Alejandro Martí

Discurso de Alejandro Martí García, Presidente de México SOS, en la Inauguración del Segundo Foro de Seguridad y Justicia

2010-05-24 |

Señor Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, ciudadano Felipe Calderón Hinojosa; Diputado Francisco Ramírez Acuña, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

Señor Secretario de Gobernación, licenciado Fernando Gómez Mont; Ministro José de Jesús Gudiño Pelayo, Presidente de la XIX Sala Penal y Civil de la Suprema Corte de Justicia; ingeniero Genaro García Luna, Secretario de Seguridad Pública.

Licenciado Miguel Alessio Robles, Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal; doctor Miguel Ángel Mancera, Procurador General de Justicia; señor Embajador de los Estados Unidos, Carlos Pascual; señor Embajador de Colombia, Luis Camilo Osorio Isaza.

Muy queridos amigos, muy queridos ciudadanos, todos unidos por la seguridad, por la justicia en nuestro país.

Hoy, nuestra Nación enfrenta grandes desafíos en materia de justicia penal: eficiencia en la procuración y administración de la justicia local y Federal, y eficacia en la recuperación de la paz pública.

En 2008 fuimos capaces de darnos un marco normativo para avanzar hacia un mejor sistema de justicia, que fue la Reforma Constitucional en Materia Penal, misma que promulgó usted, señor Presidente. No es aventurado decir que se trata de una de las reformas en la materia más importante desde 1917.

La misma Reforma establece un plazo de ocho años para su implementación definitiva. Sin embargo, desde hoy se avizoran otros desafíos relacionados con el hecho de determinar si las estructuras operativas tienen la capacidad, preparación y voluntad para producir esos cambios, como se debe expresar hasta lo que conocemos como la justicia de barandilla.

Comenzando con este último eslabón que lo constituye el contacto del sistema de justicia con el ciudadano que acude a presentar su denuncia, es necesario enfatizar que adolece de una grave falta de confianza por parte de la población.

La cifra negra ha sido el indicador que comprueba que los ciudadanos preferimos aceptar el agravio en contra de nuestra integridad y patrimonio, a presentarnos ante la justicia formal.

Los ciudadanos, hemos aceptado ser victimizados y no recibir justicia. Hemos renunciado a nuestro derecho a ser defendidos por el Estado ante la criminalidad; aceptamos una cuota de dolor y de desamparo como si fuese un hecho irreversible.

Esto, señor Presidente, es inconcebible, a todas luces, inaceptable. No podemos reiniciar a contar con un sistema eficiente de justicia. Como sociedad civil, no podemos perder la capacidad de indignación, no podemos dejar de indignarnos por la muerte de estudiantes o el asesinato de jóvenes.

Por cada joven, mujer, niño o padre de familia que perece a manos de la delincuencia o por las balas del fuego cruzado, o por la omisión de las autoridades, va muriendo nuestra fe en recuperar algún día nuestro país.

No aceptemos la violencia como una maldición irremediable. No aceptemos la incapacidad de quienes están obligados a darnos seguridad. Mantengamos la exigencia hasta el límite, desde todos los campos de la acción legal, hasta que las cosas cambien.

Si la política es el instrumento que nos debe llevar a los acuerdos para instrumentar un sistema eficaz de justicia, entonces rescatemos su valor como tal, y no como un sistema de intercambio de componendas, en que los derechos y representatividad en los ciudadanos son moneda de cambio.

Señoras y señores:

El que los ciudadanos pierdan la confianza en las instituciones que deben impartirles justicia cobra una mayor significancia que el simple hecho de enfrentarse a un servicio eficiente. De lo que estamos hablando aquí es que la sociedad no tiene credibilidad en su sistema de justicia.

Resulta pertinente preguntarnos si la transición democrática que el país ha logrado tuvo algún efecto en nuestro sistema de justicia, o subsiste tan obsoleto e ineficaz, como siempre.

Se trata de democratizar nuestro Sistema de Justicia o solamente de modernizarlo. No debemos olvidar que los sistemas democráticos también se miden en función de la calidad y accesibilidad de la justicia.

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo aplica un indicador para medir, justamente, el grado el desarrollo humano de las naciones, a partir de la generación y/o modernización de las instituciones que garantizan la integridad física de las personas y la primacía del derecho.

Es contundente el señalar que el acceso a la justicia es fundamental para la reducción de la pobreza, y el fortalecimiento de la gobernabilidad democrática, así como para cerrar la brecha entre aquellos mexicanos que están en desigualdad de condiciones y excluidos de la misma.

Que no quepa duda de que en el acceso a una justicia de calidad descansa el pilar de una sociedad democrática. Esa es nuestra aspiración, y hacia ellos debemos caminar con pasos firmes.

En suma, los indicadores que miden la calidad de una democracia abarcan también los derechos políticos y libertades civiles, entre los que se encuentran los relacionados con la promoción de la justicia, el acceso a un Poder Judicial independiente e imparcial, así como el grado de rechazo a la corrupción.

Esto nos dice, señor Presidente, señores Ministros, legisladores, que nos encontramos frente a algo más que la simple implementación de una Reforma. Está en ello la viabilidad continuidad misma de nuestra democracia.

Porque la insatisfacción del derecho a una procuración y administración de justicia y calidad, y de seguridad del patrimonio de la sociedad no se cumple a cabalidad en todos los órdenes de competencia.

Existen corrientes de opinión que llaman a no caer en aquella figura maniquea que encumbra a la sociedad civil como la única generadora de acciones positivas y a las autoridades, como las absolutas responsables de las deficiencias.

Sin embargo, debemos decir que ese percepción pública tiene su justificación, ya que por décadas se excluyó a la sociedad civil de la participación en los procesos públicos, tendencia que, sin duda, debemos modificar.

Esta reforma que hoy nos ocupa es, empero, una excepción plausible, ya que fue construida con la participación de diversas organizaciones de la sociedad civil, que contribuyeron con su visión y orientación al cambio urgente en la justicia penal.

Por ello, estamos reunidos hoy para evaluar el rumbo que lleva su implementación y si es el que se requiere para enfrentar las preocupantes circunstancias que el país enfrenta en materia de seguridad pública.

Agradezco el respaldo y trabajo de todas las organizaciones hermanas de la sociedad civil y las que integran la Red Nacional de Organizaciones Civiles de Apoyo a los Juicios Orales al Debido al Proceso; así como el apoyo para la organización de este Foro por parte de la Agencia para el Desarrollo Internacional, USAID, a través de su Programa de Apoyo en Seguridad y Justicia.

Esta reflexión se produce en momentos en que los índices de credibilidad pública sobre la calidad del servicio de justicia penal se encuentran entre los más bajos y en los que el reclamo ciudadano por una urgente solución es intenso.

Estamos frente a un momento de definiciones y oportunidades. Esto no se dará sin la voluntad férrea, decidida y contundente de ustedes nuestros gobernantes y, desde luego, si no es así con el apoyo decidido de la sociedad, sólo así podremos dar este importante paso.

Nosotros tenemos la disposición, requerimos de ustedes su compromiso, es por México.

Por su importancia, la reforma requiere total atención de quienes integran el Estado mexicano, así como un esfuerzo presupuestario importante. El 80 por ciento del éxito de la reforma penal radica en su implementación, por lo que si bien el cambio legal es importante, se requiere de un verdadero cambio cultural.

Por ello, hemos hablado de un desafío, porque deberemos de vencer la baja profesionalización de los operadores del sistema inercias centenarias e intereses creados.

Pero, sobre todo, el ya urgente Código Federal de Procedimientos Penales, sin éste no podemos avanzar armónicamente. Es vital que en ese marco de transformaciones necesarias, el país transite, finalmente, hacia una nueva forma de impartir justicia, que esté sustentada en la transparencia, y siempre de cara a la ciudadanía por medio de la oralidad de las audiencias, y terminando de esa forma con los anacronismos y el poco confiable sistema de expedientes.

La carga de trabajo es otro de los elementos que, sin duda, retrasa una justicia expedita. Y recordemos que justicia retardada es justicia denegada.

En razón de ello, los nuevos esquemas de justicia alternativa toman una gran relevancia, en virtud de que abren espacios a la solución de casos de delitos y conflictos familiares menores, así como facilitar acuerdos, reparatorios que en conjunto representan una cuarta parte de los procesos penales que sobrecargan el sistema.

Los mecanismos alternativos tendrán igualmente un efecto positivo en el saturado sistema carcelario, ya que gran cantidad de delitos menores serán solucionados en esta nueva esfera

Debe resaltarse que todos los actores del sistema de justicia penal, deberán sufrir una profunda transformación, partiendo desde los jueces mismos, quienes asumirán la rectoría del proceso; pasando por el Ministerio Público que deberá reinventarse para utilizar procedimientos modernos, tener primacía en la averiguación previa y con respeto a los derechos humanos; y concluyendo con la policía, que merece una reestructuración absoluta.

En este contexto, quienes impulsamos estas reformas constitucionales reconocemos el acuerdo alcanzado en el seno de la Conferencia Nacional de Gobernadores para impulsar la creación de las policías estatales y asimilar a las municipales, generando así, mayores niveles de eficiencia en el mando postpolicial y, en consecuencia, en el combate al delito.

Esperamos que este acuerdo se traduzca en una decisión normativa que lo haga posible, pero sobre todo operable. Y es que el gran pasivo de la ciudadanía continúa siendo el de las policías. Ahí debemos enfocar importantes esfuerzos, trayendo a los mejores hombres y prácticas, incluso mundiales.

Es en ese eslabón de las policías donde se producen las complicidades con la delincuencia organizada, y los secuestradores donde se genera la impunidad a partir de la protección policiaca. Insisto, en que los desafíos son grandes y que debemos ser enérgicos frente a quienes buscarán lagunas jurídicas en las leyes secundarias contra aquellos nostálgicos de las componendas y la impunidad de los modelos que vamos a desechar, contra los que alegarán la infuncionalidad del sistema acusatorio moderno frente al inquisitivo.

Señoras y señores:

Hoy, estamos ante a la oportunidad única de reformar lo que ha dado muestras de agotamiento. La obsolescencia en el actual sistema de justicia es responsable de que el ciudadano no se sienta protegido, ni salvaguardado en sus bienes y derechos.

El cambio democrático no trajo aparejada la transformación de justicia penal. Se trata de una asignatura pendiente, que no puede aguardar más.

Los tres Poderes de la Unión, y los tres órdenes de Gobierno son responsables de su implementación.

Dennos a los mexicanos las instituciones modernas, que nos garanticen seguridad y justicia, porque, cuando la policía se corrompe, la justicia se pone en venta, y no hay, ni seguridad ni justicia.

Insisto. Justicia retardada es justicia denegada.

Muchas gracias.