Cubanos desaparecidos?

Columna Plaza Pública/Miguel Ángel Granados Chapa

Cubanos desaparecidos

Publicado en Reforma, 18/06/2008;

Aunque parezca claro que 33 cubanos eran una suerte de mercancía que fue recuperada por los traficantes a los que adeudan su traslado a Estados Unidos, preocupa que a pocos preocupe la desaparición de personas, desidia que es una grave degradación ética y social

Hace una semana desaparecieron 33 cubanos en territorio mexicano, y desde entonces no se sabe de ellos. Con modalidades peculiares, su caso es una muestra más de la facilidad con que delincuentes o agentes de la autoridad pueden apoderarse de personas y hacer que su presencia se desvanezca sin que los perpetradores sufran ya no digamos castigo sino ni siquiera persecución. Sus acciones enseñan cómo el imperio de la ley, de cuya vigencia se ufana el Estado, es minado por poderes que en la práctica son más fuertes que los estatales; o que éstos actúan al margen del derecho.

El 7 de junio miembros de la Armada de México detuvieron en aguas del Caribe, frente a Cancún, a balseros que habían salido de Cuba. Fueron entregados al Instituto Nacional de Migración y conducidos a la estación respectiva en ese balneario, donde debieron permanecer hasta ser deportados o fuera resuelta su situación legal, ya que carecían de documentación. Pero, con el pretexto de que no había cupo en esa sede migratoria, alguien, cuya identidad y responsabilidades no han sido determinadas en público, dispuso su traslado a Tapachula, donde se resolvería su suerte. La anómala decisión parece no haber sido casual: ya en territorio chiapaneco, en la carretera de Palenque a Ocosingo, el vehículo que conducía a los 33 cubanos -y a cuatro centroamericanos más- fue interceptado por gente armada, un comando de presuntos zetas que llevaban cubierto el rostro y se hicieron cargo de la situación. No les fue difícil, pues los siete custodios y dos choferes (aquéllos pertenecientes al INM) viajaban inermes, sin escolta federal y transitaron de noche por una ruta que propició el ataque.

Los asaltantes abandonaron el vehículo poco después, y desde entonces se perdió la huella de los cubanos (los centroamericanos como los agentes fueron abandonados en el lugar del atraco o donde los bandoleros dejaron el autobús). Se impone la presunción de que grupos de traficantes de personas radicados en Miami -mercenarios o con filiación política- pagaron a delincuentes mexicanos para rescatar a los detenidos y entregarlos en un punto desde donde partieran seguros a Estados Unidos, propósito final del viaje. Es posible que hayan logrado ese objetivo.

Hace tiempo que la migración cubana a Estados Unidos organizada por traficantes de personas elige la ruta mexicana para ingresar a territorio norteamericano, pues según explica el embajador cubano en México, Manuel Aguilera, la autoridad migratoria estadounidense aplica la política de "pies secos y pies mojados": los cubanos que llegan por mar pueden ser deportados, mientras que los que entran por tierra tienen mayores posibilidades de beneficiarse de la Ley de Ajuste Cubano, con más de 40 años de vigencia, que asegura a quienes se marchan de la isla derecho automático a trabajar y residir en suelo norteamericano. El trato diferente estriba acaso en que migrantes espontáneos pueden hacerse a la mar por su cuenta, sin conocimiento y control de grupos políticos de origen cubano con influencia y presencia en el Capitolio, y sin que sus viajes sean organizados por tratantes de personas.

El que más de 30 personas sean arrebatadas de manos de la autoridad y su presencia se esfume debería causar conmoción en una sociedad que tenga aprecio a la vida humana, a su libertad, a la vigencia de la ley. Pero eso no ha ocurrido en México, donde la conciencia social parece esterilizada por la impregnación de valores contrarios a la dignidad de las personas y dominada por una dejadez y hasta por un cinismo social que trivializa o permanece impasible ante la muerte violenta y la supresión de libertades.

Con justificada razón hace cuatro años una porción importante de la sociedad (sobre todo en el Distrito Federal) se movilizó para exigir a los gobiernos, federal y capitalino, seguridad para las personas. El móvil principal de la gran marcha del 27 de junio de 2004 fue la proliferación de los secuestros que ciertamente permean a todas las capas de la población pero tienen su blanco principal en sectores pudientes, capaces de canjear a las víctimas por cuantiosas sumas de dinero.

En cambio, no fue sensible la sociedad entonces, ni hoy lo es, a otra forma de privación ilegal de la libertad, la desaparición forzada, perpetrada por agentes de la autoridad o con su aquiescencia. En los años de plomo de la Guerra Sucia sumaron cientos los casos de personas que enfrentaron por la vía armada a las instituciones (o se les señalaba simplemente como si lo hicieran) y que en vez de ser llevadas a juicio eran recluidas en cárceles clandestinas. Para desgracia de todos, esa corrosiva manera de enfrentar a los enemigos del Estado no pertenece al pasado. En su número de la primera quincena de este mes, la revista Contralínea -primera en documentar, en febrero pasado, los contratos de la familia Mouriño con Pemex y firmados por el ahora secretario de Gobernación cuando era ya diputado y presidía la Comisión de Energía de su Cámara- dedica su reportaje principal a las "Desapariciones forzadas del calderonismo". Se trata de 23 personas desaparecidas en los 18 meses de la actual administración. No todos eran combatientes políticos. Sobresale el caso del líder del sindicato petrolero Hilario Vega Zamarripa y seis miembros de su familia, cuyo paradero se ignora desde hace más de un año. Él era secretario general de la Sección 49 del sindicato petrolero, miembro de la cúpula gremial.