La renuncia de Fernando al PAN

Columna Itinerario Político/Ricardo Alemán

El Universal, 11 de febrero de 2010

¿También rompe con Calderón?

El sentido común dice que la misiva dirigida por Fernando Gómez Mont a “Don César” para renunciar a su militancia en el PAN, en realidad debió decir: “Don Felipe”. O si se quiere emplear el refranero popular; “Escucha César, para que entiendas Felipe”.

Y es que el secretario de Gobernación no rompió con el grupo de “Don César”, y tampoco con el PAN; en el fondo Gómez Mont “mandó al diablo” la política de alianzas ordenada por el presidente Calderón a “Don César”. Por eso obliga la pregunta: ¿también rompe con Felipe Calderón?

Eso sólo lo sabe Gómez Mont. Pero lo que está a la vista de todos es el extraordinario paralelismo entre el destape de Calderón en julio de 2004 —quien rompió con las decisiones presidenciales de Fox—, y la renuncia del titular de Gobernación al PAN. ¿Calderón también reprenderá de manera pública a Gómez Mont? ¿Continuará como responsable de Gobernación?

Más allá de la resultante en la relación Calderón-Gómez Mont, lo cierto es que asistimos a la mayor crisis del PAN en sus tiempos de partido en el gobierno. ¿Por qué? Porque el de Calderón en realidad es el primer gobierno de Acción Nacional —el de Fox nunca lo fue—, y porque la mancuerna Calderon-Gómez Mont era precisamente el “uno-dos” de una generación azul que no sólo lleva en las venas el espíritu fundacional del PAN, sino la carga histórica del apostolado opositor contra el PRI.

Así, cuando se rompe el consenso partidista, de proyecto y futuro entre “el uno y el dos” del gobierno azul, y cuando el “número dos” decide “mandar al diablo” al número uno —por la conducción del partido y sus alianzas contranatura—, entonces asistimos a una fractura en el gobierno y el PAN que empuja al partido a las 12 elecciones estatales, no sólo en calidad de derrotado, sino fracasado.

Es decir; el PAN de Nava y Calderón —sus alianzas y estrategias—, terminan por convertirse en un partido censurado, reprobado, fracasado en su examen histórico de congruencia y doctrina, y que llegará a julio vacío, derrotado. Y con ello le habrá servido más al PRI que a su historia. Vale recordar que Felipe Calderón ganó la candidatura presidencial y la elección de 2006, en buena medida por su origen doctrinario y por el apoyo del panismo como el de Gómez Mont. ¿Quién va a votar hoy por el PAN?

Y las “razones que me veo obligado a no revelar por discreción profesional”, que esgrimió Gómez Mont en su carta de renuncia, son pura congruencia, ya que se trata de un político serio, de valores, principios y palabra. Todos saben que para amarrar alianzas con el PRI, comprometió su palabra a que el PAN no pactaría electoralmente con el PRD. Pero no le cumplieron ni Calderón ni “Don César”. Otro triunfo para el PRI.

¨***Columna Bajo Reserva/El Universal, 11 de febrero de 2010

¿Todo por el todo?

Ayer renunció al PAN el operador de la política interna del gobierno de Felipe Calderón, y con ello, se dice, anticipa su renuncia a la Secretaría de Gobernación y, desde luego, se despide de la precandidatura presidencial. ¿Pues qué pasó? El martes 9 en la noche, en la sede nacional del que fue su partido y fundó su familia hace décadas, hizo el último esfuerzo por impedir la alianza del PAN con la izquierda, en torno a Gabino Cué, por la gubernatura de Oaxaca. Gómez Mont, como otros panistas, no quiere a Cué. Pero hay mucho más que eso. El secretario renunció porque, para avanzar con el PRI en varios frentes (el presupuesto, una reforma fiscal), se había comprometido a detener la alianza en Oaxaca. Y casi lo logra. Casi convence a los consejeros. Obvio: no pudo. Entonces la coalición se tradujo en una afrenta de César Nava y su grupo en contra de sus esfuerzos por tender puentes. ¿Es posible que Nava, amigo y protegido de Felipe Calderón haya avanzado en esa alianza sin el apoyo del Presidente? Si Calderón apoyó a Nava, es porque calculó una ruptura en todas sus dimensiones; si, por el contrario, Nava se fue por la libre (difícil de creer), entonces el dirigente panista le habrá salido caro al mandatario. Ahora sí, el Presidente se juega el todo por el todo: ¿Se imagina qué pasará si, a pesar de las alianzas y con costos tan altos, el PAN no se recupera en 2010?

Comió con Francisco Rojas en Polanco; cenó con Alejandro Encinas en Palmas. Josefina Vázquez Mota se movilizó tratando de contener daños. Y no sólo ella: varios de los cercanos al presidente Calderón intentaron cerrar filas, exponer que la decisión de Fernando Gómez Mont es de él. Que se va solo. Que no se rompen pactos. Pero si Josefina se dedicó a tender puentes, otros operadores de Nava y a nombre del Presidente dijeron ayer que Gómez Mont fracasó como operador político del gobierno, y como panista. El perdedor es el Presidente. Esta coyuntura lo deja frente a dos caminos excluyentes: o mantiene viva la esperanza de las reformas en alianza con el PRI vía Gómez Mont, o apuesta a ganar elecciones estatales con coaliciones que dinamitan la posibilidad de las reformas. A Calderón le ganó, otra vez, la militancia panista al rol de jefe de Estado.

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Los motivos de la renuncia

Columna Estrictamente Personal/Raymundo Riva Palacio
Los motivos de Gómez Mont

Fernando Gómez Mont, miembro de una de las familias que le dieron sentido y destino al PAN, renunció al PAN. En un gobierno tan ideologizado como el de Felipe Calderón, la interpretación de varios analistas de que es una “bomba” hacia el interior de la administración, no es una exageración. Pero al mismo tiempo, Gómez Mont se levanta como el único miembro del calderonismo, el Presidente incluido, capaz de ser congruente con sus compromisos y demostrar que su palabra tiene valor. Paradójicamente, si no lo obligan a renunciar a la Secretaría de Gobernación, puede convertirse en el único que logre que el sexenio de Felipe Calderón pueda trascender positivamente.

Lo único que no tiene la renuncia de Gómez Mont al PAN son secretos. En su carta al líder panista César Nava, dijo que por “discreción profesional” no podía explicar sus motivos. Hay un motivo doctrinario, y es su rechazo ideológico a las alianzas, cualesquiera que estas fueran. Pero una, sobretodo, la detonó: la alianza del PAN con la izquierda en Oaxaca, con el senador Gabino Cué como su candidato. En una plática con Cué, Gómez Mont le dijo: “No veo cómo puedas caminar bajo el mismo paraguas de López Obrador y Calderón”. El conflicto postelectoral de 2006 sigue vivo, con López Obrador insultando sistemáticamente a Calderón, y este y su equipo en Los Pinos, obsesionados en cómo terminar de aniquilarlo políticamente.

En esa plática, hace mes y medio aproximadamente, Gómez Mont fue muy claro: ni cree en esa alianza, ni la apoyaría. Cué se preocupó, pero un veterano político le aconsejó: “Busca a Nava, sus resortes son diferentes a los de Gómez Mont”. Eso hizo Cué, quien dos semanas después confiaba que la alianza para impulsarlo a la candidatura se iba a concretar. Las noticias de las posibilidades que se negociara positivamente la alianza para el senador llegaron a Oaxaca, y el gobernador Ulises Ruiz, tomó el avión a México.

Hace tres lunes exactamente, en el despacho del secretario de Gobernación en el Palacio de Covián, Ruiz visitó a Gómez Mont. Había mucho de qué hablar y reclamar. Cuando se dificultó la negociación del presupuesto porque los priistas en el Senado se rebelaron al acuerdo cupular que había hecho la dirigente nacional del partido Beatriz Paredes y un pequeño grupo de diputados con el gobierno, Gómez Mont y el entonces secretario de Hacienda, Agustín Carstens, comenzaron a hablar con los gobernadores priistas para que los apoyaran.

Pedían que le dijeran a sus bancadas que respaldaran el aumento en los impuestos. A cambio, ofrecieron, les liberarían recursos presupuestales que estaban empantanados, y habría mayores partidas para aquellos rubros –como en las áreas de infraestructura y el campo- que necesitaran reforzar. Una de las condiciones para ese acuerdo es que no hubiera alianzas en las elecciones para gobernador de este año. Gómez Mont dijo estar de acuerdo, y que confiaran en su palabra. Dos gobernadores llevaron la voz cantante a favor del presupuesto, Enrique Peña Nieto del estado de México, y Ruiz de Oaxaca. Cuando a Peña Nieto le llovieron las críticas por su presión a la bancada, reculó ligeramente. Ruiz nunca lo hizo, y se batió con sus pares y con los líderes parlamentarios a favor del impuesto.

Ese lunes que vio a Gómez Mont en su despacho, no había mucho que recordar. El secretario de Gobernación le dijo que estaba opuesto a la alianza, y que si esta se concretaba, renunciaría. No puedo seguir negociando con la oposición si no puedo cumplir mi palabra, le dijo Gómez Mont a Ruiz, según una reconstrucción de todo el episodio elaborada por personas que conocen todos sus detalles. No quedó claro en ese momento si ya lo había planteado al Presidente, pero en esos días nadie tenía duda sobre su postura. Gómez Mont había arreciado críticas públicas a las alianzas, aunque en realidad era solamente una la que había provocado su repudio: Oaxaca.

Ruiz salió conforme, creyendo en Gómez Mont. A sus espaldas, el viejo odio del presidente Calderón al PRI, terminó inclinándolo hacia la postura de Nava, que deseaba las alianzas con el PRD, PT y Convergencia, la coalición de izquierda que tiene a López Obrador como su jefe político, y le dio el visto bueno. Todavía la semana pasada, cuando empezaron a anunciarse las alianzas electorales en otros estados, como Durango y Puebla, varios priistas expresaron públicamente su desacuerdo. Una línea de pensamiento muy crítica dentro del PRI a Calderón fue expuesta por el senador Fernando Baeza, quien recordó en declaraciones a la prensa que el Presidente había olvidado que había sido gracias a los priistas y sus diputados, por lo que pudo tomar posesión y colocarse la banda presidencial el 1 de diciembre de 2006.

Los priistas están incendiados. Paredes, la líder nacional que ha pagado altos costos políticos dentro del partido por su cercanía con Calderón y por haber jugado internamente para sacar adelante reformas que buscaba el Presidente, admitió a varios periodistas que “los habían chamaqueado”. Paredes elevó a tonos inusuales su discurso, menospreciando a Nava y utilizando una palabra que no es común en su lenguaje para describir lo que habían hecho los panistas con la izquierda que repudia a su Presidente: “chaquetearon”.

La conclusión de la negociación de la alianza en Oaxaca arrinconó a Gómez Mont. El secretario de Gobernación no tenía mucho que perder, porque su carrera pública la había determinado hasta 2012. No quería ser candidato a la Presidencia, y desde que Calderón lo invitó al gabinete se lo dijo –una de sus razones fue que tenía el lastre de haber sido Alcohólico Anónimo-, y lo repitió en público y en privado. Su renuncia al PAN, si pone en entredicho su permanencia como secretario de Gobernación, lo único que haría es achicar el tiempo de permanencia en ese cargo.

Pero paradójicamente Gómez Mont, que es viejo amigo de Felipe Calderón y de su esposa Margarita Zavala, y que pese a haber crecido con el senador Santiago Creel se la jugó con el actual mandatario durante la precampaña para la candidatura presidencial panista, puede estar haciéndole un gran favor al Presidente mismo. Carente Calderón de un equipo consistente y congruente, él mismo cayendo en la esquizofrenia del discurso que en ocasiones denuesta a los partidos y horas después los llama a la unidad y la concordia, la actitud recta de Gómez Mont le regala un interlocutor de alto valor frente a la oposición.

Gómez Mont no engañó a Cué, ni a la oposición y mantuvo su compromiso político con el PRI, aunque ello provocó su salida del PAN, al no haber cumplido Calderón y el PAN, esos acuerdos políticos que tuvieron con los gobernadores y las cúpulas priistas cuando requirieron de su ayuda para sacar adelante el presupuesto. Desde la muerte del ex secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, Calderón no había tenido a ningún colaborador cuya palabra respetaran.

El Presidente tendrá que evaluar si quiere que se quede Gómez Mont en el gabinete o le pide que se vaya. En el pasado, ya le presentó su renuncia en dos ocasiones, una de ellas cuando lo maltrató, como suele hacer el Presidente con sus colaboradores, pero llegaron a buen término. En esta ocasión, cuando menos ya sobrevivió un día más como secretario de Gobernación, lo que eleva las posibilidades de que se mantenga en el cargo. Gobernar el país con un hombre que ya no tiene partido, le puede dar una mayor credibilidad a la política interna, que es de lo que esta urgido Calderón. Como Carlos Salinas que necesitó al apartidista Jorge Carpizo en Gobernación para darle certidumbre a la elección de 1994, Ernesto Zedillo recurrió al panista Antonio Lozano Gracia para darle credibilidad a la procuración de justicia, y Carlos Abascal se salió del PAN para ayudar en las negociaciones con los partidos a Vicente Fox.

La “bomba” que lanzó Gómez Mont al PAN no desbarrancará la alianza para Oaxaca –donde tampoco hay garantía alguna que triunfe sobre el PRI-, ni modificará lo que este martes hizo el consejo político panista al votar 40 contra 1, por ir con Cué como su candidato. En el corto plazo, galvaniza la crisis doctrinaria que está viviendo el PAN por el tema de las alianzas. Y en el largo, Calderón necesitará sacar dos presupuestos más y, sobretodo, buscar las reformas estructurales que tanto le urgen para darle un puerto de destino a su gobierno, ahogado hoy en una guerra contra el narcotráfico que sólo le ha dado negativos a él y a su partido. Calderón tendrá que evaluar el costo-beneficio de lo que propició –la alianza y la renuncia-, y decidir qué es lo que quiere hacia delante.

Tendrá que entender, asimismo, que hoy en día Calderón necesita hoy en día más a Gómez Mont de lo que Gómez Mont lo necesita al Presidente.

rrrrivapalacio@ejecentral.com.mx

Ejecentral.com, 11 de febrero de 2010;

Comisión de Seguridad Pública

Acta DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, CORRESPONDIENTE A LA REUNIÓN DE INSTALACIÓN, REALIZADA EL MARTES 6 DE OCTUBRE DE 2009

A las 11:00 horas del 6 de octubre de 2009, en el salón de protocolo A, ubicado en Congreso de la Unión número 66, colonia El Parque, de la Cámara de Diputados, se reunieron los integrantes de la Comisión de Seguridad Pública, de conformidad con la convocatoria de fecha 10 de octubre del presente año, para el desahogo del siguiente orden del día:

1. Lista de asistencia y presentación de los integrantes

Se pasó lista de asistencia, encontrándose los diputados José Luis Ovando Patrón, presidente; Bonifacio Herrera Rivera, María de Jesús Aguirre Maldonado, Teresa del Carmen Incháustegui Romero, Heriberto Ambrosio Cipriano, Felipe Amadeo Flores Espinosa, Eduardo Yáñez Montaño, Adriana Sarur Torre, Alejandro Gertz Manero (secretarios); Miguel Álvarez Santamaría, Óscar Martín Arce Paniagua, Jaime Fernando Cárdenas Gracia, Salvador Caro Cabrera, Ernesto de Lucas Hopkins, Jorge Fernando Franco Vargas, Luis Alejandro Guevara Cobos, Manuel Guillermo Márquez Lizalde, Rosi Orozco, Gustavo Antonio Miguel Ortega Joaquín, María Antonieta Pérez Reyes, Camilo Ramírez Puente, Francisco Lauro Rojas San Román, Ricardo Sánchez Gálvez, Arturo Santana Alfaro, Víctor Hugo Círigo Vázquez.

Cada uno de los integrantes de la comisión se presentó y mencionó el grupo parlamentario al cual pertenece.

2. Declaratoria de quórum

En virtud de que se contó con el quórum reglamentario, el secretario Bonifacio Herrera Rivera informó al presidente que se contó con una asistencia inicial de 16 diputados registrados, por lo cual hubo quórum, iniciando la reunión.

3. Lectura del orden del día

Acto seguido, el presidente puso a consideración de los presentes el orden del día e instruyó al secretario Bonifacio Herrera Rivera para que le diera lectura; se aprobó por unanimidad. Asimismo, le pidió que leyera el Acuerdo de Integración de la Comisión, siendo aprobado por el pleno a propuesta de la Junta de Coordinación Política de esta Cámara.

4. Intervención y declaración formal de instalación, a cargo del presidente José Luis Ovando Patrón

El presidente dijo que se les iba a pedir de manera amable que pasaran al punto relativo a la declaratoria formal de instalación de la comisión, para lo cual pidió que se pusieran de pie.

Acto seguido el presidente declaró formalmente instalada la comisión, manifestando que "en la ciudad de México, Distrito Federal, a las 11:37 horas del 6 de octubre de 2009, se declara instalada formalmente la Comisión de Seguridad Pública, que funcionará durante la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 43 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 93 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, así como de conformidad con el acuerdo aprobado por el pleno el 29 de septiembre de 2009. Muchas gracias."

5. Intervención a cargo de los diputados de la comisión

A continuación, dirigieron un mensaje algunos diputados. Para empezar Alejandro Gertz Manero, de Convergencia, habló sobre la importancia de crear un diagnóstico de los trabajos pendientes de la comisión sobre el cual se pueda empezar a trabajar y sacar adelante los proyectos, este diagnostico lo debe conocer la sociedad.

Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Partido del Trabajo, comentó sobre una visión común entre todas las fuerzas políticas, que el problema de la seguridad pública es un tema de interés general, que es por ello la insistencia de presentar una propuesta integral referente a los temas de seguridad pública, protección a los derechos humanos, derechos de las víctimas, de la población y hacer un llamado a las fuerzas de seguridad para que no violenten los derechos humanos.

Adriana Sarur Torre, del Partido Verde Ecologista de México, manifestó que su grupo parlamentario realizará una correcta revisión para la implementación de las políticas públicas en materia de seguridad y así fortalecer los esquemas de prevención del delito.

Teresa del Carmen Incháustegui Romero, del Partido de la Revolución Democrática, se refirió a que el diagnóstico solicitado a la comisión debe estar enfocado desde una perspectiva de la victimización ciudadana, perspectiva de la organización policial, y desde la perspectiva de las corporaciones de la calificación de la profesionalización, lo anterior para generar condiciones de seguridad sobre la base de políticas preventivas; a su vez solicitó un listado de los asuntos pendientes de dictaminación de la comisión.

María Antonieta Pérez Reyes, del Partido Acción Nacional, manifestó la importancia de trabajar de manera urgente estos tres años para arrancarle a la delincuencia los espacios sociales de los que hoy se ha apoderado, así los millones de jóvenes que está utilizando como material desechable, por lo tanto establece que se reúnan constantemente en comisión.

María de Jesús Aguirre Maldonado, del Partido Revolucionario Institucional, planteó trabajar en temas de prevención del delito involucrando a las instituciones que ayuden realmente a prevenirlo, no sólo la Secretaría de Seguridad Pública es la encargada de prevenir, también se pueden inmiscuir la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de Educación Pública e instituciones en el ámbito de salud, deportes, cultura y por supuesto justicia.

6. Asuntos generales

Al tocar este punto el presidente de la comisión exhortó a los integrantes a que se anotaran para hacer uso de la palabra, pidiendo al secretario Bonifacio Herrera Rivera fuera tan amable de anotarlos. Acto seguido, intervinieron los siguientes legisladores:

Rosi Orozco, del Partido Acción Nacional, se refirió al tema de trata de personas, el cual considera que es de suma importancia que la Comisión de Seguridad Social trabaje sobre ello.

Salvador Caro Cabrera, del Partido Revolucionario Institucional, realizó una petición al presidente para obtener un análisis sobre el comportamiento de la incidencia delictiva de delitos federales de los últimos años en el orden nacional como estatal; asimismo, solicitó la instalación de un equipo de trabajo que tenga que ver con el fortalecimiento de las policías municipales, así como la obtención de un análisis del proyecto de Presupuesto del ejercicio fiscal que refleje el esquema bajo el que se dan los recursos del subsidio federal para seguridad pública.

María Antonieta Pérez Reyes, del Partido Acción Nacional, manifestó la necesidad de crear un plan de trabajo y calendario de las reuniones de la Comisión de Seguridad Pública para el desahogo de los temas pendientes.

7. Clausura

No habiendo temas pendientes a tratar y una vez desahogado el orden del día, el presidente dio por clausurada la reunión a las 13:40 horas del 6 de octubre de 2009.

La Comisión de Seguridad Pública

Diputados: José Luis Ovando Patrón (rúbrica), presidente; María de Jesús Aguirre Maldonado (rúbrica), Teresa del Carmen Incháustegui Romero (rúbrica), Heriberto Ambrosio Cipriano, Felipe Amadeo Flores Espinosa (rúbrica), Eduardo Yáñez Montaño (rúbrica), Sergio González Hernández, Bonifacio Herrera Rivera (rúbrica), Adriana Sarur Torre (rúbrica), Alejandro Gertz Manero (rúbrica), secretarios; Miguel Álvarez Santamaría (rúbrica), Óscar Martín Arce Paniagua (rúbrica), Jaime Fernando Cárdenas Gracia (rúbrica), Salvador Caro Cabrera (rúbrica), Ernesto de Lucas Hopkins (rúbrica), Omar Fayad Meneses, Jorge Fernando Franco Vargas (rúbrica), Luis Alejandro Guevara Cobos (rúbrica), Aarón Irízar López, Manuel Guillermo Márquez Lizalde (rúbrica), Rosi Orozco (rúbrica), Gustavo Antonio Miguel Ortega Joaquín (rúbrica), María Antonieta Pérez Reyes (rúbrica), Camilo Ramírez Puente (rúbrica), Francisco Lauro Rojas San Román (rúbrica), Ricardo Sánchez Gálvez (rúbrica), Ardelio Vargas Fosado, Arturo Santana Alfaro (rúbrica), Víctor Hugo Círigo Vázquez (rúbrica).

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En la capital de los Estados Unidos Mexicanos, a las 14 horas con 20 minutos del miércoles 14 de octubre, de conformidad con la convocatoria publicada en la Gaceta Parlamentaria de ese día y anteriores, y con la asistencia inicial de 18 legisladores, el diputado presidente, declara abierta la sesión.

Orden del Día

1. Lista de asistencia.

2. Declaración de quórum.

3. Lectura y aprobación del orden del día.

4. Aprobación del acta correspondiente a la sesión anterior.

5. Propuestas para integrar el plan anual de trabajo.

6. Asuntos generales.

Descripción de la reunión

A solicitud de José Luis Ovando Patrón, presidente de la comisión, la diputada secretaria María de Jesús Aguirre Maldonado hizo la declaración de quórum y dio lectura al orden del día, que fue aprobado por unanimidad.

Posteriormente, a petición del presidente, leyó el acta correspondiente a la sesión anterior que sometió a votación y también fue aprobada por unanimidad.

Diputados que estaban presentes: José Luis Ovando Patrón (PAN), María de Jesús Aguirre Maldonado (PRI), Manuel Esteban de Esesarte Pesqueira (PRI), Felipe Amadeo Flores Espinoza (PRI), J. Eduardo Yáñez Montaño (PRI), Sergio González Hernández (PAN), Bonifacio Herrera Rivera (PAN), Teresa del Carmen Incháustegui Romero (PRD), Adriana Sarur Torres (PVEM), Óscar Martín Arce Paniagua (PAN), Jaime Fernando Cárdenas Gracia (PT), Salvador Caro Cabrera (PRI), Ernesto de Lucas Hopkins (PRI), Aarón Irízar López (PRI), Feliciano Rosendo Marín Díaz (PRD), Manuel Guillermo Márquez Lizalde (PRI), María Antonieta Pérez Reyes (PAN), Camilo Ramírez Puente (PAN), Arturo Santana Alfaro (PRD).

El presidente en atención al desahogo del orden del día hizo referencia a los documentos que con antelación se habían hecho llegar a los diputados integrantes, a decir, las memorias de la Comisión de Seguridad Pública en la LX Legislatura; nota informativa del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados sobre el subejercicio del presupuesto en materia de seguridad pública asignado a las entidades federativas al 30 de junio de 2009; programa anual de trabajo 2006-2007. Asimismo, mencionó que al inicio de la sesión se había entregado el programa anual de trabajo 2007-2008.

El presidente propuso como plazo para la entrega de propuestas para el plan anual de trabajo, el viernes 30 de octubre de 2009, a efecto de establecer los ejes temáticos de la comisión. Cabe señalar que los temas no previstos en el también serían atendidos por la comisión.

La diputada Teresa Incháustegui, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, propuso hacer un diagnóstico previo de la situación para así conformar el plan de trabajo, ante lo cual el presidente comentó que la propuesta fue sometida en la sesión anterior.

El presidente informó que se les hicieron llegar insumos para la elaboración del programa, enfatizando del riesgo de recurrir a información emitida por otras dependencias, la cual pudiera estar incompleta, por lo cual, de considerarse procedente se tendría que hacer un análisis más minucioso.

El diputado Sergio González Hernández, del Grupo Parlamentario del PAN, manifestó la posibilidad de considerar para el plan de trabajo dos vertientes: en el plano operativo, homogenizar la información para generar certidumbre y analizar avances; en el entorno jurídico, analizar el informe de la Comisión de Seguridad Pública de la pasada legislatura, la diputada Incháustegui manifestó su acuerdo, quien además comentó la necesidad de contar con un informe por parte de la SSP, ya que en la glosa del III Informe de Gobierno, en materia de seguridad pública, la información se presentó muy dispersa.

El diputado Arturo Santana Alfaro, del Grupo Parlamentario del PRD, expresó que existen otros temas de los que ya se tienen datos y cifras, por lo que solicitó analizar y programar la comparecencia del secretario de Seguridad Pública en virtud de que cuando asistió a la Cámara, no dio respuesta a distintos planteamientos y como ejemplo citó los 15 mil muertos en materia de incidencia delictiva, así como de diversos activistas en materia de derechos humanos, el sistema penitenciario, a efecto de revisar los programas de readaptación social. Propuso la comparecencia del secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública para conocer el avance en la materia. Planteó la revisión de los subejercicios (ramos 33 y 36), entre otros puntos, a reserva de hacerlos llegar como propuesta y solicitó que fueran considerados de manera formal.

El diputado Manuel Esteban de Esesarte Pesqueira, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sometió a consideración de los integrantes de la comisión sostener una reunión con miembros de la SSP para conocer la situación que guarda en la actualidad la seguridad pública y revisar así en su contexto los temas presupuestales.

La diputada María de Jesús Aguirre Maldonado, del Partido Revolucionario Institucional, sostuvo que existe claridad en los temas que preocupan a los integrantes de la comisión, entre ellos, el del presupuesto. Manifestó la imposibilidad de reducir el presupuesto en materia de seguridad pública, ejemplo de ello, se refirió a la imposibilidad de reducir el presupuesto otorgado al Subsidio para la Seguridad Muncipal y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, Subsemun, así como el ramo 33. Respecto a la fecha de integración del programa anual de trabajo, estuvo de acuerdo en que el plazo fuera el 30 de octubre, y sugirió que las propuestas fuesen entregadas el sábado 24 de octubre del presente y de ser posible reunirse antes del 30 con la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La diputada Teresa Incháustegui manifestó que no se tiene el criterio necesario para poder analizar la eficiencia de los programas existentes en la materia y con base en ello poder decidir si se aumenta o no el presupuesto, toda vez que se carecen de indicadores. Insistió en que no se debe dejar de lado la revisión de logros obtenidos en los programas.

El diputado Camilo Ramírez Puente, del Partido Acción Nacional, apoyó la propuesta del presidente de que sea el viernes 30 de octubre la fecha perentoria para someter las propuestas al plan anual de trabajo de la comisión, sin perjuicio de ir avanzando en temas. Señaló la necesidad de contar con parámetros y puntos de comparación. Propuso la unificación de indicadores de prevención. Destacó la importancia de tener actitud y voluntad para fortalecer la mejor seguridad pública con miras al futuro.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Partido de l Trabajo, señaló que se requiere información no sólo de la SSP sino que es necesario contrastarla con información en materia presupuestal proveniente de otras dependencias, como lo son la Auditoría Superior de la Federación, Comisión Nacional de Derechos Humanos en relación con temas de seguridad pública, así como con información del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, a efecto de conocer qué está ocurriendo con los subejercicios, desde el punto de vista legislativo.

A su vez, manifestó que se encuentran pendientes 18 dictámenes en la comisión, entre los cuales se encuentran la Ley del Uso de la Fuerza Pública, y el Estatuto de las Islas Marías, debiéndose conocer el estado que guardan. Expresó su inquietud por conocer el tema de contratos y licitaciones realizados por la Secretaría de Seguridad Pública, solicitando de igual manera la comparecencia del secretario de Seguridad Pública.

El diputado Salvador Caro Cabrera, del Partido Revolucionario Institucional, propuso los siguientes ejes de trabajo: 1. Elaboración del programa anual de trabajo, 2. Análisis de indicadores tomando en consideración a la Auditoría Superior de la Federación, 3. Análisis del presupuesto de la Secretaría de Seguridad Pública, así como el análisis de fondo de las aportaciones en materia de seguridad pública estatal. Remarcó la necesidad de trabajar en los puntos anteriormente citados, a la brevedad.

El diputado Ernesto de Lucas Hopkins, del Partido Revolucionario Institucional, manifestó la necesidad de clarificar el concepto de seguridad pública, toda vez que hay quienes lo entienden desde un punto de vista federal, estatal o municipal respectivamente. Expresó que la crisis en materia de seguridad pública por la que atraviesa nuestro país deriva de los problemas generados por el narcotráfico.

El diputado Eduardo Yáñez Montaño, del Partido Revolucionario Institucional expresó la necesidad de analizar el presupuesto de manera rigurosa así como los plazos establecidos en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Como ejemplo citó el próximo vencimiento del plazo para la creación del Centro de Control de Confianza. Propuso ahondar en temas relativos a reclusorios, sentencias condenatorias y trabajo de inteligencia a fin de incluirlos en el plan de trabajo.

El diputado Felipe Amadeo Flores Espinoza, del Partido Revolucionario Institucional, expuso la necesidad de reunirse con funcionarios de la SSP, como tema prioritario y analizar el aspecto presupuestal de los estados y municipios.

El diputado Márquez Lizalde comentó que el programa anual de trabajo es un insumo muy importante, siendo punto de partida para dar seguimiento a la labor de esta comisión mediante la creación de subcomisiones que en la anterior legislatura ya se encontraban en funciones. Citó a la Subcomisión del sistema nacional de seguridad pública y legislación penal, prevención del delito y readaptación social, profesionalización y dignificación de policías, así como el análisis en materia de presupuesto y fiscalización, manifestando la posibilidad de que en estas subcomisiones se puedan insertar todos los tema.

Propuso el acercamiento con titulares de la Secretaría de Seguridad Pública para empezar el análisis de las propuestas de presupuesto así como el programa anual de la comisión.

El presidente manifestó la necesidad de reunirse con los responsables de las dependencias, sin embargo manifestó la dificultad que representa la citación de funcionarios sin antes concretar un programa anual de trabajo. En cuanto al plazo perentorio para la entrega de propuestas pidió respetuosamente a los integrantes de la comisión se mantenga como fecha de entrega el 30 de octubre de 2009. Solicitó a la diputada Teresa Incháustegui, así como al diputado Sergio González Hernández sugerir el planteamiento para estructurar el plan de trabajo así como para la integración de las subcomisiones. A su consideración expuso como tema prioritario y urgente el relativo al presupuesto el cual deberá de empezar a trabajarse de inmediato a través del grupo de trabajo ya propuesto para tal efecto.

Con lo anterior se finalizó el punto 5 del orden del día: Propuestas para integrar el plan anual de trabajo.

Se procedió al desahogo del punto 6 del orden del día, asuntos generales, en el cual el diputado Salvador Caro Cabrera, del Partido Revolucionario Institucional, expresó que derivado de una consulta a los integrantes de la Comisión de Seguridad Pública, con excepción del Grupo Parlamentario Convergencia, los diputados que integrarán el grupo de trabajo para la revisión del Subsidio en Materia de Seguridad Pública para los Municipios (Subsemun) son:

Diputados: Felipe Amadeo Flores Espinoza, J. Eduardo Yáñez Montaño, Manuel Esteban de Esesarte Pesqueira, Ernesto de Lucas Hopkins, del PRI. María Antonieta Pérez Reyes, del PAN. Adriana Sarur Torre, del PVEM, del PRD Teresa Incháustegui Romero y Arturo Santana Alfaro, y del PT, Jaime Cárdenas Gracia.

A su vez comentó la urgencia de que dicho grupo de trabajo sesionara a la brevedad, señalando que en el Presupuesto de 2008 hubo un subejercicio del 76.8 por ciento siendo este año el subejercicios de 63.8 por ciento en materia de Subsemun y de 86.5 por ciento en materia de FASP. Enfatizó la existencia de problemas estructurales en cuanto a la disminución de recursos o cual se relaciona con la reducción de fondos dado que durante dos años consecutivos ha habido recursos no ejercidos.

Sugirió los siguientes temas como puntos a tratar durante las reuniones del citado grupo de trabajo:

Primera reunión: Propuesta de medidas administrativas y consideraciones presupuestales, revisión de información y desglose del PEF de 2010.

Segunda reunión: Reunión con diversos funcionarios de Seguridad Pública de estados y municipios.

Tercera reunión: Elaboración de propuesta de consideración del presupuesto final, observaciones administrativas para que el gobierno federal, estatal y municipal accedan a los recursos asignados con facilidad.

El diputado Camilo Ramírez Puente solicitó que se le incluyera en el grupo de trabajo, manifestó su preocupación en materia de subejercicios, lo cual lo tradujo en falta de compromiso de autoridades en la materia, y destacó como inadmisibles los subejercicios.

Expresó que la solución no está en reducir fondos en materia de seguridad pública sino aplicarlos de manera correcta.

La secretaria María de Jesús Aguirre Maldonado sometió a consideración de los integrantes de la comisión, la aprobación de la propuesta hecha por el diputado Caro, incluyendo al diputado Camilo Ramírez como integrante de éste, lo cual fue aprobado por unanimidad.

El diputado Sergio González Hernández, del Partido Acción Nacional, solicitó que se considerara en asuntos generales la incorporación de información en materia de presupuesto.

El diputado Manuel Esteban de Esesarte Pesqueira propuso un equipo de trabajo distinto para revisar el presupuesto de la Secretaría de Seguridad Pública y solicitó el apoyo de la secretaría técnica de la comisión para la citación de funcionarios proponiendo como fecha el jueves 22 de octubre.

El presidente propuso que el mismo equipo de trabajo ya aprobado por los integrantes de la comisión atendiera la inquietud del diputado González Hernández y dentro del propio equipo se dividiera el trabajo, a lo cual el diputado De Esesarte respondió que operativamente implicaría complicaciones en el desempeño de es te grupo de trabajo. En función de lo anterior el presidente sometió a los integrantes de la comisión la propuesta de creación de otro grupo de trabajo, el diputado Camilo Ramírez Puente dijo que era responsabilidad de todos los integrantes de la comisión, la revisión del presupuesto, oponiéndose por lo tanto a la creación de otro equipo de trabajo.

Al respecto, la diputada Teresa Incháustegui expresó que la idea no era eximir a nadie de responsabilidades sino que la finalidad del grupo de trabajo sería sometida a consideración de todos los miembros de la comisión.

Derivado de lo anterior, el presidente propuso que en vez de crear un nuevo grupo de trabajo, las labores que se le hubiesen encomendado a éste fueran atendidas por la mesa directiva de la comisión, manifestando que tanto el grupo de trabajo como la mesa directiva estaban abiertos a la recepción de propuestas e información.

A continuación, hizo la presentación del licenciado José Antonio Sandoval Perea como secretario técnico de la comisión.

Por último, agradeció la presencia de los legisladores y, con un quórum final de dieciocho legisladores, dio por terminada la primera reunión de trabajo de la Comisión de Seguridad Pública, a las 15 horas con 32 minutos del miércoles 14 de octubre de 2009.

Atentamente

Diputado José Luis Ovando Patrón

Presidente

Lista de asistencia

José Luis Ovando Patrón (rúbrica)

María de Jesús Aguirre Maldonado (rúbrica)

Manuel Esteban de Esesarte Pesqueira (rúbrica)

Felipe Amadeo Flores Espinosa (rúbrica)

Eduardo Yáñez Montaño (rúbrica)

Sergio González Hernández (rúbrica)

Bonifacio Herrera Rivera (rúbrica)

Teresa del Carmen Incháustegui Romero (rúbrica)

Heriberto Ambrosio Cipriano

Adriana Sarur Torre (rúbrica)

Alejandro Gertz Manero

Miguel Álvarez Santamaría

Óscar Martín Arce Paniagua (rúbrica)

Jaime Fernando Cárdenas Gracia (rúbrica)

Salvador Caro Cabrera (rúbrica)

Víctor Hugo Círigo Vázquez

Ernesto de Lucas Hopkins (rúbrica)

Omar Fayad Meneses

Jorge Fernando Franco Vargas

Luis Alejandro Guevara Cobos

Aarón Irízar López (rúbrica)

Feliciano Rosendo Marín Díaz (rúbrica)

Manuel Guillermo Márquez Lizalde (rúbrica)

Rosi Orozco

Gustavo Antonio Miguel Ortega Joaquín

María Antonieta Pérez Reyes (rúbrica)

Camilo Ramírez Puente (rúbrica)

Francisco Lauro Rojas San Román

Ricardo Sánchez Gálvez

Arturo Santana Alfaro (rúbrica)

Ardelio Vargas Fosado

 DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA REUNIÓN ORDINARIA DE TRABAJO, REALIZADA EL MIÉRCOLES 14 DE OCTUBRE DE 2009

Objetivo, Garzón

Objetivo, Baltasar/JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ

Publicado en El País, 10/02/2010;

El Consejo del Poder Judicial no ha desperdiciado tiempo en impulsar los trámites para suspender de sus funciones al juez Baltasar Garzón. Las diligencias del Tribunal Supremo contra el juez llegaron el lunes al secretario general del Consejo y éste, sobre la marcha, las metió en el orden del día de la Comisión Permanente de ayer, martes. Y, también ayer mismo, el Consejo hizo una excepción con Garzón y se saltó su propia costumbre de no actuar contra un magistrado si no media contra él una decisión judicial firme (auto de procesamiento o conversión de unas diligencias en procedimiento abreviado) o sin que la causa disponga del aval de la fiscalía. Lo que ha valido para otros jueces, no sirve ahora para Garzón, que ni está procesado ni es acusado por la fiscalía en ninguno de los dos procedimientos que le ha abierto el Supremo merced a querellas de ideologizados y extraños acusadores.

La decisión de preguntar al fiscal si Garzón debe ser apartado de su juzgado fue adoptada por unanimidad de los cinco miembros de la Comisión Permanente, que encabeza el propio presidente del Poder Judicial, Carlos Dívar, y de la que también forman parte las vocales progresistas Margarita Robles y Almudena Lastra, así como los conservadores Manuel Almenar y Antonio Dorado. Estos vocales favorecieron ayer el titular periodístico a sabiendas incluso de que el presidente de la Sala de lo Penal del Supremo, Juan Saavedra, les advierte por escrito de que las resoluciones recaídas sobre Garzón están en fase preliminar y, además, no son firmes. Por ello, es muy probable (según reconocen fuentes del Consejo) que la respuesta de la fiscalía sea que no procede apartar al juez porque ninguna resolución goza de firmeza.

Garzón tiene pocos amigos en el Consejo, donde vaticinan malos augurios a su continuidad como juez de la Audiencia Nacional, ante el convencimiento de que el Supremo terminará llevándole al banquillo por al menos alguna de las dos querellas que pesan sobre él. No resulta extraño, pues, que quieran desterrar a Garzón los vocales del Consejo propuestos por el PP -obsesionado con Garzón, a quien no le perdonan haberles aflorado los sucísimos trapos del caso Gürtel-. Pero sí rechina en fuentes progresistas del Consejo que a ese empeño del PP se hayan sumado vocales como Lastra y, "con especial beligerancia y proselitismo", Robles.

Hacía la suspensión de Garzón

Proceso exprés para suspender a Garzón

El Poder Judicial se salta los trámites habituales con el fin de acelerar el relevo del juez de la Audiencia Nacional, impulsado desde el Supremo por Luciano Varela

JULIO M. LÁZARO - Madrid - 10/02/2010

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial acordó ayer por unanimidad iniciar los trámites para suspender de funciones al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón. Lo hizo sin esperar siquiera a la resolución de los recursos planteados por Garzón contra la decisión del juez del Tribunal Supremo Luciano Varela de sentarle en el banquillo por investigar el franquismo y contra la admisión de una querella por no haber archivado un proceso contra el presidente del Santander.

Varela, magistrado instructor de la querella de Manos Limpias por la investigación de los crímenes de la dictadura, pidió el viernes al presidente de la Sala Penal, Juan Saavedra, que remitiera al Consejo el auto del pasado día 3 en el que plantea seguir el proceso contra Garzón por esos hechos. Saavedra remitió el auto de Varela al órgano de gobierno de los jueces indicando que lo hacía porque así se lo había pedido el juez instructor del proceso a Garzón, pero advirtiendo expresamente a esa institución de que el auto no era "firme".

Paralelamente, el presidente de la Sala Penal remitió también al Poder Judicial otro auto del juez Miguel Colmenero, en el que éste abre otra causa a Garzón por haber archivado una querella contra el presidente del grupo Santander, Emilio Botín, meses después de haber dirigido unos cursos en la Universidad de Nueva York patrocinados por el citado banco. Este auto de Colmenero tampoco es firme y el defensor de Garzón, Gonzalo Martínez-Fresneda, ha planteado contra el mismo un recurso de nulidad de actuaciones.

La diferencia entre una y otra remisión estriba en que la segunda responde a una costumbre habitual cuando se admite a trámite una querella contra un juez, en tanto que la primera fue instada expresamente por Varela, sin necesidad aparente.

El lunes, en la reunión preparatoria del orden del día de la Comisión Permanente, a la que no asistió el presidente del Consejo del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Carlos Dívar, se acordó, a propuesta de la vocal Margarita Robles, incluir el estudio de ambos autos del Supremo en la sesión de la Permanente de ayer.

Margarita Robles, magistrada de la Sala de lo Contencioso del alto tribunal y vocal del Consejo del Poder Judicial, es amiga personal y compañera de Luciano Varela en la asociación Jueces para la Democracia. También es enemiga furibunda de Garzón desde sus tiempos de secretaria de Estado de Interior con el ministro socialista Juan Alberto Belloch. Fue ella la que instó, junto a algunos magistrados, una modificación en el discurso oficial de apertura de tribunales pronunciado por Carlos Dívar el pasado 21 de septiembre, en respuesta a un artículo crítico con Varela titulado Garzón, en el punto de mira publicado por este periódico. Dos días después intentó junto a Varela, sin conseguirlo, que el secretariado de Jueces para la Democracia emitiese un comunicado de apoyo al instructor del Supremo.

En el curso de la Comisión Permanente celebrada ayer, Robles propuso, a la vista de los dos oficios remitidos por el Supremo, recabar el informe del Ministerio Fiscal a los efectos previstos en el artículo 384.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, es decir, a efectos de suspender de funciones a Garzón, aunque según las fuentes consultadas aún no había necesidad de hacerlo.

El presidente del Consejo y del Supremo, Carlos Dívar, opuso que la práctica habitual para tramitar la suspensión era esperar a la admisión de una querella siempre que ésta fuera del Fiscal, pero en este caso es de Manos Limpias y el Ministerio Público no la apoya. Dívar agregó que tampoco se había abierto aún juicio oral ni dictado auto de procesamiento contra Garzón, pasos necesarios para privarle de sus funciones, puesto que el presidente de la Sala Penal había expresado que el auto de Varela no era "firme".

Margarita Robles contestó al presidente que podía iniciarse el trámite, ya que la Sala Penal del Supremo no es "un juzgado cualquiera" y que el instructor, Luciano Varela, había indicado expresamente su intención de seguir el procedimiento contra Garzón. A la postura de Robles se sumaron los dos vocales conservadores, el magistrado Manuel Almenar y el secretario judicial Antonio Dorado y la fiscal progresista Almudena Lastra. Ésta, a preguntas de algunos de sus compañeros tras la comisión, adujo que así iban "ganando tiempo" y tenían preparada la suspensión para cuando el Supremo confirmase los autos. El acuerdo, finalmente, se adoptó por unanimidad.

Dado que el informe pedido por el Poder Judicial al fiscal no es vinculante, las fuentes consultadas indicaron que, una vez recibido, Garzón será previsiblemente suspendido sin más trámite. Un grupo de vocales del Poder Judicial expresó a EL PAÍS su sorpresa por una medida que ni entienden ni comparten y de la que tuvieron conocimiento por la prensa.

Actores para una defenestración

- Requisitos legales para suspender a un juez.

Ley Orgánica del Poder Judicial.

- Artículo 383. La suspensión de los jueces y magistrados sólo tendrá lugar en los casos siguientes: 1. Cuando se hubiere declarado haber lugar a proceder contra ellos por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones. 2. Cuando por cualquier otro delito doloso se hubiere dictado contra ellos auto de prisión, de libertad bajo fianza o de procesamiento.

- Artículo 384. En los supuestos de los dos primeros apartados del artículo anterior, el juez o tribunal que conociera de la causa lo comunicará al Consejo General del Poder Judicial, quien hará efectiva la suspensión, previa audiencia del Ministerio Fiscal.