Reabrir el debate

El presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, Carlos Aguiar Retes, hace observaciones a las modificaciones a la Carta Magna aprobadas en la Cámara de Diputados

El presidente del Senado, Carlos Navarrete Ruiz, promete reabrir el debate sobre el estado laico en México, luego de que la Cámara de Diputados estableciera este concepto en la Constitución.

El presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), Carlos Aguiar Retes, hizo observaciones a las modificaciones aprobadas en San Lázaro, y pidió a la colegisladora revalorar el concepto de Estado laico.

"Que se inicie un debate en esta Cámara que es tan importante para la legislación en nuestro país", dijo Aguiar.

En un hecho inusual, el purpurado visitó esta tarde la antigua casona de Xicótencalt para expresar a Navarrete la preocupación de la Iglesia ante lo que consideran un intento para limitar la libertad de expresión de los prelados.

Por la mañana, el senador perredista Pablo Gómez propuso en tribuna una iniciativa para eliminar el quinto inciso del artículo 130 constitucional, el cual restringe a los ministros de culto la posibilidad de participar en asociaciones políticas y propagandísticas.

Gómez argumentó que los sacerdotes hacen política aún con la prohibición constitucional y no se les sanciona. Aguiar Retes celebró el razonamiento del perredista.

El presidente del Episcopado detalló que pactó con Navarrete establecer un "canal de comunicación institucional" para que los sacerdotes den seguimiento al avance de la discusión de la minuta enviada desde San Lázaro.

El encuentro se realizó luego de que distintos obispos calificaron como "albazo" las modificaciones hechas en la Cámara Baja, pues los diputados rechazaron escuchar el punto de vista de los ministros de culto.

Reformas al 130 constitucional

Sesión ordinaria en el Senado de la República, 25 de febrero de 2010;

"Tiene la palabra el senador Pablo Gómez Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar proyecto de decreto que deroga el inciso e) del artículo 130 constitucional.

-EL C. SENADOR PABLO GOMEZ ALVAREZ: Ciudadanas y ciudadanos legisladores.

Vengo a proponer ante el Congreso una iniciativa para restablecer los derechos de asociación política y la libertad de expresión de los sacerdotes de todos los cultos religiosos. Dice así.

El inciso e) del artículo 130 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala:

“Los ministros no podrán asociarse con fines políticos ni realizar proselitismo a favor o en contra de candidato, partido o asociación política alguna; tampoco podrán en reunión pública, en actos del culto o de propaganda religiosa ni en publicaciones de carácter religioso, oponerse a las leyes del país o a sus instituciones ni agraviar de cualquier forma los símbolos patrios”.

Esto es lo que propongo que se derogue.

El estado laico, señores senadores, no contiene la prohibición para el ejercicio de derechos de ninguna clase de individuos o ciudadanos.

La libertad de expresión es un derecho humano que no debe serle arrebatado absolutamente a nadie.

Lo que la Constitución dice sobre el exclusivo derecho de desciudadanía para intervenir en los asuntos políticos del país, sólo excluye a los extranjeros. Pero no puede excluir a ningún mexicano por el sólo hecho que se dedique a una determinada profesión, como es el sacerdocio.

Esto no es producto del Estado Laico, esto es producto de la factura que el Constituyente del 17 le pasó a la Iglesia Católica que nunca fue capaz de apoyar ninguna causa nacional y popular.

Pero esa factura no tenemos por qué mantenerla hoy, porque ya entonces era violatoria de derechos, y hoy que se ha desarrollado el Derecho Internacional de Derechos Humanos, en mucho más violatoria.

Qué sentido tiene que vivamos en este país en una relación de abuso-tolerancia se viola la Constitución todo el tiempo por parte de los sacerdotes, y el gobierno no los puede multar, porque a pesar de que hay violación de la Constitución no hay razón valedera.

¿Qué quiere decir esto?, que la norma, no es que sea arcaica, es que es injusta.

¿Por qué debe haber ciudadanos con derechos restringidos? ¿Qué es lo que permite eso? Absolutamente nada. ¡Ah!, pero cada vez que se viola la Constitución por parte de algún obispo, se presenta la violación como un falso triunfo sobre el Estado Laico, porque se está vinculando la laicidad del Estado con una monstruosa prohibición del ejercicio pleno de los derechos humanos, y del ejercicio pleno de los derechos ciudadanos.

Por lo tanto, hay que eliminar, totalmente, no se trata de modificar; hay que eliminar totalmente el inciso “E” del Artículo 130 de la Constitución.

Una última cuestión, Presidente.

Se dice que este precepto es con el propósito de que los sacerdotes no utilicen, justamente su sacerdocio, su ministerio para influir en las elecciones.

Yo creo que los servidores públicos que administran los programas sociales, tienen mucha más capacidad de coaccionar el voto, que los sacerdotes, y nadie ha propuesto que les quitemos derechos políticos.

Por qué durante años los líderes sindicales corporativizados en el PRI, que todavía lo están -aunque ya no tienen a tendiente electoral entre sus filas- no les arrancaron los derechos políticos si llevaban a obreros y campesinos por colas a votar por el partido oficial.

No es entonces eso, no es entonces la capacidad de influir en otros.

Los sacerdotes como ciudadanos que se la jueguen en el marco de la república con sus opiniones políticas, y entonces en condiciones de libertad.

Se confrontarán las ideas, las posturas sin necesidad de atentar contra derecho legítimo que ellos también tienen.

Convoco al Congreso y a la legislatura de los estados a superar esta injusticia constitucional, y reivindicar que el Estado Laico al quitarle los privilegios al clero, no pretendía arrebatarle derechos a nadie, sino al contrario, reivindicar la calidad de iguales de todos en la república, ¿por qué, hoy hay unos desiguales?

Muchas gracias por su atención. (APLAUSOS)

- EL C. PRESIDENTE NAVARRETE RUIZ: Gracias, Senador Gómez por su iniciativa. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos para su análisis y dictamen correspondiente.

regunto al Senador Gómez, ¿si acepta que diversos senadores y senadoras del Partido Acción Nacional y del Partido de la Revolución Democrática suscriban con usted esta presente iniciativa?

 EL C. SENADOR TOMAS TORRES MERCADO (Desde su escaño): Pablo Gómez no acepta. (Risas en la sala)

 EL C. PRESIDENTE NAVARRETE RUIZ: El señor Senador Pablo Gómez dice que acepta, y con mucho gusto; que sea una iniciativa colectiva con lo cual adelanta muchísimo la discusión en comisiones y su aprobación correspondiente por supuesto.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE DEROGA EL INCISO e) DEL ARTÍCULO 130 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PRESENTADA POR EL SENADOR PABLO GÓMEZ.

Senado de la República:

Con base en el artículo 71 de la Constitución, presento a esta cámara del Congreso de la Unión la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, bajo las siguientes consideraciones:

El inciso e) del artículo 130 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala lo siguiente: “e) Los ministros no podrán asociarse con fines políticos ni realizar proselitismo a favor o en contra de candidato, partido o asociación política alguna. Tampoco podrán en reunión pública, en actos del culto o de propaganda religiosa ni en publicaciones de carácter religioso, oponerse a las leyes del país o a sus instituciones, ni agraviar, de cualquier forma, los símbolos patrios.”

Con independencia del origen de este precepto, es preciso analizarlo desde el punto de vista de las garantías individuales vigentes, los derechos políticos de los ciudadanos, los derechos humanos, la libertad religiosa y el carácter laico del Estado mexicano.

La libertad de expresión tiene el límite del agravio. Se trata de la libertad de manifestación de las ideas que, según la Constitución vigente, no puede ser objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa sino cuando ataque a la moral (concepto indefinido), los derechos de terceros, provoque algún delito o perturbe el orden público. Ninguna de las limitaciones de esta libertad tiene relación con el lugar donde se manifiesten las ideas. Si se respeta el artículo 6º. de la Constitución vigente, las expresiones de los ministros de culto, en los templos, en actos públicos o en instrumentos de propaganda religiosa, están permitidas, como las de cualquier otra persona, en el lugar o a través de los medios que fueren. Es evidente que el inciso e) del artículo 130 es una antinomia constitucional respecto del artículo 6º. de la misma Constitución vigente.

Los sacerdotes de todos los cultos religiosos son ciudadanos cuando tienen las cualidades exigidas para cualquiera y, por tanto, deberían poder gozar de las prerrogativas de ciudadanía, entre las cuales se encuentra el de asociación política personal y libre. El inciso e) del artículo 130 constitucional se enfrenta a ese estatuto constitucional del ciudadano, con lo cual encontramos otra antinomia.

En cuanto a la limitación de la libertad de expresión para los extranjeros en los temas de carácter político y a la prohibición de la asociación de éstos para tomar parte de los asuntos precisamente políticos del país (artículo 33 de la Constitución), encontramos que la norma abarca a cualquier extranjero pero nunca a un ciudadano.

Es bien sabido que dentro de los derechos humanos se encuentran aquellos que tienen que ver con la nacionalidad, la pertenencia a un Estado y los derechos inherentes a la ciudadanía. La persona que sea ciudadana no puede dejar de tener los mismos derechos que poseen aquellos que son reconocidos para sus conciudadanos, a menos que exista una resolución judicial tomada luego de un proceso debido.

La libertad religiosa no tiene más límites que el carácter laico del Estado. Ninguna clerecía puede pretender someter al Estado a sus decisiones, a la vez que el Estado no puede someterse a ningún mandamiento religioso. Esto se debe a que el Estado no reconoce religión alguna como propia pero tampoco desconoce las religiones y mucho menos las persigue. El Estado laico no es el Estado ateísta.

Se entiende que el servicio público no pueda ser desempeñado por clérigos, ya que aquél no debe ser sometido por algún clero, lo mismo si se trata de cargos de designación que de elección, de la misma manera que también está impedido para los militares y los jueces en ejercicio. Pero eso no significa que las libertades de expresión y asociación puedan ser restringidas. Podría decirse que existen líderes gremiales que pueden tener mayor ascendencia entre los asociados y no por ello se les ha limitado sus derechos de expresión y asociación. Los servidores públicos que administran programas sociales suelen tener mayor capacidad que los sacerdotes de inducir o coaccionar el voto pero conservan sus derechos ciudadanos plenamente.

Una república democrática no puede establecer limitaciones de derechos por motivos profesionales y el sacerdocio es una profesión. En realidad, el Estado laico concede algo de lo que le es inherente cuando crea estados de excepción y concede aún más cuando establece leyes discriminatorias inaplicables en lo cotidiano. Es evidente que muchos sacerdotes no respetan el contenido del inciso e) del artículo 130 de la Constitución ni están dispuestos a someterse a éste. También es evidente que la autoridad sólo podría aplicar los correctivos de ley en situaciones excepcionales, por motivos de conveniencia política, pero de ningún modo de manera sistemática y completa. Esto quiere decir que existe una insana relación de abuso-tolerancia. Los sacerdotes, especialmente los de mayor jerarquía, abusan, mientras el gobierno les tolera. Más no se trata de las inclinaciones partidarias del gobierno actual sino de cualquier gobierno. Esta hipocresía debe ser superada en favor de la afirmación de la laicidad del Estado.

En cuanto a la prohibición de agraviar los símbolos patrios, contenido en el mismo precepto, ésa existe para cualquier persona y no es sólo aplicable a los sacerdotes.

Ahora bien. En el fondo de la polémica --siempre mal llevada-- sobre la relación entre el Estado y la clerecía de todas las iglesias se encuentra el problema de la democracia. En realidad no se trata de un asunto de derechos como se ha querido plantear, sino de la aceptación del criterio democrático, es decir, del principio de la mayoría en condiciones de equidad en la comunicación social, el ejercicio de derechos, el respeto a la decisión de cada quien y la reivindicación del carácter ciudadano de los miembros de la República. La supresión de algunos derechos a los sacerdotes no afirma el Estado laico en la medida en que crea una excepción del principio de igualdad ante la ley y de membrecía plena de todos los ciudadanos dentro de la República. Los estados de excepción se formulan justamente en situaciones excepcionales como cuando la República naciente le niega derechos a los integrantes de la monarquía derrocada o cuando los traidores son declarados individuos sin derechos políticos. Quizá tenía algún sentido que el Constituyente de Querétaro le pasara algunas facturas al alto clero católico por haber apoyado en el pasado todas las causas antinacionales y antipopulares, pero tales desquites no pueden prolongarse indefinidamente a costa de la renuncia de principios democráticos. En un momento determinado, el Estado mexicano hizo un juicio del clero católico y le condenó al ostracismo político, a la clandestinidad en la expresión de sus puntos de vista, a la persecución eventual de sus actitudes políticas, pero esto ya no debe continuar porque es injusto y porque es una simulación.

Es verdad que el clero católico pretende con cierta regularidad someter las decisiones de la autoridad del Estado a sus criterios, pero tal pretensión no se inhibe en forma alguna con la prohibición. Cada vez que algún sacerdote viola el inciso e) del artículo 130 de la Constitución su conducta se presenta falsamente como una victoria de las pretensiones clericales de erosionar el carácter laico del Estado. Pero la laicidad del Estado no consiste en negar la libertad de expresión y el derecho de asociación política absolutamente a nadie. Se trata de un juego perverso, sobre todo bajo el actual gobierno, el cual proclama como propias las declaradas victorias sobre el laicismo.

Hoy existen en el país varias polémicas en las que el alto clero católico ha participado en abierta violación del precepto constitucional que propongo derogar. Se trata especialmente del derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria y libre de su propio embarazo antes de las doce semanas de gestación y de los matrimonios civiles, con plenos derechos, de personas del mismo sexo. Estos son puntos sobre los cuales la alta jerarquía católica y las de algunas otras iglesias no podrían transigir debido a una tradición propia de discriminación, intolerancia y condena de ciertas prácticas o formas de ser realmente existentes en la humanidad en todos los tiempos. Pero, para el Estado laico, existe un terreno en el que las diferencias se pueden resolver: el de la democracia. La cuestión es si el alto clero católico está dispuesto a admitir que las divergencias se resuelven en ese terreno. Y es aquí donde la prohibición de la libre expresión de los sacerdotes no ayuda en nada. Está claro que el alto clero no admite que las leyes del Estado puedan desobedecer los mandatos clericales, pero no es con la supresión de derechos de los sacerdotes como tal asunto podría resolverse sino con el ejercicio más completo de la democracia, con decisiones mayoritarias luego de debates abiertos sin exclusiones.

El inciso e) del artículo 130 de la Constitución es ya un gesto grotesco que no ayuda a plantear el problema verdadero: la no aceptación por parte del alto clero católico del criterio democrático. No será una ley discriminatoria, antidemocrática y violatoria de derechos la que resuelva este asunto, sino el desarrollo de una sociedad democrática que sea capaz de reafirmar a cada paso los principios del Estado laico.

Por los motivos expuestos, presento al Senado de la República el siguiente proyecto de decreto:

ARTÍCULO ÚNICO. Se deroga el inciso e) del artículo 130 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

TRANSITORIO:

ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Posicionamiento de Manlio

Entrevista al senador Manlio Fabio Beltrones, Coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, 25 de febrero de 2010

- Comentó el Presidente Felipe Calderón que para él, desde su punto de vista, el tema de las alianzas electorales puede dificultar la construcción de acuerdos. ¿Qué opina usted?

- Me parece una declaración pertinente. No conozco el contexto en el cual se esté pronunciando al respecto, me gustaría mucho entender cuál es la diferencia de opinión que tiene él con su secretario de Gobernación, porque un gobierno tiene que florecer cuando exista congruencia de objetivos entre quienes están al frente de la administración pública, y cada vez veo más desorden en la administración.

- ¿Es creíble que el Presidente tenga una posición y el PAN, que es su partido, tenga otra sobre el tema de las alianzas?

-Habría que creerle tanto como la credibilidad que debería de tener la versión del diputado Clouthier, con la versión del Presidente Calderón, sobre el tema de “el chapo”.

.- En este tema de “el chapo”, ¿usted ha notado un combate distinto, me refiero frente a un cártel y a otro por parte del Gobierno Federal?

- La verdad es que no tengo mayores elementos que los que se nos han proporcionado en la numeralia, y ésta fue parte también de una pregunta que pronto habrán de responderla, el Gabinete de Seguridad Nacional, cuando estuvo reunido aquí en el Senado.

-¿Pero ustedes ven favoritismo en este combate al crimen organizado?

- No tendría elementos yo para poder pronunciarme al respecto.

- ¿La pregunta se le hizo a todos los secretarios o a alguno en particular?

- La pregunta estuvo sobre la mesa, la respuesta estoy seguro que pronto la tendremos.

.- Porque se hablaba de que en el sexenio pasado efectivamente había un cartel favorito y otro al que se combatía con más fiereza.

.- Eso es lo que se dice, pero tendríamos que poner las cosas con mayores elementos que nos ayuden a distinguir quién está actuando de manera correcta o si estamos ante un asunto de gravedad por el tener más combate a un cartel que al otro.

Verdaderamente resultaría lamentable. Yo no lo creo, pero lo tiene que seguir aclarando el gobierno.

.- Los numerosos procesos electorales de este año y la construcción de diversas alianzas en los estados, ¿Qué puede hacer el Senado para blindarse y evitar que esa lucha que se va a dar en las entidades del país, llegue aquí e impacten las reformas que se ventilen?

.- Estoy convencido que un país que construye con responsabilidad y que aquel que tenga una mirada tan corta como para estarse ocupando simplemente del 4 de julio y perder de vista la importancia del 5 de julio, se estará equivocando.

En el Senado el Grupo Parlamentario del PRI está mirando más allá del 4 de julio, considerando que es necesario llevar a cabo una serie de reformas que ayuden al país a salir de este marasmo en el que se encuentra: no tiene crecimiento económico.

El que nos están pronosticando para este año, apenas va a llegar a dar un respiro ante la caída del Producto Interno Bruto de cerca de 7 puntos en el año 2009.

No tiene una seguridad pública que le dé tranquilidad a sus ciudadanos.

No tiene el empleo que necesitan todos los mexicanos.

Distraernos simplemente en las elecciones, es un acto de enorme irresponsabilidad. No lo cometeremos, el PRI, en el Senado. Veremos las reformas que se necesitan en este país.

.- ¿Hay manera de firmar un acuerdo, hacerlo verbal, de hacerlo explícito?

.- Aquellos que firman los acuerdos, es que no tienen respeto por su palabra.

Por ahí se habla de que no nada más hay acuerdos que han sido violados en la palabra, sino que de paso se encuentran escritos.

En verdad que es una vergüenza si existen acuerdos escritos, porque eso gira alrededor del poco respeto que tienen por la palabra dada.

- ¿Qué opinión la merece la renuncia del senador Mario López Valdez…?

- Él tiene -y lo explica en el documento que todos ustedes conocen- su particular punto de vista al respecto de la equidad con la que debería competir en Sinaloa.

Respeto mucho la decisión que ha tomado el senador Mario López Valdez.

Yo insistiré que en Sinaloa se debe continuar con un proceso democrático, para seleccionar al candidato que deberá competir en las próximas elecciones.

- ¿Hay riesgo de que se repitan hechos como estos, dentro del PRI?

- En todos los partidos políticos.

- ¿Pero esto pone en riesgo, me refiero a la gubernatura, en el caso del PRI, en Sinaloa?

- Estoy convencido que Mario López Valdez es un activo muy importante dentro del PRI. Lamento mucho que no compita internamente.

- Inaudible.

- Un gobernante tiene que ser siempre exigido que busque -de buscar- acuerdos con todas las fuerzas políticas que están en el ámbito, para poder hacer que su gobierno trascienda.

Yo espero que estas conclusiones del Presidente Felipe Calderón no sean las de un analista, sino las de un gobernante responsable que ponga manos en la acción y ocupe la mayoría de su tiempo en platicar con todos los que no piensan igual que él, y logre los acuerdos necesarios que el país necesita.

.- Ayer la presidenta del PRI dijo con qué reforma laboral no irían. Con qué características no estarían dispuestos a aprobar en el Congreso.

Hoy el senador Madero sostiene que esa es una posición retardataria.

- La verdad es que es una discusión en falso. No conozco una iniciativa de reforma laboral que haya enviado el Ejecutivo.

En el caso que así suceda y tengamos conocimiento de ella, pondré en lo personal la vista sobre el respeto al derecho de las mujeres a trabajar, de las mujeres embarazadas a ser tratadas en consecuencia, de las mujeres solteras para que puedan tener las garantías suficientes como para que se respete su trabajo y de tantas otras garantías que nosotros debemos buscar para los mexicanos y que deben ser plasmadas en una reforma laboral.

- La reaparición de Carlos Salinas de Gortari, dice el senador Navarrete que ya pasó la hora de los ex Presidentes. ¿Qué lectura le da usted a esta reaparición del ex Presidente Salinas y todo lo que dijo, sobre todo, el regresar parte de la banca a los mexicanos?

- Estoy convencido que México debe seguir salvaguardando el derecho de todos a poder opinar, a poder participar y, sobre todo, a reflexionar sobre lo que pueden haber sido sus experiencias.

En lo personal saludo y bien, que ponga sobre la mesa algunos temas que desde hace mucho tiempo hay quienes se preguntan cuál es la verdad, en específico el que toca a la devaluación que se vivió en el año de 1994, en aquel diciembre, en el cual se dijo que era el error de ese mes y que en la discusión de aquel tiempo no se ponían de acuerdo si el error se cometió antes de diciembre o después de diciembre.

La verdad es que todos sabíamos que a México le había hecho daño. Ojalá y esta etapa histórica, con estas revelaciones, pueda transparentarse de mejor manera para que en su reconocimiento podamos evitar que nuevamente vivamos una época tan aciaga como la que ya superamos.

.- …Estado fallido que no entera la ley. ¿Esto no es una injerencia en la vida interna del país?

- La verdad nunca debe ser tomada como una injerencia de quienes muestran una preocupación desde México o fuera de México.

En verdad que es inocultable llevar el debate por el camino de la obligatoriedad que deberían tener los extranjeros para poder visualizar la realidad que se vive en Ciudad Juárez, que es de enorme falta de seguridad, no sería lo correcto.

Creo que el debate debe ser en cómo encontrar soluciones conjuntas, que sean de carácter transnacional, transexenal y de compromiso de todos para poder alcanzar esos niveles de seguridad que nos exigen en Ciudad Juárez.

- ¿No hay el riesgo de que esas declaraciones que prácticamente hablan que está fallando la estrategia de gobierno, impliquen también la intención del gobierno de Estados Unidos de intervenir con alguna fuerza binacional…?

- No lo veo tan grave. Yo más bien estoy enterado que la señora Napolitano estuvo aquí hace una semana, incluso que platicó con los más altos funcionarios del Gobierno Federal mexicano.

A lo mejor tiene información privilegiada que le dieron ellos, que valdría la pena que esos mismos funcionarios pudieran dársela a los mexicanos.

.- Quisiera consultarle: las proyecciones que hace el Gobierno Federal en cuanto a el tema del crecimiento económico, apuntan a que durante los próximos 15 años México tendrá un mediocre crecimiento económico, por abajo del que planean en otros países.

¿Se puede hacer algo para revertir esta tendencia que está ya plasmada en el papel, en la visión del Gobierno Federal?

- Yo espero que la mediocridad no dure todavía 15 años y que solamente se ajuste al sexenio actual, y que esto ayude en mucho a que nosotros podamos hacer los ajustes necesarios para que México retome nuevamente la ruta del crecimiento.

Sé que hay muchos que están aventando el sobrero al aire, porque este año supuestamente podremos crecer hasta 3.9 por ciento, pero después de una caída del 6.5 nos quedan debiendo todavía 3 puntos más, para ponernos en un ritmo verdaderamente de recuperación; que crezcamos en el año 2010 solamente 3.9 y que le dé gusto a algunos, no refleja más que su mediocridad.

Estoy más que seguro que si ese es el destino, habremos de regresar solamente a los niveles que teníamos en el 2007, y ya estamos en el 2010 y nos enfilamos hacia el 2011.

- Sobre este asunto de Napolitano. Algunos sectores en Ciudad Juárez hablaban incluso de la posibilidad de que intervinieran fuerzas de la ONU, por lo grave de la violencia y la incapacidad del Gobierno de frenarla, ¿usted cómo vería esto?

- Hay otro sectores también igual de radicales, que hasta piensan en suspender las garantías individuales y me parece una locura.

Estoy convencido que lo que debemos seguir haciendo es exigir al Gobierno Federal nos presente mejores resultados. Ya es hora, después de tantos años de estarnos anunciando que tienen la solución y no dárnosla. Los pretextos ya no deben existir. Si no pueden --como se dijo en su momento-- que se vayan.

Pregunta.- ¿A todos los niveles?

- Yo lo dejo igual como se expresó en su momento.

.- Hablando de renuncias de funcionarios, ¿qué opina del reciente nombramiento de Mario Ávila en un cargo importante de PEMEX-exploración?

- Riñe mucho con lo que supuestamente fue el compromiso del Gobierno cuando hicimos la reforma energética y que buscamos la profesionalización de PEMEX.

Es muy lamentable que nuevamente PEMEX --la industria nacional que es de todos los mexicanos-- se vuelva refugio de algunos candidatos que perdieron la elección en el pasado y que no tengan la suficiente carta de responsabilidad y profesionalización que amerita PEMEX para sus altos funcionarios.

Si PEMEX va a seguir siendo refugio de los amigos y los compromisos del Presidente en turno, no va a tener posibilidad de salir adelante.

Es muy lamentable que se sigan tomando estas decisiones, el país de los “cuates” y las “cuotas” sigue vigente.

.- ¿Ahí el Congreso no puede hacer nada contra ese nombramiento?

- Nada más pronunciarnos, como lo vamos a hacer dentro de un momento, para lamentar que el Gobierno Federal vaya de mal en peor.

Muchas gracias.

La cacería de Garzón

La cacería de Garzón/Antonio Papell, periodista

Publicado en EL PERIÓDICO, 19/02/10;

El desempeño profesional del juez Garzón ha sido tan intenso, controvertido y exuberante que no puede extrañar que, después de tan largo y agitado recorrido, algunos de los damnificados personal o ideológicamente por su arrolladora actividad quieran explotar sus errores ciertos o imaginarios y hacerle probar su propia medicina. Muchos hemos sido muy críticos con este personaje que se dejó seducir por González para probar las mieles del poder y que, ensoberbecido y decepcionado al ver que no se le reconocían sus méritos, emprendió una colosal causa general contra la política antiterrorista del socialismo con grandes daños colaterales.

Tampoco pareció bien a buena parte de la opinión pública aquel persistente afán de notoriedad que hizo de Garzón una estrella mediática, tan lejos de la discreta y eficaz imagen del juez invisible y nulo que quería Montesquieu. Sin embargo, una probable mayoría de ciudadanos, incluidos buena parte de sus detractores, está consternada y atónita por la persecución exorbitante de que está siendo objeto quien, pese a sus defectos y flaquezas, ha prestado servicios notables al país –en la lucha antiterrorista, por ejemplo– y ha marcado hitos decisivos en la defensa universal de los derechos humanos.

La causa abierta contra Garzón por el magistrado del Supremo Luciano Varela por la investigación de los crímenes del franquismo es, cuando menos, extraña, porque se mezclan elementos ideológicos opuestos, como si el objetivo de destruir al juez fuera capaz de conciliar las sensibilidades más dispares, desde la totalitaria a la sedicentemente progresista. En efecto, el proceso penal se inicia a instancias de organizaciones de extrema derecha, Manos Limpias –cuyo líder fue número dos de Fuerza Nueva con Blas Piñar– y Libertad e Identidad, y la propia Falange Española está pendiente de que se acepte su adhesión a la denuncia. Pero tanto Varela como Margarita Robles –vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y principal instigadora de la suspensión cautelar de Garzón–, están afiliados a Jueces para la Democracia (JJDD), la asociación progresista de la magistratura. Varela fue uno de sus fundadores y, entre otros méritos profesionales, tiene el de haber sido el autor del borrador de la ley del jurado popular.

Las razones de que Varela entienda que el asunto merece la destrucción de Garzón, contra el criterio de la Fiscalía del Estado y contra la opinión oficial de su propia asociación, JJDD, son en cierto modo misteriosas. El argumento de fondo de la supuesta prevaricación que se le pretende imputar es que, al abrir su causa contra el franquismo, Garzón habría desconocido maliciosamente la ley de amnistía para delitos políticos de 1977. Pero el tratamiento penal de los crímenes contra la humanidad ha avanzado en los últimos tiempos, y se ha abierto paso el criterio muy extendido de imprescriptibilidad de tales delitos, de forma que ninguna amnistía podría borrarlos. Esta valoración es compartida actualmente por infinidad de juristas; y, como se pregunta el penalista Gonzalo Martínez-Fresneda, abogado de Garzón, en el recurso contra el auto de procesamiento, «¿cometerán todos ellos delito de prevaricación por interpretar la ley de amnistía en esos términos? Mal que les pese a muchos, los tratados internacionales firmados por España confirman que los hechos tipificables como crímenes contra la humanidad no son amnistiables».

Pero hay más argumentos que ahondan la extrañeza que provoca la actuación de Varela: cuando Garzón abrió el proceso al franquismo –dice JJDD en una nota–«numerosos juristas de prestigio manifestaron fundada y públicamente su apoyo a la labor instructora» de Garzón… En todo caso, «nos encontramos ante una actuación jurídicamente discutible y, por tanto, no opuesta frontalmente a la legalidad». Hay más: las actuaciones fueron inocuas; nadie «ha visto limitados sus derechos por la instrucción» de Garzón, por lo que JJDD no cree que su actuación «pueda merecer el calificativo de prevaricadora cuando precisamente trata, acertada o equivocadamente, de dar respuesta a las peticiones legítimas de familiares de víctimas de crímenes contra la humanidad».

El otro asunto que se le imputa en causa diferente a Garzón se refiere a una relación con el banquero Botín: le solicitó y obtuvo una cuantiosa cantidad de dinero en concepto de patrocinio para unos cursos que aquel iba a impartir. Y poco después, Garzón sobreseía una querella contra el presidente del Santander. Habrá que aclarar la coincidencia, pero Garzón no es de las personas que se muevan por dinero: pertenece a la categoría de los arrogantes que nunca incurrirían en el ruin error de aceptar un cohecho.

Hay que dejar trabajar a la justicia, y Garzón no ha de tener privilegios ni ventajas. Pero todo indica que estamos ante una cacería y no ante un pacífico proceso judicial. Una cacería en que la dictadura y sus epígonos acabarían cobrando una pieza inmerecida, para escarnio del sistema democrático. No cabe el silencio ante lo que es una impertinente desviación cinegética del Estado de derecho.

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Entrevista al Senador Madero

El Senador Gustavo Madero Muñoz, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, 25 de febrero de 2010;

-Senador, buenos días. Yo le quisiera pedir su comentario sobre este deslinde que hizo ayer el presidente Calderón sobre las alianzas, dijo que le puede afectar en su trabajo político.

-El PAN es un partido plenamente democrático donde la diversidad de las opiniones se respetan pero se toman dentro de los mecanismos, espacios y estructuras del partido. Esto ha permitido procesar temas tan importantes como el construir alianzas locales democráticas con una característica, que en todos los casos el planteamiento ha venido de la base, del Comité Directivo Estatal, ha subido al CEN y es el CEN el que ha apoyado.

En ningún momento han sido alianzas copulares que se impongan a ninguna estructura. Yo soy un convencido de que estas alianzas son para avanzar en la transición democrática y son benéficas para el país y para los ciudadanos d los estados en los que estamos construyendo estas alianzas.

-Pero es creíble esa versión del presidente de que le va a afectar su trabajo político de interlocución,

-Ahorita el presidente Calderón es el responsable del gobierno y del Estado. El responsable del Partido Acción Nacional es César Nava.

-Sí, senador, para consultarle si en el Senado de la República estarían ustedes en condiciones de signar o pactar un acuerdo para evitar que todo este tema de las alianzas y los procesos electorales afecten las reformas que están pendientes de aprobar.

-De eso pido mi limosna.

-¿Pero se lo ha propuesto a los senadores?

-Yo estaría completamente dispuesto a firmar cualquier compromiso en donde los temas electorales que las elecciones locales de los 15 procesos que va haber este año no contaminen, predispongan, condicionen la discusión de los temas de fondo de la reformas que nos hacen falta. Es urgente avanzar en esta dirección.

- Y la otra pregunta que le quiero hacer, Beatriz Paredes ayer en un evento con la CTM dijo que si la reforma laboral contiene ciertas condiciones el PRI prácticamente está dispuesto a pararla en el Congreso.

-Yo no advertí como una señal constructiva en la declaración sin contenido, realmente sin haber un proyecto todavía sobre la mesa estar advirtiendo precisamente unas declaraciones en contra de un esfuerzo que hace mucha falta, una ley tan extensa, tan retrasada, necesita modernizarse. Yo creo que el PRI es muy importante que conserve esa posición de apertura para impulsar las reformas que México necesita. Sin prejuzgar antes la discusión de ninguno de estos temas.

-Pero más que la apertura están cancelando modelos de flexibilización y modernización.

-Sí, yo honestamente creo que hoy al igual que las alianzas y las reformas el espectro político no se divide entre izquierdas y derechas, sino entre reformadores y retardatarios. Escucho con mucha atención los reclamos de los ciudadanos, la inconformidad, la desilusión sobre el sistema político y los políticos como un reclamo, precisamente esa expresión del voto nulo, el abstencionismo, el precisamente todos los ciudadanos, el movimiento por el no, que reconocemos como una de las grandes fallas que tiene nuestro sistema político y que tenemos que cambiar.

El día de hoy voy a presentar una iniciativa que tiene que ver con un tema muy puntual que se refiere al fuero. El fuero también para los ciudadanos irrita, de alguna manera el trato de excepción que los legisladores podemos llegar a tener y en algunos casos con excesos e inmunidades que no se justifican. El día de hoy mi iniciativa contempla una reforma a dos artículos, el 61 y el 111 Constitucional.

Uno es para garantizar que los legisladores en todo momento y circunstancia seamos inviolables en nuestra capacidad de expresar opiniones; eso es contrario a la interpretación que acaba de dar la Corte. Y precisamente quiero que quede perfectamente establecido con todas sus letras esta posibilidad que tengamos de manifestar opiniones con libertad en todo momento, lugar y circunstancia.

Y por otro lado, la reforma al 111 para que no sea el fuero ninguna patente de inmunidad para enfrentar ninguna acusación frente a alguna comisión de delito grave. Que seamos precisamente, tengamos la capacidad de enfrentar la justicia como cualquier ciudadano ordinario y no exista un tratamiento privilegiado en la comisión de estos delitos graves.

-Senador, buenas tardes, yo quisiera conocer su opinión de las declaraciones del presidente Felipe Calderón ayer ante las constantes críticas incluso de panistas como Clouthier, al decir que su gobierno no protege al cártel de Sinaloa y al Chapo, no se desgasta mucho el presidente en esta lucha o qué lectura le dan los panistas con estas declaraciones? Y también preguntarle si ya tiene fecha para el segundo encuentro con el gabinete de seguridad.

-Yo sí creo que este tipo de cuestionamientos, de dudas que se tratan de sembrar es para dividir, para confrontar y para debilitar al gobierno federal y la acción decidida y determinada que ha hecho esta administración para combatir el narcotráfico y la delincuencia organizada. Sembrar este tipo de dudas tiene precisamente un efecto de debilitar la acción frontal, determinada d combatirlos en todos los espacios, rincones de nuestro territorio.

En esto yo estoy con el presidente Calderón. Tiene el reconocimiento de toda la ciudadanía de que está teniendo el apoyo para que utiliza todos los recursos del estado mexicano en el combate a un mal que si no lo hacemos seguirá creciendo y corrompiendo cada vez más espacios de nuestra vida pública y privada.

P: (inaudible)

- No tengo fecha todavía.

-Senador, ¿entonces no se puede advertir que el gobierno federal esté dando un trato diferenciado en la guerra contra el narcotráfico?

-Absolutamente no. Pues nada más vean los noticieros, no sólo las capturas, las extradiciones de los principales capos, de los lugartenientes y operativos que se han hecho, como han afectado precisamente a cinco de los grandes líderes de la organización delincuencial de Sinaloa.

-Senador, buenos días. Jeannette Napolitano dice que se perdió el Estado de derecho en Ciudad Juárez. Me gustaría conocer su opinión respecto a esto, sobre todo que usted es de Chihuahua.

-Chihuahua. En Ciudad Juárez hemos perdido la tranquilidad. Hemos perdido el dinamismo económico, la tranquilidad social, se han corrompido las estructuras de seguridad pública y esto hay que reconocerlo para corregirlo. La actuación de las fuerzas federales es subsidiaria para enmendar estas debilidades e ir construyendo desde abajo tanto una capacidad local d las fuerzas de seguridad pública como ir reconstruyendo el tejido social a través de programas de apoyo a la educación, a la salud, a la prevención de adicciones, a la inversión en infraestructura, crecimiento y apoyo al empleo, a la inversión como parte integral de la estrategia para rescatar Juárez.

Eso es precisamente lo que se está buscando, partiendo de un reconocimiento del debilitamiento que han tenido las fuerzas de seguridad para combatir al crimen organizado y que ha dado lugar a uno de los más cruentos enfrentamientos entre bandas delincuenciales.

P: (inaudible)

-Yo creo que el estado de derecho se pierde cuando hay impunidad y tenemos una alta impunidad en Ciudad Juárez. Muchos de los delitos que se cometen la gran mayoría quedan impunes y en ese sentido coincido con Jeannette Napolitano.

-Senador, perdón. Regresando al asunto de la protección o no de cárteles de la droga, quisiera yo preguntarle si como parte de estas reuniones que están sosteniendo con el gabinete de seguridad nacional ustedes entiendo que ya solicitaron un informe detallado de los operativos y todas estas cuestiones, yo quisiera preguntarle si más allá de defensas o no defensas el presidente o de acusaciones que se viertan, ¿no sería mejor que fuera con datos duros se especificara si hay o no realmente una lucha diferenciada?

-Claro. Yo traigo los datos duros de los líderes de los capos que se han capturado y los que se han extraditado. Nada menos que el día de ayer salió, 25 años de prisión contra el “Vicentillo”. Es un caso concreto, específico, reciente y vigente de cómo se está combatiendo al cártel de Sinaloa.

La última y nos vamos.

-Senador, me gustaría conocer si la bancada del PAN presentaría una propuesta adoptando este documento de la secretaría del trabajo en materia de reforma laboral, o si esperan que el gobierno haga uso de este recurso legislativo para presentar la iniciativa. Eso por un lado. Por el otro, senador, en el tema del fuero constitucional las mesas de negociación de la Cenca se sacó del tema esto del fuero constitucional, me gustaría preguntarle cuál fue el motivo de sacar de estas negociaciones el tema del fuero constitucional, y quiénes lo frenaron, senador.

-Yo desconozco en el tema de la cenca quiénes lo frenaron. Yo no participé en ese esfuerzo, pero el día de hoy precisamente estoy yo proponiendo una iniciativa que acote los abusos que se han tenido en el fuero como impunidad y se fortalezca el fueron como libertad de expresión.

El fuero como impunidad, nada más déjenme ponerles como ejemplo el caso de la elección de julio de 2009, un candidato de Michoacán gana la elección y es acusado de narcotráfico. Todo mundo lo que estaba esperando es que este señor llegara y tomara protesta porque con eso conseguí tres años de inmunidad. Eso es lo que los ciudadanos nos reclaman que no debe permitirse. En eso estamos precisamente haciendo una propuesta para que se elimine que, así sea legislador federal o local, por cualquier delito grave que cometa deba de enfrentar directamente la justicia como cualquier ciudadano común y corriente.

Pero que se garantice la plena capacidad de opinar y expresarse libremente mientras dure el cargo sin interpretar si estás cumpliendo o no tu función legislativa. Esas son las dos propuestas que presentaré el día de hoy.

P: (Inaudible)

-La reforma laboral. A ver. Este tema viene siendo diferido desde hace muchos días, semanas, años, lustros por nuestro país.

Es una muestra más de nuestro rezago, de nuestro letargo legislativo que tiene que ser cambiado con la reforma política que es lo que trata de atacar.

Nuestra incapacidad de reacción oportuna y con capacidad reformadora. El tema laboral todo mundo reconoce que hace falta legislarlo, pero en las primeras acuerdos que se empiezan a construir viene los deslindes y las oposiciones.

Es momento ya de que los ciudadanos exijan a todos sus legisladores que se puedan lograr acuerdos en temas tan importantes como la ley laboral que puede permitir una de las cosas más importantes: crear mayores empleos y un mayor dinamismo económico. Eso es lo que se busca, apoyar a los trabajadores y apoyar a las empresas para que pueda crecer nuestro país.

Muchas gracias.