Los
representantes del gobierno federal, del PAN, PRI y PRD ante el Pacto por México se
reunieron este fin de semana para acordar las condiciones que den a todos los
ciudadanos las garantías indispensables de que las elecciones de este año se
realizarán en condiciones de limpieza e imparcialidad, y de que los programas
de combate a la pobreza no serán utilizados de manera facciosa o ilegal.
Las
conversaciones han permitido avanzar en esos objetivos, y el gobierno y los
partidos se comprometen a continuarlas con el propósito de poder llegar a
instrumentarlas con rapidez y eficacia.
En
el ínterim, las partes acordaron tomar las acciones necesarias para dar
garantías a los ciudadanos y a todos los actores políticos relevantes de que
los procesos político-electorales que están en marcha se realizarán cumpliendo
estrictamente con las aspiraciones democráticas que compartimos y los mandatos
de ley ya establecidos.
Los
firmantes del Pacto por México trabajan en la implementación de acciones de
corto plazo y en reformas normativas necesarias para perfeccionar el sistema
electoral mexicano y elevar la calidad de nuestra democracia, las
conversaciones adelantaron el marco de un acuerdo que debería incluir, entre
otros, los siguientes puntos:
I.
Acciones para blindar los procesos electorales y los comicios que se realizarán
el 7 de julio de 2013:
El
gobierno federal y los partidos pactantes se comprometen a poner su voluntad
política para lograr que todos los órganos de gobierno tomen las acciones
necesarias para que en ninguno de los procesos electorales que están en marcha
ni en los comicios del 7 de julio de 2013 se produzcan acciones que menoscaben
la integridad y limpieza del voto.
Las
partes integrantes del Pacto repudian cualquier acto ilegítimo o ilegal que
realicen autoridades de cualquiera de los órdenes de gobierno, sin importar su
origen partidario, y harán lo necesario para prevenirlos y, en su caso,
castigarlos .
Acordar
mecanismos para que organizaciones de la sociedad civil vigilen los movimientos
de los padrones, altas y bajas con criterios técnicos sociales y no
electorales.
Definir
de manera conjunta los criterios que deben normar el perfil profesional de los
delegados federales de las dependencias responsables de manejar programas
sociales. Acordaron también que el Ejecutivo revisará los nombramientos
realizados para asegurar su idoneidad en función de ese perfil profesional
técnico.
Suspender
la realización de cualquier asamblea o reunión pública de beneficiarios de
programas sociales durante los 45 días previos a las elecciones.
Adelantar
la entrega de apoyos y subsidios conforme lo permitan los recursos disponibles,
para realizarse 45 días antes de las elecciones.
Establecer
comisiones plurales en los 14 estados donde habrá elecciones para presentar y
atender las denuncias de intervención indebida de los gobiernos en las
elecciones y del manejo electoral de acciones de gobierno y programas sociales.
Proponer
a los Gobernadores y Alcaldes un acuerdo que los comprometa a abstenerse de
realizar entregas de apoyos gubernamentales en los 45 días previos a las
elecciones.
Promover
con los gobernadores un compromiso político de no utilizar recursos públicos,
no entregar despensas, ni materiales plásticos ni textiles. Esto sería también
supervisado por alguna organización ciudadana.
La
Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público investigará las cuentas bancarias de todos los gobiernos de los estados
de las cuales se hagan retiros en efectivo por cantidades relevantes.
Convocar
y promover la participación de observadores electorales nacionales e
internacionales en los procesos electorales del 7 de julio.
II.
Acuerdos estructurales para erradicar el uso electoral de los programas
sociales de los tres ámbitos de gobierno:
Las
partes continuarán sus conversaciones con el fin de crear las condiciones
adecuadas para que el Pacto pueda entrar en una nueva etapa. En ese caso, las
partes se comprometen a ampliarlo con un adéndum que incluya entre otras la
siguientes medidas:
Se
retomarán e impulsarán las iniciativas de ley orientadas a fortalecer la
profesionalización de los delegados y operadores de los programas sociales del
gobierno federal.
Los
signatarios del Pacto se comprometen a hacer valer los tres últimos párrafos
del artículo 134 de la Constitución y, en particular, a abstenerse de hacer en
los medios de comunicación propaganda personalizada y las llamadas gacetillas.
Se buscará hacer extensivo este acuerdo en todos los órdenes de gobierno.
Adelantar
los trabajos relacionados con la reforma política en su dimensión electoral
(compromiso 90 del Pacto) para plasmar en la ley el espíritu de este acuerdo
que busca perfeccionar nuestra democracia.
Iniciar
los trabajos para crear un Sistema Nacional de Programas de Sociales que
permita un uso más racional, progresivo y sin duplicidades de los recursos
públicos para combatir con mayor eficacia la pobreza (compromiso 6 del Pacto).
También
acordaron promover que las leyes y las reglas de operación de los programas de
gasto e inversión social incluyan la prohibición de celebrar actos públicos de
entrega de beneficios y subsidios, así como las asambleas de beneficiarios.
Los
Poderes Ejecutivo y Legislativo de la Federación y de las entidades federativas
pondrán especial atención en garantizar que los recursos del Estado lleguen
directamente a los beneficiarios sin condicionantes y que invariablemente se
ejerzan bajo reglas de operación enteramente públicas, con un sistema de
transparencia que permita la evaluación y la rendición de cuentas, incluyendo
el más amplio conocimiento público de los padrones de beneficiarios de todos
los programas sociales.
El
espíritu que anima estas conversaciones es el de crear un entorno político de
respeto a la ley, de comportamiento democrático, y de transparencia para
fortalecer la democracia mexicana.
Fuente: Boletín
83
México,
D.F., 29/04/2013
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