El Presidente Calderón en la Inauguración del Segundo Foro de Seguridad y Justicia/Discurso (2010-05-24)
Muy buenos días, amigas y amigos.
Señor Diputado Francisco Ramírez Acuña, Presidente de la Cámara de Diputados.
Señor Ministro José de Jesús Gudiño Pelayo, representante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Estimado señor licenciado Alejandro Martí, Presidente del Sistema de Observación para la Seguridad Ciudadana, SOS. Muchas gracias por su invitación.
Muy estimados presidentes, integrantes de asociaciones civiles, de organizaciones de ciudadanos, de organizaciones académicas, de instituciones.
Señores Embajadores aquí presentes, de los Estados Unidos y de Colombia.
Doctor Miguel Ángel Mancera, Procurador General de Justicia del Distrito Federal.
Señoras y señores:
Agradezco enormemente, de veras, la invitación para estar aquí. Es un privilegio para mí el poder inaugurar el Segundo Foro Político: Seguridad y Justicia, porque sé que es un espacio de diálogo constructivo, es un espacio de diálogo ciudadano, tan necesario en nuestro país, y que a la vez permite la interacción entre los ciudadanos, los especialistas y las autoridades, quienes integramos los tres órdenes de Gobierno, los tres Poderes de la Unión.
Sé que este Foro fomentará el intercambio de ideas, las reflexiones, acerca de un tema medular que ha señalado Alejandro Martí, que es cómo implementar adecuadamente nuestro nuevo sistema de justicia penal que, coincido con él, es, precisamente, la clave de que verdaderamente se transforme en un sistema de justicia más eficaz.
Hago público mi agradecimiento al Sistema de Observación para Seguridad Ciudadana, México SOS, y a la Red Nacional de Organizaciones Civiles de Apoyo a los Juicios Orales y al Debido Proceso, por su compromiso en la construcción de una sociedad más fuerte, especialmente porque están haciendo de la nuestra una sociedad más participativa, que rechaza la ilegalidad, que exige con todo derecho nuevas y mejores instituciones que permitan recobrar la confianza ciudadana y proceder, precisamente, a la denuncia de los delitos para que éstos sean, además, perseguidos de manera eficaz.
Sé que la ciudadanía, ustedes especialmente exigen una efectiva participación de las autoridades para preservar el orden público, para garantizar, desde luego, la procuración de justicia, y no podemos más que estar de acuerdo en esa exigencia.
Yo quiero hacer extensivo mi aprecio y reconocimiento a quienes son integrantes de las asociaciones civiles, empresariales, instituciones académicas, medios de comunicación, organizaciones no gubernamentales en general, que hoy de manera muy destacada están aquí presentes.
Estoy convencido de que una sociedad fuerte sólo puede darse a través de una sociedad participativa, y una sociedad fuerte y participativa es clave para fortalecer la lucha contra el crimen y recuperar la seguridad de los mexicanos.
Todos ustedes, por el hecho de estar aquí, por el hecho de expresarse, por el hecho de exigir, por el hecho de proponer, son un ejemplo de cómo la sociedad puede y debe organizarse para realmente construir un México más justo, un México más seguro, un México mejor.
El Gobierno Federal, por nuestra parte, asume su responsabilidad, fundamentalmente de combatir al crimen y especialmente al crimen organizado, que directamente le compete, y lo estamos haciendo, amigas y amigos, con toda la fuerza del Estado.
Vale la pena que refrende ante ustedes las causas, las razones y los objetivos que buscamos, precisamente, en esta lucha contra la criminalidad, porque para recuperar la paz y la tranquilidad de las familias mexicanas es impostergable entrarle de frente al problema, no eludirlo, reconocerlo en toda su magnitud y asumir, precisamente, la necesidad de transformar este desafío en una oportunidad de tener un México mejor. Y para ello, implica estar plenamente consciente de los costos que sabíamos, y lo advertí desde el primer día de mi Gobierno, que habría que asumir.
Como señalamos, es un desafío mayúsculo que amenaza al país y a su gente, a sus familias, y que para resolverlo se requería, lo dije entonces y lo digo ahora, se requerían recursos, enorme cantidad de recursos; se requería tiempo, porque era un problema ancestral que clavaba sus raíces en nuestra sociedad misma, por desgracia, y que requería, como por tristeza nuestra lo hemos constatado también, vidas humanas.
Pero también dije, amigas y amigos, que era una lucha en la que estaba en juego, precisamente, el futuro de las generaciones venideras de mexicanos, y es una lucha que unidos, y estoy hoy más convencido de ello, unidos los mexicanos vamos a ganar.
Vale la pena decir qué fue lo que ocurrió en nuestro país desde nuestro punto de vista, particularmente en el crimen organizado a nivel nacional. Las organizaciones criminales pasaron de ser, como solían hacerlo en el pasado, meras organizaciones de trasiego de droga a Estados Unidos, de exportación de droga a los Estados Unidos, a organizaciones que buscaron en el propio mercado mexicano puntos de venta también, al principio, de droga.
Y para poder controlar el mercado empezaron a buscar un nuevo tipo de control, hasta hace poco que no se había registrado en el país, y que es el control territorial. Ya no se trató de dominar una línea, de sobornar una aduana, de buscar un punto en la frontera; sino se buscó para dominar los puntos de venta de droga, de la nueva actividad, el narcomenudeo en México, de controlar el territorio donde estaba ese mercado.
Y por eso el crimen organizado en la última década comenzó a atacar territorios; es decir, a dominar pueblos, comunidades, y para lograrlo, a dominar también autoridades, policías, gobernantes, a través de la cooptación de la corrupción, tan endémica en México desde hace también décadas, o a través de la intimidación y el poder de las armas y de las nuevas capacidades, también, por cierto, disponibles recientemente, a partir de la abolición de la prohibición de venta de armas de asalto en los Estados Unidos, en 2004.
Por otra parte, este esfuerzo se trasladó, posteriormente, a otros ámbitos de la vida civil, porque una vez que los criminales se apoderan de una comunidad comienzan a convertirse en los dueños, no sólo de la plaza, como dicen ellos, sino de la comunidad misma.
Y tal como se define en la teoría: crimen organizado es la organización criminal que mediante la amenaza o la violencia busca apoderarse de las rentas lícitas o ilícitas de personas o empresas en una comunidad. Y primero agredían y cobraban piso o cuota a otros criminales y terminaron pronto en muchos puntos del país actuando en contra de ciudadanos honestos, extorsionando, amenazando, secuestrando y cobrando derechos de protección.
Doy esta explicación, amigas y amigos, porque quiero reiterar una cosa de manera muy clara. Nuestra lucha, la lucha del Gobierno Federal, que es lucha de los mexicanos, por cierto, no es única ni principalmente contra el narcotráfico; nuestro objetivo es garantizar la seguridad de las familias, poniéndole un alto, precisamente, a la acción delictiva, que está afectando continua y directamente a los ciudadanos, particularmente en aquellas ciudades o zonas del país que sufren mayormente el embate de los criminales.
En esta vertiente nuestra lucha es por preservar la autoridad del Estado mismo en esos lugares.
Queremos evitar que los criminales se apoderen, y se hagan dueños de comunidades, o de pueblos, o de regiones enteras, como lo han pretendido. Si no lo han logrado, es, precisamente, porque estamos, de manera consistente, renovada, enfrentando su fuerza a la fuerza del Estado, que incluyen a las propias Fuerzas Militares.
La presencia del Gobierno Federal, la presencia de esta fuerza del Estado en esos lugares busca ello; pero se requiere otra parte vital para resolver el problema.
Nuestra presencia lo que hace es generarle tiempo, y darle una oportunidad a las autoridades locales, de que puedan reorganizar y reconstruir sus propias policías; de que puedan reorganizar y reconstruir sus propios ministerios públicos.
De que puedan depurar, precisamente, su propia fuerza, porque como bien ha dicho Alejandro Martí, es, precisamente, la corrupción y la convivencia policiaca con los criminales, lo que ha sido en México el principio de la impunidad.
Y esa tarea no la pueden hacer solos, lo sabemos, los gobernantes locales o municipales, pero para eso cuentan con nuestro respaldo. Pero esta presencia no puede, ni debe ser, permanente.
Y por esa razón, si en las entidades federativas, en los Gobiernos estatales o municipales, no se aprovecha esa presencia temporal, insisto, para poder reconstruir su propia institucionalidad de seguridad y justicia, es poco lo que puede hacerse al mantener este esfuerzo.
Por otra parte. También buscamos respaldar, desde luego, a todas las instancias de Gobierno, en una reorganización y fortalecimiento de los cuerpos policiales y ministeriales en todo el país para combatir los delitos que más le agravian a los ciudadanos, tengan o no relación con el crimen organizado, que son los delitos, realmente de homicidio, de secuestro, de extorsión, hoy multiplicada, además, por la tecnología que permite, a través de mecanismos telefónicos muy sofisticados, hacer extorsiones masivas en el país.
Y del delito, desde luego, de robo, que hoy por hoy sigue siendo el 80 por ciento más o menos, el 80 por ciento del delito que más se sufre; es decir, ocho de cada 10 delitos en México, uno de cada cuatro, perdón, cuatro de cada cinco es, precisamente, el delito de robo.
Y refleja, precisamente, la vulnerabilidad del ciudadano y esa sensación sobradamente justificada de incapacidad de la autoridad de protegerlo en su propio ámbito, en su cuadra, en su coche, en el camino a su trabajo, en el camión, en el microbús.
Nuestra lucha es esa. Luchamos en el Gobierno Federal, porque nos compete hacerlo, contra el crimen organizado; le hacemos frente, lo detenemos, precisamente, para que deje de ser una fuerza que someta a comunidades y a ciudadanía.
Y no tengo la menor duda, amigas y amigos, que no sólo debe hacerlo, debemos seguir en ello porque esta lucha vale la pena, porque es, verdaderamente, iluso suponer que si se repliega o se retira el Gobierno Federal los criminales van a desistir de su propósito de apoderarse de las comunidades y, precisamente, de la vida de cada uno de los ciudadanos. Hay que hacerlo.
Y tenemos que hacerlo, precisamente, con mayor precisión, sí, con mayor fuerza, con mayor intensidad. Pero tenemos que hacerlo, y de ninguna manera replegarse o bajar los brazos en esta lucha, que es de largo plazo y que es por la seguridad de los mexicanos.
Para ello, también debemos trabajar unidos, porque ahí está, precisamente, en juego el futuro de todos. Y sólo así con perseverancia, con esfuerzo, con constancia lograremos hacer de México un país de orden y de leyes.
Así que no tengo duda, la menor duda, de que esta lucha vale la pena, de lo que está en juego atrás de ella y que debemos perseverar en ella hasta alcanzar la victoria que nos proponemos.
Desde el inicio de esta Administración, además, hay que decirlo, observamos que existe en el país el gravísimo problema de la impunidad, de que los delitos no se persiguen o persiguiéndose no se castigan.
Y también es claro, y con ello coincido con muchos o con todos ustedes, en que una parte medular de esta impunidad es el todavía vigente sistema de justicia penal, o el sistema que estamos ahora en transición para cambiarlo, porque no permite, efectivamente, perseguir y castigar con eficacia y profesionalmente a los delincuentes.
Y por otra parte, nuestros cuerpos policiacos y ministeriales, nuestros cuerpos judiciales también, en los distintos ámbitos, pero particularmente en la esfera más cercana al ciudadano, que es la local, una de dos, o no tienen la capacidad, la tecnología, el entrenamiento adecuado para enfrentar una criminalidad que es cada vez más violenta y amenazadora, o peor aún, están mezclados con los propios criminales, y comprensiblemente por ello no gozan de la confianza de los ciudadanos.
Al no gozar, al no confiar los ciudadanos, justificadamente, insisto, explicablemente en las autoridades, la cultura legal se debilita y, entonces, lo que aparece es lo que tenemos, una falta de denuncia, que a su vez exacerba el problema de la impunidad en el país.
Era urgente, así lo dialogamos, así lo vimos, así coincidimos, que era urgente realizar un cambio institucional de fondo, profundo, que fuera capaz de ponerle un alto a la impunidad.
Y por esa razón el Gobierno, la sociedad civil, fundamentalmente, iniciaron un gran esfuerzo de modernización y reforma de nuestro marco legal. Al impulsar la Reforma Constitucional al Sistema de Justicia Penal, cuyos avances deberán ser analizados en este Foro, también los rezagos, México adopta un sistema acusatorio que garantiza, eso buscamos, el debido proceso.
Que busca a través de los juicios orales, abiertos, simplificados y un régimen de protección de los derechos de las víctimas, un sistema distinto y mejor. Eso debe colocar a México con un paso adelante, precisamente en su anhelo de recuperar la seguridad y recuperar la justicia.
La reforma, amigas y amigos, sin embargo, también será inútil si no transformamos los cuerpos encargados de procurarla y de administrarla, porque cualquiera que sea un sistema de justicia penal determinado, si sigue habiendo corrupción en los cuerpos ministeriales, policiacos o judiciales, de nada servirá que se cambie ese sistema de justicia. Seguirá ocurriendo, como en muchos casos ocurre, que la justicia queda al mejor postor.
Además, la reforma le confiere nuevas facultades a las policías, facultades para investigar mejor y más profesionalmente, y buscamos también que a los jueces puedan allegarse más fácilmente pruebas, evidencias y, desde luego, que con el liderazgo que los jueces tendrán en el nuevo proceso podamos verdaderamente estar más cerca de la verdad jurídica, de la verdad real.
Con la reforma estamos dando un gran paso. Y bien se ha dicho, lo que sigue es implementarla e implementarla adecuadamente. Necesitamos hacer que trabaje esa reforma para que el beneficio llegue a los mexicanos, incluso, antes del periodo señalado en la Constitución para su total implementación. Eso implica, que este nuevo sistema se contemplen todas las legislaciones locales y se implemente eficazmente en las entidades federativas.
No es una tarea fácil, requiere de la acción coordinada y conjunta de todas las autoridades del país. Y hoy, sin embargo, podemos decir que a pocos días de que se cumplan dos años ya de la publicación de la Reforma Constitucional, en siete entidades de la República la reforma ya está en vigor, en dos estados se tiene una fecha próxima definida para su implementación y en más del 50 por ciento de los estados, se está trabajando ya para llevarla a buen fin.
Yo quiero hacer un respetuoso llamado a los gobiernos estatales para que redoblen el esfuerzo en la implementación de esta reforma, a fin de que todos los mexicanos tengamos lo más pronto posible acceso a un sistema de justicia transparente y expedita.
Para acelerar el proceso de implementación de la reforma, el Gobierno Federal, a través del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, está brindando asesoría, está dotando modelos normativos, está elaborando programas de estudio para los funcionarios encargados de implementar la reforma a nivel local.
Y además, de manera complementaria, estamos fortaleciendo y profesionalizando nuestras propias instituciones de seguridad y justicia. Con ese fin estamos evaluando, estamos entrenando, estamos equipando mejor a la Policía Federal, estamos apoyando a las autoridades locales para que hagan, en el ámbito de su competencia, el mismo esfuerzo.
Desde la suscripción del Acuerdo por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, en el Gobierno Federal, por ejemplo, en lo que toca a seguridad pública, se han aplicado más de 14 mil evaluaciones de control de confianza, sobre todo de permanencia del personal, para ver si contamos con policías confiables.
Y además, se ha dado de alta a más de seis mil jóvenes, la mayoría de ellos egresados de centros universitarios, con lo cual les estamos buscando un nuevo perfil de policía investigadora: nuevas generaciones de policías profesionales, honestos, y sobre todo con valores y con mística que nos permitan transformar la realidad policiaca.
También, en la Procuraduría General de la República se está haciendo un esfuerzo similar. Más de seis mil Evaluaciones de Control de Confianza para la permanencia de su personal, y es un paso previo para que policías y ministerios públicos puedan ejercer correctamente sus nuevas facultades.
Así que, por parte del Gobierno Federal estamos haciendo la parte que nos corresponde para construir un sistema de justicia penal más transparente y más justo.
Impulsamos la Reforma al Sistema de Justicia y otras leyes, además, que la complementan, como la de la Policía Federal, la Orgánica de la Procuraduría General de la República misma. Estamos proponiendo otras.
Yo también exhorto, también, respetuosamente al Congreso a que apruebe las iniciativas que envié en materia de reforma penal para tipificar delitos que hoy se cometen pero que no están debidamente configurados, y que son delitos que se cometen en una nueva realidad, como la que estamos enfrentando en materia criminal.
Queremos cerrar los vacíos legales que permiten la impunidad, precisamente, para que peligrosos delincuentes dejen de salir caminando de las cárceles, precisamente, por configuraciones insuficientes de la tipología penal.
Es indispensable, además, que las autoridades locales, repito, aceleren el paso y redoblen el esfuerzo a fin de que los juicios orales entren en vigor y se apliquen lo antes posible; y que evitemos los riesgos asociados a una indebida implementación, por ejemplo, que aparezca el fenómeno de la puerta revolvente, es decir, que tarda más el criminal en llegar a la puerta que en estar saliendo inmediatamente por ella, precisamente, por insuficiencias o implementaciones inadecuadas de la reforma.
Señoras y señores:
La seguridad y la justicia son asuntos que nos competen a todos y, desde luego, fundamentalmente al Gobierno, y no eludimos esa responsabilidad. Pero también, por ello, la instrumentación de esta reforma no depende solamente de que se haya promulgado, requiere del diseño de corporaciones policiales y ministeriales mejores pero, sobre todo, requiere de la vigilancia, de la propuesta y de la exigencia de los ciudadanos para que tenga éxito.
Si bien es cierto que un Gobierno de calidad requiere instituciones de calidad, también es imprescindible una ciudadanía que participe, que opine, que se organice, que exija, que se manifieste por los cauces que prevé la ley y la Constitución.
Las instituciones sólo se perfeccionan, estoy seguro, cuando los ciudadanos se apropian cada vez más de las instituciones mismas y las hacen suyas.
Yo reitero mi reconocimiento a todos los presentes, especialmente a la Red Nacional de Organizaciones Civiles de Apoyo a los Juicios Orales y el Debido Proceso, y al Sistema de Observación para la Seguridad Ciudadana, por la realización de este magnífico ejercicio.
Su esfuerzo es fundamental para ganar la batalla por la seguridad. Tengan la seguridad, amigas y amigos, que estamos abiertos a escuchar sus propuestas, sus preocupaciones, sus exigencias. Tengan la certeza de que si algo queremos hacer es, precisamente, resolver este problema grave de la inseguridad en México, y sepan que en ello estamos claramente de su lado.
Es momento de mirar hacia adelante y construir el sistema de justicia que nos merecemos, y trabajar sin descanso para poder heredar a las futuras generaciones de mexicanos un México más seguro, un México más libre, un México más justo.
Yo sé, amigas y amigos, que ese México vendrá, que cuesta, está costando mucho trabajo y costará mucho trabajo, pero vendrá ese México. Y si sumamos el esfuerzo de la sociedad civil, estoy seguro, será más fácil alcanzar ese México del porvenir.
Muchísimas gracias.
Y si me permiten, quiero pedirles que me acompañen a hacer la declaratoria inaugural.
Siendo las 11 horas del 24 de mayo de 2010, declaro formalmente inaugurados los trabajos del Segundo Foro Político Seguridad y Justicia. Les deseo el mayor de los éxitos a todos sus participantes.
Muchas gracias.
Ego sum qui sum; analista político, un soñador enamorado de la vida y aficionado a la poesía.
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