Contundente respuesta a Bours Castelo!

Versión estenográfica de la conferencia de prensa que ofrecieron el Procurador General de la República, Eduardo Medina Mora Icaza (EMM)y el Secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont (FGM), sobre el incendio de la Guardería ABC del IMSS, en Hermosillo, Sonora.
México, D.F., a 24 de junio de 2009
Con relación a las investigaciones que se realizan en el caso del lamentable incendio en la Guardería ABC en la Ciudad de Hermosillo, Sonora, la Procuraduría General de la República informa:
1. El Ministerio Público de la Federación ejercitó acción penal en contra de cinco probables responsables de la comisión de los delitos de homicidio y lesiones culposos, así como ejercicio indebido del servicio público, dando lugar a la causa penal número 126/2009 ante el Juzgado Primero de Distrito en Hermosillo, Sonora.
Los probables responsables son servidores públicos del Instituto Mexicano del Seguro Social en su delegación en el Estado de Sonora; siendo:
a) Delia Irene Botello Amante, Coordinadora Zonal.
b) Emigdio Martínez García, Jefe de Prestaciones Económicas y Sociales.
c) Noemí López Sánchez, Jefa del Departamento de Guarderías.
d) Irma Díaz Gómez, y
e) Yadira Barrera, Coordinadores Zonales.
Los servidores públicos antes referidos tenían facultades de supervisión y vigilancia sobre la operación del servicio de guarderías en el Estado de Sonora, quienes fueron omisos en el cumplimiento de su deber.
El Juez Federal concedió las cinco órdenes de aprehensión de las cuales se han cumplimentado dos en contra de Irma Díaz Gómez y Delia Irene Botello Amante. A la fecha corre el plazo constitucional para que el Juez Federal resuelva sobre su situación jurídica.
2. Por su parte, el Ministerio Público del Fuero Común del Estado de Sonora ejercitó acción penal en contra de 14 probables responsables de los delitos de homicidio, lesiones y ejercicio indebido del servicio público, dando lugar a la causa penal 226/2009 ante el Juzgado Octavo Penal del Estado de Sonora.
En dicha causa penal, el juez del fuero común en el Estado de Sonora otorgó 13 órdenes de aprehensión en contra de servidores públicos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Sonora y del Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora, de las cuales han sido cumplimentadas 7.
Asimismo, el Juez estatal declinó competencia a favor del fuero federal por cuanto hace a la consignación de Marcelo Meouchi Tirado, representante legal de la Guardería ABC.
Dicha instancia judicial continuará los procesos penales del ámbito de su competencia.
3. Cabe precisar que algunos de los inculpados en las causas penales del orden federal y del fuero común, así como los socios de la Guardería ABC, han promovido diversos juicios de amparo, mismos que se resolverán en su oportunidad por los jueces de control institucional.
Por lo que hace a la libertad provisional de los inculpados sujetos a proceso penal, las autoridades judiciales resolverán lo conducente conforme a su competencia en los plazos y términos que establece la Ley.
4. El Ministerio Público de la Federación continúa las investigaciones de la averiguación previa AP/PGR/SON/HER-V/690/2009 en la cual ha determinado ejercitar la facultad de atracción respecto ala indagatoria a cargo de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sonora, con base en lo dispuesto por los artículos 73 fracción XXI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 10 del Código Federal de Procedimientos Penales y 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
Lo anterior, toda vez que el Juez Penal de Primera Instancia en el estado de Sonora declinó competencia a favor de la justicia federal, por cuanto hace a la consignación de los propietarios y representantes legales de la Guardería ABC, por considerar que los hechos se refieren a un servicio subrogado en el ámbito federal a cargo de un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal.
Los delitos de homicidios y lesiones en agravio de los menores de la Guardería ABC, cuya competencia originaria es del orden común, forman concurso con el delito de ejercicio indebido del servicio público en el orden federal, mismo que consiste en el servicio de guardería que como prestación de seguridad social, corresponde otorgar al Instituto Mexicano del Seguro Social.
En tal virtud, los delitos del orden común tienen clara conexidad con delitos del orden federal, lo que autoriza al Ministerio Público de la Federación a ejercitar la facultad de atracción, de conformidad con las disposiciones constitucionales y legales aplicables.
5. La facultad de atracción permitirá conservar la integralidad de las investigaciones, bajo una sola autoridad ministerial, que tendrá a su cargo la indagatoria de todos los hechos en su conjunto, abarcando así la probable responsabilidad de todos los actores en cualquier ámbito penal, lo que da certidumbre jurídica a la actuación del Ministerio Público, conforme a las disposiciones aplicables.
La Procuraduría General de la República continuará las investigaciones en los trágicos hechos ocurridos en la Guardería ABC en la ciudad de Hermosillo, Sonora y, en su oportunidad, ejercitará acción penal en contra de todos los probables responsables, sin que para ello sea obstáculo alguno que sean particulares o servidores públicos, independientemente de que presten sus servicios en el orden federal, estatal o municipal.
SESION DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS
Carlos Quiroz de Grupo Imagen: (inaudible)
FERNANDO GÓMEZ MONT (FGM): Primero, lo que no le acepté, ni le acepto al señor Gobernador es el tono altanero con que se refiere al Presidente de la República, eso no conviene a nadie, es contrario al respeto a las instituciones y será labor del Secretario de Gobernación hacer el trabajo político necesario de respuesta y de diálogo para que no se falte al respeto entre las instituciones. Al señor Gobernador yo no le falté al respeto y lo convoqué al respeto.
Dos. Cuando yo aseveré que lo que él exponía era parcialmente falso es porque estaba ocultando hechos que hoy son claros:
Uno, que en un principio tanto el Gobierno Federal como el gobierno estatal aceptaron realizar una investigación conjunta para evitar manipulaciones y dar garantías, transparencia y honestidad en el manejo de la investigación en beneficio de la opinión pública y, sobre todo, de las víctimas de la tragedia.
Que de esa investigación quedó claro que el fuego inició en la bodega, y que por sus características era un fuego lento que desde su aparición hasta su contaminación a la guardería, transcurrió tiempo suficiente que de haber existido mecanismos para detectar los incendios o personas presentes en la bodega en ese momento, se podría haber evitado la tragedia.
Que también la Federación en la investigación había reconocido que la tragedia pudo haberse agravado por las condiciones existentes en la guardería, especialmente en cuanto a la presencia de una lona que había sido ya anunciada como un riesgo de seguridad.
Que a partir de esa afirmación de los hechos, Gobierno Federal y gobierno estatal consintieron en que la investigación conjunta se atuvieran a objetivos distintos: el Gobierno Federal ejercitaría acción penal en contra de los funcionarios federales que no realizaron las acciones necesarias para evitar el agravamiento de la situación dentro de la guardería, y el gobierno estatal actuaría contra los funcionarios estatales, municipales y particulares involucrados que habían dado condición para que se iniciara el fuego en las condiciones en que se inició, que por sus omisiones no permitieron detectar en tiempo el riesgo para la guardería, que generaron una situación o ubicación de un espacio riesgoso, como es una bodega gubernamental donde se documentan papeles junto a una guardería, y que habían incrementado la exposición al riesgo con otras medidas, como tales.
Funcionarios de protección civil que habiendo revisado bodega y guardería, habían determinado que cumplía con las condiciones básicas de seguridad, sobre todo después de haber sido advertidos por otra inspección que tales afirmaciones eran discutibles.
Hoy por hoy, esto se tendrá que definir técnica y pericialmente en los procesos penales, y que el gobierno estatal tan asumió esa competencia, que consignó ante los tribunales a funcionarios estatales, municipales y particulares.
Que fue la autoridad judicial de Sonora la que dijo ante el juez que no debía tener competencia en relación a aquellos particulares que operaban la guardería, que eran socios, administradores y representantes legales de la guardería.
Sin menoscabo que hoy existe información que al señor Meunchi contra el que se ejercitó la acción penal, aparentemente no era representante legal de la guardería ni cuando los (inaudible) de 2005, y en los días recientes, en que se dio la tragedia sino era una señora Tellez, independientemente de esa situación que está siendo valorada por el juez federal, nosotros dijimos que se estaba ocultando el hecho y que en tal virtud, no era honesta la injerencia realizada por el Gobernador. Lo dije ayer, lo avalo ahora.
Pero para que ya no haya dudas, para que la investigación no sea objeto de disputas competenciales o políticas, hoy la Procuraduría General de la República ha atraído la investigación y asumido la responsabilidad de procurar verdad y justicia a los afectados por esa tragedia, ya que si no se ha podido evitar la disputa entre los órganos de gobierno para hacer una investigación conjunta, el Gobierno Federal asume la responsabilidad dado el estado de las cosas para obligarse a ofrecer a los agraviados, a las víctimas y a los dolientes, una respuesta institucional al respecto.
Aparte, no acepté la injerencia del Gobernador, puesto que al tratar de indicar que todos los hechos se debían a lo ocurrido en la guardería y tratar de inferir que inclusive altos funcionarios estaban siendo protegidos, ignoraba –yo no sé si culposa o dolosamente– que dichos funcionarios ya habían ocurrido mucho antes, ante las instancias federales a presentar su versión de los hechos, alegar pruebas y expresar documentos bajo qué condiciones fueron renovados los contratos.
Por mala fe o por indolencia, le he exigido una rectificación al Gobernador, lo digo con todo respeto: a la República no le conviene una confrontación más, producto de una tragedia que pudo haber sido evitada.
Nos toca aprender a todos, nos toca rectificar como instituciones frente a los dolientes y frente a la sociedad. Vuelvo a convocar al respeto y a la responsabilidad a don Eduardo Bours, y lo hago en un tono que creo que por enérgico que sea, sigue cumpliendo con las normas básicas de respeto que le debo al señor Gobernador y que le debe el señor a las instituciones del Gobierno Federal, especialmente al Presidente de la República. Gracias.
EMMI: Desde el primer momento de la digamos, de las integraciones de las averiguaciones previas, ha existido una plena y absoluta coordinación entre la Procuraduría General de Justicia de Sonora y la Procuraduría General de la República. Las diligencias, la mayor parte se realizaron de manera conjunta y aportamos a las averiguaciones previas los dictámenes periciales correspondientes.
El Ministerio Público recibirá el expediente de la averiguación previa que está a cargo de la Procuraduría General de Justicia de Sonora, la Procuraduría General de Justicia de Sonora continuará obviamente desahogando el papel que corresponde al Ministerio Público en el desahogo de las causas penales que ya están en curso y, sobre esta base, el Ministerio Público Federal actuará tan pronto como sea practicable respecto de otros probables responsables.
Salvador Maceda, de Televisión Azteca:- Señor Procurador, buenas tardes. Mi pregunta (inaudible) en principio ¿por qué se tardó tanto en atraer este caso?
Mi segunda pregunta sería ¿cuándo se va a citar al director y ex director del IMSS, o si se tienen contemplados dentro de las averiguaciones previas tanto al señor Daniel Karam, como al licenciado Molinar Horcasitas?
¿Cuándo se citará a los dueños de la guardería también a declarar ante el Ministerio Público? Y, bueno, si me permite también señor Procurador, tocar un tema que no tiene mucho que ver con Hermosillo, solamente saber ¿qué hay de estas imputaciones de un testigo protegido en torno al caso de Michoacán, que imputa al Gobernador Leonel Godoy y a 30 funcionarios más? FGM: Primera precisión, señores: en los acuerdos que se hicieron para hacer la investigación conjunta, se establecieron la división de tareas. Parte de que tomara tiempo la investigación, más tiempo del que estaba pidiendo la sociedad, resultaba de la necesidad de verificar algunas periciales técnicas en materia de ingeniería y construcción civil que se planteaban de largo alcance. Parte de la tensión fue entre el gobierno federal y el gobierno estatal, se basó sobre la valoración que sobre lo que existía en el expediente ya era suficiente para adoptar decisiones al respecto.
Ante el compromiso de asumir una investigación conjunta, las partes obviamente que mantenían a veces visiones diferentes o diferenciadas y a fin de actuar conjuntamente, pues hubo tensiones. Una de las tensiones fue el tiempo de respuesta.
Al final, cuando las partes asumieron en conjunto que ya estaban dispuestos para ejercer las acciones penales, el mismo día las ejercitaron con suertes distintas, uno sobre 14 personas donde una denegaron para decir que era federal, y el otro contra cinco personas, sobre las cuales se obsequió en todos los casos las órdenes de aprehensión, dos ejecutadas y tres en vías de ejecutarse.
En relación a lo que pueda estar actuándose dentro de la averiguación previa, vale a decir que en la averiguación estatal se realizaron diversas diligencias y en la federal otras, pues no sé con la pulcritud del caso, qué tanto se pueda informar al respecto Procurador, sigue siendo parte de una averiguación previa.
EMMI: El trabajo que se realizó, se realizó de una manera conjunta y coordinada desde el primer momento, como está establecido en los convenios de coordinación entre la Procuraduría General de la República y la Procuraduría General de Justicia de Sonora.
El Ministerio Público Federal tiene la facultad de atraer una indagatoria del orden común cuando hay conexidad con delitos federales, como es el caso, en el momento en que decide es oportuno, una vez que el juez del orden común declina la competencia a su correspondiente federal en razón de la tarea que realizaban estos particulares, vinculada con un contrato de prestación de servicios a una institución de la administración pública federal y, evidentemente, del avance de las indagatorias es que el Ministerio Público Federal determina hoy ejercer, en esta oportunidad, la facultad de atracción.
Se citará a todas las personas que tengan relación directa con los hechos, el Ministerio Público tiene esa atribución, y obviamente en lo que estime necesario para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidad.
Por lo que hace a la última pregunta, es un hecho que el Ministerio Público Federal consignó ante el Juez de Distrito en Nayarit la indagatoria por lo que hace a 27 personas que habían estado sujetas a la medida cautelar de arraigo, funcionarios estatales y municipales del estado de Michoacán y en esta consignación evidentemente se acompañan todas las constancias que se recogieron en la averiguación previa, es obligación del Ministerio Público como institución de buena fe, no eliminar ninguna parte de segmento de lo declarado por un testigo o una persona.
Y, sobre esta base, el Ministerio Público tiene que valorar todas las pruebas en su conjunto y esto mismo tiene que hacer el juez. Una vez que sea consignado, deja de ser averiguación previa y evidentemente hay particulares y los propios inculpados que tienen acceso a esta información.
El Ministerio Público Federal no estima que se actualice ninguna responsabilidad al señor Gobernador del estado de Michoacán, así lo ha dejado claro el vocero de la Procuraduría General de la República, un dicho que es, en ese sentido de oídas, es decir, no es una circunstancia que le conste a la persona que hizo esta declaración de hechos que no se concretan, como hechos realizados en comisión de tiempo, modo y lugar, no soportados en ninguna otra evidencia, evidentemente no tienen valor jurídico para acreditar probables responsabilidades, por eso el Ministerio Público Federal no estima que se actualice ninguna responsabilidad al señor Gobernador.
Lo hemos dejado claro, lo dejamos claro ahora.
FGM: Una cuestión a este respecto, debe quedar muy claro que cuando dicha versión fue revelada a un medio de comunicación y a la opinión pública ya había pasado el expediente a un estadio legal distinto.
Durante los meses y las semanas que duró, los meses de la investigación y las semanas que duró el arraigo como precondición para la consignación de las autoridades, nunca hubo filtraciones. El hecho de que personas distintas a los servidores públicos que trabajan en la Procuraduría General de la República tuvieran acceso a dicha información y le dieran un uso mezquino y cobarde para detractar al señor Gobernador de Michoacán, no le puede ser imputado al Gobierno Federal, pues su deber de sigilo y de custodia de la información había cesado al pasarla ante la autoridad judicial.
Por lo tanto, no aceptamos responsabilidad alguna y exigimos una investigación respetuosa de la libertad de información y expresión para que se determine cuáles fueron los intereses servidos con la denostación a Leonel Godoy, no fueron los del Gobierno Federal, ni lo son.
PREGUNTA: (Inaudible)
FGM: Pues haber, hay dos problemas, uno, que queremos preguntarle a las autoridades judiciales si tienen constancia de quién tuvo acceso al expediente en esas horas, eso es importante y puede y debe quedar documentado. Bueno, tendrá que ser por aproximación, porque ya que el expediente empieza a pasear por manos, por fotocopias, abogados, inculpados, pues se abre una multiplicidad.
Lo que sí no haremos en función del régimen legal aplicable en México, es interrogar a las fuentes del periódico que dio lugar a la filtración de información.
Eso nos está prohibido y es un camino al que hemos renunciado a seguir en las investigaciones frente a este tipo de filtraciones. Con las limitaciones que tiene el Gobierno en esta materia, llevaremos el conocimiento cuando menos de los posibles autores de esta indiscreción, por lo menos para que no se caiga en la inferencia necesaria o básica que apunte sólo ante la Procuraduría General de la República, quien, por cierto, cuenta con el reconocimiento de su compañero de gabinete en cuanto a la profesionalidad, seriedad y discreción con la que administró una investigación tan delicada como la que nos ocupa.
ANAI Rama, de la agencia internacional Reuters: Sí, dos preguntas para el Procurador. La primera, tengo entendido que de las personas que fueron detenidas algunas ya salieron bajo fianza, lo que quisiera saber cuántas efectivamente están en prisión y cuántas salieron bajo fianza. Y aprovechando también quisiera hacer una pregunta sobre el tema de las elecciones. Preguntarles en qué lugares se han detectado focos rojos acerca de lo que podría ser una probable infiltración del dinero del narcotráfico en las campañas que eran tema de preocupación antes de que empezaran las campañas, y en particular le quería preguntar sobre el tema del municipio de García Garza, en Nuevo León, en donde se divulgó una grabación del actual candidato panista a la alcaldía de este municipio en donde el habla de que la familia de los Beltrán Leyva viven aquí y que es necesario un pacto para que pacte con ellos, con ese cártel, para que se mantenga en paz este municipio. Gracias
EMMI: En el primer caso, por lo que hace a los consignados y respecto de quien se libró orden de aprehensión y se ejecutó es mi entender que las siete personas han obtenido ya su libertad bajo caución conforme lo fijó el juez octavo de lo penal de Sonora. Por lo que hace a las causas federales se han ejecutado órdenes de aprehensión en contra de dos personas, una de las cuales permanece en reclusión a disposición del juez, no ha cubierto todavía la caución que en su caso se fija, y en el otro caso el juez de la causa respetó una suspensión provisional que en vía de amparo tenía esta persona que debe, desde luego, presentarse al propio juzgado a rendir su declaración preparatoria para que el juez esté en posibilidad de determinar lo que corresponda en el momento procesal oportuno para los autos de términos.
Por lo que hace al segundo elemento de la pregunta, la FEPADE ha recibido un sinnúmero de denuncias a propósito de diferentes conductas que ha juicio de los denunciantes actualizan delitos del orden electoral y esta Fiscalía va a actuar con toda imparcialidad precisamente para primero, conocer la verdad histórica de los hechos y segundo, determinar si hay o no responsabilidades. Todas esas consideraciones son materia de averiguación previa que no puedo desde luego comentar con ustedes.
PREGUNTA INAUDIBLE.
EMMI: En su caso son materia de averiguación previa, no estoy en posición de conversar con ustedes respecto de las denuncias que se hayan o hubieren presentado en ese asunto o en otros.
PREGUNTA INAUDIBLE.
EMMI: En su caso son materia de averiguación previa y no estoy en posición de conversar con ustedes respecto de las denuncias que se hayan o hubieran presentado en ese asunto o en otros.
PREGUNTA INAUDIBLE.
EMMI: Se trata de una averiguación previa en curso y no podemos discutir.
FGM: A ver, perdón, la ley señala claro que en esas preguntas no se tiene que contestar a fin de no caer en estos juegos, no se tiene que revelar ni siquiera si existe o no para que no se piense por inducción o por exclusión a revelar información que por ley es determinada confidencial.

Raquel Fernández, del periódico Milenio:- Señor secretario tras la declaración del Gobernador de Sonora quisiera saber si el Gobierno Federal se compromete a dar una solución eminentemente jurídica y no política del caso de la guardería, ya que se ha precisado mucho y también quisiera saber si van a actuar contra los medios de la guardería, ¿habrá orden de aprehensión principalmente contra la familia Gómez del Campo?
FGM: A ver, lo que sí le puedo decir, uno, hay una convicción absoluta que este dolor se puede aliviar sólo con justicia y verdad. Que son muchos los componentes para reconstruirse del dolor que se sufrió de esta tragedia y que algunos pasan por los procedimientos legales. Estos están en curso y tendrán su suerte, ¿qué suerte tendrán? La que se determine en el futuro en función de eso. No me toca a mí preconizar o anticipar el producto de una averiguación previa en curso, lo que vaya a hacer una autoridad judicial después.
No nos toca ni por imposibilidades físicas ni por imposibilidades legales. Luego, entonces, así le respondo, de que no se va a politizar, el compromiso es estar por encima de condiciones coyunturales, lo dije ayer y lo repito hoy, sería una bajeza, una bajeza contextualizar electoralmente una investigación del Gobierno Federal a este respecto. A nosotros no se nos olvida ni se nos puede olvidar en lo que hagamos la tragedia de tantas familias, la visión terrible y dolorosa de niños lastimados, destrozados, muertos, o profundamente dañados. Eso no puede estar subordinado a agendas políticas inmediatistas (inaudible) es una cuestión de ética, de principios fundamentales; cuente con que no hay cuota, espacio o interés de poder que pueda llevarnos a traicionar eso, se lo digo con absoluta confianza.
PREGUNTA INAUDIBLE.
FGM: Por eso, le estoy diciendo, la investigación está en curso, no hay límite alguno, ni hay nota de impunidad para nadie, pero es una investigación en curso. Dos, pues qué resulte y qué va a decir un juez independiente respecto a las pretensiones de la Procuraduría, pues se tendrá que ver. Que es lo que quisiéramos que se actuara contra todo el que tiene responsabilidad en la tragedia. Quien resulte, y que dicha actuación prospere ante los órganos judiciales, pero eso tiene que suceder para ser informado, no debe ser anticipado, no sería serio.
Luis Alberto Medina, correponsal del periódico El imparcial de Sonora: -Buenas tardes, quisiera saber es si tienen información al respecto si los dueños de la guardería se encuentran aún en el estado o en el país. Se rumoraba que ya habían huido, precisamente por la tardanza de ejercer acción penal. También quisiera por favor si pudieran aclarar si en verdad declararon los funcionarios federales a la PGR o a quiénes se refería el Secretario de Gobernación cuando decía que funcionarios ya declararon y si en verdad Juan Molinar fue ya a declarar a la Procuraduría General de la República porque el Gobernador dijo que fue falso.
FGM: A ver, a mí me toca revelarlo sin violar la ley, porque él no puede decir lo que está pasando en la investigación, pero a mí, Juan Molinar me informó que había comparecido por escrito en la investigación ante la PGR hace unos días. Y lo informo como quien lo escucha del interesado, no como de quien tiene el deber de velar por la confidencialidad de la información, sí. A mí me informó que ya había comparecido desde hace algunos días ante la autoridad federal. Y sé que diversos funcionarios federales han comparecido a la averiguación desde el inicio y que algunas de sus versiones han sido valoradas para los efectos de los procedimientos que ya se han echado a andar.
Más de verdad es muy difícil porque yo podría andarle cediendo al señor Procurador la difícil tarea de decir: “no puedo porque es confidencial, no puedo porque es confidencial”, si no abandonamos este ejercicio, las próximas preguntas van a ser para ustedes y para nosotros, hay cuestiones que son confidenciales por disposición de ley, por favor tómenlo en cuenta al hacer sus preguntas.