Periodismo oficio de alto riesgo y más en Veracruz, hoy

Publicado en Proceso # 1854, 13 de mayo de 2012

Periodismo en Veracruz El éxodo del miedo/ Jorge Carrasco Araizaga Proceso # 1854, 13 de mayo de 2012; El clima ya se hizo irrespirable para algunos reporteros de varios medios de información veracruzanos que viven aterrados, y desamparados por las autoridades y por sus empleadores: Unos abandonaron el estado o el país. Otros optaron por dedicarse a otra actividad. A unos más los han asesinado. Lo indignante del caso es que los gobiernos federal y estatal sabían lo que les iba a ocurrir a estos profesionales de la información; concretamente, conocían la existencia de una lista de amenazados de muerte. Estaban sentenciados y las autoridades los dejaron morir. El mismo gobierno de Felipe Calderón lo sabía y advirtió sólo a Televisa, que sacó de Veracruz a su corresponsal Hugo Gallardo San Gabriel, aunque luego lo despidió. No fue el caso de los tres fotorreporteros secuestrados y encontrados muertos el jueves 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa. Esas muertes desataron de nuevo los temores entre periodistas de Veracruz que, escépticos ante el anuncio del gobernador Javier Duarte de Ochoa de crear “un organismo para su protección”, comenzaron de nuevo a salir del estado o a retirarse de la actividad. Con la muerte de ochos periodistas a cuestas en menos de un año, la administración de Duarte está en la mira internacional por la vulnerabilidad de los periodistas en el estado, en particular en el puerto de Veracruz, uno de los principales escenarios de la disputa entre los grupos de delincuencia organizada y donde trabajaba la mayoría de los periodistas asesinados. Las advertencias contra éstos eran conocidas por la Presidencia de la República y por el gobierno de Duarte, según el testimonio del excorresponsal de Televisa. Amnistía Internacional (AI) coincide y asegura que los asesinatos de Gabriel Huge, Guillermo Luna y Esteban Rodríguez “no ocurrieron sin previo aviso”. Según la oficina de ese organismo en México, “información recibida por Amnistía Internacional (indica que) los nombres de estos periodistas, junto con otros, aparecieron en una lista circulada el año pasado con una amenaza en su contra. “A pesar de estar informadas de esta situación, las autoridades estatales no tomaron medidas para asegurar la protección de los periodistas en riesgo, varios de los cuales se vieron obligados a salir del estado por motivos de seguridad”, asegura el organismo con sede en Londres, aunque el gobierno de Duarte niega que existiera esa lista. AI señala que desde finales de 2010 ocho periodistas han sido asesinados en el estado de Veracruz. La fecha marca el inicio de la administración de Javier Duarte. Ninguno de los asesinatos ha sido esclarecido. A diferencia de lo ocurrido con los cuatro primeros, el gobierno estatal anunció que pediría a la Procuraduría General de la República (PGR) atraer el caso de los tres fotógrafos por considerar que en esos crímenes intervino la delincuencia organizada. Una semana después de los hechos no lo había formalizado. Sin embargo, pese a la presunción sobre la participación de la delincuencia organizada, en la PGR la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (Siedo) tampoco ha pedido la atracción del caso. La huida Después del asesinato de los reporteros gráficos, de nueva cuenta varios periodistas y editorialistas han salido del estado, han declinado seguir publicando o de plano han renunciado a la profesión. El miércoles 9 la página de internet Plumas Libres, que se elabora en Xalapa, informó que algunos periodistas “no esperaron ni 24 horas para dejar el estado” después del asesinato de los tres fotorreporteros, mientras que muchos trabajan con miedo. Con el texto Periodistas comienzan nuevo exilio en Veracruz da cuenta del temor que prevalece entre los comunicadores del estado y cuestiona que hasta ahora Duarte se haya limitado “a cuidar a los dueños de los medios y a sus negocios”. El gobernador, en efecto, ordenó vigilancia policial para los periódicos porteños Notiver, El Dictamen y AZ, donde trabajaba la mayoría de los comunicadores asesinados. “De qué sirven las patrullas y policías afuera de los periódicos. Sólo cuidan instalaciones. Los dueños nunca salen a demandar el esclarecimiento de la muerte de un periodista. Siempre se quedan en silencio”, cita a un periodista que por razones obvias no identifica. La cita dice también: “No sé de ningún reportero bajo vigilancia oficial en Veracruz. Seguimos solos pese a las promesas en el gobierno del estado. Salgo de mi casa con miedo. Llego al trabajo con miedo. Como con miedo. Sólo me siento seguro por unos momentos en el diario, donde están los policías; pero después… la zozobra de nueva cuenta”. Otro periodista que durante más de 30 años cubrió la fuente policiaca adelanta su retiro ante la violencia contra la prensa en el estado: “No pensaba salirme de la reporteada. Tras el asesinato de Miguel Ángel López Velasco y su familia comencé a analizarlo. Con la muerte de Yolanda Ordaz me decidí. No quiero saber nada del periodismo. Menos de la nota roja. Estoy valorando mi vida. Mis historias y vivencias en la fuente se quedarán guardadas un buen tiempo”. Un reportero más relata la ansiedad bajo la que vive por su cobertura periodística: “No se puede… Con el paso de las horas la misma información te aplasta. Ver cadáveres regados a cada momento te sume en tribulaciones. Entiendes que la autoridad ya no es quien resuelve el crimen. Se han vuelto recolectores de cadáveres y el reportero es cronista de la muerte”. Gallardo San Gabriel cuenta que en julio de 2011, después del asesinato de la reportera de Notiver, Yolanda Ordaz, él tuvo que salir del estado contra su voluntad y por órdenes de sus jefes, tanto en el estado como en la Ciudad de México. No fue el único. En un relato que publicó apenas el martes 1 de mayo en su portal electrónico MI revista con el título ¡Estoy vivo!, asegura que tras los primeros asesinatos, propietarios y directores de medios de comunicación veracruzanos salieron de la ciudad o cuando menos enviaron a sus hijos al extranjero. “Reporteros de la sección policiaca, como Andrés Salomón, de XEU de Veracruz, abandonaron la ciudad. Le siguieron Enrique Bautista y Arturo González, de El Dictamen; Gabriel Huge, de Notiver, y otro más del periódico Imagen. Trascendió que periodistas de otros puntos del estado también lo hicieron.” En su caso, confirmado por el propio Gallardo a Proceso, cuenta que su jefe inmediato, Rogerio Pano Rebolledo, le dijo que su vida estaba en peligro, que tenía que salir del estado junto con su familia. Irse a otro estado o incluso al extranjero porque había una lista de reporteros que iban a ejecutar. Gallardo, que alega no haber recibido nunca ninguna amenaza, refiere que la información la había entregado la propia Presidencia de la República a sus jefes. Ignacio Reyna Carrera, director general de la televisora en el estado, le dijo también que tenía que salir. “Que sólo sería por dos o tres meses en lo que se calmaban las cosas, con la promesa de que regresaría a mi trabajo cotidiano”. Cuenta que el 26 de julio del año pasado, dos días después de que apareciera el cuerpo de Yolanda Ordaz, salió de Veracruz en un avión de la Fuerza Aérea Mexicana, escoltado por personal de la Marina. El aparato formaba parte del equipo desplegado para una visita que realizaba Felipe Calderón. Junto con su familia, el reportero aterrizó en el hangar presidencial, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde lo recibió personal del Estado Mayor Presidencial. Refiere que en agosto siguiente su jefe en México, Miguel Ángel García Briseño, director de Televisa Regional, lo buscó preocupado porque su familia se había regresado a Veracruz. “El 21 de diciembre fui convocado a una sorpresiva reunión con Ignacio Reyna Carrera, director de Televisa Veracruz. El encuentro fue en instalaciones de Televisa Santa Fe, en el Distrito Federal… La entrevista fue en la oficina de Raquel Bernal, gerente administrativa de la Dirección de Televisa Regional, a cargo de Miguel Ángel García Briseño, alguna vez director de Telever.” Reyna le dijo que Televisa México no le podía seguir pagando su estadía en la Ciudad de México y que Televisa Veracruz no lo podía seguir manteniendo sin trabajar; pero “como según él aún no había condiciones para que yo regresara a la ciudad, optaba por liquidarme de la empresa”, después de 14 años de trabajar para el monopolio. Más todavía, dice en su testimonio, “me pidió que no volviera a Veracruz y mucho menos que trabajara en algún otro medio de comunicación” porque según el directivo “soy una caja de resonancia, que algo malo me podía suceder y que rebotaría en la imagen de Televisa”. Asegura que en la búsqueda de empleo en medios veracruzanos “me he enterado… (de) que hay una especie de acuerdo con dueños y directores de los medios más importantes, al parecer coordinados por una mano oficial poderosa, que sugieren que no sea yo contratado porque me han ‘etiquetado’ como un periodista de riesgo”. Escalada sin precedente La representación en México de la organización no gubernamental Artículo 19, promotora de la defensa de la libertad de expresión e información en el mundo, ha documentado la desastrosa situación para la prensa en el gobierno de Duarte: “Durante el segundo semestre de 2011 el estado de Veracruz vivió una escalada de violencia sin precedente, similar a la que hundió a Tamaulipas. En el lapso de unas cuantas semanas cuatro periodistas fueron asesinados, 13 escaparon del estado por amenazas y uno más desapareció sin que hasta ahora se sepa nada de su paradero.” En un escrito dirigido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) antes del secuestro y asesinato de los tres reporteros gráficos, la organización registró en ese lapso 66 agresiones contra el ejercicio de la libertad de expresión. Los más graves: Cuatro asesinatos de periodistas o trabajadores de medios de comunicación, un ataque violento y un desaparecido. Afirma que en 33 casos quienes cometieron las agresiones fueron agentes estatales. Refiere que poco antes de que terminara el año, un grupo armado atacó un diario en el municipio de Córdoba, a 170 kilómetros de Xalapa, la capital del estado. Los atacantes prendieron fuego a la redacción y a las áreas de diseño y publicidad. Rebasado por la violencia contra la prensa, Duarte de Ochoa anunció el viernes 4 la creación de “un organismo para la protección de los profesionales de los medios de comunicación y otro para atender a las víctimas de los grupos delincuenciales”. La creación del organismo para la prensa está lejos de concretarse pues, según dijo ese día el gobernante, habrá de esperar las propuestas de los directivos y dueños de los medios del estado. Después de ese anuncio comenzó la vigilancia policial afuera de las instalaciones de Notiver, El Dictamen y AZ. El anuncio de Duarte contrasta con su decisión previa de suprimir la Comisión Estatal para la Defensa de los Periodistas, un organismo descentralizado creado por su antecesor Fidel Herrera Beltrán. El actual gobernador también hizo desaparecer el Colegio de Periodistas. El 6 de julio de 2011 Duarte publicó en la Gaceta Oficial de Veracruz un decreto para anunciar, por razones económicas, la extinción de ambos organismos que se financiaban con recursos públicos y estaban bajo el control de la Secretaría de Gobierno del estado y de la Dirección General de Comunicación Social, respectivamente. La comisión “para la defensa de los periodistas” había sido creada por decreto de Herrera en mayo de 2006. Su propósito era “garantizar los derechos e intereses de las personas que ejerzan actividades propias del periodismo en los medios de comunicación de la entidad veracruzana”, pero operó sólo como una entidad burocrática para administrar en parte la relación del gobierno con la prensa. De acuerdo con las cuentas públicas del estado, la Comisión ejerció 3 millones 300 mil pesos en cinco años, entre 2006 y 2010. En el mismo periodo del gobierno de Herrera, el colegio consumió 8 millones 600 mil pesos. Los periodistas asesinados trabajaban en los periódicos porteños ahora resguardados por la policía. Gabriel Huge era tío de Guillermo Luna y ambos habían sido reporteros de Notiver. Al momento de su muerte trabajaban para la agencia fotográfica veracruznews.com. Esteban Rodríguez había trabajado para el diario AZ. Junto con ellos fue asesinada Irasema Becerra, pareja de Luna y vendedora de publicidad de El Dictamen. Periodistas locales aseguran que sus colegas vivieron bajo amenaza durante más de un año. Tío y sobrino habían renunciado a Notiver y salieron del estado cuando fue asesinada su compañera Yolanda Ordaz de la Cruz, el 26 de julio de 2011. Un mes antes había sido acribillado el columnista del mismo diario Miguel Ángel López Velasco. Un comando entró de madrugada a su casa y lo mató junto con su esposa, Agustina Solana, y su hijo, Misael López Solana, que también hacía fotografía para Notiver. Huge había regresado al puerto en enero de este año. Luna, unas semanas antes. Esteban Rodríguez trabajó cinco años para AZ y durante un año cubrió la guardia nocturna de la fuente policial para TV Azteca Veracruz. También había salido del estado después de esos asesinatos y regresó al puerto, pero dejó el periodismo y se empleó como soldador en un taller mecánico. ** Investigación lenta y parcial/Jorge Carrasco Araizaga Proceso # 1854, 13 de mayo de 2012; El gobierno de Javier Duarte de Ochoa enfocó la investigación del homicidio de Regina Martínez Pérez en sus vecinos y no en su actividad como periodista. Dos semanas después del asesinato de la corresponsal de Proceso en Veracruz, ocurrido la madrugada del sábado 28 de abril en el domicilio de la reportera, la Procuraduría General de Justicia (PGJ) del estado sólo ha buscado los testimonios de vecinos y personas que trabajaban para la periodista en el mantenimiento de su casa. “Se trata de un barrio bravo”, dice el procurador Felipe Amadeo Flores Espinosa para explicar la insistencia de la PGJ en buscar al responsable entre los vecinos. También ha interrogado a un mandadero, un ebanista, una trabajadora doméstica y un albañil. Según la Procuraduría sus diligencias se proponen “establecer líneas de investigación derivadas de los testimonios de los vecinos”. La pretensión de considerar el homicidio como resultado de un robo desestima la posición de la revista, expresadas al gobernador Javier Duarte de Ochoa, para que se consideren las condiciones adversas en que trabajaba Regina Martínez, como la negativa de información oficial y la desaparición de la revista en el estado cada vez que escribía sobre la situación en la entidad (Proceso 1853). El fundamento de la PGJ para concentrarse en el robo es la desaparición de un televisor de plasma, sin darle importancia al hecho de que también fueron robados una computadora y los dos teléfonos celulares con los que trabajaba la periodista. Para la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim), el asesinato tampoco puede ser considerado un simple robo sino un feminicidio, por lo que intervendrá para que se realicen peritajes desde la perspectiva de género. Dilcya García Espinoza de los Monteros, titular de la Conavim, señala que la mitad de los feminicidios en Veracruz han ocurrido por estrangulamiento, pero en el caso de la reportera significa también el silenciamiento de su actividad profesional. En la averiguación previa 19/2012/PC, la PGJ sólo tiene la declaración ministerial de un trabajador de la prensa local que hace años tuvo una relación sentimental con Regina. “Por alguna parte hay que empezar”, dice el funcionario en relación con la demanda de la revista para que las investigaciones no desestimen su actividad periodística. En el protocolo internacional para la investigación de casos de ataques contra el ejercicio periodístico, las autoridades deben considerar y documentar la cobertura profesional y los posibles intereses de grupos o individuos afectados, tanto oficiales como no gubernamentales. También deben considerar los vínculos o similitud entre el modus operandi de la agresión y de hechos noticiosos reportados por la periodista. De acuerdo con las actuaciones de la procuraduría, no hay ninguna indagatoria en relación con la última nota enviada por Regina Martínez a la agencia Apro, servicio noticioso de Proceso. En ese despacho la corresponsal informó sobre el asesinato de un exdirigente del PRD en el puerto de Veracruz, en condiciones similares a las de su propia muerte: en su domicilio y por asfixia, sin que se registrara un ingreso violento a la vivienda. La PGJ tampoco ha investigado sobre el robo en el domicilio de la periodista en diciembre pasado, cuando se llevaron su computadora, y que fue consignado por la revista al inicio de la averiguación previa. El protocolo internacional señala que la autoridad debe investigar “a la brevedad posible” a colegas del medio y de los lugares desde donde hacía su cobertura informativa para saber si había amenazas en su contra y si había tomado medidas de prevención. La PGJ tampoco había entregado a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), de la Procuraduría General de la República –en su calidad de coadyuvante–, todos los dictámenes que ha realizado. Hasta la semana pasada aún faltaba el dictamen en materia criminalística de campo en el que se indica cómo encontró la PGJ el lugar de los hechos. La FEADLE busca contrastar ese dictamen con la reconstrucción de hechos que peritos de la PGR hicieron el miércoles 2 de mayo. ** El colapso veracruzano/Alberto J. Olvera Proceso # 1854, 13 de mayo de 2012; Veracruz ha logrado de nuevo colocarse en los primeros espacios de los medios de comunicación. Lamentablemente, esta notoriedad se logra por malas razones: un nuevo ciclo de violencia contra periodistas, destacando el asesinato de la valiente reportera Regina Martínez, corresponsal de Proceso en el estado. Para entender si se trata de un hecho excepcional o de la manifestación de una tendencia, es preciso entender qué pasa en las tierras veracruzanas. Veracruz es un estado que desde hace varios años se halla en estancamiento económico, con aumento del desempleo y disminución de la calidad del empleo disponible. Se han perdido puestos de trabajo formales y se han creado más informales, lo que se ha traducido en una caída del poder adquisitivo en general. Durante la década pasada, el incremento en el gasto público estatal había compensado la debilidad de la inversión y el gasto privados. Pero en 2010, al calor de las campañas por la gubernatura de la entidad, el estatal se desbocó, la deuda pública aumentó sin freno y el sexenio de Fidel Herrera terminó en una crisis fiscal sin precedente, con las arcas estatales (y muchas municipales) vacías. Aunque el monto real de la deuda se desconoce, economistas locales la calculan en 40 mil millones de pesos, y buena parte de ella es de corto plazo, de modo que su servicio consume una elevada proporción del presupuesto de la entidad. El gobierno de Herrera se caracterizó por la más absoluta discrecionalidad en el gasto, la adjudicación sin licitación de obras públicas a empresas que surgieron de la noche a la mañana, el control de los medios de comunicación mediante regalos, prebendas, becas y viajes para los periodistas, así como generosos contratos de publicidad. No hubo planeación digna de ese nombre, sino un gobierno de un solo hombre que decidía todo y por todos, y que para gobernar de esa manera estableció acuerdos, explícitos o implícitos, con todos los poderes fácticos regionales. El combustible que alimentaba ese poder concentrado era el dinero público, o el que se ejercía a través del sector público, cuyo origen y composición no están del todo claros. La campaña electoral de 2010 fue un parteaguas de la historia política de la entidad, y en cierta medida del país, porque entonces se rompieron todos los principios que rigieron la débil e incompleta transición a la democracia electoral mexicana: independencia del órgano electoral, equidad de la competencia, regulación de gastos de campaña y severa limitación de la inversión privada en el proceso. Esas elecciones han sido las más costosas de la entidad, y el derroche del PRI y del PAN alcanzó niveles nunca vistos. Quiénes y cómo financiaron las campañas es algo que no sabemos y quizás nunca sepamos. Lo cierto es que los intereses privados que intervinieron en el proceso deben haber esperado algún reintegro. El gobierno estatal actual recibió el poder pero no el dinero. Imposible repetir el estilo de gobierno de Fidel Herrera. La escasez genera tensiones, pues la cobija no alcanza para todos. El control sobre los medios se volvió autoritario, de comando, ya que la capacidad de compra estatal disminuyó, si bien los convenios de publicidad siguen siendo esenciales para la modesta economía de los medios, que son muy locales o regionales. Las plumas se compran más selectivamente, aunque de manera abierta y, hasta cierto punto, cínica. Pero no es posible ya controlar mediante el gasto a todos los actores, ni respetar los arreglos establecidos en el pasado. La delincuencia organizada, en este escenario, encontró un mayor espacio de acción con los actores del mercado –muchos de ellos desesperadamente necesitados de recursos– y los medios, sobre los cuales empezó a ejercer un control cada vez más violento en materia de información policiaca en 2011, en el contexto de la disputa estratégica por el territorio veracruzano entre diferentes grupos. A mediados del año pasado la confrontación entre ellos alcanzó un clímax, con decenas de asesinatos desde junio hasta agosto, sin que el gobierno estatal tuviera capacidad de imponer algún control. De ahí el Veracruz Seguro II, la llegada masiva del Ejército y de la Marina a las calles de la entidad. Esa política produjo de nuevo alguna tranquilidad aparente, sin que la confrontación haya cesado. Mientras tanto, la delincuencia común se incrementó, sobre todo los secuestros, flagelo difícil de abatir dada la debilidad de las fuerzas policiacas y de la Procuraduría de Justicia, cuyos recursos humanos y materiales son todavía muy pequeños en relación con las necesidades. Este es el contexto de la disputa por las candidaturas a senadores y diputados dentro del PRI en 2012, que fue un verdadero ajuste de cuentas por pagar. Las candidaturas no se definieron por perfiles políticos, sino por intereses de grupo y en reconocimiento de servicios prestados. A decir verdad, en el PAN el criterio parece haber sido el mismo, y en el PRD, como de costumbre, pesó el balance de fuerzas relativas de las tribus. Por eso la calidad de los candidatos es notablemente baja, y hay varios personajes directamente impresentables haciendo campaña en las filas priistas. En Veracruz, las elecciones de 2012 parecen de partido único, pues en materia publicitaria y de presencia en medios el PRI ha logrado prácticamente un monopolio, rompiendo, una vez más, los principios de la competencia electoral democrática. Cabe preguntarse si los recientes crímenes contra periodistas nos retrotraen a la situación de mediados de 2011. Pareciera no ser así. El asesinato de Regina Martínez se sale de la tendencia y tiene, inevitablemente, un carácter político. Más bien parece que entramos, tempranamente, a un riesgoso ciclo de regresión autoritaria, aun antes de completarse la restauración priista. La primavera democrática, tan parca en sus frutos, se marchita a pasos agigantados en las manos de una clase política irresponsable. ** Lamenta que el “debate” no abordó el asesinato de Regina Martínez La Redacción/Proceso Palabra De Lector Señor director. Es profundamente lamentable que ninguno de los candidatos a la Presidencia de la República, en el llamado “debate” del domingo 6 de mayo, haya considerado importante condenar siquiera en un mínimo de tiempo la muerte de la periodista Regina Martínez, corresponsal de la revista Proceso en Veracruz. Esta muerte se agrega en los últimos 10 años a 14 periodistas fallecidos en circunstancias similares de extrema violencia y a la desaparición de tres en esa entidad. Tampoco ninguno de los candidatos consideró importante mencionar que las autoridades policiacas y políticas han mantenido una pasividad inexplicable ante esa ola de crímenes, levantones y secuestros. Tampoco mereció a ninguno de los candidatos presidenciales señalar que el asesinato de un periodista es atentar contra la sociedad en su conjunto al afectar sensiblemente la libertad de expresión y el derecho a la información. Es patente que para los candidatos presidenciales no es trascendente condenar explícitamente la falta de intervención de las autoridades federales por haber omitido la debida protección a los trabajadores de la pluma y la cámara. El tema de la seguridad en México, para los candidatos presidenciales, se refiere, tal vez, a una realidad distinta a la que vivimos día a día los mexicanos. Instamos al presidente Calderón a ordenar una investigación seria, científica, en cada uno de los casos de los periodistas ejecutados y desaparecidos, y a que se consigne a los autores materiales e intelectuales involucrados. Atentamente José Lavanderos