La posible falla en los flaps

Columna Expedientes abiertos/Roberto Rock

El Universal, 8 de diciembre de 2008

Mouriño: una duda ignorada

La posibilidad de una falla mecánica en el Learjet 45, similar a las ocurridas ya en otros lugares, ha sido soslayada sin razón aparente. La polémica se agudizará, pues están en curso demandas judiciales por parte de los deudos de las víctimas.

Expertos en aeronáutica han detectado en las conversaciones finales entre la tripulación del trágico vuelo en el que murieron Juan Camilo Mouriño y sus acompañantes, una clara alerta por deficiencias en el funcionamiento de los flaps o spoilers de las alas de la nave. De la inclinación precisa de éstos depende que se reduzca la velocidad del aparato (por ello se les denomina también speed brakes).

—Speed brakes —ordena uno de los pilotos, según la transcripción oficial de las conversaciones.

—“Es que algo anda mal aquí…” —le responden.

En las propias conversaciones se alude a la reciente revisión practicada al avión, durante la cual —dicen los referidos expertos— al parecer quedó “convenientemente” desconectada la caja negra que toma registro del comportamiento de los citados spoilers.

Proceso legislativo

La prisa y las grillas hunden a Calderón

JESUSA CERVANTES, reportera.

Revista Proceso, 1675 (www.proceso.com.mx), 7/12/2008
La aprobación de la reforma de seguridad pública en el Congreso parecía una inmejorable oportunidad para que el presidente Felipe Calderón presumiera de una eficaz operación para contener el desbordamiento del crimen organizado. Pero a esos afanes se los comieron las prisas. Diputados presentes en las negociaciones revelan cómo el PAN se enredó al trabajar bajo presiones y en medio de intereses encontrados, como los del procurador Eduardo Medina Mora y el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.
La propuesta central de Felipe Calderón para reformar la Constitución en materia de seguridad, basada en la figura de un "supersecretario" y en la unificación de la policía, naufragó ante la disputa que mantienen el procurador general, Eduardo Medina Mora, y el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.
Otro factor que afectó la propuesta del Ejecutivo fue el vacío de operación política que generó la muerte de quien fuera secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, y de José Luis Santiago Vasconcelos, cuyo último cargo fue el de secretario técnico para la Aplicación de la Reforma a la Ley de Justicia Penal.
Juan N. Guerra y Mónica Fernández, diputados federales del PRD, y Layda Sansores, de Convergencia, narran cómo la sustitución de los operadores políticos de la reforma provocó presiones de los titulares de la Procuraduría General de la República y de la Secretaría de Seguridad Pública, así como un caos en la fracción del PAN, abriendo paso a una nueva negociación de tres pistas.
Después de que el 31 de septiembre el presidente de la República, Felipe Calderón, envió a la Cámara de Diputados su paquete de reformas en materia de seguridad, los legisladores se centraron en la reforma energética; fue la semana pasada que arrancaron las negociaciones sobre seguridad.
Luego de que el PRI y el PRD hicieron público su rechazo a crear una sola policía federal, el PAN trasladó su prioridad y se empeñó en realizar una modificación constitucional que abriera paso a una ley antisecuestros. Para ello, el gobierno de Calderón notificó a los dos principales partidos de oposición que el encargado de negociar con ellos era el nuevo secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, quien conversó por separado con los representantes del PRI y del PRD.
El encargado de negociar por el PRD, el diputado Juan N. Guerra, detalla que el 28 de noviembre Germán Martínez, presidente del PAN, se comunicó con Guadalupe Acosta Naranjo, que aún era el dirigente del PRD, para informarle que se entenderían con Gómez Mont.
El nuevo operador del Ejecutivo inició las pláticas con el PRD durante el sábado 29 y el domingo 30 de noviembre, en las oficinas de la Secretaría de Gobernación en la avenida Reforma, muy cerca de las centrales que están en Bucareli y Antonio Caso.
Ahí, el planteamiento central de crear la policía única fue sustituido por la urgencia de modificar el artículo 73 de la Constitución para dar paso a la creación de una ley antisecuestros.
Juan N. Guerra narró que a esas reuniones acudió también el subprocurador de Asuntos Jurídicos de Gobernación, Daniel Cabeza de Vaca. Los perredistas aceptaron votar a favor de la reforma constitucional siempre y cuando se eximiera del cargo de secuestro a los luchadores sociales.
"Gómez Mont aceptó nuestra propuesta y sobre esa base se fueron construyendo los acuerdos -continúa Guerra-; uno de ellos fue que la reforma constitucional sería la parte última de toda la reforma y que primero se sacaría adelante la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Pero el lunes (1 de diciembre), el coordinador del PAN, Héctor Larios, llegó muy presionado por sus compañeros de partido y quiso que a fuerzas se votara la reforma del artículo 73 de la Constitución."
Según el perredista, desde días antes, el 26 de noviembre, senadores y diputados del PRI, PAN y PRD se reunieron en la Torre del Caballito del Senado de la República para trabajar un dictamen sobre la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Así, explica el diputado Guerra, todo el paquete se trabajó en tres pistas: en el Senado, en las oficinas de Gobernación en Reforma con el secretario Gómez Mont y en la Cámara de Diputados, para lo cual se declararon en sesión permanente las comisiones de Seguridad Pública y de Justicia.
Aunque el PRI y el PRD coincidieron desde el primer momento en rechazar la policía única con un "supersecretario" al frente, cada partido tenía sus propios objetivos, que se fueron mezclando a lo largo de las negociaciones. Esto provocó un caos en el PAN, que a decir de Guerra recibía presiones de todos lados.
El PRD ya había acordado con Gómez Mont la despenalización de la lucha social, y al PRI le interesaba cambiar la iniciativa de Calderón que preveía suspenderles a los estados los recursos federales para programas de seguridad si sus gobiernos no cumplen las metas en esta materia.
Cambio de señales
Layda Sansores, diputada de Convergencia, califica el conjunto de la negociación como una disputa por los recursos. Explica que desde la segunda semana de octubre, cuando se aprobó el presupuesto para 2008, el PRI había logrado un techo de 4 mil 138 millones de pesos para los estados, lo que en la discusión de la reforma sobre seguridad se pretendía anular.
La urgencia del gobierno de Calderón por aprobar la reforma del artículo 73 constitucional abrió la puerta de la negociación, pero por otro lado Héctor Larios traía presiones de sus compañeros de bancada, del secretario de Seguridad Pública y del procurador general de la República, quienes insistían en que "a como diera lugar se aprobara la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública".
Larios estuvo ausente de las negociaciones del fin de semana, así que cuando llegó a la reunión de la Comisión de Justicia del lunes, pretendió sacar adelante la reforma del artículo 73 y se empeñó en que se votara.
"Nosotros le dijimos: no la chingues, estás armando un relajo y no quedamos en eso con el secretario de Gobernación, sino que sería una de las últimas negociaciones, pero incluyéndoles la despenalización de la lucha social", narra Juan N. Guerra.
Por otro lado, el presidente de la Comisión de Justicia, César Camacho Quiroz, había convocado para dictaminar el lunes 1 la Ley Orgánica de la PGR, que sería la base para sacar del esquema de la procuraduría a la Agencia Federal de Investigación (AFI).
La diputada Layda Sansores explica que la propuesta era pasar a los miembros de la AFI a la Policía Federal Preventiva y conformar la policía única bajo el mando del secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.
Agrega que ese día el PRI, el PRD y Convergencia presentaron una sola propuesta: mantener a la AFI dentro de la PGR, es decir, como está actualmente.
"Pero cuando el PAN se vio perdido -puntualiza la diputada-, los asesores de la PGR que estaban ahí presentaron una propuesta alternativa diciendo: está bien, no nos quedemos sin policía investigadora (AFI), pero cambiémosla por una policía ministerial y que los afis que quieran seguir presenten un nuevo examen. A su vez, los diputados del PAN propusieron también que la Secretaría de Seguridad Pública tuviera su propia policía investigadora. Su propuesta era como un arreglo intermedio."
En ese momento, continúa, entró una llamada del secretario de Gobernación, los asesores de la PGR salieron del salón y minutos después regresaron para decir que ya no estaba en sus manos continuar con la negociación, por lo que Camacho Quiroz ya no la sometió a votación.
"Pero la actitud del presidente de la comisión resultó sospechosa -aclara Sansores-, pues luego de esa llamada ya no quiso someter a votación el dictamen, siendo que para eso había convocado. Nosotros suponemos que desde Gobernación, luego de darse cuenta que no tenían los votos para aprobarlo, y que el PRI, el PRD y nosotros hacíamos mayoría, se ordenó que se suspendiera."
A tropezones
En la reunión de la Comisión de Justicia del 1 de diciembre, cuenta Juan N. Guerra, se suspendió la votación de la ley orgánica de la PGR pero se evidenció la urgencia del gobierno y del PAN por discutir la reforma constitucional. "Todo esto abre aún más la negociación, a lo cual se suman las grillas internas de la fracción del PAN y las presiones que tanto Genaro García Luna como Eduardo Medina Mora hacían a uno y otro grupo del mismo gobierno", comenta el perredista.
El PRI aprovechó esa prisa para presionar en la reunión de la Comisión de Seguridad del martes 2, donde se discutía la nueva Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en la cual se preveía la cancelación de los recursos federales a los estados.
Layda Sansores, integrante de la Comisión de Seguridad, presenció la ruptura:
"Cerca de las cinco de la tarde de ese martes, Marco Tulio López Escamilla, coordinador de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Seguridad Pública, que también estaba presente, abandona la reunión y se va a Los Pinos a consultar tres o cuatro artículos de la ley, regresa como a las siete de la tarde diciendo que Calderón no acepta las propuestas priistas -entre ellas el retiro de la cancelación de los recursos para los estados-; y es entonces cuando se rompe con lo ya avanzado entre PAN y PRI."
La legisladora dice que durante la madrugada y hasta la mañana del miércoles 3 continuaron las negociaciones entre Emilio Gamboa, coordinador de los diputados del PRI; César Camacho, presidente de la Comisión de Justicia; y el secretario Fernando Gómez Mont.
De todas formas la negociación se entrampó. Tanto el PRI como el PRD condicionaron la aprobación del artículo 73 de la Constitución a que se incluyeran sus demandas. Y para el miércoles 3, mientras el PRI y el PAN negociaban, el PRD ya había llegado a un acuerdo sobre el artículo 73. Sin embargo, los perredistas se enteraron poco después de que Héctor Larios dio la orden de eliminar la despenalización de la lucha social, lo que trabó el acuerdo inicial.
Para ese momento, explica el diputado Juan N. Guerra, Felipe Calderón ya tenía claro que la propuesta del "superpolicía" no prosperaría de ninguna forma: "Para ese día, nuestras propuestas en materia de seguridad iban avanzando, así que no teníamos mayor problema para votarla a favor, pero por otro lado creo que a Calderón le urgía la votación del artículo 73 y, sobre todo, que fuera por unanimidad.
"Larios tenía muchas presiones. Había muchas grillas en el seno del PAN y mucho ruido. Por un lado lo presionaba García Luna y por otro, Medina Mora. Todo esto se da a raíz de la muerte de Juan Camilo Mouriño, porque la negociación queda suelta; venían asesores de todos lados, de todas las secretarías, y presionaban a todos. Nosotros teníamos claro que la negociación era con Gobernación, pero por el lado del PAN no lo tenían claro.
"Por la dispersión que traían en el PAN, nos dimos cuenta que no sabían a dónde iban a llegar. Esta situación la seguimos aprovechando para presionar. Ahora ya no sólo estábamos pidiendo que se respetara el acuerdo con Gómez Mont sobre la despenalización del secuestro para los luchadores sociales, sino que además pedimos que se incluyera el compromiso de aceptar las figuras de plebiscito y referéndum en la Constitución."
Larios tuvo que dar marcha atrás. El jueves 4 la Comisión de Puntos Constitucionales aprobó por unanimidad el dictamen para despenalizar la lucha social e incluir en la Constitución las figuras del plebiscito y el referéndum.
Mónica Fernández, diputada del PRD e integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales, corroboró que desde el viernes 28 de noviembre el PAN y el PRI presionaron para que se aprobara la reforma al artículo 73. Según ella, la pretensión de Héctor Larios de no respetar un acuerdo con el secretario de Gobernación llevó a los opositores a obtener un mejor resultado, como es la aceptación constitucional del plebiscito y el referéndum.
Molesta porque el dictamen sobre el sistema de Seguridad Pública se elaboró en el Senado y no se discutió en la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, además de que se excluyeron las propuestas de los partidos minoritarios, Layda Sansores considera que al ver que no pasaría su propuesta de policía única, Felipe Calderón impulsó a como diera lugar la modificación del artículo 73 para abrirle camino a una ley antisecuestros.
"Creo que su objetivo fue acceder a la presión de la ciudadanía y se llegó a esta nueva Ley del Sistema de Seguridad Pública, pero en contra de su voluntad", opina.
En tanto el PRI, que había negociado con el PAN su respaldo a la reforma del artículo 73, presionó al gobierno para que se eliminara la pretensión de cancelar los recursos a los estados porque tiene 18 gubernaturas que el próximo año recibirán de la Federación más de 2 mil millones de pesos destinados a la seguridad pública.
La negociación del PRI, encabezada por el senador Jesús Murillo Karam, logró que antes de cancelarse los recursos cada gobernador explique por qué su estado no alcanzó las metas mencionadas. En este proceso se puede abrir otra negociación y, de aceptarse los argumentos del gobernador, se otorgarán los recursos federales.
Las negociaciones en las que fue anulada la parte esencial de la propuesta calderonista fueron encabezadas por políticos que durante el gobierno de Ernesto Zedillo elaboraron la ley general que establece las bases de coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el cual será sustituido por la reforma aprobada el jueves 4. Ellos son el priista Murillo Karam, que en aquella época era subsecretario de Gobernación, y los perredistas Samuel González Ruiz y Moisés Moreno, exfiscales y asesores de la PGR en el sexenio zedillista, además del diputado Juan N. Guerra.

Un asunto de lavado de activos

La importancia de apellidarse Gómez Mont RICARDO RAVELO, reportero

Revista Proceso, 1675 (www.proceso.com.mx), 7/12/2008 El 8 de agosto de 2006, tres meses y 22 días antes de finalizar el sexenio de Vicente Fox, un alto mando de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) recibió una carta anónima de cuatro cuartillas, escrita a renglón seguido, que puso en conocimiento de las autoridades federales las presuntas operaciones de lavado de dinero que llevaba a cabo una red de empresarios del Estado de México. Los involucrados son Héctor Sotero Mata Álvarez, Carlos Magaña Valladares y Jorge Muñoz Arvizu, quienes gozan de amplia influencia en círculos empresariales, judiciales, políticos y religiosos del país. Por ejemplo, es muy conocido el nexo de Magaña Valladares con la iglesia Bautista Resurrección y el grupo Unidos por Amor, dedicados entre otras actividades a la filantropía. 

El Gral del Real Magallanes

¡De la inteligencia militar a la inteligencia policial!

Era 17 de septiembre de 2008; discurso del Presidente Calderón en San Pedro Garza, Nuevo León, en la Inauguración del Centro de Control, Comando y Comunicaciones.

"Y aquí quiero hacer un reconocimiento al Comandante de esta Región Militar, al General Javier del Real Magallanes, porque ha sido, precisamente, esta región noreste del país la que ha logrado ya el decomiso de cientos, sino es que miles ya, vehículos, miles, perdón, de armas, de municiones. Estamos llegando a la cifra, amigas y amigos, de decomisar en el país más de dos millones de municiones en los operativos, cerca de 15 mil armas de alto poder. Un esfuerzo singular y sin precedentes en la vida del país."

Tres meses después, un boletín de prensa (No 586) fechado el 4 de diciembre -mismo día que la Cámara de Diputados aprobaba la Ley de Seguridad- señala:

"Como subsecretario de Estrategia e Inteligencia Policial fue designado el General de División Diplomado de Estado Mayor, Javier del Real Magallanes, el cual tendrá entre sus nuevas funciones la instrumentación del Nuevo Modelo de la Policía Federal bajo las premisas de la investigación científica en el combate a la delincuencia, incrementar las capacidades de inteligencia operativa contra el crimen, articular los sistemas de investigación policial con Plataforma México y fortalecer el intercambio de información de inteligencia policial en el combate al delito trasnacional.
El Subsecretario del Real cuenta con una amplia experiencia en materia de seguridad pública y nacional, hasta el día de hoy ocupaba la comandancia de la IV Región Militar en Monterrey Nuevo León. Entre los cargos que ha desempeñado destaca el de Director del Colegio de la Defensa Nacional, Comandante de la II Región Militar, Director Ejecutivo de Políticas de Seguridad Pública del Gobierno del Distrito Federal y Jefe de la Sección II de Inteligencia del Estado Mayor de la Defensa Nacional.
Prestó sus servicios en el Centro de Investigación para la Seguridad Nacional (CISEN) donde colaboró con el Ing. Genaro García Luna y Facundo Rosas Rosas en el Grupo de Coordinación Interinstitucional (GAT).
Del Real Magallanes cuenta con especialización en Mando Superior y Seguridad Nacional, Mando y Estado Mayor general y Curso Superior de Guerra. Dentro de la Secretaría de la Defensa ha recibido las condecoraciones: Perseverancia, Mérito Técnico, Mérito Militar y Servicios Distinguidos. Además ha desempeñado funciones diplomáticas en las embajadas de México en Guatemala, Honduras, Costa Rica y Nicaragua. Mediante una nueva estructura orgánica, el Gobierno Federal refuerza su estrategia de combate a la delincuencia." (fin del comunicado) Aunque se entiende que es por acuerdo del Presidente, el comunicado no lo señala así.

La llegada del General del Real se da en un momento en el que mandos altos y medios de la Policía Federal son indagados por la PGR por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa e incluso por un robo de miles de dólares en un cateo en el DF.

En diciembre de 2004, recien ascendido a Divisionario, del Real fue mencionado - junto con otros divisionarios,- para ocupar el cargo el cargo de Comisionado de la Policía Federal Preventiva en sustitución del Almirante José Luis Figueroa Cuevas, quien dejó el cargo por los conflicto en Tlahuac.

Durante 1994 y 1995, del Real Magallanes estuvo a cargo de las investigaciones del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

En la SSP del DF, cuando el titular era el General Enrique Salgado, fue encargado de políticas policiales.

Ascendió a divisionario en noviembre de 2004 y por edad causa retiro en el 2009.

La cuña a Genaro: Reforma

Ese jueves 4 de diciembre, la columna Templo Mayor de Reforma, señaló:

"SI ALGO dejó en claro el road-show que se aventó Felipe Calderón en los medios por su segundo aniversario en la Presidencia, es que quiere relanzar su gobierno con el tema de la seguridad.
POR LO QUE anduvo diciendo el Presidente, está más que puesto para hacer de la elección del 2009 una especie de referéndum sobre "su" lucha contra la inseguridad y "su" guerra contra el crimen organizado.
QUIZÁ EN esa lógica se inscribe el próximo nombramiento que se dará en la Secretaría de Seguridad Pública, donde le van a poner una buena cuña a Genaro García Luna.
SE TRATA del general Javier del Real Magallanes, quien se desempeña como comandante de la Cuarta Región Militar con sede en Nuevo León.
EL MILITAR será nombrado subsecretario de Seguridad Pública, un cargo que al parecer se ganó a pulso con su trabajo en tierras nuevoleonesas.
COSA RARA en estos días: el general Del Real deja la plaza regiomontana con el respeto y el reconocimiento de las autoridades locales, tanto del PRI como del PAN. ¡Ah, jijo!"

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El poder de los generales
ORGE CARRASCO ARAIZAGA, reportero,

Revista Proceso, 1675 (http://www.proceso.com.mx/), 7/12/2008;
No conforme con haber asumido su poder político de la mano de los militares para enseguida sacar al Ejército a las calles, el presidente Calderón decidió entregar también a las Fuerzas Armadas el control operativo de la Secretaría de Seguridad Pública. Al poner al frente de la Subsecretaría de Estrategia e Inteligencia Policial al general de división DEM Javier del Real Magallanes, quien tendrá bajo su mando a la Policía Federal, el presidente hace chuza: complace a la Sedena y acota a su hasta ahora protegido Genaro García Luna...

Jorge Carrasco Araizaga
Tras dos años de frustraciones en la lucha contra el narcotráfico y en medio de las fuertes críticas a su protegido Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública, el presidente Felipe Calderón decidió entregar a militares el control operativo de esa dependencia, con lo que reforzó la presencia castrense en su gobierno.
El principal instrumento que tendrán los militares en la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) será la Policía Federal, que a partir del próximo año se convertirá en la corporación más poderosa, por el número de efectivos y recursos económicos destinados a tareas operativas de seguridad, incluso por encima del Ejército y la Marina.
Por acuerdo de Calderón, el general de división Diplomado de Estado Mayor Javier del Real Magallanes fue designado subsecretario de Estrategia e Inteligencia Policial, en sustitución de Facundo Rosas Rosas, mano derecha de García Luna, quien formalmente sigue al frente de la SSP.
En los hechos, el general Del Real Magallanes será el hombre fuerte de la secretaría, pues tendrá bajo su mando directo la Policía Federal, aún pendiente de ser aprobada por el Congreso pero a la que los legisladores ya le autorizaron más de 38 mil efectivos para el próximo año.
Calderón fortaleció de esa manera el control militar de los operativos contra el narcotráfico que, ordenados en cuanto asumió el poder, han dejado casi 8 mil ejecutados en dos años, sobre todo en Chihuahua, Baja California, Sinaloa y Michoacán, a pesar del publicitado despliegue militar.
A partir de 2009, el poder de la SSP se concentrará en el cargo que hasta el jueves 4 ocupaba Facundo Rosas, de quien dependía Gerardo Garay Cadena, excomisionado interino de la Policía Federal Preventiva (PFP) detenido por su presunta protección a la organización de los hermanos Beltrán Leyva.
Al ocupar la Subsecretaría de Estrategia e Inteligencia Policial, los militares tendrán el control directo no sólo de las operaciones de la SSP en contra de la delincuencia organizada, sino de las acciones que emprenda esa secretaría en coordinación con otras dependencias federales y los gobiernos estatales y municipales en todo el país.
Con los 45 mil militares que actualmente destina el Ejército al combate al narcotráfico desde la Sedena y los 38 mil 340 policías, en su mayoría civiles, que tendrá bajo su mando el general Del Real Magallanes en la SSP, la cúpula castrense dispondrá a la vez de 83 mil elementos para las tareas de seguridad.
El general en retiro Roberto Badillo, diputado del PRI por Veracruz, explica que la Sedena ocupa entre 40 y 45 mil hombres para el combate al narcotráfico, los cuales son reemplazados por el mismo número de efectivos cada 40 días.
En el caso de la Secretaría de Seguridad Pública, el control de los militares será evidente. De acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2009, aprobado por el Congreso, la SSP dispondrá de casi 33 mil millones de pesos, de los cuales casi la mitad, alrededor de 15 mil 248 millones, serán para la Policía Federal.
Una vez que tenga el aval del Congreso, la Policía Federal sustituirá a la PFP. Por ahora, es una corporación de facto que García Luna echó a andar este año sin ese respaldo legal.
La supremacía castrense en la SSP se notará también en el manejo del personal, pues la Policía Federal se quedará con el 75% de las plazas autorizadas por el Congreso para la dependencia. Además, tendrá el control de la seguridad privada en todo el país.
El general Del Real Magallanes fue uno de los mencionados para ser titular de la Sedena con Calderón. Pero como comandante de la IV Región Militar, cargo que ocupó hasta el jueves 4, participó en el mando del Operativo Nuevo León-Tamaulipas contra el narcotráfico.
Como comandante de esa jurisdicción, que abarca los estados de Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí, Del Real Magallanes sufrió el que hasta ahora ha sido el principal agravio del Ejército en los operativos: el degüello de una decena de militares a manos de narcotraficantes, en octubre pasado.
No es la primera vez que el nuevo subsecretario de Estrategia e Inteligencia Policial ocupa cargos de policía. Al final del régimen del PRI, durante la primera mitad del sexenio de Ernesto Zedillo, estuvo comisionado en la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal.
En la regencia de Óscar Espinosa Villarreal, Del Real Magallanes fue director ejecutivo de Políticas de Seguridad Pública cuando el titular de la policía capitalina era el general Enrique Salgado Cordero.
Junto con otros militares, ambos generales tuvieron que dejar sus cargos a raíz del escándalo desatado en septiembre de 1997 por el secuestro, tortura y ejecución de seis jóvenes durante un operativo policial en la colonia Buenos Aires, en el centro de la capital del país. Las víctimas aparecieron en un paraje a las afueras de la ciudad.
Cuando a principios de esta década Espinosa Villarreal fue perseguido penalmente por el gobierno del Distrito Federal, acusado de malversación, huyó a Nicaragua, donde años atrás el divisionario había sido agregado militar.
Según el comunicado oficial en el que la SSP anunció el nombramiento del general, una de sus tareas será "la instrumentación del Nuevo Modelo de Policía Federal bajo las premisas de la investigación científica en el combate a la delincuencia".
Además, será el responsable de "incrementar las capacidades de inteligencia operativa contra el crimen, articular los sistemas de investigación policial con Plataforma México y fortalecer el intercambio de información policial en el combate al delito trasnacional".
Plataforma México era otro de los ambiciosos proyectos en manos de García Luna, quien apenas en junio pasado presentó al cuerpo diplomático acreditado en México sus características tecnológicas, incluido el Sistema Único de Información Criminal, para el intercambio de información entre todas las policías del país.
En el caso de la Policía Federal, el proyecto de ley propuesto por Calderón al Congreso prevé que esa corporación tenga un comisionado nombrado por el presidente de la República a propuesta del secretario de Seguridad Pública. De aprobarse, es de esperarse que esa posición sea ocupada por un militar, pues su jefe inmediato será el general Del Real Magallanes.
El pasado viernes 5, el periódico El Universal informó en su portal de internet que el general de división Diplomado de Estado Mayor Sergio Ayón Rodríguez podría integrarse a la Policía Federal.
La designación del general Javier del Real Magallanes es el primer nombramiento que hace Calderón de un general de división en activo para realizar funciones de alto nivel en una dependencia ajena a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
El antecedente inmediato es el del general Rafael Macedo de la Concha, designado titular de la Procuraduría General de la República (PGR) en el gobierno de Vicente Fox. La llegada de Macedo significó la militarización de los principales cargos de la PGR.
Del Real Magallanes se traslada a la SSP desde la comandancia de la IV Región Militar. Divisionario desde 2004, al igual que el titular de la Sedena, el general Guillermo Galván Galván, pertenece al Arma de Artillería. Ingresó al Ejército en 1961, por lo que le queda un año para pasar a retiro como militar.
De acuerdo con su hoja de servicios, fue agregado militar en Centroamérica entre fines de los setenta y principios de los ochenta, cuando la región padeció intensas guerras civiles. Entre 1977 y 1979, en plena revolución sandinista en Nicaragua, fue ayudante en la agregaduría militar y aérea en Guatemala y en Honduras. De 1983 a 1984 fungió como agregado militar y aéreo adjunto en El Salvador y Costa Rica. Luego, entre 1984 y 1985, estuvo en calidad de agregado militar y aéreo en Nicaragua.
Egresado en 1963 del Colegio Militar y con formación en la Escuela Superior de Guerra, entre 1975 y 1977 se desempeñó como ayudante de los entonces secretarios de la Defensa Nacional, Félix Galván López y Juan Arévalo Gardoqui, quien lo envió para formarse en los conflictos centroamericanos.
Con Galván López, titular de la Sedena en el gobierno de José López Portillo, estuvo en la Sección Segunda -dedicada a labores de inteligencia- en el Estado Mayor de la Defensa Nacional, el centro operativo de la Sedena. Ya en el gobierno de Carlos Salinas, con el general Antonio Riviello Bazán, figuró al frente de esa estratégica Sección.
A principios de 2001 regresó a El Salvador, como comandante del contingente militar de ayuda humanitaria, luego de que ese país sufriera un terremoto. Por lo que se refiere al mando de tropa, destacan sus funciones como comandante de la 34 Zona Militar en Cancún, Quintana Roo; comandante de la II Región Militar, en Mexicali; y, hasta su nuevo nombramiento, de la IV Región Militar, en Nuevo León.
Superpolicía en picada
Con el movimiento de Calderón a favor de los militares, García Luna perdió el control directo de la policía unificada, su principal instrumento de poder dentro del gabinete de seguridad, donde han sido constantes sus desencuentros con el Ejército y la Procuraduría General de la República.
La confrontación con los militares no es nueva. Se originó desde que jefes castrenses se opusieron a su nombramiento como secretario de Seguridad Pública por su alegada protección de secuestradores y narcotraficantes. Al final, Calderón lo puso al frente de la SSP con el apoyo de Juan Camilo Mouriño, fallecido en noviembre pasado (Proceso 1671 y 1672).
Las críticas en contra de García Luna se incrementaron a partir de la detención de varios de sus colaboradores como presuntos protectores de narcotraficantes, además de que otros han sido ejecutados en supuesta represalia por acusaciones del mismo tipo.
Apenas el pasado jueves 4, el excomisionado interino de la PFP, Víctor Gerardo Garay Cadena, y el exjefe de Operaciones Especiales de la SSP, Francisco Navarro Espinosa, así como los agentes federales Fidel Hernández García y Jorge Cruz Méndez, fueron ya formalmente aprehendidos como presuntos responsables de protección al narcotráfico.
A Garay Cadena y Francisco Navarro la PGR les imputa haber dado protección a la organización de los hermanos Beltrán Leyva, mientras que a los agentes se les acusa de dar cobertura a las operaciones delictivas de Jesús El Rey Zambada, hermano de Ismael El Mayo Zambada, socio de Joaquín El Chapo Guzmán, del cártel de Sinaloa.
García Luna recibió otro revés la semana pasada en sus pretensiones de convertirse en el "superpolicía" y, con ello, en el secretario más poderoso del gabinete de Calderón. La Cámara de Diputados decidió restar facultades a la SSP al aprobar la nueva Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Entre ellas, la presidencia del Consejo Nacional de Seguridad Pública, la principal instancia encargada de la coordinación y definición de políticas en seguridad pública. El Consejo será presidido por el presidente de la República y, en su ausencia, por el secretario de Gobernación. Hasta ahora, el Consejo Nacional de Seguridad Pública era encabezado por la SSP.
La incorporación del general Javier del Real Magallanes fortalece el control de los militares en las tareas de seguridad pública. A ello se suma la creciente tendencia de que generales de división retirados pasen a ocupar las secretarías de seguridad estatales.
Por lo menos dos terceras partes de los estados de la República tienen jefes militares al frente de sus secretarías estatales o direcciones municipales de Seguridad Pública. En las dependencias estatales destacan los casos de los generales recientemente retirados Sergio López Esquer y Eugenio Hidalgo Heddy. El primero es secretario en Veracruz y el segundo en Aguascalientes.
En Tabasco está el general Héctor Sánchez Gutiérrez; en Guerrero, el general Juan Heriberto Salinas Altés; en Puebla, el general Mario Ayón Rodríguez -hermano de quien se menciona como prospecto a ser el comisionado de la Policía Federal-, y en Oaxaca, el teniente coronel Javier Rueda Velásquez. Incluso, en el DF recientemente se designó al general Enrique Pérez Casas como subsecretario de Desarrollo Institucional de la Secretaría de Seguridad Pública.
A nivel federal, la SSP dispondrá de grandes recursos económicos y humanos que estarán en manos de militares. En el presupuesto de Egresos de la Federación para 2009, esa secretaría tuvo uno de los principales incrementos, incluso por encima de la Sedena.
Para el próximo año, la SSP ejercerá un presupuesto de 32 mil 916 millones 838 mil pesos, un aumento significativo respecto a los 19 mil 711 millones 622 mil pesos aprobados para el año pasado.
Los recursos que tendrá se equiparan a los destinados al Poder Judicial en su conjunto. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dispondrán de 32 mil 539 millones 820 mil pesos.
El presupuesto de la SSP duplica al de la Marina, que el próximo año ejercerá 16 mil millones de pesos. En relación con la Sedena, la diferencia es de 10 mil millones, pues la Defensa Nacional tendrá un presupuesto de 43 mil 623 millones 321 mil pesos. Su aumento respecto al año pasado fue de 7 mil millones.
La fuerza de los militares, en particular la del general Del Real Magallanes, frente a García Luna, se reflejará no sólo en las decisiones operativas, sino en el manejo del dinero y de los efectivos policiales.
De acuerdo con el nuevo presupuesto, la SSP tiene autorizadas 50 mil 593 plazas. De ellas, el 75% (38 mil 340) dependerán del general, pues es el número de efectivos que integrará la Policía Federal. Respecto al año pasado, representa un incremento de 7 mil 274 policías.
Ese aumento de elementos implicó la duplicación del presupuesto para la corporación. De los 7 mil 942 millones aprobados para este año, pasó a 15 mil 248 millones de pesos.
En contraste, Facundo Rosas, ahora como subsecretario de Prevención, Vinculación y Derechos Humanos, dispondrá de 169 millones, que representa sólo el 0.5% del presupuesto total de la secretaría.
Esa subsecretaría carecía de titular desde que en septiembre pasado Monte Alejandro Rubido fue designado secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
García Luna, Facundo Rosas y el general Del Real Magallanes coincidieron en los años noventa en el Grupo de Coordinación Interinstitucional del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).

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Columna PLAZA PÚBLICA /Miguel Ángel Granados Chapas,
Javier del Real Magallanes
Reforma, 8 diciembre 2008
Aunque la versión más lógica y sostenible es que la Secretaría de la Defensa Nacional metió en la de Seguridad Pública una cuña, en la persona del general de división Javier del Real Magallanes, nuevo subsecretario de Estrategia e Inteligencia policial, el principal afectado por esa decisión, Genaro García Luna, intentó maniobrar para hacer creer que a él se debe esa designación.
Según la especie favorable a sus intereses, García Luna habría solicitado al presidente de la República la incorporación del divisionario a la Secretaría que él encabeza: "Fuentes de la SSP federal comentaron que el propio García Luna realizó un intenso cabildeo para que se autorizara la inclusión del militar en activo a la estructura de la SSP.
"El general Del Real mantiene una estrecha amistad con García Luna. Han coincidido en diversas tareas. Ambos trabajaron en el Centro de Investigación para la Seguridad Nacional" (El Universal, 5 de diciembre).
Podría ser verdad lo dicho en esa nota, si se considera el aval que repetidamente ha brindado en fechas recientes el presidente Calderón a su secretario de Seguridad Pública. Pero es más verosímil la tesis de que, hombre de confianza del general secretario de la Defensa, Guillermo Galván, el nombramiento de Del Real Magallanes sea un acto de presencia de la Sedena en la SSP, para irle de la mano al titular. Son conocidas las diferencias y aun enfrentamientos de las dos Secretarías y se ha sabido de la alerta que un grupo relevante de generales lanzó contra la designación de García Luna como jefe del Cisen (que era la posición que le estaba destinada en noviembre de 2006) y la expresión de desconfianza que el propio general Galván habría emitido ante su jefe cuando García Luna fue nombrado secretario. En este caso, la inclusión de un militar avezado en asuntos policiacos significaría el principio del fin del cacicazgo que el titular de la SSP ha pretendido ejercer en las fuerzas federales de seguridad. Por lo pronto, tuvo que desplazar a su amigo Facundo Rosas para hacerle lugar al general recién llegado, y lo confinó a otra subsecretaría, la de Prevención, Vinculación y Derechos Humanos, distante de la operación policiaca misma.
Si es verdad que Del Real es una cuña que limite a García Luna, que no será propiamente su jefe puesto que, como general en activo, su inmediato superior conforme a la disciplina militar es el propio secretario de la Defensa, también puede serlo que se haya removido a Rosas por su desliz en el caso de la comandante Lorena González, procesada por el secuestro de Fernando Martí. No obstante que él mismo la invitó en octubre pasado a pasar de la AFI a la Policía Federal, Rosas pretendió negar la pertenencia de quien organizó el falso retén donde Martí fue capturado a la Secretaría de que era el número dos. García Luna salió en su apoyo, aunque al final debieron admitir que en efecto la acusada no les era desconocida.
Del Real, que llegó a divisionario en diciembre de 2004, antes de cumplir 60 años, ha combinado una carrera de servicio estrictamente castrense con labores de inteligencia y aun administración policial. Fue, por ejemplo, director ejecutivo de políticas de seguridad pública bajo el mando del general Enrique Salgado Cordero, que a las órdenes de Óscar Espinosa Villarreal fue uno de los últimos secretarios de ese ramo en la administración priista. Como subdirector operativo del Estado Mayor de la Sedena realizó también acciones policiacas: participó en la detención de los hermanos Cerezo, en agosto de 2001, y dio cuenta de ella junto con el subprocurador Gilberto Higuera. No debió ser acertada la información en que se basó la acusación porque uno a uno fueron cayendo los cargos que se imputaron a esa familia, dos de cuyos miembros siguen presos por arbitrarias razones extrajudiciales.
Además de jefe de la sección segunda del Estado Mayor de la Defensa (el departamento que maneja la inteligencia militar) y director del Colegio de la Defensa Nacional (donde se preparan los cuadros selectos de las Fuerzas Armadas), Del Real Magallanes ha tenido mando de tropas, como comandante de dos regiones militares, la segunda con sede en Mexicali y la cuarta asentada en Monterrey. Fue desde allí responsable del operativo Nuevo León Tamaulipas, uno de los despliegues de tropa de mayor envergadura en la estrategia contra la delincuencia organizada. En los años en que fue comandante de la región no fue posible contener la violencia criminal en Monterrey y su zona metropolitana, cuyos pobladores han vivido en creciente zozobra. Miembros del Ejército realizaban acciones contra el narcomenudeo, lo que derivó en el asesinato de los tres oficiales que realizaban investigaciones en ese campo y de 10 militares más a mediados del reciente octubre. Igualmente, en esos días se produjo un ataque a balazos y con una granada (que no estalló) contra el consulado norteamericano en la capital de Nuevo León, que suscitó la expresa preocupación del embajador Antonio O. Garza, que tan atento está a la lucha (o su falta) del gobierno mexicano contra el crimen organizado.
En su nueva responsabilidad, Del Real tendrá bajo su mando a la Policía Federal, una contrahecha corporación que no acaba de nacer legalmente, y que consta de 27 mil efectivos. Tendrá que depurar los mandos de ese cuerpo, una zona minada por la corrupción y la complicidad con la banda de Jesús Zambada, El Rey, según se desprende de indagaciones ministeriales en curso.

Othón

Un dirigente de casta
JOSé GIL OLMOS

Revista Proceso, 1675 (www.proceso.com.mx), 7/12/2008;

Apenas en agosto pasado, recuperado entonces de un derrame cerebral, Othón Salazar, el veterano dirigente magisterial de la montaña guerrerense, dijo a Proceso que se preparaba para "regresar a la trinchera", a la lucha social en la que tomó parte por más de cinco décadas. Sus preocupaciones eran la crisis por la que atraviesa la izquierda nacional y la "putrefacción" del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, encabezado por Elba Esther Gordillo. "Yo soy comunista; comunista me formé desde las aulas. Lo menos que se puede esperar de mí es ayudar a la reconstrucción de las filas revolucionarias de México"...
Formado en la escuela socialista de la época cardenista, indígena, fundador del Movimiento Revolucionario del Magisterio y también del Partido de la Revolución Democrática, Othón Salazar Ramírez falleció el jueves 4. La muerte lo encontró en Tlapa, Guerrero, su pueblo natal.
El viejo luchador de la montaña guerrerense dedicó más de 50 de sus 84 años a la lucha magisterial. A causa de su inquebrantable disidencia de la línea oficial del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), en los sesenta las autoridades de la SEP le quitaron su plaza de maestro.
Othón Salazar aguantó el embate. Desde entonces vivió inmerso en la precariedad económica, lo que no mermó sus principios sindicales ni su militancia.
En entrevista con este reportero efectuada en agosto pasado en su pequeño departamento de Tlatelolco, en la Ciudad de México, el profesor egresado de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Morelos, señaló que Elba Esther Gordillo Morales es "el peor mal que ha tenido el SNTE", e incluso la responsabilizó de la mala calidad educativa del país.
"Ella representa la putrefacción sindical", dijo en aquella ocasión. Y recordó que el cacicazgo de Gordillo Morales se inició en 1989, cuando ella tomó las riendas del SNTE apoyada por el presidente Carlos Salinas; criticó también la Alianza por la Calidad Educativa firmada por la dirigente magisterial con el gobierno de Felipe Calderón.
"Nunca conocí, ni en los peores momentos, a una dirigente magisterial sindical con un estado de conciencia tan vendido a los intereses económicos y del gobierno."
-¿Le ha hecho mucho daño al magisterio la maestra Elba Esther?
-El peor, mucho más que (Carlos) Jonguitud; con el dinero ha comprado conciencias. Ella dice: 'Estos grupos yo los controlo porque les doy dinero'. De modo que el SNTE apenas merece hoy el nombre de sindicato, pues perdió su fuerza esencial. No se conoce un rasgo donde el sindicato magisterial haga valer la fuerza de 1 millón 300 mil miembros para defender los intereses del gremio.
Entronizada en el poder, advirtió Othón, Elba Esther continuará gozando del poder a sus anchas. Cuenta, dijo, con los recursos millonarios de las cuotas del SNTE, con el Partido Nueva Alianza, pero sobre todo con el apoyo de Felipe Calderón.
"A ella no le interesa que el sindicato se destruya; sólo le importan las cuotas. De hecho se hizo rica con los millones de pesos de esas cuotas. Esa es su fuerza, por eso los maestros disidentes se enfrentan a un enemigo poderoso."
Lamentó entonces que una maestra salida de las comunidades indígenas de Chiapas se haya encumbrado en el poder apoyada en la corrupción y los tratos con los gobiernos priistas y los de Vicente Fox y Felipe Calderón. Con estos dos últimos su poder se acrecentó, sostuvo Othón.
Se mostró pesimista porque, dijo, el sindicalismo mexicano de ahora "ha llegado a los extremos de la derecha". Según él, muchos trabajadores a quienes se les llama a luchar por sus derechos laborales suelen responder que no. Explica: "Lo que deberían hacer es formar un sindicato, una fuerza de resistencia, pero no. Hoy, eso es un peligro para ellos, porque temen las represalias de las autoridades."
-A Felipe Calderón, ¿cómo lo ve?
Sonríe cuando recuerda que fue su compañero en la Cámara de Diputados en la LVI legislatura.
-Al régimen encabezado por Calderón no le veo ningún futuro que pueda aplaudir. En su triunfo electoral jugaron un papel importante el capital nacional y el extranjero. Entonces, a qué clase representa el gobierno de Felipe Calderón: a la de los grandes adinerados del país. En lo personal no espero de él nada ennoblecedor para los intereses de la nación.
El castigo político
Egresado de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa a mediados de los cuarenta, Othón Salazar ingresó a la Normal Superior, de la cual fue líder, incluso encabezó la primera huelga en dicha escuela durante 1954. Dos años después estuvo al frente de las más grandes manifestaciones de profesores normalistas en la Ciudad de México, quienes demandaban mejoras salariales. Fue en aquella época que se formó el Movimiento Revolucionario del Magisterio (MRM) que se enfrentó a la dirigencia del SNTE, liderada por Enrique W. Sánchez y Manuel Sánchez Vite. Era 1957.
Al año siguiente, Othón Salazar nuevamente estuvo al frente de las protestas de los maestros inconformes con las negociaciones de la directiva del SNTE que, según decía, había aceptado "las migajas" ofrecidas por el gobierno de Adolfo Ruiz Cortines. El 12 de abril de 1958 los maestros tomaron las oficinas de la SEP y obligaron al gobierno a negociar las mejoras salariales.
Para el 8 de septiembre siguiente, tras la represión de una de las manifestaciones magisteriales, el dirigente guerrerense fue detenido en su casa. Amarrado y con los ojos vendados, fue conducido a los separos de la policía capitalina, donde sus captores lo sometieron a interrogatorios durante nueve días. Querían que les dijera cuánto dinero le daba la Unión Soviética para mantener su movimiento.
Al final le imputaron el delito de disolución social, como solía hacerlo el gobierno para acallar las protestas de líderes petroleros, telegrafistas y ferrocarrileros. Fue apresado en Lecumberri. Ahí permaneció tres meses, pues la presión ejercida por el MRM hizo que las autoridades lo liberaran.
Y Othón continuó dirigiendo el movimiento magisterial hasta que, en 1960, tras la toma de la Escuela Nacional de Maestros por parte de la corriente democrática de la sección IX del SNTE, que fue nuevamente reprimida por el gobierno, el gobierno federal le retiró su plaza de profesor. Y dejó de recibir su salario. El castigo se prolongó durante 48 años, hasta su muerte.
En la entrevista con Proceso, Othón relató: "No se imagina cuánto mal nos causó a mi familia y a mí el retiro de mi plaza por 48 años. Dejé de percibir totalmente mi salario. No se imagina las dificultades que tuve con cuatro hijos y mi esposa... Ha sido medio siglo de amargura. Pero por ningún camino han logrado doblegarme.
Crisis de la izquierda
A principios de año, Othón Salazar sufrió un derrame cerebral que, si bien lo postró durante varias semanas, no mermó su lucidez. Durante la entrevista incluso citó fechas, personajes y lugares con la misma exactitud con la que solía hacerlo en sus piezas oratorias.
Sus piernas fueron las que flaquearon; su caminar se volvió inseguro. Confiaba en que se recuperaría para darle nueva vida a la izquierda mexicana que, admitió, vive su peor crisis.
Dijo: "Yo soy comunista; comunista me formé desde las aulas. Lo menos que se puede esperar de mí es ayudar a la reconstrucción de las filas revolucionarias de México. No se imagina qué grandes esperanzas tengo que de este país hecho pedazos que hoy tenemos surjan fuerzas capaces de una renovación a fondo, que le den a nuestra patria las perspectivas de grandeza ganadas en la historia.
A pesar de las adversidades económicas y físicas, el maestro Othón esperaba regresar a la lucha magisterial a enfrentar el poder de Elba Esther Gordillo, a recomponer la izquierda mexicana: "La ilusión de volver a la trinchera me da vida, ahí voy haciéndole la lucha. No he perdido los ánimos de regresar a la trinchera, eso nunca, absolutamente no", dijo entonces.
-¿Pero qué quiere hacer?
-Uno de los grandes problemas que tenemos hoy es una debilidad ideológica que espanta. Yo no lo voy a arreglar, pero mi idea es que puedo ayudar a crear pequeños grupos por aquí, por allá, por muchos lados, para que apliquen la teoría revolucionaria. Esa será mi satisfacción personal.
Hijo de panadero y de campesina, Othón Salazar siempre fue referencia obligada cuando se hablaba de la dignidad magisterial y de la izquierda más radical. En los sesenta, dijo en la entrevista, tuvo contactos con su paisano Lucio Cabañas. Pero años después éste abandonó el partido y tomó el camino de las armas a través del Partido de los Pobres.
Ahora, aseguró, la situación de la izquierda es lamentable. "Según yo, a la izquierda también han llegado los intereses de grupo y personales. Entonces, el valor de los grandes ideales, inspirados en los intereses superiores de nuestra patria, ha venido a menos.
-¿Por qué la izquierda se cayó tanto?
-Es que en México la influencia de la ideología revolucionaria decayó mucho, mucho. De ahí que el contacto con la teoría revolucionaria haya sido echo a un lado, porque ahora los políticos de izquierda ven primero cómo les va.
-¿Cómo ve al PRD?
-El PRD que hoy tenemos muestra zonas de interés de grupos personales verdaderamente concentradas. Mire, es normal que cada quien tenga sus intereses, pero hace falta que alguno tenga fuerzas para superar las condiciones de crisis como las que hoy tiene el partido.
"A mucha gente del PRD la teoría revolucionaria ni le va ni le viene. La mentalidad es conseguir un puesto para obtener dinero, esa parece ser la forma de pensar de muchos perredistas."
Dijo también que confiaba en que los golpes harán que el partido abra los ojos; pero también advirtió sobre los riesgos de que éste se "autoelimine" si no hay ningún grupo "que vea por los grandes compromisos del partido con la historia".
De cualquier manera, insistió en que este estado de crisis en que hoy está la izquierda mexicana "no va a ser eterno". "Esto va a encontrar un punto final, y mi deseo, aunque ya no pertenezca al PRD, es que el partido se recupere".
-¿Cómo ve a López Obrador?
-Tengo una alta opinión de él. Le dijo al pueblo de México "quiero ser presidente". Perdió y se lo sigue diciendo. López Obrador está en el camino de convertirse en uno de los grandes dirigentes populares del pueblo mexicano. Con o sin el triunfo electoral, él mantiene una autoridad de alto nivel ante el pueblo.