Comunicados:
Necesario, contar con un sistema de justicia equitativo, expone Bertha Alcalde en el Senado
Número - 521
La falta de acceso a la justicia es un reflejo de las profundas desigualdades sociales, afirma ante Comisión de la Cámara.
Durante su comparecencia ante senadores de la República, Bertha María Alcalde Luján, aspirante a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), subrayó que es necesario contar con un Sistema de Justicia más equitativo.
Alcalde Luján acudió ante la Comisión de Justicia, que preside la senadora Olga Sánchez Cordero, para exponer la idoneidad de su candidatura a la Suprema Corte.
Ahí, aseveró que la falta de acceso a la justicia es un reflejo de las profundas desigualdades sociales, las cuales permean en el funcionamiento de nuestro sistema jurisdiccional.
Sobre la propuesta para elegir a las y los ministros de la SCJN por voto popular, dijo que está dispuesta a abrir el debate para analizar cuál es la mejor forma de designar a las y los juzgadores, pero la decisión deberá tomarla el Poder Legislativo.
Explicó que se trata de una discusión en la que influye el derecho laboral; sin embargo, dijo, de acuerdo con resoluciones de la propia Suprema Corte, sí se pueden reducir las remuneraciones de las y los trabajadores, además de que las y los ministros deben tomar en cuenta la situación económica y social del país para discutir este asunto.
Además, señaló que se requiere dotar al Sistema de Justicia de una mayor legitimidad, por lo que el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y la SCJN deben abordar con mayor eficacia los problemas centrales que afectan la credibilidad del sistema judicial, como los privilegios, el influyentismo y la corrupción.
En ese sentido, puntualizó que no basta con señalar aquellos jueces que cometen irregularidades, sino crear mecanismos más eficaces para identificarles y sancionarles.
“Es por esto que fortalecer la capacidad de vigilancia y sanción frente a irregularidades del Consejo de la Judicatura es, sin duda, otro pendiente en la Agenda Legislativa y de reingeniería institucional”, asentó.
También se pronunció a favor de reducir los salarios de las y los ministros de la Suprema Corte, ya que la Constitución establece que ningún funcionario puede ganar más que el Presidente.
Bertha Alcalde subrayó que es ineludible contar con un “Sistema de Justicia aterrizado a la realidad”, para lo que es necesario tener personas juzgadoras que vean más allá del texto en la norma y puedan empatizar con la gente que es víctima de injusticias.
“Deseo formar parte del máximo tribunal de justicia de nuestro país, para poder contribuir a hacer realidad los anhelos de justicia de un pueblo que aspira y exige fortalecerla”. En ese tenor, enfatizó que de ser elegida ministra se desempeñará con respeto a la Constitución, con independencia de criterio y robustecerá el Estado de Derecho.
Alcalde Luján reconoció que tiene coincidencias en los principios y valores con el actual gobierno; sin embargo, enfatizó que su independencia y autonomía están garantizadas. Al respecto, dijo que, cuando las coincidencias buscan fortalecer la democracia, proteger a los más vulnerables y garantizar los derechos humanos, se construye en lugar de destruir.
El senador de Morena, Rafael Espino de la Peña, solicitó la opinión de Bertha María Alcalde Luján, respecto del actual procedimiento constitucional para elegir una posición en la SCJN, y el contraste con la idea de cambiarlo y sujetarlo a una eventual elección de los ministros mediante el voto popular directo.
Por Acción Nacional, el senador Damián Zepeda Vidales externó su preocupación por la terna enviada, ya que el Presidente de la República propuso perfiles subordinados a su movimiento para influir en las resoluciones de la Corte. El legislador detalló que, aunque legalmente Alcalde Luján no está impedida para ser ministra, sí existe un conflicto de interés, pues es afín al gobierno actual.
En tanto, Luis David Ortíz Salinas, senador de Movimiento Ciudadano, mostró su preocupación sobre la independencia, imparcialidad y objetividad de la aspirante para resolver recursos de reclamación presentados por jueces y magistrados, derivados de la eliminación de los fideicomisos del Poder Judicial.
Sylvana Beltrones Sánchez, senadora del PRI, cuestionó el papel del control constitucional como instrumento para garantizar que se respeten los derechos de las personas detenidas bajo prisión preventiva oficiosa, así como la necesidad de revisar el papel de esta figura.
Por su parte, el senador del PVEM, Raúl Bolaños-Cacho Cué, dijo que es necesario analizar los principales aspectos sobre la figura del amparo, así como la posibilidad de que la Suprema Corte transite a un modelo de tribunal constitucional que no revise cuestiones de legalidad; y las ventajas y desventajas que tiene un modelo de control difuso de la Constitución.
Joel Padilla Peña, senador del PT, indicó que el sistema penal acusatorio tiene diversas fallas, por lo que cuestionó a la aspirante sobre sus propuestas para mejorarlo, así como lograr que los índices de impunidad reduzcan en nuestro país.
En su oportunidad, el senador del Grupo Plural, Germán Martínez Cázares consideró que debe explorarse el alcance de las decisiones y fallos de la Suprema Corte respecto de la cadena de responsabilidad que tienen las Fuerzas Armadas en la comisión de desaparición forzada de personas, y como ejecutores de presupuesto en obras y servicios.
La senadora Claudia Ruiz Massieu Salinas recordó que la reforma en materia de derechos humanos de 2011 incorporó tratados internacionales en la materia, por lo que pidió a la compareciente que expusiera su postura sobre la restricción o suspensión al disfrute y ejercicio de un derecho humano que menciona la Constitución.
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Expone Lenia Batres ante senadores necesidad de reencauzar la actuación del Poder Judicial
Número - 522
Ante la Comisión de Justicia, que preside la senadora Olga Sánchez Cordero, compareció Lenia Batres Guadarrama, integrante de la terna propuesta por el Ejecutivo Federal, para cubrir la vacante generada por la renuncia de Arturo Zaldívar Lelo de Larrea al cargo de ministro en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Al hacer uso de la palabra, Lenia Batres aseguró que es necesario reencauzar la actuación del Poder Judicial “hacía el límite constitucional y legal, pues es una necesidad republicana y democrática”.
Refirió que en la Constitución Política se establece la división de poderes, por lo que cuando el Poder Judicial legisla al abrogar leyes aprobadas por el Poder Legislativo, “con base en principios que él mismo definió”, invade facultades de otro poder y “viola la Constitución”.
Así, señaló, el Poder Judicial “violenta el principio de actuación democrática que ha dispuesto que sólo el Poder Legislativo produzca las normas”.
Refirió que el Poder Judicial también ha extendido las facultades que la Constitución y las leyes le dan, pues ha violentado la Ley de Amparo al otorgar suspensiones con carácter general de leyes completas, como lo hizo con la reforma en materia electoral y la Ley General de Comunicación Social.
Advirtió que también viola la Ley de Amparo cuando suspende actos del Poder Ejecutivo, como fue la distribución de los Libros de Texto Gratuito; además que, desde 2010, debió haber acatado el límite de las remuneraciones de las personas servidoras públicas.
“Ni en estos casos, ni en otros como el reciente desacato para disponer de los recursos de fideicomisos para las personas damnificadas en Guerrero, el Poder Judicial tiene ninguna justificación”, aseveró.
Señaló que actualmente el poder que mayor amenaza representa para la independencia, imparcialidad y objetividad de los poderes judiciales, no es el gobierno, ni las y los legisladores, sino el poder del mercado, “que ha llegado a subordinar a los poderes constituidos hasta convertirlos en agencias de transmisión de sus necesidades”.
Les han faltado controles a los montos presupuestales, debería ser más transparente y guiar sus salarios con lo que establece la Constitución Política, apuntó.
“Debemos garantizar que los poderes judiciales en las entidades federativas, el Poder Judicial Federal y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se integren por un conjunto de personas más sensibles a las problemáticas sociales”.
Batres Guadarrama afirmó que de aprobarse su nombramiento, su actuar se guiaría por principios democráticos y de derechos humanos asentados en la Constitución Política, de origen popular y republicano, porque “las constituciones y las leyes son útiles cuando resguardan los derechos de las personas, sobre todo de aquellas que han sido excluidas del ejercicio de la dignidad”.
Por Morena, el senador Rafael Espino de la Peña consideró que hay mucha disparidad al interior del Poder Judicial, ya que en los ámbitos de competencia federal y estatal hay impartidores de justicia que ganan mucho dinero y otros que no, por lo que expresó la necesidad de conocer el tema presupuestario en cuanto a los sistemas de impartición de justicia se refiere.
Del PAN, el senador Damián Zepeda Vidales, pidió a Batres Guadarrama expresara su postura sobre la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de la cual declaró inconstitucional que la Secretaría de la Defensa Nacional esté a cargo de la Guardia Nacional; además, preguntó si su actuación, en caso de ser elegida, sería con total autonomía e independencia del Ejecutivo Federal, a pesar de su cercanía.
En tanto, el senador Raúl Bolaños-Cacho Cué, del PVEM, señaló que es importante conocer si la ciudadanía debiera de participar en el proceso de designación de candidatos a ministros o ministras de la SCJN y si se requieren mayores restricciones o filtros para su elección.
El senador Germán Martínez Cázares, del Grupo Plural, señaló que las personas deben contar con un tribunal que lo ampare y lo proteja, ya que sólo tienen al Poder Judicial para que se deduzcan sus derechos en una sentencia
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Plantea María Estela Ríos, en Comisión, consolidar Sistema Judicial efectivo para todos
Número - 523
Si se hace una interpretación, equiparándome como Secretaria de Estado, se estaría restringiendo mi derecho a ocupar un cargo público, señala.
María Estela Ríos González, integrante de la terna que propuso el Ejecutivo Federal, para ocupar el cargo de ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, afirmó que de ser designada hará efectivo el derecho que tiene la población a la impartición de justicia pronta, completa e imparcial.
Ante integrantes de la Comisión de Justicia, que preside la senadora Olga Sánchez Cordero, dijo que cumpliría cabalmente con los principios de actuación que establece el artículo 100 de la Constitución para los funcionarios judiciales: excelencia, objetividad imparcialidad, profesionalismo, independencia y paridad de género.
“Me comprometo a dejar de lado cualquier pasión o interés personal que pudiera nublar mi razón. Servir a mi país desde la Corte será para mí, como mexicana, mujer y abogada, la oportunidad de contribuir a la consolidación de un Sistema Judicial que haga efectivo, para todos los habitantes de este país, sin distinción alguna, el derecho humano a vivir dignamente y con justicia”.
Comprendo -continuó-, que el Poder Judicial de la Federación y los poderes Legislativos y Ejecutivo deben mantener una relación equilibrada entre sí. Ese es el sentido de la división de poderes, establecer una serie de contrapesos para que ningún poder se imponga sobre el otro.
María Estela Ríos aclaró que la Constitución distingue a los secretarios de Estado, a quienes sí les restringe el derecho a que puedan ser propuestos como ministros si no fueron separados de sus funciones con un año de anterioridad.
“Y habla muy claro de cuáles son los secretarios de Estado, lo distingue, habla de las Secretarías de Estado y de la Consejería Jurídica, y les asigna funciones diferentes, esa es la razón por la que yo no puedo ser considerada como secretaria de Estado, a la mejor, si me hubiera gustado, pero no lo soy”.
Explicó que lo secretarios de Estado y las secretarías de Estado son órganos públicos políticos-administrativos, que realizan obra pública, están encargados de cumplir con las políticas públicas, actos de autoridad que pueden incidir en la esfera de los particulares; además, deben rendir un informe y una comparecencia ante el Congreso de la Unión.
“Yo no lo hago, como Consejera, porqué mi labor es técnico-jurídica, no es una labor técnico- administrativa”.
Reconoció que representa al titular del Ejecutivo federal y, en consecuencia, a la Federación, lo que le permite interponer acciones de inconstitucionalidad, responder las controversias constitucionales y algunos amparos en los que el Presidente es parte.
Dijo que, si se hace una interpretación, equiparándola como secretaria de Estado, “se estaría restringiendo mi derecho a ocupar un cargo público, derecho que está establecido no sólo en la Constitución, sino en diversos tratados internacionales”.
Al respecto, la senadora Olga Sánchez Cordero, de Morena, recordó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos señaló la inconvencionalidad de la prisión preventiva oficiosa y ordenó adecuar el marco normativo de la figura, por lo que es importante la opinión de ministros y trabajadores del sistema penal acusatorio sobre este asunto.
Damián Zepeda Vidales, senador de Acción Nacional, enfatizó que su preocupación, y la de gran parte de la sociedad, es la independencia de la Corte, ya que el Presidente de la República ha atacado al Poder Judicial cuando una sentencia no lo favorece, por lo que busca imponer a personas subordinadas a su gobierno en todos los poderes.
El senador Luis David Ortíz Salinas, de Movimiento Ciudadano, señaló que el papel de la SCJN es ser un contrapeso del Poder Ejecutivo, así como un garante de la constitucionalidad en el país, por lo que cuestionó a la compareciente sobre los criterios que, en caso de ser elegida, aplicaría para resolver los conflictos entre el Gobierno federal y otros poderes y organismos.
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