Una fuga de combustible por una toma clandestina obligó al desalojo de más de 200 habitantes en Cuautepec, Hidalgo; el derrame ocurrió en un campo de cultivo en las calles Manantial y Jalisco, en la Colonia Almoloya.
La fuga fue controlada...
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Lorent Saleh; el horror de ser preso del chavismo
Este activista fue torturado durante cuatro años por el régimen de Nicolás Maduro
Excelsior, REDACCIÓN...
La historia de vida de Lorent Saleh está marcada por la represión del chavismo: conoce las dos cárceles donde están 250 presos políticos: La Tumba y El Helicoide. Entró de 26 años y salió de 30, y es capaz de describir las prácticas de tortura más sofisticadas a cargo del régimen sudamericano en lo que él mismo llamó “el manicomio futurista”.
Saleh mandó un mensaje al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para que apoye la democracia.
“Venezuela merece un cambio, merece medicina para los niños, y ese cambio no merece ser obstaculizado por gente que mantiene la tiranía”, aseveró Saleh, quien fue liberado el 13 de octubre de 2018.
“México no puede darle la espalda a los venezolanos envueltos en un baño de sangre. La participación de un país como México es clave.”
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Decreto acaba con prestación laboralEl gobierno obtendrá vía ISR mil 413 millones de pesos que no descontaba a burócratas..
Sin mediar negociación contractual de por medio, los más de 180 mil trabajadores de la Secretaría de Salud perdieron una de sus principales prestaciones laborales: la exención del Impuesto Sobre la Renta (ISR) en 11 rubros.
La recién aprobada Ley Federal de Remuneraciones obligó a todas las dependencias del gobierno federal a cobrar ese impuesto a los trabajadores, gravamen que anteriormente era absorbido por la Secretaría de Salud.
Con ello, el gobierno se allegará recursos por alrededor de mil 413 millones 853 mil pesos al año, derivado del traslado del ISR en al menos seis prestaciones que reciben los trabajadores afiliados al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 5 de noviembre, el decreto de la mencionada ley establece en su artículo cuarto que “se considera remuneración o retribución toda percepción en efectivo o en especie, incluyendo dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones y cualquier otra, con excepción de los apoyos y gastos sujetos a comprobación que sean propios del desarrollo del trabajo y los gastos de viaje en actividades oficiales”. (Excelsior, nota de Bernardino Mora)..
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Las columnas políticas, domingo 10 de febrero de 2019...
Templo Mayor/Reforma
HOY que Andrés Manuel López Obrador irá a Cuautla, Morelos, para revisar el tema de la frenada planta termoeléctrica de la Huexca, hay quienes quieren recordarle al Presidente que los peores enemigos suelen ser los de casa.
EN LA ENTIDAD es un secreto a voces que el principal opositor a esa obra es el activista disfrazado de empresario Arnulfo Montes Cuen, a quien describen como un experto en causar conflictos sociales... para luego "arreglarlos" a cambio de lograr beneficios para él.
Y TAMBIÉN se dice que últimamente lo han visto muy cercano al gobernador morelense, Cuauhtémoc Blanco. ¿Pues de quién será la mano que mece esa cuna? Es pregunta que da toques.
POR CIERTO que un grupo de morelenses quiere aprovechar el viaje de AMLO para tratar un asunto que consideran urgente, pues un día sí y al otro también se enteran de "levantones" y secuestros de largo plazo contra comerciantes cuautlenses.
Y DICEN que buscarán su ayuda porque, en Cuernavaca, el equipo del gobernador Blanco nomás no les hace caso.
A VER, A VER... ¿cómo está eso de que el director de la CFE, Manuel Bartlett, anunció que mañana dará a conocer los nombres de empresas "que incurrieron en presuntos actos de corrupción" en operaciones con esa empresa?
LA PALABRA clave es "presuntos". Si ese es el caso... ¿qué no deberían respetar la presunción de inocencia hasta que se desarrollen los procesos legales correspondientes, antes de divulgar nombres?
OTRA duda es si, además de señalar a las empresas, también difundirá nombres y apellidos de los empleados o ex empleados de la CFE involucrados... porque la corrupción siempre tiene dos lados ¿o no?
LAS SILLAS vacías se van sumando en la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH). Tal parece que a los espacios dejados por los comisionados Héctor Acosta y Juan Carlos Zepeda pronto se sumará el de Gaspar Franco.
CUENTAN que en la más reciente reunión del organismo, cuando se habló de un tema agendado para marzo próximo, Franco comentó que lo abordará con mucho gusto si es que sigue en la Comisión, pues no está muy seguro de en dónde andará entonces.
COMO en la canción de los perritos, de los siete comisionados que tenían ya nomás les quedarían cuatro, a menos que en Palacio Nacional se apuren a mandar al Senado las ternas para llenar las dos vacantes que hay.
AUNQUE, con eso de que para el gobierno como que los organismos autónomos no son santo de su devoción, a ver si no dejan que la CNH se extinga... por default...
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Frentes Políticos/Excelsior..
I. Seriedad. El movimiento ciudadano Wikipolítica ha decidido reinventarse tras el fracaso de sus candidaturas independientes en las elecciones de 2018. Se constituirá como un partido político “radicalmente distinto”, explicó Pedro Kumamoto, su líder. El político oriundo del estado de Jalisco, de 29 años, ha sorprendido, pues en el año 2015 se convirtió, por la fuerza del sufragio, en el primer diputado local sin partido de la historia de la República Mexicana, pero, a pesar de la confianza y popularidad, no logró obtener el pasado 1 de julio el escaño que buscaba en el Senado, ni ninguna de las 13 candidaturas independientes de Wikipolítica, el movimiento de jóvenes que aspiran al cambio. No le demos la espalda. Muchos como él no hay.
II. Qué esperan. Mientras los criminales se apoderan de los vacíos físicos y legales que les dejan estados y municipios en la República Mexicana, los legisladores tienen la mente en otros temas y han dejado para dentro de una semana la discusión del tema de la Guardia Nacional. No entienden que cada minuto que se posterga la lucha se sigue perdiendo. Y cuando surge la solución, sólo se les ocurre bloquearla. Hoy, los partidos políticos de oposición ya se conformaron en un bloque contrario al de Morena y, el 19 de febrero, el debate será álgido. Piensen en el bien del país y en la podredumbre moral en la que se vive. El Ejército Mexicano apoya la creación de la Guardia. ¿Desaprovecharán la lealtad?
III. Ni uno más. Uno de los sectores más vulnerables en México es el de la comunicación. A pesar de la llegada de nuevos políticos al país, los delincuentes no cejan en su intento por acallar la verdad, por truncar las investigaciones, por hacer todo lo posible para que no les atrapen. Y los periodistas son el enemigo natural. El periodista y locutor de radio Jesús Ramos Rodríguez fue asesinado, ayer, de ocho balazos en el municipio de Emiliano Zapata, en el estado de Tabasco. En otro caso, por revelar violencia hacia un par de mujeres, otra periodista está amenazada de muerte. ¿Alguien hace algo al respecto?
IV. Furor. En las dos semanas recientes, el Metro de la Ciudad de México se convirtió vertiginosamente en un termómetro de la violencia hacia las mujeres. Como si se tratara de un secreto que al final sale a la luz, las denuncias han ido en aumento y este popular sistema de transporte, inaugurado en 1969, se ha vuelto, muy a su pesar, en un reflejo de la inseguridad y la gallina de los huevos de oro para feminicida y tratantes. La alarma saltó a finales de enero y hoy es un hervidero. Y aunque por momentos pareciera que se trata sólo de sicosis colectiva, las autoridades deben tomárselo muy en serio. Detener la violencia es también un capital político. No lo olviden.
V. Tema de importancia. A su llegada a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett Díaz, su titular, encontró planes para desaparecerla. Ya los reveló. Tiene a estas alturas ya la película completa. Y mañana lunes, por instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, dará a conocer las cifras y los nombres de las empresas que incurrieron en presuntos actos de corrupción en detrimento de la Comisión Federal de Electricidad. Instituirá una campaña contra las anomalías y aunque, como sucedió con las gasolinas, la decisión fue bien recibida, ya hay quien bromea con almacenarla antes de que escasee. ¿Y contra los “diablitos” en Neza y Ecatepec, cuál es la estrategia?..
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Guanajuato: “la vida no vale…”/
De naturaleza política/ENRIQUE ARANDA
Excelsior...
La entidad tiene a seis de sus municipios, en la lista de las 20 localidades más violentas del país.
Nada bien deben ir las cosas en Guanajuato cuando, apenas al iniciar su gestión Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, la entidad “insignia” del panismo descafeinado de nuestros días consigue el nada destacable récord de inscribir a seis de sus municipios, uno de ellos en la posición tres del ranking, en la lista de las 20 localidades más violentas del país, según la última medición –2018– realizada por el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, AC.
Nada bien, insistamos, cuando el logro de tan cuestionable registro, se da en paralelo a la ratificación –forzada en uno de los casos, al menos– de quienes, desde la gestión del cuestionado Miguel Márquez Márquez, indiscutible cacique blanquiazul de turno, se desempeñaron como titulares de la Procuraduría General y en Seguridad Pública estatales, Carlos Zamarripa Aguirre y Álvar Cabeza de Vaca Appendini que, a la vista los resultados, poco o nada hicieron (o pudieron hacer) para impedir tal escalamiento de la inseguridad y violencia criminal en el estado.
Hoy, al margen consideraciones de otra índole, la única e irrebatible verdad es que Salamanca, Salvatierra, Irapuato, Pénjamo, Silao y Celaya se cuentan entre los municipios (con más de 100,000 habitantes) más violentos de México, merced igual al “aterrizaje” que en los últimos meses, y años, han tenido distintos cárteles del crimen organizado en Guanajuato, que igual han potenciado la producción y trasiego de enervantes, el robo de combustibles, de furgones ferroviarios y comercio carretero, entre otros ilícitos, que, lógico, elevaron la cuota de sangre a pagar por la sociedad y que se refleja en la cotidiana denuncia de una decena al menos de homicidios dolosos ¡cada 24 horas!
Es verdad que el combate de buena parte de los ilícitos mencionados –“como diría el amigo Silvano…”– es una responsabilidad irrenunciable de las autoridades federales. Así se entiende, aunque, a decir de quienes conocen la delicada situación que se vive en la entidad abajeña y que se refleja en el estudio del consejo que lidera José Antonio Ortega Sánchez, bien haría el gobierno estatal, el mandatario que en su momento alguno de sus antecesores calificó como “candidato (panista) región 4…” en particular, en abonar y/o exigir, al menos a los directos responsables a la solución de la misma, so pena de ver crecer la inconformidad social y el surgimiento de una problemática económica que, huelga mencionar, no hará más que agravar las cosas.
El asunto no es menor. Menos, cuando se evidencia que luego de una década de ubicarse como uno de los estados de mayor crecimiento económico, y bajas en la pobreza y el rezago educativo, Guanajuato consigue tal posicionamiento.
ASTERISCOS
*Nada para celebrar, ciertamente, pero a no pocos sorprendió la forma en que, al final, el yunismo panista veracruzano, el impresentable Miguel Ángel Yunes para ser exactos, acabó impidiendo que los legisladores morenos concretaran la oferta hecha a “su” gobernador Cuitláhuac García, de entregarle en bandeja –cual Salomé– la cabeza del fiscal carnal Jorge Winckler.
*Si bien, ¡ahora sí que ante cámaras!, el pleito entre la fifí secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y su par, la activista Irma Eréndira Sandoval, de Función Pública, acabó resolviéndose con la publicación de información sobre el costoso penthouse que la primera posee en Estados Unidos, lo cierto es que los manotazos entre ambas continuarán. Al tiempo.
*Confirmada ya, el próximo 27, la participación de Andrés Manuel López Obrador en la XXXVI Asamblea del CCE en que el regio Carlos Salazar Lomelín, impulsado por el denominado G-10, por José Antonio Diablo Fernández en particular, asumirá como nuevo titular del CCE y, más importante, interlocutor empresarial (oficial) ante el gobierno…
Veámonos aquí mañana, con otro asunto
De Naturaleza Política.
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Politizar la historia/Enrique Krauze
REforma, 10 Feb. 2019
La supervivencia de la democracia mexicana depende ahora, en no poca medida, de la defensa de la verdad. Ese fue el propósito del ensayo "El presidente historiador" (Letras Libres, enero de 2019), en el que examiné los libros de historia que ha escrito López Obrador, en particular El poder en el trópico (su meritoria historia de Tabasco, comenzada hace más de tres décadas y finalmente reunida en 2015) y Neoporfirismo. Hoy como ayer (una historia crítica del porfiriato, publicada en 2014). En ese mismo sentido, quiero centrarme en un tema muy específico: la periodización de la democracia mexicana según López Obrador. Creo que está equivocada.
Tras mencionar apenas la lucha armada, Neoporfirismo. Hoy como ayer aprueba someramente la obra institucional de los primeros presidentes posrevolucionarios. Declara que el mejor de todos es Lázaro Cárdenas. Alude a los posteriores (de 1946 a 1982): "Pocos cumplieron con su deber. La mayoría se alejó de la moral republicana. Unos se enfermaron de ostentación y derroche, y otros de plano se dedicaron al saqueo del erario". Todos pertenecían al PRI, sistema que describe con una fórmula extraída de Gabriel Zaid (a quien no cita): "administrar la corrupción y la impunidad para comprar lealtades". En el epílogo del libro, López Obrador sostenía que el sistema político seguía intacto. En resumidas cuentas, nada había cambiado desde Madero: "la democracia sigue siendo una demanda que espera el momento de concretarse". Ese "momento de concretarse" no podía ser otro que su triunfo electoral en 2018.
Esa visión esquemática del siglo XX no obedece a una búsqueda de la verdad histórica sino al objetivo político de identificar la etapa neoliberal con la porfirista en las tres dimensiones cardinales: económica, social y política. En la obra de Daniel Cosío Villegas (el historiador que López Obrador admira sobre todos, y cuyos libros sustentan buena parte de su obra) hay elementos de sobra para refutar la equiparación de conjunto. Si de paralelos se trata, los gobiernos recientes (populistas y neoliberales) palidecen frente al progreso material en tiempos de Porfirio Díaz. Inversamente, y a despecho de los viejos y nuevos problemas que siguen gravitando sobre las mayorías mexicanas, la obra social construida desde 1920 hasta hoy es marcadamente superior a la porfiriana. En cuanto al ámbito político, es imposible negar que -con todos sus vicios y limitaciones- los progresos democráticos de México en las décadas recientes marcan una diferencia abismal con la era de don Porfirio y la de su sucesora inmediata, la "revolución hecha gobierno".
¿Cuál es el origen del sesgo? López Obrador dio comienzo a su carrera política en tiempos de Echeverría. Había pasado el 68 y la matanza del 10 de junio de 1971. Permaneció en el PRI durante los sexenios de López Portillo y Miguel de la Madrid. Dejó de pertenecer a él después de las elecciones presidenciales de 1988. El libro se permite una crítica radical del PRI, pero omite esos importantes datos autobiográficos: el presidente formó parte del sistema que critica.
Dada la inmensa relevancia de López Obrador en la arena nacional en este siglo y, sobre todo, su poder actual derivado de las urnas, la omisión puede derivar en una versión equivocada e injusta de la historia. La democracia mexicana no "se concretó" el 1 de julio de 2018. El 1 de julio fue un capítulo más de una historia que -en su etapa contemporánea- comenzó en el movimiento estudiantil de 1968 y continuó por largos años hasta concretarse en la alternancia del año de 1997 cuando, tras las elecciones llevadas a cabo por el IFE, el PRI perdió la mayoría en la Cámara de Diputados y Cuauhtémoc Cárdenas triunfó en las elecciones para jefe de Gobierno del DF. En esa batalla intervinieron diversos protagonistas individuales y colectivos: periódicos, revistas, intelectuales, artistas, escritores, académicos, sindicatos, grupos de la sociedad civil, partidos y políticos de oposición. Muchos murieron en ella, por ella, y otros siguen vivos. Y en esa batalla, al menos hasta 1988, no intervino López Obrador.
Su victoria en 2018 ocurrió en el marco de las leyes e instituciones de la democracia por la que muchos luchamos desde 1968 y que hemos venido construyendo desde 1997. Negar no solo la pluralidad de quienes libraron esa batalla sino su existencia es una mentira histórica. Ojalá el presidente evite que se convierta en la historia oficial.
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Régimen de excepción/Luis Rubio
Reforma, 10 Feb. 2019
La seguridad pública es condición sine qua non para el desarrollo del país y el asunto que más preocupa a la ciudadanía. El problema no es nuevo, pero todos los intentos por enfrentarlo han resultado insuficientes, si no es que fallidos. Las tres administraciones más recientes -cada una en su soberbia- han asumido el problema a su manera, pero los resultados han sido paupérrimos; lo único que es claro e indudable es que hay muchos mitos al respecto*, pero igualmente claro es que no existe una solución única -o mágica- al problema. Si el gobierno de López Obrador no reconoce este punto de entrada, su estrategia, centrada en la "guardia nacional", va a acabar en el mismo lugar.
La propuesta de crear una nueva estructura en la forma de una guardia nacional, anunciada con bombo y platillo pero poca información, no es muy distinta a la que acompañó el anuncio de recrear la policía federal hace dos sexenios. En ambos casos, se tenía una gran idea pero no un plan para su desarrollo integral, ni mucho menos un consenso político al respecto. El resultado fue lo esperable: la inseguridad no cedió. Las causas pueden ser muchas, pero la receta ganadora resultó fallida.
La creación de una guardia nacional puede ser parte de la solución o puede ser otra oportunidad perdida: todo depende de cómo se constituye, cuáles son sus objetivos, qué estrategia se seguiría y, sobre todo, en qué consiste el proyecto en su conjunto. Un mal diagnóstico -que es lo que debe suponerse pues el plan presentado carece de toda coherencia lógica- conlleva un azaroso desenlace. Sin embargo, el peligro no radica exclusivamente en que el problema no aminore, sino en que, a diferencia de los intentos anteriores, éste viene preñado de un riesgo inconmensurable en la forma de la incorporación del ejército en las tareas de seguridad de una manera integral, permanente y encumbrada en el texto constitucional. Es decir, se trata de un paso extraordinariamente apurado, con consecuencias potenciales desconocidas y, seguramente, excesivas y onerosas.
Es fácil entender por qué una administración tras otra ha recurrido al ejército: se trata de la corporación más estructurada, respetada y eficaz con que se cuenta. Ante el vacío, debilidad -y corrupción- que caracteriza a la mayor parte de los cuerpos policiacos federales, estatales y municipales (y a sus contrapartes por el lado de la procuración de justicia), la noción de recurrir al ejército es lógica, así haya implicado un cambio radical de posición por parte del presidente. Pero el hecho de que exista un desafío tan fundamental y una institución tan competente no implica que una cosa sirva para resolver la otra. El ejército ha probado ser eficaz para mostrar la fuerza del Estado, pero no para crear condiciones para la seguridad pública más allá del momento o lugar en que tiene presencia temporal. El ejército no es una corporación policiaca y no debe ser concebido como una respuesta policiaca de largo plazo porque no sirve para eso ni va a servir nunca.
El ejército sin duda será parte central de la solución del problema de seguridad que se enfrenta, pero no puede ser el corazón de la estrategia. A menos que se transforme al ejército en corporación policiaca -y todo lo que eso implica en términos de concepción y formación-, algo que podría ser planteado como una estrategia pero a dos o tres décadas de distancia, los militares están formados para enfrentar enemigos formales, no para constituirse en el garante de la seguridad de la vida cotidiana de una comunidad.
Más importante, la pregunta clave no es sobre el recurso al ejército para fines de proteger a la sociedad, sino sobre la creación de una nueva realidad política y legal en la forma en que se ha propuesto para la llamada guardia nacional. El recurso al ejército es necesario, pero no de una manera permanente, sin mandato claro ni protección legal. Sería infinitamente mejor crear condiciones formales para el funcionamiento del ejército en labores de seguridad civil, que encumbrarlo como el corazón de una estrategia inacabada de seguridad en la que no hay certezas para la ciudadanía, el gobierno o los propios soldados.
Me pregunto, por qué no plantear la presencia del ejército en la guardia nacional -o en la seguridad en general- como un caso excepcional y, por lo tanto, temporal. Es decir, que tal si, en lugar de encumbrar al ejército en la Constitución para el combate a la inseguridad, se legisla con precisión la forma en que actuaría esa corporación ante una emergencia y sólo por el tiempo en que ésta dura. Si lo que existe es una situación de excepción, lo que procede es contemplar una respuesta igualmente excepcional en la forma de un régimen de excepción como el que se contempla en el artículo 29 constitucional.
Lo que se ha propuesto es una respuesta desesperada, poco meditada e inadecuada para construir seguridad, proteger a la ciudadanía, darle certeza jurídica al ejército y resolver el problema que se ha planteado el gobierno. En lugar de una sola acción orientada a pretender resolver un problema complejo de tajo, mejor desarrollar una estrategia multifactorial en la cual la participación del ejército sea temporal, limitada y excepcional.
* Ver un buen resumen de esto en: http://www.consejomexicano.org/index.php?s=contenido&id=2475
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Sesgo presidencial/Eduardo Caccia
Reforma 10 Feb. 2019
La cadena norteamericana de zapaterías Payless, que en su nombre lleva la propuesta de valor, recientemente llevó a cabo un interesante experimento social para probar cómo la percepción (y el sesgo de información) afecta la toma de decisiones racionales (es un decir) de los consumidores. El resultado dice mucho de nuestra condición influenciable y las múltiples variables que afectan nuestro juicio.
La firma usó los zapatos que vende a precios bajos pero los exhibió en una nueva tienda, "Palessi", nombre que desde la primera impresión evoca una palabra italiana, luego al país donde el diseño de moda de vanguardia es casi una denominación de origen. La nueva (y falsa) tienda se veía muy distinta de una tradicional y austera Payless, más bien adquirió una identidad que semejaba a las sofisticadas boutiques europeas de lujo, ésas donde siempre hay una persona de seguridad vestida mejor que los clientes y los precios son verdaderamente altos. Para la apertura invitaron a personalidades de la moda de Los Ángeles, individuos conocedores de marcas, estilos y diseños.
Los invitados se desvivieron en elogios sobre la nueva tienda y el diseño de los zapatos. Esa noche se hicieron varias ventas a sobreprecio de hasta 1800% respecto al precio Payless. Los compradores mostraban la satisfacción de haber cazado un león en África, hasta que les develaron el engaño. Algunos estupefactos, otros incrédulos, tuvieron su dinero de regreso y se llevaron los zapatos Payless como regalo (después de todo les habían gustado mucho). El experimento demuestra que tenemos un lado vulnerable para hacer juicios. En este caso la imagen de tienda cara y exclusiva derrumbó cualquier juicio o duda sobre la calidad de los zapatos. El contexto nos influencia más de lo que creemos.
El llamado sesgo psicológico es la tendencia a tomar decisiones o actuar irracionalmente sin darse cuenta. Tiene varias manifestaciones, una de ellas el sesgo de confirmación, cuando buscamos información que refuerza nuestras creencias y rechazamos datos contrarios a lo que pensamos. Es decir, vemos lo que nos programamos para ver. Hace unos días el presidente López Obrador reprochó que Reforma, a quien reiteradamente llama "la prensa fifí", diera a conocer la omisión de la secretaria de Gobernación sobre una de sus propiedades en su declaración patrimonial, también mencionó: "para eso sirve y hay que aceptarlo y respetarlo, la labor del conservadurismo y de la prensa fifí (...) ayuda mucho", y remató con lo que confirma su sesgo: "Ya sabemos que no nos ven con buenos ojos...". ¿Por un lado reconoce el valor de la tarea esencial del periodismo pero al mismo tiempo lo reprocha? ¿Hasta dónde el sesgo del Presidente hace que una nota que cuestiona a su equipo merezca el adjetivo peyorativo de "fifí" simplemente porque ya puso una etiqueta aparentemente inamovible?
En la misma semana, otro colaborador de este diario mencionó que dar dinero de forma directa a padres de familia usuarios de guarderías era un acierto. No he escuchado al Presidente decir que "la prensa fifí" le daba la razón. ¿El sesgo de confirmación hace que la misma persona vea un lado de la historia pero no la otra? Seguramente sí.
El Presidente es humano, como los consumidores engañados por Payless, pero su falibilidad debería ser motivo de preocupación cuando tantas decisiones importantes dependen de su juicio. ¿Fue la cancelación del aeropuerto de Texcoco producto de un análisis razonado y objetivo o la confirmación de una creencia? ¿Volver a los subsidios que no funcionaron en el pasado es otra de esas creencias?
Los expertos tienen recomendaciones claras para evitar tomar malas decisiones por el sesgo psicológico: busca la forma de retar lo que crees que ves, busca información de diferentes fuentes y considera la situación bajo múltiples perspectivas. Comenta y argumenta tus pensamientos con otros, rodéate de gente diversa y alienta el disentimiento, ten un "abogado del diablo" que rete tus pensamientos. ¿Podrá un Presidente poderoso, rodeado de incondicionales, tener el talento de no creerse infalible?
Grandes lecciones emanan de sabernos vulnerables por nuestros sesgos y prejuicios. Me quedo con una, inquietante: no vemos las cosas como son, las vemos como somos.
@eduardo_caccia..
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Comienza la lucha por enjuiciar a Romero Deschamps y sus 11 jeques/
PATRICIA DÁVILA
Proceso # 2206, 10 de febrero de 2019
En medio de los embates contra los cacicazgos sindicales y el robo de combustibles de Pemex, el dirigente del sindicato petrolero Carlos Romero Deschamps por fin obtuvo un amparo contra cualquier intento de las autoridades federales y del fuero común por capturarlo. Esto ocurrió luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador difundiera que sólo existe una demanda no ratificada contra el dirigente, y de que, el pasado miércoles 6, un grupo de sindicalistas disidentes ampliaran la denuncia penal que interpusieron en 2016 contra ese líder y 11 personas de su círculo por los presuntos delitos de lavado de dinero, fraude, delincuencia organizada y enriquecimiento ilícito.
El líder del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), Carlos Antonio Romero Deschamps, su familia y amigos cercanos en el gremio han construido “turbios” negocios y disfrutan de una vida “ostentosa” “a costa de los recursos sindicales”, se afirma en una denuncia penal interpuesta en contra del dirigente el 19 de octubre de 2016 ante la Procuraduría General de la República (PGR), la cual fue ampliada el pasado miércoles 6 de febrero.
Este semanario tuvo acceso a la carpeta de investigación FED/SEIDO/UEIORPIFAM-CDMX/0000831/2016, abierta en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) por los probables delitos de delincuencia organizada; operaciones con recursos de procedencia ilícita; delitos cometidos con dinero de procedencia ilícita (lavado de dinero); fraude; fraude por equiparación; extorsión; defraudación fiscal, y enriquecimiento ilícito.
La denuncia es respaldada por un grupo disidente del STPRM que integran 151 trabajadores de base y el Movimiento Petrolero Activos en Evolución por un México Nuevo, encabezado por Arturo Flores Contreras. La acusación es contra Romero Deschamps y 11 dirigentes seccionales, quienes “presuntamente” se “confabularon” para cometer ilícitos en contra del STPRM.
El documento también revela presuntos vínculos de los señalados con integrantes del cártel de Los Zetas, a quienes, al menos en la Sección 30 del STPRM de Poza Rica, Veracruz, se les otorgó información de los ductos para que ordeñaran combustible.
Las 11 personas acusadas junto con Romero Deschamps de cometer dichos ilícitos son: Moisés Balderas Castillo, Luis Ricardo Aldana Prieto, Ricardo Hernández García, Moisés Marín García, Artemio de Jesús Enríquez, Mario Carlock Villalobos, Andrés de la Rosa Hernández, Andrés de la Rosa Reyes, Ismael Melgarejo Vázquez, Sergio Lorenzo Quiroz Cruz, Esdras Romero Vega y a quienes resulten responsables, por dedicarse a “saquear” el sindicato y “apoderarse” indebidamente del patrimonio de los trabajadores de Pemex.
En el contexto de las acciones contra el robo de combustibles emprendidas por el gobierno federal, el periódico Reforma dio a conocer en su edición del 11 de enero que Romero Deschamps promovió un amparo para suspender cualquier orden de aprehensión en su contra de parte de la autoridad federal. El mismo día, en su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró que su gobierno no ha presentado ninguna denuncia contra el dirigente petrolero. Sin embargo, el día 30 del mismo mes corrigió e informó que la única denuncia por robo de combustible que existe contra Romero Deschamps no está ratificada.
Días después, el 6 de febrero, el grupo disidente presentó nuevas pruebas en contra del líder del STPRM y exigió que se integraran en las carpetas de investigación para que el caso se turne al juez de control competente y se liberen las órdenes de aprehensión que procedan contra todos los involucrados.
Apenas el pasado viernes 8, después de un intento fallido de Romero Deschamps por ampararse contra órdenes federales de aprehensión, el juez Primero de Distrito en Naucalpan, Aurelio Damián Magaña, le concedió la suspensión definitiva contra la orden de captura federal o del fuero común. El juez argumentó que ni el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, ni el Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya le quisieron informar al líder petrolero si existe orden de captura en su contra.
Desvíos millonarios
La denuncia ante la SEIDO indica que la vida ostentosa que llevan Romero Deschamps, su familia y amigos es del dominio público. Refiere que en 2008 Reforma dio a conocer que el líder posee un departamento de lujo y un yate en Cancún con valor de 3 millones de dólares, además de que usa un reloj de oro de 18 kilates estimado en más de 400 mil dólares.
Asimismo, retoma el escándalo que provocó en mayo de 2012 su hija Paulina Romero Durán al publicar en su cuenta de Facebook fotografías de sus viajes al extranjero en aviones privados y comerciales, o bien en lujosos yates y acompañada de sus mascotas. Un año después se dio a conocer que Romero Deschamps regaló a su hijo José Carlos un Ferrari Enzo de edición limitada, con valor aproximado de 2 millones de dólares. Para obtener uno de esos vehículos el comprador no sólo debe demostrar solvencia económica, sino que por lo menos cuenta con otros dos Ferrari.
La denuncia señala que el chofer del líder petrolero, al que únicamente se refiere como Arturo, fue captado cuando apostaba 30 mil pesos en carreras de caballos, tanto en el Hipódromo de Las Américas como en establecimientos similares de Estados Unidos. Lo describen sacando fajos de billetes de 500 y mil pesos para jugar en competencias simultáneas.
En el expediente, los denunciantes sostienen que parte de las cuotas sindicales y demás prerrogativas que ingresan al STPRM a través de contratos es desviada a las cuentas personales del líder petrolero, familiares y amigos. Además, los acusan de vender bienes muebles e inmuebles que pertenecen a los trabajadores, todo ello de manera “ilícita” y sin acordarlo con los sindicalistas como es debido.
Además, afirma: “Existe constancia de que del año 2000 a 2012, el Sindicato Petrolero a cargo de Romero Deschamps recibió del gobierno federal y de Pemex más de 2 mil millones de pesos. Incluso, en el 2000, motu proprio desvió 500 millones de pesos para la campaña del PRI, a la candidatura presidencial de (Francisco) Labastida Ochoa, caso conocido como Pemexgate. Romero Deschamps reconoció que fue un préstamo del sindicato al partido”.
El expediente transcribe prácticamente un texto publicado por este semanario el 19 de enero de 2002 (Sur Proceso número 50), donde se informa que Romero Deschamps, coludido con quien fuera secretario de la Sección 42 del sindicato, Moisés Marín García, vendió terrenos adquiridos con las cuotas de los empleados sindicales por casi 10 millones de pesos, además de inmuebles hipotecados, uno de ellos en Bancomer.
La denuncia indica que algunas de esas propiedades fueron vendidas a familiares de los líderes del STPRM. Por ejemplo, según la escritura 427 inscrita con el número 16908, foja 63764, inscripción sexta del tomo 72-M del libro Primero del Registro Público de la Propiedad, el 13 de noviembre de 1993 Marín García vendió a la sociedad mercantil Grupo Lazzer de Ciudad del Carmen, SA de CV, en 33 mil 750 pesos cada uno, los predios 202-A, 202-B y 202-C, ubicados en la Calle 57 o avenida Eugenio Echeverría Castellot de esa ciudad.
Llama la atención que los integrantes de Grupo Lazzer son Ignacio Alfonso Olea Pérez e Ignacio Tamer Rodríguez, padre y primo hermano, respectivamente, del secretario del Interior de la Sección 42, Salvador Olea Blancas, además de Abelardo Rodríguez Balleza, cuñado de la esposa de Moisés Marín.
En 1989, antes de que Romero Deschamps asumiera el liderazgo del STPRM, la Sección 42 contaba con más de 30 propiedades en varios estados, producto de las cuotas de los trabajadores. Actualmente, dice el grupo disidente en su denuncia, “nos quedan 10, hipotecadas en su mayoría”.
Inmuebles en Estados Unidos
El expediente refiere que Moisés Gerardo Balderas Castillo, quien hasta 2009 fue secretario general de la Sección 36 en Reynosa, Tamaulipas, adquirió una vivienda en esa ciudad, y de acuerdo con la oficina de Registro y Tasa de Inmuebles del Condado de Hidalgo, Texas, posee allí cuatro residencias que adquirió entre 2005 y 2007, durante su gestión sindical.
El 17 de octubre de 2005 Balderas le compró a la empresa Villas Puesta Del Sol, en el número 800 de la calle Sunset en McAllen, Texas, el departamento 665792, valuado en 204 mil 742 dólares y por el cual paga impuestos por 5 mil 35 dólares anuales. El segundo departamento lo adquirió el 30 de septiembre de 2006; el tercero el 18 de agosto del mismo año, y el cuarto el 24 de julio de 2007. Por las cuatro propiedades pagó un total de 833 mil 289 dólares.
Al dirigente de la Sección 48, Ricardo Hernández García, se le atribuye la propiedad de más de 20 inmuebles en Tabasco y en el extranjero, entre ellos dos que están a su nombre, con valor de 7.5 millones de pesos.
Hernández García está casado con Heidi Kakbnab Azuara Cruz, propietaria de una residencia en el número 7203 de Pine Grove Dr., Houston, Texas, valuada en más de 1 millón de dólares. Al líder se le ha señalado de apoderarse de más de 2 mil 500 millones de pesos derivados de contratos otorgados durante su gestión en el sindicato y del cobro de rentas de autobuses, microbuses, camiones y camionetas, más las cuotas sindicales, que alcanzan unos 30 millones de pesos al año.
Como su prestanombres se identifica a David Pérez Bautista, quien era su chofer, pasó a ser empleado de Pemex y actualmente es uno de los principales contratistas de la empresa y promotor inmobiliario.
En Oaxaca –siempre de acuerdo con la citada carpeta de investigación– Artemio de Jesús Enríquez, secretario de la Sección 38, “dilapida, vende y se apropia de los bienes muebles, inmuebles y el dinero que pertenece a los agremiados. Se ha llegado al extremo de que no hay dotaciones de ropa y calzado. Incluso hay casos en que los trabajadores se cooperan para arreglar vehículos de Pemex para poder realizar su trabajo, así como reparar y comprar radios de comunicación.
“Los trabajadores de esta sección hemos pedido que se investigue al sobrino del exlíder sindical Mario Carlock Villalobos, de nombre Álvaro, quien es contador y maneja como suya la caja de ahorro.”
En el expediente se consignan, de igual forma, las siguientes denuncias en contra de Carlock Villalobos: AP/PGR/OAX/SC/01 28/2016, por fraude equiparado: A.P.PGR/SC/OAX/11/046/2013, por enriquecimiento ilícito, asociación delictuosa y lavado de dinero, y 168/SC/2013, por fraude y abuso de confianza.
Sergio Lorenzo Quiroz Cruz, dirigente de la Sección 30 con sede en Poza Rica, Veracruz, ha sido señalado de apoderarse de 130 millones de pesos de la caja de ahorro de los trabajadores jubilados y en activo del STPRM, así como de ordenar que a los 15 mil empleados de planta, transitorios y jubilados se les retuvieran entre mil y mil 500 pesos para aportarlos a las campañas municipales del PRI.
Quiroz Cruz “también –afirman los disidentes– ordenó el descuento por trabajador de 100 a 300 pesos, según el nivel de percepción, con el pretexto de que se trataba de una cooperación para pagar ‘protección’ de los líderes sindicales al crimen organizado”.
Otro grave cargo contra ese dirigente es que tiene nexos con Los Zetas, a varios de los cuales les “abrió ficha de trabajadores como empleados de la paraestatal y transfiriéndoles datos técnicos sobre el manejo, operación y cuidado de los ductos de la región para su ordeña, así como estableciendo fuertes vínculos y lazos con líderes de Los Zetas, como compadrazgos”.
Quiroz Cruz fue alcalde de Poza Rica del 1 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2017 y en la denuncia se le señala como quien “mandó a trabajadores de Pemex a construir un domo de usos múltiples, un campo de futbol, una cancha de futbol rápido y un zoológico en las inmediaciones de una propiedad de un líder zeta. También señala que ha colocado en puestos a miembros de este grupo delictivo para que sigan teniendo el control del ayuntamiento, como lo hicieron con el exalcalde Alfredo González Andrade.
“Cabe señalar que Luis Bernardo Martínez, El Güicho, quien es el segundo en el poder en la Sección 30, tiene nexos con líderes de Los Zetas. Ellos –Cruz Quiroz y El Güicho– han logrado meter a casi todos los familiares de este grupo delincuencial a las compañías petroleras”, sostiene el documento.
Entre otros actos de “corrupción”, se le achaca a Quiroz Cruz la adjudicación de dos licitaciones para adquirir dos propiedades que no incluyó entre los bienes de los trabajadores, según consta en un registro de la Subdirección Corporativa de Administración Patrimonial de Pemex fechado de junio de 2005 a mayo de 2006.
En este documento consta una declaración en el sentido de que Quiroz Cruz posee una flotilla de camionetas que renta a la compañía KAY, que trabaja para Pemex a cambio de una renta mensual de 40 mil pesos por vehículo.
La denuncia penal contra Romero Deschamps, su familia y su grupo cercano en Pemex se interpuso el 19 de octubre de 2016 a nombre de 151 empleados. Uno de los firmantes declaró que, debido a su “lucha democrática”, el 22 de septiembre de 2016 Romero Deschamps y José del Pilar Córdova Hernández “pagaron” para levantar a su hijo “y privarlo de la libertad”. Hasta el 22 de marzo de 2017, cuando rindió su testimonio, el joven seguía desaparecido.
En otra declaración los denunciantes responsabilizaron a Quiroz Cruz de lo que le suceda al denunciante o a su familia, ya que presuntamente el líder de la Sección 30 del STPRM tiene nexos con el crimen organizado, específicamente con el llamado Z-35.
A todos los mencionados líderes de estas secciones del STPRM se les relaciona con el dirigente nacional, Carlos Romero Deschamps, a quien en su momento los empleados le informaron de cada uno de los presuntos delitos denunciados.
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Proceso # 2206, 10 de febrero de 2019
La ostentosa vida del júnior en Miami/
JULIO C. ROA
José Carlos Romero Durán –hijo de Carlos Romero Deschamps, líder del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana– adquirió una lujosa villa en una de las zonas más exclusivas de Miami Beach, Florida.
Y aunque el júnior pagó 5 millones 500 mil dólares –alrededor de 104 millones de pesos al tipo de cambio actual–, un agente de bienes raíces de Miami aseguró al reportero que el inmueble vale hoy 161 millones de pesos.
El condado de Miami-Dade no tiene registro de ninguna hipoteca relacionada con la propiedad, lo que indica que la transacción pudo haberse hecho en efectivo.
El complejo inmobiliario de la villa se localiza a lo largo de una avenida que corre paralela al océano Atlántico en la zona conocida como “Millionaire‘s Row”. En esa zona y sobre la misma avenida el tenista internacional Novak Djokovic y el matrimonio Kanye West-Kim Kardashian tienen sus lujosas propiedades.
La de Romero Durán es una de las seis únicas villas ubicadas en uno de los desarrollos inmobiliarios de mayor plusvalía en Miami Beach. La torre de 19 pisos y sus seis exclusivas villas llevan el nombre del Bath Club, ubicado frente al Atlántico.
La villa de cuatro pisos mide 530 metros cuadrados. En el tercero se encuentran las tres recámaras, dos de ellas con vista al mar. La principal tiene un enorme vestidor del tamaño de una de las recámaras; su baño cuenta con jacuzzi y tazas de baño separadas para él y su esposa, Fernanda Ocejo Garrido. La villa tiene 5½ baños.
En el segundo piso se habilitó una sala de cine y tiene una sala-comedor, un gran foyer (vestíbulo), una piscina con el Atlántico como horizonte, un jardín privado y dos amplias terrazas con vistas panorámicas. La cocina estilo gourmet tiene una surtida cava, así como accesorios modernos y funcionales.
En el primer piso se localiza la entrada principal, donde desde el gran foyer se accede a los demás pisos por medio de un elevador privado. En el cuarto piso hay salón de juegos y observatorio.
Las amenidades ahí son similares a las de un hotel de cinco estrellas: 5.3 hectáreas de espectaculares jardines con entorno tropical; dos canchas de tenis estilo europeo de arcilla, gimnasio de última generación, SPA, jacuzzi, palapas privadas, playa privada, alberca climatizada estilo olímpico con carriles de separación, espectacular lobby de tres pisos, salón de baile, centro de negocios, club lounge…
En los últimos 10 años el hijo del líder sindical ha pagado una fortuna en impuestos por la propiedad. En 2017 ya había desembolsado 985 mil 733 dólares (aproximadamente 18 millones 728 mil pesos) por ese concepto. Ese año pagó 114 mil 609 dólares.
Además, de 2009 a 2017 desembolsó 353 mil 988 dólares (unos 6 millones 725 mil pesos) por el predial del departamento donde actualmente reside, localizado en el mismo Bath Club. En 2017 pagó 53 mil 707 dólares.
En total, el hijo de Romero Deschamps pagó 1.3 millones de dólares por impuesto predial en la última década, cifra que supera el valor del departamento en Miami de la exsenadora perredista Alejandra Barrales, que hoy se vende en 1 millón de dólares.
A esos millonarios pagos de predial se suman las cuotas que la asociación de propietarios –Homeowners Association, HOA– debe abonar cada mes en la ciudad de Miami.
La cuota HOA por una propiedad similar a la de Romero Durán en el mismo edificio es cercana a los 95 mil pesos mensuales. Si se incluyen las cuotas de la villa y el departamento, el hijo del líder petrolero ha pagado alrededor de 22 millones de pesos de cuotas HOA en los últimos 10 años. Si a esa cantidad se le suman los 25 millones de pesos de predial, el monto se eleva a 47 millones de pesos.
En este entorno de lujos y exclusividad el hijo de Romero Deschamps vive al estilo de las celebridades, deportistas y presidentes de corporaciones trasnacionales que tienen sus propiedades en la zona...
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Proceso # 2206, 10 de febrero de 2019
Grupo PMI, el oscuro negocio privado de Pemex/
CLAUDIA VILLEGAS
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador parece dispuesto a indagar a fondo al Grupo PMI Comercio Internacional, creado en 1989 como entidad privada y responsable de comercializar el petróleo mexicano en el exterior. Pero este consorcio también se ha dedicado a realizar inversiones en compañías offshore establecidas en paraísos fiscales, en un entorno nebuloso cuyas opacas cuentas se acumulan desde hace dos décadas. De hecho, alrededor de 40 filiales de ese consorcio inserto en la estructura de Pemex están en vías de liquidación.
En el último momento de su administración, el gobierno de Enrique Peña Nieto ordenó a la Dirección General de Pemex que liquidara al menos 40 de las compañías creadas en paraísos fiscales por el Grupo PMI Comercio Internacional, entidad que, a través de una estructura mercantil privada maneja los ingresos por exportación de crudo de la empresa productiva del Estado.
Tanto en los gobiernos del PRI como en los del PAN, durante más de 20 años Grupo PMI –compañía privada de Pemex que se fundó en Holanda hace dos décadas– cobró a Pemex por este servicio de intermediación en compañías offshore el equivalente a cinco centavos de dólar por cada barril que se vendía en los mercados internacionales, de acuerdo con información de las áreas de auditoría de la petrolera a la que este semanario tuvo acceso.
Bajo ese esquema, los clientes de Pemex le depositaban directamente los recursos a PMI en cuentas privadas, y a su vez esta firma los transfería, menos gastos y comisiones, a una cuenta eje en el Bank of America.
Mediante contratos de servicios de compraventa con Pemex Exploración y Producción (PEP), se fijaron las comisiones y las fechas de revisión. Por cada cargamento de exportación de petróleo crudo PMI cobraba a Pemex alrededor de 250 mil dólares. El margen de ganancia era de 75 mil dólares diarios tan sólo por la mediación en las operaciones de comercio internacional de Pemex. Con ello, la ganancia anual de PMI era de al menos 27 millones de dólares tan sólo por esta intermediación en exportaciones.
Así, las ventas de barriles de petróleo representaron para las cuentas bancarias del Grupo PMI Comercio Internacional ganancias millonarias, con la particularidad de que éstas eran manejadas por completo en contabilidades privadas y sin rendir cuentas de los manejos financieros de decenas de compañías constituidas en países con regímenes fiscales laxos, como Islas Caimán y Holanda, Países Bajos, Irlanda y Suiza.
De esta forma, PMI se encargaba de consolidar los ingresos por exportación de la petrolera, así como de las inversiones donde necesitaba aparecer como compañía privada y respecto de las cuales la paraestatal estaba impedida constitucionalmente para participar.
Orígenes de PMI
El Grupo PMI Comercio Internacional se estableció en 1989 dentro de la estructura de Pemex a partir de la operación del primer fideicomiso creado para los Proyectos de Inversión de Infraestructura Productiva con Registro Diferido en el Gasto Público (Pidiregas). Este fideicomiso, uno de los más importantes de PMI, se constituyó en las Islas Caimán y se denominó Master Trust.
De acuerdo con el libro blanco que documenta el apoyo que dio PMI a la renovación de la flota de Pemex Refinación y que se dio a conocer a través de peticiones ciudadanas vía el área de transparencia de Pemex, la participación de la petrolera en el Grupo PMI es el resultado del proceso de reestructuración que entre 1988 y 1993 la entonces paraestatal hizo a sus oficinas e inversiones en el exterior.
La creación de compañías privadas, dice Pemex, tuvo por objeto lograr una operación más eficiente y una mejor administración de riesgos jurídicos; es decir, demandas. La estrategia consistió en la conformación, en México y en el extranjero, de un conjunto de filiales a cuyo cargo se encuentra la comercialización del petróleo crudo y otros productos derivados, la prestación de servicios, y la administración de la participación de Pemex en otras sociedades y estrategias en el extranjero.
El Grupo PMI está integrado por empresas de participación estatal mayoritaria sujetas tanto a normas de derecho privado como a la legislación administrativa de las entidades paraestatales, así como a las disposiciones en materia de filiales de la Ley de Petróleos Mexicanos y su Reglamento.
También integran el Grupo PMI firmas consideradas no paraestatales. Sin embargo, desde 2010 la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha puesto en tela de juicio la transparencia con la que se ha conducido la administración de PMI.
El consorcio también se hizo cargo de la compra de gasolina en el exterior, particularmente en el mercado spot, aun cuando entre 2015 y 2017 –periodo en el que comienza a aplicarse la nueva Ley de Petróleos Mexicanos que la convierte en una empresa productiva del Estado– las importaciones de gasolina eran responsabilidad de Pemex Refinación.
El titular de la Secretaría de Hacienda, Carlos Urzúa, ya puso en tela de juicio estas compras de gasolina por parte de PMI, porque al conocer el consumo de este combustible del mercado mexicano resulta más conveniente cerrar contrato con mejores precios que estar sujetos a la oferta y la demanda, según un reporte de la agencia S&P Global dado a conocer el 18 de diciembre.
PMI tras la elección presidencial
Una vez que Morena y sus aliados ganaron las elecciones presidenciales y la mayoría en el Poder Legislativo, el gobierno de Enrique Peña Nieto ordenó reducir sustancialmente la estructura corporativa con la que PMI operó desde finales de la década de los noventa en países como España, Holanda e Islas Caimán, entre otros.
Así, con la autorización del Consejo de Administración de Pemex que encabezó hasta 2018 el secretario de Energía Pedro Joaquín Coldwell, PMI liquidó al cierre del año pasado al menos 40 sociedades que habían sido constituidas dentro y fuera del país con el argumento de que agilizarían la operación de Pemex en los mercados de exportación e importación de productos petrolíferos.
Un abogado externo del corporativo, que pidió el anonimato, confirmó la reestructuración de PMI efectuada al menos durante el último año.
En 2018 el Consejo de Administración de Pemex, en el que participan cuatro consejeros independientes, recibió información sobre las auditorías internas y evaluaciones de rentabilidad para impulsar y justificar la desaparición de 40 de las sociedades que formaban parte de la estructura privada creada alrededor del Grupo PMI Comercio Internacional S.A. de C.V., constituido en 1989, en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari y al amparo de leyes de derecho mercantil y no como entidades de la administración pública.
Muchas de estas compañías tenían filiales a su vez, por lo que el número llegó casi a 90. El cierre de las 40 sociedades, según una de las fuentes del área de auditoría de la petrolera, fue notificado a los consejeros independientes Octavio Francisco Pastrana Pastrana, Carlos Elizondo Mayer-Serra, Felipe Duarte Olvera y María Teresa Fernández Labardini. Sin embargo, en las actas de las sesiones de consejo de Pemex en las que participan sus integrantes independientes, no hay registro oficial de la liquidación de estas firmas privadas.
Auditoría difícil
La justificación para liquidar las sociedades mencionadas, de las 90 que ha llegado operar el Grupo PMI (número confirmado por dos exfuncionarios de la petrolera vinculados con el proceso de liquidación), fue la duplicidad de funciones y los gastos asociados a su operación, como en el caso de los floteles, es decir, los buques de apoyo a plataformas.
Sin embargo, Pemex, a través de sus auditores internos –quienes desde 2015 dejaron de reportarle a la Secretaría de la Función Pública porque la nueva Ley de Petróleos Mexicanos ya no los obligaba a ello–, reconoció que la rendición de cuentas de PMI sería un tema complicado en medio del proceso de transición. Consultado por Proceso, el titular de la ASF, David Colmenares, prefirió evitar comentarios al respecto.
La secretaria de Energía, Rocío Nahle, quien ahora encabeza el Consejo de Administración de Pemex, aseguró en diciembre último que el presidente Andrés Manuel López Obrador había ordenado intervenir el Grupo PMI y a sus empresas con el propósito de coordinar y controlar sus operaciones. Pero mientras eso sucede, un crédito de PMI por 92 millones de dólares hizo posible la adquisición de 671 autotanques para la distribución de gasolina, según confirmó Nahle ante legisladores.
El problema, comentaron las fuentes consultadas vinculadas con el área de auditoría de Pemex, es que antes de intervenir PMI para transformarla en una entidad pública sería necesario realizar auditorías de cumplimiento en forma para revisar dos décadas de operación y, en caso de encontrar irregularidades, proceder contra los directivos de la compañía, pero al amparo de leyes del derecho mercantil, puesto que las normas y disposiciones de la administración pública no suponían obligatoriedad para ellos.
Además existen algunos litigios con la compañía por el hecho de que grupos de trabajadores demandaron directamente a Pemex, y no a PMI, con la pretensión de ser indemnizados conforme a la legislación de Estados Unidos y de otros países. También compradores de crudo en Asia demandaron a PMI por la venta de crudo contaminado en tanques de Veracruz, según admitió Pemex.
Hasta ahora, ni la titular de la Secretaría de Energía, Rocío Nahle, ni el director general de Pemex, Octavio Romero, han explicado el procedimiento seguido para intervenir estas compañías privadas y sus cuentas bancarias. Tampoco han informado si realizarán una auditoría al manejo de los recursos que recibía Grupo PMI por la intermediación en las exportaciones de Pemex.
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador ya nombró a Raúl Enrique Galicia Gómez en la dirección general del Grupo PMI. Él es egresado de la carrera de ingeniería industrial y de sistemas del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Estado de México. Antes, el consorcio operó bajo la responsabilidad de Isaac Volin, un exejecutivo del fondo estadunidense BlackRock, el grupo que le compró a PMI su participación privada en el gasoducto Los Ramones.
El nombramiento del nuevo responsable de PMI Comercio Internacional no se ha hecho público, pero fue confirmado por directivos del grupo cuyas oficinas se encuentran en la torre de Pemex.
De PMI al NAIM
José Manuel Carrera Panizzo, director del grupo hasta 2017, fue el responsable de varias de las grandes transacciones privadas de PMI, como la fallida compra de floteles a astilleros españoles; impulsó incluso la inversión en el capital del astillero Hijos de J. Barreras, S.A., que hoy forma parte del Grupo PMI Comercio Internacional.
Fue en 2013, durante la gestión de Emilio Lozoya, cuando se firmó la adquisición de 51% de ese astillero, localizado en la región de Santiago de Vigo. La inversión se justificó con la necesidad de darle viabilidad económica al proveedor de barcos de PMI y que no se incumpliera el contrato.
Fue así como, durante el gobierno panista de Felipe Caderón, el astillero gallego se convirtió en parte de Pemex y le vendió uno de los dos floteles que la petrolera decía necesitar; a través de PMI, Pemex le compró otro al astillero Navantias por 130 millones de euros. El problema fue que tras la caída en los precios del petróleo, dos floteles resultaban un exceso en las operaciones de producción de crudo de Pemex. Sólo se necesitaba uno.
Al recibir el segundo flotel en febrero de 2017, PMI decidió dejarlo en un puerto de España sin haberlo estrenado siguiera. En septiembre de 2018, en un reporte a la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC), reconoció una pérdida real de mil 700 millones de pesos derivada de la decisión de no usar el flotel, cuyo nombre es Cerro de la Pez (antes Orgullo Negro). Ahora PMI busca venderlo a un precio de descuento de 80 millones de euros.
José Manuel Carrera Panizzo fue relevado en su cargo un año antes de que se acelerara la liquidación de sociedades del grupo, pero se integró casi de inmediato como asesor en el Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin), cuyos responsables se encargaron de la licitación y arranque de las obras del antes llamado Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM).
De acuerdo con el contrato de prestación de servicios profesionales entre Banobras, fiduciario del Fonadin, y José Manuel Carrera Panizzo, firmado en septiembre de 2017, este último se sumó como miembro independiente del Subcomité de Evaluación del Fonadin; se le pagaron 30 mil pesos por cada sesión o reunión de trabajo en la que participó. Hasta el 31 de diciembre de 2018 estuvo contratado por el Fonadin.
Para Carrera Panizzo, exdirector corporativo de Alianzas y Nuevos Negocios de Pemex y responsable de PMI hasta 2017, la transformación de México en un importador galopante de gasolinas era sinónimo de desarrollo y crecimiento.
Hasta ahora PMI sigue siendo el agente exclusivo de Pemex para la exportación de petróleo, y sus comisiones siguen vigentes y ocultas. El presidente López Obrador ya declaró que la compañía tendrá que transparentar sus operaciones.
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Proceso # 2206, 10 de febrero de 2019
Ríos de dinero de Sedesol a "organizaciones civiles”/MATHIEU TOURLIERE..
Con Enrique Peña Nieto en la Presidencia y su incondicional Luis Enrique Miranda como secretario de Desarrollo Social, el gobierno federal alimentó a sus organizaciones clientelares, a otras de corte opositor, así como a asociaciones civiles y fundaciones ligadas a diversos intereses empresariales y políticos. Si el presidente López Obrador cumple su promesa de entregar los apoyos directamente a los individuos y a las familias que los requieren, sin duda afectará a esos grupos de movilización priista, pero también a organizaciones ligadas a algunos de sus actuales partidarios y colaboradores.
Meses después de tomar posesión como titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), el priista mexiquense Luis Enrique Miranda Nava decidió otorgar 374 millones de pesos a la agrupación Antorcha Campesina para 2017; de éstos, 87 millones 200 mil pesos se canalizaron en el Estado de México, que ese año tuvo elecciones.
El año anterior, durante la gestión de José Antonio Meade Kuribreña, la Sedesol había entregado apenas 16 millones 800 mil pesos a esa organización fundada en 1974 por Aquiles Córdova Morán, quien junto con su familia la dirige de forma clientelar y violenta.
Documentos internos de la Dirección General de Vinculación Interinstitucional de la Sedesol, elaborados durante la gestión de Miranda Nava, muestran cómo desde esa área se repartieron por debajo de la mesa decenas de millones de pesos a organizaciones sociales. Lo hicieron a través del Programa de Empleo Temporal (PET), de Opciones Productivas y del Instituto Nacional de la Economía Social (Inaes).
Algunas organizaciones beneficiadas con estos recursos, como Antorcha Campesina o el Congreso Agrario Permanente –integrado entre otros por la Confederación Nacional Campesina (CNC)–, están históricamente relacionadas con el PRI. Los diputados y presidentes municipales de Antorcha Campesina enarbolan las siglas de ese partido y algunos políticos utilizan a sus integrantes como “grupo de choque”.
+Pero otras, como la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA), El Barzón y la Central Campesina Cardenista (CCC) son aliados históricos de la izquierda partidista, primero del PRD y luego de Morena, así como de Andrés Manuel López Obrador. Los líderes de estas tres organizaciones son actualmente diputados o senadores por el partido en el poder.
Los documentos que obtuvo Proceso están desglosados por agrupación. En una tabla aparecen los nombres de cada organización, fotografía y nombre de su representante, así como los montos que se les entregaron en 2016 y los acordados para 2017.
La aportación de fondos públicos a las organizaciones sociales no empezó en la administración de Peña Nieto, pero en la gestión de Miranda Nava se encendieron las alarmas en la Sedesol, pues Antorcha Campesina concentró los “apoyos” destinados a la sociedad civil.
Según los documentos, en 2016 la agrupación de Córdova Morán recibió alrededor de 8 millones de pesos del PET y de Opciones Productivas, pero nada del Inaes. Con Miranda Nava, Antorcha Campesina pactó 100 millones de pesos del Inaes, 174 millones del PET y 100 millones de Opciones Productivas.
Las reglas de operación del PET no incluyen apoyos a organizaciones, sino a individuos, en tanto que el gobierno de Peña Nieto financió a través del Inaes 12 mil 974 proyectos –de empresas e individuos– por un total de 2 mil 148 millones de pesos, según los datos oficiales.
La Dirección General de Vinculación Interinstitucional de la Sedesol fungía como enlace en las negociaciones con los líderes de las organizaciones, pero no participaba en la entrega de los recursos.
+Dinero para todos
Miranda Nava conocía esas organizaciones; como subsecretario de Gobernación se había encargado de negociar con sus representantes cuando cerraban calles en la Ciudad de México.
Antes, en 2010, como secretario de Gobierno de Enrique Peña Nieto en la administración mexiquense, Miranda Nava participó en la inauguración de la sede de Antorcha Campesina en Toluca, y según el portal noticioso Sin Embargo acordó otorgarle predios en las inmediaciones de lo que poco después se designó como la sede del Nuevo Aeropuerto Internacional de México.
De acuerdo con los documentos, la Sedesol les dio 260 millones en 2016 y se comprometió a conseguirles 269 para 2017 a las cuatro organizaciones que conforman el Frente Auténtico del Campo (FAC), que bloqueó la avenida Reforma la semana pasada: la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), la Coalición de Organizaciones Democráticas, Urbanas y Campesinas (CODUC), la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC) y el Movimiento Social por la Tierra (MST).
El Congreso Agrario Permanente, entonces conformado por ocho organizaciones vinculadas con el PRI –CNC, CCI, UGOCM, CONSUCC, COUC, ALCANO, CAM y UCD– recibió 157 millones en 2016 y Miranda le prometió un monto similar para 2017.
En cuanto a la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA), dirigida por José Narro Céspedes –actual senador de Morena–, recibió 44 millones de pesos en 2016 y 48 millones el año siguiente; mientras que la Alianza Nacional Agropecuaria, Comercializadores y Consumidores El Barzón, AC, obtuvo 2 millones 350 mil pesos en 2016. Esta organización la encabeza Alfonso Ramírez Cuéllar, legislador por Morena y presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.
La agrupación El Campo es de Todos (integrada por 14 organizaciones entre las que figura la Central Campesina Cardenista dirigida por el diputado plurinominal morenista Max Agustín Correa Hernández) recibió cerca de 200 millones en 2016 y el año siguiente 59 millones.
El pasado 20 de diciembre el expanista coahuilense Javier López Macías, representante de la Unión Nacional Integradora de Organizaciones Solidarias y Economía Social (Unimoss) –parte de El Campo es de Todos–, criticó la idea de López Obrador de otorgar los recursos de los programas sociales directamente a los beneficiarios.
Alegó que esas personas serían víctimas de grupos criminales y aclaró: “No nos preocupa el que, como organización, no recibamos el dinero, porque en Unimoss hay transparencia”. Sin embargo, en 2016 su membrete recibió 35 millones de pesos de la Sedesol.
Además, la Sedesol tenía registradas 79 organizaciones “independientes”. No todas éstas recibieron dinero en 2016 y 2017, pero cuando lo obtuvieron fueron montos menores. La excepción fue la Central Campesina Cardenista Democrática, que recibió 37 millones 750 mil pesos en 2016. Su líder, el expanista Francisco Román Sánchez, fue candidato local por el PRI en las elecciones pasadas y apoyó la campaña presidencial de Meade.
Los recursos de la Sedesol se dieron debajo de la mesa, y de manera extralegal. Pero el gobierno federal entregó otros fondos a estas organizaciones a través de donativos y diversos programas.
En respuesta a una solicitud de información de este semanario, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) entregó un desglose de 542 organizaciones sociales apoyadas a través del programa Fomento al Desarrollo Agrario (Formar) entre 2013 y 2015, con montos de entre 200 mil pesos y 4 millones 500 mil pesos y una inversión total de 582 millones de pesos. En los años siguientes, este programa se fusionó con otro de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa).
De acuerdo con este documento, la Sedatu entregó 4 millones 500 mil pesos a la Unión General Obrera Campesina y Popular (UGOCP) –integrante de El Campo es de Todos–, en tanto que CCI, UNORCA, CNPA, CODUC, AFODEPO y otras recibieron 2 millones 750 mil pesos cada una.
“Piquete de ojos”
Durante su conferencia de prensa matutina del pasado 5 de febrero, López Obrador anunció que su gobierno ya no entregará recursos a organizaciones ni a fundaciones, para evitar que sus líderes se aprovechen: “Hay piquete de ojos o hay moche, entonces queremos que (el apoyo) llegue completo, de la Tesorería al beneficiario”.
`Se refirió específicamente a las estancias infantiles, así como a la senadora panista y excandidata presidencial Josefina Vázquez Mota, cuya fundación Juntos Podemos recibió 900 millones de pesos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) entre 2014 y 2015 para la defensa de mexicanos en Estados Unidos, como lo reveló Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), en octubre de 2016, y lo confirmó, un año más tarde, la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Entre 2013 y 2017 el gobierno de Peña Nieto otorgó 37 mil 400 millones de pesos en “apoyos” y “estímulos económicos” a organizaciones de la sociedad civil, reveló la agencia Apro el jueves 7. Pero los datos del Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol) no incluyen los nombres de dichas organizaciones.
Sin embargo, los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública que realizó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en los últimos seis años sí ofrecen un desglose, pero solamente registran apoyos por 10 mil 950 millones de pesos.
Esos recursos fueron justificados de diversas maneras, ya sea para proyectos como la organización de festivales o el apoyo a espacios culturales o asociaciones que ayudan a personas enfermas, la realización de obras públicas e incluso para financiar federaciones deportivas, como el Comité Olímpico Mexicano.
No queda claro si López Obrador planea eliminar estos subsidios. Si fuera el caso, afectaría al magnate Ricardo Salinas Pliego, dueño de Grupo Salinas y de TV Azteca, e integrante del “consejo asesor” del presidente.
Según los informes de la SHCP, la organización más beneficiada por donativos y subsidios durante la administración de Peña Nieto fue la Asociación Azteca de la Cultura y las Artes, que recibió 634 millones 449 mil pesos de la Secretaría de Cultura para financiar sus Orquestas Infantiles. Dicha asociación forma parte de la rama “filantrópica” de Grupo Salinas, pero la organización periodística Quinto Elemento Lab mostró que en realidad financia sus obras de interés social con recursos públicos otorgados a través de donativos.
Al inicio de su administración, López Obrador eligió a Banco Azteca para distribuir el dinero de los programas sociales a través de las llamadas “tarjetas del bienestar”. Además, Salinas Pliego tiene aliados en el gabinete, como el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, quien presidió durante 17 años la Fundación Azteca.
Los informes de la SHCP muestran que el gobierno de Peña Nieto apoyó a 2 mil 34 organizaciones o fundaciones –pero también a gobiernos municipales y a los estatales de Campeche, Tabasco y Veracruz– con montos de entre 3 mil y cientos de millones de pesos.
Un pequeño grupo de 94 organizaciones y gobiernos concentró la mitad de los recursos totales, y el resto se distribuyó entre mil 939. Muchas organizaciones realizan obra social que el gobierno no atiende, y dependen de estos subsidios para sobrevivir; otras tienen un perfil más político.
Entre las organizaciones más beneficiadas destacan Poder Cívico, representada por Andrés Roemer Slomianski –exdiplomático y exconductor de un programa en TV Azteca–, la cual recibió 160 millones de pesos entre 2013 y 2018 para organizar la Ciudad de las Ideas. También es el caso de la asociación Educadores Somos Todos, que recibió 134 millones de pesos y cuya representante, Silvia Iveth Garza Garza, recibió en 2012 del Partido Nueva Alianza 324 mil 800 pesos por servicios de asesoría.
La Fundación Organizados para Servir, del exsenador priista Gerardo Sánchez García, recibió 75 millones de pesos; RJCG, representada por la panista María Fernanda Gatica Garza, recibió 39 millones de pesos para realizar actividades culturales en Querétaro; la Fundación Hidalguense, representada por el diputado local de Morena Rafael Garnica Alonso, recibió un monto algo menor.
Algunas organizaciones sociales que recibieron apoyos de la Sedesol también recibieron donativos registrados en la SHCP, aunque con montos menores: la Central Campesina Independiente recibió 5 millones 750 mil pesos de la Sagarpa, principalmente en 2017; la UGOCP obtuvo 4 millones de pesos; la CIOAC y Unimoss, 3 millones.
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Proceso # 2206, 10 de febrero de 2019
Chambas multimillonarias a costa del cargo. De presidentes a siervos de trasnacionales/
ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA
En todo el mundo se le conoce como revolving door: es el fenómeno mediante el cual funcionarios de alto rango de algún gobierno son contratados, luego de terminar su encargo público, por grandes empresas a las que pudieron haber beneficiado o que se beneficiarán de sus conocimientos e influencias. México es un escandaloso ejemplo de ese tipo: además de muchos secretarios de Estado y directores de paraestatales, tres expresidentes han aprovechado muy bien esas puertas giratorias.
Al dejar sus tareas gubernamentales, tres expresidentes y más de 30 exfuncionarios –desde secretarios de Estado a directores de paraestatales o de la banca de desarrollo– hallaron acomodo en empresas relacionadas con los sectores que atendieron a su paso por la administración pública.
Los expresidentes son Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa. Excepto el segundo, los otros dos fueron identificados por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien calificó de inmoral que ahora prestaran servicios al sector privado.
El paso de la administración pública al ámbito empresarial, y viceversa, es conocida en la política internacional como revolving door (puerta giratoria), y de los sexenios recientes el más abundante en esos casos fue el de Calderón, de cuyos funcionarios de alto rango al menos 13 terminaron, como él mismo, en grandes empresas.
La pertenencia de Calderón al consejo de administración de Avangrid, filial de Iberdrola –la trasnacional energética de origen español–, fue aludida por López Obrador el lunes 4 durante su conferencia de prensa matutina. Sin decir los nombres del expresidente ni de la empresa, dijo que ésta le vende energía a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y contrató a un expresidente.
Desde luego el caso fue identificado, pues la propia Avangrid lo hizo público en 2016. Pero en Iberdrola, desde 2013, cinco meses después de haber concluido su cargo en la dirección de Banobras, fue integrada al consejo de administración Georgina Kessel, quien se desempeñó con Calderón como secretaria de Energía, luego de presidir, entre otras cosas, la Comisión Reguladora de Energía.
Iberdrola se desmarcó el martes 5, informando que Calderón dejó su puesto en 2018, algo que el propio exmandatario había afirmado, recordando que la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos sólo prohíbe el desempeño en una empresa durante el año posterior a dejar el cargo.
El martes 5, López Obrador fue cuestionado al respecto –luego de que Calderón lo retara a debatir para explicar la procedencia de sus respectivos recursos– y entonces dijo que no era el único caso; mencionó a Zedillo, quien privatizó Ferrocarriles Nacionales para luego ser contratado por una de las trasnacionales beneficiadas. También aludió a los secretarios de Energía que trabajaban en empresas del sector.
En efecto, dos meses después de dejar la Presidencia, en enero de 2001, Zedillo se integró al consejo de administración de Union Pacific, el gigante ferroviario estadunidense que se asoció con Grupo México para desarrollar Ferromex.
Zedillo, primer presidente desde Miguel Alemán que incursionó abierta y activamente en el sector privado, se convertiría en miembro de los consejos de Alcoa, fabricante de productos de aluminio en México que, durante su gobierno, dejó impune el accidente industrial que intoxicó a casi 200 obreros en Ciudad Acuña, Coahuila. También ha sido consejero del gigante de productos sanitarios Procter & Gamble, de la editorial española Grupo Prisa, así como de Everis, la consultora de tecnologías de la información.
Finalmente, la otra alusión de López Obrador fue al rescate bancario durante el sexenio de Zedillo y cómo ahora es miembro de la junta de Citigroup, que en 2001 adquirió al rescatado Banamex.
No se refirió a Fox, quien apenas terminado su sexenio inició una intensa actividad privada.
En su libro Fox. Negocios a la sombra del poder (Grijalbo, 2017) el periodista Raúl Olmos documentó que en agosto de 2007 el exmandatario guanajuatense recibió un regalo peculiar: las acciones de la empresa Transportes FL, filial de Grupo Muebles y Mudanzas, que con él, su esposa, Marta Sahagún, y su hijo Rodrigo como accionistas, incrementó sus ventas en el gobierno de Calderón. Pasó de 82 millones de pesos entre 2002 y 2006, a mil 103 millones entre 2006 y 2012, y se multiplicarían en el sexenio de Enrique Peña Nieto hasta alcanzar mil 400 millones de pesos en tres años.
No es todo. Olmos acreditó que el expresidente es gestor de compañías trasnacionales, como General Motors y Citibank, de Estados Unidos; de Beijing Sansong Group, de China; y UST Global, de la India. En tanto, por los negocios que le consigue a la petrolera EIM Capital, la utilidad que recibe es de 6%. Además dicta y cobra decenas de conferencias, y desde que dejó el cargo ha fundado más de 30 empresas con su esposa.
En su conferencia del martes 5, López Obrador expuso: “Además, debe de ser un asunto legal. Un presidente tiene toda la información estratégica del país, por su cargo establece relaciones. Entonces, si no es ilegal es inmoral”.
Jugosos negocios
Georgina Kessel no es la única extitular de Energía que ha disfrutado de un empleo de puerta giratoria, pues Manuel Alcocer, subsecretario de la misma dependencia en el sexenio calderonista, también pasó por el consejo de Iberdrola.
También hay casos de negocios familiares. Al finalizar el sexenio de Fox estalló una crisis en el sector minero-metalúrgico, a partir de las pesquisas contra el dirigente sindical Napoleón Gómez Urrutia. Fernando Canales Clariond fue titular de Energía en el sexenio foxista.
Entre paros, huelgas y represiones en las principales acerías mexicanas concluyó el gobierno de Fox el último día de noviembre de 2006 y con eso, Canales Clariond regresó a sus negocios. Aunque la ley prohibía expresamente que se desempeñara en empleos relacionados con su anterior cargo hasta durante un año, para abril de 2007, cinco meses después de la entrega-recepción, había conseguido encabezar a sus hermanos en la adquisición del Grupo IMSA, en una compra a sus primos, los Clariond-Reyes Retana.
IMSA terminaría adquirida por el trasnacional Grupo Techint, un gigante industrial italoargentino, que para entonces se había visto envuelto en escándalos de corrupción en distintos países, precisamente con secretarios de Energía y Economía.
Luego de graves crisis y altibajos, a partir de 2003, cuando Fernando Canales se convirtió en el secretario de Economía, IMSA tuvo un crecimiento inaudito: sus ventas netas pasaron de poco más de 20 mil millones de pesos anuales a 37 mil 502 millones en 2006, de acuerdo con el último informe anual entregado por el hoy extinto corporativo a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). La propia presentación de ese informe, firmada por Marcelo Canales Clariond, asentó que eran “los mejores resultados en la historia” de la empresa.
La ganancia obtenida tras la compra-venta se calculó en 507 millones de dólares, derivados de una operación por 3 mil 227 millones de dólares. Un jugoso negocio por el que el gobierno de Calderón ni siquiera abrió un expediente administrativo (Proceso 1600).
Fernando Elizondo relevó a Canales en el gobierno de Nuevo León para que éste se convirtiera en secretario de Economía en enero de 2003.
De junio de 2004 a septiembre de 2005, Elizondo fue secretario de Energía, cargo que dejó para buscar un escaño en el Senado, mientras Canales lo reemplazaba.
En ese periodo hubo una operación similar a la de IMSA, en Hylsa. En 2005 la acerera que fue de Grupo Alfa tenía como director a Alejandro Elizondo Barragán, hermano del secretario.
Hylsa se vendió también a Techint, que mantuvo en la dirección a Alejandro.
Actualmente Canales Clariond es consejero de Autlán, empresa minera y metalúrgica que ya incursionó también en la generación de electricidad, sectores que estuvieron bajo su responsabilidad en el sexenio foxista.
En el caso Canales y Elizondo, sus trayectorias y fortunas eran de abolengo, pero ya desde la élite salinista y aun antes los titulares de las secretarías hoy llamadas de Energía y de Economía fueron trampolín de incursiones en el ámbito privado.
Por ejemplo, Pascual Gutiérrez Roldán, director de Pemex en el gobierno de Adolfo López Mateos, fundó Grupo Idesa, la empresa dedicada al sector energético, hoy propiedad de sus descendientes, la familia política del actual titular de la secretaria de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú.
Pero ha sido en los últimos 30 años cuando los titulares de esas estratégicas áreas han encontrado acomodo en el sector privado: del sexenio de Carlos Salinas de Gortari destaca quien fuera titular de Pemex, Carlos Ruiz Sacristán, actual presidente de la trasnacional estadunidense en México IEnova (antes Sempra), dedicada a negocios en el sector energético. La firma llegó al país en 1990, cuando inició sus inversiones en almacenamiento y transporte de gas, hasta operar un enorme complejo en Ensenada, Baja California.
Con Ruiz Sacristán al frente, IEnova se convirtió en socia de Pemex para operar en absoluta opacidad los negocios relacionados con el gasoducto Los Ramones, y obtuvo varios de los proyectos principales de la CFE.
Secretario de Energía con Ernesto Zedillo y director de Pemex con Felipe Calderón, Jesús Reyes Heroles González Garza fue consejero de OHL, la constructora de origen español que dio en el clavo de las puertas giratorias: por su consejo de administración desfilaron también Ruiz Sacristán, Emilio Lozoya Austin (antes de ser director de Pemex), bajo la convocatoria de José Andrés de Oteyza, quien fuera secretario de Patrimonio en el sexenio de José López Portillo.
Inmersa en escándalos de corrupción, revelados desde los proyectos que lo favorecieron en el sexenio estatal y luego federal de Enrique Peña Nieto (además de otros escándalos en España) en diferentes proyectos de infraestructura, inclusive energética, OHL cambió su nombre y ahora se llama Aleática, y es presidida por Sergio Hidalgo Monroy, quien fue titular del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (y luego del ISSSTE) durante el sexenio de Felipe Calderón, en el que le tocó liquidar bienes de Luz y Fuerza del Centro.
Otros casos de exdirectores de Pemex son los zedillistas Andrés Lajous y Rogelio Montemayor Seguy; el primero ahora consejero de la trasnacional petrolera Schulemberger y el segundo, promotor del fracking con el Clúster Energético. Comisionado de la Comisión Reguladora de Energía, Raúl Monforte es consejero de la trasnacional energética Fermaca.
Alfredo Elías Ayub dirigió 12 años la CFE (1999-2011). Tres presidentes lo mantuvieron; a su salida de ese organismo se convertiría en consejero, sólo por lo que corresponde a las firmas que cotizan en la BMV, de Rotoplas, Banorte y la mineroenergética Rassini.
Pese a errores
Llamados tecnócratas en los noventa, los miembros de la élite que mantuvo el control del gabinete económico presidencial así como del Banco de México varios sexenios, han logrado acomodarse a pesar de sus pifias.
Señalado como responsable del “error de diciembre” que causó la crisis económica de 1994-1995, Jaime Serra Puche es uno de los más breves titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), cuya titularidad ocupó 29 días.
Secretario de Comercio y Fomento Industrial (hoy Economía) en el sexenio salinista, Serra Puche es consejero de Bancomer, la minera Fresnillo PLC, la italoargentina Tenaris y la regiomontana Vitro. Su sucesor en ese cargo, titular durante todo el sexenio de Zedillo, fue Herminio Blanco, quien ya presidió Iberdrola y actualmente es consejero de los corporativos Cydsa y Rassini.
Otro titular de la SHCP, sucesor de Serra Puche y gobernador del Banco de México de 1998 a 2009, fue Guillermo Ortiz Martínez, actualmente consejero de First Reserve, Chedraui, Banorte, Grupo Aeroportuario del Sureste y Mexichem, la primera y la última con intereses en el sector energético.
Entre los escándalos más sonados está el del foxista Francisco Gil Díaz, quien dejó la SHCP para incorporarse al banco HSBC semanas después de dejar el cargo. Desde entonces ha pasado por los consejos de Telefónica y Avanzia.
Mario Laborín, titular de Nacional Financiera y Bancomext, ahora preside el banco ABC Capital, además de pertenecer a los consejos de Cydsa, Megacable y Vitro. En tanto, uno de sus sucesores, Héctor Rangel Domene, es ahora presidente de BCP Securities y consejero de la aseguradora Grupo Nacional Provincial.
Los casos se acumulan en todos los sectores: el calderonista Juan Rafael Elvira Quesada, titular de Medio Ambiente ese sexenio, creó la firma Asesoría Legal y Ambiental, además de ser consejero de Altos Hornos de México.
El calderonista secretario de Economía, Gerardo Ruiz Mateos, es consejero de las empresas Novocapre, Compartec y de la armamentista Productos Mendoza. Dionisio Pérez Jácome, extitular de Comunicaciones y Transportes, participa en Libertad Servicios Financieros, la empresa que se vio implicada en el escándalo de corrupción calderonista de Oceanografía, dedicada a arrendar buquetanques y plataformas a Pemex.
De todos, el más activo ha sido Luis Téllez Kuenzler, secretario de Energía con Zedillo, de Comunicaciones y Transportes con Calderón y luego presidente de la BMV, que ha pasado por empresas como Carlyle Group, Kohlberg Kravis Roberts & Co., Grupo México, Femsa, BBVA Bancomer, Desc, Geupec, Cultiba y Grupo Aeroportuario del Pacífico, empresas todas relacionadas con los cargos públicos que desempeñó, no exento de escándalos de corrupción.
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La pasarela cuestionada/JORGE CARRASCO ARAIZAGA
Proceso # 2206, 10 de febrero de 2019
Pese a los cuestionamientos que Andrés Manuel López Obrador ha recibido por el hecho de impulsar una terna de candidatas afines a Morena –Yasmín Esquivel Mossa, Loretta Ortiz Ahlf y Celia Maya García– para suplir a la ministra Margarita Luna Ramos en la Suprema Corte, una vez que el Senado se decida por cualquiera de ellas el mandatario tendrá la fuerza suficiente para configurar un Poder Judicial más proclive al Ejecutivo. En otras palabras, lo convertirá en una especie de aduana constitucional para sus proyectos de gobierno.
Con la designación de la próxima ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que saldrá de entre sus aliadas en Morena y su proyecto de gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador dará un paso más en la configuración de un Poder Judicial más cercano al Ejecutivo federal.
Los cambios en el máximo tribunal del país y en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) han despejado el camino al presidente de la República en su relación con el Poder Judicial de la Federación (PJF), aunque no ha dejado de mostrar su encono con jueces, magistrados y ministros.
La terna que presentó para sustituir a la ministra Margarita Luna Ramos a partir del martes 19 es el continuo de una serie de movimientos que el Ejecutivo ha logrado al interior del PJF, sobre todo en la Corte, que será la aduana constitucional para sus principales proyectos de gobierno, desde la reducción de los sueldos de los altos funcionarios hasta la creación de la Guardia Nacional, pasando por la creación de los llamados superdelegados estatales.
La designación del ministro Arturo Zaldívar como presidente de la Corte y la renuncia de la magistrada Janine Otálora Malassis como presidenta del TEPJF después de que votara por la validez de la elección en Puebla a favor del PAN enmarcan la llegada de quien será la nueva ministra.
El Senado deberá decidir de entre las tres candidaturas presentadas por el presidente de la República, todas vinculadas a Morena o a su gestión gubernamental: la magistrada Yasmín Esquivel Mossa, presidenta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la Ciudad de México, la académica Loretta Ortiz Ahlf y Celia Maya García, magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Querétaro.
Las tres tienen una relación directa con el oficialismo. Esquivel Mossa es la esposa del empresario José María Rioboó, un contratista cercano al presidente desde que éste fue jefe de Gobierno de la Ciudad de México, entre 2000 y 2005.
Ortiz Ahlf fue integrante del equipo de transición y es esposa de José Agustín Ortiz Pinchetti, secretario de Gobierno de López Obrador en el gobierno de la capital, uno de los autores de la Constitución Moral del gobierno federal y recién nombrado titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE).
Maya García buscó la candidatura de Morena al Senado por Querétaro y antes fue candidata del PRD al gobierno de esa entidad.
Loretta Ortiz y Celia Maya también formaron parte de la primera terna presentada en diciembre pasado por el presidente López Obrador para ministro de la Suprema Corte. La designación recayó en Juan Luis González Alcántara Carrancá, cuyo primer acto como ministro de la SCJN fue favorecer la candidatura del ministro Arturo Zaldívar a la presidencia del máximo tribunal.
La defensa de AMLO
El lunes 4, el presidente López Obrador salió en defensa de su segunda terna para la SCJN. Ante las críticas por la estrecha cercanía de las candidatas, el presidente dijo que no hay ningún impedimento para que miembros de su partido, Morena, puedan ser postulados.
En efecto, en los requisitos establecidos en la Constitución para ser ministro no se condiciona la militancia o cercanía política con el presidente, pero López Obrador y el coordinador de la bancada de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, han expresado severas críticas al funcionamiento del PJF. El senador y exgobernador de Zacatecas incluso ha propuesto iniciativas para reformar ese poder; entre ellas la rotación de los jueces y ministros, y el mecanismo de designación de los integrantes del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), encargado de vigilar y administrar a los tribunales federales.
En la misma conferencia de prensa en la que defendió su segunda terna para la Suprema Corte el jefe del Ejecutivo federal advirtió que durante su gobierno “por lo menos” va a denunciar al juez, magistrado (y) ministro que proteja a un delincuente de cuello blanco que solape un acto de corrupción”.
López Obrador dio ese mensaje después de que le atribuyera a su gobierno haber detenido una millonaria devolución de impuestos a exaccionistas del Grupo Modelo. Según el presidente, la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República y el Servicio de Administración Tributaria intervinieron para modificar un proyecto en la SCJN y evitar que Hacienda retornara 35 mil millones de pesos por la venta de acciones del grupo cervecero.
López Obrador siguió en su arremetida en torno al PJF: “Nada de que me voy a quedar callado. Una cosa es el respeto a otro poder y otra cosa es que sabiendo que hubo una transa me quede yo callado, porque no voy a ser cómplice”. Y remató: “El pueblo se cansa de tanta pinche transa. Para que quede claro”.
El presidente de la SCJN, el ministro Arturo Zaldívar, prefirió evitar el tema. Al día siguiente del embate presidencial, durante la ceremonia por el 102 Aniversario de la Constitución Mexicana, pronunció un discurso que estuvo en la misma línea del proyecto social de López Obrador.
En la ceremonia de Estado realizada en Querétaro, Zaldívar habló de la deuda “con el pueblo de México, los desprotegidos, los discriminados, las mujeres, las niñas y niños, los grupos vulnerables y las personas con discapacidad”, y se pronunció por “un nuevo paradigma” para que los jueces participen en el cumplimiento “del programa social de la Constitución”.
Puntualizó: Los jueces federales deben asumir, “sin ambages”, un “constitucionalismo social transformador” para “construir una sociedad más igualitaria”.
Zaldívar ocupó la presidencia de la SCJN y del CJF el 2 de enero pasado y habrá de acompañar al gobierno de López Obrador durante cuatro años, hasta enero de 2022. Con apenas tres semanas como máximo representante del Poder Judicial de la Federación, su gestión quedó marcada con la renuncia de la magistrada Janine Otálora a la presidencia del TEPJF. La magistrada renunció a la presidencia del máximo tribunal electoral el 23 de enero, luego de su rechazo a anular la elección para gobernador en Puebla y que perdió Morena el año pasado. La negativa del TEPJF fue calificada por el presidente de la República como “antidemocrática”.
Los retos del ministro Zaldívar
De acuerdo con funcionarios tanto del alto tribunal como del TEPJF consultados por Proceso, fue el presidente de la Corte quien directamente le pidió a la magistrada la renuncia a la presidencia del Tribunal Electoral ante el conflicto generado por el fallo.
La renuncia de Otálora como presidenta había sido pedida por el magistrado electoral José Luis Vargas, quien como ponente del caso propuso anular la elección que favoreció a la candidata del PAN, Martha Érika Alonso. La gobernadora falleció el 24 de diciembre, a sólo 10 días de haber asumido el cargo, cuando se desplomó el helicóptero en el que viajaba con su esposo, el senador panista Rafael Moreno Valle, quien también murió.
Requerida por Proceso ante este señalamiento de intervención, la SCJN respondió con una réplica a una versión similar publicada en el periódico El Financiero. Según esa contestación, fechada el 30 de enero, la presidencia de la Corte “no ejerce decisiones o facultades de manera vertical con jueces o magistrados federales”.
El presidente de la Corte tiene en puerta otro tema que habrá de definir su relación con el titular del Ejecutivo: el futuro de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, en la que se estableció que nadie en el sector público debe ganar más de 108 mil pesos que el propio López Obrador se fijó.
La ley, que enfrenta diversos juicios constitucionales interpuestos por integrantes del propio PJF como de organismos autónomos, se encuentra suspendida por determinación del ministro Alberto Pérez Dayán y excontendiente de Zaldívar por la presidencia de la Corte.
Se espera que en los próximos días el máximo tribunal resuelva los recursos interpuestos por la Cámara de Senadores y la Presidencia de la República en contra de esa suspensión. Pero la resolución de fondo sobre la constitucionalidad de la ley deberá esperar aún algunos meses.
Lo que ocurra con la polémica ley pasará también por la decisión de quien será la nueva ministra de la Suprema Corte. Además, quien remplace a Luna Ramos habrá de votar en la acción de inconstitucionalidad promovida ante la Corte por la oposición en contra de la figura de los superdelegados, otro de los proyectos centrales del presidente López Obrador.
La terna
Entre las candidatas de la Presidencia de la República destaca la magistrada Yasmín Esquivel Mossa, no sólo por su cargo como presidenta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la Ciudad de México, sino por ser la esposa del constructor cercano a López Obrador, José María Rioboó.
Además de haber obtenido adjudicaciones directas del gobierno de López Obrador en la Ciudad de México, como la del proyecto ejecutivo de los segundos pisos del Periférico, Grupo Rioboó apoyó a López Obrador en su determinación de anular el nuevo aeropuerto internacional en Texcoco y construirlo en la base aérea de Santa Lucía. Según el presidente, Rioboó no será contratista en las nuevas obras de la terminal aérea en el Estado de México.
Con dos décadas de desempeño jurisdiccional, la misma magistrada Esquivel ha sido el centro de polémicas. A propósito de su reelección como magistrada en el Tribunal de los Contencioso, en 2015, aprobada por la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal, ahora Congreso de la Ciudad de México, organizaciones de la sociedad civil, académicos y la oposición cuestionaron su desempeño y su conflicto de interés por estar casada con el constructor.
Recordaron que frenó un juicio de nulidad en contra de la construcción de la Supervía, vialidad de ocho kilómetros entre el sur y el poniente de la Ciudad de México que contó con la participación de la empresa de su esposo. La obra se terminó y la vía comenzó a operar sin que se hubiera dictado sentencia en el juicio iniciado a raíz de una demanda interpuesta por vecinos afectados por la obra.
También recordaron que falló a favor del colegio Westhill, en cuyo Consejo de Administración participa el matrimonio. La escuela quedó en el centro de un escándalo en 2015 cuando encarceló a una pareja de venezolanos que había emprendido una demanda por daño moral.
En declaraciones púbicas, la magistrada Esquivel ha dicho que la llegada de Zaldívar a la presidencia de la Corte acabó con el enfrentamiento que había con el Ejecutivo. Además, ha negado que tenga conflicto de interés porque su esposo, a quien dice conocer hace siete años, no participa en el proceso de selección de los ministros.
Quien asimismo niega que haya conflicto de interés en el caso de su postulación para ministra es la académica Loretta Ortiz. Argumenta también que su trayectoria profesional es anterior a su relación con su actual esposo, José Agustín Ortiz Pinchetti, uno de los principales colaboradores de López Obrador. En el gobierno de la capital, él fue secretario de Gobierno, participa en la elaboración de la Constitución Moral del gobierno federal y, a propuesta de Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República, el Senado lo nombró el viernes 8 titular de la FEPADE.
Especializada en derecho internacional y derechos humanos, Loretta Ortiz estuvo encargada de los foros de pacificación durante el periodo de transición. En lo que pasó como la primera pifia del equipo lopezobradorista, cuando apenas tenía dos semanas de haber ganado las elecciones, la académica anunció que el Papa Francisco había aceptado participar en los foros a su cargo. La información fue desmentida de inmediato por el Vaticano.
Al igual que Ortiz, Celia Maya García fue incluida por López Obrador en la segunda terna. Magistrada en Materia Civil del Tribunal Superior de Justicia de Querétaro, también tiene una gran cercanía con Morena. A diferencia de las otras dos candidatas, carece de vínculos estrechos con López Obrador, aunque sí ha recibido ofertas del presidente para ser parte de su gobierno.
El año pasado buscó llegar al Senado por Morena, después de haber sido candidata por el PRD para el gobierno de Querétaro en 2003, pero ese partido le pidió el lugar para el actual senador, Juan José Jiménez Yáñez.
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Venezuela: bomba de tiempo en el caos mundial/OLGA PELLICER
Proceso # 2206, 10 de febrero de 2019
Lo que está ocurriendo en Venezuela no puede verse sólo desde la perspectiva de un régimen dictatorial que ha conducido a una crisis económica y humanitaria de grandes proporciones. La situación actual en ese país conlleva también la acción de fuerzas conocidas por sus tendencias intervencionistas de larga data, cuyos efectos negativos son ampliamente conocidos en América Latina y se resienten actualmente en diversas partes del mundo.
Venezuela ha dejado de ser un problema de dictaduras latinoamericanas para convertirse en un centro de gravedad a partir del cual se define la influencia que tendrán en el hemisferio occidental grandes actores de la política internacional. Sin duda, la responsabilidad de Nicolás Maduro es enorme. Pero no lo es menos la de todos aquellos para quienes Venezuela es una pieza que les permite hacer valer sus intereses ideológicos, económicos, políticos o militares de manera que no contribuye, necesariamente, al interés superior de devolver la estabilidad y el respeto a los derechos humanos en ese país.
Las limitaciones de la OEA
El tratamiento del problema venezolano en la política internacional ha atravesado diversas etapas. La primera tuvo lugar, principalmente, en el ámbito del organismo regional americano (OEA) y giró principalmente en torno a cómo enfrentar el deterioro de las instituciones democráticas.
No es ocioso recordar que, desde el final de la Guerra Fría, el tema de la participación de organismos multilaterales en la defensa de la democracia ha dado lugar a numerosas reflexiones. Está abierto el debate sobre hasta dónde pueden factores externos ser elementos decisivos en el devenir de procesos políticos internos; asimismo existen múltiples opiniones sobre las atribuciones que deben tener organismos internacionales o grupo ad hoc para que sus acciones cumplan dos requisitos: de una parte, no se queden en exhortaciones o declaraciones puramente verbales, cuya influencia en el desarrollo de los acontecimientos es marginal; y de la otra, preserven los principios del derecho internacional relativos a la no intervención en asuntos del orden jurídico interno que, como se sabe, están contenidos en la Carta de las Naciones Unidas y de la OEA.
El renacimiento de la OEA en el decenio de los noventa se debió, en gran medida, a las nuevas funciones que se le atribuyeron para la promoción de la democracia. Todo comenzó en la Asamblea General celebrada en Santiago de Chile en 1991, donde se aprobaron el Compromiso de Santiago con la Democracia y la Resolución 1080 sobre Democracia Representativa. A esos documentos siguieron otros que fueron ampliando compromisos hasta llegar, en 2001, a la Carta Democrática Interamericana.
A pesar de la insistencia con la que se alude a dicha Carta, la verdad es que se trata de un documento muy declarativo y poco operativo. Las acciones concretas establecidas allí para influir sobre situaciones que ponen en riesgo el orden constitucional y la democracia son dos: el secretario general de la OEA puede elaborar un Informe sobre el particular y convocar al Consejo Permanente para una evaluación colectiva del mismo y decidir sobre la puesta en marcha de iniciativas diplomáticas, incluyendo los buenos oficios, que contribuyan a la restauración del orden democrático. De no tener éxito tales iniciativas, se convocará entonces a una sesión especial de la Asamblea General de la OEA, la cual puede decidir, con una mayoría de dos tercios, la suspensión del Estado en cuestión de su derecho a participar en las actividades de la organización.
El tema de Venezuela tardó en llegar a la OEA. Los gobiernos latinoamericanos y caribeños tenían motivos para ver con distanciamiento y cautela lo que podía prosperar allí. En primer lugar, desde el punto de vista de elecciones libres, éstas fueron ganadas ampliamente por Hugo Chávez, verdadero ídolo de sus millones de seguidores y, aunque sólo en sus primeros momentos, por su seguidor Nicolás Maduro.
En segundo lugar, Venezuela contó con aliados sólidos entre los países latinoamericanos. No se puede menospreciar la influencia del pensamiento de Chávez en la conformación de la Alianza Bolivariana, cuya ideología y seducción sobre varios países de la región, como Ecuador, Bolivia y Nicaragua, duró varios años. Además, Venezuela gozaba de clara solidaridad por parte de dos de los países latinoamericanos de mayor peso: Argentina y Brasil.
Con tales antecedentes, la participación de la OEA en el tema de Venezuela fue posible por tres grandes cambios que tuvieron lugar en su situación interna y en el ambiente político latinoamericano en los últimos cuatro años. Internamente, la caída en los precios del petróleo que redujo notablemente el campo de acción de Venezuela para preservar su influencia en otros países y, sobre todo, mantener a flote una economía casi totalmente dependiente del exterior; muy pronto el desabasto se hizo sentir en todos los niveles, incluyendo bienes indispensables para la alimentación y la salud.
La situación anterior contribuyó al fortalecimiento de la oposición, que obtuvo su primer gran triunfo al ganar la mayoría de la Asamblea Nacional en las elecciones de 2015. Fue entonces cuando salieron a la luz los aspectos más autoritarios del ya desacreditado gobierno de Maduro. La Corte Suprema de Justicia, controlada por el Poder Ejecutivo, despojó al Parlamento de sus poderes; el Ejecutivo suspendió el referendo revocatorio del presidente Maduro en octubre de 2016, así como las elecciones de gobernadores estatales. En los últimos cuatro años, cientos de personas, entre ellas los líderes más destacados de la oposición, han sido encarceladas y miles son detenidos por sus ideas.
El segundo gran cambio que favoreció la intervención de la OEA se relaciona con el giro en la vida política de América Latina que supuso la derrota de gobiernos de izquierda en Argentina y Brasil. Era evidente que los nuevos gobernantes seguirían líneas distintas hacia Venezuela, colocando ahora su esfuerzo en desprestigiar los resultados de gobiernos populistas cuya mejor expresión era el llamado socialismo del siglo XXI.
El tercer gran cambio tiene que ver con la llegada a la Secretaría General de la OEA, en marzo de 2015, de Luis Almagro, una personalidad decidida a utilizar los instrumentos de la organización para defender la democracia. Que, como ya señalamos, tales instrumentos tengan una posibilidad de incidencia real muy limitada es otro problema. El hecho es que ha sido posible darle un espacio a la organización para convertirse en pieza central para clamar por la democracia en Venezuela.
La decisión adoptada en el Consejo de la OEA el 28 de marzo de 2017, según la cual se daba una oportunidad a las iniciativas diplomáticas que condujeran a la celebración de elecciones y liberación de presos políticos en Venezuela, no tenía posibilidades de éxito. El comportamiento del delegado venezolano en la reunión, centrado en la descalificación del secretario general y todos quienes apoyaron su esfuerzo, presagió los peores resultados.
Fue el comienzo de una serie de acciones que evidenciaron el escaso campo de maniobra del que goza la organización como factor decisivo para darle solución a los problemas que involucran procesos democráticos. Formó parte de tales acciones la poco afortunada Asamblea General de la OEA celebrada en Cancún, México, en 2017. No es extraño que sus sesiones hayan sido tormentosas. Se conocía la agresividad verbal de la representante venezolana. Lo que llamó la atención fue que México, tradicionalmente distante de la OEA, se ofreciera a la celebración de tal asamblea, cuyo documento final difícilmente respondería a las expectativas que se habían creado.
Como era previsible, la oposición de los países caribeños se hizo sentir y no se logró aprobar el texto condenatorio de Venezuela que se esperaba. En todo caso, la finalidad última, que era expulsar a Venezuela de la OEA, se resolvió motu proprio cuando Maduro decidió, poco después, abandonar la organización.
Otros intentos infructuosos de mediación
Paralelamente al trabajo de la OEA, tuvieron lugar diversas acciones externas a través de las cuales se buscó alentar entendimiento entre el gobierno de Maduro y los grupos de oposición. Los primeros intentos se dieron entre 2016 y 2017, cuando los expresidentes de República Dominicana, Panamá y España, con el respaldo de Estados Unidos y el Vaticano, intentaron ser mediadores entre el gobierno y la oposición. Personajes de ambas partes participaron en pláticas auspiciadas por la Unión de Repúblicas de América del Sur (Unasur). Al final sólo quedaron acusaciones en el sentido de que Maduro utilizaba esas pláticas para desprestigiar a la oposición y ganar tiempo para seguir adelante con el desmantelamiento de las instituciones democráticas.
Al rememorar aquellos intentos de mediación, no es ocioso hacer notar algunas de las omisiones que limitaban sus resultados. Se advierte, por ejemplo, la ausencia en el diálogo de países que hubiesen podido ejercer verdadera presión sobre el gobierno de Venezuela. En primer lugar, Cuba; su presencia en la realidad venezolana es muy grande, notoria, desde luego, en los programas de salud, pero sobre todo en los sistemas de seguridad, tanto en el ejército como en las milicias surgidas en los Comités de Barrio. Se siente, incluso, en la manera de contener grandes manifestaciones que, toda proporción guardada, es más profesional de lo que ocurre en otros países latinoamericanos.
Segunda omisión importante fue la ausencia de los países que mayormente importan para la economía venezolana, como son China, Rusia y Estados Unidos: uno como comprador de petróleo y proveedor de financiamiento; el segundo como vendedor de armamento y proveedor de financiamiento, y el tercero como importante comprador de petróleo. Parece entonces que la aproximación a los problemas de Venezuela siempre llegó por el lado de elecciones democráticas o entendimiento con grupos opositores y no por consideraciones de tipo geopolítico que tomaran en cuenta el valor estratégico de sus riquezas petroleras.
Como parte de los esfuerzos para abordar la situación interna desde el punto de vista económico y político, en agosto de 2017 fue creado el Grupo de Lima, que tiene alta representatividad por reunir a los países más importantes del hemisferio, incluido Canadá. Por otro lado, es significativo por la mutación que experimentó a medida que las elecciones en tres países latinoamericanos –Brasil, Chile y Colombia– inclinaron el péndulo político de la región hacia la derecha, mientras en México lo hicieron hacia a la izquierda.
Las elecciones de 2018 en esos cuatro países tuvieron como resultado un escenario dual en América latina. México se colocó a la izquierda, con el triunfo arrollador de Andrés Manuel López Obrador; una personalidad apasionada por las cuestiones internas pero un tanto indiferente a lo que ocurre en el exterior. Por lo contrario, Duque, de Colombia, y en particular Bolsonaro, de Brasil, han dado muestras de buscar protagonismo internacional. En tales condiciones, el Grupo de Lima ha tomado otras características ideológicas y geopolíticas. México ya no asiste a sus reuniones. Canadá y Brasil, por motivos muy distintos, aparecen actualmente como las figuras fuertes del grupo.
Cambios
Enero de 2019 ha sido un momento crucial para la acción internacional en Venezuela. La toma de posesión para un nuevo mandato de Nicolás Maduro el 10 de enero, en medio de un clima de deterioro brutal de la situación económica, así como de malestar social acrecentado por las migraciones de cientos de miles hacia los países vecinos, elevó el repudio de la opinión pública internacional. Gran número de países, entre ellos todos los miembros de la Unión Europea, pidieron a sus embajadores no acudir a la toma de posesión. Otros, como México, lo hicieron a niveles bajos de representación. El desconocimiento de elecciones consideradas fraudulentas y, en general, el ambiente internacional contrario al reconocimiento de una dictadura cuyos efectos sociales son tan evidentes, permitía prever una nueva oleada de manifestaciones de descontento. Lo que ocurrió fue mucho más allá de lo esperado.
El 23 de enero, aniversario de la caída del dictador Marcos Pérez Jiménez, se convocó a una gran manifestación por parte de los diversos grupos opositores que conforman la Asamblea General, el único cuerpo representativo que actúa legalmente de acuerdo con la Constitución elaborada por Chávez. Ese día el presidente de la Asamblea, Juan Guaidó, se autoproclamó presidente interino de Venezuela. Lo hizo con base en una interpretación de la Constitución que así lo prevé cuando no existe un presidente de la república legalmente electo.
Formalmente, todo país tiene el derecho a considerar que las elecciones de Maduro fueron fraudulentas. Pero ello no obsta para reconocer dos situaciones de facto cuyas consecuencias no pueden pasar desapercibidas. Una, que no todos lo consideran así, ya que varios gobiernos mantuvieron relaciones diplomáticas con Maduro. Dos –y esto es lo de mayor importancia– que con el apoyo de las fuerzas armadas que hasta ahora le siguen jurando lealtad, Maduro mantiene el control efectivo sobre el territorio nacional y puede ejercer allí el uso legítimo de la fuerza.
Sea como fuere, el efecto de esa autoproclamación y el acompañamiento internacional que tuvo ha cambiado totalmente el margen de acción de la oposición, las dimensiones del enfrentamiento con Maduro y el papel de los actores externos en el devenir, no sólo de Venezuela, sino de toda América Latina.
El mayor problema para la oposición venezolana había sido su falta de cohesión interna y legitimidad de sus diversos sectores. Fuertemente divididos entre sí y carentes de un verdadero plan de gobierno, los opositores tenían como leit motiv oponerse a Maduro y explayarse en sus críticas, pero no ofrecían una verdadera alternativa de gobierno con proyectos convincentes tanto para observadores externos como para la población venezolana. La figura de Guaidó, desprendida un tanto de las rencillas internas, joven y con un discurso totalmente nuevo, cambió el panorama. Su reconocimiento por parte de países latinoamericanos fue casi instantáneo. La excepción provino de quienes piden una búsqueda de diálogo que evite los enfrentamientos y la violencia: Bolivia, México, Uruguay y países del Caribe.
Una vez que tuvo lugar la proclamación del presidente interino, las demandas de la oposición están bien acotadas: reconocer a Guaidó como presidente interino y, al hacerlo, darle la legitimidad que requiere para trazar una estrategia hacia diversos frentes: el primero, convencer a los militares, así como a los grupos chavistas más representativos, de sumarse al reconocimiento del nuevo presidente. El segundo, trabajar conjuntamente para cumplir su misión como presidente interino, que es la de convocar a elecciones. El tercero, establecer un periodo de transición para hacer posible tales elecciones y, al mismo tiempo, comenzar la reconstrucción de un país cuyas instituciones administrativas no funcionan, donde la violencia es una de las más altas del mundo, reina el desabasto de bienes elementales para la salud y alimentación, y el tejido social está profundamente polarizado.
Ahora bien, Juan Guaidó no es una figura providencial que desde la presidencia de la Asamblea General haya gestado poco a poco grupos de apoyo que lo llevaron a su proclamación como presidente interino. La preparación de esta etapa se forjó, en gran medida, desde Washington. Rafael Rojas, gran estudioso de América Latina, señaló hace poco en un artículo al referirse a la oposición venezolana: “La política opositora incrementa su dependencia del gobierno de Donald Trump y de los congresistas republicanos de Estados Unidos que, cada vez de manera más desinhibida, hablan de una remoción violenta del régimen madurista por medio de un golpe de Estado o intervención militar” (Las razones del abismo, Nexos, 26 de enero de 2019).
En efecto, reportajes aparecidos recientemente en El País o The Washington Post (3 de febrero de 2019) hacen muy buenos relatos de cómo se fraguó desde Washington una hoja de ruta para las luchas de la oposición en Venezuela. Desde el Congreso estadunidense, la figura clave es Marco Rubio, conocido senador republicano por el estado de Florida. Se trata de una importante figura del anticastrismo, inspirado, como la mayoría de políticos de origen cubano en ese estado, por una profunda desconfianza hacia la izquierda radical latinoamericana y por la esperanza de lograr, algún día, la salida definitiva del castrismo de la isla, a la que desea volver.
Desde la Casa Blanca, John Bolton, actual miembro del Consejo de Seguridad Nacional de Trump, exembajador de Reagan en la ONU, miembro conocido del grupo neoconservador nacionalista que coloca los intereses de Estados Unidos por encima de cualquier consideración a conceptos que les son ajenos, como la soberanía nacional de otros países.
En la misma línea de estrategas dispuestos a ampliar de nuevo el juego de Estados Unidos en América Latina se encuentra quien ha sido designado para coordinar la nueva etapa estadunidense en Venezuela, el conocido halcón del Departamento de Estado Elliot Abrams, otrora a cargo de operaciones muy delicadas y no muy exitosas, como fue el financiamiento con fondos destinados a Irán de la contra nicaragüense, actuando desde Honduras, en la época de las guerras centroamericanas.
El claro sesgo intervencionista de los amigos de Guaidó en Washington no ha obstaculizado el enorme entusiasmo que su lanzamiento como presidente interino ha tenido entre diversos actores internacionales. En menos de 24 horas, la mayoría de países del continente americano le habían dado su reconocimiento, con la excepción notoria de México, Uruguay, Bolivia y la mayoría de países caribeños.
Un rápido comentario merecen la UE y Canadá, así como Rusia y China. La UE llama la atención por su firme posición contra Maduro y, al mismo tiempo, su empeño en fijar notas de cautela y trazar líneas claras de separación de Trump. Para la UE la acción armada en Venezuela, que aquél insiste en mantener como una opción, es inaceptable. Lo importante es abrir foros de diálogo que recojan diversas maneras de abordar el problema, teniendo en mente la necesidad de impedir enfrentamientos violentos y de incorporar voces diversas. De allí la reunión que tendrán el próximo 7 de febrero en Montevideo, Uruguay, más de una docena de países, entre ellos varios latinoamericanos que no han reconocido a Guaidó, como México, Uruguay y Bolivia.
Por otra parte, Canadá sorprende por su grado de compromiso financiero al superar, en más del doble, la ayuda en asistencia humanitaria ofrecida por Trump (50 millones de dólares). La dificultad es saber cómo harán llegar dicha ayuda. ¿Conquistarán la buena voluntad del ejército de Maduro? ¿Llegarán otras fuerzas extranjeras a repartirlo, lo que podría considerarse una forma de intervención militar con fines humanitarios?
En otro orden de cosas, no se pueden perder de vista los intereses nacionales de Rusia y China. Ambos países han tenido negocios y ayudado financieramente a Venezuela. Hay pocos motivos para creer que abandonarían tranquilamente el territorio sin alguna forma de ganancia. Los arreglos que se logren, incluso los relacionados con otras regiones geográficas, dependerán de las decisiones, generalmente muy impenetrables, que adopten Xi Jing Pin, Trump y Putin. Los puntos de vista de Guaidó tendrán seguramente poco peso en esos escenarios.
Claves del futuro venezolano
Todo puede cambiar para cuando esto se publique, ya que las noticias se modifican aceleradamente. Sin embargo, es posible que no lo hagan cuatro circunstancias claves para el futuro inmediato de Venezuela: la primera, que la situación no podrá entrar en vías de solución mientras no se defina el futuro de Nicolás Maduro. Éste puede optar por pelear hasta el final con el apoyo del ejército, o aceptar una negociación para salir del país. Lo segundo sería, desde luego, lo más deseable para evitar derramamiento de sangre. Pero no es seguro.
La segunda circunstancia es el arreglo con los diversos sectores del ejército dispuestos a participar en la negociación, uno de cuyos puntos es, obligadamente, quién tendrá de verdad el control del territorio y a qué mandos responde. De no acordar ese punto con claridad, el futuro de una Venezuela con guerrillas, grupos paramilitares y terroristas es una probabilidad muy perturbadora. Los recuerdos de Irak vienen a la memoria.
La tercera es la manera en que se aborde el compromiso, tácito o explícito, con los halcones de Trump sobre la utilización del territorio venezolano para fines de acción en otros países. El futuro de Venezuela está vinculado al tipo de pinza que se vaya establecer entre Brasil, Colombia y Estados Unidos para actuar sobre Cuba, uno de los objetivos que desde siempre ha inspirado a Marco Rubio. Está por verse hasta dónde quiere llegar Bolsonaro con su advertencia pronunciada al terminar su participación en Davos, según la cual no volverá a haber gobiernos de izquierda en Sudamérica.
La cuarta circunstancia relacionada con el futuro de Venezuela se refiere a la mayor o menor velocidad con que transcurran los tiempos políticos. Es llamativo un ánimo en ciertos sectores de la opinión púbica que los lleva a ver como problema de corto plazo la caída de Maduro y la rápida instalación de un gobierno interino que llame a elecciones libres. Lo siguiente sería sólo la marcha normal de una democracia. Nada más alejado de la realidad.
La construcción de un nuevo gobierno supone encontrar un equilibrio entre los intereses internos y las presiones externas que se han involucrado muy activamente con el cambio. No se trata sólo del acuerdo entre fuerzas triunfadoras de la oposición. Tal acuerdo no llegó solo. Allí están Rubio, Abrams, Bolton, seguramente buenos amigos de Bolsonaro y Duque que han invertido capital político en el asunto de Venezuela. Hasta ahora los fines son difusos, pero no inexistentes.
Venezuela es el espacio en que se decidirá algo, o mucho, del futuro de Sudamérica y el Caribe. Los acuerdos llevarán tiempo y mantendrán en el trasfondo una bomba de tiempo.
México
Desde la perspectiva de la política exterior de México, es evidente que no es el momento para tener un papel central para enfrentar los difíciles retos que presenta, a todos los países de América Latina, el caso de Venezuela. Los grandes jugadores internacionales que se han posicionado, comenzando por Trump, han estrechado el campo para actores latinoamericanos que hoy tienen pocos, aunque valiosos aliados. El cuadro que se configuró a partir del 23 de enero empuja a México hacia posiciones de cautela y bajo perfil.
México se ha distanciado calladamente del apoyo a Maduro; ojalá lo profundizara. Ha mantenido uno de los instrumentos más valiosos con que siempre ha contado: el derecho internacional. Después de la reunión de Montevideo (que ocurrirá cuando este ensayo se haya ido a la imprenta) se podrá calibrar el tipo de alianzas a construir con países europeos y latinoamericanos para fijar las líneas rojas que no se deben cruzar: intervención armada en cualquier país del continente; represión del pueblo por el ejército; violaciones masivas de derechos humanos.
Más allá de esas líneas, los espacios abiertos para el diálogo y la búsqueda de acuerdos políticos deberían ser siempre bienvenidos. Ojalá que así se haga.
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Acerca de "El mapa del huachicol"
LA REDACCIÓN
Proceso # 2206, 10 de febrero de 2019
PALABRA DE LECTOR
Respuesta de la reportera Patricia Dávila a la empresa RIMAN
Señor director:
En relación con la carta enviada por el señor Alonso Segundo Carlos del Sagrado Corazón de Jesús Diez de Urdanivia Fernández, apoderado legal de la empresa Combustibles RIMAN, SA de CV (publicada la semana pasada en la sección Palabra de Lector de este semanario, edición No. 2205), señalo lo siguiente:
Conforme lo consigno en el texto El mapa del huachicol, sólo me limité, en función del interés público, a reproducir partes fundamentales del informe Mercado ilícito de combustible, elaborado por Petróleos Mexicanos y la Policía Federal, del cual este semanario tiene una copia.
Si la empresa Combustibles RIMAN, SA de CV, tiene carpeta de investigación y/o una averiguación previa abierta en su contra, sólo compete a las autoridades federales.
Atentamente:
Patricia Dávila
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La Inteligencia mexicana, sin inteligencia/
XAVIER GUZMÁN URBIOLA
Proceso # 2206, 10 de febrero de 2019
Aún más grave, preocupante y extraño fue un caso cimentado en datos sin comprobar. Un mes después, nuevamente la Dirección Federal de Seguridad (DFS) instrumentó otro largo expediente sobre el médico mexicano Mario Héctor Rivera Ortiz. Este tapatío nacido en 1927, señalado de “comunista”, estuvo en la cárcel entre 1952 y 1954. Salió para luchar por los presos políticos, el magisterio, los sindicatos ferrocarrileros, y a favor de la derogación del artículo 145 del Código Penal, entonces vigente, mismo que tipificaba el delito de “disolución social”.
Tenía correspondencia ya para entonces con gente en Praga y Bucarest, contactos con Renato Leduc, Othón Salazar y, se informó, con el general Lázaro Cárdenas. Fue expulsado del PCM el 24 de abril de 1962 y, a partir de entonces, se relacionó con José Revueltas y otras personas para formar un nuevo partido, un renovado PCM, ya que este último se hallaba proscrito, y cuyo núcleo inicial se denominó “Grupo Espartaco”. Pero lo más grave es que la DFS, teniendo documentada su salida definitiva del país hacia Cuba el 15 de junio siguiente, por un delator, el doctor Sergio Pacheco Sánchez, un antiguo condiscípulo suyo, a finales de noviembre de 1963, sospechaba que el médico tapatío habría estado en Ciudad de México. De ser cierto lo que Pacheco Sánchez afirmaba, ambos se encontraron en el Hospital General de la capital. Se reportó que Rivera Ortiz lo intentó reclutar y agregó que sus contactos eran Irma Guzmán (hermana de su esposa, Carlota Guzmán), así como Teresa Proenza. Según el delator, el médico tapatío le habría dicho que llegó a México en un “helicóptero desde La Habana” (hasta donde “lo acompañó” Fidel Castro), que en Guerrero y Yucatán habría “dos campamentos de entrenamiento para gente que llevaría a cabo la subversión en toda Latinoamérica, incluido este país (sic.)”, y que:
en relación a la política mexicana [Rivera Ortiz] la calificaba de desastrosa con la nueva “designación” del Lic. Gustavo Díaz Ordaz a la Presidencia de la República, puesto que dicho Letrado (sic.) era de tipo clerical y contrarrevolucionario (sic.), por lo que se debe impedir que llegue al poder, eliminándolo (sic.) durante la campaña, opinión con la que estaba de acuerdo Castro Ruz (sic).1
De confirmarse, esto a todas luces violaba el pacto no escrito mediante el cual México, a cambio de haber tolerado y “apoyado” en su territorio a los miembros del Movimiento 26 de Julio, desde 1955, así como de los víveres, medicinas y, quizá, hasta petróleo, vendidos preferentemente a Cuba, obtenía de ellos una excepción, a partir de 1959, a sus intentos de exportar su revolución e ideas al país, interfería en los asuntos internos de México, y tomaba a Guerrero y Yucatán como campo de entrenamiento para acciones guerrilleras en Latinoamérica. Pero, además, si hubiese sido cierto, amenazaba, ni más ni menos, a un ciudadano y político destacado que pretendía llegar a la Presidencia de la República y que con toda seguridad lo lograría. Adicionalmente, sobra reiterarlo, en todo ello Teresa Proenza se encontraba supuestamente involucrada.
Hoy, el doctor Mario Héctor Rivera Ortiz niega esta supuesta conspiración manejada por la DFS. Acepta haberse traslado a vivir a Cuba en 1962. Dice que lo hizo por su militancia comunista, dado que en la isla había 6 mil médicos, de los cuales hacia aquel año salieron exiliados cerca de la mitad, y por esa razón buscó a Teresa Proenza, para ofrecerse como voluntario, pues la conocía desde antes. Afirma nunca haber tratado a alguien de nombre Sergio Pacheco Sánchez. Como prueba de sus dichos insiste en que siempre que salió de Cuba y viajó a México lo hizo de manera legal y así se asentó en sus pasaportes de manera regular. Asegura enfático, que en caso de que hubiese sido cierta su implicación en una trama para asesinar ni más ni menos que al candidato presidencial Díaz Ordaz, la DFS no le hubiese permitido volver durante dicho régimen, ya que él afirma haber vuelto a radicar en México en 1966 y, con tamaños cargos sobre sus hombros, desconocidos por él, hoy por lo tanto, se asombra de estar vivo.2
A su favor, la antepenúltima foja de los “Antecedentes y actividades del Dr. Mario Héctor Rivera Ortiz”, redactados por la DFS, documento citado aquí inmediatamente antes, en su “quinta conclusión”, luego de narrar dicho complot tan sorprendente como absurdo, era clara al afirmar: “lo único que no ha podido acreditarse, es que en estos últimos días el doctor haya estado en México”.3 O sea, si la base de sustentación de toda aquella delación de Pacheco Sánchez era dudosa, no cabía esperar mucho del resto.
Toda esta historia puede hoy incluso mover a risa, pero por un lado cabe preguntar: ¿Qué decisiones políticas de Estado se tomaron con base en esos inconsistentes informes? Por otro lado, ¿estas acusaciones serían parte de las calumnias de Win Scott?4 ¿O eran independientes y locales? ¿Qué tan enterada estaba la DFS de la parte cierta y ficticia de estos informes?, todo lo cual ya no es simpático ni gracioso. l
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1 AGN, DFS, Versión pública de María Teresa Proenza y Proenza. Expediente integrado, legajo único, ff. 82 a 102, la última cita en la caja 256, f. 83. “Antecedentes y actividades del Dr. Mario Héctor Rivera Ortiz”, documento sin firma, 22 de noviembre de 1963. El hecho de que se afirme sin más que Fidel Castro estaría al tanto y de acuerdo en una acción de este tipo debió ser sumamente grave, pero a la vez la información que contiene es un tanto ingenua, así como pensar que el mismo Castro fuese a despedir al médico al aeropuerto de Puerto Boyeros para que abordase el helicóptero que lo había traído a México en esa supuesta misión clandestina.
2 Entrevista a Mario Héctor Rivera Ortiz por Xavier Guzmán Urbiola, 15 de julio de 2017.
3 AGN, DFS, Versión pública de María Teresa Proenza y Proenza, Expediente integrado, legajo único, caja 256, f. 19, “Antecedentes y actividades del Dr. Mario Héctor Rivera Ortiz”, documento sin firma, 22 de noviembre de 1963.
4 Winston MacKinley Scott, director de la Oficina de la CIA en México entre 1956 y 1969, coordinnador de alrededor de 50 agentes.
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La extinción amenaza a los rohinya/FRANCESC MILLÁN..
Proceso # 2206, 10 de febrero de 2019
Bangladesh fue un lugar seguro para los musulmanes rohinya a mediados de 2017, cuando el gobierno birmano (de mayoría budista) desató contra esa etnia una campaña de exterminio. Pero un año y medio después las autoridades bangladesíes han dejado de interesarse por la tragedia de ese pueblo, víctima de horrores inenarrables, y ya están pensando en hacerlo regresar a sus tierras originarias, en Birmania, donde el único destino que le espera es la aniquilación.
Cox’s Bazar, Bangladesh.- Cuando le preguntan por sus hijas, Rasheed Ahawad prende un encendedor, mueve la llama de un lado a otro y grita “¡petrol, petrol!” mientras simula con las manos el fuego de una hoguera. Pero cuando ve que ni los gestos ni las pocas palabras que sabe de inglés son suficientes para explicar su horror, suelta una parrafada en chitagoniang, la lengua de los rohinya. Y entonces rompe a llorar.
“Dice que los soldados birmanos rociaron su casa y las de sus vecinos con gasolina y les prendieron fuego”, aclara el traductor, un muchacho que colabora con una ONG local en el campo de refugiados rohinya de Balukhali, muy cerca de la frontera de Bangladesh con Birmania. Rasheed se seca las lágrimas con desespero y habla ahora más fuerte.
–¿Qué dice?
–Que aquel día el ejército de Birmania quemó a tres de sus hijas en esas hogueras. Antes las violaron y las decapitaron.
–¿Él lo vio?
–Sí, escondido en el bosque. Quiso intervenir pero sus otros hijos se lo impidieron, porque si salía, lo mataban.
Ellas tenían 25, 22 y 18 años; pero no fueron las únicas víctimas. Rasheed, quien dice tener 59 años y a ratos se acaricia una perilla larga y canosa que le baja hasta el pecho, calcula que al menos unos 90 habitantes de su aldea –que tenía unos 200– también fueron empapados de combustible y tirados al fuego después de ser asesinados por las fuerzas birmanas. Mujeres, hombres, ancianos, niñas y niños rohinya.
Y su relato podría ser el de todo un pueblo. Hace casi dos años la persecución contra los rohinyas –que pese a haber habitado varios siglos el mismo lugar no tienen estatus de ciudadanos y son considerados inmigrantes ilegales– se intensificó en el estado de Rakhin, en el oeste de Birmania, después de que, a modo de protesta, el Grupo Insurgente de Liberación Rohinya (ARSA) atacara varios puestos fronterizos.
La respuesta de las autoridades fue despiadada. Desde entonces, esta comunidad musulmana ha sido víctima de una brutal limpieza étnica a manos del gobierno birmano, de mayoría budista, que ha empleado la violencia para destruir sus aldeas y expulsarlos de sus hogares. Casi 90% de los rohinya han desaparecido de la región. Unos fueron asesinados; otros huyeron para salvar la vida.
La mayoría de estos supervivientes llegó a Bangladesh, que en la zona de Cox’s Bazar –en el sureste del país– acoge a más de 1 millón de rohinyas en precarios campos de refugiados: chozas y más chozas que se amontonan sobre colinas deforestadas y fangosas. Prácticamente todas las llegadas se produjeron de golpe a mediados de 2017, pero todavía hoy siguen llegando algunos de los pocos rohinyas que quedan en Birmania.
Aunque el silencio y el olvido internacional se ensañan con ellos, el pasado agosto la ONU admitió que tal persecución presentaba indicios para calificarse de genocidio. Cada día que pasa hay menos dudas: la campaña del ejército birmano tiene como objetivo limpiar Birmania de rohinyas y por eso los militares –ayudados por milicianos budistas– destruyeron sus propiedades y quemaron viviendas y aldeas enteras, no sólo para ahuyentar a la población sino también para evitar que las víctimas regresen.
“La destrucción de hogares, terrenos, reservas de alimentos, cultivos, ganado e incluso árboles hace que la posibilidad de que los rohinya vuelvan a la vida normal sea casi imposible”, decía uno de los últimos informes de la ONU, que recordaba que también ha habido un plan para “extinguir el imaginario, la historia, la cultura y el conocimiento rohinya”.
Miedo a la repatriación
En el campo de refugiados de Jamtoli, a unos seis kilómetros de la frontera con Birmania, las heridas todavía están frescas. Como en el resto de los campamentos rohinya de Bangladesh, sólo hace falta caminar unos minutos por sus sendas para darse cuenta de que prácticamente todos los refugiados están marcados por el horror: madres y padres que, como Rasheed, vieron morir a sus hijos; niños que huyeron mientras escuchaban cómo asesinaban a sus padres; mujeres violadas y hombres mutilados; ancianos y jóvenes que enloquecieron al ver tanta crueldad. La lista de atrocidades es infinita.
En un lugar de Jamtoli unos 20 hombres esperan que salga agua de una de las fuentes para llenar garrafas y llevarlas a sus tiendas. Están en silencio, muchos con la mirada perdida. Todos ellos, excepto uno, han perdido familiares por los ataques del ejército birmano. Pero cuando el reportero pregunta el nombre de algunos de esos hombres, para anotar su testimonio, el ambiente se vuelve tenso y extraño. Empiezan a hablar chitagoniang entre ellos y el tono de la conversación va crispándose.
–¿Qué pasa, Raza?
Raza, un joven refugiado rohinya que hace de traductor, escucha sin perder detalle la discusión del grupo.
–Algunos dicen que no creen que seas periodista. Piensan que eres un representante del gobierno birmano y que quieres saber sus nombres para obligarlos a volver a Birmania.
Esta reacción retrata el ambiente que atraviesa el éxodo rohinya en Bangladesh. Aunque prácticamente todos los refugiados desean volver algún día a su tierra, saben que éste no es el momento. “No volveremos si no se garantizan nuestra seguridad y nuestros derechos… y por ahora no es seguro ir, porque volverían a matarnos”, afirma uno de ellos después de aclararse el malentendido.
Pero cada día crece el miedo a ser obligados a regresar a Birmania. Saben que desde hace meses los gobiernos de Bangladesh y birmano trabajan en la sombra para iniciar el proceso de repatriación de al menos una parte de los rohinya; argumentan que la situación en la región de los campos de refugiados es insostenible.
De hecho el pasado 15 de noviembre las autoridades de Bangladesh ya lo intentaron. Días antes presentaron listas donde aparecían los nombres de al menos 2 mil 200 rohinyas que debían retornar a tierras birmanas. La maniobra se frenó por la oposición de los refugiados y la presión de muchas ONG y organizaciones internacionales, que reiteraban que Birmania todavía no es suelo seguro para esta comunidad.
Pero esa tentativa dejó entrever una actitud, una política, que desde el gobierno bangladesí se trata de ocultar: las repatriaciones forzadas. Y es que aunque la versión oficial defiende que las personas que aparecían en las listas se ofrecieron voluntariamente, el relato de los rohinya refuta esa versión.
“El ejército de Bangladesh nos dio las listas de las personas que tenían que ser repatriadas. Parece que las listas las dictaron, sin opinión alguna de los afectados, las autoridades birmanas”, apunta el líder comunitario de uno de los bloques del campo de refugiados de Balukhali, al lado de Jamtoli.
Muchas familias, que prefieren no revelar su identidad, recuerdan que vecinos y conocidos suyos de los campos de refugiados los fueron a buscar para decirles que sus nombres aparecían en las listas que acababan de ser publicadas. Ellos no tenían ni la menor idea de esto y tampoco habían dado su consentimiento para que así fuera.
Durante los días previos al 15 de noviembre, y según parte de los rohinya afectados, el ejército de Bangladesh inició una campaña de presión, amenazas y coacciones para exigir estas repatriaciones. Se duplicaron la presencia militar, los controles, los registros en las entradas y salidas de los campos y hasta se prohibió que los rohinya fueran de un campamento a otro.
El clima es particularmente tenso en el campo de Jamtoli, donde vive la mayor parte de familias que tenían que ser repatriadas. Parece que es en este campamento donde está previsto que comience todo. Por este motivo, muchos rohinya huyeron de Jamtoli hacia otros campamentos, como el de Kutupalong, donde se respira más tranquilidad.
En uno de los caminos principales de Jamtoli, un grupo de niños corretea tras una pelota hecha de bambú. Cuatro ancianos toman café tirados en el suelo polvoriento de una explanada y algunas niñas y mujeres lavan ropa en las aguas turbias y opacas que bajan por un riachuelo. Hoy es día festivo, la presencia militar ha disminuido y por este motivo el reportero pudo acceder a este campamento. Antes era imposible.
“Es parte de su estrategia… el gobierno de Bangladesh no quiere periodistas en Jamtoli porque no quiere que se sepan sus planes de repatriación”, advierte un voluntario bangladesí que prefiere mantener el anonimato.
En el interior de una húmeda choza de bambú, Mohamed Alom masca hoja de betel, un estimulante muy popular en la región. Tiene 30 años, es uno de los líderes comunitarios del campo y también confirma la existencia de estas listas no voluntarias, la presión del gobierno bangladesí y el miedo de sus vecinos.
“Las últimas informaciones apuntan a que volverán a intentarlo pronto”, asegura Mohamed Alom, quien añade que su aceptación a la repatriación no es sólo cuestión de seguridad. “Birmania no sólo ha masacrado a nuestro pueblo, sino que también nos ha dejado sin pueblos”.
Hablando en plata, la comunidad rohinya lo ha perdido todo: sus cultivos, sus casas, sus empleos… y es por eso que ahora, para volver a Birmania, necesitan garantías de que van a recuperar al menos una parte de su vida pasada.
“Si no, ¿qué va a pasar? ¿De qué viviremos? ¿Dónde?”, se le acumulan las preguntas a Alom, quien opta por concluir con un suspiro desesperanzado. “Queremos más que nada volver a nuestra casa… pero para vivir en paz, como seres humanos”.
Violencia sin freno
Mientras tanto –y como entrar en el estado de Rakhin es casi imposible para los periodistas internacionales–, una de las pocas formas de saber qué pasa actualmente en la zona es por medio de las voces de los rohinyas que acaban de escapar de su hogar y llegan a Bangladesh.
Fanjina, de 20 años y rostro cansado, es una de ellas. Mientras adormece con cierta desidia a uno de sus dos hijos, explica, casi susurrando, que huyó de Birmania hace sólo 15 días. “Creo que lo han matado”, contesta cuando le preguntan por su marido. Con el llanto en la garganta explica que hace 20 días los soldados llegaron a su aldea, detuvieron a su marido, de 25 años, y se lo llevaron.
Cuando ella se acercó a los uniformados para pedir alguna explicación le propinaron una paliza. “Mira, aquí… y aquí… y aquí”, dice mientras señala con las manos las cicatrices, aún frescas. “Hoy en día hay muchas detenciones de este tipo… normalmente nunca se vuelve a saber nada sobre los detenidos. La excusa del gobierno para llevárselos es acusarlos de formar parte del ARSA, pero realmente sólo quieren asesinarnos”.
Describe que la realidad en Rakhin sigue siendo peligrosa. Corrobora los peores augurios de los rohinya. Los soldados controlan todas las aldeas que aún quedan en pie, no dejan salir de ellas a los rohinya y a menudo saquean sus casas. Y, como hace un año, roban, violan, golpean y matan.
–¿Por qué decidiste esperar y no escapaste cuando lo hizo la mayoría?
Su cara de niña dibuja una expresión todavía más pensativa. Mientras, el bebé mama con hambre la poca leche que, dice, le sale de sus pechos.
–Tenemos dos hijos pequeños. No podíamos abandonar nuestra casa, nuestras tierras, nuestras vacas… lo necesitábamos para comer.
El niño lloriquea ajeno al relato de su madre.
–Pensábamos que si esperábamos un tiempo, la situación mejoraría.
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Creación de empresas al por mayor/CLAUDIA VILLEGAS
Estas son las 36 compañías privadas que hasta 2017 Pemex reconocía en sus reportes al mercado de valores. Algunas de ellas controlaban a su vez subsidiarias, hasta llegar al menos a 90 sociedades mercantiles. Entre las subsidiarias de Grupo PMI Comercio Internacional se encuentran las empresas que históricamente han contratado créditos para ser entregados luego a proyectos de Pemex. Este es el caso de Pemex Finance LTD. También se encuentra la compañía que realizó inversiones en España en Repsol (Petróleos España S.L.), aseguradoras como Kot Insurance o empresas para participar en ductos destinados a la distribución de gas natural. Pero no sólo se constituyeron firmas privadas en paraísos fiscales; también se crearon sociedades anónimas ante notarios mexicanos.
1. PMI Marine, Ltd.
2. Mex Gas Internacional, S.L.
3. PMI
4. PMI Holdings, B.V.
5. PMI Holdings Petróleos España, S.L.
6. PMI Services North America, Inc.
7. Pemex Services Europe, Ltd.
8. PMI Services, B.V.
9. Pemex Internacional España, S.A.
10. PMI Norteamérica, S.A. de C.V.
11. PMI Trading
12. PMI Holdings North America, Inc.
13. Hijos de J. Barreras, S.A.
14. PMI Field Management Resources, S.L.
15. PMI Campos Maduros
16. SANMA, S. de R.L. de C.V.
17. PPQ Cadena Productiva, S.L.
18. Kot Insurance Co., AG
19. Pemex Procurement International, Inc.
20. Pemex Desarrollo e Inversión Inmobiliaria, S.A. de C.V.
21. III Servicios, S.A. de C.V.
22. Pemex Finance, Ltd.
23. Pro Agroindustria, S.A. de C.V.
24. PMI Azufre Industrial, S.A. de C.V.
25. PMI Infraestructura de Desarrollo, S.A. de C.V.
26. PMI Cinturón Transoceánico Gas Natural, S.A. de C.V.
27. PMI Transoceánico Gas LP, S.A. de C.V.
28. PMI Servicios Portuarios Transoceánicos, S.A. de C.V.
29. PMI Midstream del Centro, S.A. de C.V.
30. PMI Ducto de Juárez, S. de R.L. de C.V.
31. PMX Cogeneración Internacional, S.L.
32. PMX Cogeneración S.A.P.I. de C.V.
33. PMX Fertilizantes Holding, S.A. de C.V.
34. PMX Fertilizantes Pacífico, S.A. de C.V.
35. Grupo Fertinal
36. Compañía Mexicana de Exploraciones, S.A. de C.V.
(Fuente: Informe anual BMV, SEC. Reportes internos Pemex.)
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