Exhorto e invitación de legisladores al Poder Judicial.

Tal y como estaba previsto: Exhorto e invitación de legisladores al Poder Judicial.

Exhorto. 1. m. Der. Despacho que libra un juez a otro de igual categoría para que mande dar cumplimiento a lo que le pide...DRAE:

Iinvitar. (Del lat. invitāre). 4. tr. Instar cortésmente a alguien para que haga algo. DRAE

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó este miércoles 13 de julio el siguiente Punto de Acuerdo:
PRIMERO.-"... (se) exhorta al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) a establecer un convenio de coordinación permanente con la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que le permita intercambiar información a efecto de verificar con oportunidad la situación patrimonial de los integrantes del Poder Judicial que sean de su competencia, : 

SEGUNDO.- "(se)  hace una respetuosa invitación a la SCJN y al CJF a llevar a cabo con el Congreso de la Unión un diagnóstico de la justicia en México que, con absoluto respeto a la esfera constitucional de competencias de los poderes, permita evaluar el desempeño de los órganos judiciales, combatir la corrupción, fortalecer la transparencia y abatir el rezago en la materia….”

Posicionamiento de Pablo Gómez (PRD):

"Este punto de acuerdo promovido por el PR D(Senador Tomas Torres)  es una reacción a un par de escándalos producidos en el seno del Poder Judicial y dentro del mismo juzgado, el secretario de un juez de apellido Tovilla aparece con una gran cantidad de dinero en sus cuentas bancarias.

“Este escándalo ha movido a muchos legisladores a examinar el problema y buscar medios a través de los cuales se pudiera prevenir y a estas alturas ya combatir el enriquecimiento ilícito y posibles otros delitos de miembros del Poder Judicial.

Las respuestas que dan en el Poder Judicial ha señalamientos de políticos sobre la inconsistencia de muchos juzgadores, son normalmente de rechazo, porque para la gente que se dedica a la actividad política es muy difícil tener información sobre los recursos de los juzgadores, es prácticamente imposible porque hay el secreto bancario.

Sin embargo, hay cosas de las que se hablan, hay personas que tienen cierta fama de recibir mordidas y hay personas que están muy señalados por los que dan las mordidas como los mejores juzgados, los más fáciles para resolver problemas, en donde están involucrados intereses económicos muy poderosos.

Uno de ellos fue justamente aquel predio expropiado por el gobierno del Distrito Federal en la época en que Andrés Manuel López Obrador era el Jefe de gobierno para trazar una calle que pudiera comunicar, como parte de todo el conjunto Santa Fe, al hospital ABC, que se encuentra en ese lugar y que fue de los que adquirió terrenos del desarrollo Santa Fe, que fue un desarrollo público. Pero este predio aparentemente era privado,  pero como los dueños del predio le pidieron al gobierno que les pagara lo que no tenía que pagarles, que era un precio exorbitante, en el momento en que empezó la obra hubo actividad judicial al respecto, y este juez Tovilla fue quien señaló el posible desacato de una resolución judicial, de una suspensión en contra de Andrés Manuel López Obrador.

Pero Tovilla cobraba a los desarrolladores, y la idea de armar este tinglado que usó Fox y usó también PAN, y usó especialmente el PRI para hacer aquel desafuero histórico que produjo la manifestación más numerosa que se ha producido, que se ha llevado a cabo en la historia del país, que fue justamente cuando se produjo el desafuero.

Este Tovilla es el que inició lo que después fue una trama cuyo origen es un acto de corrupción, y después fue un acto de acción política aviesa y antidemocrática para invalidar la posible candidatura de un político al que se le veía como un peligro para el sistema de corrupción y para el sistema político imperante y para el sistema de poder imperante….”

CONSIDERACIONES EN EL DICTAMEN:

“A  partir del día 27 de mayo, diversos medios de comunicación difundieron cuenta de un comunicado emitido por el Consejo de la Judicatura Federal en el que anunció la presentación de la denuncia de hechos ante la PGR, desde el 28 de enero de 2011, en contra del secretario del Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa con sede en la ciudad de México, Esiquio Martínez Hernández, por el probable delito de enriquecimiento ilícito…

“Consideramos que el Poder Judicial mexicano mantiene una percepción de relativa confianza ciudadana, al grado en que le retribuye un nivel suficiente de conformidad con sus resoluciones como para mantener estable el sistema de administración de justicia. Sin embargo, somos conscientes también de que diversos órganos judiciales son objeto de señalamientos que implican corrupción de algunos de sus integrantes. Lo que, como es obvio, mina la confianza ciudadana en la imparcialidad de los medios de administración de justicia del Estado, lo cual repercute en desconfianza hacia el resto de los órganos de gobierno, pues se identifica su actuar como arbitrario e impune.

 “Si bien, los actos de corrupción de que se acusa al funcionario judicial implican un severo cuestionamiento al Poder Judicial, la actuación del Consejo de la Judicatura Federal que denunció el probable ilícito y coadyuvó en su investigación para, en su caso, sancionar al funcionario involucrado, significan un aliciente para la ciudadanía en tiempos tan ominosos. Las acciones que posteriormente ha tomado esa autoridad para prevenir casos semejantes son también una señal conveniente.

 Por ello, consideramos oportuno el llamado que realiza el proponente en el punto de acuerdo que se dictamina. Por una parte, quedó probado que el trabajo en colaboración que desarrollaron las autoridades judiciales y hacendarias es eficaz para la detección de posibles casos de corrupción o mal ejercicio del servicio público….

“Por lo anterior, consideramos conveniente promover el trabajo de evaluación que propone el punto de acuerdo entre los poderes Judicial y Legislativo, a efecto de formular un diagnóstico que permita el eventual diseño e implementación de una política de fortalecimiento del esquema de impartición de justicia en nuestro país.