Las columnas políticas hoy, miércoles 18 de marzo de 2026

De la derrota del Plan  A a la victoria pírrica del Plan B.

La política en México suele ser un juego de sombras, pero este martes, en el Salón Tesorería, la luz de la realidad pegó de frente. No fue una mañana de trámite. Cuando una pregunta directa sobre la corrupción de los "partidos satélite" —el Verde y el PT— cruzó el aire, vimos algo inusual: un parpadeo de humanidad en el poder. La Presidenta Claudia Sheinbaum guardó un silencio que pesó más que cualquier discurso. Intentó el desvío hacia temas de salud, pero el eco de la palabra "corrupción" se quedó rebotando en las paredes de Palacio.

Al verse obligada a entrar al laberinto, la mandataria no usó el mazo, sino el manual. Con tono docente, recordó que para cambiar las reglas se necesitan dos terceras partes del Congreso. Es un deslinde elegante; una forma republicana de decir: "Yo quise limpiar la casa, pero mis propios aliados no me dejaron".

Pero cuidado, porque tras la explicación técnica vino la advertencia. Si no hubo votos para bajar el presupuesto a los partidos, habrá lupas para fiscalizarlos. La Presidenta habló de la UIF, de límites salariales y de transparencia total. El mensaje para las dirigencias del PT y el Verde fue una sentencia: "Si caminan conmigo, lo harán dentro de una caja de cristal". La tómbola de Morena contra la designación directa de las cúpulas aliadas.

La Presidenta no solo mira al presente; su mirada está puesta en 2027. Con un 80% de aprobación en la mano, ya soltó un "sí" rotundo a la posibilidad de retomar la reforma contra los plurinominales si la nueva legislatura lo permite. Es, en los hechos, la promesa de una "muerte civil" para los aliados que viven del reparto de cuotas.

Mientras esto ocurría en Palacio, en San Lázaro, Ricardo Monreal operaba el control de daños. El polémico "Plan B" llegó al Senado sin la consulta popular en temas electorales. Monreal lo llama "decisión presidencial", pero nosotros sabemos leer entre líneas: es el arte de lo posible. Ante el riesgo de una fractura real con sus aliados, el oficialismo prefirió la unidad a la imposición. "De lo perdido, lo que aparezca", dirían en el barrio.

Al final, nos queda una estampa clara: la luna de miel ha terminado. Lo que hoy vemos es un matrimonio por contrato, con cláusulas de rescisión que se vuelven más estrictas cada día. El Plan B no se descafeinó; simplemente se ajustó a la realidad de un poder que es enorme, pero que aún no puede caminar solo. La lealtad en este segundo piso ya no es un cheque en blanco; ahora, se fiscaliza y se condiciona al calendario de 2027.

Una boleta anunciada

Mirando los trazos de Camacho en reforma.com, el contraste salta a la vista y el mensaje es contundente. Entre el cartón de hoy y el de hace ocho días se despliega una crítica mordaz que da en el clavo.

Ahí reside, precisamente, el quid del 'Plan B': asegurar que el nombre de Claudia Sheinbaum aparezca en la boleta. Ella apuesta a que esa popularidad que presume —cercana al 80%— sea el combustible suficiente para alcanzar la esquiva mayoría calificada en el 2027. Es la política convertida en un juego de espejos y porcentajes…

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Las columnas políticas hoy, miércoles 18 de marzo de 2026 

Templo Mayor/ Reforma

NO ESTABA tan claro que el Plan B hincaría sus dientes en el tema de la revocación de mandato.

Y no era simplemente empatar las fechas de esa consulta con la elección constitucional del Congreso. Lo que está propuesto no sólo es que la presidenta Claudia Sheinbaum esté tácitamente en la boleta cuando también se eligen diputados federales, y en algunos estados gobernadores y alcaldes, sino que esté posibilitada legalmente para hacer campaña de promoción y defensa de su gobierno.

ESTO significa que la mandataria estaría haciendo campaña por su administración morenista, mientras los candidatos morenistas también harán campaña por curules, gubernaturas y presidencias municipales.

YA BRINCARON en el PT pues dicen que eso nomás beneficiará al partido guinda. Más allá de ese tema, está el retroceso que implicaría que el gobierno haga campaña abiertamente por un partido, un asunto que se creía superado pero que tal parece regresa y con más fuerza.

NO ES EL MEJOR momento el que vive la industria petrolera nacional justo ahora que se celebra el 88 aniversario de la expropiación decretada por Lázaro Cárdenas.

CON UNA producción petrolera a la baja agravada por la prácticamente nula exploración, lo que ha dejado a Pemex con campos viejos y cada vez más complicados de explotar, a eso se suman décadas en las que la petrolera fue la caja chica del gobierno, la gran alcancía para pagar "la abundancia", lo que llevó a la empresa a quedarse obsoleta, con obesidad burocrática y una carga sindical que ni los jeques árabes.

CON UNA descomunal deuda financiera de 100 mil millones de dólares y dependiente de las inyecciones de dinero del gobierno federal para poder mantener el discurso de la soberanía energética y de pilón un accidente derivado de una tormenta en Paraíso, Tabasco, que afecta la refinería emblema de la 4T, Dos Bocas, con un saldo fatal de cinco personas fallecidas.

LA CONMEMORACIÓN de la expropiación de hoy será en Pánuco, pero hay quien dice que más bien será en pánico.

EL CONFLICTO en torno al Lago de Chapala volvió a la mañanera y la presidenta Claudia Sheinbaum ya anticipó que dará una amplia explicación sobre el tema.

HACE FALTA pues los alcaldes ribereños están en pie de guerra por la construcción del Acueducto Solís-León que amenaza con cortar buena parte del flujo que llega a Chapala. Ayer mismo en Jalisco se juntaron los alcaldes de Chapala, Ocotlán, Poncitlán, Jocotepec, Jamay, La Barca, Tizapán y Tuxcueca, y acordaron escalar las protestas en lo político, lo jurídico y hasta lo social para frenar el polémico proyecto hídrico contra el cual ya hay más de 10 mil amparos.

HABRÁ QUE ver si la Presidenta toma en cuenta todas estas inconformidades en el informe que presentará la semana próxima.

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La condición de los aliados para apoyar el Plan B

Bajo Reserva/ EL UNIVERSAL.

Nos comentan que, como parte de las negociaciones por el famoso Plan B de la reforma electoral, el PT y el PVEM pusieron una condición. Uno de los presentes nos dice que los aliados de la autollamada Cuarta Transformación pidieron, como requisito innegociable, que Pablo Gómez, se mantuviera lo más lejos posible del diseño de los nuevos acuerdos. Al parecer en el bloque oficialista no olvidan que don Pablo fue uno de los arquitectos del fracaso del Plan A, aquel que terminó por no pasar en el Congreso. Nos dicen que incluso algunos de los morenistas que tendrán que trabajar en las negociaciones del Plan B también prefieren que el exlegislador no meta las manos, pues podría acabar con la promesa de los aliados de dar un apoyo total a la iniciativa presidencial.

¿Borrón y cuenta nueva con España?

Los mensajes han sido de ida y vuelta. El rey Felipe VI admitió que durante la conquista hubo “mucho abuso” y en reacción, la presidenta Claudia Sheinbaum reconoció el gesto del monarca. Las declaraciones, nos hacen ver, están precedidas por varios mensajes de ambos gobiernos que dan señales de que existe una intención de normalizar las relaciones bilaterales que el expresidente López Obrador puso en “pausa” luego de que envió al rey una carta, que nunca fue respondida, en la que lo llamaba a ofrecer disculpas por los atropellos cometidos hace 500 años. Ahora, nos dicen, en ambas cancillerías se observa un panorama muy prometedor y pronto podría haber una normalización de la relación entre ambos gobiernos. ¿Se quitará la pausa puesta por AMLO?

Arranca la temporada de chantajes de la CNTE

Nos aseguran que por más que las y los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) griten y pataleen para ser recibidos nuevamente por la presidenta Claudia Sheinbaum, no se les abrirán las puertas de Palacio Nacional. Nos comentan autoridades de Educación que el gobierno no será rehén de las exigencias de la disidencia magisterial, que en gobiernos anteriores supo sacar raja de sus plantones y movilizaciones al lograr recursos, plazas y hasta hoteles, como fue el caso de la Sección 22. Este miércoles inician el paro de 72 horas de los y las centistas y luego vendrá la temporada de marchas y bloqueos, y aunque el gobierno asegura que no será rehén, los ciudadanos de a pie de la capital del país no podrán decir lo mismo, pues a querer o no estarán afectados por las movilizaciones de los sindicalistas. Arranca la temporada de chantaje.

¿Y el informe de las farmacéuticas sancionadas?

Eduardo Clark, subsecretario de Salud, informó que ya se redujo a 5 mil millones de pesos la deuda que tenía el gobierno federal con farmacéuticas, la cual rondaba los 19 mil millones de pesos. Sin embargo, nos recuerdan que estamos a días de que se cumpla medio año sin que el gobierno federal ofrezca el informe completo que prometió sobre las empresas farmacéuticas sancionadas por incumplir con la entrega de medicamentos y bienes en la Compra Consolidada de Medicamentos. Fue el 30 de septiembre del año pasado que en la conferencia de prensa mañanera se prometió hacer público este informe detallado y entonces se adelantó que habría sanciones e inhabilitaciones. ¿Será que a alguien del Gabinete federal se le traspapeló este informe completo?

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La jugada de la Fiscal: Entre el estruendo de Tapalpa y el silencio del escritorio

Raymundo Riva Palacio disecciona hoy en El Financiero una herida que sigue supurando en la estructura del Estado mexicano. No se trata solo de la crónica sobre la caída de alias "El Mencho", aquel domingo 22 de febrero; es, sobre todo, el retrato de una institución, la  FGR, que parece haber optado por la fabricación de culpables antes que por la autocrítica.

En el escenario de guerra que fue Tapalpa, la ausencia de la FGR fue total. Riva Palacio destaca lo que califica como una "ruindad" técnica: la fiscal Ernestina Godoy evita llamar a los reporteros por su nombre, refiriéndose a ellos simplemente como "personas". Este sutil manejo del lenguaje busca un fin perverso: acusar a la prensa de "contaminar" una escena del crimen que los peritos oficiales nunca pisaron por miedo o por incapacidad.

La realidad que plantea la columna es cruda. Mientras la Fiscalía aguardaba en la seguridad de sus escritorios, la operación era ejecutada por la élite: los "Murciélagos" de la SEDENA, respaldados por inteligencia de la CIA. Fueron los militares quienes, bajo fuego, recolectaron el ADN y las pruebas de balística. (con ayuda de la CIA)

La FGR justifica su ausencia alegando que el envío de ministerios públicos habría sido un error táctico que pudo costar vidas. Sin embargo, el texto revela la contradicción: si no hubo condiciones para que la autoridad ministerial asegurara la zona, ¿cómo puede hoy señalar a periodistas que, arriesgando su integridad, cumplieron con el servicio público de informar?

Uno de los puntos más reveladores es el aislamiento estratégico. El General Ricardo Trevilla asumió un riesgo que Riva Palacio describe como "suicida": no informó al Gabinete de Seguridad —ni a Omar García Harfuch ni a la Marina— hasta que el operativo estaba en marcha.

No fue un acto de rebeldía, sino una jugada de ajedrez para proteger la estabilidad del Estado. Si la misión fracasaba, el único que caería sería el General, dejando a salvo la estructura política de la presidenta Claudia Sheinbaum. Fue el silencio utilizado como escudo institucional.

Al final, la pieza de Riva Palacio nos deja frente a una conclusión desoladora. Cuando la verdad se vuelve compleja y la eficiencia queda en manos exclusivas de los militares, la burocracia civil tiende a buscar chivos expiatorios. Culpar a quienes portaban solo una libreta y una cámara por las omisiones de una Fiscalía rebasada es, en palabras del autor, una "canallada" institucional y, sobre todo, una mentira a la nación.

Recomiendo su columna:

Estrictamente Personal

La jugada de la fiscal/Raymundo Riva Palacio

El Financiero, marzo 18, 2026 | 

No debería de extrañar nada de la fiscal general Ernestina Godoy, dados sus antecedentes en torcer la ley para inventar casos. Pero en la ruta final de su carrera –se prevé que presente su renuncia por motivos de salud–, alcanzó un nuevo nivel de ruindad: lavarse las manos de las críticas que se han hecho a la Fiscalía General por no haber realizado peritajes y recopilado evidencia en la cabaña donde vivía Nemesio Oseguera, El Mencho, en Tapalpa, para trasladar culpas y responsabilidades a periodistas que, arriesgando su vida, llegaron a donde sucedieron los hechos e hicieron lo que debían hacer: recolectar información para cumplir plenamente con ese tan mal valorado servicio público.

No los llama por lo que son, reporteras y reporteros, sino “personas”. Así, ambiguamente, las acusa de “contaminar” la escena. Tapalpa no es solo un municipio más donde suceden hechos violentos; se encuentra dentro de las murallas imaginarias que protegían el corazón del imperio criminal. Las y los periodistas se metieron a una zona de guerra, donde los sicarios del Cártel Jalisco Nueva Generación estaban cazando guardias nacionales y policías estatales para vengar la muerte de Oseguera.

Llegaron a Tapalpa por sus propios medios y enfrentaron los peligros para cumplir su trabajo. Llegaron como extraños a una zona en ebullición, y despertaron inmediatamente sospecha. Haber trabajado abiertamente, posiblemente le salvó la vida a más de uno y no estamos lamentando hoy a un periodista más asesinado por los criminales. Esas condiciones de extremo riesgo, descritas por primera vez por el secretario de la Defensa, general Ricardo Trevilla, y en el propio comunicado de la FGR, explican también el tipo de misión que se realizó.

La acción nunca fue contemplada como una diligencia ministerial, sino como una operación de inteligencia. Por esa razón no los acompañaron ministerios públicos federales. “Era imposible que lo hicieran”, dijo una fuente con conocimiento de la operación, “hubieran matado a todos”. La FGR no lo dice con esta claridad, pero haberlos enviado habría sido un error imperdonable en una operación impecable. Al no hablar con transparencia, aunque afirma lo contrario, la FGR se metió en contradicciones legales.

El comunicado señala que después de la operación, solicitaron al juez una orden de cateo. En ningún momento mencionó la orden de captura de Oseguera, aunque la FGR reconoce que el objetivo era él. Las dos órdenes no se contraponen, pero la omisión de la segunda mostraría las irregularidades si, en efecto, hubiera sido una diligencia ministerial. Para tapar lo que realmente sucedió en Tapalpa apunta a la “contaminación” causada por las “personas”. Las y los periodistas llegaron dos días después de la operación. Los peritos no llegaron nunca, o hasta después, si le creemos a la FGR. En una situación normal, los ministerios públicos llegan en la espalda de las fuerzas de seguridad, establecen la escena de crimen para que los peritos hagan su trabajo. Como reconoció, no había las condiciones de seguridad mínima para sus ministerios y peritos.

La FGR solo habla de “cabañas” a las que accedieron las “personas”, como si solo ahí hubiera habido acción. Nadie “contaminó” el bosque, donde se dio el enfrentamiento con Oseguera y sus guardias, pero tampoco los ministerios públicos aseguraron la escena, levantaron los cadáveres (lo hizo sanidad militar) y recolectaron pruebas científicas, como de ADN y de balística (lo hizo el Ejército). No interrogó testigos (fuerzas especiales y detenidos) ni abrió, que se sepa, una carpeta de investigación. La omisión de responsabilidad, en condiciones normales, era de la FGR. Pero no fueron condiciones normales sino extraordinarias.

El operativo así lo exigía. La presidenta Claudia Sheinbaum, hasta donde se sabe, fue informada una vez iniciado. El secretario de la Marina, almirante Raymundo Pedro Morales, también. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, supo de él cuando lo convocaron al centro de comando, mientras el cuerpo de El Mencho era trasladado a la Ciudad de México. Mantenerlos al margen, como hizo el general Trevilla con el resto del Gabinete de Seguridad, no fue un acto de rebeldía o para evitar filtraciones, sino, paradójicamente, una decisión para salvaguardar el Estado mexicano.

Una fuente estadounidense explicó la racional del secretario de la Defensa: “Si hubiera informado previamente a García Harfuch y la operación fracasa, habría herido la ventanilla del principal interlocutor de la presidenta con Washington. Si hace copartícipe al Gabinete de Seguridad y fracasa, se acaba el gobierno. El general Trevilla asumió toda la responsabilidad. Si las cosas hubieran salido mal, él habría sido el único que habría caído, dejando a salvo al resto del gobierno”.

Si el gobierno tuviera una visión de Estado, no estaría metido en estos problemas. Al general Trevilla le preguntaron si los militares habían matado a El Mencho, y expresaron dudas de si en efecto murió, porque no hay fotografías de él –¿el referente subconsciente es Osama bin Laden?–, que no respondió con la fuerza necesaria porque no quieren decir en el gobierno cómo saben que está muerto y cómo supieron en unas cuántas horas que la persona abatida sí era Oseguera.

La información del gobierno fue parcial. La CIA fue la que proporcionó información de inteligencia a la Secretaría de la Defensa, para que su cuerpo de élite, los “Murciélagos”, actuara. Lo que no se ha explicado, aunque sea de manera general, es que la CIA tenía interceptadas todas las comunicaciones en ese teatro de operaciones, por lo que integrantes de la primera línea de las fuerzas especiales no se detuvieron en la cabaña donde vivía Oseguera, sino lo persiguieron al bosque, porque la compañía, en una acción coordinada, les iba proporcionando en tiempo real sus movimientos. Una vez que lo hirieron y subieron al helicóptero, le tomaron fotografías, huellas dactilares y una prueba de ADN que se transmitió a la CIA, que en menos de cuatro horas les confirmó la identidad. Con esa información, se comenzó a filtrar a los medios que lo habían abatido, sin explicar por qué hasta el día siguiente dijeron que tenían confirmación con el ADN.

El gobierno se hizo bolas y no supo comunicar el operativo, los términos reales de lo que se ejecutó. Buscar chivos expiatorios en los medios, aunque muy propio del régimen, es un absurdo, una canallada y una falta de ética institucional. Pero sobre todo, una mentira a la nación.

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El laberinto de la impunidad; entre el olvido y la omisión

Las cifras recientes de México Evalúa no solo son números; son el rostro de nuestra fractura social. Cuando el 93% de los delitos no se denuncia y, de lo poco que llega al escritorio, el 89% se pierde en el vacío de la impunidad, el mensaje para el ciudadano es de desamparo, y para el delincuente, de invitación.

El diagnóstico que nos ofrece Jorge Fernández Menéndez  hoy en Excelsior es contundente: el eslabón más débil de nuestra seguridad son las fiscalías. Tras años marcados por la discrecionalidad y el debilitamiento institucional bajo el mando de Alejandro Gertz, la FGR  se quedó huérfana de una policía de investigación profesional. Hoy, esa carencia nos factura en casos que rayan en el surrealismo.

En Sinaloa, el tiempo se detuvo. A casi dos años del episodio de "El Mayo" Zambada y el asesinato de Héctor Melesio Cuén, los montajes y la falta de resultados confirman que la impunidad local es una fortaleza que ni el despliegue militar ha logrado penetrar.

En la caída de alías "El Mencho", la negligencia fue operativa. Resulta incomprensible que, días después de uno de los operativos más importantes de la década, la escena del crimen estuviera abierta al paso de cualquiera, perdiendo evidencias vitales. Esa es una responsabilidad ineludible de la Fiscalía que hoy se enreda en contradicciones con la propia narrativa militar del General Ricardo Trevilla.

La fiscal Ernestina Godoy hereda, es cierto, una institución en ruinas. Y aunque hoy se percibe una voluntad política distinta, el camino hacia la justicia no se pavimenta solo con intenciones. Sin recursos, sin una verdadera profesionalización de los Ministerios Públicos y sin una coordinación que deje atrás los celos institucionales, la seguridad en México seguirá siendo una promesa lejana, extraviada en los pasillos de la burocracia..

Recomiendo la columna:

Impunidad y fiscalías/ Jorge Fernández Menéndez.

Excelsior, 18 MARZO, 2026;

El estudio de México Evalúa dado a conocer ayer confirma los datos que se tienen de muchas otras fuentes: en México, el 93 por ciento de los delitos no se denuncia, y de estos, de los que existe denuncia, un 89 por ciento quedan impunes. Ningún sistema de justicia y seguridad puede ser eficiente con esos índices de impunidad: los estímulos para delinquir son tan altos que ninguna acción disuasoria tendrá éxito hasta que los delitos se denuncien, se procesen y se castigue a los delincuentes. 

En el gabinete de seguridad se considera que el flanco débil del sector está en la fiscalía general que no cuenta con fuerzas propias de investigación suficientes y que requiere que sus ministerios públicos sean mucho más activos y tengan una participación mucho más cercana con las fuerzas de seguridad. Siempre ha sido así, pero durante los años de Alejandro Gertz Manero el debilitamiento de la Fiscalía fue proporcional a la discrecionalidad con que se movió el ahora embajador. La policía civil por antonomasia, que debería ser la de investigación, no termina de desarrollarse y siga siendo casi intrascendente. Sin una sólida policía de investigación y sin ministerios públicos que realmente cumplan esa función en forma profesional, eficiente y sin corrupción, no se avanzará en terminos de seguridad.

Se requiere una policía de investigación de carácter federal fuerte y poderosa, ampliamente profesionalizada, si se quiere un sucedáneo del FBI u otra fuerza similar de la que hoy carecemos: hoy la policía de investigación es pequeña y operativamente depende en muchas ocasiones de otras dependencias. Y si eso es así en el ámbito federal,  en el local, en los estados, la situación es mucho peor, salvo algunas excepciones muy marcadas. 

El tema va mucho más allá. Vamos a poner tres ejemplos de casos paradigmáticos que han quedado en la mayor impunidad. Hace ya casi dos años que el Mayo Zambada llegó a Estados Unidos acompañado por Joaquín Guzmán López. Hasta ahora no sabemos qué pasó, salvo las versiones de que El Mayo fue secuestrado por el hijo de El Chapo, que era además su ahijado. Una versión que suena, en el mundo real, bastante poco verosímil.

 Pero ese mismo día, fue asesinado el diputado federal y amigo de El Mayo, Héctor Melesio Cuén y la propia fiscalía del estado de Sinaloa, construyó, incluyendo la difusión de un video fake, una falsa versión, un  montaje, tratando de demostrar que Cuén, había sido asesinado en una gasolinera, en un intento de robo. La fiscal del estado renunció cuando se descubrió el montaje y que algunos de sus operadores trabajaban para El mayo pero nunca fue molestada. Hoy a casi dos años de los hechos no tenemos el mismo mínimo avance ni del asesianto de Cuen, ni del secuestro de El mayo ni de los delitos que pudieran haber cometido en la fiscalía y en otros ámbitos de la administración estatal. Mientras tanto han pasado ya tres secretarios de seguridad en el estado, el más reciente en asumir es el general Sinuhé Téllez (un militar en activo con amplia experiencia operativa), hay un despligue de miles de elementos federales, pero los índices de impunidad en el estado no se han movido: nadie es responsable de nada en la administración local.

Otro caso: la preservación de la escena en el lugar donde fue abatido Nemesio Oseguera El Mencho. No sólo porque reporteros pudieron entrar en la casa donde vivía y llevarse numerosa información muy importante, como narconóminas y detalles operativos, sin  que nadie los molestara, el lugar estaba abandonado, sino también porque la zona donde finalmente fue abatido, en un bosque cercano, también fue recorrido libremente por reporteros y otras personas. 

La fiscalía es la única institución que puede y debe preservar el escenario de un crimen, más aún en el operativo más importante que se ha realizado en años y la vulneración de la escena dificulta cualquier investigación posterior. Entiendo que quizás en medio del operativo eso puede ser complejo, pero los medios recorrieron la zona entre dos y tres días después de la caída del Mencho y no había preservación alguna del lugar. Esa es una responsabilidad ineludible de la fiscalía. Incluso el comunicado de la FGR, dado a conocer apenas este fin de semana, se contradice con la información que dio el general Ricardo Trevilla sobre cómo se dieron los acontecimientos el 22 de febrero. 

Un tercer caso, también relacionada con la preservación de escenas del delito: lo sucedido en el rancho Izaguirre en Jalisco. El lugar fue descubierto por la Guardia Nacional mucho antes que lo hicieran las madres buscadoras, allí había innumerables huellas, restos, pruebas sobre lo que ocurría en ese predio de reclutamiento, entrenamiento y exterminio. Nadie lo preservó. Cuando las madres buscadoras lo denunciaron, un operativo de la fiscalía limpió el predio, y lo abrió indiscriminadamente a las visitas de todo mundo. Se perdió todo lo que allí se encontraba. 

Sé que la fiscal Ernestina Godoy se encontró con una fiscalía general en pésimas condiciones y que se está construyendo un nuevo equipo en la FGR, buscando los mejores mecanismos de coordinación con la secretaría de seguridad y las instancias militares. Pero si no hay un cambio profundo y rápido, si la fiscalía no comienza a presionar a sus propias oficinas regionales y a las fiscalías estatales, no habrá avances en la seguridad y la justicia. La transformación de las fiscalías debe ser amplia, profunda y requiere tanta voluntad política, como recursos humanos y materiales para hacerlo. Hoy creo que hay voluntad, todo lo demás falta.

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Las "Coincidencias" en el Caso Mencho

El columnista Manuel J. Jáuregui pone hoy sobre la mesa una palabra que incomoda al sistema: encubrimiento. A través de su columna "Contaminada", disecciona las inconsistencias oficiales tras la muerte de alías "El Mencho", líder del CJNG, y lanza una advertencia sobre la fragilidad —o la intención— detrás de las investigaciones de la FGR.

Puntos críticos:

La Autopsia vs. La Versión Oficial: Jáuregui destaca una contradicción física. Mientras la narrativa oficial hablaba de una captura y posterior deceso, los peritajes sugieren impactos mortales inmediatos en el lugar de los hechos. La tesis es dura: un testigo silencioso no revela redes de sobornos ni complicidades políticas.

La Escena "Contaminada": El autor califica de "pifia" o estrategia el hecho de que la FGR admitiera que la escena del refugio del capo fue alterada. Esto, en términos legales, invalida cualquier evidencia —como las supuestas libretas de pagos a funcionarios—, dejando en el aire la red de protección que permitió al cártel operar durante años.

Más allá de la retórica sobre la "narcopolítica", el cuestionamiento de Jáuregui se centra en la impunidad técnica. Si las instituciones encargadas de procurar justicia violan las reglas básicas de la criminalística, el resultado es el mismo: una verdad jurídica que no convence a la opinión pública y un sistema de justicia que parece trabajar para el olvido, no para el esclarecimiento.

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'Contaminada'/Manuel J. Jáuregui

 REFORMA, 18 marzo 2026;

Hablábamos ayer de no creer en las coincidencias en la "política mexicana", y aquí tienen ustedes otras que juntas nos indican el posible encubrimiento por parte de la FGR, encabezada por Ernestina Godoy, tanto de las circunstancias de la muerte de "El Mencho", líder del CJNG, como de la RED DE SOBORNOS y pagos por protección que realizaba para evadir su captura y realizar impunemente sus actividades criminales. Los ingredientes que generan sospecha son dos:

1.- La autopsia practicada al cadáver de "El Mencho" no coincide con la versión de su "captura" y posterior muerte, esto afirman expertos que la han revisado, pues señalan que revela impactos de bala en tórax (4), abdomen y en piernas, siendo los del tórax instantáneamente mortales. O sea que no fue capturado vivo ni murió en el traslado: fuerte indicación de que murió en el lugar de los hechos, lo cual apunta a que no había intención de capturarlo vivo, o si la hubo no se cumplió. ¿Cómo va ese dicho de que "muerto el perro se acabó la rabia"?

Los muertos no hablan ni declaran, señal de que fuertes y poderosos intereses prefirieron a un "Mencho" silenciado, y si esto fue así, presuntamente había miedo a lo que pudiera afirmar respecto a su red de cómplices y aportaciones a campañas, así como sobornos mensuales a servidores públicos, policías o militares.

2.- La FGR informó el lunes que la morada donde se resguardó el capo y desde donde intentó escapar "fue contaminada". Nada informa respecto a quién violó la regla número uno de la criminología, que es preservar intacta la escena donde se recolecta evidencia, responsabilidad que recae sobre la misma FGR, Guardia Nacional, Ejército o quien haya sido: si por esta PIFIA no cae nadie, se confirma la teoría del encubrimiento.

Esto significa que NINGUNA evidencia recabada ahí puede ser usada como prueba acusatoria contra sus cómplices, por ejemplo, las libretas donde apuntó el pago de su "nómina", presuntamente, y que contenían cuánto le daba y a quién a cambio de la protección que recibía.

La lógica conclusión es que AMBAS cosas -el que haya muerto cuando supuestamente lo querían vivo y que no quede evidencia válida que pueda emplearse para desarticular su red de protección- apuntan a un ENCUBRIMIENTO. ¿Alguien dijo "NARCOPOLÍTICA"? Sabemos que las actividades del cártel de "El Mencho" -el CJNG- incluían EXTORSIÓN a productores agrícolas, comercios, cobro de piso, tráfico de personas y HUACHICOL FISCAL.

Recuerden que en esa misma FGR duerme el sueño de la impunidad la "investigación" sobre el MEGAHUACHICOL de los MARINOS, sobrinos del ex Secretario de Marina. "Coincidencia" que la misma Presidenta aseguró en días pasados -pues Aristegui Noticias divulgó un AUDIO en el que se hace la denuncia- que NO SE INVESTIGA.

O sea que al Supremo Politburó, que realiza colectas para apoyar a la DICTADURA comunista cubana -y que llama MEZQUINOS a quienes no quieren subvencionarla-, NO LE INTERESA la verdad o dirimir responsabilidades respecto a los involucrados en esta megaestafa que pudiera ser el MÁS GRANDE ROBO DE LA HISTORIA DE MÉXICO, calculado en 600 mil millones de pesos.

Qué raro que al régimen no le interese investigar a fondo, dar con los responsables y aplicarles un castigo ejemplar que sirva como ESCARMIENTO para todo servidor público y maleante que pretende violar la ley para ganar dinero. Dirán que exageramos, pero ¿no les parecen demasiadas coincidencias? Todas en torno a actividades ilegales que necesariamente tienen que ser solapadas por AUTORIDADES.

Súmenle que uno de los autores de esta megaestafa, el Contralmirante Farías, escapó sin declarar -de nuevo- por una pifia de la FGR, y hoy está prófugo, y no se nota que la FGR esté realizando esfuerzos por encontrarlo y encarcelarlo, haciendo públicas sus declaraciones respecto a quién de sus superiores ORDENÓ qué y cuándo.

¿Y somos MEZQUINOS quienes nos oponemos a la tiranía comunista en Cuba, violadora de los derechos humanos y que está a punto de ser DERROCADA por TRUMP? Si no es comunismo, entonces es cinismo.

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El mito de Pemex

JAQUE MATE / Sergio Sarmiento 

REFORMA, 18 marzo 2026

"¿De cuándo acá se requiere

tanta ciencia para extraer el petróleo?...

Es perforar un pozo, como si

se fuese a extraer agua…". Andrés Manuel López Obrador

 El 18 de marzo de 1938 el presidente Lázaro Cárdenas anunció, desde un balcón de Palacio Nacional, la expropiación de la industria petrolera. Argumentó que lo hacía por "la actitud asumida por las compañías petroleras negándose a obedecer un mandato de la Justicia Nacional". Efectivamente, la Suprema Corte había dictado una sentencia que obligaba a las empresas "a pagar a sus obreros el monto de la demanda económica que las propias empresas llevaron a los tribunales judiciales". Sin embargo, la decisión tenía también que ver con una búsqueda de desarrollo económico. El país, dijo, "se debate sintiendo frenado su progreso industrial por quienes tienen en sus manos el poder de todos los obstáculos".

Cárdenas ofreció una indemnización, aunque tomada del "tanto por ciento que se determinará posteriormente de la producción del petróleo y sus derivados". Sí, pagaría, aunque con los recursos que generara la inversión de las petroleras. Las empresas se inconformaron, pero con la presión de la Segunda Guerra Mundial se vieron obligadas a aceptar un acuerdo. Los pagos de indemnización, que originalmente debieron hacerse en 10 años, solo concluyeron en 1962.

Los gobiernos del PRI y Morena han hecho de la expropiación petrolera un mito nacional. La medida, sin embargo, no llevó a ese "progreso industrial" que quería Cárdenas. La producción petrolera creció gradualmente en un principio, pero se disparó después del descubrimiento del campo de Cantarell en los setenta. En estos últimos años, sin embargo, está cayendo nuevamente. El petróleo ha generado fortunas para funcionarios y contratistas, pero no ha sido la palanca de desarrollo que soñó Cárdenas. Daniel Yergin, en su clásico The Prize (1990), escribió: "El petróleo fortaleció la economía mexicana, solo para socavarla".

Pemex es hoy una empresa quebrada. En 2025 registró un patrimonio negativo de 1.9 billones de pesos y una pérdida neta de 45,202 millones de pesos, aunque menor a la de 780,588 millones de pesos de 2024. La ayudó una ganancia cambiaria de 59,870 millones. En el sexenio de AMLO las pérdidas de Pemex sumaron 1.8 billones de pesos. La producción de petróleo crudo alcanzó en 2003 su máximo nivel, 3.5 millones de barriles diarios, pero para 2025 el total fue de solo 1.6 millones, a pesar de que a partir de 2019 López Obrador le empezó a sumar líquidos condensados para aparentar que era mayor.

Pemex no ha sido manejada como empresa, sino como botín político. Los gobiernos del PRI y del PAN la ordeñaron con altos impuestos para financiar el gasto corriente. López Obrador tuvo la ocurrencia de dejar de lado la parte rentable, la producción y exportación de crudo, para concentrar inversiones en la que perdía dinero, la refinación. Para justificar esta decisión, Pemex ha empezado ahora a manipular sus cifras. En 2024 vendió su petróleo crudo a un promedio de 66.50 dólares por barril, con un precio de exportación de 70.57 dólares. En 2025 lo malbarató a 31.20 dólares, pese a que el crudo de exportación se cotizó en 61.11 dólares. ¿Por qué? Para hacer creer que las refinerías son rentables.

Al final, México ha perdido más de lo que ha ganado con el monopolio. La producción petrolera ha sido una de las bases de la prosperidad de Estados Unidos, pero en México solo ha enriquecido a políticos y contratistas. La producción petrolera sí puede detonar desarrollo económico, pero no cuando está en manos de un monopolio controlado por una clase política corrupta. Cárdenas se equivocó.

· V-DEM

El instituto V-Dem de Suecia, que mide la calidad de la democracia en el mundo, ha señalado en su informe 2026 que los países con mayor deterioro democrático son Hungría, Serbia, la India, Estados Unidos y México. "El país más democrático sobre la faz de la Tierra" ya es una "autocracia electoral".

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Todos los caminos llevan a Romita/Carlos Loret de Mola

El Universal, | 18/03/2026 |

Cuando empezó el gobierno de López Obrador, el joven empresario de origen italiano Jorge Stephan Romita Iturbe era un sencillo proveedor de material de oficina para la Casa de Moneda. Hoy acumula contratos por 4 mil 500 millones de pesos. Le vende de todo al gobierno: desde cubrebocas y despensas hasta equipos de reconocimiento submarino para las Aduanas y filtros migratorios para el aeropuerto.

Pero nada tan delicado —y sospechoso— como lo que, según registros del sitio oficial de Compras MX consultado en diciembre, recién le otorgaron por adjudicación directa, sin licitación de por medio: Romita será el encargado de recolectar los datos biométricos de todos los mexicanos. Un negocio de mil 200 millones de pesos que lleva la firma del controversial “Pepe” Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital del gobierno de la presidenta Sheinbaum.

Esta ruta meteórica para volverse uno de los contratistas consentidos del régimen tuvo sus costos: el empresario nacido en 1990 rompió con su papá, rompió con su hermano (ambos formaban parte de la empresa), y carga acusaciones de no haber cumplido a tiempo con la entrega de los equipos de seguridad para Aduanas que debió haber entregado desde el 2023, en un contrato de 3 mil millones, según reveló un reportaje de Nadia Sanders en Latinus.

Según me revelan fuentes cercanísimas a este controversial empresario, la carrera meteórica de Jorge Stephan Romita Iturbe con la 4T tiene su primer peldaño en la oficina de Julio Scherer, cuando era consejero jurídico del presidente López Obrador. Scherer lo canalizó al gobierno de la Ciudad de México, donde se relacionó con Luz Elena González y Carlos Ulloa, dos de las personas de mayor confianza de Sheinbaum; y a la vez lo puso en el radar del secretario de Seguridad federal, Alfonso Durazo. Ese fue su primer gran trampolín.

Siguió a Durazo hacia el gobierno de Sonora y en Sonora fue que empezó a volverse del círculo de confianza del secretario de Marina de AMLO, el almirante Rafael Ojeda. La esposa de Ojeda y los sobrinos del huachicol fiscal —los hermanos Farías Laguna— son de Sonora. El hijo de Ojeda tiene también el pie en ese estado. Ese fue para Romita su segundo gran trampolín: crecieron los montos de sus contratos, se volvió proveedor de confianza de la Marina, entró al negocio de la seguridad y terminó siendo prácticamente el rey del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que controla la Marina.

El tercer gran trampolín está siendo “Pepe” Merino. El contrato por el Servicio Integral para la Identificación Biométrica le llegó unos días antes de la Navidad pasada. Es por un monto máximo de mil 200 millones de pesos, según registros del sitio oficial Compras MX consultado en diciembre.

Y sí: todos los caminos llevan a Romita.

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Bajo investigación, más de 30 exmandos policiacos en Michoacán/Héctor De Mauleón

El Universal, | 18/03/2026 |

En la entrega de ayer hice referencia en este espacio a una serie de reportes de inteligencia militar que consignaban una larga serie de actividades ilícitas que involucraban a la Guardia Civil de Michoacán bajo el gobierno del morenista Alfredo Ramírez Bedolla.

En esos documentos se asentó, por ejemplo, que elementos de la Guardia Civil cuidaban carreteras para advertir a integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación del paso de convoyes del Ejército y la Guardia Nacional. Se asentó que comisarios y directores de municipios estaban condicionados para recibir dinero mensual por parte de ese cártel.

Se señaló que en el Agrupamiento de Caminos los elementos entregaban a sus superiores cuotas de entre 50 mil y 80 mil pesos, que procedían de la extorsión a automovilistas.

Se mencionó también que desde la coordinación de comisarías regionales se abría paso al CJNG para ubicar contrarios y detenerlos; que el robo de hidrocarburos se llevaba a cabo en el estado bajo la custodia de la Guardia Civil.

Que Juan Manuel Banderas Acosta, desde la jefatura de uno de los Agrupamientos, tenía a su cargo el cobro de cuotas en los aserraderos y estaba encargado de recoger las mismas al interior de la institución. Y que un mando más manejaba el negocio de la ordeña y venta de combustible destinado a las unidades de la Guardia Civil.

Recibí diversas comunicaciones a lo largo del día, en las que se confirmó todo lo asentado en la columna. Fuentes de inteligencia señalaron que la infiltración del crimen organizado y la corrupción desatada en dicha corporación llegaron a tal nivel, en especial durante los últimos dos años, que provocaron primero la renuncia a la Secretaría de Seguridad del general José Alfredo Ortega Reyes, quien intentó en vano contenerlas (el analista Eduardo Guerrero advirtió en junio de 2024 que tras esta renuncia vendría el desastre) y llevaron finalmente a un fuerte “ajuste institucional”, que se llevó a cabo en noviembre de 2025.

La primera parte de ese ajuste fue el nombramiento como secretario de Seguridad Pública de Michoacán de José Antonio Cruz Medina, exdirector de Operaciones Tácticas de la División de Inteligencia de la Policía Federal y exvicefiscal de justicia de Michoacán cercano a Omar García Harfuch. El movimiento, parte del llamado Plan de Michoacán, marca la llegada a la entidad del grupo del poderoso secretario García Harfuch, integrado por elementos de la extinta Policía Federal, dentro de un esquema de ataque frontal al crimen organizado que en los hechos arroja al bote de basura la estrategia de “abrazos no balazos”, de Andrés Manuel López Obrador, que tan cara les salió a estados como Michoacán.

A ese ajuste siguió un relevo de mandos, según las fuentes consultadas. Uno de estos fue el del encargado del agrupamiento Guardianes del Camino.

Al mismo tiempo, según un documento que me han hecho llegar, a 17 mandos y otros elementos se les abrieron carpetas de investigación por extorsión, a otros 12 por tráfico de huachicol, y a 6 más por distintos hechos de corrupción.

De acuerdo con este documento, al jefe de agrupamiento Juan Manuel Banderas, al que reportes de inteligencia militar señalaron como encargado de extorsionar en los aserraderos y recoger “el entre” semanal al interior de la corporación, se le removió del cargo hace unas semanas.

El reporte indica que a Banderas se le abrió también una carpeta de investigación, que este “se apegó a un beneficio de ley” (¿?), y que no volverá a ocupar cargo alguno dentro de la Guardia Civil.

El mismo documento señala que, desde el inicio del ajuste institucional que llevó a la titularidad de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán a José Antonio Cruz Medina, el 70% de las acciones de alto impacto llevadas a cabo por la Guardia Civil de noviembre a la fecha fueron dirigidas contra células del Cártel Jalisco Nueva Generación. “Existió, en efecto, la colusión que se menciona en su publicación. Pero las órdenes del nuevo equipo encargado de la seguridad pública de Michoacán consisten en cortarla de tajo”.

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¿Y el federalismo, doctora?/Salvador García Soto

El Universal, | 18/03/2026 |

El llamado “Plan B” de la presidenta Claudia Sheinbaum, que propone modificar la Constitución de la República para cambiar la forma en que se integran los Congresos estatales y los cabildos de los municipios del país, repite el mismo error que llevó al fracaso a la primera iniciativa de Reforma Electoral de la titular del Ejecutivo federal: la falta de diálogo y consenso con los que serán afectados por estas reformas constitucionales, en este caso las entidades federativas y los ayuntamientos mexicanos.

Con el mismo argumento con el que intentó vender su primera reforma, “la eliminación de privilegios y la disminución de recursos públicos”, la doctora Sheinbaum hoy intenta imponer su visión a las 32 entidades federativas, sin ningún tipo de consulta, opinión o al menos información previa, y sin considerar siquiera la soberanía que la Constitución les concede a los poderes locales dentro del sistema Federal en que se basa la República mexicana.

Decir que van a ahorrar recursos al reducir presupuestos y posiciones en los poderes estatales y municipales, parece, en la visión autoritaria y centralista de la Presidenta, que nació y se formó en la privilegiada y subsidiada Ciudad de México, un argumento suficiente para invadir, sin preguntarles, la soberanía de estados y municipios que, al menos en el texto de la Carta magna vigente desde 1917, se constituyen también por la decisión soberana del pueblo, exactamente igual que el poder federal que, si bien tiene facultades de coordinación y conducción republicana consagradas en la Constitución, también está obligado a respetar el sistema federalista sobre el que se fundó esta República.

Y es verdad que históricamente el presidencialismo mexicano, sobre todo en su etapa omnímoda del PRI, subyugó y asfixió a los estados y a los municipios, imponiéndoles todo siempre desde el centro y promoviendo un modelo de desarrollo desigual y disparejo dentro del modelo republicano. Porque mientras en el centro y el altiplano concentraban no sólo poder sino también recursos, inversiones y obras de infraestructura, al resto de la República se le dejó en muchos casos en el abandono o en la medianía de recursos.

Ese centralismo que prohijó el régimen priista y que hoy vuelve a tomar fuerza bajo el dominio de Morena y la 4T, provocó un crecimiento y desarrollo desigual e inequitativo y dio como resultado un país lleno de contrastes y desigualdades en el que, mientras en centro y sobre todo la capital, acaparaba el dinero público, al resto de los estados se les daban migajas con las que algunas regiones más productivas como el Bajío, el Occidente y el Norte pudieron impulsar su desarrollo, más por sus fuerzas locales y su productividad empresarial que por el apoyo federal, mientras que al sur-sureste sus enormes recursos naturales no le alcanzaron para crear infraestructura y desarrollo, también ante el abandono de la política centralista.

Hoy, en la enorme concentración de poder que tiene el régimen morenista y en el regreso del poder omnímodo de la Presidencia de la República, Claudia Sheinbaum vuelve a retomar el camino que inició su antecesor y admirado mentor, López Obrador. Porque el expresidente amenazó, persiguió y chantajeó a los gobernadores que intentaron desafiar su poder central con la creación de una Alianza Federalista, en el año 2020, que exigía revisar el sistema de coordinación fiscal y el reparto de los recursos federales, a los que castigó y premió según se sometieran a sus designios, pero además el tabasqueño (que curiosamente él sí venía de un estado como Tabasco que padeció el centralismo) se dedicó a desmantelar el federalismo con decisiones como quitarles sus sistemas estatales de salud a los estados para crear un fallido e inoperante IMSS-Bienestar.

Y es cierto que en el retroceso al federalismo que se vivió en el sexenio pasado ayudaron y facilitaron el neocentralismo morenista las pillerías y la corrupción de varios gobernadores priistas que, en su mayoría jóvenes, habían sido impulsados y presentados como “la nueva cara del PRI”, por el entonces presidente Enrique Peña Nieto, y que resultaron ser todos unos pillos con las uñas más largas y con mayor cinismo que los viejos priistas, pero el que los Duarte, los Borge y otros gobernadores que terminaron en la cárcel, hayan salido rapaces y voraces con el dinero público, no descalificaba ni deslegitimaba al sistema federalista que consagra la Constitución.

Por eso hoy que, embriagada de poder, la primera Presidenta mexicana insiste en “reducir privilegios y ahorrar recursos”, con una reforma que plantea quitarle a los estados y municipios para alimentar a la monstruosa maquinaria electoral de su partido, que son los programas sociales, lo que propone la doctora y que esta vez sí tiene el apoyo de sus partidos satélite para lograr la mayoría calificada, es que desde el centro, por la voluntad de una sola mujer, se modifiquen los poderes estatales y municipales en aras de una austeridad que hace rato dejó de ser un discurso legítimo y que mantiene el dispendio, los lujos y los excesos en la nueva casta gobernante de Morena.

¿Habrá algún gobernador o gobernadora, más allá de los 22 morenistas y aliados que claramente son como zombies que repiten lo que diga la Presidencia, que se atreva a dar la cara y a defender el federalismo y la soberanía de las entidades y sus municipios que claramente viene en retroceso y se debilitará aún más con esta reforma constitucional? Francamente no se ve a ninguno, porque mientras los gobernadores y alcaldes morenistas besan el suelo por donde pisa la Presidenta, a los de la oposición, algunos alineados y otros alienados al poder central, no se les ve ni el tamaño, ni el valor y mucho menos la consistencia para defender a la República federal.

Así que sí, el Plan B (con B de Berrinche presidencial y centralista) avanzará inexorablemente y, una vez más como ha ocurrido por siglos de presidencialismo desbordado y descontrolado en México, las entidades que sólo son soberanas en la Constitución, acatarán, silenciosas y cobardes, los designios del poder central que hoy, en manos de una mujer por primera vez en la historia, luce y se comporta tan subyugante, avasallante y amenazador como en los 200 años previos en que lo manejaron hombres.

NOTAS INDISCRETAS…

Además de todo el “sospechosismo” que despertó la asociación civil Humanidad con América Latina que utilizó el expresidente López Obrador para pedir “donaciones” a favor del régimen cubano, y de que Hacienda le haya concedido en apenas unos días la calidad de donataria a esa organización, cuando a otras las tarda años para reconocerlas, ayer en el círculo de los banqueros mexicanos comenzó a circular una versión que dice que el Grupo Financiero Banorte, propiedad de la familias Hank y González, podría recibir una “observación” comedida desde la oficina del FinCen, del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, por prestarse a recibir donaciones para apoyar a la dictadura castrista. La versión de que las autoridades estadounidenses podrían cuestionar o investigar la recepción de esos donativos, bajo un esquema que ya se ha utilizado para lavar dinero, parecía cobrar sentido cuando se intentaba transferir, a través de aplicaciones bancarias, donativos para la causa obradorista, pero el SPEI primero era enviado y luego aparecía como devuelto en tres ocasiones, aunque en ventanillas de las sucursales de Banorte sí seguían recibiendo dichas “donaciones”. En todo caso, los de Banorte, que son hoy de los bancos más fuertes e importantes de México, no querrían ser metidos por Washington en la misma canasta de los difuntos Intercam, Vector y CIBanco…Y hablando de Washington, al que se vio ayer en la capital estadounidense fue al diputado y líder sindical Pedro Haces, quien acudió a la sede de la OEA, acompañado del embajador mexicano ante ese organismo, Alejandro Encinas, para participar en eventos que tienen que ver con la conmemoración de los 25 años de la Carta Democrática Interamericana que dio pie a la organización continental. Y en medio de esa conmemoración, la OEA abrió espacios de diálogo sobre el futuro de la democracia en América, con miras a fortalecer a las instituciones democráticas en la región. “La democracia no es un punto de llegada, sino una tarea permanente que exige instituciones sólidas, ciudadanía activa y cooperación regional efectiva”, dijo en uno de esos espacios el diputado morenista y líder sindical. Los países de América enfrentan nuevos desafíos en materia de gobernanza, desigualdad, migración y fortalecimiento institucional, temas centrales en los encuentros que se desarrollan en la capital estadounidense. Además de participar en la OEA junto al embajador Encinas, el líder de la CATEM afirma en un comunicado de su organización, haber sostenido “encuentros con actores políticos y representantes internacionales, para abordar temas de cooperación regional y futuro del empleo”. No deja de ser curioso que mientras en la 4T ven con recelo y desconfianza a la OEA, a la que no sólo cuestionan y rechazan sino que hasta proponen desaparecerla, al diputado Haces, que dice no ser morenista militante, lo reciban y escuchen en el organismo continental…Y hablando de actitudes sospechosas y opacas, Petróleos Mexicanos ha pasado de ser la institución más querida y admirada de los mexicanos, que crecimos viendo a Pemex como un pivote del desarrollo nacional, a convertirse en una empresa que además de endeudada, con producción a la baja y con una enorme corrupción y problemas de pago a sus proveedores, ahora también se ha vuelto una empresa que miente y oculta información sobre sus accidentes y desastres ambientales, que por desgracia cada vez son más frecuentes. Y es que cuando la petrolera no acaba de reconocer el desastre que están denunciando y documentando en el sur de Veracruz pescadores y lugareños que demuestran cómo ríos, lagunas y marismas han sido contaminadas por combustibles de Pemex, afectando a la flora, la fauna y las actividades de sustento de los pescadores, ayer la explosión e incendio en la Refinería de Dos Bocas fue pésimamente manejada por la empresa pública que primero ocultó información y habló solo de “un incendio en una barda perimetral”, pero que al final tuvo que admitir la dimensión de esta tragedia, en una instalación que se supone nueva, y en la que la fuga de gas y combustibles terminaron causando explosiones e incendios de gran magnitud que le costaron la vida por lo menos a 5 personas, trabajadores en su mayoría externos y uno de la petrolera, que quedaron tirados y sin vida en las instalaciones de la petrolera. No conformes con haber destruido por décadas el medio ambiente de las zonas petroleras de la República, marcadamente en el sureste, o de haber provocado tragedias tan graves como la explosión del drenaje en Guadalajara, el 22 de abril de 1992, provocando la muerte de 200 personas, 1,500 heridos y más de 15 mil damnificados por la destrucción de casas, negocios y calles en 8 kilómetros del popular barrio de Analco de la capital tapatía, ahora Pemex se ha vuelto también opaca y mentirosa en su información pública y su responsabilidad social y ambiental…Los dados mandan Escalera Doble. La semana corta promete.

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T-MEC 2.0: Ebrard y la (des)alineación del gabinete/Mario Maldonado

El Univertsal | 18/03/2026 |

El inicio formal de la revisión del T-MEC ha mostrado un cambio de tono en el gobierno mexicano, aunque no necesariamente un reordenamiento completo. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, se perfila como el rostro más visible y el principal operador de la estrategia frente a Estados Unidos, pero eso no significa que las diferencias internas hayan desaparecido ni que el Gabinete presidencial esté plenamente alineado. Más bien, lo que se observa es una coordinación incipiente, todavía en construcción, donde cada actor mantiene su propio espacio de influencia.

Tras las presiones que se hicieron evidentes a principios de año, la presidenta Claudia Sheinbaum parece haber optado por una fórmula pragmática: permitir que Economía lleve la batuta, sin desplazar a otras dependencias que tienen responsabilidades directas en los temas clave del tratado. El resultado de ello es un esquema híbrido, donde Ebrard concentra la interlocución económica y comercial, pero convive con una red de funcionarios que inciden en la negociación desde sus respectivos frentes.

En la Cancillería, Juan Ramón de la Fuente conserva un papel clave en la relación política con Washington, mientras que el subsecretario Roberto Velasco maneja su propia agenda y ha intensificado contactos discretos con especialistas, exnegociadores y centros de pensamiento para afinar posturas técnicas. Por su parte el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, se posiciona como uno de los interlocutores más cercanos a las agencias estadounidenses y al Departamento de Justicia, en un contexto donde la agenda de seguridad, que incluye el tráfico de armas, el combate al narcotráfico y el intercambio de inteligencia, se ha vuelto inseparable de la negociación comercial.

Mientras tanto el secretario de Hacienda, Edgar Amador, junto con su subsecretaria María del Carmen Bonilla, trabajan en los escenarios fiscales y macroeconómicos que podrían derivarse de la revisión del tratado. A su vez, la banca de desarrollo, con Roberto Lazzeri al frente de Nafin y Bancomext, y Jorge Mendoza en Banobras, comienza a perfilar instrumentos financieros para respaldar sectores estratégicos.

Y hay más funcionarios que tendrán un rol igualmente determinante, aunque más especializado. La secretaria de Energía, Luz Elena González, enfrentará uno de los capítulos más delicados, en medio de los desacuerdos por la política energética y los conflictos geopolíticos. Alicia Bárcena, en Medio Ambiente, aporta su experiencia como extitular de la Cepal en temas de comercio y regulación ambiental, cada vez más presentes en la agenda. Julio Berdegué, en Agricultura, tendrá que defender un sector particularmente sensible, mientras que José Merino, desde la Agencia de Transformación Digital, entra en la discusión sobre ciberseguridad, plataformas digitales y comercio electrónico.

En este entramado también aparece Altagracia Gómez, quien desde la coordinación del Consejo Asesor Empresarial de la Presidencia busca articular la posición del sector privado con la estrategia gubernamental. Su rol será clave para evitar fracturas con el otrora Cuarto de Junto —que ya dejó de llamarse así, aunque sigue involucrando a los organismos gremiales— y mantener cohesionados a los empresarios, que han sido, hasta ahora, los principales defensores del tratado en Norteamérica.

Del otro lado de la frontera, el reto sigue siendo de cabildeo político. La representación diplomática de México, encabezada por el embajador Esteban Moctezuma, no termina de consolidar una interlocución activa con los centros de poder en Estados Unidos, en un contexto en el que el Congreso, los funcionarios del Gabinete trumpista y los gobiernos estatales juegan un rol determinante en la defensa o rediseño del acuerdo.

Así, más que un Gabinete alineado, lo que hoy existe es una coordinación en proceso, con Ebrard como figura central, pero con múltiples voces que seguirán influyendo en la negociación. Todo apunta a que la presidenta Sheinbaum se involucrará plenamente en las decisiones más relevantes, con ese estilo de micromanagement que la caracteriza.

Posdata 1

Con la renovación del T-MEC, Marcelo Ebrard se juega su futuro político y su última oportunidad de ser candidato presidencial. El secretario de Economía muy probablemente dejará su cargo al concluir la renegociación para irse a recorrer el país en busca de su aspiración de ser presidente de México.

Posdata 2

Trafalgar, la nueva sofipo que logró autorización de la CNBV tras casi una década sin nuevos jugadores, empieza a moverse con rapidez para posicionarse en el sector financiero con un enfoque en las pequeñas y medianas empresas. En su evento “Play to Win” de este martes, la firma que encabeza Porfirio Sánchez-Talavera delineó una estrategia basada en velocidad de ejecución y en una oferta integral que incluye crédito, captación, medios de pago e inversión, con la mira puesta en un mercado que supera los 80 mil millones de pesos en depósitos.

Así que en lugar de apostar por una licencia bancaria —un proceso que puede tomar más de una década—, Trafalgar decidió crecer como sofipo y complementar su oferta mediante adquisiciones. La más avanzada es la compra de una casa de bolsa, lo que le permitiría integrar servicios financieros más sofisticados en el corto plazo, con la posibilidad de incursionar posteriormente en seguros. El objetivo es construir un ecosistema financiero para Pymes sin pasar por el largo y costoso camino de convertirse en banco.

Para 2030 proyecta una cartera de crédito de 105 mil millones de pesos, utilidades por 9.2 mil millones y más de 2 mil clientes empresariales. Detrás de estas cifras hay una apuesta por el cross-selling y la profundidad en la relación con el cliente, más que por el volumen de usuarios, en línea con los modelos de negocio de intermediarios financieros más rentables.

El mensaje del evento lo reforzó Jordan Belfort, el llamado “Lobo de Wall Street”, quien en su tercera visita a México insistió en una premisa que encaja con la estrategia de la sofipo: “O vendes o fracasas”. Más allá del personaje, la narrativa apunta a un enfoque comercial agresivo, basado en procesos, métricas y disciplina que Trafalgar buscará traducir en crecimiento acelerado en un mercado donde los bancos tradicionales siguen siendo lentos para atender a las Pymes.

Posdata 3

La industria farmacéutica nacional volvió a poner sobre la mesa el tema de la regulación, uno de los cuellos de botella más críticos del sistema de salud. Los laboratorios agrupados en AMELAF, ahora encabezados por Astrea Ocampo, pidieron al gobierno federal agilizar trámites y procesos en instancias como Cofepris para acelerar la producción, autorización y distribución de medicamentos. Ahora con la renovación del T-MEC, queda claro que sin una mayor simplificación regulatoria no habrá abasto suficiente, por más compras consolidadas que se anuncien.

El subsecretario de Salud, Eduardo Clark, adelantó que la compra consolidada 2027-2028 podría alcanzar los 400 mil millones de pesos, la más grande en la historia. Pero el tamaño del gasto no garantiza resultados si la cadena de suministro sigue atorada en permisos, registros sanitarios y otras barreras técnicas. La industria insiste en que hay capacidad instalada para producir más genéricos y biosimilares en México, pero falta velocidad del lado gubernamental para liberar esa oferta.

En el fondo, lo que está en juego es la viabilidad del modelo de “soberanía sanitaria” que impulsa el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.