A propuesta de legisladores del PAN, PRI y PRD se aprobó ayer en el pleno del Senado de la República un punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo federal a que, a través de la PGR, se establezca a la brevedad en la estructura orgánica de esa Institución una Fiscalía Especializada en Prevención y Atención de Delitos Cometidos en Contra de Migrantes.
"Con la presente proposición pretendemos que los delitos colaterales asociados al fenómeno migratorio sean atendidos con políticas públicas y estructuras gubernamentales eficaces y especializadas, y que a su vez, estén correlacionadas sistemáticamente con nuestra propuesta de iniciativa de la nueva Ley Migratoria recién presentada ante esta soberanía", cita el acuerdo aprobado.
Menciona que la fiscalía es necesaria porque los migrantes indocumentados que pasan por territorio mexicano han sido víctimas de la delincuencia organizada que los asalta, roba, viola y secuestra impunemente. Muestra de ello, refiere, es la matanza de 72 indocumentados en el Municipio de San Fernando, Tamaulipas.
"Hay abusos, no los podemos ocultar, pero lo que no podemos hacer es no hacer nada", dijo el senador del PAN Rubén Camarillo
Carlos Jiménez Macías (PRI) expuso que los abusos y crímenes contra migrantes en México es una realidad lacerante que debe dar vergüenza a todos los mexicanos, pero especialmente al Gobierno.
Por otra parte, el diputado Jorge Venustiano González informó que la fracción del PRI en la Cámara baja impulsará durante este periodo de sesiones una iniciativa de ley para crear una fiscalía especial que persiga los delitos cometidos contra los migrantes.
En conferencia de prensa, el sacerdote católico Alejandro Solalinde, director del albergue "Hermanos en el camino", así como los Embajadores de El Salvador, Hugo Roberto Carrillo, y de Honduras, José Mariano Castillo, manifestaron su respaldo a la propuesta, que también prevé un fondo de 300 millones de pesos para proteger a los migrantes y a los centros y organismos no gubernamentales que los apoyan.
La propuesta:
Los suscritos, Francisco Herrera León, Carlos Jiménez Macías, Antelmo Alvarado García, Adolfo Toledo Infanzón, Humberto Andrade Quezada, Rubén Camarillo Ortega, Rafael Díaz Ochoa, Martha Sosa Govea, Jesús Garibay García, Rosalinda López Hernández, Rubén Fernando Velázquez López y José Luis Máximo García Zalvidea, Senadores de la República en la LXI Legislatura, integrantes de la Mesa de Trabajo en Materia Migratoria, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8 fracción II, 109 y 276 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de este Pleno, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo de urgente resolución, al tenor de las siguientes:
CONSIDERACIONES
Por su posición geográfica, nuestro país se ha constituido como un territorio de tránsito de migrantes centro y sudamericanos, principalmente, hacia los Estados Unidos en busca de mejores condiciones de vida. Sin embargo, en los últimos años, numerosos integrantes de este flujo migratorio histórico, han sido víctimas de la delincuencia organizada que los asalta, roba, viola y secuestra impunemente.
En este desafortunado contexto se han perpetrado ataques que han cobrado la vida de migrantes inocentes, como el acontecido en agosto del 2010 en el Municipio de San Fernando, Tamaulipas, en el que murieron 72 personas originarias de Guatemala, El Salvador, Honduras y Ecuador, o bien, la desaparición de un grupo de entre 40 y 50 migrantes, presuntamente secuestrados en diciembre pasado en el Municipio de Chahuites, Oaxaca, entre otros.
La impunidad con la que operan estas bandas criminales y la descoordinación o falta de acción de las autoridades de los tres niveles de gobierno han propiciado la irritación social y el reclamo justo de la comunidad internacional. Por otra parte, las organizaciones de la sociedad civil defensoras de los derechos humanos de los migrantes en la región sureste del país, han organizado marchas en protesta por la falta de eficacia gubernamental para resolver este problema cada vez más creciente, como la marcha realizada el pasado 7 de enero denominada “Paso a paso por la paz”, que cubrió la ruta natural de los migrantes de Arriaga, Chiapas a Chahuites, Oaxaca, en demanda para que cesen las agresiones contra migrantes.
Por otra parte, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informó recientemente que la institución que encabeza tiene registrados 214 casos de secuestros colectivos de migrantes perpetrados en México durante abril a septiembre de 2010, en los que en promedio fueron privadas de su libertad 50 personas en cada acto ilícito, aunque la cifra es mayor si se contabilizan los últimos meses del año pasado. El ombudsman explicó que los estados y zonas donde se acentúa esta problemática son Chiapas, Oaxaca y Tamaulipas, además de la parte sur de Veracruz, la zona de Tabasco colindante con Guatemala y algunas regiones de Coahuila y San Luis Potosí.
En junio del 2009 la CNDH publicó los resultados de una investigación denominada “Informe especial sobre los casos de secuestro en contra de migrantes”, en la que se presentan cifras que muestran la gravedad del problema y la apremiante necesidad der afrontarlo por parte de la autoridad.
Debido a que su situación migratoria en el país es irregular los migrantes se vuelven más vulnerables, toda vez que viajan en transportes de alto riesgo como el ferrocarril de carga y camiones con doble fondo, o bien, por caminos solitarios de extravío en la selva o en los desiertos, circunstancias que favorecen ser víctimas de delitos. De igual forma, ante su situación irregular no acuden a las autoridades a denunciar los delitos de que son víctimas, ya sea por temor a ser deportados o porque simplemente desconfían de las instancias de gobierno.
Ante este escenario, es necesario y urgente fortalecer la capacidad de respuesta de las estructuras del gobierno federal, particularmente las de procuración de justicia, a fin de prevenir y, en su caso, atender de manera pronta y eficaz los delitos cometidos en contra de migrantes, considerando su alta vulnerabilidad.
En este sentido, durante el pasado período legislativo se instaló una Mesa de Trabajo en Materia Migratoria integrada por Senadores de diversos Grupos Parlamentarios y funcionarios de la Secretaría de Gobernación, la cual dio como resultado la elaboración y presentación ante el pleno de esta soberanía el pasado 9 de diciembre de una iniciativa de Ley Migratoria que aborde de manera eficaz el fenómeno migratorio. En la discusión de esta iniciativa se planteó y acordó la necesidad de crear un área especial en la administración pública federal que atendiera y diera seguimiento a las denuncias de delitos cometidos en contra de migrantes.
Huelga decir que en el estado de Chiapas se creó, como un modelo exitoso, una Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos contra Migrantes, la cual ha reducido el índice delictivo hasta en un 90%. Con la vigilancia que mantienen las autoridades locales en las zonas de mayor riesgo se han desarticulado 20 bandas que cometían delitos como asaltos o extorsiones en las zonas fronterizas de Chiapas con Centroamérica.
Por todo ello, exhortamos al Poder Ejecutivo Federal para que se cree a la brevedad en la estructura orgánica de la Procuraduría General de la República, una Fiscalía Especializada en materia de atención de delitos cometidos en contra de migrantes, toda vez que esta facultad está considerada en el artículo 14 de la propia Ley Orgánica de esa institución al establecer que “El Procurador General de la República, de conformidad con las disposiciones presupuestales, podrá crear unidades administrativas especializadas distintas a las previstas en el reglamento de esta ley, para la investigación y persecución de géneros de delitos y para el ejercicio de la función ministerial, policial y pericial, atendiendo a las necesidades del servicio, así como fiscalías especiales para el conocimiento, atención y persecución de delitos específicos que por su trascendencia, interés y características así lo ameriten”.
Así las cosas, con la presente proposición pretendemos que los delitos colaterales asociados al fenómeno migratorio sean atendidos con políticas públicas y estructuras gubernamentales eficaces y especializadas, y que a su vez, estén correlacionadas sistemáticamente con nuestra propuesta de iniciativa de la nueva Ley Migratoria recién presentada ante esta soberanía.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta H. Cámara de Senadores el siguiente:
Punto de Acuerdo
ÚNICO.-Se exhorta al Poder Ejecutivo Federal, a través de la Procuraduría General de la República, para que se establezca a la brevedad en la estructura orgánica de esa Institución, una Fiscalía Especializada en Prevención y Atención de Delitos Cometidos en Contra de Migrantes.
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