Mesa del exilio salvadoreño..
Por Fred Alvarez Palafox
@fredalvarez
El tiempo en el exilio se mide con un reloj distinto; a veces, se cuenta en la pesadez de los días lejos de la patria.
Hoy, lunes 18 de mayo de 2026, se cumple exactamente un año desde que la abogada y activista salvadoreña Ruth Eleonora López fue privada de su libertad. Trescientos sesenta y cinco días en los que las aulas universitarias y los tribunales de justicia fueron sustituidos por el silencio del encierro; un hecho que muestra el alto costo que el gobierno de Nayib Bukele impone a la disidencia y a la fiscalización ciudadana.
Ruth no es una cifra abstracta señor Bukele, y aunque encabeza una lista de casi noventa presos políticos documentados. Su detención, ocurrida tras haber denunciado con firmeza casos de presunta corrupción, marcó un doloroso punto de inflexión que empujó a decenas de periodistas, activistas y defensores de los DH a empacar sus vidas en una maleta y buscar el amparo del destierro.
Precisamente hoy, ese desgarro institucional cobró rostro y voz en la Casa Centroamérica, aquí en la Ciudad de México. Los abogados Bertha María Deleón e Ingrid Escobar, junto al músico Atilio Montalvo —todos hoy en condición de exilio— compartieron un mensaje que, lejos de nacer del rencor, emanó de una profunda dignidad y de la urgencia de visibilizar la realidad de su patria.
Escuchar los testimonios sobre las familias fragmentadas y el temor latente a hablar en las calles nos recuerda que, detrás de las narrativas oficiales de seguridad absoluta, existen dolores crudos que la propaganda no puede sepultar.
A los hermanos salvadoreños, tanto a quienes resisten desde dentro bajo el peso del miedo, como a los que hoy hallan un refugio histórico en suelo mexicano: su exigencia de justicia y el anhelo de un regreso seguro a casa no ocurren en el aislamiento. La distancia puede imponer fronteras físicas, pero la memoria y la solidaridad internacional abrazan su causa.
El encierro de las voces íntegras solo demuestra que las rejas contienen cuerpos, pero jamás logran apagar el eco de un pueblo decidido a no dejarse olvidar. Un fuerte abrazo a la distancia; daremos puntual seguimiento al caso de Ruth Eleonora López.
¡No se detengan!
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Comparto el reportaje de Bryan Avelar del periódico español El País..
Un año presa en las mazmorras de Bukele: el coste de la disidencia para la activista Ruth López
La detención de la directiva de la organización Cristosal supuso un punto de inflexión que provocó el exilio de decenas de activistas y periodistas en El Salvador
Nota de BRYAN AVELAR
El País, Ciudad de Guatemala - 17 MAY 2026
Este lunes 18 de mayo se cumple un año desde que la reconocida activista y abogada Ruth Eleonora López fue enviada a prisión, el coste que hasta hoy ha tenido que pagar por desafiar al Gobierno de Nayib Bukele. De acuerdo con Cristosal, la organización de derechos humanos en la que trabajaba, López es una de las 86 personas identificadas como presos políticos que la organización ha logrado documentar bajo el actual Ejecutivo de El Salvador, que desde hace un año ha emprendido su mayor embestida en contra de activistas, periodistas y defensores de los derechos humanos.
La captura de López ocurrió cerca de la medianoche, luego de que un grupo de policías la sacó de su vivienda con engaños. Tras su detención, fue enviada a un centro penitenciario donde permaneció incomunicada, sin tener contacto con sus abogados ni con sus familiares. El 4 de junio, 17 días después, un juzgado de San Salvador decretó la prisión preventiva, después de que la Fiscalía la acusara inicialmente de peculado (malversación de fondos públicos) y posteriormente cambiara el delito al de enriquecimiento ilícito.
López se convirtió en una férrea crítica de Bukele mediante la defensa de los derechos humanos y la denuncia de la corrupción. De acuerdo con Cristosal, la letrada documentó y denunció más de 50 casos de corrupción y uso indebido de fondos durante los primeros cinco años del mandato de Bukele.
“No pasa ni un segundo en que yo no sienta personalmente la privación de libertad de nuestra amiga y colega Ruth. Ella consideró la defensa de la democracia, los derechos humanos y la lucha contra la corrupción como una responsabilidad personal, y hoy está presa por eso”, afirma Noah Bullock, director ejecutivo de Cristosal.
Claudia López, hermana de Ruth, dijo que la detención es, a su juicio, “un secuestro por parte del Estado salvadoreño”. “Este año ha sido sumamente difícil. Hemos tenido que soportar el dolor de no tener a una hermana amorosa, a una mujer llena de vida. Y también hemos tenido que sobrellevar la incertidumbre de un caso que se mantiene en la opacidad y bajo reserva jurídica. Esperamos que esté pronto con nosotros, porque el vacío que ha dejado nada lo podrá llenar hasta que esté de vuelta en nuestros brazos”, lamenta.
La acusación contra Ruth López surgió en el marco de la investigación contra Eugenio Chicas, exfuncionario del Gobierno de Salvador Sánchez Cerén, quien también fue capturado en febrero de 2025 por presunto enriquecimiento ilícito. La captura de Chicas se produjo tras años de enfrentamiento político con Bukele. En 2017, Chicas ganó una demanda contra el entonces alcalde de la capital y lo obligó a pagarle 50.000 dólares de indemnización y a disculparse públicamente, después de que este último lo acusara falsamente de abuso sexual. Una vez en el poder y con el control del sistema de justicia, el Ejecutivo de Bukele condenó a Chicas a pagar 200.000 dólares por el supuesto enriquecimiento ilícito y, posteriormente, le abrió una causa penal encaminada a una posible condena de cárcel.
Gina Romero, relatora especial de la ONU para la Libertad de Asociación y Asamblea, señaló este viernes su preocupación por el estado de López y advirtió de que la detención de la activista no es un hecho aislado. “Es un patrón: criminalizar a quienes denuncian la corrupción y el abuso del poder. Insto al Gobierno a garantizar su libertad, un juicio justo y un entorno seguro para las personas defensoras”, escribió en su cuenta de la red social X.
Un punto de inflexión
La captura de López significó un punto de inflexión para los derechos humanos en El Salvador. Un mes después, al menos 50 activistas, periodistas y defensores se exiliaron del país por temor a sufrir represalias. Diversas organizaciones como Cristosal, Human Rights Watch y la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) documentaron denuncias por posibles órdenes de captura en contra de críticos del Gobierno y reporteros.
La propia organización Cristosal tuvo que trasladar sus operaciones al exilio, aunque continúa su trabajo con las víctimas en el país centroamericano. “Ningún régimen puede detener la exigencia de miles de familias que piden justicia y libertad para los inocentes detenidos injustamente en El Salvador, y nosotros seguimos a su lado”, aseveró Bullock.
En el marco de la captura de López, otros activistas y voces disidentes fueron arrestados, como el defensor del derecho al agua Alejandro Henríquez y el líder comunal José Ángel Pérez. Ambos fueron detenidos tras protestar frente a la residencial privada donde vive Bukele, acusados de desórdenes públicos y “resistencia agresiva”, a pesar de que los vídeos difundidos en las redes sociales mostraron cómo fueron agredidos por los agentes policiales el día de la manifestación.
Posteriormente, el 7 de junio, el abogado constitucionalista Enrique Anaya fue capturado y acusado de lavado de dinero, apenas 24 horas después de aparecer en un programa de televisión criticando la gestión presidencial. Ese mismo mes, un estudio de opinión pública reveló que seis de cada diez salvadoreños temen criticar abiertamente a Bukele. En junio, durante su discurso del sexto año en el poder, el mandatario defendió las detenciones contra los críticos y atacó a los medios de comunicación, asegurando que no le importaba que lo llamaran dictador.
Seguimiento policial
Dos informes de inteligencia policial a los que ha tenido acceso EL PAÍS revelan que la Policía de Bukele monitoreó previamente las actividades públicas de López y de otros activistas. Los documentos ubican a dos abogados más de Cristosal en lo que la institución califica como “actividades de desestabilización social”.
Los informes fueron elaborados entre el 24 de marzo y el 19 de abril de 2022 por el Departamento de Técnicas Operativas de la Subdirección de Inteligencia Policial. Este diario tuvo acceso a ellos gracias a una filtración de 1,2 millones de correos internos de la Policía salvadoreña divulgada por el grupo de hacktivistas Distributed Denial of Secrets (DDO Secrets).
El primer informe, fechado el 24 de marzo, se titula Informe de novedades relevantes y actividades desarrolladas por las diferentes unidades adscritas a la Subdirección de Inteligencia Policial ocurridas durante el turno de las 00:00 horas a las 23:59 horas del día 24 de marzo de 2022. El texto describe, entre otros asuntos, una conferencia de prensa frente a la Corte Suprema de Justicia en la que López y Jonathan Sisco, ambos letrados de Cristosal, denunciaron el uso inadecuado de ivermectina para el tratamiento de la covid-19.
El segundo informe fue elaborado el 19 de abril bajo el título Resumen de actividades diarias DIRI. En el documento se detalla que ese día la Policía realizó tres monitoreos de “fuentes abiertas” y un seguimiento sobre el terreno “en busca de información de desestabilización social”. “A las 10:00 horas se dio cobertura y se recopiló información de una conferencia de prensa frente a la entrada principal de la Corte Suprema de Justicia [sic]”, reza el texto. Más adelante, especifica que en el lugar se observó a cuatro personas presentando una demanda de inconstitucionalidad, entre las que se encontraban López y Abraham Ábrego, también abogado y directivo de Cristosal.
El seguimiento y el espionaje a activistas, críticos y periodistas no es una práctica nueva bajo la Administración de Bukele. En 2022, una investigación de Citizen Lab identificó que los teléfonos de al menos 35 personas —entre periodistas, activistas y políticos— habían sido intervenidos con el software espía Pegasus. Tras la publicación del informe, López interpuso una demanda para exigir explicaciones al Ejecutivo, pero las autoridades se negaron a responder.
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