El Presidente López Obrado evitó responder a las declaraciones del ex Presidente Calderón, en las que le pidió escuchar las demandas de los policías federales rebeldes."No, no, no, de eso no tengo ningún comentario", zanjó.
Por otro lado, al arribar al Aeropuerto de Tapachula, afirmó que su Administración tomó medidas para proteger a los migrantes centroamericanos de bandas de traficantes de personas presentes en el territorio nacional.
"Sí, se está aplicando la ley, y sobre todo se está protegiendo a la gente; lo que queremos es que no sufran, no padezcan, no pierdan la vida, se les está dando un trato humanitario, especial, en México", aseguró.
El Ejecutivo federal descartó nuevamente que el operativo de seguridad para reducir el flujo migratorio en la frontera sur sea una encomienda de Estados Unidos.
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Descalifican recomendaciones de Calderón
Legisladores de Morena y Movimiento Ciudadano (MC) consideraron que el ex Presidente Calderón no tiene la autoridad para dar recomendaciones sobre seguridad.
La diputada de MC Martha Tagle señaló que Calderón no debería opinar (¿?) sobre cómo el Gobierno federal debe abordar el conflicto con la Policía Federal...
Consideró que el Presidente y Alfonso Durazo, se equivocaron en insinuar que Calderón estaría detrás de las protestas de los policías federales, porque le dieron reflectores al ex Presidente y, además, "incendiaron" el conflicto.
En tanto, el senador Monreal manifestó que su bancada apoya al Presidente en su estrategia de integrar la GN con controles de confianza aplicados a los policías federales.
"Le haría un llamado al ex Presidente, simplemente, de mantener la prudencia. El País requiere de la unidad de todos, requiere el País de la reconciliación de todos; no conviene una confrontación con nadie.
"A los ex presidentes les respeto. Desde el Senado de la República creo que le conviene al País darle la confianza a quien ahora legítimamente ocupa el cargo de Presidente de la República y que tiene una gran legitimidad para ejercer su Gobierno", comentó.
"No quiero lastimar ninguna personalidad pública del pasado, pero nos gustaría que hubiese una actitud de prudencia y se le permitiera al Presidente de la República ejercer el mandato que los mexicanos le dimos, con toda legitimidad y con toda libertad.
"Estoy seguro que el Presidente de la República sabe lo que hace.
Manifestó que los legisladores de Morena le hacen un llamado a los policías inconformes a que tomen el camino de la conciliación con el Gobierno. (Reforma)
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La Fiscalía General de la República informó este viernes que obtuvo de un juez de control las órdenes de aprehensión solicitadas en el caso Odebrecht en contra de la familia Lozoya
Javier Coello Trejo, abogado de Lozoya informó que esta mañana presentó un amparo contra la orden de aprehensión solicitada y señaló que "con la familia no se mete uno".
La FGR obtiene orden de captura contra Lozoya, su esposa, madre y hermana por caso Odebrecht#
Reanudan diálogo PFs rebeldes
Tras una reunión de dos horas entre representantes de diversas divisiones de la corporación y el Subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía, se informó de una serie de promesas de parte del Estado en el marco de la extinción de la corporación.
En el mensaje emitido en la explanada, quienes rechazan su incorporación a la GN se pronunciaron porque se les garantice un retiro digno y el Gobierno les dé una indemnización por su trabajo y no una liquidación.
Los representantes se comprometieron a impulsar esta solicitud tras este receso.
Las opciones distintas a la GN son irse al INM, Servicio de Protección Federal, Servicio de Aduanas, Penales, Unidad de Medidas Cautelares, Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, Comisión de Ayuda Antisecuestros, Dirección Nacional de Seguridad Privada, y la Comisión Nacional de Búsqueda.
En el periodo de extinción de la Policía Federal, en 18 meses, los elementos podrán volver a realizar evaluaciones sin límite para la Guardia, aunque no hayan pasado pruebas o elegir el área de preferencia, se señaló. (Reforma)
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Las columnas políticas hoy, viernes 5 de julio de 2019
AMLO y Calderón, viejos rivales
Bajo Reserva/ El Universal
La 4T enfiló sus baterías contra un personaje bastante conocido por el presidente Andrés Manuel López Obrador: el exmandatario Felipe Calderón, quien no se quedó callado en un rincón. La mañana del jueves, Alfonso Durazo, jefe de la Secretaría de Seguridad, insinuó que no es casualidad que Calderón sea propuesto por los elementos inconformes de la Policía Federal como su representante legal. Un día antes López Obrador dijo que una “mano negra” guiaba la revuelta de los federales, pero apuntó hacia los viejos sótanos de Bucareli. Las palabras de Durazo dieron pólvora a las redes sociales contra don Felipe, cuyo nombre apareció como tendencia en Twitter. El michoacano no tuvo más remedio que contestar en un video de casi nueve minutos para exigir pruebas y, de paso, pedir al Presidente que no divida a los mexicanos. Por lo pronto, don Poncho también le dio combustible a Calderón, en un escenario donde la oposición anda desaparecida, adormilada. ¿Responderá AMLO en la mañanera a su viejo rival?
A Zóe se le olvida que fue legislador
Los diputados federales de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados están molestísimos porque el nuevo director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo, los ha dejado plantados, no una, no dos, tres veces. Nos explican que los legisladores tenían programada una sesión de trabajo para el jueves, luego de que el equipo del chiapaneco canceló las dos reuniones anteriores. Claro, para no quedar tan mal parado, el mero mero del IMSS envió al secretario general del instituto, como para dorarles la píldora a los señores legisladores. Sabemos, nos comentan, que las ocupaciones son muchas para don Zoé, pero como que se le está haciendo costumbre despreciar así a los representantes del pueblo o ¿acaso ya se le olvidó al joven Robledo que él también pasó por el Congreso como legislador?
¿Quién se queda con la mesa directiva del Senado?
La bancada de Morena en el Senado, a cargo de Ricardo Monreal, sigue deshojando la margarita o más bien en tareas de cabildeo interno para definir el nombre del próximo presidente de la mesa directiva de la cámara. Nos dicen que el autodestape del actual presidente Martí Batres, quien busca repetir un año más al frente, complicó las negociaciones internas, pues una parte del grupo parlamentario morenista está inclinado hacia una mujer, por aquello de la equidad de género. Ante tal situación, algunos legisladores del partido en el poder han manifestado que lo mejor sería que el presidente Andrés Manuel López Obrador defina el nombre y así solo acatar las órdenes, que estar en medio de disputas. Lo que sí queda muy claro es que esa posición no será entregada a ninguno de los partidos de oposición, a menos que ocurra un verdadero milagro en tiempos de la 4T
Cambios en Bucareli
La Secretaría de Gobernación, bajo el mando de Olga Sánchez Cordero, ha sufrido algunos cambios y al menos en lo que hace al área de Comunicación Social, se quedó sin gente. Pero, nos comentan, lo que sí tiene muy claro la ministra en retiro es que los medios digitales son clave para llegar a las audiencias, que consumen contenidos en su mayoría por los teléfonos inteligentes. El caso, nos dicen, es que desde Bucareli buscan los perfiles adecuados para reforzar al equipo en un área clave...
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La inconformidad de la PF | Editorial El Universal
Con elementos policiacos inconformes es complicado que las estrategias de seguridad en cualquier ciudad o país tengan éxito.
La protesta que iniciaron el miércoles integrantes de la Policía Federal fue solo el pico de un tortuoso camino en la creación de la Guardia Nacional. Mucho antes de lo acontecido esta semana se dio una enorme presión de organizaciones civiles para que el Congreso eliminara de la propuesta inicial el carácter militar de la Guardia Nacional. Un acuerdo legislativo dio un traje civil a la Guardia Nacional, aunque su perfil sea eminentemente militar.
A ello se añadieron declaraciones frecuentes del presidente Andrés Manuel López Obrador de que la Policía Federal es una corporación “muy echada a perder”.
Más recientemente, los policías federales hicieron reclamos por las condiciones en que desempeñaban su labor: dormían hacinados, sobre cartones o colchonetas, y las instalaciones sanitarias eran deplorables. Quienes fueron asignados a reforzar al Instituto Nacional de Migración recibieron uniformes que no correspondían a sus tallas. Por reclamar ese tipo de inconvenientes solo se escuchó una reprimenda de sus superiores.
En el periodo de transición para convertirse en la Guardia Nacional, los policías federales no tuvieron acompañamiento de la autoridad. Es en este momento cuando les informan que perderán derechos laborales como el bono de operatividad, superior a los 9 mil pesos, además de que les pidieron su renuncia antes de ser integrados a la Guardia, lo que implica eliminar su antigüedad laboral. Cuestionan también que las evaluaciones estén a cargo de militares.
A pesar de la tensión, la sensatez dominó y el diálogo se puso en marcha, aunque en medio de un proceso para deslegitimar las protestas. El discurso oficial es que su causa no es justa, que hay “mano negra” en las movilizaciones y que algunas de las voces que destacan en la protesta han incurrido en delitos.
Las movilizaciones recuerdan otras tantas que se han dado desde el primer día de gobierno. Grupos de trabajadores que exigen un trato digno y justo, así como el respeto a sus conquistas laborales. Esta ocasión se trata de elementos de una institución que logró cierto grado de profesionalización, sin que eso signifique que se trata de una corporación inmaculada.
Es válido elegir a los mejores elementos, pero deben ser totalmente transparentes las razones de un eventual rechazo. Además, cualquier separación tiene que estar apegada totalmente a la ley. Mientras eso no ocurra, el país pierde horas cruciales para contener la inseguridad.
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Trascendió/Milenio
QUE mandos de la Policía Federal en proceso de extinción ven como una de las razones del encono de Andrés Manuel López Obrador contra la corporación el estudio que en 2017 elaboró y difundió la División Científica, a cargo de Patricia Trujillo (quien anteayer acabó en el suelo durante la rebelión), en el que lo ficharon como el principal instigador de las protestas contra el gasolinazo.
Aunque el entonces titular de la Comisión Nacional de Seguridad, Renato Sales, desautorizó en su momento el documento (filtrado sin autorización), los oficiales aseguran que fue información real y el tabasqueño la consideró “guerra sucia” y “síntoma de nerviosismo” de la mafia del poder.
Hay que recordar que otra instancia que lo investigó, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, ya fue borrada del mapa.
QUE si alguien en modo iluso pensaba que las controversias contra las diversas disposiciones de austeridad iban a echar abajo esa línea, olvídenlo, porque ya el titular de la Unidad de Política y Control Presupuestario de Hacienda, Víctor Mojica Vilchis, publicó los lineamientos a seguir para el gasto corriente estructural 2020… y continúa el apretón de cinturón.
Por ello las dependencias y entidades federales deben turnar sus solicitudes de nuevos registros o actualización a más tardar el lunes 15 de julio, a fin de incorporarlos al Presupuesto de Egresos, pero sin dispendio alguno.
QUE la medallita que se colgaron las autoridades de justicia y seguridad de Quintana Roo, encabezadas por el fiscal Óscar Montes de Oca y el jefe policiaco Alberto Capella, después de atender el levantón de 27 personas de un call center, rastrearlas y liberarlas en menos de 12 horas, tuvo como ingrediente adicional la captura de cinco integrantes del crimen.
De acuerdo con la fiscalía, se ha avanzado en la resolución de los casos de mayor impacto sin vicios que negaban a las víctimas una eficiente impartición de justicia, como la fabricación de culpables, la liberación de detenidos antes de ser vinculados a proceso y el lento seguimiento a las investigaciones.
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Frentes Políticos/Excelsior
1. Prioridad. Cuando se trata de manifestarse, los mexicanos ya nos la sabemos. Mostrar el poder de convocatoria es casi siempre la llave para lograr acuerdos. No es diferente en el conflicto con la hasta ahora Policía Federal. Ante los reclamos de la oposición, que sigue con lupa cada detalle de la Cuarta Transformación, tiene razón Porfirio Muñoz Ledo, presidente de la Cámara de Diputados, que la crisis laboral no “debe politizarse”, porque es un tema de “pasivos laborales” que debe arreglarse “con prontitud y técnica administrativa”; descartó que el paro de actividades de miembros de la PF provoque ingobernabilidad en el país. Lo que es más cierto es la urgencia de que se resuelva el nacimiento de la Guardia Nacional. Donald Trump dio 45 días para resolver el problema en la frontera sur. Y el tiempo vuela.
2. Gallitos. Llama la valentía a destiempo con la que se presentan los perredistas. Verónica Juárez Piña, coordinadora del PRD en la Cámara de Diputados, pidió investigar y, “en su caso” procesar penalmente al expresidente Enrique Peña Nieto, por su presunto contubernio en actos ilícitos relacionados con la empresa Odebrecht, pues consideró “increíble” que en otros 12 países ya se haya destituido y encarcelado a presidentes y expresidentes por su complicidad con la compañía brasileña. Presentó un punto de acuerdo ante la Comisión Permanente del Congreso y recordó que los delitos de corrupción se persiguen de oficio y no requieren denuncia alguna para ser investigados. ¿Y por qué el PRD guardó silencio hasta ahora?, ¿por qué no exigir lo mismo cuando Peña habitaba Los Pinos? Así, pues qué valientes.
3. Punto flaco. La Fiscalía General de Jalisco no le está entregando buenas cuentas al gobernador Enrique Alfaro. La institución se mantiene en alerta tras las amenazas que han recibido de ataques tras el asesinato de dos agentes investigadores ocurridos en Tlajomulco el 21 de junio, además de otro atentado registrado ese mismo día en la colonia Auditorio, en Zapopan, contra la coordinadora de puestos de socorro, quien resultó ilesa. Tres atentados casi simultáneos, una balacera y un policía baleado en vía pública. Gerardo Octavio Solís Gómez, fiscal estatal, no descartó que haya más atentados, no sólo contra personal de la Fiscalía, sino también de otras dependencias. Mientras ellos se ponen los chalecos blindados, ya hay voces que piden su renuncia. Que está rebasado, dicen. Pero sólo un poquito.
4. Se están tardando. Llegaron sus cinco minutos de fama. Para responder a la demanda de la ciudadanía de que se reduzca el financiamiento público a partidos políticos, el senador Martí Batres presentará ante la Comisión Permanente una iniciativa que propone bajarlo al 50 por ciento. Explicó que la reducción a la mitad sería para los partidos políticos locales y nacionales con participación electoral local. “Esta reforma es congruente con la exigencia ciudadana de que no se despilfarren ni desperdicien los recursos públicos y que se libere el presupuesto con fines políticos para canalizarlos al gasto social y a la inversión productiva”, destacó. Es evidente que un gran grupo de políticos ha vivido cómodamente del presupuesto. A ver si con esto les quedan ganas a los nuevos partidos. O mejor se meten a lavar ajeno.
5. Orden. Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, informó que se enviará una iniciativa al Congreso local para reformar algunos delitos, como que los reincidentes obtengan un mayor castigo. Estas modificaciones también aplicarán a los policías que estén relacionados con algún delito, y detalló que durante su administración se ha enviado a 113 elementos ante el Ministerio Público. “Nuestro objetivo es que la policía sea honesta y que esté bien preparada, si eres policía va a ser doble pena, si delinquiste”, comentó al visitar Ciudad Imagen. También confirmó una noticia que es más que necesaria: habrá sanción para los ciudadanos que agredan a los policías, tanto administrativas como penales, dependiendo de los daños. Llegó la hora de que nos respetemos todos. Bien por eso.
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Después de la tormenta… el colegio
Confidencial/ElFinanciero_Mx
Luego de las agresiones que sufrió el miércoles cuando quiso mediar con policías federales inconformes, ayer se vio muy temprano a una discreta Patricia Trujillo en el auditorio de un colegio de la zona de Polanco, pero no como integrante de la Coordinación Operativa Institucional de la Guardia Nacional, sino como madre de familia en una ceremonia de clausura de cursos. La comisaria –mamá de la única alumna graduada de secundaria que obtuvo 10 de promedio de calificación– dejó ver dolencias por los golpes que le propinaron durante la trifulca del día previo en el Centro de Mando de Iztapalapa, pero recibió el afecto y la solidaridad de padres de familia.
Casualidades judiciales
Los amparos contra la construcción del aeropuerto en Santa Lucía estaban antes en los escritorios de 30 juzgados de la Ciudad de México y del Estado de México. Ahora, por instrucción del Consejo de la Judicatura, la mayoría de esos amparos se concentrarán en el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa de la CDMX, con el argumento de “evitar el dictado de sentencias contradictorias”. Lo curioso aquí es que, casualmente, el juez Juan Carlos Guzmán Rosas, quien ha mantenido el criterio de negar suspensiones contra Santa Lucía, será quien resuelva los amparos. Coincidencias en el Poder Judicial en la era de la 4T.
¿Bots contra las protestas de PF?
Mandos de la Policía Federal denunciaron que están siendo obligados a realizar videos, junto con políticos de Morena, para desvirtuar el movimiento que elementos de las Fuerzas Federales y Gendarmería realizan en defensa de sus derechos laborales. En las imágenes los mandos se dicen “conscientes” del cambio y “comprometidos” con el proyecto de la Guardia Nacional, mientras que los políticos agradecen a la PF su servicio y la llegada de la Guardia Nacional.
Lobbing senatorial
El senador morenista José Narro Céspedes, presidente de la Comisión de Agricultura, tuvo ayer una reunión a puerta cerrada con el director de la CFE, Manuel Bartlett, con quien revisó la electrificación en zonas rurales de todo el país, con el objetivo de generar energía a bajo costo. La nota, sin embargo, es que el legislador zacatecano acudió acompañado por representantes de la empresa alemana Siemens y de China. ¿Será que se amarran negocios en lo oscurito?
La cautela de Sánchez Cordero
La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, prefirió no meterse en aquello de la “mano negra” en las protestas de la Policía Federal, como lo aseguró el presidente López Obrador. Cuando le preguntaron por los nombres de quienes pudieran estar detrás, dijo que ella fue juzgadora muchos años, y “como juzgadora no puedo prejuzgar, necesito las evidencias y necesito la garantía de audiencia y de presunción de inocencia”.
Batres mantiene esperanzas
Martí Batres no quita el dedo del renglón. Ayer dio a conocer que buscará conversar de forma amplia con el presidente de la Jucopo de la Cámara alta, Ricardo Monreal, para solicitar su apoyo para poder reelegirse como presidente del Senado. “En su momento voy a platicar todo lo que sea necesario para tener su respaldo”. No hay duda de quién es quién en el recinto.
Reporteros vulnerables
Los reporteros que cubren las mañaneras ya tienen también que cuidarse de las filtraciones dentro de las comunicaciones oficiales de la oficina de Presidencia. Ayer en Twitter se difundieron las conversaciones que reporteros tuvieron con funcionarios pidiendo detalles sobre la gira que tendrá el Presidente en Chiapas. “Miren a los reporteros fifí quejándose”, se leía en la publicación. A ver si no al rato también dan a conocer los teléfonos de los reporteros para que se intensifiquen los ataques.
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No es la policía, es la estrategia
Razones/JORGE FERNÁNDEZ MENÉNDEZ
Excelsior..
• La creación de la Guardia Nacional es una muy buena decisión, incluso por lo que muchos critican: porque parte de una formación y una disciplina militar, aunque sea legalmente una institución civil.
En la rebelión de la Policía Federal las señales de inconformidad estaban allí desde hace semanas y eran públicas. Claro que en la PF había y hay áreas y mandos corrompidos, como en muchos otros ámbitos de la seguridad y la política, pero no es un desecho, es una institución policial respetada, incluso internacionalmente, y en algunas áreas con altos grados de eficiencia: lo fue en inteligencia, en manejo de tecnología, en lucha antisecuestros, en ciertas áreas operativas.
plataforma México, inexplicablemente desmantelada en el pasado, fue un instrumento excepcional como nunca antes lo tuvieron las fuerzas policiales en el país.
El error es haber apostado a la desaparición de la Policía Federal para conformar la Guardia Nacional. La creación de la Guardia Nacional es una muy buena decisión, incluso por lo que muchos critican: porque parte de una formación y una disciplina militar, aunque sea legalmente una institución civil. Llena un vacío clave en el esquema de seguridad del país. Será una labor titánica porque no se crea una institución de esa magnitud de un día para el otro. Pero se logrará porque tiene un buen diseño y buenos mandos.
Pero la Guardia Nacional no alcanza sola ni es en sí misma una estrategia de seguridad ni tampoco la solución para el modelo policiaco del país. La Guardia Nacional no puede reemplazar la inexistencia de un modelo policial global ni los policías realizar las tareas que se esperan de la Guardia Nacional.
Independientemente de la existencia de la GN, es perfectamente compatible mantener la Policía Federal, con tareas específicas y eminentemente policiales. El tema está en que las policías, todas, deben tener los mandos más centralizados posibles; una academia de formación de donde se tengan que diplomar todos los mandos, de los tres niveles; debe ser una policía con un mismo tipo de armamento, de equipo, de manuales de operación, con entrenamientos también homogéneos. Sin esa base no se puede construir nada. La Policía Federal tenía hasta hoy 36 mil elementos, la Guardia Nacional dicen que inicia con unos 70 mil, pero las policías estatales y municipales tienen 380 mil elementos, aproximadamente. Sólo la de la ciudad de México está integrada por más de 80 mil policías.
La estrategia planteada no integra todas las instituciones de seguridad que deben ser parte de la misma. Por eso los buenos propósitos no alcanzan y la creación de la GN no puede subsanar esa carencia, como la presencia militar en el pasado, sin el modelo policial unificado, no pudo tampoco garantizar la seguridad.
Lo que se debe hacer es dignificar a las policías, reconocer sus esfuerzos, mantener la Policía Federal con ámbitos muy específicos de acción, al tiempo que se legisla para que las policías estatales y municipales estén homologadas, y si es posible, con mandos únicos en los estados y coordinadas a nivel nacional.
Si se logra construir esa base operativa y sobre ella se monta a la Guardia Nacional, se podrá tener éxito en la lucha contra la inseguridad.
El punto es central porque no se termina de entender qué papel juegan y en qué lugar están colocadas todas las piezas del andamiaje institucional en el ámbito de la seguridad nacional, interior y pública. Se trasluce esa confusión en el rol que juegan las Fuerzas Armadas en el andamiaje institucional; se refleja en la forma en que se planteó la desaparición de la Policía Federal; en la falta de una vía para las policías locales. Debe haber fuerzas Armadas para la seguridad nacional e interior, Guardia Nacional para la interior y pública, y policías federales y locales para la seguridad pública y cotidiana. Todas son necesarias y todas caben en un buen esquema institucional, como ocurre en todas las democracias del mundo.
La mayoría de los países tienen fuerzas policiales locales, a nivel municipio o distrito, tienen fuerzas estatales o provinciales, tienen distintos tipos de policías a nivel federal, unas preventivas, otras de tipo gendarmería, que cuidan zonas del país más desprotegidas y fronteras. Hay fuerzas de investigación de todos los niveles, incluso de inteligencia.
En Estados Unidos hay 16 agencias federales de inteligencia, todas con mayor o menor capacidad operativa que trabajan simultáneamente, con un paraguas común y con una institución, el Homeland Security, que les da, a la mayoría, una cobertura institucional.
El problema no es la rebelión de los policías, el tema es encontrar para las diferentes fuerzas policiales, todas, su lugar en un andamiaje y una estrategia que las haga operativas. Comenzando desde la estrategia se podrán solucionar las coyunturas.
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El servicio público como castigo/ Carlos Matute
El Universal
La Ley de Austeridad Republicana fue aprobada con modificaciones por el Senado y se regresa a la Cámara de origen para su estudio y, en su caso, aprobación. La opinión pública la recibió con beneplácito y hasta con gusto. La sociedad manifestó su hartazgo por los excesos de la cúpula peñista (el mejor acuerdo para el expresidente se desarrollaba en el campo de golf). La Ley suena bien, endulza el oído, pero…
En principio, esta Ley es una réplica de los acuerdos de austeridad que se han reproducido en la Administración Pública Federal (APF) en los últimos 18 años y que se difundieron con mayor o menor fuerza en atención al estado de las finanzas públicas. En 2003, 2008 y 2016 (con la estrategia del presupuesto base 0), se acompañaron, además, de un recorte al gasto operativo de la APF.
La Ley agrega faltas sancionables vinculadas con los fideicomisos públicos, el conflicto de intereses y el nepotismo.También es un listado de obligaciones que se encuentran dispersas en distintos ordenamientos y está plagada de inconsistencias de técnica jurídica.
Francisco Báez, en su columna de esta semana (La Crónica de Hoy, 02-07-19), pone el dedo en el verdadero problema de las finanzas públicas: las pensiones, el pago del servicio de la deuda pública y las transferencias federales a los estados (vinculadas con las pensiones de las universidades públicas). Esto explica el creciente gasto federal en la última década.
De ahí que todo el esfuerzo de racionalización del presupuesto en el gasto operativo sólo va a significar despidos masivos para una sustitución de personas en el más viejo estilo del “spoil system”, es decir, los cargos públicos para los ganadores en las elecciones. El ahorro del 13.4%, que festina la Secretaria de la Función Pública (El Universal, 02-07-19) del capítulo 1000, de servicios personales, palidece con la proyección de crecimiento del pasivo laboral (pensiones) de los entes públicos federales o el costo de la cancelacióndel NAIM.
Entonces, ¿qué es lo que preocupa de la Ley de Austeridad? La visión que proyecta del servidor público, quien es considerado el malo de la película, súbdito de “Darth Vader”, ubicado en el lado obscuro de la historia y, por lo tanto, debe ser castigado. Todo derecho laboral es un privilegio que debe desaparecer.
El servidor público no debe gozar de prestaciones adicionales a las legales que se ofrecen en cualquier empresa para atraer talento y sustituir los rezagos del sistema de seguridad social. Es delito que reciba incentivos a su desempeño o para el ahorro. A esto debe agregarse que está condicionado a un dictamen de compatibilidad con el empleo público principal para que sea docente en una institución pública conforme al artículo 6 de la Ley de Remuneraciones, que fue declarada inconstitucional parcialmente por la SCJN y parchada en menos de un año de vigencia.
La Ley de Austeridad Republicana en conjunto con la de Remuneraciones son, como otras propuestas de la 4T, regresivas y autoritarias. Durante los últimos 36 años se había logrado “liberalizar” el mercado de trabajo de los profesionistas especializados e interesados en los asuntos de la gestión pública.
El cambio de gobierno, incluso la alternancia en el poder, no había afectado significativamente sus oportunidades de trabajo y el sector público o privado captaban el talento disponible con base en ofertas de prestaciones de trabajo u oportunidades de desarrollo personal. Por su alta especialización, este tipo de trabajadores suele moverse en un mismo sector.
La prohibición a trabajar en las empresas con las que hayan tenido relación como servidores públicos por diez años es una propuesta que pretende castigar a los justos por los pecadores. Seguramente será objeto de una acción de inconstitucionalidad.
Estadísticamente, la inmensa mayoría de los buenos servidores públicos, incluidos los mandos superiores, viven de su salario y al finalizar su vida productiva de sus pensiones precarias con varias agravantes, como la inestabilidad en el empleo, lo que provoca que muchos no reúnan las semanas de cotización por pertenecer a regímenes distintos de seguridad social, aunque hayan trabajado toda su vida en entes públicos. Muchos de los despedidos, aún con 30 años de trabajo, no tienen derecho a jubilación y con lo único que pueden sobrevivir una temporada es con el ahorro adicional, seguro de separación, hoy prohibido.
Un castigo más a los servidores públicos de los mandos de la 4T o del neoliberalismo, esta distinción es inaceptable, pero la hago porque el gobierno la utiliza constantemente en forma peyorativa. Si son separados del empleo no tendrán indemnización, ni ahorro, ni derecho a un trabajo digno en el sector que conocen. El servicio público no debe ser un castigo, sino un trabajo honorable retribuido dignamente. Vale.
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Twitter @cmatutegonzalez
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Encontronazo en Morena
Capital político/ADRIÁN RUEDA
Excelsior
La victoria de Alejandro Rojas Díaz Durán pega directamente a la dirigente nacional, Yeidckol Polevnsky, quien, con esto, queda desactivada en su intención de reelegirse
El triunfo político-judicial obtenido por Alejandro Rojas Díaz Durán, quien logró que el Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal revirtiera la expulsión decretada por la nomenklatura de Morena, abre un hoyo en el partido gobernante.
Primero, porque, además de restituirle todos sus derechos políticos, el TEPJF sienta un precedente importante para impedir que el partido pejista castigue la libertad de expresión hacia el interior y, por el contrario, le ordena fomentar el debate interno.
Por supuesto que la victoria de Rojas Díaz Durán pega directamente a la dirigente nacional, Yeidckol Polevnsky, quien, con esto, queda desactivada en su intención de reelegirse como presidenta de Morena.
Pero no sólo eso, el también senador suplente de Ricardo Monreal abrió un frente muy peligroso para el pejismo, pues acusó a Polevnsky de esconder el padrón que Gabriel García dejó actualizado, y cambiarlo por otro de sólo 317 mil 499 afiliados.
Según el monrealista, la actual dirigente nacional del partido omitió dar de alta a cerca de diez millones de morenistas, con la intención de que no voten en el próximo proceso interno y ella y su camarilla impongan al relevo, que pudiera ser Bertha Luján.
Lo de militantes no registrados ante el INE podría enmarcarse en una grilla más entre Yeidckol y Alejandro, pero el que haya metido a Gabriel García tomó otro cariz. Y es que García es como la niña de los ojos de YSQ y de sus muchachos, pues es el gran operador de las alianzas y candidaturas y no puede ser ninguneado tan fácil, lo que representa un problema mayúsculo a resolver.Luego de este desencuentro, es posible que venga un manotazo presidencial para cualquier lado, pues el que manda no puede permitir que se les descomponga el cuadro.
Para Rojas Díaz Durán, la presidenta perdió a propósito el padrón y armó uno propio con su camarilla, para hacer un gran fraude en las próximas elecciones de dirigentes nacionales, estatales y municipales en el país.
Pero va más allá, pues, al dejar sin credencial a —según él— diez millones de simpatizantes que votaron por el proyecto, los deja en estado de indefensión, ya que no podrán aspirar a ningún cargo de representación popular en 2021.
Y es que si bien la dirigencia Morena, que cerró el padrón en 2017, afirma que éste se volverá a abrir en 2020 —un año antes de las elecciones intermedias—, quienes no tengan credencial anterior no serán tomados en cuenta para las candidaturas.
Porque quienes aspiren deberán demostrar un mínimo de tres años de militancia y haber cursado un año en el Instituto de Formación Política, lo que la mayoría no podrá acreditar.
Así que quienes creían que con la reincorporación de Díaz Durán a Morena se acababa el problema, están muy equivocados.
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Escala puja por Morena
De naturaleza política/ENRIQUE ARANDA
Excelsior
• Hablamos, pues, de la encarnizada lucha por el poder que se viene dando al interior del grupo gobernante.
Evidente como es la diversidad de fuerzas políticas y sociales que conviven al interior del partido-gobierno, nada parece más evidente hoy que el próximo proceso electoral interno de Morena estará marcado por la frontal y descarnada confrontación entre aquellas, en busca de consolidar posiciones de poder e intereses de cara a los comicios de 2021 o, incluso, las presidenciales de 2024.
Nos referimos, claro, del momento culmen de enfrentamientos que comenzaron a marcar al Movimiento Regeneración Nacional desde el momento mismo en que ganaron los comicios en julio de 2018 y, más de uno entre sus dirigentes, entendieron la dimensión de la victoria conseguida y las posibilidades de acumular poder —dinero, influencia social, visualización y posiciones— que ahora, y en cuando menos todo el sexenio, la misma les ofrecía. Hablamos, pues, de la encarnizada lucha por el poder que se viene dando al interior del grupo gobernante, ni más ni menos.
Así las cosas, será en noviembre cuando el gobierno y su partido, su incuestionable Andrés Manuel López Obrador, en especial, deberán enfrentar el reto de ir a un proceso de selección de dirigentes nacionales y/o estatales marcado por la división de sus activos en cuando menos dos grandes corrientes: los autodenominados lopezobradoristas puros que, de no ocurrir nada extraordinario que les obligue a cambiar, tienen en la cada vez más cuestionada Yeidckol Polevnsky y en la activista Bertha Luján, madre de la ¿titular? de Trabajo María Luis Alcalde a sus candidatas a la presidencia, mientras que, en el frente contrario, los neopejistas —“arribistas y pragmáticos”, define alguno de sus detractores— impulsarán a Mario Delgado y Alejandro Rojas Díaz Durán, expriistas de origen ambos, ebradistas-monrealistas en la actualidad, a apropiarse del control y de la (incipiente, prácticamente inexistente) estructura del partido oficial.
En cuestión de cinco meses, entonces, liderazgos de la inexplicada 4T pujarán, ahora entre ellos, por la consolidación de sus respectivas visiones político-partidistas o de gobierno y, más importante aún, de sus particulares posicionamientos ideológicos y/o doctrinales con miras a consolidar un movimiento no estructurado hasta ahora y que, sin embargo, constituye la mejor alternativa en la actualidad para alcanzar el poder, para tratar de consolidarlo y, obvio, intentar garantizar su permanencia más allá del 2024.
Las cartas pues parecen estar echadas y, en opinión de propios y extraños, la sola distribución de las fuerzas augura una disputa cruenta y sin concesiones de ninguna de las partes.
Asteriscos
* Ahora sí que “donde y cuando menos lo esperaba…”, saltó la liebre a la 4T que, en las radicalizadas protestas de elementos de la Policía Federal renuentes a sumarse a la Guardia (¿civil?) Nacional en condiciones laborales inciertas y la (visceral) reacción del secretario de Seguridad Alfonso Durazo y del gobierno, parece haber encontrado, literal, la horma de su zapato.
* ¡Vaya altas puntuaciones! las que los habitantes de Guadalupe, en Nuevo León, otorgaron a su priista alcaldesa Cristina Díaz en lo que a procuración de servicios, tales como alumbrado público, recolección de basura, suministro de agua y pavimentación de calles y avenidas refiere.
Veámonos el viernes con otro asunto De naturaleza política.
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“Nos pusieron de rodillas y hay que aplaudir”
Arsenal/FRANCISCO GARFIAS..
Excelsior...
Se enreda la rebelión de policías federales. El conflicto no cede. La mesa de negociación no avanza. No los oyen, pero sí los descalifican. La maldita y costosa línea de aprendizaje de la que habló Ricardo Monreal.
Las autoridades hablan de diálogo y sacan el hacha. El presidente López Obrador anunció que se investigan actos de corrupción en esa corporación “que se echó a perder”.
“Los que estaban dirigiendo ayer el movimiento no trabajan en la Policía Federal, los principales dirigentes pertenecen a organizaciones de otro tipo”, aseguró.
Puede haber inconformidad por las condiciones que les ofrecen para incorporarse a la Guardia Nacional. No entiende que están molestos por el trato que les han dado desde la llegada de la 4T al poder.
Ni siquiera el rechazo a ser transferidos voluntariamente a fuerza a la Guardia Nacional. Se quejan de que les quitaron el seguro de operatividad, el de gastos médicos. Les dicen fifís por haberse quejado de las condiciones insalubres en las que se alojan cuando están fuera de base.
El excomisionado general de la Policía Federal, Enrique Galindo, puso un tuit que resume coloquialmente lo que ocurre: “Nos pusieron de rodillas… ahora hay que aplaudir. Sólo pasa en México”.
*Los pregoneros de la 4T ya encontraron un responsable mayor de la revuelta: el expresidente panista Felipe Calderón. La versión la amplificó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo.
Está basada en el hecho de que dos federales declararon a los medios que querían al expresidente como su representante o “delegado sindical”.
Al secretario se le hizo fácil decir. “Esta petición es una prueba de que grupos de interés, incrustados en la Policía Federal, están detrás de las manifestaciones”. Está claro que no vio el video donde dos policías federales, dos, piden a Felipe como su representante. Se aprecia que fue una expresión espontánea y no consensuada en grupo.
Los demás policías presentes se deslindaron allí mismo de la solicitud. “No pensamos eso”, dijeron y hasta hicieron a un lado al policía que pidió a Calderón.
Felipe no tuvo empacho en calificar de “cobarde” la insinuación que hizo el secretario de Seguridad.
“Específicamente le exijo que si tiene pruebas las presente y actúe en consecuencia. Si no las tiene, de inmediato retire las calumnias”, dijo en un video que subió a redes sociales.
*Otro de los señalados como dirigente de los inconformes, ajeno a la PF, es Ignacio Benavente Torres. Durazo dio a conocer su ficha. Habría estado preso por secuestro 21 años y 4 meses por ese delito que, jura, no cometió.
Efectivamente, no es policía federal. Es un activista de los derechos humanos. Los señalamientos del secretario lo obligaron a salir a defenderse. Hizo el “tour” de medios para negar las acusaciones. “Es un golpe bajo”. El verdadero culpable confesó el delito.
“Uno de los líderes estuvo preso y ahora es uno de los activistas del movimiento”.
*En medio de la conferencia de prensa, antes de responder una pregunta del reportero de TV Azteca, le llevaron a Alfonso Durazo un celular, vio el mensaje que estaba en la pantalla y regresó al micrófono para informar que policías federales habían abandonado su lugar con todo y vehículos y armas de cargo. Les hizo un llamado: “¡Entréguenlos!”
¿Cuántos policías eran? ¿Qué armas se llevaron? ¿Qué vehículos traen? No se supo más del tema, a pesar de su gravedad.
*La información diaria opacó la presentación de la iniciativa para crear el Instituto de Salud para el Bienestar que substituirá al desaparecido Seguro Popular. “El sistema de salud es un desastre y lo que vemos ahora son las consecuencias de muchos años de abandono”, dijo el diputado Mario Delgado, autor de la iniciativa. El instituto se conformará con los recursos humanos, financieros, y materiales que ejerce actualmente la Comisión Nacional de Protección Social en Salud....#
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Borrar el 13 de julio | Rafael Cardona
El Cristalazo
La Crónica
Si en el actual gobierno hubiera un mínimo de equidad para tratar como temas sociales todos los asuntos relacionados con grupos ajenos a su tradicional clientela (ninis, campesinos, agitadores, luchadores sociales, “ocupas”, invasores, maestros de la CNTE y demás), el conflicto de la Policía Federal debería reconocerse como un tema de derechos sociales y hasta humanos.
Esos derechos sobre los cuales —dicen— se asienta la legitimidad moral de la IV-T. Por lo pronto, el “Día del Policía Federal” (instituido por Decreto de 2009), debe desaparecer del calendario cívico. Ya no habrá ni cuerpo federal ni policías. Por las buenas o por las malas.
Pero el verdadero problema es éste: a los elementos de la PF se les ha tratado como semovientes; no como personas.
Y no se trata únicamente de las majaderías (majadería viene de majada), del impresentable señor Garduño, cuya fama en esta ciudad es conocida tras su paso por la Secretaría de Transporte y Vialidad, sino de una idea más profunda: como todo vestigio del pasado —incluido el Ejército tan prescindible cuando más se le utiliza— es obligadamente materia de desprecio y anulación.
Es la vocación extintora del nuevo régimen. O al menos del nuevo gobierno o la nueva forma de gobernar, entre tercera y home.
En la mente de los funcionarios relacionados con la (in) seguridad pública, se trata de indisciplinados y corruptos, quienes no admiten ser evaluados por la Secretaría de las Defensa Nacional como si se pudieran medir las toronjas con el rasero de las granadas.
La “evaluación castrense” necesitaría un poeta para consagrarla como una evaluación “punitiva”, como hicieron los demagogos con los exámenes magisteriales. Los “centeístas” (aliados electorales de la IV-T) no querían la evaluación y desaparecieron al Instituto responsable de hacerla. Así, de un plumazo.
Los policías, apolíticos —o al menos no militantes en bloque—, no tienen salida: serán sometidos y abusados. Serán sometidos en bloque.
Hoy los policías pelean por su empleo, su seguridad social, su antigüedad, sus derechos laborales y su protesta es calificada como la obra ruin de una indefinida mano negra. ¿De quién?
Si se conoce la existencia de una mano negra, bien valdría la pena, con base en la enorme cantidad de información disponible en el Palacio Nacional, exhibir al manipulador oscuro. ¿Quién es el negro de la mano negra?
Por ahí se debería comenzar en la necesaria despigmentación de la identidad misteriosa. Todo lo demás es la célebre y muy recurrida teoría del complot, justificación para cualquier otra acción en el campo político, y de la cual el propio secretario Durazo, da un indicio: Felipe Calderón ha sido propuesto como o representante de los rebeldes,
Por eso las palabras de Alfonso Durazo, ayer al mediodía, hacen inútil cualquier intento de negociar: acudan a las vías institucionales, es decir, no chillen, no rasguen camisas, no bloqueen calles. No se comporten como luchadores sociales. Eso no es para ustedes. Y sobre todo, devuelvan las armas y los vehículos ahora en su poder.
Las manifestaciones no tienen razón de ser, se buscan los más altos estándares internacionales de calidad y se debe ser riguroso en la selección; las quejas se deben a críticos sistemáticos del gobierno y la corrupción incrustada en la PF. No tiene razón de ser.
No se les darán viáticos porque no se les moverá de un sitio a otro. ¿Se los habrán dicho a quienes comisionaron al INM para dormir en la digna comodidad del suelo terregoso?
Durazo habla de las bondades de la transición y de un ámbito para negociar la nueva adscripción antes de extinguir el cuerpo: les ofrece posibilidades a quienes no sean admitidos en la Guardia, tanto en las aduanas como en los reclusorios. Y les dice, ya de salida, sobre las bondades del retiro voluntario y la jubilación, a personas cuyo trabajo, en muchos casos, no llega a los diez años de antigüedad.
Una belleza de justicia laboral. Pero no tanto como la maroma sofista de quien acusa a los defensores de la Policía de rasgarse las vestiduras, sin observar cómo los anteriores gobiernos (todos los pecados de hoy son culpa de los anteriores), abandonaron a la PF.
Y como gran hallazgo se saca de la chistera una adquisición de programas de Inteligencia, sobre la cual ni uno sólo de los agentes tuvo intervención ni quizá conocimiento.
Sea como sea, la Guardia Nacional nace con un obstáculo de origen. Se resuelva como sea este episodio, ya lleva en su interior el huevo de la inconformidad. Poco a poco se irá desarrollando, ahora como un aviso, después, quizá, como un tumor.
rafael.cardona.sandoval@gmail.com
elcristalazouno@hotmail.com
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El secreto de ‘Rafael'/Raymundo Riva Palacio
Estrictamente Personal/
El Financiero...
La crisis causada por la insurrección -hasta ahora pacífica- de la Policía Federal, obligó al presidente Andrés Manuel López Obrador a hacer lo que no quería que sucediera: ver al retrovisor. El secretario de Seguridad Pública Ciudadana, Alfonso Durazo, desdobló “la mano negra” detrás de la protesta, disparando en varias direcciones. La que visiblemente parecía más importante, es el viejo ajuste de cuentas de López Obrador con Felipe Calderón -el expresidente que realmente odia- desde la elección presidencial de 2006, a quien Durazo prácticamente responsabilizó de toda la putrefacción de la Policía Federal, aunque en realidad fue quien la reconstruyó del desastre que dejó Vicente Fox, en cuyo gobierno trabajaron varios miembros del gabinete actual. Pero el retrovisor no tiene el alcance de 12 años, sino de cuatro. El dato puntual es la auditoría que se hará a la cuenta pública de 2018 en las áreas de seguridad, y al esclarecimiento de la compra de un sistema llamado 'Rafael' en 2015.
Durazo no precisó el tipo de compra en ese año, al proporcionar información parcial. 'Rafael' no es un sistema, sino es una empresa israelita, Rafael Advance Defense Systems Ltd., con sede en Tel Aviv, que de acuerdo con un perfil empresarial de la compañía, “desarrolla y comercializa tecnologías para mercados civiles de alto crecimiento basado en tecnologías de defensa”, que abarca los campos de soluciones de seguridad y ciberseguridad. El contrato al que se refirió Durazo registra la compra de un sistema de “Análisis, Diseño e Implementación del Sistema de Explotación de la Información de Inteligencia”, el 23 de diciembre de 2015, por el cual se pagaron poco más de 133 millones de dólares, equivalente a dos mil 458 millones de pesos a tipo de cambio de 20 unidades por dólar.
El contrato fue firmado por Damián Canales, en ese entonces jefe de Inteligencia de la Policía Federal, celebrado de manera plurianual, por el cual no presentaron justificación, de acuerdo con funcionarios federales, ante las secretarías de Hacienda y de la Función Pública. Un funcionario dijo que sin justificar la urgencia, riesgo o confidencialidad, y sin suficiencia presupuestal, se procedió a esa compra sin que los bienes se registraran en el inventario y en el patrimonio de la institución. El valor, agregó, tuvo un sobrecosto de su valor real.
Pero más allá de los detalles de ese contrato, es quiénes fueron los responsables de ello. En ese entonces, la estructura de la Comisión Nacional de Seguridad, que reemplazó a la Secretaría de Seguridad Pública Federal cuando fue absorbida por la Secretaría de Gobernación al iniciar el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, la encabezaba Monte Alejandro Rubido, quien había sustituido en marzo de 2014 a Manuel Mondragón y Kalb, quien desarrolló el primer plan de seguridad, desde ese entonces, para Durazo, a petición de él, que fue el primer diagnóstico que tuvo en sus manos López Obrador.
Como comisionado general de la Policía Federal se encontraba Enrique Galindo, responsable de la matanza en Tanhuato, Michoacán, en 2015, y que fue destituido después del fallido y trágico operativo en Nochixtlán, Oaxaca en 2016. Pero la pieza crucial en el entramado de la seguridad pública en aquellos años estaba en Frida Martínez, que como se publicó en este espacio en febrero pasado, “es muy cercana a uno de los hermanos del actual coordinador de la bancada del PRI en el Senado, y que había sido directora general de Recursos Materiales y Adquisiciones de la Oficialía Mayor de Hidalgo, cuando Osorio Chong era gobernador. Al iniciar el sexenio peñista, el secretario de Gobernación la nombró jefa de la Unidad de Administración, Finanzas y Desarrollo Humano del Cisen, de donde la trasladó a la Policía Federal, como secretaria general. Desde ese cargo manejó un creciente presupuesto donde hay fuertes sumas de dinero que se desconocen por qué fueron manejados dentro del rubro de seguridad nacional, por lo que no tenían que rendir cuentas a nadie.
“Bajo su administración en la Policía Federal se canceló el pago de equipos y sensores de vigilancia en el penal de El Altiplano, aprovechado por Joaquín El Chapo Guzmán para fugarse en 2015, se dejaron de proporcionar uniformes a los federales, a quienes también los abandonaron muchas veces al no pagar su hospedaje cuando estaban de comisión, obligándolos a dormir en la intemperie. El problema de los contratos de alimentos se ubica sobre todo en el campo de las cárceles, que el gobierno de López Obrador está arrastrando porque actualmente no han podido pagar la alimentación en los penales”.
Las explicaciones de López Obrador sobre las razones para acabar con la Policía Federal y tener una Guardia Nacional manejada y controlada por militares, se expuso en esa columna, tienen nombre y apellido, el de Miguel Ángel Osorio Chong, el autor intelectual de la fusión de la Secretaría de Seguridad Pública Federal en Gobernación, aunque el presidente no lo hubiera mencionado. Aún hoy, no han mencionado ningún nombre, López Obrador o Durazo, pero ya establecieron los años en los cuales están revisando posibles actos de corrupción. Son 2015 y 2018, donde van a revisar las cuentas de Gobernación. Osorio Chong dejó la titularidad de ese despacho en enero del año pasado, pero su sucesor, Alfonso Navarrete Prida no quedó satisfecho con la entrega-recepción de su antecesor. Había 20 millones de pesos que no se documentaron de la gestión anterior.
La rebelión de la Policía Federal obligó al gobierno a buscar responsables. Durazo se remontó 12 años a la destrucción de la Policía Federal, pero se ha publicado en este espacio desde noviembre de 2012, cómo fue el gobierno de Peña Nieto el que desmanteló lo que se había hecho y su incompetencia detonó la espiral de violencia que heredó a López Obrador. El presidente hace bien en buscar las fuentes del desastre que le dejaron para tratar de reconstruir lo destruido. Los oscuros manejos de dineros en la Policía Federal el sexenio anterior son un buen principio. Tienen a 'Rafael' para desmontar lo que se tejió en seis años.
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Fronda en la Federal/Jorge G. Castañeda
Amarres
El Financiero..
JorgeGCastaneda
La rebelión en la Policía Federal podría ser el reto político más importante del gobierno de López Obrador. El pequeño detalle es que afirmamos lo mismo cada semana a propósito del 'flavor of the week', y casi siempre con razón. Este gobierno ha mostrado, como ninguno antes, un talento para crear repetidamente problemas de innegable envergadura. Comenzamos a ver como parte de la nueva normalidad el que se presenten desafíos insólitos casi todos los días.
Es cierto que éste parece mayor. Junto con el estancamiento económico, la corrupción y la desigualdad, la inseguridad es el tema de gobierno que más afecta a la gente. La única propuesta del régimen, al cabo de años de campaña y de doce meses de mandar, ha sido la Guardia Nacional. La rebelión en la PF constituye un torpedo debajo de la línea de flotación de esa Guardia Nacional.
Desde 2004 he sido partidario de la creación de una policía nacional única. Viví o vi los esfuerzos –tardíos– de Labastida y Zedillo, los de Gertz y Fox –insuficientes–, los de García Luna y Calderón –ambiciosos y corruptos–, y prácticamente nulos de Osorio Chong y Peña Nieto. No me disgusta la idea de una guardia nacional, si se tratara de una policía nacional civil que sustituyera a las irremediablemente inútiles fuerzas estatales y municipales. No me espanta la sugerencia de López Obrador de desaparecer al Ejército y sustituirlo con una guardia nacional potente y civil, a la costarricense o panameña (impuesta por Bush padre). Por tanto, no cuestiono al actual gobierno en esta materia por el fondo del asunto.
Pero su ineptitud, su precipitación y sus compromisos internacionales han dado al traste no con una buena idea –el término es excesivo– pero sí con una alternativa administrativa, no estratégica, interesante. Ese es el peligro mayor que subyace a las protestas, las tomas de instalaciones, los bloqueos de carreteras, y las manifestaciones públicas de descontento.
Siempre fue una mala idea fundir a la PF con el Ejército y la Marina bajo la férula o hegemonía de la Sedena. La tesis original de Zedillo, Fox, Calderón y Peña, a saber, transferir efectivos de las Fuerzas Armadas en mayor o menor número a la corporación civil para acelerar su creación, consolidación y crecimiento, era mucho más sensata. Hoy, al encontrarnos con un presidente fascinado por los militares, quiere que hagan todo y que todo el mundo se les subordine. Los policías federales, con sus innegables defectos y vicios, no quieren. La pregunta es, ¿quién querría?
La PF es tratada, según filtraciones y declaraciones públicas de funcionarios y del propio AMLO, con la punta del pie por los militares. Se les buscaba imponer condiciones laborales, de desempeño, de seguridad y de mando, humillantes e inferiores a las que disfrutaban, con o sin razón, antes de la 4T. Se les manda a misiones improvisadas, mal concebidas y casi imposibles, como cazar migrantes centroamericanos en todo el sureste y la frontera norte. Deben realizar estas faenas en condiciones que ellos mismos han denunciado como indignas e inaceptables. Se les responde que son fifís acostumbrados a alojarse en hoteles Holiday Inn. ¿Qué esperaban?
Ahora bien, convendría que además de lanzar acusaciones inverosímiles y absurdas, Durazo explicara algunas cosas. Por ejemplo, si se han despachado a 21 mil guardias nacionales para cumplirle a Trump (6 mil al sur-sureste, 15 mil en la frontera norte), y los 37 mil efectivos de la PF no sirven, y del Ejército y la Marina, por ahora, sólo se incorporarán unos 18 mil policías militares y navales, ¿cómo cuadran las cuentas?
Por ejemplo, si el traslado a la GN es voluntario, y pocos policías federales, por corruptos, egoístas o sensatos, rechazan las magníficas oportunidades que se les brindan si no les gusta la GN –migración, protección federal, etcétera–, ¿se les va a liquidar a todos conforme a la ley? ¿Incluyendo a los que tengan ya 20 años de servicio? ¿Ya se conoce el impacto fiscal de esta opción? ¿O se les va a hacer de chivo los tamales y pagarles su indemnización en función de los nuevos salarios y a dos años y medio sin intereses, como el fondo de retiro de los despedidos del sector público?
No era previsible para mí que un costo adicional de la rendición ante Trump fuera la rebelión en la PF. Pero allí está. ¿Sigue siendo una gran idea haber entregado todo a cambio de evitar aranceles?
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67 enemigos de la libertad | Hernán Gómez Bruera
El Universal
Fuera de Tono
Al final, las voces que defienden la “neutralidad” de los medios públicos quieren una cosa solemne, inocua y soporífera que termine por matarnos a todos de aburrimiento
67 diputados del PRD y el PAN hicieron llegar en días pasados una queja al Defensor de las Audiencias de Canal Once por la “falta de pluralidad” que a su juicio exhiben los nuevos contenidos del canal, particularmente en el caso del programa La Maroma Estelar que he conducido hasta ahora.
En un lenguaje propio de la Santa Inquisición, el documento elaborado a instancias de la legisladora Laura Rojas, presidenta de la Comisión de Radio y Televisión, nos acusa de “falta de equilibrio y pudor” —sí, de pudor, leyó usted bien— por haber transmitido un programa en el que criticamos a los oligopolios mediáticos y a la comentocracia mayoritaria.
La intención de estos 67 enemigos de la libertad de expresión es muy clara: en nombre de la “pluralidad”, los mismos que acusan a este gobierno de tener tendencias autoritarias hoy pretenden suprimir las voces que les incomodan, a través de un recurso que creíamos en el basurero de la historia: la censura.
Dice el documento —con más bilis que razonamiento— que “buena parte de la programación del canal” se ha destinado a programas con personas “afines a la ideología de esta administración” y que eso “resta pluralidad” a los medios públicos.
El argumento es falaz porque lo que ha hecho el Once y otros medios públicos en estos meses es precisamente ampliar la pluralidad por medio de voces que antes no tenían un espacio. Dentro de las 168 horas que transmite el canal, La Maroma Estelar representa tan solo el 0.6%.
¿Por qué esos legisladores no le cuestionan a don Macario Schettino o a Ezra Shabot —también conductores del Once— si su programa es “equilibrado y objetivo”? ¿Se lo endilgan acaso a los participantes de Primer Plano, mayoritariamente críticos de López Obrador? ¿Lo cuestionaron en su momento a Ricardo Alemán, cuando también tenía un segmento en el canal del IPN?
Existe la falsa tesis de que en los canales públicos no se puede criticar a los opositores. A un sector de la sociedad le ha indignado que en ellos se incluyan parodias de personajes públicos o comentócratas con poder mediático. Puras telarañas en sus cabezas.
Por décadas se ha estigmatizado y hecho mofa del pobre, el indígena, el homosexual o el sujeto con discapacidad. Así ha sido desde el indio Tizoc o el indio Brayan hasta Carmelo o Paul Yester burlándose de los gays, pasando por el más reciente humor clasista de Brozo. Nunca repararon ante eso hasta que a alguien se le ocurrió parodiar a unos estudiantes privilegiados del ITAM o una comentócrata que representa la visión de los sectores acomodados incapaces de ver más allá de su condición. Eso bastó para hacerlos enardecer.
Señalan algunos que un programa con humor y sátira no puede hacerse desde un medio público. Ignoran que esto se hizo en México, con gran maestría, cuando existía Imevisión o que lo hace la propia BBC.
La confusión no podría ser más grande porque en realidad todo el espectro televisivo y radiofónico es público. Lo que hoy tienen Televisa o TV Azteca no es más que una concesión. La línea divisoria entre medios públicos y privados es aún más relativa, a juzgar por las ingentes sumas destinadas a los segundos a través de la publicidad oficial, si se compara con el raquítico presupuesto que se asigna al Once, al 22 o al Imer. Los contribuyentes hemos pagado por años sus parodias sin que los 67 enemigos de la libertad siquiera protesten.
Al final, las voces que defienden la “neutralidad” de los medios públicos quieren una cosa solemne, inocua y soporífera que termine por matarnos a todos de aburrimiento. Eso que dicen hacer en nombre de la defensa de los medios públicos los condenaría a la inanición. La esencia de la televisión siempre ha sido el entretenimiento. Quienes cuestionan que la televisión pública también sea capaz de entretener (al tiempo que se plantee objetivos de contenido social más ambiciosos) en el fondo quieren que estos espacios sean incapaces de competir con los medios privados para que sean estos últimos los que prevalezcan.
@HernanGomezB
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Durazo, el mataor de la fuerza civil | Elisa Alanís
Razones y Pasiones
El Universal...
Alfonso Durazo le dio la última estocada al moribundo cuerpo policiaco.
Desde dentro, frente a frente, el mataor Durazo destrozó lo que era suyo.
Nunca se había visto que un titular de Seguridad Pública brincara a su propio ruedo y le pusiera tal zarandeada a la Policía Federal.
En discurso de tono ascendente, la cabeza de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno amloísta, arremetió con la espada del poder contra la poca dignidad que le restaba a la PF.
Si la población no cree en ella (con justa razón), con el mensaje de su secretario de Estado, los demonios de las fobias se soltaron.
Pero tampoco se descarta que en el saco de la desconfianza estén integrantes de las Fuerzas Armadas.
Recordemos, por ejemplo, que hace dos años, una persona fue rescatada por la Policía Federal. Había sido secuestrada por marinos de la Armada de México, del 29 Batallón de Infantería.
Los niveles de violencia, muerte, desapariciones, corrupción e impunidad, no se pueden explicar, lo repito, sin la colusión, colaboración o participación directa de autoridades: polis municipales, estatales, federales, Ejército, Marina, gobernadores, legisladores, jueces, procuradores…
Poner en la mira a un solo grupo, no debe encubrir a otros.
Estoy de acuerdo con el Ejecutivo Federal. Los gobiernos anteriores dejaron un cochinero.
Es hora de transparentar y rendir cuentas. Incluida la Guardia Nacional. Y por supuesto, no se debe generalizar. Habrá miembros de seguridad y órdenes de gobierno que sí cumplen con su deber, en el violento país del crimen organizado.
Dicho lo anterior, regreso al punto inicial.
Sorprende ver al representante de los civiles (ahí estaba cuando arrancó la GN, en la retaguardia, achicado, atrás de los demás, pero estaba) vapuleando de esa manera esta fuerza y ensalzando a la otra, a la Armada.
En conferencia de prensa, el día de ayer, Durazo se convirtió en un férreo defensor de la militarización.
Comenzó repitiendo lo dicho por su jefe, el Presidente de la República, en la conferencia mañanera: La protesta policiaca no tiene razón de ser. Y terminó retando que le pusieran sobre la mesa el nombre de un civil, uno solo, que pudiera liderar a las Fuerzas Armadas. Que tuviera el reconocimiento y la capacidad para dirigir a los 50 mil militares.
¿El gobierno de López Obrador no considera a ninguno capaz? ¿No existe una sola persona, como en otros países del mundo? ¿No es lo que se aprobó con la reforma constitucional?
¿Tampoco encontraron entre los servidores públicos a quien pudiera rescatar a la PF?
¿Qué sigue para el doctor Durazo? ¿Es necesaria su presencia para las labores de la Guardia Nacional de corte castrense?
¿Sus palabras son una autodescalificación? ¿O son el pase a la candidatura gubernamental de su estado?
Por lo demás, suerte a los buenos elementos en la búsqueda de mejores condiciones laborales y en el combate contra el crimen.
México los necesita.
Razones y Pasiones:
La mano que mece la cuna, quien sabe.
Pero de que Felipe Calderón es un oportunista cínico, lo es.
Twitter: @elisaalanis Facebook: Elisa-Alanís-Zurutuza
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El cabo suelto de la Marina en Ayotzinapa/Raúl Rodríguez Cortés
El Universal
Gran Angular
Desde principios de junio circulaba en redes sociales el video de la tortura infligida a Carlos Canto Salgado, alias El Pato, acusado de pertenecer a la organización criminal Guerreros Unidos, señalada por la otrora PGR como la responsable de la desaparición en Iguala de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ocurrida el 27 de septiembre de 2014.
Los detalles del video se fueron desentrañando paulatinamente con la investigación periodística. La fecha de la grabación es el 22 de octubre de 2014. La voz del interrogador resultó ser la de Carlos Gómez Arrieta, entonces director de la Policía Federal Ministerial de la PGR y quien, tras conocerse el video, renunció a la subsecretaría de Seguridad Pública de Michoacán. Y los torturadores, uno vestía uniforme de la Federal Ministerial y el otro un camuflado de las Fuerzas Armadas.
El pasado lunes 24 de junio, el reportero Marco Antonio Coronel, del noticiero En Punto de Denise Maerker, documentó los hechos. Tres muy relevantes:
1. Que Canto Salgado fue puesto a disposición del Ministerio Público después de ser detenido cuando caminaba por calles de Iguala a la una de la tarde del 22 de octubre de 2014, lo que contrasta con la versión de la ONU que asegura que la detención sí fue ese día, pero a las tres de la mañana, y que fue presentado hasta las diez y media de la noche, lo que abrió un amplio espacio en el que habría tenido lugar la tortura.
2. Que ese documento y otro de la SEIDO en el que notifica a la Visitaduría General de la PGR a las cero horas con cinco minutos del 23 de octubre de 2014, que el presentado Canto Salgado muestra huellas de maltrato, confirman que desde un principio las autoridades supieron que ese detenido fue torturado para hacer declaraciones que después no ratificó.
Y 3. Que quienes firmaron la puesta a disposición fueron el policía federal ministerial Ezequiel Peña Cerda (hoy director de la Unidad General de Investigación Policial) y el marino Ariel Agustín Castillo Reyes.
Esto último evidencia que no solo el Ejército sino también la Marina tuvo participación en los hechos de Iguala relacionados con los 43 de Ayotzinapa con un dato adicional: Que el mando responsable en la zona era el hoy almirante secretario de Marina, José Rafael Ojeda, en ese momento comandante de la Octava Región Naval con sede en Acapulco, encargo que dejó en enero de 2015, para ser sustituido por el también almirante Ángel Enrique Sarmiento, quien luego llegaría a ser subsecretario de Marina y fue parte responsable del error comunicacional de la niña Frida, cuyo inexistente rescate de los escombros del colegio Rebsamen tras el terremoto del 19 de septiembre de 2017, tuvo en vilo al país entero.
La Marina ha respondido que está en marcha una investigación interna del marino Castillo Reyes, proceso en el que la lógica dicta que se solicite la información que al respecto tienen los altos mandos de la dependencia, así como se espera más información del Ejército ahora que se ha acordado abrir a los familiares de los estudiantes desaparecidos las instalaciones del cuartel del vigésimo séptimo batallón de Infantería con sede en Iguala, una de sus más insistentes demandas a lo largo de estos casi cinco años de investigaciones.
Estas nuevas evidencias se suman a las ya aportadas para conocer cómo se fue construyendo la llamada “verdad histórica” elaborada por el entonces procurador Jesús Murillo Karam y que en términos generales asegura que los normalistas fueron secuestrados y posteriormente incinerados en el basurero de Cocula por maleantes de Guerreros Unidos.
Instantáneas:
1. GUARDIA. El tamaño de la responsabilidad de la Guardia Nacional lo definió claramente AMLO al considerarla “vanguardia de la 4T”. En otras palabras: si no se resuelve el problema de inseguridad y la violencia, no habrá Cuarta Transformación. ¿Qué tan pronto dará resultados? El secretario de Seguridad, Alfonso Durazo lo puso en estos términos: hay que administrar las expectativas a corto plazo y esperar, a mediano y largo plazo, resultados de alto nivel. A ver.
2. EXONERADO. La Fiscalía General de la República encontró inocente a Miguel Ángel Lozada Aguilar, uno de los tres funcionarios de Pemex investigados por presunta corrupción y desvío de recursos públicos, asociados a la llamada “estafa maestra”. La información la dio a conocer la semana pasada el propio AMLO, lo que hace suponer que Lozada se reincorporará formalmente a la dirección de Pemex Exploración Producción (PEP).
RaulRodriguezC
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Para desactivar el conflicto de la Policía Federal | Alejandro Hope
El Universal
Plata o Plomo
Las protestas de integrantes de la Policía Federal cumplen hoy su tercer día. No hay aún viso alguno de solución ni mucha voluntad de las partes por llegar a un acuerdo. Ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el asunto “ni le preocupa ni le ocupa”. Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, afirmó que el movimiento no tenía razón de ser y sugirió que el movimiento pudiera ser controlado por intereses ajenos a la corporación.
Por su parte, los policías federales que mantienen tomado el Centro de Mando (Contel) en Iztalapapa tronaron contra sus propios representantes y rechazaron el ofrecimiento de las autoridades de irse a otras instituciones (Comar, INM, SPF, etc.).
Por mientras, se cierne la posibilidad de que el conflicto termine en un enfrentamiento serio: ayer, elementos de la Policía Militar fueron enviados a las inmediaciones de Contel. Se retiraron a los pocos minutos.
En estas circunstancias, ¿qué se debería hacer para desactivar el conflicto? No sé, para ser sincero. Por ahora, no parece haber muy buenas alternativas: si el gobierno no cede y reprime el movimiento, se corre el riesgo de una deserción masiva de la Policía Federal que dejaría coja a la Guardia Nacional por años. Pero si el gobierno cede a las demandas de los policías federales, se dificultaría el proceso de homologación de sueldos y prestaciones de la Guardia Nacional, y el malestar podría trasladarse ahora a las Fuerzas Armadas.
En realidad, la mejor alternativa sería deshacer a la Guardia Nacional como organismo mixto, dejarla como un cuerpo de origen militar bajo mando civil, dedicada a funciones de control territorial en zonas rurales y pequeñas poblaciones, al tiempo que se preserva a una Policía Federal fortalecida que cubra las zonas urbanas. Es decir, un modelo como el de España, Francia o Italia.
Pero eso no va a suceder. Dentro de esas limitaciones, ¿qué podría intentar la autoridad? Van algunas humildes sugerencias:
1. Hay que abandonar la estridencia. Esto no es una asonada ni un motín: esto es un conflicto laboral que involucra a una categoría muy particular de trabajadores. Pero al final del día, se están discutiendo temas laborales: sueldos, prestaciones, requisitos de ingreso, etc.. Si se concibe de esa manera, el asunto se vuelve mucho más manejable.
2. Los policías federales están peleando por asuntos laborales concretos, pero también por respeto. No es mucho pedir que no les digan corruptos, sin más distinciones, ni les echen en cara, como hizo ayer el secretario Durazo, actos de presunto cohecho que se gestaron en las altas esferas de la Secretaría de Gobernación en el sexenio pasado. No es una exigencia absurda que el gobierno reconozca los muchos servicios que los policías federales le han rendido al país.
3. El tratamiento desigual entre militares y policías federales tiene que parar. Si se les están exigiendo pruebas físicas o médicas a los policías federales, lo mismo se le debe exigir a los militares. Si se pide que los policías federales se sometan rigurosamente a las disposiciones legales, lo mismo se debería pedir a los soldados y marinos. Por ejemplo, las evaluaciones podrían ser cruzadas: los policías federales serían evaluados por militares y los militares en la Policía Federal.
4. Hay que dejar de ver una conspiración detrás de esto. El malestar de los policías federales tiene motivos justificados y se ha venido manifestando desde hace meses. No necesitan a nadie de fuera para movilizarse y no son títeres de nadie. Hay que tratarlos como actores legítimos.
En resumen, se necesita tacto y política. No más que eso, pero no menos.
@ahope71
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El falso debate de la partida secreta | Martí Batres
El Universal
El Senado de la República aprobó la Ley de Austeridad Republicana. El nuevo ordenamiento garantiza el uso racional de los recursos públicos para su aprovechamiento en programas y acciones en beneficio de la ciudadanía. Con ello, se da vuelta a la hoja de una larga historia de abusos e impunidad en el ejercicio del poder público.
Con la Ley de Austeridad Republicana se prohíben: bonos, sobresueldos, duplicación de aguinaldos, oficinas lujosas, escoltas, viajes al extranjero en exceso, vehículos, helicópteros y aviones, seguros de gastos médicos y otros privilegios a costa del erario.
Uno de los temas más importantes desde el punto de vista simbólico es el fin de la llamada “partida secreta” del Presidente. Esto se suma a medidas como la desaparición del Estado Mayor Presidencial, el aprovechamiento de la antigua Residencia Oficial de Los Pinos como centro cultural abierto a la ciudadanía y la aprobación de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos en donde, por ejemplo, se cancelan las pensiones a los expresidentes y se limitan los ingresos de quienes se dedican al servicio público.
Es decir, la Ley de Austeridad Republicana se suma al paquete del nuevo andamiaje legal que tiene por objetivo limitar el poder de los gobernantes en el ejercicio de sus funciones.
En este contexto, se desató un falso debate en torno a la supuesta existencia de una “partida secreta” a partir de la reforma al segundo párrafo del artículo 61 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria que señala:
“Los ahorros generados como resultado de la aplicación de dichas medidas deberán destinarse, en los términos de las disposiciones generales aplicables a los programas del ejecutor del gasto que los genere. Por lo que hace al Poder Ejecutivo Federal, dichos ahorros se destinarán a los programas previstos en el Plan Nacional de Desarrollo o al destino que por Decreto determine el Titular”.
Inferir que en esa redacción se establece una suerte de “partida secreta” es contrario a la verdad y parte del desconocimiento de las leyes vigentes y del proceso de elaboración y aprobación del presupuesto.
De entrada, la llamada “partida secreta” de la que disfrutaron los anteriores presidentes se establecía cada año en el presupuesto, no era auditable, por lo que no se podía conocer el destino del dinero. Era un presupuesto que el Presidente podía gastar en lo que quisiera, aun para necesidades personales, sin estar obligado a rendir cuentas. Eso ya no existe. Al contrario, la ley aprobada evita que los servidores públicos usen los recursos en beneficio propio.
Por otro lado, en el mismo artículo 61 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria se establecen criterios generales para destinar los recursos, se habla de la obligatoriedad de un plan y de informes trimestrales.
En este mismo sentido, la Ley Federal de Austeridad Republicana en su artículo 7 indica que al final de cada año fiscal los entes públicos entregarán al Comité de Evaluación y a la Cámara de Diputados un informe en donde reportarán los ahorros obtenidos para ser evaluados.
El artículo 23 de la propia Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria señala que la Secretaria debe entregar informes trimestrales a la Cámara de Diputados de saldos en línea globales por dependencia o entidad, por unidad responsable y por programa”. Además, la Secretaría está obligada a reportar los ahorros a la Cámara.
Como se puede observar, la reforma en materia de austeridad aprobada por el Senado de la República va en contra de la discrecionalidad del pasado y tiene el objetivo de cimentar una concepción más ciudadana del ejercicio del poder público. En conclusión: la Ley no permite que pueda haber Partida Secreta alguna.
Presidente del Senado
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