La salida de Andy vista por Héctor de Mauléon..
En la política, el poder embriaga, pero el miedo siempre aterriza de golpe. La intempestiva renuncia de Andy López Beltrán a la Secretaría de Organización de Morena nos la quieren vender como un acto de humildad republicana. Pero no nos engañemos: es, a todas luces, una maniobra de supervivencia.
Durante meses, el heredero operó bajo la ilusión de ser intocable. Como bien relata en El Universal mi colega Héctor de Mauleón, se convirtió en la "piedra en el zapato" de los gobernadores, acumulando fracasos territoriales y abucheos (el caso de Chihuahua fue la gota que derramo el caso) . Pero para entender por qué lo esconden precisamente ahora, hay que mirar el tablero completo.
Y es que el blindaje de Palacio Nacional se está agrietando. Justo hoy, una encuesta de Enkoll publicada por el madrileño El País revela un dato que enciende las alarmas: la presidenta Sheinbaum acaba de sufrir la caída más pronunciada en su año y medio de mandato.
Ha perdido siete puntos de aprobación, cayendo al 68%. ¿El motivo? El inmenso desgaste por la crisis en Chihuahua, la inquietante debilidad económica y, sobre todo, el golpe demoledor en Sinaloa, con la imputación del gobernador Rubén Rocha Moya por parte de un fiscal en Nueva York. En este escenario de altísima vulnerabilidad, sostener los excesos del hijo del expresidente era ya un lujo incosteable.
Porque la verdadera tormenta de Andy no nace en las bases del partido; viene del norte.
¿Es casualidad que decida buscar una modesta diputación en Tabasco apenas días después de que el enviado de Seguridad de Donald Trump, Markwayne Mullin, visitara Palacio Nacional? Sabemos bien que, en este oficio, las casualidades no existen. Las investigaciones en Estados Unidos sobre una gigantesca red de huachicol apuntan a sobornos millonarios, y los señalamientos rozan peligrosamente a dos pesos pesados: Adán Augusto y el propio Andy.
Ante la presión asfixiante de Washington, y con una popularidad presidencial a la baja, Andy ha sido utilizado como moneda de cambio para calmar las aguas del rio Potomac.
Sin embargo, ayer en la conferencia matutina, atestiguamos una realidad paralela. Al plantearle a la presidenta este incómodo tema, la respuesta fue un ejercicio ciego de control de daños. Calificó la gestión de Andy como "buenisísima", atribuyéndole 12 millones de afiliados, y empaquetó esta huida como un simple trámite democrático. De las fricciones internas y el desplome en las encuestas, ni una palabra; solo repartió medallas institucionales.
El contraste es abismal. Mientras el micrófono presidencial construye la estampa de un estratega impecable, la realidad nos muestra a un operador insostenible que huye. Hoy, Andy busca desesperadamente la protección del fuero, pero el 2027 aún luce dolorosamente lejano. El apellido paterno dejó de ser un escudo impenetrable; hoy, bajo la lupa internacional y el desgaste interno, es su mayor debilidad.
Pero mejor lean a Héctor…
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Las columnas políticas hoy, miércoles 27 de mayo de 2026
Morena y PAN se agarran a desafuerazos por Rocha y Maru
Bajo Reserva/ El Universal,
Ayer, en la Cámara de Diputados, legisladores locales de Morena presentaron la solicitud de juicio político en contra de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, por la intervención de agentes de la CIA en un operativo estatal para desmantelar un narcolaboratorio. Esa, nos dicen, fue la respuesta de Morena a la solicitud de juicio político contra Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, presentada por el PAN. Sin embargo, nos hacen ver que se trata de fuegos de artificio, ya que lo más probable es que ambas terminen “congeladas”. En primer lugar, no existe, es decir no se ha instalado, la Subcomisión de Examen Previo que debería analizarlas para enviarlas a la Comisión Jurisdiccional. En segundo lugar, los diputados tendrían que analizar 57 casos previos que duermen el sueño de los justos en la Cámara. Muchas solicitudes y pocos juicios políticos. Así el duelo de desafuerazos de salva.
Morenistas critican iniciativa morenista
Al parecer, la reforma propuesta encomendada por Palacio Nacional al diputado Ricardo Monreal que busca anular elecciones por injerencia extranjera no tendrá un camino fácil, pues enfrenta oposición incluso de morenistas. Legisladores de Morena advierten que esa propuesta no es sana para la democracia. La diputada y ministra en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Olga Sánchez Cordero, descalificó la iniciativa porque abre la puerta a posibles arbitrariedades que den como resultado la anulación de un proceso electoral. Nada fácil la tarea que esta vez le encargaron a don Ricardo, ya se verá si es capaz de cumplir.
Buscan lugar para el mensaje del domingo de Sheinbaum
Nos cuentan que en Palacio Nacional afinan los últimos detalles para el informe de rendición de cuentas que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezará el próximo domingo a las 10 de la mañana. Aunque oficialmente aún no se revela la sede, dentro del equipo organizador, nos dicen, se consideran tres opciones “finalistas”. La primera es el emblemático Monumento a la Revolución. La segunda alternativa es el Centro Banamex, que ofrecería mayor control logístico y capacidad operativa. Y la tercera es el Teatro Metropólitan, recinto más cerrado y pensado para un formato de mensaje político con invitados específicos. Por ahora, nos dicen, la decisión sigue guardada bajo llave, aunque en Morena más de uno apuesta a que el simbolismo sería mayor si el mensaje se diera en el Monumento a la Revolución.
Meten freno a la interparlamentaria con España
Nos comentan que cuando todo parecía ir viento en popa respecto de normalizar en todo sentido las relaciones de nuestro país con el gobierno de España, algo pasó que abruptamente en la Cámara de Diputados se acordó posponer la reunión interparlamentaria pactada entre legisladores de ambos países, sin que haya una fecha para retomarla. Nos dicen que el argumento que comunicó la presidenta de la Cámara de Diputados, la panista Kenia López Rabadán, a sus pares españoles es que no hay condiciones para llevar a cabo el encuentro. Nos aseguran que, si bien la panista confió en que habrá una nueva fecha, en el bando de Morena hay mucho recelo luego de que parlamentarios ibéricos comulgan con las ideas que ha expresado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que tanta molestia generó en la Cuarta Transformación. Lo que parecen no recordar los oficialistas es que también hubo muchos legisladores españoles que tundieron a doña Isabel y defendieron a México y a la presidenta Sheinbaum.
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Templo Mayo/ REFORMA
MUY INTERESANTE se puso la reunión de la Comisión de Puntos Constitucionales en la Cámara de Diputados, donde la legisladora y ex ministra de la Corte, Olga Sánchez Cordero, le puso el cascabel al gato.
A LA HORA de discutir y aprobar la iniciativa de la "Ley de Nulidad a Modo", la diputada federal por Morena dijo que la propuesta dejaba huecos sobre las causales para la anulación de elecciones.
ESOS VACÍOS, dijo Sánchez Cordero, "se pueden rellenar con cualquier cantidad de supuestos normativos"... o lo que es lo mismo, se trata de una ley ambigua que permite las decisiones a modo, por lo que se abstuvo de votar el dictamen. ¡Ouch!
ADEMÁS, la ex ministra no quedó sola en su crítica a la iniciativa, pues el vicecoordinador de la fracción morenista en la Cámara baja, Alfonso Ramírez Cuéllar, también se abstuvo en la votación con lo que ambos rompieron la unanimidad de la bancada guinda.
AL MENOS dejaron constancia de que legislar no se trata nada más de acatar incondicionalmente las iniciativas que les lleguen con apoyo de Palacio Nacional.
DESPUÉS de desactivar las aspiraciones del senador zacatecano Saúl Monreal para buscar la gubernatura de su entidad, a la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, le toca echarse otro trompo a la uña.
ELLA MISMA dijo que continuará reuniéndose con los morenistas que aspiran a una candidatura pero que están impedidos para hacerlo por ser parientes directos de quienes ejercen actualmente el cargo.
Y SI ALGUIEN pensó en el también senador Félix Salgado Macedonio, padre de la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, seguramente acertó.
YA SE VERÁ qué tan persuasiva logra ser con el ex alcalde de Acapulco, a quienes muchos apodan "El Renegado" por aquello de que la gubernatura se le ha negado en tres ocasiones... y quiere ir por la cuarta.
QUÉ MAL le quedó el Ceneval al INE con la organización del concurso público para ingresar al Servicio Profesional Electoral.
TANTO ASÍ, que la prueba que se realizó de forma remota y en una plataforma digital quedó anulada y ahora se aplicará el 13 de junio de manera presencial y por escrito.
DURANTE el examen que se aplicó el 16 de mayo, el sistema colapsó y, de los más de 14 mil aspirantes, ni siquiera 900 lograron terminarlo.
MÁS ALLÁ de la pifia, preocupa que el organismo encargado de realizar la mayor parte de los exámenes de admisión a bachillerato y licenciatura, así como la certificación de competencias de egresados, tenga ese tipo de fallas.
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La dupla Corral-Lara y la operación Chihuahua/Mario Maldonado
El Universal, | 27/05/2026 |
La historia entre Javier Corral y Ulises Lara no comenzó con la crisis de Morena por el caso Rubén Rocha Moya y Enrique Inzunza. Viene de antes y tiene a Chihuahua como su punto de encuentro. En agosto de 2024 se llevó a cabo el rescate del hoy senador morenista cuando agentes chihuahuenses intentaron detenerlo en la Ciudad de México por una acusación de peculado agravado relacionada con el presunto desvío de 98.6 millones de pesos en la reestructura de deuda estatal.
Aquella noche, en el restaurante Gin Gin de la colonia Roma, apareció Ulises Lara, entonces encargado de despacho de la Fiscalía capitalina, para impedir la captura. Hoy, ya como fiscal en la FGR, reaparece en un nuevo episodio que vuelve a tener como blanco a Chihuahua, ahora con la reactivación de denuncias contra la gobernadora Maru Campos promovidas por el propio Corral.
Formalmente son expedientes distintos, pero políticamente tienen el mismo objetivo. El funcionario que evitó la detención de Corral ahora forma parte de la institución que da cauce a denuncias contra su principal adversaria política. La FGR citó por segunda ocasión a Maru Campos por la denuncia presentada por Corral tras aquel operativo fallido, en el que el exgobernador acusó intento de secuestro y privación ilegal de la libertad.
Sin embargo, el problema de Corral se extendió a Sinaloa. La imagen del senador morenista reunido en Culiacán con Enrique Inzunza es probablemente una de las más desafortunadas para el oficialismo en medio de la crisis provocada por la acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra Rubén Rocha Moya, Inzunza y otros funcionarios por presuntos vínculos con Los Chapitos. Inzunza fue secretario general de Gobierno de Rocha, su operador político y jurídico, y una de las figuras centrales del grupo sinaloense.
Corral confirmó públicamente que él mismo buscó el encuentro después de conocerse la acusación estadounidense contra Inzunza. Lo defendió y dijo que no había nada irregular, que el senador hacía vida normal en Culiacán y que no tenía por qué esconderse. Después se enfrascó en disputas con periodistas que documentaron el contexto del encuentro y sus múltiples propiedades inmobiliarias, entre estas un exclusivo departamento en Mazatlán.
Durante años, Javier Corral se presentó como un político anticorrupción, el perseguidor de César Duarte, el panista incómodo frente al abuso del poder y el hombre que exigía consecuencias judiciales para quienes usaban el aparato público para proteger intereses políticos o criminales.
Fue panista durante más de cuatro décadas. Rompió con Acción Nacional acusando degradación moral y cercanía con el PRI. Terminó en Morena, con fuero legislativo y respaldo político justo cuando escalaban sus propios problemas judiciales.
Hay una ironía. Corral nació en El Paso, Texas, y durante muchos años enfrentó cuestionamientos por su doble nacionalidad, asunto que resolvió con su certificado de nacionalidad mexicana. El dato cobra relevancia porque hoy es precisamente un político con ese origen quien ha salido a defender a figuras del oficialismo señaladas por el Departamento de Justicia estadounidense por presuntos vínculos con el narcotráfico.
El conflicto con Maru Campos se suma al escándalo. Durante años, Corral construyó una confrontación directa con su sucesora, a quien acusó de vínculos con la nómina secreta de César Duarte. Campos respondió denunciando persecución política. La diferencia es que antes Corral litigaba desde el poder estatal y hoy lo hace desde el aparato federal y con aliados colocados en posiciones estratégicas.
La crisis de Morena por Rocha e Inzunza no sólo exhibió su manejo político frente a acusaciones gravísimas provenientes de Estados Unidos. También exhibe qué personajes decidieron asumir la defensa pública del grupo señalado por Estados Unidos.
Y Javier Corral, que pasó años denunciando el uso faccioso del poder, hoy aparece beneficiándose de ese mecanismo.
Posdata 1
El cerco político y judicial sobre Rubén Rocha Moya también ha vuelto a poner en el mapa el nombre de Ignacio Mier Velasco. El actual coordinador de Morena en el Senado tuvo una relación política previa y directa con Sinaloa como delegado de Morena entre 2016 y 2018, en los años de consolidación territorial del movimiento en el estado. La relación con Rocha fue tan estrecha que públicamente el ahora indiciado por Estados Unidos lo consideró su “brother” y aliado político. Y en los hechos Mier ha sido uno de sus defensores más visibles desde que estalló la crisis por las acusaciones del Departamento de Justicia estadounidense.
Mier tuvo influencia en el armado político de Sinaloa previo al triunfo de Rocha Moya, particularmente en la definición de candidaturas y en la construcción de alianzas. Eso explicaría la rapidez con la que salió a blindar al gobernador con licencia cuando EU lo señaló por presuntos nexos criminales, diciendo que todo se trata de acusaciones sin sustento.
Posdata 2
Carlos Slim volvió a hacer “política empresarial” a su manera: hablando bien del gobierno, aunque marcando cierta distancia en sus temas de telecomunicaciones. En su conferencia anual aseguró que la expansión de sus negocios no depende de favores presidenciales y rechazó que sus proyectos empresariales hayan requerido ayuda política, pese a que durante los gobiernos de López Obrador y ahora de Claudia Sheinbaum sus empresas han acumulado contratos públicos que en conjunto suman cerca de 100 mil millones de pesos.
La conferencia del magnate se dio en medio de la desaceleración económica que enfrenta México, del deterioro en la percepción crediticia y del deterioro acelerado de Pemex. Aun así, Slim anunció inversiones por 5 mil millones de dólares para este año, una cifra que contrasta con la reticencia de otros grandes empresarios.
El hombre más rico de México también puso límites. Por ejemplo, le cerró la puerta al fracking con Pemex, una de las apuestas que algunos en el sector energético daban por descontada ante la urgencia de elevar producción de gas y petróleo. Su foco seguirá en Zama e Ixachi, donde ya tiene intereses concretos y retornos más previsibles. Al mismo tiempo, lanzó una crítica velada pero contundente sobre el principal problema estructural del país: la caída en la producción petrolera y la situación financiera de Pemex. Es decir, Slim quiere negocio con el Estado, pero no cargar con sus pasivos estratégicos.
En telecomunicaciones, Slim lamentó la salida de Telefónica de México, describiéndola como una mala noticia para el mercado y para la competencia. Lo dijo desde la posición del jugador dominante, pero también como diagnóstico de un sector donde las condiciones regulatorias, de costos y de poca competencia han expulsado competidores relevantes.
Slim se reunió esta semana con el presidente de la Suprema Corte, Hugo Aguilar, en momentos en que Grupo Financiero Inbursa mantiene litigios pendientes en el máximo tribunal y ha enfrentado resoluciones adversas en meses recientes. Slim sigue siendo el empresario con mayor capacidad de interlocución política en México. Tiene asiento en el consejo económico de Sheinbaum, mantiene negocios con Pemex, gana contratos de infraestructura, opina sobre el T-MEC, la economía y toca la puerta del Poder Judicial cuando lo necesita.
Posdata 3
El mercado laboral mexicano sigue presumiendo bajas tasas de desempleo, pero la calidad del empleo se precariza cada vez más. En el primer trimestre de 2026, más de 35.8 millones de personas ocupadas carecieron de acceso a servicios de salud, el nivel más alto para un arranque de año desde que existe registro comparable en 2005. Esto significa que seis de cada 10 trabajadores en México laboran sin una prestación básica asociada a la formalidad, pese al discurso oficial de fortalecimiento del empleo y de la cobertura universal en salud.
El dato se explica por un deterioro estructural del mercado laboral. La informalidad volvió a crecer y alcanzó 54.8% de la población ocupada, con más de 32.6 millones de personas en esquemas precarios o fuera de la seguridad social. Aunque el número total de ocupados aumentó, el crecimiento se concentró en empleos de baja calidad, sin prestaciones y con alta vulnerabilidad. En un entorno de desaceleración económica y caída de la inversión, el empleo comienza a absorber el golpe por la vía más conocida en México: precarizando condiciones.
@MarioMal
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“Todos libres o todos presos”/Jorge Fernandez Menéndez
Excelsior,
En el capítulo final de la extraordinaria serie que se exhibe en la plataforma Mubi, titulada M (por Mussolini), el hijo del siglo, basada en el primer tomo, acaba de salir el quinto y último, de la tetralogía de Antonio Scurati sobre el fascismo y su líder, hay un momento que define el futuro del movimiento y de su dirigente.
En su primer año de gobierno, cuando se descubre el cadáver del diputado socialista, Giacomo Mateotti, asesinado por los camisas negras, por órdenes indirectas del propio Mussolini, el régimen está a punto de caer, la presión nacional e internacional para castigar ese crimen es enorme. La policía logra detener a los autores materiales, pero falta el autor intelectual. Mussolini está tentado a entregar a un líder de las camisas negras para evitar una ruptura total con las demás fuerzas políticas.
A las oficinas de El Duce se presentan entonces los fundadores del movimiento, los jefes de las fuerzas de choque: es la rebelión de los sectores más duros del fascismo que le advierten a Mussolini que hay que “continuar con la revolución o acabar con todo”. Y eso significa, le dicen, que “todos los fascistas estén libres o todos terminen presos”, incluyendo al propio Mussolini. El incipiente líder fascista, todavía con un gobierno de minoría, emprende la fuga hacia adelante, no entrega a nadie y da una suerte de golpe de estado legislativo que le permite quedarse, sin tener la mayoría, con la suma del poder. Ya sabemos cómo continuó la historia. Eso es lo que ocurrió allá en los años 20, hace un siglo, con Mussolini.
En en el México de hoy, la decisión gubernamental de no entregar a nadie, ni a Rubén Rocha, ni a Enrique Inzunza ni a ninguno de los otros funcionarios sinaloenses acusados de ser parte de las redes de protección y complicidad del crimen organziado a Estados Unidos, donde existen pruebas y testimonios en su contra en un proceso judicial contra ellos que ya comenzó, recuerda aquella escena de Mussolini confrontado con los duros de su movimiento: “todos libres o todos presos”.
Ayer comparecieron en lo oscurito, en la delegación de la FGR en Culiacán, Rocha, Inzunza y los otros acusados (salvo Gerardo Mérida y Enrique Díaz que se entregaron a la justicia estadounidense), sólo como “testigos”, porque como se ha dicho desde el ejecutivo y la fiscalía “no hay pruebas” contra ellos.
El jueves pasado en la reunión con el director del Homeland Security, Markwayne Mullin, se ratificó que no se entregará a los acusados. Nada de lo que hemos visto en los últimos días permite pensar que el resultado será diferente, pese a que las presiones de Estados Unidos son evidentes y públicas y de que el costo puede ser altísimo para el país.
Los “testigos” salieron fortalecidos de la FGR, por lo menos así lo mostraron en su mensajes de X o en las declaraciones que dieron a los medios. No se sienten, por nuestras autoridades, perseguidos sino impunes. Se equivocan. Habrá que esperar la respuesta del otro lado de la frontera, que inevitablemente llegará, porque la suya no es una ocurrencia sino una política de Estado.
Qué enorme diferencia la forma en que ha sido tratada por la FGR la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, respecto al tratamiento de Rocha y los sinaloenses acusados de narcotráfico. Mientras las citas de los sinaloenses fueron secretas, a escondidas, no se los vio, llegaron con camionetas blindadas y con protección, se informó de las comparecencias cuando ya habían ocurrido y fueron como testigos, no como imputados, a la gobernadora Campos, se la acusa no se sabe de qué (porque el citatorio invoca un caso al que la propia gobernadora no puede acceder); no se sabe tampoco a título de qué, porque el documento a veces la trata, según dijo el gobierno, como testigo, pero en él invocan preceptos legales que la hacen aparecer como imputada; una comparecencia inconstitucional porque está protegida por el fuero constitucional. Campos fue citada en Ciudad Juárez, cuando la sede del gobierno y su domicilio están en la capital del estado, en ciudad de Chihuahua. Se divulgó el lugar y la hora de la misma para hacer una exhibición mediática. Y no hablemos del nuevo citatorio acusando a la gobernadora de “intento de secuestro” contra Javier Corral, cuando el ahora senador iba a ser detenido y fue protegido por el entocnes fiscal capitalino, ahora en la FGR, Ulises Lara. Corral está acusado de multiples delitos y la protección del gobierno capitalino y federal le permitió protestar como senador y seguir impune gracias al fuero, el mismo que la FGR no le respeta a la gobernadora.
Todo es un burdo y torpe manejo mediático y político para tratar de ocultar y distraer la negativa a entregar a los funcionarios sinaloenses acusados por Estados Unidos de narcotráfico. Y actúan contra una gobernadora a la que paradójicamente acusan de haber combatido a los grupos criminales con apoyo estadounidense.
Todos libres o todos presos, le dijeron los duros del movimiento a Mussolini, y el Duce prefirió la fuga, la ruptura del orden constitucional y el camino a la dictadura, al costo incluso de aliarse más tarde con Hitler, en lugar de entregar a los que habían asesinado al lider opositor, a Matteoti. No sé porqué me recuerda al México de hoy.
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Estrictamente Personal
El canto de Los Chapitos/Raymundo Riva Palacio
El Financiero, mayo 27, 2026 |
Las pruebas contra la élite de la ‘4T’ se siguen acumulando en Estados Unidos. Ahora son Ovidio y Joaquín Guzmán, los hijos menores de Joaquín El Chapo Guzmán, que han entregado a los fiscales estadounidenses las cabezas del ex líder de Morena y actual secretario de Educación, Mario Delgado, y de los gobernadores de Sonora y Tamaulipas, Alfonso Durazo y Américo Villarreal. Junto con ellos, aportaron también testimonios sobre su relación con el exgobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.
La información sobre lo que están declarando en la Corte del Distrito Norte de Illinois, que se encuentra en Chicago, confirma lo que los datos de inteligencia en México y Estados Unidos habían apuntado sobre la presunta vinculación de los cuatro personajes con el crimen organizado. La trascendencia de la declaración es que con esas declaraciones se ha judicializado la imputación, y que la acusación contra Rocha Moya por parte del Departamento de Justicia sobre su relación con Los Chapitos, puede ser replicada contra Delgado, Durazo y Villarreal.
Las autoridades y los fiscales estadounidenses operan de esa manera: recogen datos de inteligencia y, para cerrar los casos, recurren a testigos cooperantes para que a partir de sus declaraciones construyan la evidencia –proposición fáctica, le llaman–, que presentan a un Gran Jurado para lograr su fallo y hacer la acusación formal. Eso es lo que sucedió con Rocha Moya y nueve funcionarios sinaloenses, donde una parte de las pruebas que se presentaron ante el Gran Jurado en Manhattan, reveló un funcionario estadounidense, fueron las declaraciones de Ovidio y Joaquín Guzmán.
Eso mismo sucedió con la captura de Ismael El Mayo Zambada. “No lo queríamos para que nos hablara de las relaciones del Cártel de Sinaloa con los políticos, porque eso ya lo sabíamos, pero sí para ayudarnos a llenar algunos vacíos de información sobre el narcotráfico en México”, dijo un funcionario estadounidense. La razón principal por lo que lo querían, sin embargo, era para que les ayudara a cerrar el caso contra el expresidente venezolano Nicolás Maduro, que se encuentra preso en Brooklyn, como lo está Zambada.
Las declaraciones de Los Chapitos en Chicago están comenzando a llenar los huecos para soportar la información de inteligencia. Ovidio es el principal testigo, porque era parte de la estructura criminal en la facción del Cártel de Sinaloa que manejaba junto con sus hermanos Iván Archivaldo y Alfredo. Joaquín había estado renuente en participar en los negocios criminales de su familia, y estaba distanciado de esas actividades.
Ovidio fue extraditado a Estados Unidos en septiembre de 2023, por la enorme presión del gobierno del presidente Joe Biden, al considerarlo Estados Unidos el principal responsable del tráfico ilegal de fentanilo. López Obrador, en los hechos, lo había protegido. Cuando fue detenido en una operación en octubre de 2019, el comando de agentes que dependía en su momento de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, realizó una operación impecable –sin disparos, ni heridos–, pero nunca enviaron al helicóptero para la extracción –que es más importante que la captura–. Durante 45 minutos tuvieron a Ovidio en su casa, hasta que finalmente llegó la orden de liberarlo.
López Obrador asumió la responsabilidad de dejarlo en libertad, violando la ley por omisión de sus responsabilidades, pero la petición para que lo hiciera fue de Durazo, en ese entonces secretario de Seguridad. El expresidente argumentó que lo hizo porque habría un baño de sangre, pero tras su liberación no ordenó que volvieran a planear su detención. En enero de 2023, por presiones de Washington, López Obrador ya no pudo seguir siendo omiso y el Ejército lo capturó.
Preso en Estados Unidos, empezó a negociar con los fiscales exigiendo que extrajeran a su hermano Joaquín y a cambio entregarles a El Mayo. Una unidad del FBI cuyo jefe es quien más conoce en Washington del Cártel de Sinaloa, planeó la operación para que Joaquín tendiera una trampa a Zambada al pedirle que se reuniera con Rocha Moya y el diputado federal y enemigo del gobernador, Héctor Melesio Cuén, en un rancho en la zona metropolitana de Culiacán, donde un comando de élite estadounidense del Departamento de Seguridad Nacional lo capturó y trasladó a Estados Unidos junto con Joaquín.
Delgado, Durazo y Villarreal, que se encuentran en otra investigación alterna en Texas, sobre el financiamiento de Sergio Carmona, llamado “El rey del huachicol” a ocho campañas de Morena para gobernador en 2021, fueron imputados por Los Chapitos en otros presuntos actos criminales, aunque tienen vasos comunicantes con el primero. Villarreal fue el representante de Morena en la campaña de Rocha Moya para la gubernatura en Sinaloa, que recibió financiamiento de Los Chapitos.
Aunque presuntamente beneficiario del financiamiento de Carmona, Durazo ha gobernado un estado bajo una creciente violencia y con señalamientos frecuentes de sus presuntos nexos con el crimen organizado, comenzando con el legendario Señor de los Cielos, Amado Carrillo. Desde 2019, cuando era secretario de Seguridad, aparecieron mantas en varias ciudades de Sonora denunciando a mandos policiales en el estado de proteger a la organización de Los Salazar, que era el brazo armado de Los Chapitos en el estado, y que se habían expandido hasta Chihuahua y Durango.
No está claro, por la información que trascendió, el detalle de las acusaciones de Los Chapitos contra él, cuyo brazo armado de Los Salazar perdió parte del control en Sonora por el surgimiento del Cártel de Caborca, que fundó Rafael Caro Quintero, bajo proceso en Estados Unidos por el asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena, como resultado de la apertura de la plaza de Sonora a otras organizaciones rivales de Los Chapitos. Caro Quintero les comenzó a disputar el trasiego de drogas a Estados Unidos por las rutas de Sonora y Chihuahua –entre Ciudad Juárez, y Gómez Palacio, Durango, que está bajo dominio de Los Salazar–.
Las declaraciones de Ovidio y Joaquín Guzmán López son parte del maxiproceso que se está llevando a cabo en Estados Unidos contra sectores políticos en México, similar al Proceso 8000 que la CIA encabezó en Colombia en 1994, que se compuso de varios casos judiciales sobre la vinculación de políticos con cárteles de la droga. Esta interrelación de casos explica el cruce y entreverado de imputaciones entre las cortes federales de Manhattan, San Antonio, Corpus Christie y Chicago, cuyo inicio de judicialización de casos es el preludio de acusaciones formales.
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La salida de Andy vista por Héctor de Mauléon..
En la política, el poder embriaga, pero el miedo siempre aterriza de golpe. La intempestiva renuncia de Andy López Beltrán a la Secretaría de Organización de Morena nos la quieren vender como un acto de humildad republicana. Pero no nos engañemos: es, a todas luces, una maniobra de supervivencia.
Durante meses, el heredero operó bajo la ilusión de ser intocable. Como bien relata en El Universal mi colega Héctor de Mauleón, se convirtió en la "piedra en el zapato" de los gobernadores, acumulando fracasos territoriales y abucheos (el caso de Chihuahua fue la gota que derramo el caso) . Pero para entender por qué lo esconden precisamente ahora, hay que mirar el tablero completo.
Y es que el blindaje de Palacio Nacional se está agrietando. Justo hoy, una encuesta de Enkoll publicada por el madrileño El País revela un dato que enciende las alarmas: la presidenta Sheinbaum acaba de sufrir la caída más pronunciada en su año y medio de mandato.
Ha perdido siete puntos de aprobación, cayendo al 68%. ¿El motivo? El inmenso desgaste por la crisis en Chihuahua, la inquietante debilidad económica y, sobre todo, el golpe demoledor en Sinaloa, con la imputación del gobernador Rubén Rocha Moya por parte de un fiscal en Nueva York. En este escenario de altísima vulnerabilidad, sostener los excesos del hijo del expresidente era ya un lujo incosteable.
Porque la verdadera tormenta de Andy no nace en las bases del partido; viene del norte.
¿Es casualidad que decida buscar una modesta diputación en Tabasco apenas días después de que el enviado de Seguridad de Donald Trump, Markwayne Mullin, visitara Palacio Nacional? Sabemos bien que, en este oficio, las casualidades no existen. Las investigaciones en Estados Unidos sobre una gigantesca red de huachicol apuntan a sobornos millonarios, y los señalamientos rozan peligrosamente a dos pesos pesados: Adán Augusto y el propio Andy.
Ante la presión asfixiante de Washington, y con una popularidad presidencial a la baja, Andy ha sido utilizado como moneda de cambio para calmar las aguas del rio Potomac.
Sin embargo, ayer en la conferencia matutina, atestiguamos una realidad paralela. Al plantearle a la presidenta este incómodo tema, la respuesta fue un ejercicio ciego de control de daños. Calificó la gestión de Andy como "buenisísima", atribuyéndole 12 millones de afiliados, y empaquetó esta huida como un simple trámite democrático. De las fricciones internas y el desplome en las encuestas, ni una palabra; solo repartió medallas institucionales.
El contraste es abismal. Mientras el micrófono presidencial construye la estampa de un estratega impecable, la realidad nos muestra a un operador insostenible que huye. Hoy, Andy busca desesperadamente la protección del fuero, pero el 2027 aún luce dolorosamente lejano. El apellido paterno dejó de ser un escudo impenetrable; hoy, bajo la lupa internacional y el desgaste interno, es su mayor debilidad.
Pero mejor lean a Héctor…
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Las extrañas prisas de Andy/Héctor De Mauleón
El Universal, | 27/05/2026 |
No eran muchos los que lo querían. Los gobernadores de Morena se quejaban constantemente porque muchas veces se enteraban de su visita cuando Andy se encontraba ya realizando reuniones en sus estados. Su manera de actuar, haciendo ver en el bolsillo una charola a nombre de su padre, generaba malestares y molestias.
En el partido se hacía comidilla de su ineptitud, su falta de sentido común.
Las historias de sus excesos causaban desgaste, incluso, en la imagen de la presidenta. A través de su camarilla, tenía metidas las manos en todos los grandes negocios que se realizaron en el sexenio de su padre.
Las quejas llegaban también desde la presidencia de Morena, en tiempos de Luisa María Alcalde. Se le llegó a definir como “una piedra en el zapato” de Claudia Sheinbaum.
Como gran operador electoral de Morena sufrió descalabros en Durango y Veracruz. Durante las elecciones de la llamada reforma judicial prometió entre 25 y 30 millones de votos: solo entregó siete.
Relatan fuentes de Palacio que tras su viaje millonario a Japón después “de jornadas extenuantes”, la presidenta dijo que estaba cansada “de cambiar pañales”.
Su salida de la dirigencia del partido estaba anunciada desde marzo. La negaron. Él sufrió otro bochornoso descalabro en la marcha que encabezó en Chihuahua en contra de la gobernadora Maru Campos, en donde fue recibido con abucheos y tuvo que ser sacado del aeropuerto por sus guardaespaldas. Se le venía encima un nuevo fracaso en las elecciones de Coahuila.
De pronto, anunció su renuncia. Confirmó que sus sueños de grandeza quedaban reducidos a la posibilidad de alcanzar una modesta diputación federal en Tabasco, de nueva cuenta bajo el amparo del apellido paterno.
Se dijo que buscaba la protección del fuero. Pero en todo caso, ese fuero se encuentra aún muy lejos, el otro año, a varios meses de distancia.
¿Existe relación entre esa intempestiva renuncia y la visita a Palacio Nacional, el jueves pasado, de Markwyne Mullin, el secretario de Seguridad Interior del gobierno de Donald Trump? Mullin y el embajador de Estados Unidos Ronald Johnson sostuvieron una larga reunión con la presidenta Sheinbaum y los integrantes del gabinete de seguridad. Según el comunicado de Relaciones Exteriores, dieron “seguimiento a los principales temas de la agenda bilateral”.
El gobierno mexicano reportó la reunión como si hubiera estado desmarcada del contexto efervescente de los últimos meses, en los que Estados Unidos ha anunciado la inminencia de nuevas acusaciones contra políticos y funcionarios mexicanos involucrados con el crimen organizado --tráfico de drogas y huachicol--, y en el que se halla al rojo vivo la solicitud de detención del exgobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios y exfuncionarios.
Se trataron, informó escuetamente la SRE, “temas de la agenda bilateral en materia de seguridad, frontera y migración”.
En Estados Unidos se lleva el juicio contra James y Maxwell Jensen, puntas del iceberg de una red que entre 2018 y 2025 introdujo en México millones de litros de combustible ilícito, el 85 por ciento de los cuales entraron por la aduana de Reynosa, controlada por los hermanos Sergio y Julio César Carmona.
El contacto con esa red de tráfico, según la investigación internacional, fue el empresario mexicano Luis Rivera, operador del senador de Morena en el estado de Tamaulipas (impulsado por López Obrador y por el entonces presidente nacional del partido Mario Delgado), José Ramón Gómez Leal, El JR, quien había sido superdelegado de los programas sociales, dirigente de Morena en Tamaulipas, y aspiraba incluso a convertirse en gobernador del Según las investigaciones iniciadas en 2021, Rivera estuvo a cargo de la tarea de recaudar los sobornos. El senador de Morena Gómez Leal fue el vínculo con los políticos. Como dos de los vínculos más importantes fueron señalados Adán Augusto López, uno de los hombres más poderosos en el sexenio de López Obrador, y Andy López Beltrán, el hijo de AMLO.
En el sexenio de López Obrador, el 20 por ciento de la gasolina vendida en el país era en realidad huachicol.
Las repetidas presiones de Estados Unidos provocaron que Adán Augusto, exgobernador de Tabasco, exsecretario de Gobernación y precandidato a la Presidencia de la República, perdiera la coordinación de los senadores de Morena. El forcejeo duró varios meses hasta que la protección de su “hermano”, el expresidente, dejó de alcanzarle. Adán Augusto camina desde entonces de puntitas.
Como muchos otros, Andy López Beltrán también decidió replegarse y bajar su perfil en cuanto comenzaron los rumores sobre la existencia de una lista de políticos mexicanos vinculados o financiados por el crimen organizado: la famosa lista de Marco Rubio, tantas veces negada hasta que reventó el escándalo en Sinaloa.
Diversas fuentes han confirmado que se hicieron solicitudes a la embajada, y en reuniones con altos funcionarios, a fin de confirmar, primero, y de conocer, después, el contenido de esa lista.
Llaman la atención los tiempos. A solo unos días de la visita de Markwayne Mullin a Palacio Nacional, al poderoso secretario de Organización de Morena le entraron las prisas.
Nos han repetido hasta el cansancio que en política no hay casualidades. ¿Fue López Beltrán moneda de cambio?
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Tic-tac: Sheinbaum tiene 18 meses para desactivar la bomba/Carlos Loret de Mola
El Universal, | 27/05/2026 |
La presidenta de México tiene hasta el otoño del 2027 para desactivar la bomba de tiempo económica que ensamblaron ella y su antecesor. Ya se lo advirtieron las calificadoras.
No ha funcionado el intento de esconder con saliva y datos aislados la asfixiante realidad de la economía mexicana. Los que saben, los que leen las letras chiquitas, los que analizan todos los datos y no sólo los que presentan en la mañanera están llegando a la misma conclusión: la economía mexicana está por reventar.
Y la causa es fundamentalmente una: la deuda. La dupla López Obrador-Sheinbaum ha duplicado la deuda histórica de México. Está en un nivel récord. Y para los analistas, si México no reduce su deuda sustancialmente —hago énfasis en el sustancialmente—, el país no va a tener viabilidad. Para pagar esa deuda, el gobierno necesita más dinero y como por razones ideológicas se sigue negando a abrir el sector energético a la inversión privada, los especialistas no ven por dónde. La reforma judicial no ayuda a la certidumbre.
Por eso, dos de las tres compañías calificadoras que realmente pesan en el mundo financiero ya le bajaron la calificación a México. Hace unos días, tanto Moody’s como Fitch dejaron a México en la frontera de perder el grado de inversión. Standard&Poors no ha bajado la calificación, pero la tiene en perspectiva negativa. Seguramente tomará una decisión en septiembre cuando se presente el Paquete Económico 2027 (y el gobierno diga qué piensa hacer con esa deuda) o a que en enero se publiquen los datos financieros de cierre de este año (y el gobierno diga qué hizo con esa deuda). Las calificadoras suelen irse “espejeando” para minimizar el riesgo de equivocarse. Si dos ya le bajaron la calificación a México, lo más seguro es que se sume la tercera. Y entonces las tres habrán colocado a México en el límite de perder el grado de inversión.
Por eso los 18 meses de bomba de tiempo. Es el lapso que suelen esperar las calificadoras para revisar sus grados. Si México pierde el grado de inversión será durísimo para la economía del país. Los fondos de inversión más prestigiados del mundo tienen obligaciones legales que les impiden apostar su dinero en países que no tienen grado de inversión. No es que no quieran. Es que no pueden. Al irse de México los fondos premium, pues llegan los especuladores. Eso significa menos empleos, tasas de interés más caras, intereses de la deuda más altos y cuando menos, una recesión económica. Si no es que peor. Por no hablar del desprestigio internacional de haberse convertido en un “ángel caído”, como se llama a los países que tienen el grado de inversión... y lo pierden por malos manejos.
México obtuvo el grado de inversión hace casi 30 años. La calificación fue subiendo con el buen manejo macroeconómico. Peña Nieto se la dejó a López Obrador en su máximo histórico: tres peldaños arriba del grado de inversión. Como sacar 9 en la escuela. AMLO la bajó dos y Sheinbaum uno más. Hoy, sacamos 6. A un paso de estar reprobados. A un paso de que invertir en México se considere de alto riesgo, una inversión “basura”.
La presidenta tiene 18 meses para mandar una señal inequívoca. No un guiño. No una promesa. Una medida que convenza a todos. Tiene baraja: puede recortar el gasto sustancialmente, abrir el sector energético, invertir en infraestructura productiva (no en trenes que no van a ningún lado), modificar la reforma judicial.
Es cierto que la 4T ha tenido grandes logros en los ingresos de las familias mexicanas. Los programas sociales, el aumento a los salarios. Indiscutible. Pero esos gastos enormes los ha podido hacer porque contaba con los cimientos de un entorno macroeconómico confiable y respetado en el mundo. Si pierde el grado de inversión, pierde los cimientos. Y que se agarre. La presidenta, su partido y desgraciadamente, el país.
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El fantasma de Delcy
Atando Cabos/Denise Maerker
Milenio,
La presión que está ejerciendo Estados Unidos sobre nuestro país es un hecho indiscutible. Lo es también que este gobierno, el de Donald Trump, tiene un público y notorio impulso injerencista que ha manifestado ya en múltiples ocasiones: desde las amenazas sobre Panamá por el manejo del canal interoceánico, a la abierta intervención militar en Venezuela hasta los respaldos de Trump a varios candidatos de derecha en elecciones presidenciales de América Latina y el Caribe. Tanto es así que en la reunión a la que convocó en Miami, en marzo pasado, a presidentes de países afines ideológicamente (Escudo de las Américas), se jactó, de forma muy poco elegante, de que varios de los presentes no habrían ganado en sus países de no ser por su abierto respaldo. Y los apoyos han ido más allá de simples declaraciones: en el caso de Argentina, en las elecciones intermedias de ese país, Trump condicionó explícitamente un paquete de ayuda financiera de 20 mil millones de dólares de Estados Unidos a Argentina (indispensable para ese emproblemado país), a que Milei resultara ganador. En caso contrario, afirmó, se irían y no perderían su tiempo.
En las elecciones presidenciales de Honduras, Trump respaldó al candidato de derecha Nasry Asfura, pero fue más allá, en las semanas previas al día de la votación amenazó con cortar la ayuda económica a Honduras si ganaba su oponente y, en plena campaña, perdonó al expresidente Juan Orlando Hernández, que cumplía una condena en Estados Unidos de 45 años por narcotráfico, y que era miembro del mismo partido que Nasry Asfura (Asfura ganó por menos de uno por ciento). La presidenta saliente de Honduras, Xiomara Castro, que visitó a la presidenta Claudia Sheinbaum días antes de la elección, denunció un “golpe electoral” y acusó a Trump de interferencia externa.
Interpretar entonces que Trump no se va a detener ante nada, ni aquí, ni en Cuba, ni en otros países, no es una interpretación exagerada, más cuando la experiencia reciente indica que todas las concesiones que ha hecho el gobierno mexicano —y no sólo en materia de seguridad, también en temas económicos y comerciales— nunca son suficientes ni reconocidas.
Aceptando, por lo tanto, que lo que Trump desea en México (Cuba, Brasil, Colombia) no es, o no sólo es, acabar con la narcopolítica, sino promover la instalación de un gobierno afín ideológicamente y sometido a los Estados Unidos al estilo de la Venezuela de Delcy Rodríguez, la forma de defendernos, con posibilidades de éxito, no es solamente expresando este temor, y esgrimiendo continuamente el discurso de defensa de la soberanía, sino mediante acciones concretas, que más que satisfacer las exigencias de Trump, construyan internamente una alianza amplia de apoyo a la Presidenta. Porque si el discurso soberanista se entiende como el parapeto detrás del cual se esconde en realidad una defensa de pactos criminales inconfesables, el grupo que respaldará al gobierno ante la eventual agresión externa será muy reducido, y la vulnerabilidad por tanto mayor. En cambio, si las acciones contra la colusión entre autoridades y criminales (Operación Enjambre, por ejemplo) se vuelven continuas, constantes, creíbles y parejas, sí puede ampliarse el respaldo al gobierno y convertirse en un auténtico elemento disuasorio. Porque para que funcione una agresión externa se necesitan aliados locales, y eso también hay que evitar que crezca, no promoverlo.
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Los asegunes del caso Maru Campos
El asalto a la razón/Carlos Marín
Milenio.
Aunque la persecutoria cita ministerial a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, para que acuda esta mañana a la delegación de la Fiscalía General de la República en el santuario morenista de Ciudad Juárez, la incógnita de fondo se despejará hoy mismo, por más que la minoritaria recua de diputados locales clame ante el Congreso federal por su desafuero y el chaquetero y prófugo Javier Corral se sume al linchamiento.
¿Qué puede o no hacer el MP Federal ante el amparo constitucional que la protege? Desde luego no proceder penalmente, porque no hay una “declaración de procedencia”.
No puede capturarla por dizque traición a la patria sin antes solicitar su desafuero ante los Congresos federal y local, y que este último lo concediera (la norma establece como especie de garantía de respeto al postulado una sanción para quien lo incumpla).
Un funcionario con fuero puede ser citado a rendir testimonio dentro de un procedimiento de investigación de un delito. En este caso, la gobernadora está obligada a comparecer como cualquier persona, porque la ley ordena que cualquiera que pueda tener información sobre la comisión de un delito debe hacerla del conocimiento del MP.
Si la persona citada, como es su caso, es alta funcionaria, su testimonio puede ser recabado en sus oficinas o inclusive puede comparecer por escrito, pero la señora decidió hacerlo de manera presencial.
Lo que no puede hacer la FGR es acudir ante un juez a solicitar una orden de aprehensión contra quien goce de fuero (si Maru Campos ya fuera inculpada, con mucha más razón se le podría citar teniendo o no fuero).
Como cualquier inculpada, en ejercicio de su derecho y garantía a no ser compelida a declarar contra sí misma, la mandataria puede negarse a comparecer, a rendir o no declaración, o simplemente puede omitir atender un citatorio.
En ejercicio de su derecho de defensa, puede acudir sólo para saber si hay o no alguna imputación en su contra y no rendir declaración alguna.
La cita a un funcionario con o sin fuero obliga a la autoridad a cumplir con la garantía de audiencia que corresponde a cualquier acusado.
En el caso Mario Villanueva Madrid, entonces gobernador de Quintana Roo, el mandatario compareció dos veces ante el MPF, una por su propia voluntad (como testigo) en la capital del país, y otra porque fue citado en calidad de inculpado por la extinta Unidad Especializada contra Delincuencia Organizada de la PGR.
Los agentes ministeriales acudieron a su oficina en el Palacio de Gobierno en Chetumal para llevar a cabo la diligencia. Se le hicieron saber las imputaciones en su contra y él decidió reservarse el derecho a declarar (considerando que restaba poco tiempo para la conclusión de su encargo y el término de su fuero y por las condiciones políticas prevalecientes en el Congreso del estado, que Villanueva controlaba).
No se emprendió un procedimiento de desafuero, de modo que al primer segundo del día posterior al término de su encargo se consignó su caso ante los tribunales...
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Gobernadores en la imaginaria
Día con día/Héctor Aguilar Camín
Milenio.,
Mal parece haber salido la entrevista de la presidenta Sheinbaum con Markwayne Mullin, secretario de Homeland Security de Estados Unidos, el fin de semana pasado.
El comunicado oficial de Mullin sobre la visita, cortesías diplomáticas aparte, dice que el primer punto acordado fue “fortalecer los esfuerzos de México contra los narcoterroristas”. Los esfuerzos de México, no los de Estados Unidos.
Menéndez incluyó en su columna una relación de otras peticiones de extradición que Mullin habría puesto, como ya preparadas, sobre los siguientes personajes: El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, con 22 coacusados; la gobernadora de Baja California, Marina Del Pilar Ávila, con 12 coacusados; el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, con 9 coacusados, y el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, con 11.
Buenas fuentes debe tener Menéndez para arriesgar esa precisión en el número de coacusados. Imposible comprobar su exactitud, pero para ningún mexicano atento a los vínculos de Morena con el crimen, no es ninguna sorpresa que puedan estar en capilla los gobernadores mencionados y su colega bajacaliforniana.
De hecho, faltan en la lista de Menéndez nombres pesados que están en todas las otras, como Mario Delgado, el secretario de Educación, y Adán Augusto López, senador en funciones.
Terrible presión caería sobre el gobierno mexicano si se concretan las peticiones adicionales de extradición mencionadas.
El gobierno no sabe ya qué hacer sólo con la de Rocha Moya y con sus efectos negativos en la opinión pública, al punto de que pretende empatar los cartones acusando a la gobernadora de Chihuahua de traición a la patria porque cuatro agentes de la CIA participaron, en un operativo de fuerzas mexicanas contra un narcolaboratorio refugiado en un municipio chihuahuense que gobierna Morena.
La relación del desencuentro de la Presidenta y Mullin en Palacio, puede no ser exacta en sus detalles, pero desde luego es expresiva de la presión creciente de Washington para que México detenga narcopolíticos.
Ya no solo capos del crimen, como hasta ahora, sino narcopolíticos en funciones, como Rocha Moya y sus nueve.
Se diría que esto apenas empieza.
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Una muy buena noticia…que provoca preguntas
Duda razonable/Carlos Puig
Milenio.
El lunes en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación (DOF), se publicó un decreto del Poder Ejecutivo.
Es un “Decreto por el que se abroga el Decreto por el que se modifica el diverso por el que se habilita y modifica la habilitación de diversos puertos y terminales en el territorio nacional, publicado el 10 de abril de 2026 en el Diario Oficial de la Federación, y se establece la Mesa de Trabajo para la regulación administrativa en materia de navegación en el Puerto de Loreto”. (sic al lenguaje abogadil).
El del lunes está “expedido” por la Presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, “en adelante la PEUM, en unión de Secretarías de Gobernación, de Marina, de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Turismo”.
El Decreto entró en vigor el día de su publicación, esto es, el 25 de mayo de 2026, según el primero transitorio.
Esto echa para atrás la reclasificación que tenía la intención de recibir tráfico de gran escala en el Parque Nacional Bahía de Loreto. Abría la puerta a mega cruceros dentro del Parque Nacional Bahía de Loreto, un área crítica para la supervivencia de la ballena azul, especie en peligro de extinción. Además, clasificar a Loreto como Puerto de Altura reducía drásticamente los costos operativos para la minería terrestre. Proyectos mineros que antes eran inviables se volvían rentables porque se les daba dónde descargar maquinaria y por dónde sacar el material. Loreto dejaba de ser un destino turístico para convertirse en un punto de embarque de minerales. Ahí, en el acuario del mundo.
Es, antes que nada, una gran noticia. La movilización de la comunidad de Loreto —pescadores y habitantes— fue exitosa, lograron ser escuchados, veremos ahora cómo va la mesa de trabajo y en qué acaba.
Ahora. Más allá de la buena decisión, vale la pregunta de por qué se había tomado la otra, apenas hace mes y medio, con todo y la firma de la Presidenta. Algo como lo que había sucedido con el proyecto de Royal Caribbean en Mahahual, presumido por la Presidencia como muestra de gran inversión para después ser cancelado.
¿Qué pasa? Es un problema de comunicación con, por ejemplo, la Consejería Jurídica, encargada de los decretos. O con la Secretaría del Medio Ambiente, o la de Turismo, o la Marina.
Insisto. Los desistimientos, las reversas, me parecen muy buenas decisiones para el medio ambiente, los mares y su fauna de nuestras costas, pero en tiempos en que se necesita certidumbre, lo del anuncio y luego la reversa, no es lo mejor.
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La embajadora madurista en México y su turbio pasado/Salvador García Soto
El Universal | 27/05/2026 |
Perteneciente al círculo más cercano de Nicolás Maduro, la actual embajadora de Venezuela en México, Stella Marina Lugo Betancourt, carga con un pasado lleno de señalamientos y acusaciones graves por parte de la oposición venezolana, que la señala de proteger y favorecer el tráfico de drogas durante su larga gestión como gobernadora del estado Falcón, en el caribe venezolano, donde se afirma que entre 2008 y 2017, que ella gobernó ese estado, proliferaron las pistas clandestinas en zonas lejanas y desérticas, que servían para el tráfico de drogas hacia México y Estados Unidos, operadas por el Cártel de Los Soles, hoy declarado como organización terrorista internacional por el gobierno de Estados Unidos.
Llegada a México en los primeros meses del 2025 (un año antes de que el dictador Maduro fuera capturado y extraído de Caracas por el gobierno de Donald Trump), Stella Lugo fue designada por la Asamblea Nacional madurista en diciembre de 2024, luego de que en julio de ese mismo año fuera retirada de la embajada venezolana en Argentina, que fue cerrada por el gobierno de Maduro en rechazo a los resultados electorales que le dieron el triunfo al actual presidente argentino, Javier Milei. Desde su nombramiento como embajadora hubo reacciones y cuestionamientos de los opositores venezolanos, tanto en Caracas como en México, que recordaron su paso controvertido por el estado de Falcón.
Lugo Betancourt es una figura política vinculada al oficialismo venezolano y al círculo de poder más cercano del gobierno de Nicolás Maduro. Originaria de Caripito, inició su trayectoria dentro del proyecto político bolivariano y alcanzó el rango de capitana de las Milicias Bolivarianas, consolidando posteriormente una carrera ligada a las estructuras de gobierno del chavismo. Su ascenso político estuvo estrechamente relacionado con el poder ejercido junto a su esposo, el exgobernador Jesús Montilla Aponte, conformando el denominado clan Montilla-Lugo, que mantuvo amplia influencia sobre el estado Falcón durante más de diecisiete años. Primero bajo la administración de Montilla Aponte entre 2000 y 2008, que le heredó el poder a su esposa Stella como gobernadora entre 2008 y 2017.
El estado Falcón es considerado una zona estratégica del territorio venezolano por su riqueza petrolera, actividad turística y cercanía marítima con Aruba y Curazao. La entidad fue escenario de constantes controversias durante la gestión del clan Montilla-Lugo. Diversos sectores opositores denunciaron en aquellos años actos de corrupción, deterioro de servicios públicos y el incumplimiento de proyectos de infraestructura destinados a atender la crisis de agua y de electricidad en la región.
Las acusaciones más severas surgieron en torno a los vínculos entre estructuras regionales de poder y operaciones ilícitas en el Caribe (la red de narcotráfico Colombia-Venezuela-México). Durante años, dirigentes de la oposición venezolana calificaron públicamente a Stella Lugo como una “narcogobernadora”, señalando que bajo su administración Falcón habría servido como corredor estratégico para el tráfico ilícito y en donde trabajaba libremente el Cártel de los Soles, grupo del narcotráfico venezolano liderado por el Ejército Bolivariano y el gobierno nacional.
Diputados opositores, periodistas y organizaciones civiles denunciaron en varias ocasiones que desde las zonas desérticas y apartadas del estado Falcón operaban pistas clandestinas utilizadas por avionetas que transportaban cargamentos ilícitos hacia islas del Caribe. La droga, según fuentes venezolanas, era transportada en maletas hechas de cuero de burro porque el olor de la piel del equino neutraliza el olor de la droga e impide su detección por parte de los perros entrenados. Para mover los cargamentos, dicen las fuentes, se sacrificó a burros salvajes que habitaban en las zonas desérticas del estado y que fueron totalmente exterminados con ese fin.
Según estas denuncias, áreas cercanas a la Península de Paraguaná y otros puntos estratégicos de Falcón habrían sido utilizadas como rutas de salida aérea hacia Aruba, Curazao y otras Antillas, aprovechando la cercanía geográfica y la limitada vigilancia territorial. Algunas de estas acusaciones señalaron incluso la construcción de pistas utilizadas para operaciones ilegales y la presunta existencia de redes de protección política y militar, que también fueron señaladas por habitantes y conocedores de la zona, que por miedo, nunca denunciaron oficialmente.
Durante su gestión como gobernadora, parlamentarios venezolanos vincularon a miembros del entorno familiar y político del clan Montilla-Lugo con esquemas de tráfico de drogas, extracción y traslado ilegal de minerales y concesiones otorgadas bajo figuras turísticas en territorios insulares.
Cuando concluyó sus 9 años como gobernadora, Stella Lugo ocupó otros cargos de alta relevancia dentro del gobierno de Nicolás Maduro, entre ellos ministra de Turismo, Protectora del estado Anzoátegui y jefa del Territorio Insular Francisco de Miranda, entidad responsable de administrar archipiélagos estratégicos como Los Roques, La Orchila y Las Aves, espacios que también fueron mencionados en denuncias opositoras relacionadas con presuntas operaciones ilícitas y movimientos irregulares hacia el Caribe.
En el ámbito político venezolano, el entorno de Stella Lugo también quedó asociado a episodios de confrontación institucional. Su esposo, Jesús Montilla Aponte, fue señalado por sectores opositores por su presunta participación en hechos violentos ocurridos contra la Asamblea Nacional en 2016 y posteriormente integró la Asamblea Nacional Constituyente instaurada en 2017 por el gobierno de Nicolás Maduro.
Aunque las acusaciones sobre narcotráfico y redes criminales en contra de Lugo Betancourt y su esposo han tenido amplia repercusión mediática y política, hasta el presente no hay denuncias formales, ni investigaciones o condenas judiciales firmes contra la actual embajadora venezolana en México por esos delitos ya que ha estado arropada por el gobierno venezolano, desde la dictadura encabezada por Maduro y continúa protegida por la inmunidad diplomática que le mantiene el gobierno de Delcy Rodríguez, que bajo el control de los Estados Unidos, en algún punto tendrá que investigar y entregar también a los narcopolíticos venezolanos si se lo solicita el gobierno de Trump.
NOTAS INDISCTETAS… En defensa del plan económico de la presidenta Sheinbaum y de sus propios intereses, ayer el empresario Carlos Slim salió a dar la cara por el gobierno de la 4T y por la estancada economía nacional. Según Slim — que dicho sea de paso es el empresario más beneficiado por los gobiernos de Morena— la baja de calificación a México, anunciada por la calificadora Moody's es “irracional” y parte de “barbaridades” consideradas en el análisis de la consultora estadounidense. En una conferencia de prensa que convocó expresamente para dar su punto de vista sobre el anuncio que hizo Moody's Rating la semana pasada disminuyendo la calificación de la deuda soberana de México al límite más bajo antes de perder el grado de inversión, el magnate mexicano se dijo en contra de tal decisión y argumentó que el nivel de endeudamiento del 60% del PIB que alcanzó el gobierno de la presidenta Sheinbaum no es tan grave y aún se puede manejar si el país crece, como él cree que lo hará este año. “La verdad esos que dicen que está muy endeudado (el país) y que entonces como está endeudado le bajan el nivel y el grado, son dos o tres gentes las que deciden y lo que deberían de ver es en qué está invirtiendo, pero si logramos empezar a invertir y a crecer como es de esperarse, es irracional esa calificación. Es mi opinión, o sea no me preocupa a mí nada, aunque tiene efectos y entonces dicen que se frena la inversión y que ya no tiene acceso a financiamiento externo y barbaridades", dijo el empresario que tan solo en el pasado sexenio de López Obrador duplicó, literalmente, su fortuna. Y en su clara defensa del gobierno de Sheinbaum, con el que mantiene contratos millonarios en sectores como la construcción, la minería y el petróleo, el ingeniero Slim se lanzó también contra los “tecnócratas” que controlaron la economía mexicana en las eras del PRI y del PAN, donde también él se benefició del modelo neoliberal. "Creo que ha habido mucho tecnócrata que trae 10 de calificación de las universidades de Estados Unidos y viene aquí a las áreas más importantes financieras y luego les gustaba hacer reformas fiscales; hacían la reforma fiscal, subían la inflación, al subir la inflación subía la tasa de interés y se complicaba porque entonces se frenaba la inversión cuando tienes tasas de interés del 20 por ciento, del 15 por ciento entonces yo creo que ahorita están insistiendo mucho en que se va a ir a 60 por ciento la deuda del PIB porque están pensando que este año no crezca el país y traiga un déficit fiscal (mayor) de 4.0 por ciento”, comentó el dueño de Grupo Carso y el hombre más rico de México. Lo curioso es que cuando esos “tecnócratas” que hoy critica gobernaban al país y hacía lo que hoy considera “barbaridades”, el ingeniero nunca se quejó públicamente y más bien fue en esos gobiernos donde él comenzó a amasar su inmensa fortuna que hoy lo coloca en las listas de los multimillonarios del mundo. ¿Será que don Carlos Slim de plano ya se transformó? Es pregunta con obvia respuesta… Los dados repitieron Serpiente. Descenso obligado.
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Las comparecencias
JAQUE MATE / Sergio Sarmiento
REFORMA, 27 mayo 2026;
"Cuando alguien acusa,
verifica que no sea el culpable". Piers Anthony
Ayer compareció Rubén Rocha Moya, el gobernador con licencia de Sinaloa, para una "entrevista" con una agente del Ministerio Público Federal en la sede de la FGR en Culiacán. Solo nos enteramos después del hecho. Fue cuidadosa la Fiscalía para que los medios no se enteraran antes.
Hoy está programada la comparecencia de la gobernadora de Chihuahua María Eugenia Campos. Las circunstancias, sin embargo, son muy distintas. A la gobernadora se le entregó el citatorio en público y todo el mundo se enteró de cuándo y dónde tendría lugar. No se trata, además, de una simple entrevista, sino de una declaración en calidad de testigo.
A Rocha se le citó en Culiacán, la ciudad donde reside. A Maru la FGR la pudo haber citado en la Ciudad de México, donde se está manejando la investigación por una supuesta participación de cuatro agentes de la CIA en un operativo para desmantelar un narcolaboratorio, o en Chihuahua, donde ella vive. Pero no, la Fiscalía escogió citarla en Ciudad Juárez, el municipio fronterizo gobernado por Morena.
La gobernadora no tiene obligación legal de comparecer en persona. Su fuero constitucional la protege, pero ella ha preferido presentarse. Es una forma de decir que no tiene miedo. Ha sido citada como testigo, pero se le ha pedido que lleve a un abogado. Esto quiere decir que la FGR puede querer cambiar su situación a imputada. Una testigo no solo no requiere un abogado, sino que se impide la presencia del abogado en la diligencia. Para una imputada, la situación es la contraria: debe tener a un abogado que la auxilie.
¿Puede la Fiscalía cambiar la calidad de la compareciente de testigo a imputada? Sí, pero la gobernadora no puede ser detenida o procesada si no se le somete antes a un juicio de procedencia. Roberto Gil Zuarth, abogado de Maru, ha señalado que la FGR citó a la gobernadora a declarar en calidad de testigo, pero el citatorio utiliza argumentos legales que buscarían sustentar una imputación.
La investigación contra Maru la está llevando a cabo alguien que difícilmente puede ser imparcial. Se trata de Ulises Lara, fiscal especial en investigación de asuntos relevantes, expareja de Lenia Batres, la "ministra del pueblo", y activista de Morena. Es el funcionario que obtuvo un título exprés como abogado para asumir la responsabilidad de fiscal de la Ciudad de México cuando la también morenista Ernestina Godoy dejó el cargo. Como fiscal capitalino, "rescató" a Javier Corral, exgobernador de Chihuahua, enemigo jurado de Maru, cuando elementos de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua trataron de detenerlo en la Ciudad de México por presuntos actos de corrupción. Lara ha mostrado más interés en servir los propósitos políticos de Morena que en procurar justicia.
El caso contra Maru se ha convertido en un intento por tapar las acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra Rocha Moya y los otros nueve políticos sinaloenses de Morena. Es verdad que hubo cuatro agentes de la CIA en un operativo contra el narco en la sierra Tarahumara de Chihuahua el 19 de abril de este 2026, pero el propio Ejército ha señalado que no participaron en las juntas de preparación ni en el operativo. Su labor, en todo caso, fue de observación. Sin embargo, todo el aparato de propaganda de Morena se ha lanzado contra ella por supuestamente violar la Constitución.
En esta ocasión la actuación de la FGR está siendo observada con lupa. La Fiscalía no se puede dar el lujo de mostrarse favorable a Rocha y hostil a Maru. No solo los medios y los partidos están revisando su actuación, también el gobierno de Estados Unidos.
· IMPUTADA
Ayer por la tarde Maru Campos anuncio que recibió un nuevo citatorio, ahora como imputada, pero de la Fiscalía de la CDMX. Sí, el senador morenista Javier Corral, arropado por el régimen, la acusa de "secuestro". Hay una abierta persecución de la gobernadora de Chihuahua.
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Rebelión
Manuel J. Jáuregui /
Encendidos y en pie de guerra están los maestros de la CNTE, quienes ayer bloquearon el Paseo de la Reforma de la CDMX, bloquearon accesos al aeropuerto de Oaxaca y a una planta de Pemex. Esto, en lo que son las primeras escaramuzas de su lucha por estropear el Mundial si el Gobierno no cede a sus demandas.
Aclaramos: ni AFIRMAMOS NI NEGAMOS que éstas sean procedentes o no, simplemente colocamos el caso en el marco de su atención y análisis para que MIDAMOS TODOS sus posibles consecuencias. El lema de la CNTE es "Sin alza salarial no hay Mundial". Demandan, entre otras cosas, que la Presidenta los atienda personalmente porque sus subalternos de Educación y Gobernación les prometen, pero no les cumplen.
Y en Chilpancingo, los padres de Ayotzinapa se manifestaron en el "antimonumento" de los 43 normalistas desaparecidos en el 2014, protestando porque tanto el macuspano como la Presidenta les han mentido con promesas incumplidas y no les han hecho justicia en casi 12 años.
Hacen recordar que en 2014 el actual Secretario de Seguridad y consentido de la Presidenta, Omar García Harfuch, era coordinador de la Policía Federal en Guerrero y que sabe mucho más de lo revelado de este barbárico evento: tiene conocimiento preciso de quién, cuándo, cómo y dónde, pero en apoyo al Gobierno ha guardado silencio cómplice.
De igual manera, ya siendo Presidente, el Ayatola Macuspano se autoinstaló como el "investigador" principal del caso, prometiéndoles todo a los padres. Claro, como este individuo se reviste en embustes, no les CUMPLIÓ nada y extendió su manto protector a mandos militares presuntamente vinculados por testimonios a la desaparición de los normalistas.
O sea, el morador de "La Chingada" les dio atole con el dedo a los dolidos padres y se los pitorreó con su verborrea demagógica. Nos parece que, para los padres de los estudiantes presuntamente asesinados y sus restos incinerados, EL MUNDIAL les viene -como afirmó el "Rey del Cash"- como anillo al dedo para denunciar las mentiras oficiales.
Las broncas internas no paran ahí: la opinión pública ve con desconfianza la politización de la justicia perpetrada por este régimen del "segundo piso" y se percata de que la FGR de Sheinbaum, a través de su incondicional, Ernestina Godoy, persigue a los adversarios políticos del cuatroteísmo, pero le extiende impunidad a la gente de su "movimiento" acusada por EU de colaborar con el narco.
Claramente ya trabajan con la mira puesta en ejercer "INJERENCIA" en las elecciones del 2027, eliminando a rivales electorales vía persecución judicial con cargos inventados. Tal como lo hizo el macuspano con el hoy Senador Ricardo Anaya, a quien se le fabricaron delitos -luego desmentidos por los mismos testigos que la FGR convocó- para anularlo políticamente.
Es el estilo de estas gentes que son en su mayoría un "costal de mañas": hablan de justicia, pero jamás la han practicado. Ello mientras ponen al País en riesgo ante EU rehusando entregar a los acusados en el Distrito Sur de Nueva York, cuya extradición ha pedido la Administración Trump y a la cual no ha accedido la desadministración sheinbaumista, pretextando soberanía, o como le llamamos ya, "sobadanía", porque ¡ah, cómo la soban cuando les conviene!, pero NO LA DEFIENDEN ante su enemigo verdadero, ¡que es interno y no externo!
Ni ante el NARCO cuando la viola, rebasando a instituciones locales y menos aun cuando los cárteles despliegan una INJERENCIA en las elecciones, la cual -ni de jure ni de facto- castigan. No falta quien considere que la actuación del pasado y presente Gobierno federal constituye una pantomima amañada a favor del "movimiento" y en contra de sus adversarios políticos, invocando "al pueblo" y a la "sobadanía".
La Presidenta y los cuatroteros enfrentan complicaciones, internas y externas, de las que los creemos incapaces de poder librarse sin pagar grandes costos. Esto pensamos sin quitarle ni conceder la razón a nadie ni a nada: simplemente será una consecuencia de sus numerosas y reiteradas PIFIAS.
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Rebelión
Manuel J. Jáuregui
REFORMA, 27 mayo 2026;
Encendidos y en pie de guerra están los maestros de la CNTE, quienes ayer bloquearon el Paseo de la Reforma de la CDMX, bloquearon accesos al aeropuerto de Oaxaca y a una planta de Pemex. Esto, en lo que son las primeras escaramuzas de su lucha por estropear el Mundial si el Gobierno no cede a sus demandas.
Aclaramos: ni AFIRMAMOS NI NEGAMOS que éstas sean procedentes o no, simplemente colocamos el caso en el marco de su atención y análisis para que MIDAMOS TODOS sus posibles consecuencias. El lema de la CNTE es "Sin alza salarial no hay Mundial". Demandan, entre otras cosas, que la Presidenta los atienda personalmente porque sus subalternos de Educación y Gobernación les prometen, pero no les cumplen.
Y en Chilpancingo, los padres de Ayotzinapa se manifestaron en el "antimonumento" de los 43 normalistas desaparecidos en el 2014, protestando porque tanto el macuspano como la Presidenta les han mentido con promesas incumplidas y no les han hecho justicia en casi 12 años.
Hacen recordar que en 2014 el actual Secretario de Seguridad y consentido de la Presidenta, Omar García Harfuch, era coordinador de la Policía Federal en Guerrero y que sabe mucho más de lo revelado de este barbárico evento: tiene conocimiento preciso de quién, cuándo, cómo y dónde, pero en apoyo al Gobierno ha guardado silencio cómplice.
De igual manera, ya siendo Presidente, el Ayatola Macuspano se autoinstaló como el "investigador" principal del caso, prometiéndoles todo a los padres. Claro, como este individuo se reviste en embustes, no les CUMPLIÓ nada y extendió su manto protector a mandos militares presuntamente vinculados por testimonios a la desaparición de los normalistas.
O sea, el morador de "La Chingada" les dio atole con el dedo a los dolidos padres y se los pitorreó con su verborrea demagógica. Nos parece que, para los padres de los estudiantes presuntamente asesinados y sus restos incinerados, EL MUNDIAL les viene -como afirmó el "Rey del Cash"- como anillo al dedo para denunciar las mentiras oficiales.
Las broncas internas no paran ahí: la opinión pública ve con desconfianza la politización de la justicia perpetrada por este régimen del "segundo piso" y se percata de que la FGR de Sheinbaum, a través de su incondicional, Ernestina Godoy, persigue a los adversarios políticos del cuatroteísmo, pero le extiende impunidad a la gente de su "movimiento" acusada por EU de colaborar con el narco.
Claramente ya trabajan con la mira puesta en ejercer "INJERENCIA" en las elecciones del 2027, eliminando a rivales electorales vía persecución judicial con cargos inventados. Tal como lo hizo el macuspano con el hoy Senador Ricardo Anaya, a quien se le fabricaron delitos -luego desmentidos por los mismos testigos que la FGR convocó- para anularlo políticamente.
Es el estilo de estas gentes que son en su mayoría un "costal de mañas": hablan de justicia, pero jamás la han practicado. Ello mientras ponen al País en riesgo ante EU rehusando entregar a los acusados en el Distrito Sur de Nueva York, cuya extradición ha pedido la Administración Trump y a la cual no ha accedido la desadministración sheinbaumista, pretextando soberanía, o como le llamamos ya, "sobadanía", porque ¡ah, cómo la soban cuando les conviene!, pero NO LA DEFIENDEN ante su enemigo verdadero, ¡que es interno y no externo!
Ni ante el NARCO cuando la viola, rebasando a instituciones locales y menos aun cuando los cárteles despliegan una INJERENCIA en las elecciones, la cual -ni de jure ni de facto- castigan. No falta quien considere que la actuación del pasado y presente Gobierno federal constituye una pantomima amañada a favor del "movimiento" y en contra de sus adversarios políticos, invocando "al pueblo" y a la "sobadanía".
La Presidenta y los cuatroteros enfrentan complicaciones, internas y externas, de las que los creemos incapaces de poder librarse sin pagar grandes costos. Esto pensamos sin quitarle ni conceder la razón a nadie ni a nada: simplemente será una consecuencia de sus numerosas y reiteradas PIFIAS.
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