Ayoyzinapa, entre más información más confusión parece generar

Las columnas políticas hoy, martes 19 de abril de 2016
TRASCENDIÓ/Milenio

Que el gobierno federal dará una respuesta positiva y de apoyo al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, del que se espera un mensaje fuerte el próximo domingo, cuando presenten su segundo informe sobre el caso Iguala.
La participación del GIEI ha sido fundamental, aseguran, pese a los desencuentros con la Procuraduría General de la República, con la cual chocó al no compartir la hipótesis de que los 43 normalistas de Ayotzinapa fueron quemados en el basurero de Cocula.
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Iguala: miles de pistas/ Raymundo Riva Palacio
El Financiero, 19 de abril
Entre más información surge sobre la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, más confusión parece generar. Pero la apertura de los expedientes sobre el crimen en Iguala la noche del 26 de septiembre de 2014, y los informes de organismos que luchan por los derechos humanos, muestran con claridad el modus operandi con el que actuaban las autoridades de la región y la banda criminal Guerreros Unidos, y empiezan a abrir la ventana para encontrar el misterioso móvil del crimen. Pensar menos como ministerio público y analizarlo más como un fenómeno sociopolítico, ayudará a entender lo que sucedió esa noche. No es suficiente para alcanzar la verdad legal, pero sí para enfrentar el cáncer nacional de corrupción e impunidad, que es un principio.

En esa lógica habría que empezar por la línea de tiempo de los primeros momentos políticos de esa noche. En su declaración ministerial Yazareth Abarca, la hija del entonces alcalde de Iguala, José Luis Abarca, dijo que su padre habló por teléfono celular poco antes de las nueve de la noche con Felipe Velázquez, que era el secretario de Seguridad Pública municipal, quien le estaba informando lo que sucedía con los normalistas. “No les hagan nada”, le instruyó, según su hija, “ya saben cómo son de latosos”. Eso nunca iba a ser posible, porque las autoridades municipales en toda esa región, de acuerdo con las investigaciones, eran parte orgánica del crimen organizado.
Abarca había ingresado en la política con el apoyo del grupo del exgobernador Rubén Figueroa Alcocer –a cuyo padre, también exgobernador, lo llamaban El Tigre de Huitzuco–, quien le consiguió una cita con el general Guillermo Galván, a la sazón secretario de la Defensa del presidente Felipe Calderón, para que le donara los terrenos en Iguala donde construir el centro comercial Galerías Tamarindos, y de Héctor Vicario, un incondicional de Figueroa Alcocer, que preside actualmente la Comisión de Justicia del Congreso estatal. Otro apoyo de Abarca y exalcalde de Iguala, Lázaro Mazón, quien era secretario de Salud del gobierno de Ángel Heladio Aguirre, le habló. “¿Qué pasó?”, preguntó. “Estoy muy consternado”, respondió Abarca. El exalcalde y su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, no se fueron a dormir, como afirmó a la prensa. Hasta las cuatro de la mañana, con el crimen en proceso, dejaron de hablar por teléfono.
No iba a ser posible frenarlo porque toda la operación político-criminal se había puesto en marcha. No se sabe aún cuál fue el motivo del ataque a los normalistas, pero de los cinco autobuses en los que se movieron esa noche en Iguala y fueron atacados por la policía, sólo se secuestró y desapareció a los normalistas que iban en los vehículos 1531 y 1568, que fueron los únicos que salieron de Chilpancingo horas antes. ¿Coincidencia? No hay explicación sólida que explique por qué no hubo desaparecidos de los otros autobuses. Varios policías municipales de Iguala que fueron detenidos esa misma noche, declararon que les habían dado una lista con los nombres específicos de 17 de los más de 50 normalistas que llegaron a esa ciudad el 26 de septiembre.
En el autobús 1531, que fue atacado por policías municipales casi enfrente del Palacio de Justicia, a la altura del Puente de El Chipote, donde se encuentra la carretera que conduce a Huitzuco, iba Alexander Mora Venancio, el único normalista que científicamente se ha probado que fue asesinado e incinerado, tras el análisis de las cenizas encontradas en el Río San Juan, cerca del basurero de Cocula, realizado por el laboratorio de la Universidad de Innsbruck. En el 1568 iba Bernardo Flores Alcaraz, apodado El Cochiloco, presunto coordinador de las acciones de los normalistas en Iguala. En ese autobús también iba Julio César Mondragón, separado del grupo de los normalistas y asesinado –su cuerpo, tirado en la calle, tenía muestras de tortura–, esa misma noche.
Según las investigaciones de la PGR, la orden de matar a Mondragón fue dada por Juan Salgado Guzmán, El Indio, considerado el padrino de Guerreros Unidos y tío de Mario Casarrubias Salgado, uno de los jefes criminales. Apodado El Sapo Guapo, fue detenido en mayo de 2014, y antes de fundar Guerreros Unidos fue escolta de Arturo Beltrán Leyva, que rompió con el Cártel de Sinaloa. Al morir en un enfrentamiento con la Marina en diciembre de 2009, El Sapo Guapo se quedó con todos sus contactos criminales y el manejo de la exportación de heroína a Chicago, una de las fuentes de la hipótesis del narcotráfico como móvil de la desaparición de los normalistas. También se quedó con los contactos políticos, ampliados al casarse con Patricia Soto Salgado, sobrina de Abarca y que tiene vínculos familiares con Velázquez, detenido desde mayo pasado, acusado de proteger a Guerreros Unidos.
La explicación de lo que pasó esa noche difícilmente resolverá todas las dudas si no se contextualiza la penetración y la relación de políticos de todos los niveles en la zona. La red de relaciones y complicidades son fundamentales para entender por qué esa noche, una vez iniciada la acción política-criminal contra los normalistas, no había nada que la parara. Iguala es el microcosmos mexicano de muchos años de corrupción, protección e impunidad. Hay que sanarlo y replicar el método en el país. Pero sólo podrá hacerse si existe la voluntad política para llevarlo a cabo, que depende únicamente del gobierno federal.
Twitter: @rivapa
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La ocurrencia del quinto camión/ Jorge Fernández Menendez
Excelsior,
El domingo 24 el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) presentará el informe final sobre su actuación en el caso de los jóvenes secuestrados el 26 de septiembre del 2014 en Iguala. Durante más de un año el GIEI ha trabajado, supuestamente, coadyuvando con las investigaciones oficiales y el resultado ha sido decepcionante. El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes ha ideologizado la investigación, ha confundido sus términos, ha desviado sus objetivos, pero no ha aportado, prácticamente, nada a la misma, pese al tiempo, los recursos y los espacios que se le dedicaron.
En su informe anterior, tuvo sólo dos “contribuciones”. La primera, el famoso peritaje de José Torero, diciendo que no había habido ni siquiera un incendio en el basurero de Cocula, lo que ya fue desechado por un tercer peritaje realizado por un grupo de expertos, en el cual participó el propio Torero, que concluyó que sí hubo incendio y que en el lugar, de acuerdo con los testimonios y pruebas existentes, podrían haber sido incineradas, por lo menos, 18 personas.
El otro punto es el del famoso quinto camión. Una versión que estaba presente desde tiempo atrás que decía que los estudiantes de Ayotzinapa podrían haber secuestrado un camión que transportaría heroína hacia Chicago y que por eso habría ocurrido el secuestro. En realidad es una ocurrencia de los miembros del GIEI sin ningún sustento, mucho menos pericial y hasta de sentido común. Por supuesto que la noche de Iguala tiene como trasfondo el narcotráfico y su relación con los poderes políticos y policiales municipales y estatales. El consumo de heroína ha aumentado dramáticamente en Estados Unidos en los últimos años y la mayor parte de esa droga es producida en territorio guerrerense. La disputa por ese mercado entre diferentes cárteles, entre ellos Guerreros Unidos y Los Rojos, los dos involucrados directamente en los hechos de Iguala, ha dejado miles de muertos y desaparecidos en Guerrero.
Pero la tesis del quinto camión enarbolada por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes no tiene sentido. Según las investigaciones realizadas por la Procuraduría General de la República, entre las 19:30 y las 20 horas de aquel 26 de septiembre, los normalistas arribaron a la colonia Rancho del Cura, en las afueras de Iguala, a bordo de un autobús, el número 1531, y a la caseta de cobro de Iguala a bordo del 1568. Iban decididos a secuestrar otros camiones. Media hora más tarde tomaron un camión, el Costa Line 2513 que se dirigía a la terminal de camiones de la ciudad. Llegaron con el conductor al acuerdo de dejar a los pasajeros en la central de autobuses para posteriormente llevarse el camión. Pero poco después de las nueve de la noche llegaron más normalistas a la central y se apropiaron de otros tres camiones: el 2012, el 2510 y el 3278.
El que habían secuestrado originalmente, el 2513, fue abandonado en la terminal de autobuses.
Iban cruzando Iguala cuatro camiones, encabezados por el 1531 (el primero que había llegado desde Ayotzinapa a Iguala) y transportaban unos 60 estudiantes. El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes habla de un quinto camión, el Estrella de Oro 3278, con otros 14 estudiantes. Ése fue el último en abandonar la terminal y lo hizo por otro rumbo, por la calle Ignacio Manuel Altamirano. El chofer del camión ha declarado en varias oportunidades que, luego de salir de la terminal, los estudiantes abandonaron el camión y que no fue detenido por elementos policiales o de seguridad. El GPS del camión corrobora esa trayecto. El llamado quinto camión fue abandonado por los jóvenes y en su caso no tuvieron encuentro alguno con fuerzas policiales locales.
Ese mismo camión tampoco podría transportar, como se especuló, droga hacia Chicago, por la sencilla razón de que, primero, no se encontró rastro alguno de droga en el mismo, pero también porque ese camión de Estrella de Oro no tiene permiso para ingresar a Estados Unidos, sólo tiene autorización para cubrir rutas en Morelos y Guerrero. No podría salir ni siquiera de esos estados, mucho menos llegar a Chicago. Toda esa información estaba en el expediente que se supone consultaron los integrantes de Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes.
Lo del quinto camión con droga es, simplemente, una ocurrencia más de este grupo que, luego de rendir su informe final el domingo, dedicará toda la siguiente semana, según han informado, a dar entrevistas, pláticas, a reunirse con organizaciones sociales y hacer proselitismo. ¿Qué dirá el informe? No pueden informar de avances porque no los han tenido. No pueden exhibir elementos nuevos porque no existen. Será un informe ideologizado, donde dirán que no pudieron hacer más porque fueron obstruidos (pese a los espacios, los millones de dólares y las facilidades que obtuvieron) por el Estado y me temo que querrán, ya han dado pistas de ello, imaginar el secuestro y asesinato de esos jóvenes como una acción contrainsurgente, cuando en realidad se trata de un capítulo más de los ajustes de cuenta entre grupos criminales y los políticos aliados o subordinados a ellos.
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Resumen ejecutivo
Introducción
Ayotzinapa, en Náhuatl, es lugar de tortugas. El símbolo de la portada de este informe es en primer lugar un reconocimiento a las víctimas de este caso.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) fue convocado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de acuerdo con el Estado de México y los representantes de las víctimas del caso, a acompañar en la investigación de los crímenes y sus responsables, la búsqueda de los desaparecidos y la atención a las víctimas y familiares.
El GIEI ha trabajado de manera intensa en estos seis meses en los que estaba definido su mandato inicial. Al final de este periodo, y mientras se definen las posibilidades o condiciones para un seguimiento del caso, el Grupo quiere hacer público su informe. Se trata de dar cuenta del trabajo realizado, y exponer ante las autoridades de México, los familiares y víctimas, así como la comunidad de derechos humanos, medios y personas que ha seguido de cerca este caso, los hallazgos, avances y propuestas.
Este informe es una contribución en la lucha contra la impunidad. El GIEI ha leído y analizado en profundidad las investigaciones llevadas a cabo por la PGJ y PGR, y ha utilizado como una parte fundamental de su estudio documentos, declaraciones y pruebas que ya constaban en el propio expediente. También ha realizado su propia investigación sobre los aspectos considerados clave en la misma y contado con peritajes de expertos independientes de reconocida trayectoria internacional en varias de las áreas señaladas.
Agradecemos al Estado, especialmente a las Secretaría de Relaciones Exteriores y Gobernación, a la Procuraduría General de la República, a la señora Procuradora, su colaboración durante estos seis meses y sus diversas gestiones sin duda facilitaron nuestro trabajo en el país. Valoramos también su accesibilidad y que se nos proporcionara acceso pleno al expediente y a una gran parte de las fuentes solicitadas. También agradecemos la confianza de los familiares y las víctimas en nuestro trabajo, así como la colaboración de sus representantes legales y peritos.
Las revelaciones de este informe son en su mayor parte descriptivas y responden a los más altos estándares de la investigación en derechos humanos. Recogen las tres áreas centrales incluidas en el mandato del GIEI. La investigación de los hechos y responsabilidades arroja nuevas visiones tanto sobre lo sucedido en la agresión directa sufrida por los normalistas, como en su posible destino posterior.
El GIEI lamenta no poder ofrecer a los familiares, al Estado y la sociedad mexicana o al mundo, un diagnóstico definitivo de lo sucedido con los 43 normalistas desaparecidos. Para ello existen numerosas dificultades que se señalan en este informe, pero sí recoge los hechos que considera probados, y aquellos otros que considera probado que no han sucedido o sobre los que existe una controversia tal que se cuestiona su validez.
Informe Ayotzinapa. Investigación y primeras conclusiones
Para el GIEI, la relación con los familiares y otras víctimas ha sido clave en este proceso. El informe trata de recoger su experiencia, porque en ella habitan muchos aprendizajes del impacto de la desaparición forzada y de la influencia que tiene el trato de autoridades del Estado y organizaciones sociales. Aproximarse a esta experiencia y tratar de entender su situación es un elemento clave para poder desarrollar políticas constructivas tanto en la investigación, como en la búsqueda o la atención a las víctimas.
El informe está estructurado en los diferentes aspectos del mandato del GIEI. Incluye un capítulo de valoración de los hechos y posibles causas de los mismos. Así mismo, termina con un capítulo de recomendaciones para el caso Ayotzinapa y de recomendaciones generales para la problemática general de la desaparición de personas en México e Iguala.
El GIEI espera que su informe sea una oportunidad de retomar el rumbo de la investigación, la búsqueda y la atención a los familiares y otras víctimas. También espera que sirva de aprendizaje no solamente sobre el caso Ayotzinapa, sino para ayudar a enfrentar la problemática de la desaparición de personas en México
Características de los hechos y análisis de posibles causas
De hecho en Iguala también se han tomado autobuses, pero nunca habíamos recibido este tipo de agresividad, que era... como si fuéramos los peores delincuentes que mereciéramos la muerte, creo que un narcotraficante o un sicario, lo tratan mejor. Nosotros era como si nada, nosotros íbamos por las unidades y nos regresábamos a nuestra Normal. T. C. Estudiante Normal de Ayotzinapa.
Las razones y características de este ataque contra los normalistas de Ayotzinapa, supusieron una enorme interrogante y perplejidad para ellos mismos, para México y el mundo: ¿cómo es posible un hecho de esa envergadura? Y realmente ¿por qué pasó? Las dimensiones del ataque no han sido sin embargo tenidas en cuenta de forma que permita un análisis en profundidad de los hechos.
Se sintetizan en este apartado las características del ataque sufrido por los normalistas y otros grupos, la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014. Se analiza el tipo de hecho, las circunstancias y condiciones que lo hicieron posible; la masividad del ataque y número de víctimas; el nivel de violencia ejercido; los diferentes escenarios y el nivel de coordinación de los autores; el grado de información previa y en el momento que tenían otras autoridades; los objetivos y explicaciones del ataque, específicamente en relación con uno de los autobuses y los problemas en la investigación que señala esta circunstancia como la posible determinante de la acción; la ausencia de protección de los normalistas durante las varias horas que duró el ataque; y la propia decisión de llevar a cabo la desaparición forzada de un grupo de 43 normalistas.
1. Masividad del ataque y número de víctimas
Durante estos sucesos las víctimas directas de diferentes violaciones de derechos humanos fueron más de 180 personas, la gran mayoría de ellos jóvenes y muchos menores de edad:
1) Seis personas fueron ejecutadas extrajudicialmente (incluyendo un normalista con claras señales de haber sido torturado, y otros dos con disparos a quemarropa, es decir a menos de 15 cm de distancia1; y con tres víctimas mortales en el ataque a Los Avispones, incluyendo un menor de edad), en cuatro escenarios diferentes:
1 Peritaje sobre autopsias de los normalistas de Ayotzinapa asesinados en Iguala. Dr. Francisco Etxe- berria Gabilondo: Médico forense, profesor de Medicina legal, Universidad del País Vasco. Mues- tra que los disparos contra Daniel Solís Gallardo y Julio César Ramírez se hicieron a menos de 15 cm de distancia. En el caso de Julio César Mondragón Fontes señala que muestra lesiones en dos tiempos, unas fruto de policontusiones y otras posteriores que le ocasionaron la muerte con múlti- ples fracturas en la cabeza y cuyo origen no se describe en la autopsia. Además, esta señala lesiones post mórtem con arrancamiento del rostro con marcas de caninos, señalando así mismo que se necesitaría una nueva autopsia para tener un análisis completo de las lesiones especialmente en el cráneo y rostro debido a los déficits que muestra la autopsia realizada. Ver anexos.
El cruce de la calle Juan N. Álvarez y Periférico Norte (en este caso en dos episodios diferentes), el camino del Andariego en la zona industrial de Iguala, la carretera saliendo de Iguala frente el Palacio de Justicia y el cruce de Santa Teresa a 15 km de la ciudad camino de Chilpancingo.
2) Más de 40 resultaron heridas2, algunas de ellas de suma gravedad que fueron intervenidas quirúrgicamente, y uno de ellos todavía se encuentra en coma y/o estado de estupor. Estas víctimas se produjeron en los hechos referidos del escenario inicial en la calle Juan N. Álvarez y Periférico Norte, en el segundo ataque tres horas después en el mismo lugar y en el cruce de Santa Teresa donde se dieron dos ataques consecutivos.
3) Cerca de otras 80 personas, incluyendo estudiantes de Ayotzinapa, maestros y otras personas que se movilizaron en su apoyo, sufrieron diferentes formas de persecución y atentados contra sus vidas en al menos tres escenarios, incluyendo los choferes de los autobuses afectados: la calle Juan N. Álvarez y Periférico Norte, la zona previa al Palacio de Justicia y colonia Pajaritos, y la zona de la colonia 24 de Febrero en Iguala.
4) Otras 30 personas en el caso del autobús de Los Avispones en el escenario del cruce de Santa Teresa sufrieron ataques contra sus vidas y sobrevivieron.
5) 43 normalistas de Ayotzinapa fueron detenidos y desaparecidos forzosamente3 de dos lugares y autobuses diferentes, uno en el centro de la ciudad y otro en las afueras de Iguala.
2 Según el Informe del Estado mexicano en respuesta a las Acciones Urgentes del CED y Procedi- mientos Especiales del 10 de noviembre, la lista de víctimas que presentan lesiones en relación a los hechos es de 22 personas. La CEAV (Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas) atendió a un total de 35 víctimas directas (incluyendo a tres de las seis personas que fueron privadas de la vida) y 107 víctimas indirectas en relación a los hechos. El GIEI ha encontrado otras víctimas graves en su investigación que no están consideradas en estos listados, por lo que señalamos que el número de víctimas directas que sufrieron lesiones en su integridad física es de más de 40 personas.
3 Lista de estudiantes desaparecidos: 1) Felipe Arnulfo Rosa, 2) Benjamín Ascencio Bautista, 3) Is- rael Caballero Sánchez, 4) Abel García Hernández, 5) Emiliano Alen Gaspar de la Cruz, 6) Dorian González Parral, 7) Jorge Luis González Parral, 8) Magdaleno Rubén Lauro Villegas, 9) José Luis Luna Torres, 10) Mauricio Ortega Valerio, 11) Jesús Jovany Rodríguez Tlatempa, 12) Abelardo Vázquez Peniten, 13) Adan Abraján de la Cruz, 14) Christian Tomás Colón Garnica, 15) Luis Án- gel Francisco Arzola, 16) Carlos Lorenzo Hernández Muñoz, 17) Israel Jacinto Lugardo, 18) Julio César López Patolzin, 19) José Ángel Navarrete González, 20) Marcial Pablo Baranda, 21) Miguel Ángel Mendoza Zacarías, 22) Alexander Mora Venancio, 23) Bernardo Flores Alcaraz, 24) Luis Ángel Abarca Carrillo, 25) Jorge Álvarez Nava, 26) José Ángel Campos Cantor, 27) Jorge Aníbal Cruz Mendoza, 28) Giovanni Galindes Guerrero, 29) Jhosivani Guerrero de la Cruz, 30) Cutberto Ortiz Ramos, 31) Everardo Rodríguez Bello, 32) Christian Alfonso Rodríguez Telumbre, 33) Mar- tín Getsemany Sánchez García, 34) Jonás Trujillo González, 35) José Eduardo Bartolo Tlatempa, 36) Leonel Castro Abarca, 37) Miguel Ángel Hernández Martínez, 38) Carlos Iván Ramírez Vi- llarreal, 39) Jorge Antonio Tizapa Legideño, 40) Antonio Santana Maestro, 41) Marco Antonio Gómez Molina, 42) César Manuel González Hernández y 43) Saúl Bruno García.
6) Entre las víctimas hay que considerar también a los familiares de estas víctimas directas que son al menos 700 personas, considerando solamente los familiares directos y especialmente los familiares de los 43 normalistas desaparecidos.
Si bien el nivel de agresión y violencia no puede resumirse en datos numéricos, estas cifras muestran tanto la extensión de la violencia, como los diferentes tiempos y escenarios en que se dieron, y los alcances de sus consecuencias que persisten hoy en día.
2. Nivel de agresión sufrida
Los datos referidos muestran el nivel de la agresión sufrida, el carácter indiscriminado de la misma (disparos contra civiles, desarmados y en actitud de huida), así como el aumento progresivo del nivel de agresión desde el inicio de la toma de autobuses (persecución y disparos al aire) hasta el bloqueo, disparos a matar, golpizas, preparación de acciones de emboscada o persecución durante largo tiempo que se vivieron en distintos momentos.
El ataque con disparos en el propio centro de la ciudad, contra autobuses con jóvenes que los habían tomado de la central de autobuses, ante un numeroso grupo de gente que se encontraba en la calle o en un concierto en el zócalo, con fuerte contingente y despliegue de agentes por la ciudad, aparece como absolutamente desproporcionado y sin sentido, frente al nivel de riesgo que podría suponer una toma de autobuses o un eventual enfrentamiento con piedras en algún momento. Los normalistas no iban armados, ni boicotearon ningún acto político, ni atacaron a la población como se señaló en distintas versiones.
El GIEI ha podido evaluar y se ha tenido que encarar también un enorme nivel de miedo, aún hoy en día, para poder llevar a cabo su investigación en Iguala. Numerosos testigos no quisieron hablar, otros lo hicieron en medio de un gran temor y pidiendo confidencialidad, otros proporcionaron información sólo después de numerosos contactos previos realizados a través de redes de confianza. El miedo no es únicamente una respuesta al nivel de agresión sufrido, sino al grado de control que se percibe en la zona por parte de los perpetradores o sus cómplices, y la falta de protección que sienten los testigos frente a posibles acciones en su contra. La protección de los testigos es clave en este proceso y su importancia ha sido señalada a las autoridades del estado.
3. Escenarios de los diferentes ataques: actuación coordinada y compleja
Como ha sido señalado, los ataques y persecución que se dieron esa noche fueron al menos nueve en distintos lugares y momentos, y algunos de ellos se prolongaron en el tiempo. Los distintos ataques directos fueron:
1. Escenario de la calle Galeana, persecución policial con disparos primero al aire y luego contra los autobuses y normalistas que tratan de salir de la ciudad, 21:30 horas del día 26 de septiembre de 2014.

2. Cruce entre Juan N. Álvarez y Periférico Norte. Con cierre de las calles por patrullas policiales en una distancia corta, con concentración de 3 autobuses (dos Costa Line y un Estrella de Oro) y unos 70 normalistas que se encuentran entre dos fuegos de al menos diez patrullas policiales delante y detrás de los autobuses, con participación de policías de Iguala y de Cocula. En dicho escenario se atacó de manera indiscriminada a normalistas que trataban de mover una patrulla para poder salir, hiriendo de extrema gravedad a un normalista y a otros dos de forma grave. Del tercer autobús, Estrella de Oro 1568, fueron detenidos y posteriormente desaparecidios cerca de 25 normalistas. La acción duró de las 21:45 a las 22:40 horas aproximadamente. El informe de balística señala que en este caso los disparos se dirigían al interior del autobús donde se encontraban los pasajeros.
3. Salida de Iguala a Chilpancingo, frente al Palacio de Justicia de Iguala. Un autobús, Estrella de Oro 1531 con 15-20 normalistas es detenido y destrozado por policías municipales de Iguala y sus ocupantes golpeados, obligados a bajar del autobús, detenidos y desaparecidos posteriormente. Según un testigo, se disparó contra uno de los normalistas. La acción duró aproximadamente 45 min-1 hora, desde las 21:40 horas del día 26, es decir, en un escenario simultáneo al ataque en Juan N. Álvarez y Periférico Norte.
4. Salida de Iguala a Chilpancingo, un poco antes del Palacio de Justicia. Un autobús Estrella Roja, que había sido tomado por un grupo de 14 normalistas, es detenido y sus ocupantes amenazados por la policía que no llega a disparar. Posteriormente, son perseguidos hasta que se esconden en un cerro y, una hora después, son nuevamente perseguidos cuando tratan de bajar a la carretera. Los hechos se dan entre las 22:00 y las 23:00 horas del día 26.
5. Ataque contra el autobús de Los Avispones en el cruce de Santa Teresa a 15 km de Iguala en la carretera a Chilpancingo y contra varios vehículos más. Resultan muertos dos ocupantes, al menos cuatro heridos muy graves y varios heridos graves. Otra mujer resulta muerta y varios ocupantes de dos taxis heridos. Aproximadamente se dio a las 23:30 horas del día 26. El informe de balística señala que los disparos se dirigían al interior del autobús donde se encontraban los pasajeros.
6. Después, en un segundo ataque en el mismo lugar, otro taxi y un camión son baleados produciéndose varios heridos de gravedad. A las 23:40 horas del día 26.
7. Carretera de entrada a Iguala y Periférico, persecución de normalistas hasta la colonia 24 de Febrero. Un grupo de 14 normalistas es perseguido en la noche cuando tratan de agruparse con sus compañeros y son objeto de intentos de atropellamiento, amenazas, pedradas y disparos hasta que se esconden en una casa (10 normalistas) y un cerro (4 normalistas). Se da entre las 23:15 y las 24:00 horas del día 26.
8. Ataque en Juan N. Álvarez y Periférico Norte contra rueda de prensa de normalistas, donde hay periodistas y maestros que llegaron a apoyar a los estudiantes. Tiempo antes, patrullaje de policía municipal y de protección civil. Dos normalistas resultan muertos por disparos a quemarropa, un herido grave que se refugia en la clínica “Hospital Cristina” junto con 24 normalistas y un maestro, pasando casi 1:45 h desde el ataque hasta ser trasladado para ser atendido en el hospital de Iguala. El ataque se dio a las 00:30 horas del día 27. Otras personas que fueron a atender a los normalistas resultan heridas y las ráfagas suponen un ataque directo contra la vida de muchas personas más que se encontraban presentes.
9. Muerte de un normalista que es torturado y ejecutado en el escenario del camino del Andariego, en la zona industrial de Iguala. El hecho se dio en las horas de la madrugada, probablemente entre 01:00 y 02:00 horas del día 27.
4. Tiempo en que se desarrolló la acción
El ataque contra los normalistas y también contra el equipo de fútbol de Los Avispones y varios vehículos, se desarrolló durante cerca de 3 horas por parte de policías de Iguala, de Cocula y otros agresores (21:40 a 00:30 horas), y tras un tiempo de 2 horas de vigilancia previa (de 17:59 a 20:00 horas) de sus movimientos antes de llegar a la ciudad de Iguala. Dicho monitoreo previo se dio por parte de Policía Estatal, Federal y Ejército.
Los ataques con intervención de al menos dos cuerpos policiales municipales de dos ciudades distintas, de Iguala y Cocula, en dos diferentes escenarios (Juan N. Álvarez con Periférico Norte, y carretera de salida Iguala-Chilpancingo a la altura del Palacio de Justicia), tuvo cerca de una hora de duración en cada lugar y se llevó a cabo de forma coordinada y simultánea, incluso a veces con la participación en los dos lugares de los mismos agresores, una parte de los cuales se dirigieron a reforzar el escenario del autobús detenido frente al Palacio de Justicia. Testigos señalan la presencia de Policía Estatal y /o ministerial en ambos escenarios y una patrulla ministerial en la persecución posterior en la colonia Pajaritos de un grupo de sobrevivientes.
5. El C-4 como espacio de coordinación de información
Las fuerzas de seguridad de Policía Estatal, Municipal y Federal, además del Ejército mexicano, cuentan con un sistema de coordinación conocido como C-4. Dicho sistema estuvo operando la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014. Las diferentes comunicaciones a las que ha podido tener acceso el GIEI muestran que dichas informaciones eran escuchadas por las diferentes fuerzas de forma continua. En dichas comunicaciones puede verse que:
a) La mayor parte de ellas aparecen como comunicaciones de personas que avisan de hechos de violencia o piden ayuda a través del teléfono de emergencias 066.
b) Se dan algunas comunicaciones que señalan la intervención de ciertos agentes de fuerzas estatal o federal en verificar las actuaciones o informaciones existentes.
c) Hay dos periodos en los que no aparecen comunicaciones en el C-4 que ha sido 11 proporcionado al GIEI, durante ciertas horas. Dichos periodos coinciden con el tiempo posterior al primer ataque de la calle Juan N. Ávarez y el tiempo del segundo ataque en el mismo lugar.
d) En un documento oficial de Protección Civil de la coordinación de Chilpancingo se señala que no tienen acceso a información a partir del C-4 en ciertos momentos esa noche porque la comunicación está intervenida por SEDENA4.
El C-4 monitoreó la salida de los normalistas desde Chilpancingo a las 18:00 horas, hasta su llegada a las cercanías de Iguala. Las cámaras de seguridad que forman parte del sistema de vigilancia y coordinación podrían proporcionar información sobre una parte de estos hechos, pero se señaló que estaban inutilizadas y en otros casos las grabaciones existieron y no se proporcionaron a la PGR ni al GIEI. Sólo imágenes de una cámara pudieron identificar patrullas que llevaban detenidos en la salida a Taxco. Otras imágenes fueron al parecer destruidas y tres grabaciones de video de la estación de autobuses pudieron rescatarse tras las gestiones del GIEI en mayo de 20155, al final de las cuales aparece presencia policial a pie en la calle Hermenegildo Galeana tras salir los autobuses de la central.
6. Presencia de agentes de diferentes fuerzas de seguridad o Ejército que observan los ataques
En ambos escenarios de los autobuses Estrella de Oro 1568 y 1531, donde hubo normalistas desaparecidos, los agresores fueron al menos policías municipales de Iguala y Cocula. En el escenario del Palacio de Justicia, según testigos, los perpetradores dijeron que iba a llegar policía o grupos de Huitzuco para llevarse a parte de los normalistas6.
Antes de todo eso, tanto la Policía Federal, la Estatal7, así como el Ejército, tuvieron personal destacado en la caseta de Iguala en ese momento, donde los normalistas se disponían a tratar de tomar autobuses, y una patrulla estatal habría observado su llegada antes de retirarse. Según el testimonio de los normalistas, la Policía Federal estuvo
4 RMV, coordinador de Protección Civil del Estado de la Zona Norte, dirigido a LRDM, Sub- secretario de Protección Civil del municipio de Iguala, en el que da cuenta de la actividad de Protección Civil a través del C-4, se señala que esa noche SEDEDNA manejó información de forma restringida en el C-4. Su reporte del 27 de septiembre de 2014 dice: Así mismo el des- pachador del C-4 sigue indagando sobre más información, pero existe información que se le restringe ya que dicha información es manejada por personal de la Sedena. El GIEI desconoce si es ésta u otra razón la que explicaría la ausencia de información existente.
5 Tomo 113 folio 83, comunicación de la Central Camionera en donde dice que no se pueden recuperar los demás videos salvo los que se hicieron de la entrada de los estudiantes.
6 Declaración ante la PGR como testigo protegido, abril de 2015.
7 Oficio suscrito por JAB, Coordinador Operativo de la Región Norte, Policía Estatal, 27 de septiembre de 2014, donde informa a sus superiores lo acaecido el 26 y 27 de septiembre en la ciudad de Iguala.
presente muy cerca del otro lugar de boteo, el cruce de Huitzuco. Es decir, antes de los hechos los normalistas tuvieron seguimiento tanto de la Policía Federal, como la Estatal y el Ejército que tenían conocimiento de que se trataba de estudiantes de Ayotzinapa en actividades de boteo y toma de autobuses.
Por otra parte, diferentes testigos señalan la presencia de Policía Federal en el escenario del Palacio de Justicia en dos momentos diferentes y también de Policía Ministerial según los normalistas, otros testigos y policías municipales; de Policía Ministerial en el escenario de Juan N. Álvarez, según algunos policías ministeriales; y agentes de inteligencia del Ejército en el escenario de calle Galeana (salida a Juan N. Álvarez) y del Palacio de Justicia según reportes y declaraciones de miembros del Ejército; de Policía Ministerial en el escenario de persecución a normalistas en la colonia Pajaritos, según el testimonio de dichos sobrevivientes.
Además de la policías municipales de Iguala y Cocula que fueron los directos agresores, en las dos escenas de Juan N. Álvarez y el Palacio de Justicia de donde fueron detenidos y desaparecidos normalistas, hubo presencia de agentes del Ejército, de la Policía Federal y Ministerial en distintos momentos. Tras la detención de los normalistas, una patrulla del Ejército visitó la comisaría de barandilla donde aparentemente habría sido llevado un grupo de normalistas detenidos, y posteriormente la misma patrulla se dirigió al Hospital Cristina donde se había refugiado un grupo de normalistas sobrevivientes y uno de los heridos graves. También resguardó la escena del crimen donde quedaron muertos dos normalistas en la calle Juan N Álvarez y Periférico Norte tras el segundo ataque. Posteriormente, otra patrulla del Ejército llegó entre 06:00 y 07:00 horas y resguardó el lugar donde apareció el cuerpo sin vida y torturado de Julio César Mondragón, antes de que llegaran las autoridades civiles.
7. Dirección y coordinación de los ataques y/o respuestas frente a los mismos
El nivel de intervención de diferentes policías y escenarios, así como de los ataques en distintos momentos que muestran los documentos, testimonios y peritajes evaluados por el GIEI, da cuenta de la coordinación y mando existente para llevar a cabo dicha acción. La necesidad operativa de coordinación entre fuerzas de dos cuerpos policiales municipales diferentes (Iguala y Cocula), y al menos 18 patrullas municipales y una de protección civil8 que intervinieron esa noche, señalan la necesidad de un nivel de coordinación central que dio las órdenes. Por otra parte, según un testigo protegido, una patrulla estatal participó en trasladar a un chofer detenido y luego liberado.
Por otra parte, uno de los choferes sobrevivientes señala que fue llevado a una casa de seguridad en el centro de Iguala y presentado ante un hombre que dirigía el operativo o
8 Además otras patrullas de Policía Federal y Ministeriales estuvieron en diferentes escenarios.
bien tomaba decisiones sobre las acciones a realizar con detenidos. Dicho modus operandi señala una estructura de mando, con coordinación operativa. También, este testimonio sugiere que la decisión de qué hacer con los choferes de los autobuses, que fueron detenidos con los normalistas posteriormente desaparecidos, no estaba tomada en ese momento y que el objetivo de la acción no se dirigía contra ellos sino contra los normalistas.
Sin perjuicio de que no se conoce el contenido de las comunicaciones, en el momento en que se estaban desarrollando los ataques hubo comunicación entre dos de los inculpados como responsables de estos hechos, el Presidente Municipal y el Secretario de Seguridad Pública, Felipe Flores. Una de las antenas que recogen alguna llamada de este teléfono está cerca de la escena del Palacio Justicia9. El Sr. Abarca señaló haberse comunicado con miembros de la Secretaría de Seguridad del gobierno de Guerrero, de la Policía Federal y del Batallón 27. Si el contenido de estas conversaciones fue la información sobre los hechos u otras circunstancias de coordinación es parte de lo que debe ser investigado.
8. Objetivo de los ataques
Los ataques que han sido documentados y analizados en este estudio muestran que el objetivo de la acción estuvo dirigido a no dejar salir los autobuses de Iguala (Costa Line 2012 y 2512 y Estrella de Oro 1568 en Juan N. Álvarez), cuando ya habían salido de la ciudad a no dejar que siguieran su camino (Estrella de Oro 1531, en Palacio de Justicia), y cuando parecía que siguieran huyendo a acabar con cualquier posibilidad de huida (autobús Castro-Tours de Los Avispones en el cruce de Santa Teresa).
La acción de toma de camiones ha sido práctica habitual en Ayotzinapa y otras escuelas normales10, sin conllevar nunca una respuesta violenta de ese tipo, aunque en otras
9 De acuerdo con información proporcionada al GIEI, en las horas en las que se desarrollaban los hechos, Felipe Flores Velásquez, Director de la Policía de Iguala Guerrero, y José Luis Abarca, ex Alcalde municipal, mantuvieron diversas llamadas telefónicas. De dichas llamadas no se co- noce el contenido, pero fueron realizadas en forma reiterada y continua. A partir de las 23:03:57 horas del día 26 de septiembre hasta las 02:42:42 horas del día 27 de septiembre, se realizaron 12 llamadas telefónicas entre estas dos personas que quedaron registradas en diferentes antenas de Iguala y la que se encuentra cerca del Palacio de Justicia. A las 23:03:57 horas se realizó una llamada que quedó registrada en la antena ubicada en Benito Juárez, Centro de Iguala. Pos- teriormente, se estableció un canal de comunicación a las 00:42:01, 00:42:02 y 00:49:01 horas en la antena ubicada en Nicolás Bravo, Centro de Iguala; a las 01:01:08 horas quedó registrada en la antena ubicada en Benito Juárez, Centro de Iguala, a las 01:30:50 y 01:32:28 horas en la antena ubicada en la calle de Álvaro Obregón, Centro 01:51:03. A las 01:57:19 horas antena en las Margaritas, frente al Palacio de Justicia y finalmente las últimas tres llamadas realizadas a las 1:58:20, 02:01:33 y 02:42:42 horas quedaron marcadas de nuevo en la antena que se encuentra ubicada en el centro de la ciudad en la calle de Nicolás Bravo.
10 Declaración de JOA, Representante Legal de la empresa Estrella de Oro ante la PGR AP 874 Tomo 21.
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ocasiones se produjeran incidentes. Ha predominado obstaculizar la acción, evitar que se lleve a cabo o detener el intento o a los autores, pero no una acción masiva de ataque indiscriminado, atentados directos contra la vida, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas, con ataque sostenido en el tiempo y un operativo coordinado y masivo. No hubo un uso adecuado, necesario, racional, ni proporcionado de la fuerza. Todo ello supone que la acción de los perpetradores estuvo motivada por lo que se consideró una acción llevada a cabo por los normalistas contra intereses de alto nivel.
Distintas hipótesis del por qué de la agresión han sido consideradas por el GIEI en sus investigaciones. Desde un ataque como parte de la consideración de Ayotzinapa como base social de movimientos políticos o insurgentes11, a la tesis oficial mantenida un tiempo sobre la confusión de los autores sobre la identidad de los normalistas. Otra posibilidad considerada sería una acción de castigo contra los normalistas por los antecedentes de enfrentamientos y señalamientos contra el Alcalde Abarca. Sin embargo, a juicio del GIEI, ninguna de ellas explica el modus operandi ni el nivel de coordinación y violencia. Es probable que entre los factores que explican la agresión se encuentren también los estereotipos sobre los “ayotzinapos” como de forma despectiva que se ha señalado en muchas ocasiones y hemos encontrado incluso en nuestra investigación por parte de diferentes sectores. Sin embargo, a juicio del GIEI este sería un factor facilitador de la agresión, dado que el desprecio por el otro promueve la violencia, pero no un desencadenante de la misma ni del nivel de actuación.
El elemento común que tiene los distintos ataques tiene que ver con detener los camiones y atacar a los testigos de los hechos o vaciar los lugares donde se habían presentado los mismos. Además, el nivel de violencia contra los autobuses fue en ascenso, desde el ataque a la salida de la central de autobuses hasta el ataque contra Los Avispones en el cruce de Santa Teresa, a la rueda de prensa de los normalistas en la calle Juan N. Álvarez y Periférico Norte, y el asesinato con torturas de un normalista.
A pesar de que se hubiera podido ocultar la represión dejando que los autobuses salieran de la ciudad y en un contexto de aislamiento mayor, el operativo se hizo con un uso inadecuado y desproporcionado de fuerza ante presencia de numerosos testigos en el centro de la ciudad. Ello tiene probablemente que ver con la impunidad con que actuaron y se sentían los autores, pero también con un objetivo de alto nivel que justificaba cualquier violencia, aunque fuera indiscriminada, evidente y con urgencia de realizar las acciones.
Si bien la relación de los hechos con el narcotráfico ha sido señalada en diferentes momentos e incluso en la versión oficial de los hechos (un grupo de estudiantes que habría sido confundido con un grupo de narcotraficantes; un grupo de miembros del crimen organizado infiltrado entre los estudiantes que van a la ciudad con oscuros
11 Ver referencia a esa posibilidad en declaración VLM, Sub Procurador de PGJ de Guerrero, AP 874 tomo 21.
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objetivos de boicot político; un grupo de narcotraficantes o estudiantes infiltrados que van a matar a “contrarios” o tratar de quitarles “la plaza”), hay un aspecto que no ha sido suficientemente considerado hasta ahora. Por una parte, la información pública señala que Iguala es un lugar de comercio y transporte de estupefacientes, especialmente heroína, hacia Estados Unidos y especialmente Chicago. Una declaración presentada en un caso reciente en dicho país muestra los lazos en la ciudad y el tráfico de heroína que se realiza habitualmente. Las informaciones proporcionadas al GIEI señalan que Iguala era un centro de tráfico muy importante. Según dichas informaciones, algunos autobuses son utilizados para transportar heroína, cocaína y el dinero obtenido de este tráfico, entre Iguala y Chicago12.
Es decir, el negocio que se mueve en la Ciudad de Iguala podría explicar la reacción extremadamente violenta y el carácter masivo del ataque, su duración en el tiempo e incluso el ataque posterior contra Los Avispones, al existir un autobús, tomado por los estudiantes que no había sido detenido. A pesar de esto, esta línea de investigación no se ha explorado hasta ahora.
Este ejemplo mostraría que los perpetradores tenían conocimiento de que se trataba de 5 autobuses y no de 4 contra los que ya se había actuado y detenido, o simplemente que la orden de atacar los autobuses había sido dada avisando que uno de ellos habría salido
12 Con fecha 8 de diciembre de 2014, la Fiscal Federal para el Estado de Illinois, Nicole M. Kim, sometió a consideración de un Juez un “probable cause affidavit”, es decir, una declaración jurada para acreditar causa probable para obtener registro de inmuebles, vehículos y computa- doras, suscrita por A. S., agente de la DEA. Dicha investigación está dirigida en contra de Pa- blo Vega y otros, señalado como el jefe en Chicago del cártel llamado Guerreros Unidos. De la declaración jurada y de las escuchas telefónicas de las que ahí se da cuenta, surge información que señala que el cártel transportaba la droga desde México a Chicago mediante el uso de auto- buses de transporte público. En una interceptación telefónica en ese caso, realizada en una con- versación entre dos sujetos bajo investigación entre Guerrero y Chicago se dan instrucciones para limpiar los autobuses y en otro se da cuenta de que hubo interceptación en la frontera. El transporte se hacía en un compartimento especial diseñado para ello. Si bien las compañías de autobuses mencionados en la declaración jurada no son de aquellas que tomaron los estudian- tes el día 26 de septiembre de 2014, el GIEI ha tenido conocimiento de que para esos envíos se utilizan también otras líneas de autobuses desde Iguala. No se ha realizado ninguna investiga- ción para determinar quiénes son los dueños. En México no se ha realizado ninguna investiga- ción al respecto, al menos de la que tenga conocimiento el GIEI. Tampoco se ha investigado si existe algún vínculo comercial o de otro tipo que relacione estas compañías de buses Monarca y Volcano, que son señaladas en dicho documento, con las dueñas de los buses que sí fueron to- madas por los estudiantes. Department of Justice, U. S. Attorney’s Office, Northern District of Illinois. “Eight Defendants Charged With Distributing Heroin In Chicago Area On Behalf Of Guerrero Unidos Mexican Drug Cartel”. December 10, 2014. http://www. justice. gov/usao- ndil/pr/eight-defendants-charged-distributing-heroin-chicago-area-behalf-guerrero-unidos. La información señala: “Esta operación golpea a una organización mexicana importante que tra- fica drogas que presuntamente ha distribuido, como rutina, grandes cantidades de heroína y cocaína a través del medio oeste [de los Estados Unidos]”.
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de la ciudad. Hay que tener en cuenta que el autobús de Los Avispones pasó un retén de la policía municipal de Iguala sin detenerse, apenas unos kilómetros antes en la misma carretera en que sufrieron el ataque.
9. El 5o autobús y la motivación del ataque
Desde el inicio de nuestras investigaciones el GIEI tuvo dudas del número de autobuses involucrados en el caso. Mientras los normalistas y la primera consignación realizada por la PGJ hablaban de 5 autobuses, (dos Estrella de Oro, dos Costa Line y un Estrella Roja), la investigación de la PGR señalaba que se trataba de 4 autobuses (sin hacer mención al autobús Estrella Roja), a pesar de que dicha información estaba referida incluso en los testimonios de sobrevivientes tomados el mismo día de los hechos e incluidos en el expediente. Sin embargo, en el expediente se hacía referencia a un autobús, que habrían tomado los normalistas, que habría salido de la central e inmediatamente habría sido destruido por los estudiantes e inutilizado, aunque nunca fue identificado ni investigado como escena de crimen. La única agresión constatada por el GIEI contra uno de los autobuses se dio al tirar unas piedras por un grupo de normalistas contra algunos vidrios del autobús Costa Line, que se encontraba estacionado en la central de autobuses, en el que habían sido encerrados sus compañeros anteriormente, hecho que había desencadenado la llegada a Iguala del resto de normalistas.
Cuando el GIEI hizo evidente a la PGR que existía otro autobús y recomendó que debía tomarse testimonio de su chofer, se tomó esa declaración sin que el GIEI pudiera estar presente. En la misma se señala una versión de la historia que no coincide en absoluto, más que en la primera parte de salida de la central de autobuses, con la ofrecida por varios normalistas que tomaron dicho bus. Se dice que el autobús habría salido por la calle de atrás de la estación de autobuses y pocas cuadras más adelante, en la misma calle y debido al nerviosismo, los estudiantes habrían pensado que el vehículo no funcionaba bien, se habrían bajado y dirigido a la estación de nuevo a tomar otro. Sin embargo, todos los testimonios de normalistas que iban en ese autobús señalan que este siguió su camino de salida más adelante y que el chofer pidió a los normalistas detenerse para que una mujer le trajera documentación y ropa que necesitaba. Tras quedarse detenido esperando y de que una mujer llegara en moto y hablara con el chofer, lo que retardó la salida, llegaron finalmente a la salida de Iguala hacia Chilpancingo, al escenario donde ya había sido detenido el autobús Estrella de Oro 1531 cerca del Palacio de Justicia. Los testimonios de los sobrevivientes son consistentes entre sí, en que fueron obligados a bajar del vehículo, estando a unos 100 metros del mismo y que huyeron a un cerro. Existen varias evidencias en el C-4 de llamadas sobre movimientos de jóvenes en dicha zona y la colonia Pajaritos y la colonia 24 de Febrero que concuerdan totalmente con las declaraciones de los normalistas y que fueron finalmente confirmadas ante la propia PGR en declaración nuevamente rendida en julio de 2015.
Un testigo señala que en ese escenario, a unos 100 metros del autobús, antes de donde se encontraba el autobús Estrella de Oro, el autobús Estrella Roja fue detenido por una
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patrulla de la Policía Federal. Una declaración manuscrita en el expediente de otro testigo también lo señala. Estas circunstancias no se han investigado hasta ahora.
Por otra parte, cuando el GIEI pidió una inspección de los autobuses afectados, uno Estrella Roja 3278 fue presentado como el autobús que tomó el grupo de normalistas que salió por la parte de atrás de la estación. Dicho vehículo, como el resto de los autobuses inspeccionados, fue examinado por el GIEI con un estudio fotográfico, aunque no pudo realizarse el estudio como escena debido al tiempo en que fueron presentados. Sin embargo, al contrastarlo con el testimonio de los normalistas algunas características de ese autobús que no coincidían con el que tomaron ellos. Un análisis general de la correspondencia entre el autobús presentado y el autobús que aparece en las imágenes del video de la central de autobuses esa noche ofrece dudas de que se trate del mismo. Para poder aclarar la situación se pidió un peritaje específico sobre la correspondencia de las imágenes de video, aunque estas no son de buena calidad, con las imágenes fotográficas recogidas del autobús Estrella Roja presentado. El peritaje señala las diferencias que se dan en esos dos autobuses y sostiene la posibilidad de que no se trate del mismo. Estas diferencias han sido presentadas ante la PGR para que se investiguen estos hechos.
Sin embargo, en este recorrido hemos constatado cinco contradicciones graves y omisiones que refuerzan la hipótesis de que este 5o autobús podría ser un elemento clave para explicar los hechos:
1) La inexistencia de un autobús Estrella Roja en la historia oficial y el expediente de la PGR, a pesar de que los normalistas habían informado en sus declaraciones iniciales sobre ello y había sido recogido por la primera consignación elaborada por la PGJ. No se ha proporcionado ninguna información oficial de esta omisión.
2) El señalamiento en el mismo expediente de un autobús que fue tomado, salió de la central de autobuses y posteriormente fue inutilizado por los normalistas, del que no se tiene conocimiento ni se dan más detalles, ni se analiza como escena. En las consignaciones del 20 de diciembre de 2014 y del 2 de enero de 2015, se afirmó que: “(...) y el tercer camión el cual fue destrozado y dejado a las afueras de la Central Camionera”.
3) Las enormes diferencias en el trayecto y circunstancias del autobús Estrella Roja, entre el testimonio del chofer incluido en la declaración ante la PGR que finalmente fue tomado en junio de 2015, y los testimonios recogidos de los normalistas y sus declaraciones ante la PGJ y PGR tanto en el momento de los hechos (27 de septiembre de 2014) como meses después (octubre y julio 2015). Además del video solicitado por el GIEI a la PGR de la Central Camionera del Sur donde se recoge dicha salida, y de una inspección in situ del GIEI sobre el trayecto posterior de los normalistas.
4) Las diferencias evidentes entre el autobús presentado como el que salió esa noche con normalistas de la estación de autobuses de Iguala y las imágenes tomadas por el GIEI en la inspección de dicho bus, son diferencias señaladas por un peritaje especializado
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y por el grupo de normalistas que lo tomaron.
5) Las contradicciones entre el testimonio del chofer sobre su recorrido posterior, yendo a Jocutla, y la hoja de registro13 de esa noche del trayecto de dicho autobús que señala que salió 10 minutos antes de lo registrado en el video de la estación de autobuses, y cuya hora fue comprobada por el GIEI, que en la hoja de incidencias no se señala que dicho autobús fue tomado por un grupo de normalistas, así como que refiere que el autobús se dirigió normalmente a Cuautla que sería su destino y no a Jocutla como señaló el chofer en su declaración.
6) La existencia en el expediente de dos declaraciones contradictorias sobre estos hechos, con dos firmas diferentes, una declaración y un manuscrito. Todas esas inconsistencias y contradicciones evidentes muestran la sospecha de que bajo esas circunstancias se esconden aspectos importantes a considerar. Y que estos pueden tener que ver con el modus operandi y la motivación de la agresión.
7) Se da la circunstancia de que dicho autobús fue el único que no fue atacado violentamente esa noche (lo fueron los Costa Line 2012 y 2510, los Estrella de Oro 1531 y 1568, y el autobús Castro-Tours de Los Avispones).
En resumen, según las informaciones recogidas, Iguala es un lugar de tráfico de heroína muy importante y, según la información pública, una parte de ese tráfico se haría mediante el uso de algunos autobuses que esconden dicha droga de forma camuflada. Los estudiantes tomaron 5 autobuses y, como se señaló, la propia existencia de uno de los autobuses Estrella Roja no fue presentada en la investigación. El testimonio del chofer de este autobús es contradictorio con los testimonios de los normalistas y con la hoja de ruta del propio autobús, pero un manuscrito en el expediente confirma en cambio la versión de los normalistas. A falta de otros análisis más profundos, el autobús presentado parece no corresponder con el autobús registrado en las cámaras de video de esa noche.
Examinadas todas las hipótesis posibles de esos hechos probados, la única circunstancia que explica las contradicciones entre los hechos sobre este autobús y su trayecto en la ciudad esa noche, la versiones opuestas del chofer y sus distintas versiones en dos documentos, las diferencias con los normalistas testigos y otras circunstancias probadas, las ausencias en el expediente de dicho autobús y los documentos contradictorios obrantes en él, es que dicho autobús sea un elemento central del caso. La acción de tomar autobuses por parte de los normalistas, a pesar de que tenía otros objetivos como era obtener transporte para que los normalistas provenientes de diferentes escuelas normales pudieran participar en la marcha del 2 de octubre, podría haberse cruzado con dicha existencia de drogas ilícitas (o dinero) en uno de los autobuses, específicamente en ese autobús Estrella Roja.
13 El oficio 8700/2015 sin fecha, deja constancia de que el bus Estrella Roja de Cuautla 3278 realizó corrida Iguala-Cuautla con horario de salida de 21:10 horas en esa fecha. Tomo 111 (sin foliar) pero con número automático del PDF 63.
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El resto de posibles explicaciones, como confusión con un grupo del narcotráfico o la delincuencia organizada es inconsistente con el grado de conocimiento de las autoridades de los hechos, con la situación de que los estudiantes iban desarmados, con las circunstancias de la llegada de los normalistas a Iguala, o con la sola circunstancia de castigo contra los normalistas como represalia por la toma de autobuses, que no explican la masividad, la reacción tan hostil y la generalización de escenarios de violencia directa contra las personas y los autobuses y, por lo tanto, no ayuda a entender los hechos producidos esa noche. Mientras no existe una evidencia completa, el GIEI señala todas estas evidencias circunstanciales que confirman la importancia de investigar en profundidad esta hipótesis, ya que hasta el momento es la más consistente con la violencia desatada contra los normalistas y posteriormente contra el equipo de fútbol de Los Avispones y otras personas, confundidas con ellos.
10. No protección de los normalistas frente a los ataques
Los escenarios de violencia de esa noche muestran un panorama de indefensión de las víctimas frente a los agresores. Ello no sólo por el hecho de que se trataba de Policía Municipal, sino porque ninguna otra fuerza del Estado que estaba teniendo conocimiento de los hechos o estuvo presente en algunos escenarios cuando se producían y fue testigo del nivel de agresión y violaciones de derechos humanos, actuó en protección de los normalistas. Tampoco los mecanismos de protección o investigación del gobierno del Estado de Guerrero funcionaron para ello.
Entre el primer ataque directo con armas de fuego llevado a cabo en la calle Hermenegildo Galeana (21:30 horas) y posteriormente Juan N. Álvarez (21:45 horas), y el segundo (00:30 horas), pasaron 3 horas sin que en ningún momento se presentase la fiscalía, ni servicios periciales para atender a las víctimas, investigar los hechos o levantar la escena del crimen. La única gente de apoyo que llegó en ese tiempo fueron maestros de la CETEG, otros estudiantes de la Normal de Ayotzinapa y algunos amigos de los normalistas a los que avisaron de los hechos. Además, estos grupos se convirtieron también en víctimas del segundo ataque, ante la inoperancia de las autoridades.
Según el informe la Comisión Parlamentaria de seguimiento a las investigaciones relacionadas con los hechos ocurridos en Iguala, “ningún oficial tanto de la Fiscalía de la Región Norte de Iguala (PGJE), como elementos de otros cuerpos policiales o de seguridad con presencia en Iguala14, acudieron en auxilio de los estudiantes normalistas durante la franja horaria en la que sucedieron los eventos (desde las 21:50 horas hasta
14 La Policía Federal de Caminos está ubicada a las afueras de Iguala, en la carretera federal México-Acapulco en el km 121+300; el Cuartel Regional de la Policía del Estado se ubica a las afueras de Iguala en la carretera Iguala-Tuxpan, Km. 15. El 27 Batallón de Infantería de la SEDENA se encuentra en la calle Periférico S/N, dentro del casco urbano de Iguala.
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pasadas las 00:00 horas)15”. Sin embargo, convendría extender este tiempo hasta las 01:00 horas (o más bien 03:00 horas), dado que el último ataque conocido se dio a las 00:30 horas en la calle Juan N. Álvarez y posteriormente fue detenido y torturado Julio César Mondragón.
A pesar de que la Secretaría de Seguridad Pública Estatal alegó en su tarjeta informativa falta de personal16, en el informe realizado por la comisión de investigación para el caso de Ayotzinapa creada en el Congreso de la República17 se señalan las declaraciones del Secretario de Gobierno del Estado de Guerrero que habría declarado que no se atendió la contingencia por parte del Gobierno del Estado debido a que el Alcalde de Iguala no contestaba el teléfono y no había una denuncia interpuesta18. Sin embargo, el Sr. Abarca señaló al GIEI que tuvo comunicación de los hechos por llamadas de funcionarios estatales, lo que debería ser investigado.
15 A las 17:59 horas, el Centro de Control de la Policía Estatal o C-4 de Chilpancingo, reportó vía telefónica a la Policía Estatal con sede en Iguala, la salida rumbo a Iguala de dos autobuses Estrella de Oro con estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, los cuales fueron monitoreados por el C-4 de Iguala desde su llegada a la ciudad alrededor de las 20:00 horas. Tarjeta informativa 02370 del Coordinador Regional al Secretario de Seguridad Pública del 26 de septiembre de 2014. Así mismo, se tiene conocimiento de que la Policía Federal arribó al Km. 126+700 de la carretera federal Iguala-Chilpancingo para “monitorear las actividades de dichos estudiantes, quienes pretendían secuestrar autobuses”. También la Comandancia del 27 Batallón de Infantería del Ejército Mexicano estableció comunicación con el Secretario de Seguridad Pública de Iguala, quien supuestamente, según la SEDENA, habría minimizado los hechos negando que personal bajo su mando hubiera realizado disparos. Gaceta Parlamentaria 4148-II, Comunicaciones Oficiales de la Comisión Especial de Seguimiento a las Investigacio- nes Relacionadas con los Hechos Ocurridos en Iguala, Guerrero, a los Alumnos de la Escuela Normal de Ayotzinapa, Raúl Isidro Burgos. Anexo II, martes 4 de noviembre.
16 Tarjeta informativa 02370 del 26 de septiembre de 2014 del Coordinador Regional al Secreta- rio de Seguridad Pública, Lic. Leonardo Vázquez Pérez. También, tarjeta informativa del Lic. Juan José Gatica Martínez, Subsecretario de Prevención y Operación Policial, al Lic. Leonardo Vázquez Pérez, del día 27 de septiembre de 2014.
17 El 7 de octubre de 2014 la Cámara de Diputados del Congreso de la República creó la Comisión Es- pecial para dar Seguimiento a las Investigaciones Relacionadas con los Hechos Ocurridos en Igua- la, Guerrero, a los Alumnos de la Escuela Normal de Ayotzinapa “Raúl Isidro Burgos”, presidida por el Diputado José Guillermo Anaya Llamas, e integrada por los y las diputadas Lizbeth Eugenia Rosas, Manuel Añorve Baños, Ruth Zavaleta Salgado, Ricardo Mejía Berdeja, Lilia Aguilar Gil y Sonia Rincón Chanona. El primer informe fue presentado el 4 de noviembre de 2014.
18 “(...) y si bien tuvieron conocimiento de los hechos al momento de estarse cometiendo, no se actuó de inmediato porque el Alcalde no contestaba el teléfono y no había una denuncia. No obstante el propio Fiscal posteriormente nos indicó que en realidad habían tenido conocimiento de los hechos hasta que personal médico hospitalario dio vista al Ministerio Público. Por lo cual no es claro si tu- vieron conocimiento al momento de (sic) comisión de los hechos o una vez terminados éstos”. Gace- ta Parlamentaria 4148-II, Comunicaciones Oficiales de la Comisión Especial de Seguimiento a las Investigaciones Relacionadas con los Hechos Ocurridos en Iguala, Guerrero, a los Alumnos de la Escuela Normal de Ayotzinapa, Raúl Isidro Burgos. Anexo II, martes 4 de noviembre.
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La Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo Delegación Estatal en Guerrero, de la PGR, abrió un expediente a las 21:45 horas a partir de una llamada del C4, AC/PGR/GRO/IGU/1/256/2014, desde ese momento solicitó diligencias de investigación tanto a la Policía Federal como a la Policía Federal Ministerial. Poco después, junto con el Subprocurador Regional el que estaba en Iguala, varios ministerios públicos y policías ministeriales, tomaron rumbo a la ciudad de Iguala. Sin embargo, el avistamiento de un accidente a 15 kilómetros antes de llegar a Iguala, alrededor de las 00:00 horas, habría hecho que se demorara su llegada hasta pasadas la 01:00 horas de la madrugada del día 27 de septiembre, teniéndose que dividir parte del personal en atender ese incidente y otra parte en continuar hasta la ciudad de Iguala. En este escenario, y según consta también en el expediente de averiguación previa, habrían encontrado el autobús donde viajaba el equipo de fútbol de Los Avispones, donde se levantó constancia del cuerpo sin vida de la Sra. Montiel y del joven García Evangelista a la 01:20 horas de la madrugada del día 2719.
11. Retardo en la atención a las víctimas
Tanto en el caso del escenario de la calle Juan N. Álvarez con Periférico Norte en el primer y segundo ataque, como en el caso de Los Avispones, se dio un retardo importante en la atención a las víctimas, lo que conllevó mayor riesgo para sus vidas y en algún caso probablemente precipitó la muerte o su evolución posterior. En el caso de Aldo Gutiérrez, la atención se demoró por el ataque que siguieron sufriendo quienes trataban de atenderlo y la falta de condiciones de seguridad para las ambulancias.
Los dos normalistas muertos en el segundo ataque no fueron siquiera atendidos, quedando tendidos en el suelo, con disparos a quemarropa en cara y tórax, y pasando más de 2 horas sin siquiera poder ser tapados, mientras llovía, debido a que no llegó el personal para el levantamiento del cadáver. En el caso del chofer del autobús de Los Avispones, el traslado se atrasó por más de 1:30 horas, muriendo al llegar al hospital. En otros casos, la falta de diligencia en el traslado de los enfermos y su demora durante 1:30 horas estuvo a punto de costarles la vida al menos a dos personas heridas graves en el ataque al autobús de Los Avispones, uno de los cuales fue llevado incluso por sus familiares a un hospital privado después de ser rechazado en otros.
En el caso del normalista herido grave Edgar Vargas, estuvo cerca de 1:30 horas en la clínica Cristina, sin ningún tipo de ayuda médica. La ambulancia que la patrulla militar señaló que había sido pedida desde que llegaron a la clínica a las 01:00 horas y frente a la reiterada petición de atención llegó a las 02:00 horas, cuando la patrulla militar ya se había ido, y también Edgar había sido evacuado en un taxi. Sin embargo, el registro de la Cruz Roja señala que la llamada pidiendo una ambulancia se produjo a las 01:53 horas
19 PGJE de Guerrero, expediente de Averiguación Previa HID/SC/02/0993/2014. Diligencia de inspección ocular en la que se llevó a cabo el levantamiento cadavérico de Blanca Montiel Sánchez y David Josué García Evangelista.
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tardando solamente 7 minutos en llegar. Por su parte, el médico de la clínica que también llegó al lugar no atendió las graves heridas de Edgar.
12. Decisión de la desaparición forzada
El patrón de actuación de los perpetradores muestra dos momentos y perfiles distintos. Por una parte se trata de un ataque masivo e indiscriminado en el que los autores no ocultan su identidad. Más allá del uso de capuchas, son policías municipales y actúan de forma abierta, aunque amparándose en la noche, en un escenario del centro de la ciudad y a la salida de la misma. Los hechos se dieron frente a numerosos testigos, aunque los perpetradores también con el poder de tejer el silencio con el nivel de terror ejercido y el control territorial que numerosos testigos entrevistados señalan, en el que el crimen organizado y específicamente Guerreros Unidos, la policía y distintas autoridades actuaban de forma coordinada desde hacía tiempo.
Este hecho contrasta con otro tipo de acciones de desaparición forzada en donde se da un modus operandi más clandestino desde el inicio y que podría haberse dado en lugares de más difícil identificación de los autores como en la carretera o en un lugar menos accesible o transitado. Incluso varios normalistas sobrevivientes se preguntaron por qué ellos habían sobrevivido, o los heridos evacuados, si luego el resto iba a ser desaparecido. Es probable que en dicha acción predomine la existencia de numerosos testigos presenciales en una calle de la ciudad (y no así en el escenario del autobús Estrella de Oro 1531 del Palacio de Justicia de donde no fue trasladado ningún herido al hospital).
La masividad de la acción, el gran número de víctimas, la extensión en tan diferentes escenarios y tiempos, su realización ante muchos posibles testigos, la detención de los normalistas, el uso de patrullas municipales identificables, entre otros factores, parecen mostrar más una acción orientada a no dejar salir los autobuses y/o a castigar a los normalistas por su acción, que a ocultar desde el inicio los hechos.
La negación de la desaparición tiende a ocultar las pruebas que puedan incriminar a los autores. Por ejemplo, los números de las patrullas de Cocula fueron cambiados y las fatigas alteradas para tratar de borrar las huellas de su participación. La desaparición forzada de personas es una estrategia para borrar las huellas del crimen, extendiendo la confusión y la ambigüedad como una forma de evitar la investigación, el conocimiento de los hechos y sustraer a las víctimas de la protección legal, además de ser llevada a cabo por agentes del Estado o por particulares con su apoyo o aquiescencia, y extiende el terrror de sufrir el mismo destino, hacia todos aquellos que pueden identificarse con las víctimas.
Sin embargo, el GIEI señala que en este caso se da frecuentemente una desconexión entre la primera parte del operativo llevado a cabo por agentes del Estado, de la segunda en que supuestamente se entrega a los normalistas desaparecidos a un grupo de la delincuencia organizada para desaparecerlos. La desaparición no puede sin embargo ser achacada a
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este grupo como si todas las acciones no formasen parte del mismo operativo. En la versión oficial de los hechos contada en comparecencias públicas y en la investigación en el expediente, esta desconexión aparece de forma palpable, como si fueran dos escenarios diferentes en el que la policía y autoridades implicadas no tuvieran decisión sobre el destino de los normalistas detenidos.
13. Destino de los desaparecidos e hipótesis de quema de cuerpos
Sin embargo, dicha decisión no parece que pueda tomarse de forma inmediata y sin preparar la infraestructura necesaria para ocultar el destino de un grupo tan numeroso de personas. La versión oficial enfatiza un nivel de organización y tipo de decisión de un grupo de delincuentes que no se corresponde con el conjunto de otros casos en la zona, ya sea de asesinatos o de desapariciones y ocultamiento en fosas. En este caso se trata de un grupo muy numeroso de personas, quienes son detenidas por dos cuerpos de policías municipales en dos lugares diferentes y ocultado su destino con un enorme despliegue de infraestructura y capacidad de coordinación, y ejecución de dicha acción. Por otra parte, las contradicciones en dichas versiones sobre los hechos, por parte de los acusados de ser parte de Guerreros Unidos, y haber llevado a cabo el asesinato y desaparición, muestran las inconsistencias en dicha versión de lo sucedido posteriormente y su desconexión respecto lo niveles de decisión que aparecen en la primera parte de los hechos.
Además, los episodios de quema de cuerpos anteriormente llevados a cabo por Guerreros Unidos (en fosas, y con leña) dejaron numerosas evidencias y una quema parcial de los cuerpos compatibles con ese modus operandi, que ha permitido identificar los restos por otra parte reconocibles como cuerpos completos y no con el supuestamente utilizado en el caso de los 43 hasta haberlos convertido en “ceniza”. El único momento documentado en el expediente en el que un grupo de perpetradores se reúne en las horas posteriores a los hechos es la probada reunión en la casa de Gildardo López Astudillo, El Gil, en Loma de Coyotes o Pueblo Viejo según las versiones. Este hecho podría mostrar probablemente un momento en que los perpetradores analizaron las consecuencias de los hechos y los posibles pasos a dar. Sea que en ese momento o en otro, y sea por ese grupo de perpetradores o en coordinación con otros autores intelectuales o materiales, la decisión sobre la desaparición tuvo continuidad con la acción desarrollada desde el inicio.
La decisión de llevar a cabo un modus operandi tan atroz y sofisticado sin antecedentes y, por tanto, sin contar con las directrices, práctica, métodos, materiales, etc., preparados para llevarla a cabo y “convertir en cenizas” a los normalistas, es decir, llevar a cabo su desaparición hasta convertir sus cuerpos en restos que ni siquiera puedan ser identificados con pruebas de ADN, similar a la calcinación que se logra en un horno crematorio, no tiene precedentes en el lugar ni el modus operandi de los perpetradores de Guerreros Unidos, ni un móvil que esté a la altura de las necesidades de trabajo, organización y medios adecuados para tratar de borrar cualquier tipo de huella en un grado de sofisticación tan extremo.
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Las circunstancias en que fueron encontrados restos humanos mezclados con cenizas, tierra y restos de material combustible carbonizado, y la identificación posterior de un resto óseo correspondiente a uno de los normalistas desaparecidos, muestra tanto un patrón de ocultamiento que forma parte del delito de desaparición forzada, como el hecho de que al menos uno de los cuerpos de los normalistas sí fue incinerado. Ahora bien, las condiciones de dicho acto y las versiones sobre los hechos siguen siendo contradictorios, aunque este informe muestra la imposibilidad de que el basurero de Cocula, en las circunstancias y tiempos señalados en el expediente, sea dicho escenario.
14. Imposibilidad del escenario del basurero de Cocula
La versión oficial mantenida hasta ahora y basada en confesiones de inculpados es que el destino final de los 43 normalistas habría sido el basurero de Cocula donde habrían sido asesinados y sus cuerpos quemados. Para poder realizar una valoración técnica del caso y de las acciones llevadas a cabo en la investigación específica de este episodio como parte de su mandato, el GIEI pidió un peritaje independiente al Dr. José Torero20, una persona con reconocimiento mundial en investigaciones sobre incendios, para que realizara un trabajo de campo, examinara las pruebas, contrastara las declaraciones ministeriales de inculpados se pronunciara de acuerdo a sus conocimientos, experiencia, verificación en terreno y experimentos realizados en los laboratorios de la Universidad de Queensland, respecto a tres aspectos: 1) la posibilidad de la quema de 43 cuerpos en el basurero de Cocula, en el tiempo y con las circunstancias relatadas por algunos presuntos responsables, 2) que analizara el trabajo de recolección de evidencia efectuado por los peritos y 3) que ilustrara acerca de lo que se requeriría para que 43 cuerpos quedaran en condición de incinerados o “cenizas”.
Las conclusiones a las que llega el Dr. Torero en su pericia y que son consideradas pertinentes a los efectos de la solicitud del GIEI, son las siguientes:
1. Que no existe ninguna evidencia que apoye la hipótesis generada con base en testimonios de que 43 cuerpos fueron cremados en el basurero municipal de Cocula el 27 de septiembre de 2014.
2. Toda la evidencia recolectada muestra que en el basurero municipal de Cocula sólo se han dado fuegos de pequeñas dimensiones cuya temporalidad no puede ser debidamente definida.
20 José Torero: Ingeniero Mecánico de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Master y PhD de la Universidad de California, Berkeley. Es Fellow del Australian Academy of Technology and Engineering el 2014, premio de la Royal Academy of Engineering el año 2010 y 2008. Society of Fire Protection Engineers en 2015. Co-autor del SFPE Handbook for Fire Protection Engineering, es el editor en jefe del Fire Safety Journal, miembro del cuerpo editorial del Jour- nal of the International Council for Tall Buildings, Arquitecture, Fire Technology Journal, Fire Science and Technology, Case Studies in Fire Safety Engineering and Progress in Energy and Combustion Science. Receptor de la Arthur B. Guise Medal de la Sociedad Fire Protection En- gineering el año 2008 y la Rasbash Medal de la Institution of Fire Engineers del Reino Unido.
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3. Toda la evidencia recolectada muestra que el mínimo incendio necesario para la cremación de estos cuerpos no pudo haberse dado en el basurero municipal de Cocula. De haber existido un fuego de esta magnitud, daños generalizados serían visibles en la vegetación y la basura. Ninguno de estos elementos muestra estos daños.
4. Es imposible establecer si los fuegos ocurridos en el basurero municipal de Cocula fueron de dimensiones suficientes para la incineración de uno o más cuerpos, pero no hay ninguna evidencia que indique la presencia de un fuego de la magnitud de una pira para la cremación de inclusive un solo cuerpo.
5. No existe ninguna evidencia que muestre que la carga combustible necesaria para la cremación de cuerpos haya estado en algún momento disponible en las cercanías del basurero municipal de Cocula.
6. Los testimonios indican eventos que no son posibles dadas las condiciones generadas para lo que sería el fuego mínimo necesario para la cremación de 43 cuerpos.
7. El peritaje también señala las limitaciones científicas y técnicas que tuvieron los estudios realizados hasta ahora para una investigación de esta naturaleza por lo que sus conclusiones son en su mayoría erradas y en muchos casos no emergen de la evidencia material y de su posible interpretación.
Por todos estos antecedentes señalados anteriormente en el análisis de las versiones realizado por el Grupo y con base en el informe evacuado por el Dr. Torero, el GIEI se ha formado la convicción que los 43 estudiantes no fueron incinerados en el basurero municipal de Cocula. Las confesiones realizadas por los presuntos responsables en este punto no corresponden a la realidad de las pruebas presentadas en este estudio.
15. Conclusión
Para el GIEI, todas estas circunstancias y hallazgos muestran tanto los déficits en la investigación como las tareas que quedan pendientes para que se pueda dar la justicia que los familiares y México esperan del caso, incluyendo una investigación efectiva de las diferentes responsabilidades y el esclarecimiento del destino de los 43 normalistas desaparecidos que, como hemos señalado, es aún incierto. También señalan lo que queda por delante y los caminos por los que se debería orientar, a juicio del GIEI, tanto la búsqueda de los desaparecidos como la investigación de los hechos y responsabilidades, y la atención a las víctimas y familiares, que forman parte de nuestro mandato. A juicio del GIEI, los avances propiciados en la investigación en estos meses constituyen un paso positivo. Sin embargo, el GIEI considera que debe darse un replanteamiento general del mismo en función de los resultados de esta investigación.
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Recomendaciones vinculadas con la investigación y búsqueda del caso de Ayotzinapa
A partir del análisis del expediente, de las sugerencias realizadas a la PGR en torno a la investigación y de la valoración del proceso de búsqueda, el GIEI se permite señalar las siguientes recomendaciones vinculadas con la investigación y búsqueda en el caso de los normalistas de Ayotzinapa. El listado no es exhaustivo y de manera inevitable algunas de ellas se traslapan con las recomendaciones generales. De hecho, muchas de las formuladas en ese apartado son extensivas para recomendaciones generales. De esta manera, el GIEI quiere contribuir a que se adelanten gestiones exitosas para esclarecer los hechos, para sancionar a los responsables y para ubicar el paradero de los normalistas desaparecidos.
Investigación
1. Unificación de la investigación.
Continuar unificando la investigación para que no se pierda la visión integral de los hechos; para que no se dificulte el encuentro entre los consignados, sus familiares y sus representantes legales; para acortar las distancias y facilitar el acceso de las víctimas a la justicia, evitar situaciones de inseguridad y asegurar que haya un adecuado acercamiento al proceso.
Hay que evitar el riesgo de la pérdida de evidencia para hechos conexos y se requiere una acumulación procesal para investigar y juzgar de manera integral los hechos de Ayotzinapa. Esta medida es fundamental para evitar la fragmentación y resalta la importancia de tener en cuenta el patrón de actuación, el contexto y la conexidad de los delitos cometidos, lo que considera que es clave para determinar la responsabilidad y modus operandi. Las investigaciones deben estar concentradas y ser llevadas a cabo por jueces competentes y accesibles.
2. Considerar otras violaciones de derechos humanos y delitos.
Investigar de manera adecuada otras graves violaciones de derechos humanos y delitos que se presentaron en el caso, entre ellos: 1) homicidios con disparos a quemarropa, 2) tortura, y otras circunstancias de la muerte en el caso de Julio César Mondragón Fontes), 3) tentativas de homicidio, 4) encubrimiento, obstrucción a la justicia y abuso de autoridad, 5) uso no adecuado de la fuerza, 6) lesiones y amenazas que sufrieron los normalistas sobrevivientes.
3. Llevar a cabo gestiones y diligencias pendientes.
Agotar todas las declaraciones testimoniales que han sido solicitadas por el GIEI y que aún no se han realizado, así como peritajes fundamentales que aún se tratan de desarrollar, como telefonía y otros, la confrontación de la evidencia balística recogida con otras armas existentes en el expediente y con las armas de otros cuerpos de seguridad
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como la policía de Cocula, así como cruces de entre el ADN encontrado en muestras recogidas en los autobuses o en la ropa, con los perfiles genéticos de las víctimas y sus familiares. Realizar una investigación exhaustiva de las sábanas de llamadas tanto de las víctimas como de los indiciados por los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014.
4. Investigar el posible traslado de estupefacientes.
Investigar como línea prioritaria del desencadenamiento de la agresión contra los normalistas el móvil del traslado de estupefacientes. Para tal efecto se deben realizar cruces de información con autoridades judiciales y gubernamentales a nivel internacional, así como identificar de manera precisa el autobús Estrella Roja.
5. Investigar denuncias por malos tratos o torturas con las debidas garantías.
Investigar, con la participación de peritos independientes, las denuncias de tortura contra presuntos perpetradores que se hayan producido.
6. Realizar una segunda autopsia de Julio César Mondragón Fontes.
Realizar una nueva autopsia a Julio César Mondragón Fontes con participación de expertos de la PGR y del EAAF, de acuerdo con la familia.
7. Replantear elementos de investigación del caso.
Replantear algunas de las hipótesis del caso y líneas de investigación en función de los hallazgos proporcionados por la investigación del GIEI.
Responsabilidades
8. Determinar otras responsabilidades.
Investigar si la actuación de todos los cuerpos de seguridad que estuvieron presentes en los hechos fue acorde a derecho y si cumplieron con sus respectivos protocolos de actuación, especialmente con la obligación de proteger a los ciudadanos.
9. Investigar otros posibles responsables.
Investigar a todos los posibles responsables que podrían haber participado en los hechos de acuerdo con las declaraciones testimoniales y otras evidencias probatorias. La investigación del GIEI ha proporcionado nuevos elementos en ese sentido.
10. Llevar a cabo nuevas capturas.
Capturar a la mayor brevedad, y que sean dispuestos de manera inmediata a las autoridades judiciales, a los presuntos responsables de mayor nivel como Felipe Flores Velásquez, secretario de seguridad pública de Iguala en el momento de los hechos, Gildardo López Astudillo alias “El Cabo Gil” y Alejandro Tenescalco Mejía ex miembro de la policía municipal.
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11. Investigar el patrimonio de presuntos responsables.
Investigar el patrimonio de los presuntos responsables del caso, su origen lícito, si se corresponde con su perfil de ingresos, si existen o han habido transacciones de bienes entre ellos o con otras personas, así como si han acudido a testaferros u otras maniobras fraudulentas para ocultar sus haberes y propiedades.
12. Investigar la posible obstrucción de la investigación.
Investigar a todos los funcionarios públicos que hayan obstruido la investigación del caso de Ayotzinapa.
Búsqueda
13. Mantener los procesos de búsqueda.
Mantener los procesos de búsqueda siguiendo los acuerdos con la Policía Federal en las acciones operativas y los criterios establecidos de forma conjunta para las mismas, como resultado de los buenos oficios interpuestos por el GIEI.
14. Examinar otros lugares compatibles con restos cremados.
En el contexto de evaluar todos los posibles destinos de los normalistas debido al hallazgo de un resto cremado identificado como correspondiente a uno de los normalistas desaparecidos, y a la necesidad de tener en cuenta todos los posibles destinos de los normalistas, investigar la existencia y posible uso de hornos de cremación en entidades públicas y privadas en los municipios de Iguala y Cocula, u otros que pudieran haber sido disponibles para los perpetradores para evaluar todas las circunstancias y una eventual vinculación con los hechos.
15. Actualizar el mapa de fosas y la investigación de casos de otros desaparecidos de Iguala.
Actualizar de manera constante el mapa de fosas de cadáveres y restos óseos hallados en Iguala y lugares aledaños, de forma que dicha información contribuya a encontrar indicios que puedan ayudar a realizar nuevas búsquedas de los normalistas. La búsqueda de fosas se puede fortalecer utilizando tecnología láser (LIDAR), para identificar perturbaciones en el terreno de los lugares cercanos a Pueblo Viejo, La Parota y alrededores. La colaboración de los expertos periciales de PGR y del EAAF es fundamental para la realización positiva de dichas gestiones y técnicas, así como para obtener resultados de mayor fiabilidad y confianza.
16. Incorporar a la investigación fotografías satelitales y tecnología de búsquedas.
Reiterar la solicitud de contar con una serie más amplia y de mejor calidad de las imágenes satelitales del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (CENAPI) y de otras instituciones, de los diferentes lugares de los hechos vinculados con la investigación.
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Atención a las víctimas
17. Llevar a cabo las recomendaciones sobre atención a los familiares y otras víctimas.
Implementar las recomendaciones que en materia de atención a las víctimas en aspectos legales, sociales, psicosociales, médicos y de salud, así con medidas de protección fueron presentadas por el GIEI para que fuesen impulsadas por la SEGOB y la CEAV, en coordinación con otras entidades federales y estatales.
18. Consolidar mecanismos de información y relación con los familiares y otras víctimas.
Mantener de manera constante mecanismos de información, comunicación y enlace con los familiares, víctimas y representantes del caso que permitan garantizar relaciones de confianza y entendimiento con las diferentes autoridades estatales.
19. Reformar y cumplir los acuerdos de colaboración y compromisos del Estado.
Respetar e impulsar los acuerdos que en relación con la búsqueda de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, el manejo de la información y otros aspectos que se han definido entre los familiares de los desaparecidos, sus representantes y las más altas autoridades de México en octubre de 2014.
20. Considerar medidas de protección y prevención.

Evaluar y reforzar las medidas de protección y una investigación efectiva de las amenazas respecto a testigos vinculados al caso.