La consulta del despojo: el muro de sordera en la Bahía de Ohuira..

 La consulta del despojo: el muro de sordera en la Bahía de Ohuira..

La escena transcurrida en Palacio Nacional  hoy no es solo un desencuentro mediático; es el retrato fiel de una herida abierta en la costa de Sinaloa. De un lado, el peso de los oficios, las fechas exactas y el registro de promesas que se llevó el viento, presentados por el periodista Julio Hernández "Astillero". Del otro, la presidenta  Sheinbaum, defendiendo la planta productora de amoníaco en la Bahía de Ohuira detrás de un muro burocrático y el peso de una herencia política que se pretende intocable.

Lo que está en juego en el sistema lagunar Santa María-Topolobampo-Ohuira va mucho más allá de un debate de cifras en una conferencia "mañanera". Es la cotidianidad de los pescadores, la supervivencia de un humedal de importancia internacional (Sitio Ramsar) y la voz, sistemáticamente ignorada, de quienes habitan en la primera línea del impacto ambiental.

La consulta como simulación

La defensa central de la Presidenta se sostiene en un pilar que, mirado de cerca, se desmorona: "Hubo una consulta pública", afirmó. La narrativa oficial minimiza el conflicto reduciéndolo a unas pocas personas inconformes, eludiendo estratégicamente el fondo del problema.

No se trata de simples disidentes; son cuatro comunidades originarias en resistencia directa, cuya voz fue silenciada bajo la aplanadora de otras siete comunidades que, ajenas al impacto ambiental primario, votaron a favor tras el reparto de despensas y promesas de empleo, según le increpó el periodista.

Cuando el gobierno de la llamada Cuarta Transformación utiliza la democracia participativa para diluir el dolor de los directamente afectados y validar un proyecto de miles de toneladas diarias de químicos, la consulta deja de ser un instrumento de consenso para convertirse en una justificación de despojo.

El laberinto del diálogo póstumo

Resulta profundamente contradictorio y trágico escuchar a la titular del Ejecutivo afirmar que "tiene que haber diálogo", mientras la Secretaría de Medio Ambiente —encabezada por Alicia Bárcena— litiga activamente en contra de las comunidades en los tribunales. ¿Cómo se explica esto? Julio Hernández exhibió los documentos que prueban la flagrante contradicción.

Las palabras de Bárcena, quien hace un año prometió visitar la zona y sancionar cualquier violación a la normativa, resuenan hoy como un eco vacío. Se prometió y se falló. ¿De qué sirve invitar a dialogar a una comunidad cuando el aparato legal del gobierno ya ha catalogado la destrucción de su entorno como "actos consumados de modo irreparable"?

Invitar a la mesa mientras se asfixia jurídicamente a los pobladores es una cortesía hueca. El Estado parece haber renunciado a su papel de árbitro garante de los derechos humanos y ambientales, asumiendo —en los hechos— la defensa técnica del megaproyecto industrial de GPO.

El cemento sobre el humedal

Con un avance de obra que roza el 90% y una operación prevista para los próximos años, la planta se erige como un monumento a la sordera institucional. La frase presidencial "es un proyecto que ya venía, ya se había aprobado" suena a una sentencia de muerte irrefutable para la biodiversidad de Ohuira y el tejido social del norte de la región.

Al final, esta crónica de resistencia nos deja una certeza dolorosa: frente a los micrófonos se celebra al pueblo, pero en los juzgados y en los despachos, el "polo de desarrollo" sigue pesando más que las aves migratorias, las redes de los pescadores y el derecho fundamental a existir de las comunidades originarias.

Para la historia inmediata!

Textual...

Mañanera del lunes 25 de mayo de 2026..

—Bueno, vamos a este lado. A ver, Julio, que nos visita. Julio “Astillero”.

PREGUNTA: Gracias, Presidenta. Gusto en saludarla. Con todo respeto gracias por esta oportunidad.

CLAUDIA SHEINBAUN: Gracias.

PREGUNTA: Estuve hace un año por aquí, el 16 de mayo del año pasado, para plantear 2 asuntos.

Uno de ellos particularmente, el de la Bahía de Ohuira, el hecho del proyecto para instalar una planta de amoníaco de la empresa GPO, que implicará producir 2 mil toneladas diarias de amoníaco en ese lugar.

En aquella ocasión planteé las diferentes circunstancias difíciles por las que ha atravesado este proyecto y la falta de atención en la administración anterior, en la que se prometió el diálogo con las comunidades.

En tres ocasiones la secretaria —entonces— del Medio Ambiente, María Luisa Albores, prometió y no asistió; el secretario de Gobernación, entonces Adán Augusto, igual.

En aquella ocasión le dije que “había la esperanza de las comunidades de poder tener un diálogo”. 

Usted me dijo que “sí”, que “se haría”, que “era absolutamente viable”.

Le pregunté si “¿la secretaria del Medio Ambiente podría ir a dialogar?”. 

Me dijo usted que “sí”.

Y luego, el 30 de mayo, que tuve una entrevista, me invitó la secretaria Alicia Bárcena a dialogar. Y fue una entrevista realmente muy interesante, porque ella expresó su compromiso de ir a dialogar.

Le pregunté si “¿sería con los cuatro pueblos, con las cuatro comunidades específicamente afectadas?”.

Dijo que “sí”. El compromiso de respetar, dijo que “tenía mucha preocupación por los humedales”.

No se cumplió la visita, ni de la secretaria ni de nadie más, solo fue una pequeña comisión que no tenía ninguna facultad para resolver ni decidir nada.

La verdad es que no ha habido ningún diálogo, ninguna atención a las cuatro comunidades de Ohuira. Y la secretaria Bárcena incumplió su promesa y su palabra de atender, de escuchar y de viajar a escuchar allá a las comunidades.

Este viernes ya se resolvió en primera instancia por un juez de Distrito en Los Mochis, señalando que se desecha la impugnación de las comunidades de la bahía de Ohuira por varios temas, pero particularmente algo que en aquel momento yo mencioné, dije que “una parte del Gobierno Federal, la Semarnat, estaba litigando contra las comunidades”.

La argumentación que se tiene por la respuesta que ya dieron las autoridades de la Semarnat, es el hecho de señalar que es improcedente, absolutamente, la solicitud que hacen los pueblos de la bahía de Ohuira.

El pasado abril 16 fue presentado ante ese Juzgado la respuesta de Julio César García Vergara, director general de Impacto y Riesgo Ambiental, quien en pocas palabras ―tengo aquí las copias de los oficios correspondientes― dice: “no obstante, la aceptación del acto reclamado, por parte de la autoridad que represento, debe señalarse que el mismo debe ser considerado materialmente consumado porque ha surtido todos sus efectos, y en contra del mismo resulta improcedente la concesión de la suspensión que plantean las comunidades”. Esto fue lo que dijo este director general de la Semarnat.

Luego, con fecha 23 de abril, Lucía Sandoval Martínez, coordinadora de lo Contencioso, Administrativo y Judicial de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, expresó pues lo mismo: el hecho de que “no hay ninguna violación constitucional, no se causa ninguna afectación real a la esfera jurídica, pues los agravios planteados se sustentan en apreciaciones subjetivas y no acreditan vulneración alguna a derechos fundamentales”.

De hecho, se señala que la demanda fue presentada fuera del plazo legal establecido. Se dice que “debieron haber impugnado 15 días después de que se notificara o se conociera de este asunto”.

Entonces, se señala que hay un exceso en el fondo, y así lo establece esta respuesta de la Semarnat.

“Se actualiza, dado que no se presentó a tiempo ―según esta versión― la impugnación, se actualiza a la causal de improcedencia por actos consentidos tácitamente”; es decir, dado que no estuvieron ―según esta versión― en el tiempo adecuado, eso implica ―según la Semarnat― que hay una aceptación tácita.

Dicen, además, que “esta demanda, que implica el señalamiento de riesgos en materia ambiental de salud y acceso al agua, esa afirmación carece de sustento fáctico actual, en tanto que la referida instalación no se encuentra en operación ni existe evidencia de que se estén generando en estos momentos los efectos perjudiciales que se alegan”.

Y dice también, que “se está en presencia de actos consumados de modo irreparable, es decir, aquellos que han producido la totalidad de sus efectos y respecto de los cuales se no es posible restituir material o jurídicamente a la parte quejosa en el goce del derecho que estima vulnerado”.

Como le digo, realmente ha sido una crónica de un desenlace anunciado; es decir, todo este tiempo no hubo la atención adecuada, no se dialogó, no se visitó a las comunidades y lo único que se ha dado es un tiempo perdido que ahora les es reprochado a las propias comunidades en el sentido de plantear que ellos han tenido la culpa.

Hay un tema también, que es el relacionado con el uso ilegal de bienes de la nación en la plataforma marítimo terrestre de ese lugar. El juez, para tener la opinión de las partes, para tener la visión adecuada convoca, conforme a la ley, a audiencias constitucionales.

De esas audiencias constitucionales, 20 veces se ha diferido, seis en este año; es decir, no se ha escuchado, no se ha atendido. Y como no ha habido esa audiencia constitucional, la Semarnat dice que “no puede entrar a verificar si ese terreno de zona marítima terrestre tiene un uso ilegal o no”.

Es una historia, Presidenta, que creo que es necesario plantearlo en términos de lo que está sucediendo allá.

Tal vez en el último de los hechos relevantes, como gobernador, de Rubén Rocha Moya, en Sinaloa, él, cuando comunidades del movimiento “¡Aquí no!” impidieron que se instalara la primera piedra de otro proyecto, el de metanol, Rubén Rocha Moya dijo que “era cierto que no se había hecho ninguna consulta indígena, en el caso de metanol”. No estoy hablando de GPO, sino de metanol. Mexinol, la empresa.

Dijo, además, que “iba a venir él a informarle a usted de que en Los Mochis, en Topolobampo, había un rechazo a los Polos de Desarrollo”.

Ese día, en una intervención grosera del embajador Ronald Johnson, dijo, en otro lugar, en un hotel de Los Mochis, que “la inversión no podría llegar mientras no hubieran circunstancias favorables y que no hubiera corrupción”.

Para el mes de junio se está avanzando para que esté la respuesta sobre el caso específico de Mexinol, metanol.

Todo esto se lo planteo, Presidenta, porque pareciera que es muy poco el espacio posible que queda.

Las comunidades van a denunciar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; 11 relatores especiales de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas emitieron recomendaciones preocupados por el daño al medio ambiente, por la falta de respeto a las comunidades, por el daño al ambiente, a la cultura y a la sociedad de ese lugar.

Como observación personal, me parece, se lo dije en su momento hace un año a la secretaria Bárcena, le mostré los trípticos del Gobierno Federal, particularmente de la Secretaría de Economía, donde ya se anunciaba como un hecho consumado: la instalación de la planta de amoníaco de GPO y la planta de metanol llamada “Mexinol”.

Pregunto, Presidenta, si ¿la secretaria Bárcena incumplió esto por alguna instrucción, si usted supo que no iba a asistir?

Si… ¿Qué deben hacer las comunidades que nunca han sido escuchadas directa y físicamente por ninguna autoridad?

Queda todavía un camino legal, porque van a impugnar ante Tribunales Colegiados.

Pregunto: ¿la Semarnat va a seguir litigando contra las comunidades de la Bahía de Ohuira?

 CLAUDIA SHEINBAUM: En primer lugar, hace un año que estuviste, comenté que hubo una consulta pública. 

Puedes no estar de acuerdo tú con la consulta, pero durante el periodo del Presidente López Obrador hubo una consulta pública, que ganó: el que se desarrollara la planta.

Entonces, no es cierto tampoco que “no se atendió a las comunidades”, que “no se ha ido para allá”. Incluso hubo una consulta a la sociedad de si se desarrollaba la planta o no se desarrollaba.

Segundo, hay una Manifestación de Impacto Ambiental. En la Manifestación de Impacto Ambiental siempre hay un periodo para la consulta pública. Y en ese momento se visitó a las comunidades, se platicó con ellos. Y después también se fue. Incluso personalmente estuve en la zona y hablé con las comunidades.

Ahora, de que yo me comprometí a que fuera Alicia y tiene que ir, pues eso, tiene que ir, ¿verdad? Si no ha ido, tiene que ir y hablar con las comunidades.

Pero no se puede plantear una idea de que “el gobierno está contra las comunidades” y que “nunca se les ha tomado en cuenta”.

Son dos proyectos que iniciaron en el gobierno del Presidente López Obrador. Se hicieron las consultas, salieron favorables. Y hay algunas personas de las comunidades que no están de acuerdo, y hay que atenderlas, hay que trabajar con ellos.

Pero tampoco es que “no ha habido ninguna comunicación”.

Y pues le comento a Alicia para que pueda ir a revisar ambos…

PREGUNTA: Son cuatro.

CLAUDIA SHEINBAUM: …lugares y hablar con la gente.

PREGUNTA: Son cuatro comunidades las que rodean la Bahía de Ohuira y las que serían abiertamente afectadas. Esas cuatro están absolutamente en contra, cuatro.

Se planteó que se hiciera la consulta a 11 comunidades: siete no son afectadas directamente. Y durante ese tiempo, comprobado, hubo reparto de despensas, reparto de obras, reparto de dinero, promesas de empleos, para que esas siete comunidades votaran a favor.

Pero las cuatro comunidades que están directamente afectadas están totalmente en contra y no han tenido ninguna atención del Gobierno Federal.

 CLAUDIA SHEINBAUM Puede ir la secretaria de Medio Ambiente y desde aquí…

PREGUNTA: Que ya no va a servir de mucho, porque ya el resultado…

CLAUDIA SHEINBAUM PARDO: Sí, pero no…

PREGUNTA: …jurídico es el que le digo.

 CLAUDIA SHEINBAUM : Considero, pues, que no es correcto que digas que “no se ha atendido a nadie”, porque incluso hasta personalmente platiqué con ellos en una ocasión que estuve en Topolobampo.

PREGUNTA: Brevemente.

 CLAUDIA SHEINBAUM : Entonces, se ha atendido, se ha revisado, como en muchos otros casos. Cuando hacemos los trenes, cuando se compra derecho de vía, cuando se hacen otros proyectos, se trabaja con las comunidades y se ve la viabilidad o no.

Recientemente, por ejemplo, en Tula, que íbamos a hacer un Parque de Economía Circular, la gente no estuvo de acuerdo y movimos el proyecto a otro sitio, buscando siempre trabajar con las comunidades.

En este caso es un proyecto que ya venía, ya se había aprobado, y vamos a seguir hablando con las comunidades.

Pero así de que “no se ha hablado nada y de que estamos en contra de las comunidades con este proyecto”, pues ahí sí difiero de tu visión.

PREGUNTA: Sí, también lamento diferir. E insistir en que: diálogo, análisis directo no ha habido con las comunidades.

Y segundo tema, decirle que la posición del Gobierno Federal es no escuchar la postura de esas comunidades, es lo que está diciendo la Semarnat.

CLAUDIA SHEINBAUM PARDO: No es la posición.

PREGUNTA: Con los datos, con los datos que le estoy mostrando. Son la respuesta de la Semarnat.

 CLAUDIA SHEINBAUM: Pueden no estar de acuerdo, es decir, con el planteamiento que pueden hacer algunas personas de las comunidades, porque tampoco son “las comunidades”.

¿Que “tiene que haber diálogo”? Completamente de acuerdo. Y tiene que ir Alicia, más si se comprometió a ir a hablar con las comunidades.

Pero hay muchas otras gentes que están de acuerdo, y hay un análisis de Impacto Ambiental que se hizo, y una consulta pública que se desarrolló.

PREGUNTA: Cierro nada más preguntándole si ¿confirmamos que la posición del Gobierno Federal por la Semarnat es decir que “no hay viabilidad para los puntos de vista de los que objetan la instalación de esa planta en la bahía”?

 CLAUDIA SHEINBAUM: Bueno, no conozco en particular cuál es el planteamiento que están haciendo, en particular, en este caso.

La Semarnat puede ir a hablar con ellos, pero se hizo una valoración y una evaluación.

PREGUNTA: Bien. Gracias, Presidenta.