26 may 2025

Valida tribunal 'verdad histórica'

 Valida tribunal 'verdad histórica'

Nota de Abel Barajas/ REFORMA, (22 mayo 2025)

Un tribunal federal estableció que hasta hoy no existen elementos para afirmar que es falsa la "verdad histórica" del Caso Ayotzinapa y tampoco hay elementos para sostener que es una "maquinación" de funcionarios de la Fiscalía General de la República (FGR).



Al resolver un amparo de Blanca Alicia Bernal Castilla, ex Fiscal de la Unidad Antisecuestros de la FGR, en contra de su proceso, el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal de la Ciudad de México concluyó que no está acreditada ninguna otra versión distinta a la sostenida por la gestión del Procurador Jesús Murillo Karam.

Según el colegiado, para desacreditar la "verdad histórica", la Unidad Especializada para la Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa (UEILCA) tendría que localizar los restos de los normalistas en un lugar distinto al Río San Juan, en el municipio de Cocula, Guerrero.

"Ese diverso lugar que se requiere para estimar que la versión conocida como verdad histórica, hasta la fecha... no se advierte que sea falsa si, como acontece, no está acreditado que exista otra versión que corresponda con la realidad", dice el fallo dictado con base en el proyecto de sentencia de la Magistrada Elisa Macrina Álvarez Castro.

"En esas condiciones, no es factible establecer que la 'verdad histórica' que sostiene el Ministerio Público, la maquinó la quejosa (Blanca Alicia Bernal) junto con diversos servidores públicos y que no corresponda con la realidad, pues para sostener que es falsa, es necesario que no se ajuste con la realidad; lo que significa que las víctimas fueron localizadas en un diverso sitio, el cual era del conocimiento de la peticionaria de amparo, lo cual no acontece en la especie, al no haberlo demostrado la representación social; pues no se advierte que hayan sido localizados en un lugar diverso".

La "verdad histórica" es la versión del Caso Ayotzinapa, dada a conocer el 27 de enero de 2015 por Murillo Karam, que concluye que los 43 normalistas fueron ejecutados e incinerados en el basurero de Cocula y sus restos tirados al Río San Juan.

Los perpetradores, según esta narrativa, fueron agentes de las Policías Municipales de Iguala, Cocula y Huitzuco, quienes presuntamente detuvieron a los estudiantes y los entregaron al grupo criminal Guerreros Unidos, quienes los habrían ejecutado.

Esta versión empezó a ser desmontada legalmente por un fallo dictado en el 2018 por el Primer Tribunal Colegiado de Tamaulipas, que dio por ciertas todas las denuncias de tortura de los detenidos y anuló sus confesiones y testimonios, porque no les practicaron el Protocolo de Estambul en un plazo de 10 días.

Ahora ese criterio en los tribunales parece revertirse.

En la sentencia del Décimo Tribunal Colegiado Penal en la CDMX, los Magistrados hicieron un posicionamiento inédito en el que establecen que el hecho de que algunos testigos pudieran haber sido torturados, no implica que la versión de los hechos de la FGR sea falsa, a la luz de otros elementos de prueba.

"Es así, ya que no debe soslayarse que el hecho de que los detenidos hayan sido presionados para declarar en la forma que se afirma lo hicieron y que jurídicamente sus versiones pudieran carecer de eficacia probatoria, ello no implica que en el mundo fáctico su versión de los hechos necesariamente, no corresponda con la realidad", dice el fallo.

"Además, para poder sostener que lo que el Ministerio Público, denomina como 'verdad histórica', constituye una versión ajena a los hechos ocurridos, hace necesario acreditar que se cuenta con una versión que sí es genuina con lo que ocurrió en el mundo fáctico".

"Por lo que debe haber diferencia no sólo de matices, sino totalmente discrepantes, ya que de lo contrario, todo aquello que se investiga inicialmente y si concluye con un hecho, sujeto a demostrarse plenamente con posterioridad, si durante la secuela procesal, es desvirtuada, sería considerada como una conducta ilícita, lo cual jurídicamente es inadecuado".

El tribunal dice no soslayar la opinión que pudiera emitir el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y los peritos del Equipo Argentino de Antropología Forense, respecto al hallazgo de restos óseos, pero aclara que sus peritajes no echan abajo la "verdad histórica". "No implica la existencia de una verdad plenamente acreditada, que desvirtué la versión conocida como verdad histórica, pues para que logre desvirtuarla tendrían que localizarse a los desaparecidos", señala.

 LA VERSIÓN

El 27 de enero de 2015, Murillo Karam, entonces Procurador General de la República, presentó la denominada "verdad histórica" sobre el caso Ayotzinapa.

- Concluyó que los 43 normalistas fueron ejecutados e incinerados en el basurero de Cocula, Guerrero, y sus restos tirados al Río San Juan.

- Los perpetradores, dijo, fueron agentes de las Policías Municipales de Iguala, Cocula y Huitzuco, quienes detuvieron a los estudiantes y los entregaron al grupo criminal Guerreros Unidos, quienes los habrían ejecutado e incinerado.

REVÉS

2018. Un tribunal validó las denuncias de tortura de los detenidos y anuló sus confesiones y testimonios.

 RETOMAN TEORÍA

 2025. Un tribunal federal señaló que no existen elementos para afirmar que es falsa la "verdad histórica".

Argumentó que no está acreditada ninguna otra versión sobre lo ocurrido.

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Ex Fiscal libra cargo por desaparición/ nota de Abel Barajas

Reforma, 22 mayo 2025;

Blanca Alicia Bernal Castilla, ex fiscal de la Unidad Antisecuestros de la FGR, libró el delito de desaparición forzada de personas por el crimen de los 43 normalistas de Ayotzinapa, registrado el 26 de septiembre de 2014.

El Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal de la CDMX concedió un amparo a la ex funcionaria para que un Juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Oriente lleve a cabo una audiencia de vinculación a proceso.

En esa diligencia deberá anular el delito de desaparición forzada, vincularla a proceso por delitos contra la Administración de la justicia y tortura, y abrir el debate para después resolver si la vincula a proceso por falsificación de documento agravado.

En el caso del primer ilícito, en forma unánime, los tres Magistrados del tribunal concluyeron que la FGR no ofreció los datos de prueba necesarios para mantener bajo procedimiento penal a la ex Fiscal.

"Con la exposición de datos de prueba no se logra establecer de manera probable que la impetrante de amparo haya cometido el hecho que la ley señale como delito que se le atribuye, toda vez que en el presente caso no se advierte que haya ocultado información del paradero de los estudiantes desaparecidos a sabiendas de su paradero", sentenció el colegiado.

"Lo anterior es así, toda vez que de los datos de prueba aportados por la autoridad ministerial, no se advierte que haya tenido conocimiento del lugar donde se encontraban los estudiantes".

Bernal fue aprehendida el 4 de septiembre del 2023 en Hermosillo, Sonora, y luego internada en el Penal Femenil de Santa Martha, Acatitla.

En julio pasado, una Juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Oriente, le concedió la libertad provisional con el uso de geolocalizador electrónico, la firma mensual y las prohibiciones de salir de la CDMX y de convivir con las víctimas.

La Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA) ya presentó su acusación y en ella pidió condenarla a 60 años de cárcel y al pago de una multa de un millón 792 mil 400 pesos.

La Jueza aún no ha indicado la fecha para el inicio del juicio.

En el proceso, la FGR acusa a Bernal de ser parte de una supuesta "maquinación" tramada en la gestión de Murillo Karam, para desviar la investigación del Caso Ayotzinapa y fabricar una versión alterna conocida como "verdad histórica".

La UEILCA atribuye a Blanca Alicia Bernal haber girado un oficio de comisión a dos agentes de la Policía Federal Ministerial, para que llevaran a cabo las primeras pesquisas del caso.

El oficio fue emitido con base en una llamada telefónica anónima que la SEIDO recibió el 25 de octubre de 2014.

Los federales viajaron a Iguala y, un día después, la mañana del 26 de octubre, rindieron en la Ciudad de México un informe en el que detallaron la estructura del grupo criminal Guerreros Unidos, citando como fuente a una señora de 60 años que atendía una tienda en Cocula.

La UEILCA afirma que ese documento es la piedra angular del montaje, porque derivó en capturas de presuntos narcotraficantes que aparentemente fueron torturados y con sus testimonios se construyó la versión preconcebida y falaz del caso.

Esa suposición es la que ahora un tribunal dice que carece de elementos.

 Fallo del tribunal

 En el presente caso no se advierte que haya ocultado información del paradero de los estudiantes desaparecidos a sabiendas de su paradero".


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