La prisa y las grillas hunden a Calderón
JESUSA CERVANTES, reportera.
Revista Proceso, 1675 (www.proceso.com.mx), 7/12/2008
La aprobación de la reforma de seguridad pública en el Congreso parecía una inmejorable oportunidad para que el presidente Felipe Calderón presumiera de una eficaz operación para contener el desbordamiento del crimen organizado. Pero a esos afanes se los comieron las prisas. Diputados presentes en las negociaciones revelan cómo el PAN se enredó al trabajar bajo presiones y en medio de intereses encontrados, como los del procurador Eduardo Medina Mora y el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.
La propuesta central de Felipe Calderón para reformar la Constitución en materia de seguridad, basada en la figura de un "supersecretario" y en la unificación de la policía, naufragó ante la disputa que mantienen el procurador general, Eduardo Medina Mora, y el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.
Otro factor que afectó la propuesta del Ejecutivo fue el vacío de operación política que generó la muerte de quien fuera secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, y de José Luis Santiago Vasconcelos, cuyo último cargo fue el de secretario técnico para la Aplicación de la Reforma a la Ley de Justicia Penal.
Juan N. Guerra y Mónica Fernández, diputados federales del PRD, y Layda Sansores, de Convergencia, narran cómo la sustitución de los operadores políticos de la reforma provocó presiones de los titulares de la Procuraduría General de la República y de la Secretaría de Seguridad Pública, así como un caos en la fracción del PAN, abriendo paso a una nueva negociación de tres pistas.
Después de que el 31 de septiembre el presidente de la República, Felipe Calderón, envió a la Cámara de Diputados su paquete de reformas en materia de seguridad, los legisladores se centraron en la reforma energética; fue la semana pasada que arrancaron las negociaciones sobre seguridad.
Luego de que el PRI y el PRD hicieron público su rechazo a crear una sola policía federal, el PAN trasladó su prioridad y se empeñó en realizar una modificación constitucional que abriera paso a una ley antisecuestros. Para ello, el gobierno de Calderón notificó a los dos principales partidos de oposición que el encargado de negociar con ellos era el nuevo secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, quien conversó por separado con los representantes del PRI y del PRD.
El encargado de negociar por el PRD, el diputado Juan N. Guerra, detalla que el 28 de noviembre Germán Martínez, presidente del PAN, se comunicó con Guadalupe Acosta Naranjo, que aún era el dirigente del PRD, para informarle que se entenderían con Gómez Mont.
El nuevo operador del Ejecutivo inició las pláticas con el PRD durante el sábado 29 y el domingo 30 de noviembre, en las oficinas de la Secretaría de Gobernación en la avenida Reforma, muy cerca de las centrales que están en Bucareli y Antonio Caso.
Ahí, el planteamiento central de crear la policía única fue sustituido por la urgencia de modificar el artículo 73 de la Constitución para dar paso a la creación de una ley antisecuestros.
Juan N. Guerra narró que a esas reuniones acudió también el subprocurador de Asuntos Jurídicos de Gobernación, Daniel Cabeza de Vaca. Los perredistas aceptaron votar a favor de la reforma constitucional siempre y cuando se eximiera del cargo de secuestro a los luchadores sociales.
"Gómez Mont aceptó nuestra propuesta y sobre esa base se fueron construyendo los acuerdos -continúa Guerra-; uno de ellos fue que la reforma constitucional sería la parte última de toda la reforma y que primero se sacaría adelante la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Pero el lunes (1 de diciembre), el coordinador del PAN, Héctor Larios, llegó muy presionado por sus compañeros de partido y quiso que a fuerzas se votara la reforma del artículo 73 de la Constitución."
Según el perredista, desde días antes, el 26 de noviembre, senadores y diputados del PRI, PAN y PRD se reunieron en la Torre del Caballito del Senado de la República para trabajar un dictamen sobre la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Así, explica el diputado Guerra, todo el paquete se trabajó en tres pistas: en el Senado, en las oficinas de Gobernación en Reforma con el secretario Gómez Mont y en la Cámara de Diputados, para lo cual se declararon en sesión permanente las comisiones de Seguridad Pública y de Justicia.
Aunque el PRI y el PRD coincidieron desde el primer momento en rechazar la policía única con un "supersecretario" al frente, cada partido tenía sus propios objetivos, que se fueron mezclando a lo largo de las negociaciones. Esto provocó un caos en el PAN, que a decir de Guerra recibía presiones de todos lados.
El PRD ya había acordado con Gómez Mont la despenalización de la lucha social, y al PRI le interesaba cambiar la iniciativa de Calderón que preveía suspenderles a los estados los recursos federales para programas de seguridad si sus gobiernos no cumplen las metas en esta materia.
Cambio de señales
Layda Sansores, diputada de Convergencia, califica el conjunto de la negociación como una disputa por los recursos. Explica que desde la segunda semana de octubre, cuando se aprobó el presupuesto para 2008, el PRI había logrado un techo de 4 mil 138 millones de pesos para los estados, lo que en la discusión de la reforma sobre seguridad se pretendía anular.
La urgencia del gobierno de Calderón por aprobar la reforma del artículo 73 constitucional abrió la puerta de la negociación, pero por otro lado Héctor Larios traía presiones de sus compañeros de bancada, del secretario de Seguridad Pública y del procurador general de la República, quienes insistían en que "a como diera lugar se aprobara la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública".
Larios estuvo ausente de las negociaciones del fin de semana, así que cuando llegó a la reunión de la Comisión de Justicia del lunes, pretendió sacar adelante la reforma del artículo 73 y se empeñó en que se votara.
"Nosotros le dijimos: no la chingues, estás armando un relajo y no quedamos en eso con el secretario de Gobernación, sino que sería una de las últimas negociaciones, pero incluyéndoles la despenalización de la lucha social", narra Juan N. Guerra.
Por otro lado, el presidente de la Comisión de Justicia, César Camacho Quiroz, había convocado para dictaminar el lunes 1 la Ley Orgánica de la PGR, que sería la base para sacar del esquema de la procuraduría a la Agencia Federal de Investigación (AFI).
La diputada Layda Sansores explica que la propuesta era pasar a los miembros de la AFI a la Policía Federal Preventiva y conformar la policía única bajo el mando del secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.
Agrega que ese día el PRI, el PRD y Convergencia presentaron una sola propuesta: mantener a la AFI dentro de la PGR, es decir, como está actualmente.
"Pero cuando el PAN se vio perdido -puntualiza la diputada-, los asesores de la PGR que estaban ahí presentaron una propuesta alternativa diciendo: está bien, no nos quedemos sin policía investigadora (AFI), pero cambiémosla por una policía ministerial y que los afis que quieran seguir presenten un nuevo examen. A su vez, los diputados del PAN propusieron también que la Secretaría de Seguridad Pública tuviera su propia policía investigadora. Su propuesta era como un arreglo intermedio."
En ese momento, continúa, entró una llamada del secretario de Gobernación, los asesores de la PGR salieron del salón y minutos después regresaron para decir que ya no estaba en sus manos continuar con la negociación, por lo que Camacho Quiroz ya no la sometió a votación.
"Pero la actitud del presidente de la comisión resultó sospechosa -aclara Sansores-, pues luego de esa llamada ya no quiso someter a votación el dictamen, siendo que para eso había convocado. Nosotros suponemos que desde Gobernación, luego de darse cuenta que no tenían los votos para aprobarlo, y que el PRI, el PRD y nosotros hacíamos mayoría, se ordenó que se suspendiera."
A tropezones
En la reunión de la Comisión de Justicia del 1 de diciembre, cuenta Juan N. Guerra, se suspendió la votación de la ley orgánica de la PGR pero se evidenció la urgencia del gobierno y del PAN por discutir la reforma constitucional. "Todo esto abre aún más la negociación, a lo cual se suman las grillas internas de la fracción del PAN y las presiones que tanto Genaro García Luna como Eduardo Medina Mora hacían a uno y otro grupo del mismo gobierno", comenta el perredista.
El PRI aprovechó esa prisa para presionar en la reunión de la Comisión de Seguridad del martes 2, donde se discutía la nueva Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en la cual se preveía la cancelación de los recursos federales a los estados.
Layda Sansores, integrante de la Comisión de Seguridad, presenció la ruptura:
"Cerca de las cinco de la tarde de ese martes, Marco Tulio López Escamilla, coordinador de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Seguridad Pública, que también estaba presente, abandona la reunión y se va a Los Pinos a consultar tres o cuatro artículos de la ley, regresa como a las siete de la tarde diciendo que Calderón no acepta las propuestas priistas -entre ellas el retiro de la cancelación de los recursos para los estados-; y es entonces cuando se rompe con lo ya avanzado entre PAN y PRI."
La legisladora dice que durante la madrugada y hasta la mañana del miércoles 3 continuaron las negociaciones entre Emilio Gamboa, coordinador de los diputados del PRI; César Camacho, presidente de la Comisión de Justicia; y el secretario Fernando Gómez Mont.
De todas formas la negociación se entrampó. Tanto el PRI como el PRD condicionaron la aprobación del artículo 73 de la Constitución a que se incluyeran sus demandas. Y para el miércoles 3, mientras el PRI y el PAN negociaban, el PRD ya había llegado a un acuerdo sobre el artículo 73. Sin embargo, los perredistas se enteraron poco después de que Héctor Larios dio la orden de eliminar la despenalización de la lucha social, lo que trabó el acuerdo inicial.
Para ese momento, explica el diputado Juan N. Guerra, Felipe Calderón ya tenía claro que la propuesta del "superpolicía" no prosperaría de ninguna forma: "Para ese día, nuestras propuestas en materia de seguridad iban avanzando, así que no teníamos mayor problema para votarla a favor, pero por otro lado creo que a Calderón le urgía la votación del artículo 73 y, sobre todo, que fuera por unanimidad.
"Larios tenía muchas presiones. Había muchas grillas en el seno del PAN y mucho ruido. Por un lado lo presionaba García Luna y por otro, Medina Mora. Todo esto se da a raíz de la muerte de Juan Camilo Mouriño, porque la negociación queda suelta; venían asesores de todos lados, de todas las secretarías, y presionaban a todos. Nosotros teníamos claro que la negociación era con Gobernación, pero por el lado del PAN no lo tenían claro.
"Por la dispersión que traían en el PAN, nos dimos cuenta que no sabían a dónde iban a llegar. Esta situación la seguimos aprovechando para presionar. Ahora ya no sólo estábamos pidiendo que se respetara el acuerdo con Gómez Mont sobre la despenalización del secuestro para los luchadores sociales, sino que además pedimos que se incluyera el compromiso de aceptar las figuras de plebiscito y referéndum en la Constitución."
Larios tuvo que dar marcha atrás. El jueves 4 la Comisión de Puntos Constitucionales aprobó por unanimidad el dictamen para despenalizar la lucha social e incluir en la Constitución las figuras del plebiscito y el referéndum.
Mónica Fernández, diputada del PRD e integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales, corroboró que desde el viernes 28 de noviembre el PAN y el PRI presionaron para que se aprobara la reforma al artículo 73. Según ella, la pretensión de Héctor Larios de no respetar un acuerdo con el secretario de Gobernación llevó a los opositores a obtener un mejor resultado, como es la aceptación constitucional del plebiscito y el referéndum.
Molesta porque el dictamen sobre el sistema de Seguridad Pública se elaboró en el Senado y no se discutió en la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, además de que se excluyeron las propuestas de los partidos minoritarios, Layda Sansores considera que al ver que no pasaría su propuesta de policía única, Felipe Calderón impulsó a como diera lugar la modificación del artículo 73 para abrirle camino a una ley antisecuestros.
"Creo que su objetivo fue acceder a la presión de la ciudadanía y se llegó a esta nueva Ley del Sistema de Seguridad Pública, pero en contra de su voluntad", opina.
En tanto el PRI, que había negociado con el PAN su respaldo a la reforma del artículo 73, presionó al gobierno para que se eliminara la pretensión de cancelar los recursos a los estados porque tiene 18 gubernaturas que el próximo año recibirán de la Federación más de 2 mil millones de pesos destinados a la seguridad pública.
La negociación del PRI, encabezada por el senador Jesús Murillo Karam, logró que antes de cancelarse los recursos cada gobernador explique por qué su estado no alcanzó las metas mencionadas. En este proceso se puede abrir otra negociación y, de aceptarse los argumentos del gobernador, se otorgarán los recursos federales.
Las negociaciones en las que fue anulada la parte esencial de la propuesta calderonista fueron encabezadas por políticos que durante el gobierno de Ernesto Zedillo elaboraron la ley general que establece las bases de coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el cual será sustituido por la reforma aprobada el jueves 4. Ellos son el priista Murillo Karam, que en aquella época era subsecretario de Gobernación, y los perredistas Samuel González Ruiz y Moisés Moreno, exfiscales y asesores de la PGR en el sexenio zedillista, además del diputado Juan N. Guerra.
La aprobación de la reforma de seguridad pública en el Congreso parecía una inmejorable oportunidad para que el presidente Felipe Calderón presumiera de una eficaz operación para contener el desbordamiento del crimen organizado. Pero a esos afanes se los comieron las prisas. Diputados presentes en las negociaciones revelan cómo el PAN se enredó al trabajar bajo presiones y en medio de intereses encontrados, como los del procurador Eduardo Medina Mora y el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.
La propuesta central de Felipe Calderón para reformar la Constitución en materia de seguridad, basada en la figura de un "supersecretario" y en la unificación de la policía, naufragó ante la disputa que mantienen el procurador general, Eduardo Medina Mora, y el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.
Otro factor que afectó la propuesta del Ejecutivo fue el vacío de operación política que generó la muerte de quien fuera secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, y de José Luis Santiago Vasconcelos, cuyo último cargo fue el de secretario técnico para la Aplicación de la Reforma a la Ley de Justicia Penal.
Juan N. Guerra y Mónica Fernández, diputados federales del PRD, y Layda Sansores, de Convergencia, narran cómo la sustitución de los operadores políticos de la reforma provocó presiones de los titulares de la Procuraduría General de la República y de la Secretaría de Seguridad Pública, así como un caos en la fracción del PAN, abriendo paso a una nueva negociación de tres pistas.
Después de que el 31 de septiembre el presidente de la República, Felipe Calderón, envió a la Cámara de Diputados su paquete de reformas en materia de seguridad, los legisladores se centraron en la reforma energética; fue la semana pasada que arrancaron las negociaciones sobre seguridad.
Luego de que el PRI y el PRD hicieron público su rechazo a crear una sola policía federal, el PAN trasladó su prioridad y se empeñó en realizar una modificación constitucional que abriera paso a una ley antisecuestros. Para ello, el gobierno de Calderón notificó a los dos principales partidos de oposición que el encargado de negociar con ellos era el nuevo secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, quien conversó por separado con los representantes del PRI y del PRD.
El encargado de negociar por el PRD, el diputado Juan N. Guerra, detalla que el 28 de noviembre Germán Martínez, presidente del PAN, se comunicó con Guadalupe Acosta Naranjo, que aún era el dirigente del PRD, para informarle que se entenderían con Gómez Mont.
El nuevo operador del Ejecutivo inició las pláticas con el PRD durante el sábado 29 y el domingo 30 de noviembre, en las oficinas de la Secretaría de Gobernación en la avenida Reforma, muy cerca de las centrales que están en Bucareli y Antonio Caso.
Ahí, el planteamiento central de crear la policía única fue sustituido por la urgencia de modificar el artículo 73 de la Constitución para dar paso a la creación de una ley antisecuestros.
Juan N. Guerra narró que a esas reuniones acudió también el subprocurador de Asuntos Jurídicos de Gobernación, Daniel Cabeza de Vaca. Los perredistas aceptaron votar a favor de la reforma constitucional siempre y cuando se eximiera del cargo de secuestro a los luchadores sociales.
"Gómez Mont aceptó nuestra propuesta y sobre esa base se fueron construyendo los acuerdos -continúa Guerra-; uno de ellos fue que la reforma constitucional sería la parte última de toda la reforma y que primero se sacaría adelante la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Pero el lunes (1 de diciembre), el coordinador del PAN, Héctor Larios, llegó muy presionado por sus compañeros de partido y quiso que a fuerzas se votara la reforma del artículo 73 de la Constitución."
Según el perredista, desde días antes, el 26 de noviembre, senadores y diputados del PRI, PAN y PRD se reunieron en la Torre del Caballito del Senado de la República para trabajar un dictamen sobre la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Así, explica el diputado Guerra, todo el paquete se trabajó en tres pistas: en el Senado, en las oficinas de Gobernación en Reforma con el secretario Gómez Mont y en la Cámara de Diputados, para lo cual se declararon en sesión permanente las comisiones de Seguridad Pública y de Justicia.
Aunque el PRI y el PRD coincidieron desde el primer momento en rechazar la policía única con un "supersecretario" al frente, cada partido tenía sus propios objetivos, que se fueron mezclando a lo largo de las negociaciones. Esto provocó un caos en el PAN, que a decir de Guerra recibía presiones de todos lados.
El PRD ya había acordado con Gómez Mont la despenalización de la lucha social, y al PRI le interesaba cambiar la iniciativa de Calderón que preveía suspenderles a los estados los recursos federales para programas de seguridad si sus gobiernos no cumplen las metas en esta materia.
Cambio de señales
Layda Sansores, diputada de Convergencia, califica el conjunto de la negociación como una disputa por los recursos. Explica que desde la segunda semana de octubre, cuando se aprobó el presupuesto para 2008, el PRI había logrado un techo de 4 mil 138 millones de pesos para los estados, lo que en la discusión de la reforma sobre seguridad se pretendía anular.
La urgencia del gobierno de Calderón por aprobar la reforma del artículo 73 constitucional abrió la puerta de la negociación, pero por otro lado Héctor Larios traía presiones de sus compañeros de bancada, del secretario de Seguridad Pública y del procurador general de la República, quienes insistían en que "a como diera lugar se aprobara la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública".
Larios estuvo ausente de las negociaciones del fin de semana, así que cuando llegó a la reunión de la Comisión de Justicia del lunes, pretendió sacar adelante la reforma del artículo 73 y se empeñó en que se votara.
"Nosotros le dijimos: no la chingues, estás armando un relajo y no quedamos en eso con el secretario de Gobernación, sino que sería una de las últimas negociaciones, pero incluyéndoles la despenalización de la lucha social", narra Juan N. Guerra.
Por otro lado, el presidente de la Comisión de Justicia, César Camacho Quiroz, había convocado para dictaminar el lunes 1 la Ley Orgánica de la PGR, que sería la base para sacar del esquema de la procuraduría a la Agencia Federal de Investigación (AFI).
La diputada Layda Sansores explica que la propuesta era pasar a los miembros de la AFI a la Policía Federal Preventiva y conformar la policía única bajo el mando del secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.
Agrega que ese día el PRI, el PRD y Convergencia presentaron una sola propuesta: mantener a la AFI dentro de la PGR, es decir, como está actualmente.
"Pero cuando el PAN se vio perdido -puntualiza la diputada-, los asesores de la PGR que estaban ahí presentaron una propuesta alternativa diciendo: está bien, no nos quedemos sin policía investigadora (AFI), pero cambiémosla por una policía ministerial y que los afis que quieran seguir presenten un nuevo examen. A su vez, los diputados del PAN propusieron también que la Secretaría de Seguridad Pública tuviera su propia policía investigadora. Su propuesta era como un arreglo intermedio."
En ese momento, continúa, entró una llamada del secretario de Gobernación, los asesores de la PGR salieron del salón y minutos después regresaron para decir que ya no estaba en sus manos continuar con la negociación, por lo que Camacho Quiroz ya no la sometió a votación.
"Pero la actitud del presidente de la comisión resultó sospechosa -aclara Sansores-, pues luego de esa llamada ya no quiso someter a votación el dictamen, siendo que para eso había convocado. Nosotros suponemos que desde Gobernación, luego de darse cuenta que no tenían los votos para aprobarlo, y que el PRI, el PRD y nosotros hacíamos mayoría, se ordenó que se suspendiera."
A tropezones
En la reunión de la Comisión de Justicia del 1 de diciembre, cuenta Juan N. Guerra, se suspendió la votación de la ley orgánica de la PGR pero se evidenció la urgencia del gobierno y del PAN por discutir la reforma constitucional. "Todo esto abre aún más la negociación, a lo cual se suman las grillas internas de la fracción del PAN y las presiones que tanto Genaro García Luna como Eduardo Medina Mora hacían a uno y otro grupo del mismo gobierno", comenta el perredista.
El PRI aprovechó esa prisa para presionar en la reunión de la Comisión de Seguridad del martes 2, donde se discutía la nueva Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en la cual se preveía la cancelación de los recursos federales a los estados.
Layda Sansores, integrante de la Comisión de Seguridad, presenció la ruptura:
"Cerca de las cinco de la tarde de ese martes, Marco Tulio López Escamilla, coordinador de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Seguridad Pública, que también estaba presente, abandona la reunión y se va a Los Pinos a consultar tres o cuatro artículos de la ley, regresa como a las siete de la tarde diciendo que Calderón no acepta las propuestas priistas -entre ellas el retiro de la cancelación de los recursos para los estados-; y es entonces cuando se rompe con lo ya avanzado entre PAN y PRI."
La legisladora dice que durante la madrugada y hasta la mañana del miércoles 3 continuaron las negociaciones entre Emilio Gamboa, coordinador de los diputados del PRI; César Camacho, presidente de la Comisión de Justicia; y el secretario Fernando Gómez Mont.
De todas formas la negociación se entrampó. Tanto el PRI como el PRD condicionaron la aprobación del artículo 73 de la Constitución a que se incluyeran sus demandas. Y para el miércoles 3, mientras el PRI y el PAN negociaban, el PRD ya había llegado a un acuerdo sobre el artículo 73. Sin embargo, los perredistas se enteraron poco después de que Héctor Larios dio la orden de eliminar la despenalización de la lucha social, lo que trabó el acuerdo inicial.
Para ese momento, explica el diputado Juan N. Guerra, Felipe Calderón ya tenía claro que la propuesta del "superpolicía" no prosperaría de ninguna forma: "Para ese día, nuestras propuestas en materia de seguridad iban avanzando, así que no teníamos mayor problema para votarla a favor, pero por otro lado creo que a Calderón le urgía la votación del artículo 73 y, sobre todo, que fuera por unanimidad.
"Larios tenía muchas presiones. Había muchas grillas en el seno del PAN y mucho ruido. Por un lado lo presionaba García Luna y por otro, Medina Mora. Todo esto se da a raíz de la muerte de Juan Camilo Mouriño, porque la negociación queda suelta; venían asesores de todos lados, de todas las secretarías, y presionaban a todos. Nosotros teníamos claro que la negociación era con Gobernación, pero por el lado del PAN no lo tenían claro.
"Por la dispersión que traían en el PAN, nos dimos cuenta que no sabían a dónde iban a llegar. Esta situación la seguimos aprovechando para presionar. Ahora ya no sólo estábamos pidiendo que se respetara el acuerdo con Gómez Mont sobre la despenalización del secuestro para los luchadores sociales, sino que además pedimos que se incluyera el compromiso de aceptar las figuras de plebiscito y referéndum en la Constitución."
Larios tuvo que dar marcha atrás. El jueves 4 la Comisión de Puntos Constitucionales aprobó por unanimidad el dictamen para despenalizar la lucha social e incluir en la Constitución las figuras del plebiscito y el referéndum.
Mónica Fernández, diputada del PRD e integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales, corroboró que desde el viernes 28 de noviembre el PAN y el PRI presionaron para que se aprobara la reforma al artículo 73. Según ella, la pretensión de Héctor Larios de no respetar un acuerdo con el secretario de Gobernación llevó a los opositores a obtener un mejor resultado, como es la aceptación constitucional del plebiscito y el referéndum.
Molesta porque el dictamen sobre el sistema de Seguridad Pública se elaboró en el Senado y no se discutió en la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, además de que se excluyeron las propuestas de los partidos minoritarios, Layda Sansores considera que al ver que no pasaría su propuesta de policía única, Felipe Calderón impulsó a como diera lugar la modificación del artículo 73 para abrirle camino a una ley antisecuestros.
"Creo que su objetivo fue acceder a la presión de la ciudadanía y se llegó a esta nueva Ley del Sistema de Seguridad Pública, pero en contra de su voluntad", opina.
En tanto el PRI, que había negociado con el PAN su respaldo a la reforma del artículo 73, presionó al gobierno para que se eliminara la pretensión de cancelar los recursos a los estados porque tiene 18 gubernaturas que el próximo año recibirán de la Federación más de 2 mil millones de pesos destinados a la seguridad pública.
La negociación del PRI, encabezada por el senador Jesús Murillo Karam, logró que antes de cancelarse los recursos cada gobernador explique por qué su estado no alcanzó las metas mencionadas. En este proceso se puede abrir otra negociación y, de aceptarse los argumentos del gobernador, se otorgarán los recursos federales.
Las negociaciones en las que fue anulada la parte esencial de la propuesta calderonista fueron encabezadas por políticos que durante el gobierno de Ernesto Zedillo elaboraron la ley general que establece las bases de coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el cual será sustituido por la reforma aprobada el jueves 4. Ellos son el priista Murillo Karam, que en aquella época era subsecretario de Gobernación, y los perredistas Samuel González Ruiz y Moisés Moreno, exfiscales y asesores de la PGR en el sexenio zedillista, además del diputado Juan N. Guerra.
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