A punto de reabrirse, el Frontón México arrastra su viejo conflicto laboral

A punto de reabrirse, el Frontón México arrastra su viejo conflicto laboral/

RAÚL OCHOA

Proceso , 21 de enero de 2017,

Después de más de 20 años de paro, el Frontón México está por reabrir. Pero el conflicto de fondo no se ha solucionado: no han sido atendidas las demandas de los trabajadores que en 1996 declararon la huelga. De hecho, en los últimos meses la cantidad de exempleados manifestantes se ha multiplicado por 11. En contraparte, el sindicato que debía defender a los inconformes intentó madrugarlos, las autoridades guardan silencio y el dueño del inmueble realiza obras para las cuales no tiene permiso.

moreLa rehabilitación del Frontón México, el emblemático “palacio de la pelota” de la Ciudad de México, que permaneció en el abandono durante dos décadas, está prácticamente finalizada. Su reapertura está próxima, pero la fecha exacta es una incógnita. El motivo es que aún no se resuelve el litigio emanado de la huelga declarada en octubre de 1996.

Cada vez más extrabajadores –o, en su caso, esposas, viudas e hijos de los agraviados– se han sumado al paro laboral. Tan sólo en el último año, el registro de exempleados del frontón se multiplicó por 11, al pasar de cinco a 55. Entre ellos se destacan 15 pelotaris, quienes también exigen indemnizaciones porque formaban parte de la nómina. De igual manera, la cifra de los abogados defensores va al alza: en los últimos meses el equipo pasó de uno a seis litigantes.

El pasado lunes 15 se llevó a cabo una audiencia ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) por el expediente laboral III-3828/96. Ya terminó el desahogo de pruebas y alegatos, así que esta instancia se prepara a emitir un laudo, que deberá llegar en un lapso de tres a cuatro meses.

Como sea, los demandantes reclaman una remuneración total de 400 millones de pesos, a diferencia de los cinco millones que hasta hace unos meses exigía cada uno de los cinco exempleados reconocidos –hasta entonces– por la JFCA.

Los actores

El tiempo transcurre sin que los agraviados vean recompensados sus años de labores en el frontón del empresario Antonio Cosío, también propietario de la Plaza de Toros México y del Estadio Azul.

El conflicto en cuestión tiene otros implicados. Uno de los principales es el Gobierno del Distrito Federal, que contribuyó con una parte de los 50 millones de dólares invertidos en la restauración del inmueble, según reveló en diciembre de 2015 el secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, Salomón Chertorivski. Otros son la delegación Cuauhtémoc y el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), que autorizaron las obras de remodelación y restauración, permitieron que la empresa construyera una extensa pared y dejaron que irregularmente colocara estructuras en la azotea del recinto. El asunto también salpica a la Secretaría de Gobernación –por no haber suspendido la licencia para operar del Frontón México.

Otro implicado central es el senador priista Isaías González Cuevas, secretario general de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), que no defendió a los trabajadores. Él, en su carácter de secretario general de la Unión Nacional de Trabajadores de la Industria Alimenticia, Refresquera, Turística, Hotelera, Gastronómica, Similares y Conexos (UNIA, dependiente de la CROC), turnó el pasado 13 de octubre un oficio a la JFCA en el que “se desiste” de la huelga estallada el 2 de octubre de 1996 contra Operadora de Espectáculos Real de México, S. A. de C. V., o Inmobiliaria Cosgo, S. A. de C. V.: “Solicitando a esta H. Junta se ordene archivar el expediente como total y definitivamente concluido”.

El senador arguye que, a la fecha, no existe empleado alguno a quien representar, “pues a lo largo de estos años los pocos trabajadores que quedaban ejercitaron y promovieron distintas acciones de carácter individual ante diversas autoridades sin obtener resultado favorable alguno, y más aun prescribiendo sus derechos, por lo que al no existir razón alguna para que siga existiendo el estado de huelga en el expediente, es que por así convenir a los intereses de mi representada, vengo a desistirme de la huelga estallada” (sic).

El secretario general de la CROC expuso también que, al “no existir afectación alguna” en contra de ningún trabajador “ni se está dejando en estado de indefensión a persona alguna que en calidad de trabajador haya prestado sus servicios a la empresa en huelga, con el presente desistimiento apoyamos la creación de nuevas fuentes de trabajo que permitan emplear a trabajadores afiliados a esta organización”.

El madruguete del senador desató la inconformidad de los extrabajadores, quienes lo acusan de privilegiar los intereses de Cosío. De hecho, Proceso tuvo acceso a dos oficios que el dirigente de la CROC dirigió a Inmobiliaria Cosgo.

En el primero, fechado el 31 de enero de 2013, González Cuevas le hace entrega formal al empresario del inmueble Frontón México, ubicado en la calle de Plaza de la República 17, colonia Tabacalera, delegación Cuauhtémoc.

“Asimismo, no nos reservamos el derecho de hacer cualquier gestión ante las autoridades en materia laboral, mercantil, civil o cualquier otro que surja a la entrega del inmueble, ya que con esta fecha fueron cumplidas conforme a derecho”. Firma: senador Isaías González Cuevas.

En el segundo escrito, signado el 19 de marzo de ese año, el líder gremial autoriza a la empresa el ingreso al inmueble para realizar limpieza y remodelación “durante el tiempo que durará esta actividad. Lo anterior es para dar cumplimiento a su petición, para que puedan dar inicio los trabajos y en un futuro iniciar las actividades de ese inmueble”.

El grupo de huelguistas respondió inmediatamente a la petición del líder sindical, y por esa causa decidieron dar por concluida su relación gremial con la CROC. El 25 de noviembre pasado, el notario público 91 del Estado de México, María Guadalupe Pérez Palomino, protocolizó el acta de asamblea general a solicitud del Sindicato Nacional de Trabajadores Especializados en la Industria Alimenticia, Servicios y Comercio en General, Similares y Conexos de la República Mexicana (SEIA, dependiente de la Federación de Sindicatos de Trabajadores de México), en la que los empleados manifiestan su voluntad de unirse al citado gremio.

La JFCA se escuda en un acuerdo según el cual los trabajadores no pueden promover sus litigios en forma individual… pero a la vez les niega el derecho de libre asociación para pertenecer a otro sindicato. Pese a todo, el procedimiento continúa.

El SEIA es el tercer sindicato que agrupa a los exempleados del Frontón México desde que estalló la huelga, en octubre de 1996. La CROC afilió a los agraviados los últimos 14 años. Sin embargo, cuatro de los abogados defensores –Manuel Sanciprián, José Enrique Zárate, Antonio Arista Chávez y Jesús Camarena López– señalan que durante este tiempo no existe ninguna constancia que demuestre que el senador Isaías González haya representado los intereses de los extrabajadores.

El “desistimiento” del titular de la CROC originó una espiral de reclamos de los exempleados, quienes además de repudiar y desconocer la solicitud del senador priista ratifican: “Por más de 20 años hemos estado en pie de lucha y no hemos renunciado a nuestras acciones y derechos”. Y aclaran que ni la CROC ni la UNIA “representaron nuestros intereses. Ninguno de los dos sindicatos cumplió con sus obligaciones”.

Los exempleados consideran que el senador incumplió con su responsabilidad, por lo que solicitan a la Secretaría de Huelgas de la JFCA, Junta Especial Número 14, que dé vista al ministerio público federal por los presuntos delitos cometidos por el legislador.

Más aún: por simular la defensa de los derechos de los extrabajadores e infligir daños de difícil reparación, “que debería de restaurar con su patrimonio propio”, los afectados le piden a la JFCA dar aviso al Congreso de la Unión para iniciar el proceso de desafuero del senador.

La urgencia de González Cuevas por concluir la huelga, asientan los afectados, se debe a que la reapertura del Frontón México está planeada para marzo o abril.

La restauración del inmueble, que se inició en diciembre de 2015, lleva un avance de 90%, según estimaciones de los exempleados. En el Frontón México se trabaja a doble turno las 24 horas del día y la fachada luce totalmente restaurada y pintada en tono cobrizo, su color original.

Excesos

Al tratarse de un inmueble art decó catalogado, el Frontón México sólo puede ser restaurado en su parte exterior, pero la empresa construyó una extensa barda con estructuras metálicas sobre el techo. Por consiguiente, el aspecto original del edificio fue alterado.

El gobierno de la Ciudad de México mantiene colocada una manta en la entrada principal del recinto, en la que se lee: “Trabajo de conservación y restauración del Frontón México, inmueble representativo del art decó, obra del arquitecto Joaquín Capilla. Proyecto de restauración, acciones correctivas en fachadas, superficie de vanos históricos, tratamiento anticorrosivo en herrerías, pintura en protecciones de ventanas y portones, restauración de cantera, aplanado en muros, pintura general retomando colores originales según Calas, de la obra de rehabilitación del Centro de Entretenimiento del Frontón México”.

Enseguida aparecen los logotipos de la delegación Cuauhtémoc, del Gobierno de la Ciudad de México y del INBA.

Consultado al respecto, el INBA respondió que no tiene conocimiento alguno de la construcción realizada en la azotea del inmueble y que antes de emitir un pronunciamiento deberá realizar una inspección. Como sea, el Instituto enfatiza que su autorización fue sólo para conservación, restauración y rehabilitación, y nunca para construcción.

El abogado Manuel Sanciprián denuncia que tanto la delegación Cuauhtémoc como el INBA deben suspender la edificación. “No es ninguna restauración. Aquí se está llevando a cabo una obra. Es decir, este inmueble histórico está siendo objeto de modificaciones que no estaban contempladas”.

El caso es que el escenario del jai alai –que significa “fiesta alegre” en vasco– en la Ciudad de México, inaugurado el 10 de mayo de 1929, está a punto de reabrir. “En estado de derecho, ninguna autoridad debería permitirlo. Ahí estalló la huelga y la JFCA la reconoció el 26 de septiembre de 1997 con efectos a partir del 2 de octubre de 1996. Ni la empresa ni el gobierno de la Ciudad de México podrán reabrir el inmueble mientras no se pronuncie la JFCA”, advierte Sanciprián.

El litigante admite que son muchos los intereses en juego, políticos y económicos, en contra de los extrabajadores. Así, comparte sus temores de que la JFCA se pronuncie a favor del empresario. “Podemos esperar cualquier cosa, pero hay otros medios de defensa: recurriremos a todas las instancias a nivel nacional e internacional”.

Sanciprián subraya que los exempleados tienen derecho a ser escuchados por el tribunal que resuelve el caso. “Estamos luchando contra todos”.

Durante este paro laboral ya han fallecido cinco extrabajadores “y sus deudos están sin protección alguna, sin trabajo, sin recursos, sin derecho a la salud”, acusa Sanciprián, quien recuerda que la propia JFCA dio aviso desde agosto pasado al Gobierno de la Ciudad de México y a la Secretaría de Gobernación, informándoles de la vigencia de la huelga. El litigante se sorprende del silencio que guardan las partes involucradas.

El pasado 6 de diciembre, la Federación de Sindicatos de Trabajadores de México, que ahora cobija a los extrabajadores del Frontón México, giró un oficio al presidente Enrique Peña Nieto en el que le solicita audiencia oficial para exponerle la situación. El mandatario no le ha respondido. “Todo mundo sabe de la existencia de esta huelga”, dice Sanciprián.

En las últimas semanas, eso sí, los abogados de los exempleados han sostenido reuniones con Carlos Andrade, quien asegura tener los “canales” para acceder a Cosío.

En entrevista, Andrade aclara que no es el representante de Cosío, pero que trata de apoyar a los exempleados. “Tengo abierto el canal –con los Cosío–, pero también quiero precisar quiénes son realmente esas 55 personas (los extrabajadores), porque tampoco se trata de inflar las cifras, sino que se pague a quienes les asiste el derecho. En estos momentos, mucha gente va a querer aprovecharse”.

El voluntario asegura que hay una inversión de mil 500 millones de pesos en el Frontón México. Advierte que “si en marzo no se reabre, estos señores van a perder mucho. Entonces, ante la inminente reapertura del inmueble, hay que arreglar la situación”.

–¿Cuál es la postura de la familia Cosío?

–Están abiertos, pero quieren una propuesta razonable.