entregas, entre el 7 de noviembre de 2012 y el 20 de marzo de 2014, en la institución financiera Neue Bank, de la que es titular Zecapan, “para administrar los recursos de forma discrecional”. En su declaración en Brasil, De Meneses Weyll dijo que el dinero de Odebrecht para Lozoya fue depositado en una cuenta que le proporcionó el exdirector de Pemex en el “NewsBank”, como identificó al Neue Bank, cuyo beneficiario era Latin America-Asia Capital Holding.
La defensa de Lozoya quería mostrar con la declaración de Henze que nunca hubo dinero de Odebrecht como soborno, sino un préstamo de Tapia Vargas al alemán, por lo que no había litis en la acusación de los brasileños. La declaración de Henze quiso ser utilizada en Los Pinos para sobreseer el caso contra Lozoya, pero el entonces candidato del PRI a la presidencia, José Antonio Meade, se negó rotundamente a que se cerrara.
Fabiola era hermana de Juan Carlos Tapia Vargas, jefe de Construcciones Tapia, con quien se asoció Odebrecht para realizar obras en la refinería de Tula, por sugerencia de Lozoya. Henze fue ambiguo en la forma como se vinculó con ella, y tampoco lo presionó mucho la PGR. Lozoya y Juan Carlos Tapia Vargas tenían una vieja relación, y presentó al hidalguense con De Meneses Weyll, mientras su hermana adquiría acciones de la familia Lozoya.
El 15 de marzo de 2012, meses antes de que firmara el convenio de asociación con Henze, Tapia Vargas y Favio Alberto Valdovinos Cortez, representante de Latin America Asia Capital Holding, firmaron un convenio en donde ella adquirió mil dólares de acciones de la empresa donde la madre de Lozoya y su esposa, de origen alemán, eran fundadoras y accionistas. La escritura fue notariada en Tula, Hidalgo, el 22 de agosto de 2012.
En su declaración, De Meneses Weyll dijo que los depósitos por seis millones de dólares para Lozoya fueron a partir del 7 de noviembre de 2012, el mismo día que según el convenio entre Henze y Tapia Vargas, debía hacerse el primer depósito del “préstamo”, por un total de 137 mil 451 dólares. Ese mismo mes, Zecapan recibió dos depósitos más por un total de 813 mil 900 dólares. Otros dos más cayeron en 2013 por un millón 480 mil dólares, y tres más en 2014 por tres millones 520 mil. En total, cinco millones 951 mil dólares.
Son muchas coincidencias para que sean coincidencias, pero Fabiola Tapia Vargas no podrá explicar la extraña triangulación y su papel clave en el caso porque el 4 de octubre de 2014, falleció en Perú.
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SERPIENTES Y ESCALERAS/Salvador García Soto /
El Universal
Diputado federal vinculado a Los Zetas
Una denuncia de la Unidad de Inteligencia Financiera presentada ante la Fiscalía General de la República, acusa al diputado federal Ricardo Gallardo Cardona, del Partido Verde Ecologista de México y excoordinador del PRD en la Cámara de Diputados hasta febrero de 2019, de delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita porque está vinculado con el grupo criminal de “Los Zetas”.
Además de que cuando fue alcalde del municipio de Soledad de Graciano, en San Luis Potosí, desvió recursos públicos por medio de pagos a empresas con las que están vinculados él y su familia, como Grupo Axioma Kusuri e Investigaciones Médicas del Potosí, entre otras, a través de las cuales él y su familia también realizan actividades de lavado de dinero, al mismo tiempo que les otorgan contratos públicos.
La investigación financiera que respalda la denuncia penal incluye al diputado federal Gallardo Cardona, da cuenta de que éste ya fue detenido en 2015 acusado de lavado de dinero y del desvío de más de 200 millones de pesos cuando fue alcalde de Soledad de Graciano.
Su detención se produjo cuando pretendía postularse como candidato a la gubernatura de San Luis Potosí y estuvo en prisión por orden del juez Federal de Procesos Penales de Hermosillo, Sonora.
Pero en esta nueva denuncia se le incluye como parte de un clan familiar liderado por su padre Ricardo Gallardo Juárez, exalcalde también de Soledad, y quien es el objetivo principal de la denuncia en la que también se incluyen su esposa y madre del diputado, María del Pilar Cardona Reyna y su hermana Kimberly Guadalupe Gallardo Cardona.
De acuerdo a un resumen de la denuncia, al que tuvo acceso esta columna, a las indagatorias contra los Gallardo se les denomina “Caso Pollos” debido a que el patriarca, Ricardo Gallardo Juárez, antes de haber ocupado cargos públicos, sólo contaba con una empresa de compra y venta de carnes de aves, pero una vez que ocupó cargos de gobierno como alcalde de Soledad y de la ciudad de San Luis, “realizó la constitución de por lo menos 15 empresas registradas con múltiples actividades, las cuales fueron constituidas en colaboración con familiares directos, esposa e hijos, y dichas empresas recibieron recursos del municipio en donde el sujeto era presidente municipal, transmitió por concepto de servicios médicos millonarias cantidades a una empresa constituida como clínica de especialidades, formada por amigos del presidente municipal”.
En total en el caso “Pollos” la UIF investigó las transacciones y depósitos de 21 empresas vinculadas a la familia del diputado Gallardo Cardona y a seis personas físicas que figuran como accionistas de esas empresas.
Como “empresa del narcotráfico” a las que está vinculado el diputado Ricardo Gallardo aparecen Marketing Visual del Pacífico y se menciona también al particular Marcos Issa Fernando Juan.
“Derivado del análisis anterior se presume que Gallardo Cardona José Ricardo exalcalde del municipio de Soledad de Graciano Sánchez, está vinculado con el grupo criminal de Los Zetas, por su presunta responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita”, dice la denuncia del llamado Caso “Pollos”.
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¿Qué más va a militarizarse?
EL ASALTO A LA RAZÓN/CARLOS MARÍN
Milenio, 27 DE JULIO DE 2020
Corrupción y contrabando se da también en el autotransporte y en las vías ferroviarias.
Especializado en derecho aeronáutico, Rodrigo Soto Morales comienza a ocuparse de un tema que domina ya: el marítimo. Gracias a mi amigo Armando Rendón abrí la liga 19cQF4vk_ OPNbGHI4lAcQz-EApKCq5UeH/view?usp=sharing y conocí una luminosa explicación sobre la insensatez de responsabilizar a la Marina Armada del manejo administrativo de los puertos. Aquí un quemón:
La investigación de los delitos fiscales y el contrabando son tareas de una institución civil: la policía. Y asegurarse del pago de derechos aduaneros, el control arancelario y la licitud de las mercancías del comercio exterior corresponden a un órgano aduanero que, entre otras atribuciones, puede multar. Darle tal función a la Marina Armada contraría el diseño constitucional de la República porque se concentra el poder en menos instituciones.
Hablar de corrupción y delitos es sacarle el bulto al Estado de Derecho. Corrupción y concentración de funciones debilitan a las instituciones civiles.
El derecho marítimo parte de tratados internacionales para facilitar la navegación y el comercio. Admite una autoridad mixta (desde 2017 las capitanías están en manos de la Marina Armada), con reparto preciso de atribuciones entre los poderes civil y militar (éste vela por la soberanía territorial y la seguridad portuaria).
La plena militarización inhibe la actividad comercial, ya que los puertos son para facilitar la navegación y el comercio. Cuando el registro marítimo y la matriculación de los buques pasa de las autoridades administrativas civiles a las militares, se distorsiona la concepción del Estado moderno, republicano y democrático.
Para operar, las Fuerzas Armadas fueron creadas y diseñadas con el uso de la fuerza como atributo primordial.
El abogado se plantea: “Cuando digo que el tráfico de mercancías, que debe ser controlado a través de las aduanas cuyos pagos de derechos son de naturaleza fiscal y, so pretexto de que hay corrupción e inseguridad, las funciones de la policía pasan a los militares, ¿qué sigue? ¿La aviación, las torres de control, los servicios a la navegación aérea, el autotransporte federal, el ferroviario…?”.
El trabajo de erradicar la corrupción, de denunciar, perseguir y procesar, es más extenuante. Una carrera de largo plazo, pero “a los políticos lo que les interesa son carreras de corto plazo. A los hombres de Estado lo que les interesa no es ganar unas elecciones, sino beneficiar a generaciones”.
Asignarles cada vez más tareas administrativas a las Fuerzas Armadas revela una visión cortoplacista, nociva a la idea de Nación plasmada en la Constitución.
Por indeseable que sea, militarizar los puertos impone reformar el 21 constitucional y las leyes orgánica de la Marina (y su reglamento interior), la aduanera y la de comercio exterior; las regulaciones no arancelarias y arancelarias, el código de comercio y asegurarse de los avisos que tienen que darse a la Organización Marítima Internacional…
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USO DE RAZÒN/Pablo Hirirart /
El Financiero
El General debería renunciar
El viernes se rebasó una línea que nos marca el peligroso grado al que llega la militarización del país, al servicio de un proyecto político.
Usar al Ejército para amedrentar periodistas críticos es un exceso que va más allá del habitual desplante autoritario con que nos despierta todas las mañanas el Presidente de la República.
Durante su conferencia del viernes López Obrador atacaba a Carlos Loret, y dijo que hace no sé cuántos años lo entrevistó sobre la compra de Agro Nitrogenados, en la que denunciaba corrupción. Y que al día siguiente el periodista tuvo en el estudio al director de Pemex, Emilio Lozoya.
“Por ahí está seguramente (la entrevista). Es difícil que se consiga ahora...”, dijo.
En ese momento se levantó el general Luis Rodríguez Bucio, comandante de la Guardia Nacional, con una tablet en la mano y esa antigua entrevista de Loret a Lozoya, y se la entregó para que el Presidente siguiera atacando al periodista.
Lo del general Bucio no es eficacia, sino persecución.
¿Qué tiene que hacer un general de División, a cargo de la Guardia Nacional, en el marcaje a un periodista?
¿Por qué el general trae en su tablet las entrevistas de Carlos Loret de Mola?
Fue público. En cadena nacional para quien quisiera verlo.
Obvio que se trató de un mensaje a todos los periodistas que el Presidente detesta. Están marcados por el Ejército.
¿Muy críticos, muy valentones? Ahí está la tablet del general Rodríguez Bucio.
Lo que presenciamos es la creciente militarización para apuntalar un proyecto político. Se está pervirtiendo la función de los militares.
En el proceso de demolición institucional que está en marcha las Fuerzas Armadas también son víctimas, aunque ahora les pongan el cielo y las estrellas sobre su mesa.
Si faltaba una imagen de la cooptación del Ejército para el proyecto político de la 4T, ahí está la del comandante de la Guardia Nacional con una computadora en la mano y la información, al instante, sobre un periodista desagradable al Presidente.
El actual gobierno ha desnaturalizado el papel de las Fuerzas Armadas al sacarlas de sus tareas constitucionales y ponerlas al frente de grandes negocios que son manantiales de corrupción.
Pusieron al Ejército a construir un aeropuerto civil, para que salga más barato, dicen. Está mal, pero hasta ahí aparentemente no es grave.
Lo inadmisible, por peligroso e inconstitucional, es que el Ejército se haga cargo de la administración y comercialización de la que será la principal terminal aérea del país.
A los militares los hacen responsables de incautar drogas y grandes cantidades de dinero ilícito que se mueven en un aeropuerto internacional. A la vez, los militares van a administrar y en su caso concesionar las casas de cambio, hoteles, tiendas y aduanas de ese aeropuerto. No combina.
El Presidente les va a entregar el control de puertos y aduanas, que son de los mayores polos de corrupción en el país. (Nombraron a una civil como Coordinadora de Puertos y Marina Mercante, pero las tareas estarán a cargo de los militares).
Aduanas, en los hechos, ya no será tarea de Hacienda, sino del Ejército.
El comercio exterior lo va a vigilar el Ejército, cuando es función de la Secretaría de Economía.
¿Qué tiene que ver todo eso con las tareas constitucionales de nuestras Fuerzas Armadas? Absolutamente nada.
El artículo 129 de la Constitución es claro: “En tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar”.
Lo están violando olímpicamente.
El Presidente pone a las Fuerzas Armadas “donde hay”.
Cuidado, porque el hábito no hace al monje.
La corrupción no la hace tal o cual uniforme, sino la oportunidad.
Desde luego que hay valores, pero no todos están hechos de la misma madera.
Con la desnaturalización de sus funciones tal vez tengamos, dentro de un par de años, a grupos de las Fuerzas Armadas que se corrompan y se amafien.
Van a administrar las aduanas, el aeropuerto de Santa Lucía, los puertos, vigilar flujos migratorios, construcción de más de mil sucursales de un banco, repartir fertilizantes...
¿Entendemos lo que eso significará para el país?
Cuando haya que regresarlos a sus deberes constitucionales, ¿se va a poder? Son las Fuerzas Armadas.
Y le deberán esos negocios –los que tienen un mayor potencial lucrativo–, al proyecto que hoy gobierna el país y concretamente a su actual Comandante Supremo.
Para perseguir al crimen organizado, y someterlo, la Guardia Nacional no sirve.
Es una amalgama deforme de militares, que tienen una formación muy específica. Marinos, que tienen vocación diferente. Policías federales, con educación y adiestramiento completamente distinto. Y reclutas de nuevo ingreso que no tienen idea de nada.
Por eso estamos como estamos. Cada vez más copados por los ejércitos irregulares del narcotráfico, que a la vez lo son del secuestro, la extorsión, el crimen, e imponen sus propias leyes. Hasta uniformes e himnos tienen.
En lo que sí da respuesta rápida la Guardia Nacional –qué digo rápida, inmediata– es cuando el Presidente dice que sería complicado encontrar una antigua entrevista de un periodista al director de Pemex en la primera mitad del sexenio anterior.
Así es muy difícil hacer periodismo crítico. Con el aliento del Ejército (maneja la GN) en la espalda.
No se vale. Ellos son una fuerza armada.
Si hubiera un gremio unido, los periodistas estarían hoy pidiendo la destitución del general. Pero como no lo es, cuando mucho se le manda un abrazo a Loret o al agredido del momento.
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Puertos: seguridad y corrupción
RAZONES/JORGE FERNÁNDEZ MENÉNDEZ
Excelsior, 27 DE JULIO DE 2020
En la renuncia de Javier Jiménez Espriú a la secretaría de Comunicaciones y Transportes hay mucho más que profundas diferencias de ese funcionario con el presidente de la república. Es verdad que Jiménez Espriú perdió progresivamente el control sobre la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, el principal tramo del Tren Maya y ahora el control de los puertos y la marina mercante del país, los tres en beneficio de los militares. Pero los perdió por la corrupción que permea muchos sectores de la SCT.
No sé si fue por la edad, por presuntos problemas de salud, simplemente por diferencias políticas o por la forma ultra centralizada del Presidente de ejercer el poder, pero lo cierto es que una instancia tan estratégica como la SCT estuvo ausente en muchas de las principales decisiones sectoriales en este sexenio.
La situación no cambiará, el reemplazo de Jiménez Espriú es el ingeniero Jorge Arganiz, un hombre respetado en el ramo, pero con escasa experiencia política. En la refinería de Dos Bocas, donde estaba hasta su designación en SCT, ha sido cuestionado por la adjudicación directa de varios contratos a empresas de muy reciente formación y sin experiencia en el sector. El papel de Arganiz lo exhibió el propio presidente López Obrador cuando en Salinas Cruz designó como nueva coordinadora general de puertos y marina mercante a Rosa Icela Rodríguez y dijo que “le informaría” de esa designación al secretario que, por ende, no estaba enterado de la misma.
Como ha dicho el Presidente, lo importante para estas y otras designaciones (como la de Horacio Duarte en Aduanas) parece ser contar con un 90 por ciento de lealtad y un 10 por ciento de conocimiento. Nadie discute la lealtad de Rosa Icela hacia el presidente López Obrador, pero del manejo de los puertos y de sus implicaciones en el comercio global y la seguridad pública y nacional que tienen los mismos, sabe poco o nada.
Rosa Icela Rodríguez, fue una muy buena secretaria de gobierno de la ciudad de México y deja su cargo en un mal momento para la ciudad, cuando su capacidad de operación será difícilmente suplantada, para hacerse cargo de una coordinación que difícilmente será tal, porque, en los hechos, el sector quedará, como el propio PresdiDente lo ha explicado, bajo control de la secretaría de Marina.
El mismo día que se designó a Rosa Icela, el Presidente anunció que el nuevo jefe de la Administración Portuaria Intergral (API) de Lázaro Cárdenas será el almirante José Luis Cruz Ballardo (quien paradójicamente había estado en esa responsabilidad el sexenio pasado y cuando había comenzado a tener ciertos avances había sido removido por Jiménez Espriú) mientras que el almirante Salvador Gómez Meillón quedaría a cargo de la API de Manzanillo. En el mismo evento, en Salina Cruz, el Presidente dijo que será el secretario de la Marina, el almirante Rafael Ojeda Durán quien “recomendará a todos los almirantes” que se harán cargo de los puertos del país. Ahí reside el control del sector.
Cuando en abril del año pasado entrevisté al Almirante Rosendo Escalante Ilizaliturri, jefe del estado mayor general de la Marina, quien acaba de pasar a retiro después de 48 años de servicio (su reemplazante es el almirante Luis Orozco Inclán) hablamos de cómo garantizar la seguridad en los puertos del país, uno de los puntos más vulnerables en la lucha contra los grupos criminales. Decía entonces Escalante que la participación de los marinos en esos esquemas de seguridad eran imprescindible y que eso debía incluir no sólo el control de los litorales y el mar territorial sino también de los puertos. Tener esa espacio de control era una demanda de la Marina desde el sexenio pasado ante el evidente fracaso de distintas autoridades, un fracaso acrecentado en forma notable en el último año y medio.
Es verdad que los puertos y las aduanas son entes comerciales y fiscales que deben facilitar el comercio, no frenarlo. Eso no es contradictorio con la existencia de mecanismos de seguridad en los espacios aduanales que sean llevados adelante por instancias militares y navales.
Pero si el comercio y la seguridad son vertientes inevitables en el comercio aduanero, la corrupción que se detecta en muchas instancias se torna más peligrosa aún porque detona otros desafíos. Aquí advertíamos en abril pasado que la mayor resistencia al cambio en el manejo de los puertos estaba en los altos mandos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y tenía relación con los intereses económicos que ahí se manejan. Algunos negocios que se estaban haciendo en las API´s eran escandalosos. La Secretaría de Marina debía de asumir el control porque las Administraciones Portuarias siguen manteniendo las peores estructuras de corrupción que heredaron de los gobiernos anteriores. Y la corrupción alimenta el crimen y la impunidad.
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¡Más del cochinero Lozoya!
ITINERARIO POLÍTICO/RICARDO ALEMÁN
EL DEBATE, 27 DE JULIO DE 2020
Ya documentamos las filtraciones ilegales, mentirosas e interesadas en el caso Lozoya.
También documentamos la manera ilegal en que el presidente Obrador se ha convertido en fiscal general, en juez, en vocero del Poder Judicial y hasta en Ministerio Público.
Hoy documentamos el manoseo de la justicia para favorecer el perdón a Lozoya y, sobre todo, para obligarlo a la delación contra los enemigos del presidente. Y es que, en los hechos, Lozoya es víctima de un “secuestro de Estado”, que lo obliga a “embarrar” a quienes le ordenen en Palacio.
Y, para empezar, vale decir que Lozoya fue consignado –de manera indebida, ilegal y tramposa--, por el delito de asociación delictuosa, cuando, en rigor, debió ser consignado por el delito de delincuencia organizada.
¿Y qué importancia tiene para los ciudadanos y para la impartición de la justicia que Lozoya sea consignado por asociación delictuosa y no por delincuencia organizada?
Pues ese es, precisamente, el hilo fino del tema: es el centro del circo del poder, de la venganza presidencial y del perdón tramposo a Lozoya.
Pero vamos por partes.
Primero, como se dijo, no debemos olvidar que Lozoya fue consignado y será juzgado por asociación delictuosa y no por delincuencia organizada.
¿Por qué el primer delito y no el segundo?
Porque con el primer delito puede alcanzar el beneficio de testigo colaborador y, con ello, puede reducir los años de prisión en 50 por ciento.
En cambio, si Lozoya es consignado por el delito de delincuencia organizada, el exdirector de Pemex no alcanza el beneficio de testigo colaborador y no existe la posibilidad de reducir la pena corporal, a cambio de delatar a quienes el poder presidencial quiere que delate.
Y aquí empiezan las preguntas.
¿Por qué tal manoseo jurídico, tramposo y convenenciero, que está lejos de la comprensión de los ciudadanos de a pie?
¿Por qué la Fiscalía General, el Ministerio Público y el Poder Judicial se prestan a tal manoseo de la ley que, en los hechos, sólo busca beneficiar la venganza presidencial, antes que garantizar el imperio de la ley?
La respuesta es clara: Lozoya fue empujado el suicidio político y, ante tal disyuntiva –siempre de manera ilegal--, el poder presidencial le ofreció reducir la pena corporal a cambio de “embarrar” a los enemigos del AMLO.
Pero para reducir la pena, todo el aparato de justicia del Estado mexicano debía torcer la ley.
¿Lo dudan?
Como saben, Lozoya fue extraditado por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, cohecho y asociación delictuosa.
En el primer delito --operaciones con recursos de procedencia ilícita--, la Ley Contra la Delincuencia Organizada establece, en su artículo 2, que “serán sancionados como miembros de la delincuencia organizada”, quienes cometan delitos “…de operaciones con recursos de procedencia ilícita”.
A su vez, el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita también está previsto en el Código Penal Federal.
De igual manera, el artículo 16 de la Constitución dispone que: “por delincuencia organizada se entiende una organización de hecho, de tres personas o más, para cometer delitos en forma permanente o reiterada, en los términos de la ley de la materia”.
¿Cuál es la “ley de la materia” a la que remite la Carta Magna para tipificar a la delincuencia organizada?
¡Bingo! La ley a que remite la Constitución es la “Ley Contra la Delincuencia Organizada”.
Y aquí obliga la pregunta fundamental.
¿Por qué, entonces, si Emilio Lozoya debió ser consignado por delitos imputables a la delincuencia organizada, el Poder Judicial y el Ministerio Público sólo le imputaron el delito de asociación delictuosa en el momento de la consignación?
La razón ya la explicamos arriba: lo consignan por asociación delictuosa porque con esa figura delictiva sí alcanza los beneficios de testigo colaborador y, sobre todo, la reducción de la pena corporal.
Ahora la pregunta clave. ¿Es legal consignar a Lozoya por asociación delictuosa, en lugar de consignarlo por delincuencia organizada?
La respuesta es que asistimos a una “chicanada ilegal” y, en el extremo, al sometimiento del Poder Judicial, de la Fiscalía General y del Ministerio Público a los intereses vengativos del presidente López Obrador.
¿Y eso cómo se demuestra?
Muy fácil.
Como ya se dijo, Lozoya fue extraditado por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Por sí mismo, tal delito obliga aplicar la Ley contra la Delincuencia Organizada, según su artículo 2, ya citado.
Ahora bien, conforme al principio de especialidad de la ley, obliga la aplicación de la ley especial sobre la ley general.
¿Y qué quiere decir eso?
Que el Código Penal Federal es la “ley general”, mientras que la Ley contra la Delincuencia Organizada es la “ley especial”.
Por tanto, se debió aplicar la Ley contra la Delincuencia Organizada, que es la ley especial.
Más aún, en cuanto al conflicto de competencia de dos leyes, el Código Penal Federal establece –párrafo segundo del artículo 6--, que “cuando una misma materia aparezca regulada por diversas disposiciones, la especial prevalecerá sobre la general”.
¿Y eso cómo debe entenderlo el ciudadano de a pie?
Que la Fiscalía General, el Ministerio Público Federal o el juez de Distrito habrían cometido un error de apreciación, igual al de “confundir a una vaca con un coyote”, al momento de elaborar y revisar el pliego de consignación de Emilio Lozoya.
Pero está claro que ni la Fiscalía General, tampoco el Ministerio Público Federal y menos el juez de Distrito pudieron confundir a “una vaca con un coyote”.
No, lo cierto es que todos cerraron los ojos, hicieron trampa, engañaron a los ciudadanos y violaron la ley, para cumplir el deseo presidencial de darle a Lozoya el beneficio de un periodo corto de prisión, a cambio de embarrar a todos aquellos que el presidente López Obrador quiera embarrar y perseguir.
Pero tampoco es todo.
Resulta que los delitos de cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita son de interés público, según el artículo 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece que “no podrá aplicarse criterio de oportunidad en los casos de delitos… que afecten gravemente el interés público”.
Por eso la trampa de consignar a Lozoya por el delito de asociación delictuosa y no por cohecho y delincuencia organizada.
Dicho de otro modo: asistimos a la prueba contundente de que en el Gobierno de AMLO, la ley se ha convertido en el “garrote vengativo” del presidente.
Pero hay más. Apenas el pasado domingo 26 de julio, se dio a conocer que “el juez Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal” concedió un amparo definitivo a favor de Emilio Lozoya para que no se ejecute la orden de aprehensión en su contra por el delito de “operación con recursos de procedencia ilícita”.
¿Y eso qué quiere decir?
Sí, confirma que, como lo dijimos arriba, desde Palacio, el presidente López Obrador manipula al Poder Judicial para proteger a Emilio Lozoya a cambio de embarrar a los enemigos del presidente.
Y es que según el expediente 487/19, en 2019, un juez le negó a Emilio Lozoya un amparo precisamente por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Y ese expediente es público.
Por qué en 2019 la justicia le niega a Lozoya un amparo que hoy, curiosamente, sí le otorga.
Así o más claro el cochinero en el circo de Lozoya.
Al tiempo.
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LA FERIA /Salvador Camarena /
El FinancieroLas dos (o más) Morenas
El presidente Andrés Manuel López Obrador declaró a principios de junio que no son tiempos de simulaciones, “o somos conservadores o somos liberales, no hay medias tintas (…) Se está por la transformación o se está en contra de la transformación del país. Es tiempo de definiciones”.
La declaración presidencial realizada en Veracruz no sorprendió a nadie. Desde muy temprano en el gobierno, el mandatario renunció a ponerse encima de las diferencias partidistas.
Esas palabras sintetizan la manera de hacer política del tabasqueño: divide siempre, usa el poder de manera faccionaria, pero no sólo busca generar en sus opositores un estigma con raíces históricas –más que gente que piensa distinto pretende que veamos a la oposición como reaccionarios del siglo XIX–, sino que también es una advertencia para las filas de su movimiento: aquel de los suyos que flaquee –según AMLO– se quedará no sólo fuera de la Historia, con mayúscula, sino que ingresará de inmediato en el bando de los neoliberales.
Se acaba julio, mes en que el gobierno de López Obrador libró con solvencia –y en medio de la pandemia– tres lances que eran de pronóstico reservado: visitó a Trump sin deshonroso descalabro, ha trazado un plan de reforma de pensiones apoyado lo mismo por líderes patronales y sindicales, y salieron por consenso los cuatro consejeros del Instituto Nacional Electoral.
En esos casos los peores augurios fueron conjurados. Ni AMLO se robó el dinero de las Afores, ni generó bochorno generalizado con su gira a Estados Unidos, ni apoyó a morenistas que pretendieron descarrilar pulcros procesos legislativos para la nominación en el INE.
Que tal cosa pudiera ocurrir se debe, mayormente, a que no hay tal cosa como una Morena única, monolítica o siquiera uniforme.
Sobra recordar que es cosa normal que en los partidos haya bandos, corrientes e incluso posturas contradictorias. Pero el Movimiento Regeneración Nacional alberga grupos que si bien son viejos conocidos entre sí, tienen maneras y quizá hasta propósitos muy distintos.
Marcelo Ebrard y el cuerpo diplomático mexicano pudo sacar adelante la visita a Washington con un oficio que se echa en falta cotidianamente en la mayoría de las dependencias gubernamentales, donde los desplantes, arrebatos y altanería son la constante. Si tan sólo fuera una cosa de que tienen malos modos, pero sobre demasiados colaboradores del Presidente recaen, además, dudas razonables sobre su eficiencia e incluso honestidad.
No es que Ebrard sea una perita en dulce o su trayectoria no incluya claroscuros, pero hasta cuando habla en el Palacio Nacional uno recuerda la existencia de funcionarios, digamos, profesionales.
En casilla similar podríamos ubicar a Arturo Herrera. El secretario de Hacienda ha entregado buenas cuentas con la reforma a las pensiones y, de paso, ayuda a su jefe al espantar el fantasma que asustaba diciendo que este gobierno hallaría la forma de apropiarse de todas las bolsas, incluida la de los ahorros de los trabajadores.
Del lado del Legislativo, Mario Delgado y sobre todo Ricardo Monreal han mostrado oficio político y en no pocas ocasiones pudieron amansar las peores intentonas de sus propios compañeros de bancada. Delgado se anotó el mérito de lograr una aprobación ortodoxa, lo que en este gobierno no es poca cosa, de los cuatro nuevos consejeros electorales.
De nuevo: ni Delgado, apéndice de Ebrard, ni Monreal, apéndice de nadie, son políticos de ensueño para un México del siglo XXI. El segundo ha llegado a extremos que le festejan los más radicales, y no es ajeno a aquello de crear problemas para luego resolverlos, pero el punto es que no constituyen, hasta hoy, parte de los mayores dolores de cabeza del Presidente y de los mexicanos.
Monreal, Ebrard y Herrera son, pues, caras de un movimiento que pudiera darle más profesionalismo y rebajar el talante divisorio y estérilmente confrontativo de López Obrador.
Sin embargo, no hay certeza alguna de que en tales perfiles residan las mayores apuestas de López Obrador para el futuro inmediato.
Al acercarse las fechas electorales, grupos con base territorial (cosa que no es el fuerte de Ebrard, Herrera e incluso Monreal) harán valer su peso. AMLO requiere de la operación de esos grupos para renovar su peso en San Lázaro y ganar las gubernaturas.
En medio de la tragedia por la fallida estrategia gubernamental para la pandemia, en julio vimos ejemplos de cómo en Morena hay expresiones que podrían hacer que la eficiencia e incluso la imagen de este gobierno fueran mejores.
Cuando se incremente el fragor electoral, y sean más acuciantes aún las crisis por los muertos y por una economía destrozada, ¿AMLO optará por la Morena que le ayuda a sacar la pelota del cuadro o atizará la hoguera de los ultras que demandan reventar nombramientos o hacer legislaciones contra el capital? Será, es cierto, tiempo de definiciones.
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SOBREMESA/Lourdes Mendoza /
El Financiero
Lozoya, de corrupto a niño héroe 4T
Hasta ayer a las 6 pm que entregué esta columna, todo parecía indicar que Emilio Lozoya seguía atendiéndose sus males, ni más ni menos que en el hospital Ángeles del Pedregal y, según me cuentan mis fuentes, está en la suite presidencial y muy bien cuidado por la Guardia Nacional.
Pero, por qué nadie habla de Froylán Gracia, su segundo de a bordo, quien decidía a quién le daban los contratos sin licitación alguna; o Henríquez Autrey, a quien le crearon Procura, el organismo concentrador de todas las compras de la paraestatal, y quien tampoco buscó jamás el significado de “conflicto de interés.”
Si hubo sobornos por la Reforma Energética que los castiguen, pero no olvidemos las acusaciones a Lozoya y sus secuaces por Odrebrecht, de enriquecimiento ilícito, o la compra de chatarra de Agronitrogenados, etc. ¡Ojo!, se agotan los 10 días de plazo para presentarse ante un juez... por algo no ha sucedido.
Entre bambalinas, los panistas me aseguran que el Presidente y su gobierno quieren desviar la atención de los problemas serios del país, tanto por el Covid-19 y su pésimo manejo o por la crisis económica, pero que no le seguirán el juego, pues Acción Nacional es el partido más fuerte y el que más votos, alcaldes, legisladores y estados le puede ganar a Morena.
En diversos medios se ha dicho que Lozoya sobornó a varios panistas…
Hablé con el gobernador Cabeza de Vaca ¿es cierto que recibió sobornos por la Reforma Energética? “Eso es FALSO de toda falsedad”, pero ahí no paró, además me dijo: “Todo esto es parte de la creación del nuevo Instituto del presidente López Obrador, el INPADAP” ¿el qué?, pregunté, “el Instituto Nacional Para Distraer al Pueblo, el cual todavía no publica (en el DOF), pero ya está en funciones”. Se vale reír o llorar.
Cordero, al principio no quería salir, sin embargo, y sin decir agua va, se aventó un tuit: “Rechazo categóricamente las acusaciones en mi contra que aparecen en diversos medios de comunicación, atribuidas a @EmilioLozoyaAus. Son falsas, sin sustento ni pruebas. Siempre he actuado con legalidad en las responsabilidades que he desempeñado como servidor público”.
Jorge Luis Lavalle, también mediante Twitter, rechazó los señalamientos y dijo: “Es absolutamente falso que haya recibido algo a cambio de mi voto y trabajo para lograr la aprobación de la iniciativa panista que se transformó en la Reforma Energética. Esta reforma fue planteada desde hace muchos años por el PAN y resulta absurdo que se pretendan ligar los malos manejos que se hicieron en la administración anterior con la aprobación de una reforma que era y sigue siendo necesaria para México. Desconozco las intenciones de estos dichos que involucran mi persona y las perversas intenciones que las generan”.
Hablé también con el góber Francisco Domínguez y me dijo “me reservo mi opinión”. Supongo, que no quiere caer en el juego perverso de la denostación con fines electorales.
https://www.elfinanciero.com.mx/…/lozoya-de-corrupto-a-nino…
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CRONOCOPIO/Roberto Gil Zuarth /
El Financiero
Netflix desde la mañanera
La impunidad, la ineficacia de la autoridad para dictar los castigos debidos, ha traslado el escarmiento a la plaza. El escándalo es sentencia. El fracaso del Estado se resume precisamente en que la justicia en México es puramente mediática, indiciaria, fuenteovejuna.
La culpabilidad no es la fría subsunción de hechos en supuestos normativos previamente determinados, sino la condena pública al villano del momento. Nos hemos acostumbrado a que ningún delito se castiga y, por tanto, desahogamos nuestra frustración en el espectáculo.
Porque sobrevivimos a pesar de la certeza de que nadie pagará por sus delitos, nos hacemos justicia por propia mano: con la venganza privada ahí donde la autoridad no existe, pero también con el escupitajo, el insulto o el prejuicio donde no nos alcanza la mano. Y es que nuestra justicia es de flagrancias y patibularios, no de investigaciones, sentencias y pedagogías.
La cultura de la impunidad ha legitimado resortes para colmar nuestra demanda de justicia. El Estado autoritario centralizó en el Presidente los premios y los castigos extralegales con el propósito de cohesionar lealtades.
El viejo modelo de justicia penal enterró la presunción de inocencia para sostener la percepción de eficacia y, desde ahí, su legitimidad. El Estado democrático ha claudicado crónicamente ante la tentación de falsear los estándares de exigencia del debido proceso como razón de necesidad para dar resultados.
En los reflejos psicológicos de la contracultura de la impunidad, el presunto es inevitablemente culpable, la prisión preventiva es justicia y, por supuesto, todo lo demás es corrupción.
El caso Lozoya es el síntoma más visible y reciente de la corrupción estructural en nuestro país. Esa herida que no hemos logrado cicatrizar y que ha debilitado los anticuerpos de la democracia mexicana para defenderse de sus enemigos.
Sí, la corrupción que viene de atrás y que continúa galopante en la cuarta transformación, igual de extendida y en algunos casos mucho más sofisticada. Pero desafortunadamente, el vacío de instituciones, el desmantelamiento de los sistemas legislados, el desprecio por la ley y, sobre todo, el voluntarismo presidencial, sugieren que el derrotero de la corrupción, pasada y presente, no serán las instituciones de prevención y de castigo, sino las arenas de rentabilización política y electoral.
Ante la imponente evidencia del fracaso gubernamental en la gestión del Covid, sus 45 mil muertos y la debacle económica que dejará a su paso, siempre caerá como anillo al dedo un circo de delaciones premiadas, impunidades pactadas y persecuciones políticamente calculadas.
La trama de supuestos sobornos por reformas aprobadas en el Congreso es una suculenta oportunidad en el visible propósito de concentración de poder y, sobre todo, para la deslegitimación de la pluralidad y del equilibrio entre poderes.
La historia enseña que las dictaduras dinamitan primero los diques de contención. Y esos diques se derrumban también con el discurso del árbol podrido por las manzanas de la corrupción.
Si la reforma energética fue producto de prebendas ilegales, sus productos, las instituciones y los contratos, están viciadas del mismo mal y, por tanto, ningún derecho o restricción legal puede invocarse ante el pecado original.
Si una reforma se compró, seguramente también todas aquéllas que no coinciden con el código ideológico del gobierno en turno. Si una legislatura transigió dinero por reformas, la causa eficiente de la corrupción no son las personas o los casos particulares, sino el Congreso mismo. Si el parlamento es el epicentro de la corrupción, ¿por qué no prescindir de su existencia?
Frente a la renovación de la Cámara de Diputados en 2021, las oposiciones deben encarar con valor, verticalidad y entereza el desafío que les ha planteado López Obrador.
La tentación del poder será hacer del caso Lozoya la prueba de la corrupción del pasado, pero también la letra escarlata en la frente de todos sus adversarios. Más allá de defender administraciones pasadas, al impresentable
Lozoya o a los insinuados en las delaciones premiadas, los demócratas no pueden permitir que la corrupción sea un muro de vergüenza a modo del poder para deshacerse del pluralismo. Y lo primero que se debe hacer es exigir es que se haga justicia conforme a los imperativos del debido proceso.
Para que no se salgan con la suya los que creen que al pueblo se les puede entretener con una serie de Netflix contada desde la mañanera, mientras la impunidad sienta sus reales por todos lados.
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PENSIONES: NO DEJAR PARA MAÑANA LO QUE SE DEBE HACER HOY /Ricardo Monreal /
El Universal
El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador tenía tres opciones en torno al tema de las pensiones.
La primera era patear el pesado bote hacia adelante, es decir, no hacer nada, algo que hubiera tenido efectos devastadores para las personas pensionadas, que recibirían ingresos raquíticos, y para la economía nacional, que dejaría de contar con las aportaciones de los cientos de miles de personas que se retirarán.
Pero esta actitud va en contra del proyecto que él encabeza, el cual tiene en su centro fortalecer al sistema de seguridad social en México, del que las pensiones son parte integral.
La segunda opción era regresar al esquema de pensiones de 1973, cuando se emitió la Ley del Seguro Social. Bajo esta modalidad, las y los trabajadores activos, de manera directa, tenían que mantener a quienes se jubilaban y podían llegar a tener pensiones equivalentes al 100 por ciento de su último sueldo.
Pero ahora, como en 1997, cuando este modelo fue sustituido por el de cuentas individuales, este esquema resulta financieramente inviable.
Por eso, el presidente eligió una tercera vía: proponer modificaciones puntuales y quirúrgicas para iniciar la reestructuración del sistema de pensiones.
La iniciativa propone incrementar paulatinamente las aportaciones para el retiro, del 6.5 al 15 por ciento, y el sector patronal será el que contribuirá en mayor cantidad —con un 5.15 y hasta un 13.8 por ciento—. Esta modificación permitirá que las pensiones de las personas aumenten de manera considerable; se espera que ahora la tasa de reemplazo sea de aproximadamente el 40 por ciento.
Las voces críticas han expresado que esta medida puede generar incentivos perversos que se traducirán en disminución de los sueldos de las y los trabajadores. Sin embargo, esto va en contra del carácter social que la clase empresarial está demostrando al formar parte de esta iniciativa.
También hay quienes han dicho que incluso con este aumento las personas adultas mayores no recibirán una pensión lo suficientemente alta. Bajo esta tesitura es importante considerar que ahora este grupo poblacional también cuenta con una pensión que ha sido elevada a rango constitucional, la cual, a diferencia del pasado, se otorga de manera universal.
Esta pensión equivale a 1,275 pesos mensuales, es decir, casi el 50 por ciento de lo que actualmente recibe una persona pensionada por el IMSS. En su conjunto, el incremento planteado y poder recibir dos pensiones simultáneamente sí representa un incremento significativo que puede propiciar una mejora considerable en la calidad de vida de las y los adultos mayores.
Un segundo cambio trascendental que la iniciativa propone es disminuir el número de semanas de cotización necesarias para acceder a una pensión: de 1,250 a 750. Esto permitirá que las personas se puedan retirar antes, y bajo un entorno en el que la economía informal es preponderante, y ampliará el espectro de quienes podrán recibir la pensión.
La principal crítica al respecto es que esto puede generar una mayor presión fiscal al Estado mexicano, pues el número de personas pensionadas aumentará más rápidamente.
Por ello es necesario tener en cuenta que esta modificación, al igual que cualquier otra que busque generar mayor igualdad, requiere forzosamente posicionar en un horizonte no muy lejano la construcción de bases fiscales en las que se apoyen los cambios.
El cambio propuesto por el presidente de México al sistema de pensiones es otro de los esfuerzos para corregir esta inercia heredada del antiguo régimen, y para finalmente no dejar para mañana lo que se debe hacer hoy.
Con esta iniciativa se aleja el fantasma de la estatización de las Afores, vaticinada por muchas voces, e inicia el muy necesario camino de la consolidación del sistema de seguridad social en México.
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DESPERTADOR /Martí Batres /
El Financiero
La reforma de las pensiones
La propuesta de reforma al sistema de pensiones de los trabajadores, anunciada la semana pasada en la conferencia mañanera del Presidente, es la primera de carácter progresivo después de por lo menos tres décadas.
Durante esos años se realizaron varias reformas regresivas —o contrarreformas— que tuvieron como resultados: 1) la individualización del ahorro de los trabajadores; 2) la mercantilización de las pensiones; 3) la reducción del monto de las pensiones; 4) la disminución del tiempo de disfrute del retiro; e incluso 5) la imposibilidad de contar con una pensión después del retiro. O sea, más desigualdad: fortalecimiento del capital financiero y debilitamiento del factor trabajo.
Como dice Enrique Valencia Lomelí, a lo largo de 25 años se privatizó el sistema de pensiones; pasando de uno público de beneficios definidos, solidario y de administración pública a uno privado de contribuciones definidas y cuentas individuales.
Inspirado en el modelo chileno implantado durante la dictadura de Pinochet, Pedro Aspe impulsó en México un proyecto que se materializó primero en el Sistema de Ahorro para Retiro en 1992. Se funda así un nuevo pilar privado adicional a los fondos públicos.
En 1997, con la nueva Ley del IMSS se crean cuentas individuales manejadas por Afores del sector financiero privado. Se pasa de un esquema de 500 semanas de cotización a 1250 semanas. Y de un esquema de beneficios definidos a un esquema de contribuciones definidas. Las pensiones dependían ahora de lo ahorrado por el trabajador.
En 2004 se reforma el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los empleados del IMSS. Los nuevos empleados podrán retirarse luego de 35 años de servicio y no de 27. Sus contribuciones pasarán del 3 al 10 por ciento del salario. Recibirán como pensión el 100 por ciento y no el 130 por ciento de su último pago mensual. Y ahorrarán en cuentas individuales.
En 2007 se realizó la reforma a la Ley de Pensiones del ISSSTE, para introducir los cambios que ya se habían hecho a las diversas normatividades del IMSS.
En 2015 se reforma el régimen de pensiones para nuevos empleados de PEMEX. Habrá contribuciones definidas, cuentas individuales manejadas por una Afore y el retiro será a los 60 años de edad con 30 de servicio, en lugar de 55 y 25 años respectivamente.
Entre el 2006 y el 2013, la Comisión Federal de Electricidad, la banca de desarrollo, la Auditoría Superior de la Federación, el Banco de México y muchas universidades públicas sufrieron reformas similares.
Sin embargo, el nuevo sistema de pensiones de los trabajadores dio muestras de su fracaso muy pronto. El propio Santiago Levy, uno de sus impulsores, terminó reconociendo la inoperancia del mismo en su libro “Buenas intenciones, malos resultados”.
En un período de 10 años, los trabajadores de bajos ingresos (con hasta tres salarios mínimos) solo tuvieron empleo formal durante el 49 por ciento de dicho lapso.
Y sólo el 16 por ciento tuvo un empleo formal permanente a lo largo de una década. Eso demostraba que era imposible cotizar mil 250 semanas en 24 años de vida laboral, como exigía la nueva legislación en materia de pensiones. ¡Para lograr dicha cotización, el trabajador tendría que estar activo laboralmente durante 53 años!
Hace unos días, el gobierno presentó una propuesta para reformar el sistema de pensiones de los trabajadores. No se modifica el carácter privado del ahorro. No desaparecen las Afores. No se reestatiza el sistema. Sin embargo, aumenta el monto de las pensiones en un 40 por ciento.
Los trabajadores no cotizarán a lo largo de mil 250 semanas, sino durante 750. El 82 por ciento de los mismos tendrá garantizada la pensión a los 60 años de edad. La aportación de los patrones aumentará de 5.15 a 13.875 por ciento del salario en ocho años. Las Afores reducirán las comisiones por manejo de cuenta y mejorarán los rendimientos del ahorro.
En efecto, es un paso —el primero en 30 años— hacia un Estado de bienestar en materia de pensiones de los trabajadores.
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PLÍTICA ZOOM/Ricardo Raphael /
El Universal
Lozoya: otro caso juzgado fuera de los tribunales
La impunidad en México no será derrotada hasta que las únicas autoridades facultadas por la Constitución para perseguir y sancionar delitos gobiernen todos los tramos del proceso judicial.
https://www.eluniversal.com.mx/…/lozoya-otro-caso-juzgado-f…
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EN TERCERA PERSONA /Héctor De Mauleón /
El Universal
El nombre AMLO no quedará escrito en letras de oro
https://www.eluniversal.com.mx/…/el-nombre-de-amlo-no-queda…
Se ha comenzado a escribir la historia de estos días. No es con la que el presidente López Obrador habría soñado. En esta historia, su nombre no queda escrito en letras de oro. Es el relato de un desastre acelerado por una mala gestión.
Desde el día uno, la respuesta consistió en restarle importancia a la pandemia: “Hay que abrazarse, no pasa nada”, “No es, según la información que se tiene, algo terrible, fatal, ni siquiera es equivalente a la influenza”, “No vamos a tener problemas mayores”, “En España han muerto más que en México…”.
Las consecuencias están a la vista. La primera víctima de la “tardía e ineficiente respuesta de las autoridades” fue el personal sanitario: el 21 por ciento de los contagios ocurrió precisamente en ese sector, donde las muertes son “más del doble que Brasil, el triple que Perú y cinco veces más que China o el Reino Unido”.
“A pesar del control que (el gobierno de AMLO) tiene sobre el Congreso, no sacó un fondo de emergencia para afrontar esto. Se echó por la borda el periodo que nos dio la pandemia antes de llegar y las compras de equipos médicos se hicieron con un mercado muy competido y con los dedos en la puerta”, explica el doctor Alejandro Macías, jefe de Control de Infecciones del Instituto Nacional de Ciencias Médicas Salvador Zubirán entre 2004 y 2014, y actual encargado del Área de Microbiología y Enfermedades Infecciosas de la Universidad de Guanajuato.
Especialista en Infectología, se ha convertido en una de las voces más críticas y autorizadas en el tema del manejo de la pandemia: “Se echó también por la borda una de las grandes fortalezas del sistema de Salud mexicano —explica—. Existe el Instituto Nacional de Referencia Epidemiológica que tiene como satélites a los laboratorios estatales de diagnóstico de salud pública en todos y cada uno de los estados. Yo siempre supuse que se iban a hacer en México muchas pruebas para detección temprana, búsqueda de contactos y aislamiento. No se hizo”.
El gobierno de AMLO, según el médico, ha hecho caso omiso de las evidencias. “Hablan de la inutilidad de hacer pruebas como si no existiera Corea del sur, Vietnam o Paraguay. La evidencia es contundente respecto al uso de la mascarilla y se han resistido a promoverla”.
Con casi 44 mil muertes confirmadas hasta ayer domingo, las claves para detener la epidemia no son precisamente las que está siguiendo el gobierno: más pruebas de detección y rastreo de contactos y uso de mascarilla.
Hace unos días, Signos Vitales, organización de la sociedad civil que recopila información fidedigna “para diagnosticar, con un buen grado de certeza, el estado en que se encuentra el país”, presentó un informe estremecedor: La Pandemia en México. La dimensión de la tragedia.
“No se aplicaron medidas de distanciamiento social a tiempo ni de manera estricta, ni se evitó la proliferación de los contagios. Se consideró que esto atentaría contra la actividad económica. El gobierno se rehusó a otorgar ingresos a las personas para quedarse en casa. Sin ese sustento para las familias era imposible que millones de personas pudieran observar distanciamiento social y continuaron saliendo”, se lee en ese informe.
Las defunciones han aumentado de manera descontrolada. A finales de junio sumaban 27 mil. En 30 días hubo 17 mil muertes más.
En mayo pasado, 12 millones de mexicanos se quedaron sin ingresos; 12.2 millones de personas de la clase media caerán en pobreza. Para fines de 2020, la cifra de pobres habrá aumentado a 95 millones.
El presidente que sueña con la Historia pasará a formar parte de esta, pero no como hubiera querido. La mala gestión de la pandemia, su negativa a corregir el rumbo, el dolor de decenas de miles de familias mexicanas, la pobreza en niveles nunca vistos, lo dejarán marcado.
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PLATA O PLOMO/Alejandro Hope /
El Universal)
Sobre el secuestro masivo en Puerto Vallara
https://www.eluniversal.com.mx/…/sobre-el-secuestro-masivo-…
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AUTONOMÍA RELATIVA/Juan Ignacio Zavala /
El Financiero
Austericidio
“Suspendido por falta de pago”, dice el aviso en la web que promociona nuestro país como destino turístico: http://xn--visitmxico-g7a.com/ Es una imagen nítida de lo que sucede en el país con las políticas públicas, diseñadas en la tlapalería que tiene como oficina el presidente López Obrador.
Para muchos es indignante, para otros una sorpresa y para muchos más otra anécdota que documenta el hundimiento de las expectativas que pueden tener los ciudadanos sobre su gobierno.
En el fondo se trata de la constatación de cómo el gobierno mexicano de la autodenominada cuarta transformación ha decidido inhabilitarse a sí mismo a costa de recortes y más recortes, sin ningún sentido estratégico, simplemente para decir que ya no gastan tanto “como los de antes”.
El austericidio de este gobierno es sorprendente. Por supuesto que en el pasado hubo excesos imperdonables, no sólo en sueldos o los nombramientos de los cuates –cosa que continúa sin moverse, nada más se trata de los cuates de “los nuevos”–, aviadores, dobles funciones y lo que se quiera que sea propio de una burocracia.
Pero mas allá de eso, los últimos gobiernos “neoliberales” –para darle gusto al señor Presidente– habían logrado una eficiencia en trámites, tiempos, alcances de programas, archivos y un sin fin de cosas que tienen que ver con la eficacia de quienes tienen que gobernar, más allá del partido que ganara las elecciones.
Se entiende que con la llegada de López Obrador y sus huestes las cosas iban a cambiar. Pero con la novedad de que no sólo cambiaron las personas, sino que les bajaron los sueldos, les quitaron los niveles de decisiones, les quitaron presupuestos de operación, y en el fanatismo por el ahorro, les han quitado en muchas dependencias los teléfonos, las computadoras, el agua y hasta el papel de baño.
Es muy probable que para ahorrar palabras les quiten el nombre a las o los trabajadores de las dependencias y comiencen a dirigirse a ellos por número: la nueve, el 16, la 34, el 14, y así por el estilo.
La falta de pago en cuestiones de tecnología en el gobierno es alarmante. Más allá de lo que sucede en el turismo con el ejemplo arriba mencionado, está afectando cuestiones de la seguridad de datos, información clasificada y relevante, que ahora está en el ciberespacio sin ninguna seguridad porque no se han asignado el dinero para cubrir el costo. Es absolutamente ridículo que eso pase en nuestro país.
El ahorro en este gobierno lo está asfixiando. Nada tiene que ver el despilfarro del pasado, en algunos aspectos, con paralizar materialmente a las dependencias, al grado de imposibilitarles el trabajo. Ahorran en un lado, pero ahorcan en el otro. Como cuando compran medicinas baratas en el extranjero, pero acabarán pagando más porque no tienen cómo distribuirlas.
Las soluciones que se les ocurren en Palacio –por lo menos a quien lo habita– es no gastar, meter el dinero bajo el colchón sin importarle que eso opere en contra de los ciudadanos que encuentran un gobierno paralizado “por falta de pago”. Es un austericidio.
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