Nadie pone en duda la importancia de las consultas a los ciudadanos, sobre todo en regímenes tan excesivamente autoritarios como el mexicano. Sin embargo, no es conveniente el abuso de esta forma de participación ciudadana en las tareas de gobierno, sobre todo, si al final, se trata de consultas que son utilizadas para expresar precisamente excesos de ese mismo autoritarismo.
La ya próxima consulta acerca de los aeropuertos, sin duda cae dentro de lo que es permitido por la constitución y la ley, aunque no se trata de una consulta de las que expresamente estén reguladas por la constitución y por las leyes, con previsión expresa de los efectos jurídicos que, en cada coso se seguirán.
La consulta sobre los aeropuertos, en los hechos, no obstante que está siendo ordenada por la figura de un presidente electo, pero no en funciones, es una consulta muy similar a las consultas de cualquier campaña política, las cuales muestran simple y sencillamente las preferencias de los encuestados, en este supuesto, sobre una u otra opción de los dos reactivos que tiene la encuesta. No va más allá.
Ahora bien, muy a pesar de la naturaleza que reviste esta consulta, por las circunstancias muy particulares en que se envuelve, su resultado traerá efectos trascendentales, más allá de las previsiones hechas por quien la está ordenando hacer. Y estos efectos serán manifiestos, entre otros campos, en el mundo de los negocios, lo mismo que en el campo de la política; y yo pensaría que también podría haber efectos jurídicos inmediatos, por parte de quienes puedan verse perjudicados. Y ellos lo saben bien, y estarán ya preparados para iniciar los ejercicios jurídicos que les favorezcan.
Incluso, más allá de esta clase de efectos si, en los hechos, quien está ordenando hacer esta encuesta, habiendo sido investido con las formalidades de la toma de posesión del cargo de la Presidencia de la República, toma la decisión, insisto, ya siendo presidente, de apoyar la opción ganadora de la encuesta mediante actos particulares y concretos de gobierno, tales actos empezarán a producir también sus efectos jurídicos.
En suma, quiero llegar a la conclusión siguiente: los resultados de la encuesta, en el supuesto en que sus resultados no favorezca la opción de continuar con las obras del llamado nuevo aeropuerto situado sobre las inmediaciones del lago de Texcoco, puede dar lugar a un cuestionamiento jurídico tan complejo y difícil, que podría paralizar por completo, no sólo las obras que ahora mismo se están realizando en el nuevo aeropuerto, sino cualesquiera otras obras, ya sea para acondicionar las pistas de la base de Santa lucía, ya sea para acondicionar las pistas del aeropuerto de Toluca y las del mismo aeropuerto tradicional Benito Juárez. Y, lo que es peor, podrían deducirse responsabilidades, aún penales, en contra de quienes resulten responsables, como se dice en estos casos.
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