Crisis política en Colombia

El poder soy yo( Alvaro Uribe)
Al proponer un referendo para repetir las elecciones, Uribe pone en jaque la institucionalidad del país.

Publicado en la revista SEMANA, no 1365, 28/06/2008;

La feroz pelea entre el Presidente y la Corte Suprema de Justicia puede terminar haciéndoles más daño a las instituciones que los embates de la guerrilla o las garras del paramilitarismo. La yidis-política, un episodio burocrático que para muchos no es más que un trueque tradicional de la política clientelista, se convirtió en un detonante que está resquebrajando el Estado desde su propia cúspide.
El último episodio del pulso de poder entre el gobierno y la Corte está acercando al abismo la estabilidad institucional del país. La Corte Suprema, en el fallo que condenó a la congresista Yidis Medina a 47 meses de prisión, advirtió que la compra de su voto por parte de funcionarios del alto gobierno fue una "clara desviación de poder" que afecta la legalidad del acto legislativo que aprobó la reelección. Y, teniendo en cuenta que el voto de Yidis fue decisivo para ello, remitió el fallo para revisión de la Corte Constitucional, órgano encargado de pronunciarse sobre la constitucionalidad del acto.
El Presidente, desafiado en su dignidad, sintió que la Corte Suprema estaba cuestionando la legitimidad de su reelección y, en una decisión precipitada y con sabor a revanchismo, amenazó con pedir un referendo para apelar al pueblo y repetir los comicios de 2006.
Acto seguido, el alto gobierno mandó a dos de sus mosqueteros para que demandaran a la Corte Suprema ante la Comisión de Acusación. El ministro de Protección, Diego Palacio, interpuso una demanda penal porque, según él, los magistrados mintieron en el fallo. Y el alto comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo, solicitó que se investigue la supuesta penetración del paramilitarismo en la Corte Suprema.
En este cruce de cables se mezcla lo jurídico con lo político. Una cosa es cuestionar la legalidad del trámite en el Congreso que aprobó la reelección, y otra, muy distinta, es cuestionar la voluntad popular que le dio la legitimidad a la elección del presidente Uribe. El fallo jurídico de la Corte se ciñe a lo primero y la reacción del gobierno se centra en lo segundo. El Presidente dio una respuesta política a un problema jurídico. Lo que está en tela de juicio no es la mayoría que respaldó al Presidente en las urnas, sino si tenía o no el derecho de presentarse a ellas. Mientras estas dos ramas del poder se dan garrote, la tercera -el Congreso- está arrinconada y débil luego de que el huracán de la para-política le dio un golpe de gracia a su credibilidad. Y la Corte Constitucional espera la 'papa caliente' de la reelección en medio de cuestionamientos sobre su independencia y de críticas sobre su cercanía al gobierno.
Un panorama poco alentador y originado, en últimas, por el espinoso episodio de la reelección. Por algo, desde tiempos del libertador Simón Bolívar, este país ha sido poco fértil en cuestión de repetir períodos presidenciales.
En esta borrasca institucional no hay colombiano que no se pregunte qué va a pasar. Con estos vicios que tiene la reelección, ¿el Presidente puede terminar su segundo período? ¿La convocatoria a referendo que pidió el Presidente para celebrar nuevas elecciones perpetuará a Uribe en el poder? ¿Qué va a pasar con la 'Comisión de Notables' para reformar la política? ¿Y la recolección de firmas? ¿Hasta dónde llegará este choque de trenes? ¿Se va a descuadernar el país?
Es difícil prever todavía si el país está ante un susto o una hecatombe. Lo cierto es que el camino que abrió el Presidente con su propuesta de referendo puede poner en peligro los pilares de la democracia.
En primer lugar, porque el Presidente, al convocar un referendo, utiliza la majestad de su cargo para litigar en causa propia. En lugar de respetar la separación de poderes y esperar que se surtan los trámites diseñados por la ley -y darle tiempo a la Corte Constitucional de que resuelva el lío de la reelección-, se brinca las instituciones para acudir al pueblo. El mensaje tiene un fuerte tufillo caudillista: la rama judicial puede decir todo lo que quiera, pero, en últimas, él hará lo que clamen las masas.
En segundo lugar, quizás el efecto más perverso del referendo es que torpedea innecesariamente las instituciones encargadas de hacerles frente a peligrosa tenaza de la guerrilla, las bandas emergentes y el narcotráfico, flagelos que aún amenazan la libertad y la seguridad de los colombianos.
Además del Congreso, que vive el peor desprestigio de su historia por la para-política, van a quedar en entredicho el poder ejecutivo y el poder judicial. La Corte Suprema de Justicia, cuyas investigaciones trataban de acabar con la penetración de la mafia en la política, puede terminar investigada por un debilitado Congreso. Un Congreso que, a su vez, es investigado por la Corte Suprema. La justicia, que resplandecía en medio de un país cuya clase política regional estaba capturada por los grupos armados, y era vista como demostración de fortaleza institucional, puede terminar ahora contra las cuerdas.
Y, como si no bastara con lo anterior, el propio gobierno queda cuestionado. La propuesta del presidente Uribe de convocar un referendo para repetir las elecciones de 2006 es interpretada dentro y fuera de Colombia como el comienzo de una estrategia del mandatario para perpetuarse en el poder al mejor estilo de vecinos de ingrata recordación como Fujimori, Menem o el mismo Chávez.
Con la fórmula de 'repetir' las elecciones de 2006, Uribe puede terminar adelantando las elecciones de 2010. Y así transforma el referendo para la segunda reelección -que si bien ya está recogiendo firmas, no es fácil de vender- en una ratificación de la primera reelección.
Si el Presidente mantiene su propuesta de convocar al Congreso para un referendo, cambiaría por completo la percepción internacional y el ajedrez político nacional.
En la comunidad internacional la noticia no puede ser más negativa. Sobre todo cuando en Estados Unidos, el primer socio comercial y aliado militar de Colombia, Barak Obama se perfila como el más opcionado para ganar la presidencia, lo que le devolvería el carácter demócrata a la Casa Blanca. Obama no es precisamente un político cercano ideológicamente a Uribe. Ya lo ha dejado claro en temas como los derechos humanos y el TLC. Y estas insólitas jugadas de política interna dejan a Colombia más como una república bananera que como un país serio.
La inversión extranjera, que ha sido el principal motor de la economía en los últimos dos años, sería otra gran damnificada. Esa inversión, tan crucial para generar riqueza y que ha sido siempre un caballito de batalla del presidente Uribe para frenar iniciativas como la de la 'silla vacía', se podría ver muy afectada con el famoso referendo. Ya lo dijo Richard Francis, encargado de analizar a Colombia para Standard & Poor's en Nueva York: "Un tercer mandato debilitará los balances y eso no sería del mejor interés a más largo plazo".
En el ámbito interno también hay muchas inquietudes. La Comisión de Notables que el primer mandatario convocó para hacer un ajuste institucional queda ante una encrucijada. Si la propuesta del referendo persiste, es muy difícil que haya una comisión seria que se le mida a hacer una propuesta de reforma política estructural. No en vano el ex vicepresidente Humberto de la Calle, la cabeza visible del grupo de notables, ya dijo que no haría parte de la comisión si estaba de por medio la tercera elección del presidente Uribe.
Finalmente, la propuesta de reforma a la Justicia que hizo el recién estrenado ministro del Interior y Justicia, Fabio Valencia Cossio, queda en el limbo. Mientras siga la pelea entre el Ejecutivo y la Corte Suprema, cualquier intento de reforma a la justicia por parte del gobierno será interpretado como un acto de venganza que no tendrá viabilidad política.
Por todo lo anterior, lo más razonable es que el Presidente desista de su idea de convocar un referendo para demostrar que su segunda elección fue legítima. Por estas mismas razones, para muchas personas que conocen el pragmatismo y el olfato político del Presidente, esta pelea está más relacionada con su bronca con la Corte Suprema que con un artilugio para hacerse reelegir.
Si de oficio la Corte Suprema le compulsó copias a la Corte Constitucional para que revise el acto legislativo que aprobó la reelección, ésta tiene dos posibilidades. La primera, argumentar que ya caducaron los términos para revisar vicios de trámite, o que ya se trata de una cosa juzgada sin lugar a revisión. Y la segunda, admitir que por la existencia de hechos nuevos -la compra de un voto-, se podría revisar su legalidad. Pero sería la legalidad del acto legislativo y no la de la elección de Uribe.
Aun en este escenario es muy remoto que la Corte 'tumbe' la reelección, pues frente a este tema ya se pronunció sobre la forma y el fondo. Entonces existe una probabilidad muy alta de que no pase nada allí y de que el referendo sea completamente innecesario, y lo único que se lograría, si el Presidente insiste en él, es agudizar una peligrosa pugna entre dos ramas del poder público.
Los esfuerzos del gobierno se deberían concentrar en buscarle caminos a una reforma política que permita recobrar la legitimidad y la dignidad en el ejercicio de la política. Fortalecer los partidos, recuperar la credibilidad del Congreso, blindar a los candidatos de los tentáculos de la mafia y los grupos armados ilegales o perfeccionar el acceso al poder. Es imperioso que el Presidente estimule la sana controversia entre los poderes públicos y no propicie un ambiente de estigmatización y maniqueísmo. La vida pública colombiana necesita un nuevo aire para enfrentar los verdaderos problemas del país: el conflicto con la guerrilla, el posconflicto con los paramilitares, mejorar la competitividad, combatir la desigualdad, entre otros.
Colombia ha entrado en un camino peligroso. De un pulso de poder se ha pasado a poner en juego a las instituciones que han evitado que naufrague a pesar de la guerra, el narcotráfico y la corrupción.
Un país con estos flagelos, y con las tragedias que padecen a diario miles de colombianos, no puede darse el lujo de llevarse por delante la seriedad institucional que tantos años, sudor y lágrimas le ha costado construir dentro y fuera de sus fronteras.

¿Es posible el referendo que propone Uribe?
1. Algunos constitucionalistas consultados consideran que 'repetir' unas elecciones, como propone hacer Uribe con las de 2006, no se debe hacer a través de un referendo, que es una figura que se utiliza para aprobar normas jurídicas, sino a través de un plebiscito en el cual el pueblo le exprese la confianza al mandatario. La diferencia entre uno y otro es que el plebiscito necesita más votos: que diga sí un tercio del censo electoral. Mientras tanto, el referendo requiere que salga a votar una cuarta parte del censo, es decir, menos gente, y de estos, que más de la mitad lo apruebe.

2. Si de todas maneras prospera la idea del referendo, habría que ver cómo se concilia con las firmas que ya se están recogiendo. En principio se tendría que comenzar de nuevo todo el proceso. Porque la propuesta con la cual se han recogido las firmas es: "Quien haya ejercido la Presidencia de la República por dos períodos constitucionales, podrá ser elegido para otro período". La cual no coincide con ninguna de las dos propuestas que ha hecho el gobierno para el referendo: la del Presidente, que pide repetir las elecciones de 2006, y la del ministro Fabio Valencia Cossio, que dice que serían una elecciones con todos los candidatos nuevos.

3. Los pasos que se necesitan para aprobar un referendo son los siguientes: primero, conseguir 140.000 firmas para inscribir el referendo ante la Registraduría. Después, recoger 1.403.069 firmas (el equivalente al 5 por ciento del censo electoral) para radicar el proyecto de referendo en el Congreso. Y luego, si logra ser aprobado en el Parlamento, debe ser aprobado en las urnas por 7,5 millones de votos. Ese ese número de votos nunca se ha visto en el país. En 2002, para la presidencia, Uribe obtuvo 5,8 millones de votos, y en las elecciones de 2006 casi 7,4 millones. De por medio, además, está la experiencia amarga del referendo de 2003, que si bien no es comparable por la dificultad de los temas y el número de preguntas, es un referente: esa vez fueron 5,8 millones de votos.

4. El términos de tiempo, si las firmas se recogen al ritmo que lo están haciendo hoy para el referendo de la segunda reelección, en menos de un mes se podría obtener todas las necesarias para radicar el proyecto en el Congreso. Y como el referendo es una ley, podría estar aprobada antes de diciembre para ir a votaciones en el primer semestre del año entrante.

5. De todas maneras, el referendo también tendría que pasar por revisión de la Corte Constitucional, y el hecho de que vuelva a estar en competencia el presidente Álvaro Uribe podría ser complicado desde el punto de vista constitucional. Cabe recordar que en el fallo de la primera reelección, la Corte le dio su aval, con la advertencia de que se podía reelegir una sola vez, una segunda ya rompería el equilibrio de poderes mínimo necesario en una democracia.

Y faltaba la Procuraduría...
Uno de los principales argumentos de defensa que ha esgrimido el gobierno en el caso de la Yidis-política, que ha puesto en tela de juicio la reforma que permitió la reelección del presidente Álvaro Uribe, es que hasta ahora sólo se trata de una "autoincriminación" de la ex congresista y que ninguna autoridad ha demostrado la culpabilidad de los altos funcionarios investigados.Por eso, la decisión de la Procuraduría de abrir pliego de cargos contra los funcionarios acusados de ofrecer contratos y notarías a Yidis para lograr su voto favorable a la reelección en 2004 cayó como sal en la herida. La Procuraduría no sólo se alinea con la Corte Suprema y su duro fallo de esta semana que provocó una aun más violenta reacción del gobierno, sino también con la Fiscalía, que encontró indicios tan graves que decidió vincular al ex ministro Sabas Pretelt con indagatoria. Los afectados con la medida de la Procuraduría son el hoy embajador en Italia, Sabas Pretelt; el ministro de Protección Social, Diego Palacio; el ex superintendente de notariado y registro José Félix Lafaurie, y el ex director del DAS Jorge Noguera. La Procuraduría considera que estos funcionarios se habrían extralimitado en sus funciones

Hamas y Hezbollah socios del narco en México

Socios del narco mexicano
J. Jesús Esquivel, reportero.

Publicado en la revista Proceso, no. 1652, 29 de junio de 2008;

De acuerdo con un informe de inteligencia del gobierno de Estados Unidos obtenido por Proceso, Hamas, Hezbollah y otros grupos radicales islámicos se han convertido en socios de los cárteles mexicanos del narcotráfico: los proveen de armas y los ayudan a distribuir droga en Europa y Medio Oriente. Funcionarios de la DEA y del Departamento de Justicia adelantan a este semanario que “en los próximos días” realizarán un operativo en la frontera compartida por Brasil, Argentina y Paraguay –donde están asentados los grupos radicales islámicos– que mostrará los nexos de éstos con los narcotraficantes mexicanos.
WASHINGTON.- Grupos terroristas islámicos venden armas a cárteles mexicanos del narcotráfico y colaboran con ellos para distribuir droga en Europa y Medio Oriente.
Tal es una de las conclusiones del informe titulado Logros del año fiscal 2007, elaborado por el Centro Nacional de Inteligencia sobre Drogas (NDIC, por sus siglas en inglés), dependiente del Departamento de Justicia de Estados Unidos.
“La información de inteligencia y las investigaciones sobre narcoterrorismo que hemos realizado identifican nexos entre los narcotraficantes mexicanos, los de Filipinas y de Colombia con elementos pertenecientes a organizaciones extranjeras calificadas como terroristas por el Departamento de Estado”, indica el documento de inteligencia del NDIC, una de cuyas copias obtuvo este semanario.
Con base en información de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), de la Agencia Federal Antidrogas (DEA) y de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), el documento del NDIC subraya:
“Los resultados de 74 investigaciones sobre narcoterrorismo que ha llevado a cabo la División de Operaciones Especiales de la DEA documentan que grupos islámicos con presencia en la frontera común de Argentina, Brasil y Paraguay, lavan dinero, venden armas y trafican drogas de las principales organizaciones criminales mexicanas”.
Narcoterrorismo
El documento indica que la mayor parte de las agrupaciones islámicas con presencia en Sudamérica están vinculadas con los palestinos y que utilizan las ganancias que obtienen de su relación con los narcotraficantes de México y del resto de América Latina para financiar sus causas.
Identifica a grupos como Hezbollah, Hamas, Frente para la Liberación Palestina, Organización para la Liberación de Palestina y al Frente Popular para la Liberación de Palestina como los socios árabes de los carteles del narcotráfico de México.
“Grupos como Hezbollah y Hamas
–precisa– han traficado en Europa y el Medio Oriente grandes cantidades de heroína y cocaína que les venden los narcotraficantes de México, Colombia, Perú, Bolivia y Brasil”.
Y agrega: “Además, estos grupos terroristas han establecido contratos multimillonarios para vender armas a los narcotraficantes mexicanos y colombianos”, las cuales son comercializadas por “proveedores criminales de Yemen, Kuwait, Siria, Argentina, Brasil y Bulgaria”.
Un funcionario del NDIC consultado por Proceso sobre el contenido del documento de inteligencia, comenta: “En los últimos cinco o seis años los cárteles de la droga de México se han posicionado como las organizaciones criminales más poderosas de América Latina. Y como éstas tienen ya un alcance intercontinental en el trasiego de narcóticos, los grupos terroristas del Medio Oriente no han querido perder la oportunidad de sacarles dinero”.
“Se habla mucho de que las armas utilizadas por los principales cárteles de México llegan de Estados Unidos, pero casi no se menciona que muchas de éstas, decomisadas por las autoridades mexicanas a los narcotraficantes, son fabricadas en Europa o en Medio Oriente y que son del tipo que utilizan los grupos islámicos que apoyan la causa palestina”, apunta el funcionario del NDIC, quien pide el anonimato debido a que sus comentarios se refieren a un documento de inteligencia no desclasificado.
Ese documento señala: “También se identificó un lazo de cooperación entre el crimen organizado de México con narcotraficantes de la región sur de Filipinas, y con elementos de las organizaciones terroristas Abu Sayyaf y Jamayah Islamiyah”.
El documento del NDIC no identifica los cárteles del narcotráfico de México relacionados de manera directa o indirecta con los grupos radicales islámicos. Sin embargo, un funcionario del Departamento de Justicia consultado por este semanario dice que se trataría de los cárteles del Golfo, de Sinaloa, de los Arellano Félix, así como de Los Zetas. Un vocero de la DEA confirmó a Proceso que se trata de los “tres o cuatro principales cárteles” que operan en territorio mexicano.
“Por ahora no podemos señalarlos (a dichos cárteles) porque en los próximos días llevaremos a cabo una operación en Sudamérica (en la frontera común de Argentina, Brasil y Paraguay) contra Hezbollah debido a su relación con narcotraficantes sudamericanos y mexicanos”, comenta el vocero de la DEA, quien también solicita el anonimato por tratarse de una investigación en curso.
Advertencias
Desde los setenta, las agencias estadunidenses comenzaron a advertir que grupos islámicos establecidos en Sudamérica se dedicaban a traficar armas en la región. Sin embargo, en el último lustro los narcotraficantes mexicanos se convirtieron en sus principales clientes.
“El cambio más notable es que ahora los grupos islámicos ubicados en Sudamérica trabajan para los narcotraficantes mexicanos como distribuidores de droga en Europa y Medio Oriente. Es más: tenemos información de que los cárteles de México pagan con droga (heroína, metanfetaminas y cocaína) las armas que les venden los grupos terroristas”, asegura el vocero de la DEA.
El 30 de enero de 2006, Michael Brown, jefe de Operaciones de la Agencia Federal Antidrogas, informó al Subcomité de Asuntos del Hemisferio Occidental de la Cámara de Representantes de Estados Unidos que desde los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, las agencias federales intensificaron sus investigaciones sobre la presencia de grupos terroristas islámicos en Sudamérica y que, como resultado de ello, descubrieron que éstas tenían nexos con las organizaciones del narcotráfico en la región.
Brown explicó que los grupos islámicos obtienen de ello grandes ganancias y puso ejemplos: “Una inversión de 6 mil dólares en la compra de un kilogramo de cocaína a narcotraficantes mexicanos o colombianos, puede redituarles una ganancia mínima de 30 mil dólares por la venta de esta droga en España (…) de 110 mil dólares en Hungría o Israel y hasta de 150 mil dólares en Arabia Saudita”.
Otros documentos de inteligencia del Departamento de Justicia –cuyas copias también obtuvo Proceso– indican que los narcotraficantes mexicanos establecieron los primeros contactos con grupos radicales islámicos, como Hezbollah, a principios de esta década y por intermedio de narcotraficantes colombianos, brasileños, peruanos, así como de integrantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
“La frontera tripartita (de Brasil, Argentina y Paraguay) es utilizada como el punto central para el trafico de cocaína que se lleva a Europa y otras regiones del mundo. Grupos como Hezbollah y Hamas están obteniendo enormes cantidades de dinero procedente de las drogas que les venden principalmente los narcotraficantes mexicanos”, destaca uno de los documentos del Departamento de Justicia fechado el 9 de mayo de 2006.
Respecto de las armas que los grupos islámicos venden a los narcotraficantes mexicanos, el informe de inteligencia del NDIC señala que éstas proceden de Medio Oriente y Europa. Llegan primero a Sudamérica. Después, los “contactos criminales de los grupos islámicos” y “sus agentes libaneses” –que se encuentran distribuidos en todo el continente, pero con “amplia concentración en Centroamérica”– las transportan a México por “mar, tierra y aire”.
“Les venden todo tipo de armas, desde las más elementales hasta equipo para derribar helicópteros o destruir tanques (…) como los que usan Hezbollah o Hamas para atacar al ejército israelí en los Territorios Ocupados de Palestina o en el Líbano”, indica el documento.
“Tenemos también evidencias de que las pandillas centroamericanas, como la Mara Salvatrucha de El Salvador, también colaboran con los grupos terroristas islámicos en el transporte de armas y municiones que tienen a México como destino final”, precisa el ya citado funcionario del Departamento de Justicia.
Uno de los documentos de esa dependencia del gobierno estadunidense indica que el ambiente político de izquierda que priva en Sudamérica y que tiende a ser de confrontación con la política exterior del presidente George W. Bush, es aprovechado por grupos como Hamas y Hezbollah, los cuales encontraron en la frontera común de Brasil, Argentina y Paraguay una especie de refugio y un centro de operaciones transnacionales, tanto para vender armas a México como para traficar drogas a Europa y Asia. Ello a su vez –señala ese documento– permite a los narcotraficantes mexicanos pasar casi inadvertidos en el financiamiento indirecto de actos terroristas que grupos radicales islámicos cometen contra Israel.
“La operación contra Hezbollah que daremos a conocer en los próximos días pondrá en evidencia la clara relación que existe entre el narcotráfico y los grupos islámicos, pero sobre todo mostrará a los gobiernos latinoamericanos el enorme potencial criminal con el que cuentan actualmente las organizaciones del crimen organizado de la región. Particularmente, mostrará a las autoridades mexicanas que estas organizaciones (islámicas) son una gran amenaza para la seguridad nacional de su país, de Estados Unidos e, incluso, de algunos países suda-mericanos”, remata el funcionario del Departamento de Justicia.

Debate por Pemex

Agentes de trasnacionales, los que avalan la propuesta calderonista
Jenaro Villamil, reportero.

Publicado en la revista Proceso, 1652, 29 de junio de 2008;
Aun cuando el presidente Felipe Calderón se queja porque, dice, en los 13 foros organizados por el Senado para discutir la iniciativa de reforma petrolera no ha habido debate y predominan las controversias ideológicas y los políticos sobre los técnicos, lo cierto es que estos últimos han llevado la batuta y avalan la propuesta calderonista. Los opositores, a su vez, señalan que técnicos como Adrián Lajous y Francisco Barnés, entre otros, son personeros de trasnacionales como Dupont y Schlumberger.
Ni técnicos ni ajenos a posiciones ideológicas, la mayoría de los 46 defensores de las seis iniciativas de reforma a Pemex en los 13 foros efectuados en el Senado responden a los intereses de trasnacionales como Dupont, Halliburton, Schlumberger, Shell, Repsol o a consultorías como McKinsey.
Durante todo este mes, el presidente Felipe Calderón se quejó en tres ocasiones de que en los debates parlamentarios predominaron las controversias políticas o ideológicas, lo que impidió que hubiera polémica “en los planos técnicos y de los hechos”.
El martes 24, durante su gira por Escárcega, Campeche, insistió en que “son los técnicos y no los políticos los que decidirán qué se necesita y cómo se necesita en Pemex”. Veinte días antes, durante su gira por España, presumió ante representantes de corporativos como Repsol e Iberdrola que su reforma no ha sido desacreditada en sus “contenidos y orientaciones técnicas”.
Sin embargo, un balance de los 13 foros realizados hasta el jueves 26 revela que los defensores de la iniciativa calderonista no son técnicos sin intereses corporativos, sino representantes de poderosas trasnacionales que están interesadas en obtener contratos de exploración en aguas profundas o en los pozos de Chicontepec.
De los 46 defensores, sólo nueve no están vinculados a consultoras o corporaciones trasnacionales, pero cinco sí son funcionarios de Pemex, dos trabajan en la Comisión Reguladora de Energía y otros tantos en la Secretaría de Hacienda, incluyendo al subsecretario Alejandro Werner, quien participó en el duodécimo foro, y el propio titular de Hacienda, Agustín Carstens, quien intervendrá en el debate de este martes 1 de julio, en el que discutirá sobre la Situación Financiera y Presupuestal de Petróleos Mexicanos.
La denuncia contra Lajous
En el quinto y séptimo foros, donde se discutió sobre Transición y Seguridad Energética y Exploración, y Explotación y Restitución de Reservas Petroleras, respectivamente, la mayoría de los defensores de los “aspectos técnicos” de la reforma calderonista fueron personajes vinculados a trasnacionales petroleras o a consultorías que trabajan para éstas.
Uno de los más destacados es Adrián Lajous, director de Pemex de 1994 a 1999, quien en el séptimo foro abogó en favor de que la iniciativa privada participe en los trabajos de exploración y explotación de reservas petroleras. Según su currículum, Lajous es miembro del equipo de directores del corporativo Schlumberger, así como “asesor senior” de la consultora McKinsey, empresa que de 2001 a la fecha ha recibido 15 contratos de asesoría en Pemex, según informes de la Cámara de Diputados, y presidente de Petrométrica, compañía consultora de energía.
En el quinto foro, sobre Transición y Seguridad Energéticas, el 27 de mayo el exrector de la UNAM Francisco Barnés de Castro dijo que es necesario “abrir el negocio de la refinación a la competencia y permitir la participación de capital privado”. Exfuncionario de la Secretaría de Energía e integrante de la Comisión Reguladora de Energía, Barnés también fue asesor de Dupont, poderosa trasnacional dedicada a la manufactura de productos químicos y derivados de la petroquímica.
Tan sólo el 19 de diciembre de 2005, Dupont recibió contratos por 2 mil 635 millones de pesos de Pemex Refinación, de acuerdo con los informes difundidos a través de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Otros fueron Gerardo Gil Valdivia, exdirector de Mexpetrol y vinculado a empresas petroleras que adquirió Repsol en Argentina; Gustavo Bonilla Pérez, expresidente de la Asociación de Ingenieros Petroleros y asesor y consultor de Schlumberger y Shell; Adán Ernesto Oviedo Pérez, creador de la Compañía Mexicana de Exploraciones (Comesa), actualmente vinculada a Schlumberger en las exploraciones de Chicontepec, y Ernesto Marcos Giacoman, consultor independiente y miembro del Consejo de Administración de la española Repsol, quien participó en el duodécimo foro que discutió el destino de la renta petrolera.
Así mismo otros defensores de las iniciativas calderonistas trabajan para consultorías, bancos o cámaras empresariales interesadas en la apertura a la inversión privada. Son los casos de José Luis Aburto Ávila, director de Petrelec y “consultor de varias empresas de energía”, según su currículum; de Eduardo Andrade Iturribarría, expresidente de la Asociación Mexicana de Energía y vinculado al Grupo Techint, cuya subsidiaria Tecpetrol tiene proyectos de exploración y producción de petróleo y gas en varios países de América Latina; de Othón Canales Treviño, integrante de Consultores Indica, que ha trabajado para Dupont; del empresario Jorge Padilla Acevedo, dirigente de la Cámara Nacional de Autotransportes de Carga (Canacar); del fiscalista José Suárez Coppel, vicepresidente de Administración y Finanzas del Grupo Modelo y director de Finanzas de Televisa, quien defendió un régimen fiscal favorable a aquellas empresas que participen en exploraciones de riesgo en Chicontepec o en aguas profundas; de Juan Antonio Bargés Mestre, exconsejero de Pemex, Nacional Financiera y Bancomext, quien además ha trabajado para Kimberly-Clark, Grupo Alfa, Banamex y Dupont.
Durante el séptimo foro, realizado el martes 3, el ingeniero petrolero Ricardo Prian Caletti, presidente de la Asociación de Ingenieros Petroleros en México, y María Fernanda Campa, ingeniera jubilada de Pemex e hija del legendario dirigente ferrocarrilero Valentín Campa, coincidieron en denunciar a Adrián Lajous, presente en el debate, por sus vínculos con Schlumberger y Halliburton, así como por beneficiar a la compañía Netherland Sewell Internacional, a la que se le encargó la inyección de nitrógeno en lugar de gas natural en los yacimientos de Cantarell.
“Pemex ha perdido casi 614 millones de dólares en cuatro años por recurrir a trasnacionales que no tienen o no desean compartir su tecnología para hacer rentable la explotación de las reservas posibles contenidas en los campos de Chicontepec que ascienden, según los datos oficiales de Pemex, a más de 18 mil millones de barriles”, afirmó Prian Caletti.
El también fundador del Grupo de Ingenieros Pemex Constitución del 27 insistió en que “Chicontepec es un claro ejemplo de socialización de las pérdidas y privatización de las ganancias”; incluso le reprochó a Lajous que durante su época como director de la paraestatal desoyó las protestas de este grupo. “El señor Lajous nos dijo que lo que pasa es que nosotros somos una bola de viejitos enamorados de sus fierros”, recordó Prian Caletti.
María Fernanda Campa habló sobre los vínculos de Francisco Barnés y de Adrián Lajous con empresas trasnacionales: “Adrián Lajous es funcionario y accionista de Schlumberger y Barnés es asesor de la bien conocida trasnacional Dupont. A través de Comesa, que es una empresa exploratoria filial de Pemex con 60% de capital de Pemex y 40% del consorcio Schlumberger, se otorgan contratos a esta última sin la licitación pública de ley, como la perforación de los pozos en Chicontepec, sin éxito y con grandes pérdidas para la paraestatal”, señaló Campa. Los asistentes al foro permanecieron en silencio.
Lajous trató de evadir las acusaciones y se concentró en defender la existencia de los llamados “contratos incentivados” para inversionistas privados porque “alienta la eficacia de la actividad, su eficiencia o el éxito de la obra o servicio contratado”.
Fue hasta la tercera y última ronda cuando quien fue director de Pemex durante el sexenio de Ernesto Zedillo señaló que “difería” de las opiniones de Campa y Prian Caletti, pero no desmintió sus vínculos con las trasnacionales.
“No responderé desde luego a sus comentarios que sólo buscan descalificarme en lo personal; creo que no es el sitio para descender a este tipo de acusaciones”, concluyó Lajous.
La defensa de la apertura a particulares en petroquímica, refinación, en materia de transporte, almacenamiento y distribución de hidrocarburos se repitió en los foros del 10, 12 y 17 de junio por parte de los “técnicos” propuestos por el PAN y el gobierno federal.
En el debate del martes 24, sobre el destino de la renta petrolera, Ernesto Marcos Giacoman, funcionario de Pemex durante el salinismo y “consultor independiente”; Alejandro Reynosa del Valle, economista del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), y Alejandro Hernández Delgado expusieron que se debe permitir la inversión privada en los sectores de petroquímica y refinación “que no generan renta petrolera”.
En el foro del jueves 26, sobre el régimen fiscal de Petróleos Mexicanos, cuatro de los ocho participantes demandaron mayores “facilidades fiscales” para las empresas privadas que inviertan en labores de exploración y producción de hidrocarburos: Herbert Bettinger Barrios, socio del despacho Mancera; Roberto Newell, exconsultor de McKinsey y actual presidente del Instituto Mexicano de la Competitividad; Juan José Suárez Coppel, vicepresidente del Grupo Modelo, y José Antonio Meade Kurbeño.
“Yo no puedo dejar de señalar las similitudes entre este esquema propuesto para Chicontepec y las Aguas Profundas con los famosos convenios operativos que propiciaron litigios entre el gobierno venezolano y las trasnacionales”, les respondió Fluvio Alarcón, del Observatorio Ciudadano de Energía, una organización civil que desde la década pasada se opone a la privatización del sector.
En el mismo sentido, Mario Di Costanzo destacó que la reforma fiscal propuesta por Calderón como parte del paquete energético, “es para los inversionistas privados”, no para Pemex.
Priistas y opositores
Durante los 13 foros realizados hasta ahora, 36 de los ponentes, quienes fueron invitados por integrantes del Frente Amplio Progresista (FAP), se opusieron abiertamente a la reforma de Calderón. Entre ellos destacan Cuauhtémoc Cárdenas, José Agustín Ortiz Pinchetti, Lorenzo Meyer, Claudia Sheinbaum, Javier Jiménez Espriú, Porfirio Muñoz Ledo, Jaime Cárdenas, Juventino Castro y Castro, Arnaldo Córdova, Raúl Carrancá, Sergio García Ramírez y Luis Javier Garrido.
Todos ellos participaron en los primeros cuatro foros sobre los principios y el análisis innstitucional de la reforma energética.
En el sexto foro, en el que participaron los gobernadores, el jefe de Gobierno capitalino, Marcelo Ebrard, propuso el 29 de mayo que se realizara una consulta ciudadana, programada para el próximo 27 de julio, y borró la propuesta de la “tercera vía” presentada por el gobernador priista Fidel Herrera, mediante la cual se proponía que los estados crearan empresas que pudieran asociarse con Pemex.
De 3 al 26 de junio, los opositores propuestos por el FAP se han enfrentado a quienes el gobierno federal y el PAN consideran “técnicos desideologizados”. La confrontación con datos, números y políticas fue más clara en el debate del martes 24 sobre el destino de la renta petrolera. La profesora Ifigenia Martínez y los economistas Rolando Cordera y Arturo Huerta se confrontaron con la visión de los otros participantes, incluyendo el subsecretario de Hacienda, Alejandro Werner.
Los ponentes explícitamente vinculados al PRI se han desdibujado, salvo en los casos de su dirigente nacional, Beatriz Paredes, quien participó en el primer debate del 13 de mayo; de Francisco Rojas, exdirector de Pemex, opositor a la reforma y presidente de la Fundación Colosio, quien participó el 27 de mayo.
Fuentes internas del PRI se quejaron ante Proceso por el hecho de que los responsables de definir a los integrantes del debate son los tres miembros de la Mesa Directiva de la Comisión de Energía: Francisco Labastida, el panista Rubén Camarillo y el perredista Graco Ramírez. Al PRD le garantizan “tres opositores”, pero Labastida y Camarillo benefician la posición gubernamental.
En su balance de los 13 foros realizados hasta ahora, el coordinador de la bancada del PRI en el Senado, Manlio Fabio Beltrones, afirmó que como resultado de un “análisis detallado” de lo expuesto hasta ahora, los aspectos clave para mejorar la gestión de Pemex son, entre otros, los siguientes:
“Garantizar a Pemex recursos propios suficientes para reinvertir en la propia industria; utilizar parte de los excedentes para reconfigurar y construir nuevas refinerías; asignar mayores recursos al Instituto Mexicano del Petróleo; establecer programas de simplificación administrativa, y resolver el problema de la excesiva deuda de Pemex”.
Beltrones no mencionó ninguna de las líneas fundamentales de la “reforma de Pemex” calderonista: apertura a capital privado en refinerías, petroquímico, transporte, almacenamiento y ductos; ni los contratos incentivados para aguas profundas.

De la denuncia, a la amistad
Carlos Acosta Córdova, reportero.
Publicado en la revista Proceso, No 1652, 29 de junio de 2008,

El gobierno de Felipe Calderón y el sindicato que encabeza Carlos Romero Deschamps afianzan el pacto que establecieron desde marzo pasado, por medio del cual el gobierno mantiene intocados los privilegios de esa organización, en tanto que ésta apoya la reforma petrolera calderonista.
Pero este apapacho al Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) era impensable hace unos años, cuando Felipe Calderón era coordinador del grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados y promovía con denuedo el desafuero de Romero Deschamps y Ricardo Aldana para juzgarlos por el desvío de recursos a la campaña presidencial del PRI en el 2000.
Su argumento entonces era: con el Pemexgate, la dirigencia de los petroleros coronaba décadas de corrupción, privilegios, delincuencia, y ahora –corría el año 2002–, con el apoyo del PRI pretenden tener al Congreso, al gobierno, como rehenes de la impunidad, pues amenazan con paralizar al país no sólo para impedir las reformas estructurales que plantea el gobierno, sino para evitar el castigo a sus ilícitos.

Eso decía Calderón al inicio del gobierno de Vicente Fox.
Pero ahora, cuando clama por apoyo a su reforma energética, resulta que su gobierno es el principal defensor del sindicato petrolero. Y le tocó nada menos que a Jesús Reyes Heroles González-Garza, el director general de Pemex, ser el conducto para poner al sindicato y a los trabajadores de la paraestatal como ejemplo de responsabilidad, respetabilidad, eficiencia y entrega.
El miércoles 4 de junio, la secretaria de Energía, Georgina Kessel, convocó a conferencia de prensa conjunta con Reyes Heroles –uno de tantos esfuerzos infructuosos de convencimiento– para hablar de la reforma y replicar a algunas de las críticas planteadas en los foros senatoriales. Un reportero se dirigió a Kessel para preguntarle si el gobierno aceptaría una iniciativa de reforma energética que elimine los privilegios del sindicato y sus líderes, disminuya la excesiva y onerosa plantilla laboral –que suma más de 140 mil trabajadores, entre sindicalizados y de confianza–, y evite que el sindicato, como lo dijo en el foro del día anterior Adrián Lajous, exdirector de Pemex, se lleve parte de la renta petrolera.
La secretaria se aprestaba a contestar, pero Reyes Heroles se le adelantó rápido, nervioso: “Ya sé que no es para mí la pregunta, pero si me dan chance doy mi opinión”. Y, sin esperar el “chance”, apuró: Antes que criticarlos o señalar los privilegios que tienen los trabajadores petroleros, hay que “hacerles un reconocimiento por su gran calidad”, pues “producen del orden de 3 millones de barriles de petróleo todos los días, que producen 6 mil 500 millones de pies cúbicos diarios de gas, que producen 1 millón 300 mil barriles diarios de productos refinados y los distribuyen, y que producen gas y petroquímicos básicos”.
También dijo que son erróneas las comparaciones “fáciles” sobre el desempeño de los trabajadores de Pemex frente al que registran los de otras empresas petroleras internacionales en términos de productividad y eficiencia. Que tampoco es correcto decir que los trabajadores petroleros tienen remuneraciones mucho mejores a las que perciben trabajadores de otras ramas industriales. Casi grita: “No es inédito ni exclusivo de México (que ganen mucho los petroleros), porque trabajan en una industria de riesgo, porque trabajan en condiciones rudas”.

Criticó también al exdirector de Pemex, Adrián Lajous, quien el día anterior –en el marco del séptimo foro senatorial sobre el debate de la reforma energética– había dicho que por los altos sueldos y el exceso de personal, el sindicato se lleva parte de la renta petrolera.
Lajous, director de Pemex de diciembre de 1994 a 1998, fue al grano: “El sindicato petrolero ha logrado apropiarse, directamente, de una parte de la renta económica del petróleo a través de remuneraciones y prestaciones generosas y altos niveles de sobreempleo; también ha contribuido a disipar la renta económica al exigir e imponer prácticas laborales que afectan la eficiencia operativa de la empresa.”

Pero Reyes Heroles, tras año y medio en el cargo, cree lo contrario. Dijo que la nómina de Pemex “está en línea con la de otras petroleras”, y exigió “hacer una serie de ajustes antes de brincar a conclusiones sobre la idea de que el trabajador petrolero mexicano está sobrepagado”.
“Pesada carga” o capital político
A juzgar por esas palabras, Reyes Heroles descreyó también de su antecesor en la dirección general de Pemex, Luis Ramírez Corzo. A finales de 2005, éste reconoció que la plantilla de la paraestatal estaba excedida en por lo menos 30 mil trabajadores; que de igual número de plazas podría prescindirse. Sólo el sindicato cuenta con 101 mil trabajadores.
Igual la nómina, tan alta como irracional –gracias a los ventajosos contratos colectivos y a los acuerdos, muchas veces subrepticios, entre empresa y líderes–: datos de Pemex, de marzo de este año, señalan que se destinan 61 mil 911 millones de pesos (de un total de 81 mil 140 millones de gasto corriente; es decir, 76%) para el pago de salarios y prestaciones a cerca de 145 mil trabajadores y empleados (sindicalizados y de confianza).
El gobierno de Vicente Fox fue particularmente generoso con el sindicato. No sólo se le dio carpetazo a la investigación del millonario desvío de recursos a la campaña de Francisco Labastida en 2000, el célebre Pemexgate, sino que las revisiones contractuales y los convenios respectivos le redituaron al sindicato millonadas de escándalo, como la de 2005-2007, por casi 8 mil millones de pesos.
En el gobierno actual no han sido distintas las cosas. La revisión 2007-2009 y los convenios correspondientes sumaron casi 3 mil millones. Reyes Heroles autorizó, además de mil 700 millones, otros 200 millones para mantener campos deportivos del sindicato; 459 millones para ayudas reclamadas de 2001 a 2004; 114 millones 814 mil pesos para cubrir la cláusula 251 bis de 2005; 49 millones para construir un deportivo en Ciudad del Carmen; mil 65 millones 518 mil pesos del programa de préstamos al STPRM y 800 millones para préstamos de vivienda.

La propia administración de Calderón ha dado cuenta de la pesada carga que son los trabajadores en las finanzas de la paraestatal: los activos totales de Pemex, al cierre de 2007, eran de 1 billón 247 mil 200 millones de pesos; sus pasivos totales (la deuda total, pues), de 1 billón 134 mil 500 millones de pesos, y de éstos, 528 mil millones de pesos, casi la mitad, eran pasivos laborales, es decir, dinero que se le debe a los trabajadores.
Reconocimiento a la dirigencia
El día de la conferencia con Kessel, Reyes Heroles no sólo obvió la capacidad desestabilizadora del STPRM, sino que hizo a un lado los datos oficiales que dan cuenta del lastre que ha sido para la industria y para las finanzas públicas. Peor aún, habló en los mismos términos y el mismo tono en que lo hace Romero Deschamps para defenderse a sí mismo y a sus dirigidos.
“Somos quienes pasan 14 días en confinamiento y atención permanente a bordo de las plataformas marinas; somos los que pasan hoy cuatro meses, y antes más, a bordo de los buquetanques petroleros. Somos los que viven condiciones extremas en un remoto campamento en el desierto como escenario de las recortadas brigadas de exploración. Somos, a fin de cuentas, los que trabajan de manera cotidiana en las plantas de proceso y demás instalaciones con altísimas temperaturas y presiones.
“Somos a los que se nos señala como trabajadores de excepción porque tenemos un servicio médico exclusivo, cierto. Pero somos quienes hemos ayudado a construir unidades médicas y hospitales a lo largo y a lo ancho del país, lo mismo que escuelas, carreteras, puentes y caminos”, manifestó el dirigente el pasado 18 de marzo, en Tabasco, durante la conmemoración del 70 aniversario de la expropiación petrolera, ante el presidente Calderón, Reyes Heroles y Kessel.
Semanas después, el periódico Reforma daba cuenta de algunas de las propiedades y gustos personales de Romero Deschamps: un departamento de lujo y un yate en Cancún; viajes frecuentes a Las Vegas –el último, el 1 de mayo, Día del Trabajo– y relojes Rolex comprados con las cuotas sindicales.
El cobijo que dio el director de Pemex al sindicato y sus líderes corona una serie de hechos que dan cuenta del pacto que acordaron desde principios de año el gobierno y Romero Deschamps.
Los últimos días de febrero y los primeros de marzo –es decir, semanas antes de que la Secretaría de Energía diera a conocer el diagnóstico sobre Pemex, con el que justificaba la necesidad de la reforma–, Romero tuvo días febriles, de encuentros prolongados con los principales funcionarios del gabinete: compartió el pan y la sal con el secretario del Trabajo, Javier Lozano; con el titular de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, y con el subsecretario de Asuntos Jurídicos de Gobernación, Daniel Cabeza de Vaca, entre otros.
Para el 18 de marzo quedó claro que entre gobierno y sindicato habría un trato terso, de no agresión, de apoyo mutuo.
“Señor presidente: los trabajadores petroleros (le) expresamos nuestro más amplio aprecio y reconocimiento, por su permanente interés en la industria petrolera… Donde haya un trabajador petrolero, encontrará, señor presidente, la mano franca y amiga dispuesta a respaldarlo”, le dijo Romero a Calderón, durante la ceremonia de la expropiación petrolera.
Y hasta le echó la mano contra Andrés Manuel López Obrador, que días antes había anunciado todo el relajo que luego hizo: “A 70 años de actividad laboral, los trabajadores petroleros no necesitamos, por supuesto, ni redentores de ocasión ni nostálgicos del poder y de los reflectores”.
“Gracias por sus palabras”, respondió Calderón, quien expresó su “más sincero reconocimiento a los obreros, a los técnicos, a los ingenieros, mujeres y hombres aquí presentes, y a todos, a todas y todos los que laboran a lo largo y a lo ancho del país, porque se han esforzado para elevar la competitividad y la rentabilidad de esta empresa orgullosamente mexicana”.

Nuestra SCJN

¿Qué Corte?/Luis Rubio

Publicado en Reforma, 29/06/2008;

¿Qué clase de democracia queremos los mexicanos? ¿Qué clase de Suprema Corte amerita esa democracia? Uno puede tener muchas respuestas a estos planteamientos, pero esta semana la Suprema Corte de Justicia optó por desperdiciar al menos una primera oportunidad por establecer definiciones centrales sobre el tipo de democracia que será la mexicana. A través de un amparo, se le solicitó a la Corte que definiera si existen derechos inviolables o si basta un cambio de vientos políticos para que todo el andamiaje constitucional y la certidumbre que de éste se deriva se vengan abajo. Son temas de esencia.

La reforma electoral aprobada el año pasado modificó varios de los elementos fundacionales de la democracia mexicana. En contraste con otras naciones que construyeron transiciones integrales hacia la democracia, en nuestro país el proceso fue acotado y desarrollado a regañadientes. Fue acotado porque la lógica que dominó no fue la de la construcción de una nueva forma de gobernarnos, sino la del apaciguamiento de las oposiciones. Es decir, se negoció con un espíritu de otorgamiento de concesiones y no con el ánimo de la construcción de un nuevo estadio político.Los acuerdos de la década pasada en materia electoral fueron el producto plausible de esas negociaciones. Se construyó un andamiaje institucional para responder al principal reclamo de las oposiciones de entonces: que los procesos electorales eran vergonzosos y no confiables. De ahí que se construyera un conjunto de instituciones en torno a lo que acabó siendo el Instituto Federal Electoral y el Tribunal Electoral como la esencia de una nueva era en materia electoral. Aquellas reformas le confirieron autonomía a los órganos electorales, certidumbre a los partidos políticos y credibilidad a la población en general. Como resultado de esto, México no entró a la democracia en pleno, pero los mexicanos por fin pudimos estar orgullosos de nuestro sistema electoral y de los resultados que de ahí comenzaron a fluir.

El entorno ha comenzado a cambiar. Como resultado de las reformas del año pasado, atrás quedó la inamovilidad del Consejo del IFE, órgano que pasó a depender, para todo fin práctico, de las veleidades de los partidos políticos. Más grave, como parte de aquellas reformas se modificó uno de los preceptos básicos de nuestro régimen constitucional: la libertad de expresión.

Como decía antes, la democracia mexicana nació coja porque no se modificó el régimen político en su conjunto, sino que sólo se transformó un componente del sistema, el electoral. De esta manera persisten no sólo las estructuras e instituciones del "viejo" régimen, sino sobre todo los criterios que lo caracterizaron: ya no tenemos una presidencia exacerbada, pero los ciudadanos seguimos siendo una parte marginal de la vida política. Ahora mandan actores partidistas, pero su comportamiento es similar al de la presidencia de antaño.

Por eso la pregunta inicial: ¿qué clase de democracia queremos? ¿Queremos una democracia representativa en la que los ciudadanos podamos ver a nuestros diputados y senadores como voces y representantes de nuestros intereses o una democracia "dirigida" al servicio de los partidos políticos? ¿Queremos una democracia en la que se respeten las reglas del juego o una en la que éstas son modificables según cambien los criterios del legislativo?

Estos temas no son abstractos: al modificarse el régimen de libertad de expresión (baste ver sus absurdos resultados en la forma de censurar los spots por parte del IFE), la reforma electoral trastocó quizá el derecho más fundamental de la libertad humana, el de expresarse. ¿Seguirán ahora modificaciones a las garantías en materia de esclavitud, el voto de la mujer o la libertad religiosa? Quizá suene absurdo, pero el hecho es que hemos entrado en territorio desconocido: es evidente que ninguna libertad es absoluta, pero las restricciones que ya se introdujeron al régimen constitucional son por demás peligrosas y anuncian un camino resbaladizo.

Lo que está de por medio en los amparos que tiene la Suprema Corte frente a sí es fundamental y mucho más grande de lo que los integrantes de la propia Corte parecen haber reconocido. A mi juicio, hay tres elementos medulares que la Corte tiene que contemplar en su propio proceso de decisión. Primero, la gran pregunta es cuál es la función de un Tribunal Constitucional en un régimen democrático. En contraste con las cortes equivalentes de Argentina, España y Estados Unidos, instituciones que se han destacado por asumir funciones transformadoras en materia de derechos ciudadanos y humanos en general en sus respectivas sociedades, nuestra SCJ ha sido más bien complaciente y cada vez más propensa a satisfacer clientelas diversas a través de los medios. La Corte tiene que decidir si se convertirá en el factor que rompe desempates entre los otros poderes y contribuye a construir un régimen democrático integral o sigue siendo un mero tribunal más.

Una segunda definición fundamental es sobre los derechos o garantías fundamentales de los mexicanos. ¿Existen garantías sacrosantas o todas son modificables? Así como se erosionó la garantía de la libertad de expresión, ¿sería posible revertir el voto de la mujer o restituir la institución de la esclavitud? La Corte tiene en su fuero definir si se trata de reglas esenciales, inamovibles, de la interacción social y política en nuestra sociedad.

Finalmente, el tercer elemento que tiene la Corte frente a sí, el que es materia específica del amparo del que yo soy parte, es el de la libertad de expresión. Nuestra denuncia a la no resolución de este amparo no responde a un capricho; obedece a la afectación de libertades para todos los ciudadanos que requieren que instituciones como la SCJ los protejan de la impunidad generalizada. La forma de censurar del IFE ha hecho evidente que existen enormes riesgos a la libertad de expresión y que esos riesgos son iguales para todos los actores políticos y sociales. La Corte tiene que definir si se trata de un derecho fundamental o no; y si decide legitimar la censura política.

Nuestra SCJ se ha dedicado a resolver problemas administrativos. Su indecisión respecto a sus funciones daña no sólo a la democracia sino a su propia estatura en el desarrollo de país. La pregunta es si va a trascender como la gran constructora de nuestro futuro institucional. Hoy tiene la oportunidad de redefinir su naturaleza y asumirse como la institución transformadora del futuro del país. La pregunta de fondo es si se asumirá a sí misma como el Tribunal Constitucional que México necesita o seguirá a la espera del aplauso partidista.

Página de internet: www.cidac.org

Otra misiva del EPR a Jorge Fernández M.

De la Comisión de Prensa y Propaganda del EPR

República Mexicana, 22 de junio de 2008
Sr. Jorge Fernández Menéndez.
Presente.
¡Ya tiene quien le conteste!
Cuando le escribimos, su respuesta era uno de los escenarios y no nos equivocamos, aunque deseábamos que tomara con calma las cosas y se reflexionara como lo hemos hecho cuando usted ha escrito sobre nosotros.
No nos sorprende que de manera malintencionada se omita responder a preguntas concretas, escogiendo a modo las que se ajustan a una concepción criminalizadora, hacer periodismo con posicionamiento político y una tendencia policíaca. ¿A esto se referirá, cuando dice "que son imposibles de responder"?, de algo estamos seguros, compromiso con el periodismo no es, pero ¿Entonces con quién?
Qué contradictorio, hace periodismo enjuiciando la actividad política de la misma manera y con los mismos argumentos de quienes detentan el poder y tienen sus voceros, sin embargo, cuando sus escritos son criticados y rebatidos políticamente, en este caso por nosotros, asume una actitud defensiva y le disgusta tal atrevimiento. ¿Será según su juicio que no tenemos derecho a réplica?
Toma el papel de comunicador de la PGR, cuando ésta cuenta oficialmente con una dirección de comunicación y son estos los que deben salir a declarar lo que a usted le filtran extraoficialmente. La SG tiene a Juan Camilo Mouriño para que declare oficialmente lo que tenga que declarar sobre nosotros y no usted que lo han utilizado como vocero filtrándole lo que ellos no se atreven a decir.
Respecto a lo extenso de los comunicados anteriores es porque hacen referencia a su programa y a tres de sus columnas, y corresponden a la estructura de los mismos, sin embargo, haremos un esfuerzo para responder puntualmente a su escrito, porque en política y en periodismo no debe existir la pereza mental.
Se puede coincidir o disentir con una forma de lucha, en este caso la lucha armada revolucionaria, eso es discutible y no se trata de imponer nada a nadie, sino de convencernos de la justeza o no de ella. Lo que no es válido es descalificar a priori sobre premisas falsas que parten más de una lógica a partir de elucubraciones que de una reflexión racional de los acontecimientos que suceden en el país, de ello sólo se puede esperar juicios que estigmatizan y linchan pretendiendo ocultar una opinión política e ideológica afín al grupo gobernante.
¿Qué razón le encuentra usted a que un gobierno llegue mediante fraude electoral y se imponga a la voluntad popular con el puntal de los cuerpos represivos? ¿Acaso tiene razón que en lo que va del sexenio, los principales actos de este ilegítimo gobierno tengan que ver con acciones policíaco-militares como la mayor divisa de democracia? ¿Serán razones válidas que se derrochen miles de millones de pesos en una falsa guerra contra la delincuencia organizada mientras el 75% de los mexicanos viven en la pobreza?
Sr. Jorge Fernández, las causas que dieron motivo y razón a nuestra existencia como fuerza política revolucionaria NO HAN SIDO RESUELTAS, no han dejado de existir, lejos de ser solucionadas se han profundizado las condiciones económicas, políticas y sociales que vive el país, expresadas en el crecimiento de la pobreza y la miseria de millones de mexicanos, en la ausencia de espacios políticos para resolver los grandes problemas que aquejan al pueblo, la permanente violación de los derechos humanos y la anulación de facto de los derechos constitucionales… en todos estos años hemos visto y comprobado la agudización de la lucha entre clanes oligárquicos que ilegítimamente detentan el poder político y económico.
Quienes queremos transformar el país a favor de nuestro pueblo trabajador, debemos recordarle que cuando se ha luchado por medio de la vías "democráticas" e institucionales siempre hemos sido reprimidos brutalmente y el único saldo obtenido por esta vía son los cientos y hasta miles de encarcelados, los cientos de detenidos-desaparecidos, las recurrentes masacres, los miles de asesinados por motivos políticos tanto en los gobiernos priistas como panistas, no hay distinción.
Razones para luchar en busca de una verdadera transformación del país a favor del pueblo mexicano hay muchas y son válidas. Y ante la criminalización del descontento popular y de la protesta social, ante el avasallamiento legislativo para imponer reformas antipopulares, ante la militarización del país y las recurrentes medidas policíaco-militares que anulan derechos constitucionales y violan derechos humanos, ante la existencia de la desaparición forzada por motivos políticos, crimen de lesa humanidad, la existencia de cientos de presos políticos, el impulso de una política de paramilitarismo a nivel nacional para golpear y desarticular el descontento popular… son motivos y razones suficientes para que una parte de nuestro pueblo decida luchar desde nuestra trinchera por cambiar esta injusta realidad nacional para el 75% de la población que nos imponen por medio de la represión institucionalizada y las armas del ejército federal, la PFP, la AFI, la marina, policías ministeriales y los grupos paramilitares de la ultraderecha. Usted es de los que alaban la violencia institucional y condenan la lucha revolucionaria de un pueblo.
Para nosotros, la lucha por el poder no es una lid personal o de un grupo aislado socialmente, es el esfuerzo conciente de todo un pueblo, porque todos los que luchamos somos resultado de las injustas condiciones que se generan a partir del secuestro (este sí), que han hecho del país una casta de politicastros responsables de innumerables fraudes financieros, económicos y políticos que permanentemente saquean y hacen usufructo de recursos y riquezas naturales para un reducido número de oligarcas y el capital transnacional. La lucha por el poder no es para beneficio personal, es para el pueblo como tal, para que éste verdaderamente ejerza la soberanía popular y decida sobre los grandes problemas del país, como en el caso del destino de Pemex.
Toda lucha que verdaderamente busque transformar el país en y para el pueblo necesariamente contempla la lucha por el poder político y económico, suponer lo contrario es vivir en el error.
Tenemos 44 años de estar haciendo política en nuestro país y nuestra lucha tiene como sustento la teoría de la guerra popular, la cual se adapta a las condiciones de cada país, en la que participa el pueblo impulsando todas las formas de lucha. Sólo desde el poder y sus personeros pueden catalogar la lucha por liberarse de la opresión y explotación capitalista como delito, concepción coincidente con la del criminal Bush.
Para los opresores, represores, para los hombres de derecha y defensores del régimen quienes comparten intereses y concepciones, nuestras concepciones les parecen "lejanas a la sociedad" por el sencillo hecho de que éstas hacen hincapié en las causas que generan la iniquidad en la sociedad, pero para los trabajadores del campo y la ciudad es un instrumento de liberación.
Obviamente es usted quien denota ignorancia en tanto que el lineamiento de GPP es el resultado del análisis y la abstracción de la lucha de diferentes pueblos contra sus opresores y su aplicación, siempre ha sido creadora en función de las condiciones histórico-sociales de cada pueblo; y respecto a la guerra de guerrillas dentro de una estrategia general de lucha constituye una táctica de combate que nunca dejará de tener vigencia.
¿Ignorancia o equivocación cuando sostiene que en México tenemos un gobierno democrático? En nuestro país, no vivimos bajo un régimen democrático, éste es neoliberal, antipopular, represivo, opresivo y proimperialista.
¿Puede ser democrático un gobierno que se sostiene con el puntal de los cuerpos policíaco-militares?, ¿Es democrático un gobierno emanado de un fraude electoral haciendo caso omiso a la voluntad popular e imponiéndose con el respaldo del ejército?
Entendemos que después de conocer las dictaduras militares del cono Sur, el gobierno mexicano le parezca democrático, pero como dice nuestro pueblo, con todo respeto Sr. Menéndez "El que no conoce a Dios a cualquier p… se le hinca". Bien decía Vargas Llosa, México es la dictadura perfecta.
En México no existe democracia para el pueblo, vivimos y padecemos un régimen policíaco-militar; un estado de derecho oligárquico que sólo procura la defensa de los intereses de un puñado de oligarcas; un gobierno ilegítimo que tiene como política medidas policíaco militares ante la falta de legitimidad; el avasallamiento del Legislativo por el PAN y el PRI que representan los mismos intereses contra el pueblo avalando cada atropello que se comete contra los trabajadores, como es el caso de la ley del ISSSTE.
Y de las instituciones a las cuales eleva a sacrosantas, en su mayoría están corroídas por la corrupción, instituciones que sólo sirven para garantizar los intereses de "los hombres del dinero" como gustan llamar los postmodernistas a los oligarcas, instituciones que a estas alturas son imperfectibles.
Muy a pesar de que le guste o le disguste, en nuestro país vivimos un proceso de involución democrática. Y ante la globalidad nacional lejos de carecer de validez, la necesidad de una nueva revolución es vigente y necesaria ante la barbarie del régimen neoliberal y la agresividad de la ultraderecha. Sr. no creemos que sea ignorante y que desconozca la iniquidad que existe en nuestro país, no, usted ha tomado partido conscientemente por los explotadores y los opresores, es una pluma de ellos, de eso no tenemos duda.
Eso explica su actitud valorativa respecto a las acciones revolucionarias y de autodefensa, sosteniendo los mismos conceptos de quienes ilegítimamente detentan el poder, de quienes desde él criminalizan el descontento popular y la protesta social.
Muestra el cobre para defender lo indefendible, para su conocimiento, somos revolucionarios, luchadores sociales no criminales. Los secuestros y otras acciones delincuenciales en estos momentos las están realizando una parte de la ultraderecha para financiar el accionar de los grupos de paramilitares, es gente vinculada al poder.
Respecto a la elucubración sobre el EZLN y la funcionalidad interna, así como evolución y política de nuestro partido denota una profunda ignorancia y repite mecánicamente la información, conjeturas y deseos del Cisen e inteligencia militar, quedando al descubierto que además de ser una pluma del régimen ayuda al trabajo sucio difundiendo las filtraciones oficiales. No nos extrañan sus conceptos, eso es comprensible, pero lo que no podemos tolerar es que usted nos calumnie y nos difame reproduciendo la leyenda negra creada por el Estado para deslegitimar nuestra lucha, como el de querer ligarnos a la fuerza con el crimen organizado.
Tampoco estamos dispuestos a dejar pasar la tendencia de criminalizar la lucha de diferentes sectores populares, como es el caso de la APPO queriendo vincular a luchadores sociales que nada tienen que ver con nosotros, esa es una actitud policíaca que busca como fin la represión selectiva, preparando el terreno para que estos luchadores sociales sean el blanco de los cuerpos represivos o de los grupos paramilitares que la ultraderecha está promoviendo.
Se ve que no conoce nuestro país, o hace esfuerzos ingentes para tratar de omitir el fenómeno de la delincuencia organizada en sus diferentes versiones, que tiene origen en y para el Estado a través de los diferentes grupos de poder económico y político que se disputan la hegemonía dentro de las estructuras de los diferentes niveles de gobierno. En cada caso que la opinión pública conoce hay policías y funcionarios involucrados, hecho inocultable a estas alturas. Los que están en el trasiego y comercialización de estupefacientes a gran escala son quienes detentan el poder, de eso no hay duda. Los criminales, los grandes delincuentes, los malandrines de viejo y nuevo cuño están en este gobierno ilegítimo y sus instituciones putrefactas y no en el campo de la revolución, hablamos por nosotros.
No señor, nuestros compañeros no fueron secuestrados, fueron detenidos-desaparecidos, lo cual constituye un crimen de lesa humanidad que no prescribe, sostener lo contrario, el de esforzarse por catalogar dicho crimen como un simple secuestro es mucho más criminal porque se validan estos crímenes de Estado, esta política de Estado aberrante. Y con la existencia de un sólo desaparecido político es suficiente para denotar la inexistencia de un régimen democrático.

Y es extraño, sumamente extraño que diga conocer el drama que vivieron otros pueblos con dictaduras, en sus escritos no refleja eso, por el contrario todo indica que alberga resentimiento social con quienes luchan contra la dictadura del capital. Hacemos de su conocimiento que mientras intercambiamos comunicación, un nuevo crimen de lesa humanidad se cometía en Puebla en la persona de Bonifacio Gaona Barrientos, indígena totonaco sumando 76 casos de detenciones forzadas por motivos políticos, eso no es una simple coincidencia, es parte de una política de Estado.
Y no, no jugamos, para nosotros los asuntos de la revolución son muy serios. Tampoco jugamos cuando le decimos que es mucha responsabilidad señalar con el dedo flamígero condenatorio a luchadores sociales, debe entender esto, si algo le sucede a esos luchadores sociales usted tendrá responsabilidad en ello por el papel policíaco que ha venido jugando.
Lo de la supuesta manipulación, tesis filtrada por el Cisen, así como lo de las tres familias, no creemos que sea tan ingenuo como para darlas por válidas, usted usurpa funciones con sus acusaciones producto de sus elucubraciones y la información extraoficial.
Qué bueno que nos recuerda algunos hechos históricos, porque así también recordamos su papel desempeñado en contra de Felipe Martínez Soriano profesor de educación primaria, después doctor médico cirujano con especialidad en pediatría, profesor de la escuela de medicina y exrector de la universidad de Oaxaca con el cual se cebó hasta donde más pudo para que sufriera tortura y prisión por algo del cual quedó demostrado que era inocente y que no pertenecía a nuestro partido, pero hizo que el Estado se ensañara en él para satisfacer sus bajos instintos de venganza social.
Usted hará que mucha gente sean héroes para nuestro pueblo al hacerlos víctimas de la represión, consiguiendo con esto el dinero suficiente para vivir como usted vive, le pedimos que no haga las cosas personales, porque para nosotros usted no es un enemigo, tiene todo el derecho de criticarnos pero en una forma política pero no en base a sus calumnias y difamaciones, porque así como dice que con nuestras acciones llegamos a acciones delincuenciales, porque usted con sus acciones hace hechos fascistas.
Nos da la impresión de que es un reclutador o un dirigente de grupos, de mucha gente analfabeta funcional que lo coge como asesor o consultor de sus políticas, ¿no será usted acaso que encapuchado interrogue a los detenidos-desaparecidos tomando el papel de cordero y no de verdugo por parte del Cisen?
No sería un poco inteligente que usted pensara y le hiciera reflexionar al Estado que si le abrimos otro frente de batalla cuando van perdiendo con la delincuencia organizada, ¿Qué pasaría? Este país se desgranaría.
Con toda sinceridad, serénese Sr. Fernández, analice mejor los fenómenos que vive nuestro país, usted puede tener ideas irreconciliables con las nuestras, eso no es problema, eso lo podemos discutir en la modalidad que guste, pero de ahí a que trate de pasarse de listo difundiendo mentiras sobre nosotros es inaceptable y siempre que lo haga también tendrá quien le escriba desde nuestra trinchera de lucha, aunque le moleste y le disguste, y si a pesar de ello el disgusto le dura mucho, consulte a un especialista de la conducta y se lo decimos con franqueza y con conocimiento de causa.
Pero a todo esto, ¿Qué más quiere que nos suceda? Tenemos compañeros presos, asesinados, desaparecidos y perseguidos políticos por "el delito" de luchar por un mundo mejor. ¿Acaso desea que nos exterminen como a los palestinos, con misiles teledirigidos como lo hace Israel?
Aceptamos sus críticas tiene todo el derecho de hacerlas y lo respetamos como hemos hecho con todos los que nos han criticado porque de alguna o de otra forma nos hacen reflexionar.
Lo menos que esperamos de usted es que tenga la valentía de publicar esta contrarréplica en su columna, por lo que fraternalmente quedamos como sus seguros servidores.
¡VIVOS SE LOS LLEVARON, VIVOS LOS QUEREMOS!
¡A EXIGIR LA LIBERTAD DE TODOS LOS PRESOS POLITICOS Y DE CONCIENCIA DEL PAIS!
¡POR LA PRESENTACION DE TODOS LOS DETENIDOS DESAPARECIDOS!
¡POR LA REVOLUCION SOCIALISTA!
¡VENCER O MORIR!
¡POR NUESTROS CAMARADAS PROLETARIOS!
¡RESUELTOS A VENCER!
¡CON LA GUERRA POPULAR!
¡EL EPR TRIUNFARA!
COMISION DE PRENSA Y PROPAGANDA
DEL PARTIDO DEMOCRATICO POPULAR REVOLUCIONARIO
PDPR
Año 44
República Mexicana, a 22 de junio de 2008.

Fuente: Cedema.org - CENTRO DE DOCUMENTACION DE LOS MOVIMIENTOS ARMADOS