11 dic 2020

¿Qué quiere el Presidente? (¿un narco estado?)

Con el cambio a la Ley del Banco de México que aprobó el Senado, el sistema financiero y el banco central están expuestos al lavado de dinero. 

¿Lo dudan?

La propuesta de ley propone que el Banco de México adquiera todos los dólares que bancos e instituciones financieras no puedan exportar o repatriar. 


Dice Reforma en un documento que envió al Senado, Luis Urrutia, director jurídico del Banco de México, alerta sobre el riesgo de lavado de dinero al que se somete al banco central con esta iniciativa. 

Los intermediarios financieros que no pueden repatriar o exportar esos dólares, es porque no han probado su procedencia y, si se los venden al Banxico, le transferirán ese mismo riesgo relacionado con el lavado, expone. 

Existe la probabilidad de que recursos ilícitos entren a las reservas y que puedan darse sanciones a nivel internacional. 

La reforma además viola la autonomía del Banco, pues le estaría dictando cómo debe administrar las reservas internacionales, señala. 

Entre enero y octubre de 2020, el sistema bancario captó 30 mil 614 millones de dólares, y aproximadamente 16 por ciento fue en efectivo.  (Reforma).

El principal operador es BBVA, con 30.7 por ciento del total, seguido de Citi (19.9 por ciento) y Santander (9.55 por ciento). 

Urrutia afirma en el documento que sólo 2 por ciento de los dólares captados en efectivo se quedan en la bóveda de los bancos. 

STRICTAMENTE PERSONAL/Raymundo Riva Palacio /

 El Financiero, 11 de diciembre de 2020

¿Qué quiere el Presidente?


El lunes se reunieron a desayunar el presidente Andrés Manuel López Obrador y el líder de Morena en el Senado,
 Ricardo Monreal, para revisar la agenda legislativa y alinearla con las prioridades de Palacio Nacional. Varios fueron los temas que desahogó en su nombre el eficiente senador Monreal, quien puso los votos para cimentar, inopinadamente por deseo del Presidente, un narcoestado. Probablemente no sea la intención de López Obrador ni de sus operadores parlamentarios, pero para allá nos llevan. Con una disculpa previa por el lugar común en la insistencia, pero de buenas intenciones está pavimentado el camino al infierno.

Esas buenas intenciones las envuelve el senador Monreal con una retórica nacionalista –“pongamos fin a 100 años de violación a nuestra soberanía”– y pendencieramente ignorante –“no volveremos a ser lacayos de la Fed”–, con la que incendió retóricamente su justificación para que se aprobaran las reformas a la Ley Nacional de Seguridad y a la Ley del Banco de México, altamente polémicas, y las dos, por las implicaciones políticas y económicas que conllevan, colocan a México en el umbral de pasarse formal e institucionalmente al lado de la delincuencia organizada. ¿Quiere el Presidente un narcoestado?

La primera reforma establece una supervisión permanente del cumplimiento por parte de “agentes extranjeros” de las nuevas disposiciones creadas, que los obliga a revelar sus identidades encubiertas al gobierno mexicano, y que mensualmente reporten a la Secretaría de Relaciones Exteriores lo que hicieron, y compartan la información que recopilaron. Al mismo tiempo criminaliza a los gobiernos estatales y municipales por tener contacto con “agentes extranjeros” sin informar por escrito y máximo 72 horas después la reunión, el tipo de encuentro y el intercambio de información que sostuvieron. Algunos miembros de la oposición dijeron que la ley violenta la Constitución. La cara oscura, sin embargo, es el control total que quiere el presidente López Obrador sobre quienes combaten al crimen organizado.

En la actualidad hay contactos de agencias policiales y de inteligencia, formales e informales –como existen en todo el mundo–, con funcionarios en distintos niveles de gobierno. En el caso particular mexicano, hay mucha preocupación en algunos estados y fuera del país, de la penetración del narcotráfico a nivel municipal. El interés en recopilar información al nivel municipal permite a los gobiernos que estén preocupados por ello, revisar estrategias y diseñar políticas con el objetivo de contenerlo. Para los extranjeros, no es interferir en los asuntos internos mexicanos –la racional constante en el alegato de López Obrador–, sino para salvaguardar la seguridad nacional de sus países. De eso se tratan los convenios internacionales, de no inmiscuirse en asuntos internos y proteger los suyos.

Claramente se ha visto a lo largo de los años, que la penetración en esa primera línea de defensa ante el narcotráfico es inexistente por el andamiaje de protección institucional en niveles de gobierno más altos, y por el abandono de gobiernos estatales y el federal de los municipios, a los que siempre castigan presupuestalmente porque desvían recursos para sufragar otros gastos municipales ante la falta de recursos, o para actividades políticas y, también, corrupción. Pero al actuar con tabla rasa, como hizo el gobierno de Enrique Peña Nieto y está haciendo el de López Obrador, lo que hacen es debilitar aún más esa primera defensa municipal.

La Ley de Seguridad Nacional acotará aún más a los municipios copados por el narcotráfico. Por ejemplo, hay un estado, entre los preferidos de López Obrador, donde todos sus municipios están controlados por el narcotráfico, con amenazas a sus gobernantes. No hay posibilidad de apoyarlos, por la falta de recursos y el desinterés del gobierno federal. De ahí lo paradójico de la reforma, que acota aún más sus posibilidades para pedir auxilio con recursos y capacitación fuera, y vigilar y exigir que le informen qué están y cómo están haciendo, con respaldo de gobiernos extranjeros, para enfrentar a los criminales.

La inhibición la ejecuta el Senado mediante la amenaza de la criminalización por actos que buscan lo contrario, combatir a los criminales, favoreciendo así las actividades de los cárteles de las drogas y las bandas, a las que les da un apoyo institucional. Lo mismo sucede con las reformas a la Ley del Banco de México, que lo obliga a adquirir los excedentes de dólares para que no puedan repatriarse a Estados Unidos. Como el presidente López Obrador sigue necesitando dinero de donde sea –¿Qué habrá hecho con todo lo que dice ahorró por corrupción y austeridad?–, puso al Banco de México en el lado de la ilegalidad, al obligarlo a lavar dinero y minar los estándares, como dijo la institución en un comunicado, que el sistema financiero debe establecer al operar con billetes y monedas extranjeras que son consideradas de alto riesgo.

La reforma a la Ley del Banco de México podría tener repercusiones con las instituciones extranjeras y limitar sus operaciones y acuerdos con la institución mexicana en el mundo. Monreal, que no sabe de esto, afirmó que es falso y que el Banco de México no lavará dinero. ¿De verdad? La reforma lo obliga a incorporar recursos de procedencia ilícita a sus reservas, y por ende al sistema financiero. Ahí estarán las remesas y el dinero obtenido por la venta de drogas en Estados Unidos, que los grupos criminales regresan a México de contrabando. Ya no necesitarán crear empresas para lavar dinero; gracias a López Obrador y el Senado, el Banco de México hará ese trabajo.

Así están las reformas. Proveen seguridad a los cárteles, obligan a los “agentes extranjeros” a quemar sus identidades –y ser objetivos potenciales de los criminales–, y crean un sistema para que las utilidades del narcotráfico las legalice el Banco de México. No se deben de preocupar los capos. Por omisión o comisión, la cuarta transformación los ayudó a empoderarse y a quedarse con cachos del territorio nacional.

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Reforma al Banxico, el narcoestado de AMLO!

ITINERARIO POLÍTICO/RICARDO ALEMÁN  

El debate, 11 DE DICIEMBRE DE 2020;

Con la complicidad de senadores de casi todos los partidos –y pronto con la complicidad de diputados de todos los partidos–, el Gobierno de López Obrador convertirá a México en un narcoestado.

Porque con la reforma a la Ley del Banco de México, aprobada en el Senado y que pronto aprobarán los diputados –todos lacayos del presidente–, el Banco Central podrá comprar todas las divisas extranjeras excedentes del sistema bancario –sobre todo dólares–, lo que podría convertir al Banxico en el principal lavador del dinero del narcotráfico en nuestro país.

Es decir, con la reforma en cuestión, narcotraficantes, secuestradores, tratantes de blancas y matarifes –igual que los migrantes y que cualquier ciudadano–, podrían acudir al banco privado de su preferencia y, sin más tramites, podrán cambiar cualquier cantidad divisas extranjeras, en efectivo, sin importar el origen lícito o ilícito del dinero.

Pero lo que convertirá a México en un narcoestado es que, a su vez, el Banco de México estará obligado a comprar a todos los bancos privados del país, todos los excedentes de divisas extranjeras adquiridas por dichos bancos a los particulares –en especial dólares–, con lo que el Banco Central se convertirá en el lavador estatal del dinero, producto de actividades ilícitas.

Como saben, un narcoestado se define como un Estado nacional cuyas instituciones están bajo la influencia del poder y/o la riqueza económica de los grupos criminales, en especial el narcotráfico.

Lo curioso del tema es que el Gobierno de López Obrador ha dado muestras contundentes de que sus aliados y hasta los posibles financistas de su campaña presidencial –como Joaquín Guzmán Loera, el Chapo Guzmán–, no sólo son los grupos criminales que controlan buena parte del país, sino que son los mismos a los que ofreció una tregua.

Y hoy, con la reforma a la Ley del Banco de México, el presidente no sólo les regala a los criminales organizados el carácter de “empresarios del crimen”, sino que el Banco Central se encargará de “lavar el dinero” producto de las actividades criminales de las bandas que operan en todo el país.

Pero vamos por partes. Según la exposición de motivos de la iniciativa de reforma a la Ley del Banco de México, el Estado mexicano está obligado a ofrecer un mecanismo eficaz para que los migrantes puedan ingresar a nuestro país las divisas producto de su trabajo.

Y, en efecto, con la reforma, los migrantes podrán acudir a cualquier banco mexicano, llevar sus dólares en efectivo y, sin mayor requisito, podrán cambiarlos por divisas mexicanas.

Sin embargo, se trata de un argumento engañabobos.

¿Por qué?

Porque en el fondo se abre la puerta para el lavado de dinero desde el Banco Central para todo aquel que quiera meter a la economía el dinero producto del crimen.

Por eso, aliados del propio presidente Obrador, como Gerardo Esquivel, actual subgobernador del Banco de México, consideró como “lamentable” la reforma del Senado.

Así lo dijo en su cuenta de Twitter: “Lamentable que se hayan aprobado en el Senado reformas a la Ley del Banco de México que ponen en riesgo a las reservas internacionales y que atentan contra la autonomía del Banco de México. Espero que en la Cámara de Diputados se corrija esta situación”.

A su vez, en una colaboración para El financiero, Manuel Sánchez González, exsubgobernador del Banco de México, se preguntó si “¿Vale la pena comprometer al Banxico?”.

Luego explicó que los riesgos de tal reforma son tan graves “como convertir a la institución en receptora de divisas de origen dudoso”, situación que podría llevar “al congelamiento y hasta la confiscación de las reservas internacionales”.

Pero el peligro de convertir al Banxico en la institución encargada del lavado del dinero criminal es sólo una parte del riesgo. La otra es que, con la reforma aprobada por el Senado, queda abierta la posibilidad para que el presidente mexicano se adueñe de las reservas del Banco Central para sus fines electoreros y clientelares.

Sí, en los hechos se confirma lo que aquí hemos dicho por meses: que el presidente Obrador no sólo va por las reservas del Bando de México, con fines electorales y clientelares, sino que su objetivo es la instauración de un narcoestado a partir de la amnistía prometida a los grupos criminales, desde su campaña presidencial.

Así lo señalamos, por ejemplo, en el “Itinerario Político” del 23 de abril de 2019: “Resulta que, en los hechos, el nuevo presidente mexicano ‘entregó la plaza’ a las bandas de narcotraficantes, secuestradores tratantes de personas, ladrones de combustible y, en general, al crimen organizado. Y la respuesta está a la vista de todos; un narcoestado.

Sí, hoy estamos a un paso del ‘narcoestado’ de AMLO”.

Al tiempo.

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