Glosa del II Informe de Gobierno: Parte 2

Glosa del Informe:

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Muchas gracias, señor secretario. Se le concede el uso de la palabra a la diputada Aída Marina Arvizu Rivas, del Grupo Parlamentario de Alternativa.
La diputada Aida Marina Arvizu Rivas (desde la curul): Gracias, presidenta. Señor secretario de Gobernación, debe ser usted una de las personas más informadas de la gravedad de la situación que hoy vive nuestro país, y en el caso de Michoacán parece que alguien está diciendo mentiras, el gobierno federal o el gobierno de Michoacán.
Lo que sí es una verdad que nos cae como una loza, es que han comenzado a morir mexicanos y mexicanas inocentes frente al terrorismo que empieza a desplegar el crimen organizado y la sensación de precariedad y desprotección se extiende por todo el país.
Informado como está, debe saber que para un sector importante de la ciudadanía, de la cual los legisladores somos representantes, desde hace algún tiempo usted ya no es la persona indicada para ocupar el cargo de secretario de Gobernación, entre otras cosas, porque fue nombrado en un contexto distinto donde el acento estaba puesto en la reforma energética, en la reforma de Pemex y usted era la persona idónea.
Hoy las cosas han cambiado. Que se sepa, no tiene experiencia en materia de seguridad pública o de seguridad nacional o en materias afines, donde hoy debe ponerse el acento y el esfuerzo de su secretaría.
Por el reto que representa para el Estado mexicano el crimen organizado para un sector cada vez más importante de la ciudadanía, insisto, es difícil imaginar que pueda usted coordinar eficientemente el gabinete de Seguridad.
Como sabe, en la batalla contra el crimen organizado el gobierno del presidente Calderón cuenta sin regateos ni condiciones con el apoyo que podamos darle desde este grupo parlamentario. Por eso, porque apoyamos sin restricciones al gobierno federal en esta lucha, quiero preguntarle directamente ?y disculpe la franqueza de mi actitud? en nombre de ese sector que duda de usted: en el contexto actual, ¿cuáles son las razones por las que considera que hoy sigue siendo todavía un apoyo al trabajo del presidente como secretario de Gobernación?
¿No se ha planteado usted en algún momento en lo más profundo de su conciencia que precisamente por su cercanía con el presidente Calderón y por el bien del proyecto que comparte con él, ha llegado la hora de que dé un paso al costado y le permita al presidente fortalecer esta crucial área de trabajo gubernamental?
El afán de mi pregunta, señor secretario, no es pedirle su renuncia ?honestamente se lo digo porque no es mi facultad?, sino saber si todos los que estamos comprometidos en la lucha contra el crimen organizado somos realmente conscientes de la extrema gravedad de la situación actual y estamos genuinamente dispuestos a trabajar por México. A veces hacerse a un lado es una señal de patriotismo. Por su respuesta, muchas gracias.
El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez: Gracias, compañera diputada. Tiene el uso de la palabra el señor secretario de Gobernación, licenciado Juan Camilo Mouriño Terrazo.
El Secretario de Gobernación Juan Camilo Mouriño Terrazo: Gracias, diputado presidente. Agradezco la pregunta de la diputada Arvizu, en primer lugar. También agradezco el respaldo manifiesto a través de su persona respecto a la necesidad de cerrar filas y desde la trinchera de cada uno, poner la parte que nos corresponde y con ello hacer un solo frente común en contra de la delincuencia.
Y sí, diputada, estoy absolutamente consciente de la gravedad del problema; del reto y el desafío que enfrentamos e, insisto, este gobierno está consciente no en función de los hechos recientemente ocurridos, sino está consciente desde que hizo un diagnóstico de la situación del país incluso antes de entrar a la administración y desde el primer día que tomó protesta la actual administración.
Por tanto, en función de ello, y como consecuencia, desde el principio pusimos éste como el más alto tema en prioridad y fuimos consecuentes. Me quedan claras sus inquietudes y le contesto que también soy un mexicano absolutamente comprometido con la función que desempeño y absolutamente resuelto a ser parte de la solución del problema.
Lo importante en ello, en este esfuerzo, no es asumir atribuciones que le corresponden a otras instancias del propio gobierno federal; para ello está la Procuraduría, la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa Nacional.
Como usted bien ha dicho, se trata de un esfuerzo de coordinación en lo que se refiere a la Secretaría de Gobernación y en ello trabajamos todos los días. Coordinación al interior del propio gabinete; coordinación también con los demás órdenes de gobierno; coordinación con gobernadores y alcaldes para lograr acuerdos; coordinación y diálogo para encontrar en las propuestas de cada uno de los distintos grupos parlamentarios o de los gobernadores mismos, las coincidencias que nos permitan avanzar y discutir con claridad también sobre las diferencias.
Estando conscientes del reto que se enfrenta y de la necesidad de ?en este frente común? cerrar filas y trabajar todos juntos con el mismo objetivo, le digo que desde la Secretaría de Gobernación seguiremos trabajando al servicio de México, conscientes y en función del objetivo que hemos planteado: recuperar la paz, la tranquilidad y la seguridad para cada familia. Ésa es la responsabilidad de todo el Estado y en esa responsabilidad la secretaría a mi cargo seguirá haciendo la parte que le corresponde.
El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez: Gracias, señor secretario. Para iniciar la siguiente ronda, se concede el uso de la palabra a la diputada Dora Alicia Martínez Valero, del grupo parlamentario de Acción Nacional.
La diputada Dora Alicia Martínez Valero (desde la curul): Gracias, presidente, buenas tardes. Señor procurador, en los últimos años los mexicanos hemos visto con preocupación el incremento de la inseguridad, el consumo de las drogas, la violencia, la impunidad y la industria del secuestro.
Las consecuencias no sólo atentan contra la vida, la libertad o el patrimonio de hombres, mujeres y niños en todo el país, sino el severo impacto psicológico que deja secuelas y que, en algunos casos, se requieren años de asistencia de profesionales para superar los impactos de ver amenazada su integridad. Y pareciera, desgraciadamente, que nos hemos acostumbrado a vivir intranquilos.
La falta de denuncia por el temor de las familias de perder sus seres queridos y la escasa credibilidad en la actuación de las corporaciones encargadas de la investigación y el combate de estos lacerantes delitos contribuye a que, en buena parte, los delitos perpetrados no puedan combatirse con oportunidad. Todo ello hace que la impunidad, para quienes se dedican a estas actividades ilícitas, sea alarmante.
Advertimos también que hay una participación cada vez más recurrente de miembros y ex miembros de los cuerpos de seguridad en todos los niveles de gobierno, que encabezan, se asocian o brindan protección a bandas delincuenciales.
Reconocemos también que hay éxitos en el combate a la delincuencia organizada. Los cárteles que operan en México no han salido bien librados de esta guerra, pero consideramos que su capacidad de fuego y reacción ha golpeado severamente las estructuras policíacas de la República.
Durante estos meses se han realizado 24 mil 811 consignaciones con detenidos, y eso hace evidente la lucha contra el crimen. Sin embargo, resulta ineficiente para la población.
No podemos admitir que se dejen ver con tanta claridad la falta de coordinación que existe entre los titulares de las dependencias encargadas de seguridad y justicia, en todos los órdenes de gobierno.
Es claro, procurador, que a 20 meses de iniciada la guerra contra el narcotráfico y la delincuencia organizada la violencia se manifiesta en formas más crudas, atenta contra civiles inocentes, como en el caso de Morelia.
Contra el narcotráfico y la delincuencia organizada reconocemos también la coordinación que existe entre la procuraduría a su cargo y la Secretaría de la Defensa Nacional, quienes en una misión de seguridad han logrado incautar una cantidad récord de narcóticos, y capturar importantes capos de la droga.
Sabemos que el compromiso de todos los servidores públicos que trabajan en las instancias de procuración de justicia es recuperar la confianza de los ciudadanos. Queremos que la labor del Estado sea percibida por la sociedad de manera positiva, entendiendo que nosotros somos aliados de los ciudadanos.
Por eso, señor procurador, le solicito me responda ¿cuáles son los resultados y los saldos que hasta ahora arroja la lucha contra el narcotráfico?
Ante los resultados de la reciente Encuesta Nacional de Salud y el Incremento en las Adicciones, coméntenos ¿cuál es el verdadero impacto del narcotráfico y qué representa para el Estado esta lucha? ¿Se descuidó el combate al secuestro en esta administración por dar prioridad al combate al narcotráfico? ¿Cuáles son los aspectos esenciales de la estrategia nacional e integral contra el secuestro aprobada por el Consejo Nacional de Seguridad Pública?
Y por último, señor procurador, vemos que en el Proyecto de Presupuesto de 2009 hay un fuerte incremento del 35 por ciento para su dependencia. ¿En qué piensan utilizarse estos recursos? Por sus respuestas, muchas gracias.
El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez: Gracias, diputada. Tiene el uso de la palabra el licenciado Eduardo Medina-Mora, procurador General de la República.
El Procurador General de la República Eduardo Medina Mora Icaza: Muchísimas gracias a la diputada Dora Alicia Martínez Valero, por su pregunta.
Me parece que en efecto, el esfuerzo de combate a la delincuencia organizada es uno de los elementos que genera mayor apoyo entre la ciudadanía. Necesitamos quitarle a estos grupos el enorme poder económico, de fuego y por consecuencia, de intimidación, de destrucción de instituciones, de destrucción de nuestra paz y tranquilidad ciudadanas.
Los resultados que se han obtenido en esta administración, en este punto no tienen precedentes. Solamente quisiera destacarle algunos de los más relevantes, en lo que es el comparativo de este 2008 respecto del 2007, de enero a agosto.
En detenidos, tenemos a esta fecha, al final de agosto, 16 mil 907, con un 24.4 por ciento más que el año anterior; en vehículos terrestres, 5 mil 142, con un 89.9 por ciento más que el año anterior; en vehículos marítimos, 83, con un 20.3 por ciento más que el año anterior; en vehículos aéreos, 228, 812 por ciento más que el año anterior; armas cortas, 4 mil 604, 73.1 por ciento más que el año anterior; armas largas, 6mil 216, 133.9 por ciento más que el año anterior; municiones, un millón 153 mil 161 por ciento más que el año anterior; granadas, 809, 323 por ciento más que el año anterior.
En moneda nacional, 48 millones 699 mil pesos, 43.7 por ciento más que el año anterior; en dólares, si no se considera el aseguramiento al narcotraficante chino en marzo del año anterior, tenemos un aumento del 800 por ciento, para llegar a 80 millones de dólares, en lo que va de este año.
Los resultados en este sentido han sido acumulativos e importantes en términos de quitarles a estos grupos capacidades, la posibilidad de generación de ingresos.
En materia de secuestro, quiero decirle, diputada, que todos los procuradores del país y todos los gobernadores y miembros del gabinete federal hemos convenido en una estrategia nacional e integral contra el delito de secuestro. Aquí está.
Esta estrategia es muy puntual en términos de los procedimientos que tenemos que seguir par formar unidades de especialidad en combate al secuestro, tanto a nivel federal como a nivel de cada una de las entidades federativas; unidades que tienen áreas ministeriales y áreas policiales especializadas, compuestas con personal que haya pasado no sólo los exámenes de confianza, sino además, acredite las capacidades y habilidades que se requieren para atender de manera especializada el combate a este delito.
Estamos ciertos que con unidades de propósito, con un modelo homogéneo, vamos a tener ciertamente éxito. Lo que necesitamos es tener precisamente un enfoque más puntual al combate a este delito, que es, como usted lo ha señalado, el que más flagela, el que más afecta a la dignidad de las personas. La estrategia está ahí, la voluntad está ahí.
Le aseguro, diputada, que los responsables de estas materias, tanto en las procuradurías como en las policías de todo el país, estamos plenamente comprometidos y de acuerdo en cuál es el esquema que vamos a seguir para este propósito y los resultados estarán ahí, se lo garantizo. Gracias.
El Presidente diputado José Luis Espinosa Piña: Gracias, señor procurador general de la República. Ahora es turno de la diputada Claudia Lilia Cruz Santiago, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, hasta por tres minutos. Adelante, diputada.
La diputada Claudia Lilia Cruz Santiago (desde la curul): Muchas gracias, señor presidente. Si me permite un momento antes, pudiéramos hacer un minuto de silencio, por el niño Ángel Uriel Herrera García, quien falleció el día sábado a consecuencia de la granada que se colocó en el acto de aniversario del 15 de septiembre en Morelia, Michoacán.
El Presidente diputado José Luis Espinosa Piña: Se solicita a los presentes ponerse de pie para guardar un minuto de silencio.
(Minuto de silencio)
El Presidente, diputado José Luis Espinosa Piña: Tomen asiento por favor. Gracias.
La diputada Claudia Lilia Cruz Santiago (desde la curul): Muchas gracias, señor presidente. La pregunta es para el secretario de Seguridad Pública, el señor Genaro Luna.
Señor Genaro Luna, usted ha venido planteando una serie de propuestas que tienen que ver con la unificación de la policía. Me parece que hay una incongruencia entre las grandes modificaciones constitucionales que hicimos hace unos meses en esta Cámara de Diputados, en este Congreso de la Unión, ya que parte de lo que usted está planteando ?y me parece que no ha entendido? tiene que ver con que se viola el estado de derecho.
Usted sabe que nosotros tenemos un pacto constitucional. Ese pacto constitucional obliga a cada uno de los estados que hicieron y ejercieron ese pacto a que tengan el control de su propia policía.
Creo que una parte fundamental de lo que ha estado planteando en esa gran propuesta que usted ha estado colocando desde hace algunos meses, prácticamente, en este régimen mexicano, en la federación, con la participación constitucional de los poderes, tanto municipales, estatales y federales, lo que hacen es que las políticas públicas nacionales en la materia deben de ser reforzadas y apoyadas para permitir precisamente el desarrollo de las corporaciones policiales, en los tres órdenes de gobierno.
Pero de ninguna manera, señor secretario, nosotros vamos a permitir, por lo pronto ?y se lo digo y se anuncio de una vez? que ustedes vayan a querer avasallar y lograr el sometimiento de toda la fuerza policiaca en un solo mando.
No vamos a colocar el poder de lo que tendría que ser la policía, aunada a cada uno de sus municipios, sus estados y la federación, no vamos a apoyar esa propuesta porque es un poder que nunca ha existido en nuestro país.
Me parece que usted se ha equivocado y ha emprendido muchos recursos públicos de la secretaría para que su propuesta vaya avanzando. Vengan y discútanla aquí con nosotros; no lo hagan en los medios de comunicación. Me parece que no le ha quedado claro de qué manera está constituido el régimen mexicano.
Además, entre parte de las propuestas que usted está planteando en esta unificación de la policía, coloca una serie de facultades que le corresponden al Ministerio Público, que es el asunto de la investigación.
Hasta donde yo sé ?y si estoy mal, me recuerdan mis compañeros de la Comisión de Justicia? en la reforma constitucional jamás modificamos que el Ministerio Público perdiera esa facultad.
La Secretaría de Seguridad Pública, la policía, no puede tener esa facultad; tiene que apoyar, en todo caso, a la policía, que es lo que estamos queriendo colocar, una policía de investigación que coadyuve al Ministerio Público para realizarla.
O de qué se trata. De hacer actos como los que solían hacerse en Estados Unidos, como lo que hizo Edgar Hoover, que durante 50 años en el FBI utilizó la información para hacer el chantaje a los políticos para presionarlos, como ha estado sucediendo.
Cómo se explica usted que el modelo de unificación y autonomía técnica de policías que usted propone sea compatible con este marco constitucional en los Estados Unidos Mexicanos, incompatible con un estado de derecho moderno, donde sean los fiscales los que dirijan jurídica y operativamente a las policías durante las investigaciones, de acuerdo con la experiencia de las mejores prácticas internacionales de todo país avanzado.
Otro asunto que me parece importante recalcar es que en el combate a la corrupción no existe todavía unidad o mecanismo de control en contra de la delincuencia organizada y mucho menos contra la corrupción de funcionarios públicos. Y no hay más que decirlo. Existen ahí, por ejemplo, la banda de "La Flor" que hace tres años existía y ustedes no sé que han estado haciendo para hacer esa investigación y qué denuncias se han realizado sobre eso.
Cuál es el número, por ejemplo, de investigación interna que usted debió haber abierto para el asunto de la señora Lorena González, quien era integrante de la PFP y que estuvo involucrada en los hechos de secuestro del niño Martí.
Ustedes vinieron aquí a comparecer bajo protesta de decir verdad. Esta comparecencia está en realidad plagada tanto de omisiones dolosas como también de mentiras. Las han estado diciendo aquí.
Me parece que es importante que el pueblo de México sepa de esto. Por lo pronto, yo sí enuncio y aviso que en esta comparecencia?
El Presidente diputado José Luis Espinosa Piña: Diputada, le solicito concluya, el tiempo acordado ya se agotó.
La diputada Claudia Lilia Cruz Santiago (desde la curul): Termino, señor presidente. Termino, señor presidente. Como a todo mundo le ha dado tiempo, también démelo a mí. Permítame, voy a concluir.
Nosotros estamos informando a este Congreso que vamos a iniciar el procedimiento de juicio político, ya que aquí, por omisión, se han estado diciendo mentiras y han estado omitiendo información de manera dolosa los funcionarios del Ejecutivo federal. Muchas gracias.
El Presidente diputado José Luis Espinosa Piña: Gracias, diputada. Tiene la palabra el secretario de Seguridad Pública.
El Secretario de Seguridad Pública Genaro García Luna: Con su permiso, presidente. Diputada gracias por la pregunta. En principio quiero decirle a usted que no sé a cuál ley usted se refiera, o a cuál propuesta se refiera, pero en ninguna está lo que usted refiere. La propuesta que se hace es generar sistemas que articulen capacidades de los municipios, los estados y la federación para el combate al crimen. En ninguna se plantea un esquema centralizado de policía en el país. La propuesta que estamos trabajando y que hemos afinado con los señores gobernadores es un esquema donde tengamos un solo sistema de datos de orden criminal en todo el país.
Un solo sistema de registro policial tanto para policías municipales, estatales y federales, donde tengamos alcance completo en su registro estadístico en todo el país. Un solo sistema de kardex para delincuentes tanto del fuero común como federales en todo el país. Un Centro Nacional de Control de Confianza para certificar y tener alcance de seguimiento, de ingreso y permanencia de todos los policías del país. Y por último, en este rubro, decirle que homologar no es avasallar.
Un reto histórico para el país es que México cuente con policías profesionales capaces, honestos, honorables, profesionales en el sentido de la investigación, con capacidades superiores para combatir el crimen y en ello, señora diputada, estamos trabajando.
En ningún caso se prevé unificar una policía nacional, como supongo que usted lo refiere; en ningún caso se prevé suplir al Ministerio Público. En sentido contrario, se prevé formar cuadros de policías con capacidades superiores a la investigación policial para recabar evidencia y sumar evidencia dentro de la indagatoria que el Ministerio Público integra y tiene monopolio para integrar la indagatoria y de consignar nueva policía.
Respecto a la parte de combate a la corrupción, ya lo comentábamos, y sin duda es una materia que tenemos que seguir trabajando en muchos frentes. Por supuesto un tema importante, y usted lo refiere, es el alcance para el seguimiento de funcionarios públicos de todos lo niveles para evitar que se desvíen o que se involucren en la parte criminal.
Y para ello, justo lo que estamos trabajando, analizando, con los señores gobernadores, es un esquema donde tengamos capacidades superiores para el seguimiento en el ingreso, permanencia y retiro de todos los policías del país, tanto municipales, estatales y federales. En ninguna propuesta, en ninguna referencia, en ninguna, aclaro, está lo que usted refiere, señora diputada.
El Presidente diputado José Luis Espinosa Piña: Gracias por su respuesta, señor secretario. A continuación tiene el uso de la palabra la diputada Patricia Villanueva Abraján, del Partido Revolucionario Institucional, hasta por tres minutos.
La diputada Patricia Villanueva Abraján (desde la curul): Señor secretario de Seguridad Pública, fin primordial del Estado es garantizar la sana convivencia social; esto es la seguridad pública cuya función tiene la institución que usted dirige.
Hoy más que nunca la seguridad de las familias mexicanas ha sido trastocada. A casi dos años de gobierno lo que vemos es una sociedad aterrada, desmoralizada, que sale a la calle clamando justicia como última esperanza antes de tomarla por propia mano.
El sistema de seguridad no tiene rumbo. No ofrece resultados. Vivimos una tremenda descomposición social. Una sociedad en crisis produce una nación en crisis. No hay credibilidad.
Ya el crimen organizado no tan sólo atenta contra los diferentes cuerpos de seguridad pública o entre grupos delictivos de intereses antagónicos. Ahora, la ciudadanía es su blanco directo, ya de manera selectiva a través de los secuestros o bien de manera general, como los hechos lamentables que de forma inédita y cruel acontecieron el pasado 15 de septiembre en Michoacán.
Es verdaderamente preocupante el hoyo negro en materia de profesionalización de los cuerpos policiales. El embate al crimen organizado le ha costado a los mexicanos, tan sólo en lo que va de 2008, más de 3 mil muertes, 32 por ciento más que en el 2007.
Con estas cifras todavía se atreven a decir que le estamos metiendo goles a la delincuencia, lo que hoy es incompetencia. Usted ha pregonado crear una policía con estándares internacionales de confiabilidad y eficiencia, cuya estrategia sea la de prevención y combate al delito, basada en la inteligencia policial.
En el informe se registra que se han capacitado 26 mil 600 elementos en activo y han pasado por la evaluación de control y confianza 3 mil 500 más y, sin embargo, los resultados que tenemos son cuerpos de seguridad reactivos, carentes del más mínimo trabajo de inteligencia policial para prevenir el delito.
Por ello observamos operativos fallidos, donde se confunde a la ciudadanía con delincuentes. Se han vuelto comunes los allanamientos policíacos en domicilios de familias mexicanas que se sienten exhibidas y agredidas. Pero, qué podemos esperar si no se puede precisar siquiera si una persona pertenece o no a la institución que representa.
Le pregunto, señor secretario, sea sincero y díganos si podemos contar con una policía que esté capacitada para enfrentar los nuevos retos de la seguridad pública. Díganos si tiene una estrategia para ello.
Las líneas más visibles del sistema de seguridad son la corrupción, la impunidad, la falta de inteligencia y estrategia, derivado de la infiltración de las organizaciones delictivas en los cuerpos de seguridad. Usted mismo ha declarado la existencia de policías con estilo de vida millonarios ante grados de corrupción inauditos.
Le pregunto, ¿cómo sería posible así el funcionamiento de una policía nacional? ¿Cómo podemos tener credibilidad en las evaluaciones que hace el Centro Nacional de Control de Confianza? ¿Cuándo saldrá de su inoperancia el Cisen, para que le contribuya en el trabajo de inteligencia?
Resulta cotidiano observar en los medios de comunicación que cada vez que se desintegra algún grupo delictivo, se descubre que quienes los dirigen son policías en activo o recientemente dados de baja.
Por ello le pregunto, secretario, ¿cuándo perdieron la brújula del Registro Nacional del Personal de Seguridad Pública para inscribir la identidad y célula familiar de los elementos que se incorporan a los cuerpos de seguridad, y con ello evitar que policías cesados se contraten en otras corporaciones?
En el propio informe, se corrobora que el 92 por ciento de las acciones contra el combate a la delincuencia organizada lo enfrentan las Fuerzas Armadas. Entonces, le pregunto ¿para qué ha servido, señor secretario, la inversión millonaria que ha tenido la institución a su cargo? ¿Por qué debemos confiar cuando no existen resultados?
Esto no es un asunto de fe. Es un asunto de eficiencia. De antemano sé que no tiene respuestas, pero espero sus comentarios.
El Presidente diputado José Luis Espinosa Piña: Gracias, diputada. Tiene la palabra el señor secretario de Seguridad Pública, por tres minutos.
El Secretario de Seguridad Pública Genaro García Luna: Señor presidente, con su permiso. Gracias, señora diputada por su pregunta. Y bien, como usted sabe, usted fue procuradora del estado de Oaxaca y compartimos experiencias comunes en tareas para combatir el crimen.
Sin duda, y hemos reiterado, un reto importante es transformar el modelo de policía para este país, es incrementar capacidades técnicas para la policía en el combate al crimen, es cambiar el perfil policial con deterioro histórico. Hoy se encuentra en este esquema actual de descomposición y que, sin duda, requiere un nuevo precepto para este esfuerzo.
Comparto su perspectiva en términos de que tenemos que transformar el esquema que hoy tenemos de policía. Y para ello estamos trabajando en tres vertientes:
Primero, que ya comentábamos, la propuesta de llevar a ley la obligación en todo el país, de tener un esquema de control y confianza que registre exámenes de psicología, psicométricos, poligráficos, entorno social y patrimonial que corresponda a nivel de ingreso de cada policía con su modo de vida.
Segundo. La parte de desarrollo policial con un proyecto de vida para cada policía. Hoy, el país no cuenta con un esquema que le dé garantía de proyecto de vida a un policía de bien que quiera tener una carrera de eficiencia, de honorabilidad, en un marco profesional.
Por ello esta propuesta plantea el crear un plan rector de educación policial, donde el policía tenga acceso a educación desde el inicio de su formación hasta el retiro de su carrera policial.
También se plantean nuevos esquemas en sistemas para datos de inteligencia operativa, nuevos esquemas de operación para la policía, metodología, procesos, unificación y homologación de procesos de operación policial para cada etapa, y sin duda ?debo decirlo? requiere un nuevo perfil de ingreso de la policía.
El plan para esta etapa de evolución ya arrancó en principio con un fondo federal, ya lo comentábamos, el Subsemun, que ustedes aprobaron, que es un fondo dirigido a los municipios y que prevé cinco ejes: combate a la corrupción, computo de confianza, capacitación, logística operativa, para equipamiento policial, y algo nuevo que es muy importante, indicadores de medición en la operación y eficiencia policial.
Estos fondos prevén armar un modelo nuevo de policía en los municipios y coadyuvar con los estados en el esquema integral de seguridad pública. También los fondos federales del FAS y el fondo de Foseg tienen sus vertientes y esos ejes para formar cuadros nuevos, capacitarlos, para incrementar sus capacidades técnicas y operación en todo el país.
La inversión en el caso federal se ha centrado esencialmente para incrementar la capacidad en la policía federal, en su plantilla de operación.
Debo decir que la policía federal éramos 11 mil elementos al inicio de este gobierno. Hoy tiene la policía federal 26 mil policías y el esfuerzo de tener más despliegue territorial obedece justo a eso, a sumar capacidades con los estados y municipios en el combate al delito.
Un eje importante ?y usted lo refería? son los sistemas de inteligencia para los policías. En este sentido hemos trabajado para armar un nuevo sistema basado en capacidades nuevas que se alinean en un solo esquema, tanto para policías municipales, estatales y federales, y este esquema está a punto de liberarse ya a nivel nacional. Hoy tenemos ya un alcance superior de 80 por ciento y estamos a punto de liberar todos los esquemas de inteligencia operacional para cada policía dentro del país. Gracias.
El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez: Gracias, señor secretario. Tiene el uso de la palabra el ciudadano diputado José Manuel del Río Virgen, por Convergencia.
El diputado José Manuel del Río Virgen (desde la curul): Gracias, presidente. Quiero dirigirme al señor procurador, si me lo permite, presidente.
El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez: Adelante, diputado.
El diputado José Manuel del Río Virgen (desde la curul): Señor procurador, voy a tratarle dos temas. El primero es, los hechos delictivos que se han cometido en contra de la nación, particularmente en el caso de la plataforma Usumacinta que chocó contra una plataforma fija, hubo 23 muertos, no hay nadie en la cárcel; lo mismo pasó con Quetzalcoatl, ahí en Minatitlán; y también pasó en los estallidos de Álamos donde hubo tres muertos, y ha pasado en otras partes y nadie está en la cárcel, nadie de Pemex, nadie de ninguna empresa, nadie que responda y se haga justicia a los familiares.
El caso de la plataforma Usumacinta es verdaderamente escandaloso. Ni siquiera conocemos el informe del premio Nobel, Mario Molina, que se había tomado como referente o que se tomaría como referencia para poder hacer justicia a quienes ahí fallecieron, sobre todo, a sus familiares.
Por otro lado, señor Procurador General de la República, hoy nadie puede atreverse a afirmar que estamos ganando la guerra contra los delincuentes, es más, usted ha dicho que hay un escalamiento en la sociedad.
Hemos transitado, procurador, de una estrategia de procuración de justicia basada más en la esperanza de que los delincuentes se acaben entre ellos, que un proyecto integral que incluya investigación, persecución, captura y sentencia de los criminales.
Se nos mencionó que el recrudecimiento de la violencia, en casi todos los rincones del país, se debía a la reacción de las bandas delincuenciales ante la efectividad de los operativos, de la procuración de justicia y de las fuerzas armadas.
También, nos dijeron, se trataba de una disputa entre las bandas delincuenciales, pero no. Ya no se trata de una guerra entre narcotraficantes. Las armas que entran por las aduanas del país y por los tres mil kilómetros de frontera que tenemos, hoy sirven a las bandas delincuenciales.
Es decir, no agarramos a nadie. Es más, lo doloroso aquí es el correr de la sangre de hombres, mujeres y niños que nos han ubicado en un escenario donde los ciudadanos se encuentran cautivos entre la violencia delicuencial y, también, con toda sinceridad procurador, la incapacidad para que podamos alcanzar la justicia.
Las redes del narcotráfico y las bandas de secuestradores no las podemos detener, ya ni hablemos de las grandes bandas que introducen las armas, de los que envían los coches robados al extranjero. Nada, todo saldo negativo.
Termino, presidente, el 21 de agosto suscribimos el acuerdo, se suscribió el Acuerdo Nacional de Seguridad, justo el periodo elegido por el gobierno para lanzar la gran cruzada para la delincuencia. Es la etapa de más violencia, usted no me va a negar esto.
El 18 de agosto, 21 muertos en Chihuahua; 14 en Creel, por cierto donde incluso murió un niño en un baile, donde fue terrible aquello. Hasta ahora, se sabe que los asesinos no tenían ninguna relación con bandas criminales. El 29 de agosto, Mérida, Yucatán, 11 cuerpos sin cabeza. Cómo es posible que los asesinos tengan la calma para cercenar cabezas y tirar cuerpos sin que sean molestados, por nadie.
Procurador, el 15 de septiembre lo de Morelia. Ustedes han tenido que admitir que el 80 por ciento de los policías, y agentes incluso, están corrompidos. El terrorismo en Morelia, no le busquemos más explicaciones: es una manifestación más oscura del grado de descomposición que vivimos.
Desde que se firmó el Acuerdo Nacional de Seguridad el país ya no es el mismo. A partir de esa fecha se han llevado a cabo 107 ejecuciones, incluido Chihuahua, Sinaloa, Veracruz, otros casos.
Es más, para los ricos, ni sus autos blindados ni sus escoltas les sirven. A todos les va por igual. Terminó, presidente, 3 mil 15 ejecuciones, señor procurador. ¿Cuándo tendremos justicia en el caso del tema de la plataforma Usumacinta? ¿Cuándo podemos saber que pasó realmente con el contrato de Blue Marín y que la Auditoría Superior de la Federación aclaró que había un sobreprecio de 40 mil dólares diarios?
¿Cuándo sabemos señor, procurador, de la nueva estrategia que necesitamos los mexicanos, para que se nos otorgue la justicia que consigna la Constitución General de la República. Gracias, presidente, gracias, procurador.
El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez: De nada, diputado. Tiene uso de la palabra el señor licenciado Eduardo Medina Mora, procurador general de la República.
El Procurador General de la República Eduardo Medina Mora: Muchas gracias. Con su permiso, diputado presidente. Agradezco al señor diputado José Manuel del Río Virgen por su cuestionamiento.
Quiero decirle en primer lugar, con relación al accidente en la plataforma Usumacinta, precisamente en la sonda de Campeche nosotros iniciamos la averiguación previa el 29 de octubre de 2007, contra quien resultara responsable por los hechos que pudieran ser constitutivos de los delitos de homicidio, daño en propiedad ajena, y así se inscribió por incompetencia, que planteó a la Procuraduría General de la República su correspondiente de Campeche. Como usted señala, este siniestro ocasionó la muerte de 22 trabajadores y daños materiales significativos a Pemex.
En lo que hace a la averiguación previa ?que es distinto de la opinión técnica del Premio Nobel, Mario Molina?, el dictamen pericial se encomendó a la Universidad Nacional Autónoma de México, que ha rendido ya el mismo, y se está en espera de que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente se pronuncie respecto del daño ambiental para entonces estar en aptitud de resolver la indagatoria.
El hecho de que haya, evidentemente, consecuencias lamentabilísimas como la muerte de personas y desde luego los daños materiales, tiene que verse de una manera muy puntual en términos de si hay, primero, responsabilidades administrativas, negligencia por parte de algún funcionario; y después, de haberlas, si éstas son o no constitutivas de delito, es decir, si además de estos hechos imputables a personas concretas, pueden ser o no constitutivas de delito. Sobre esto versa la indagatoria.
A esta fecha la indagatoria continúa en trámite, pero en breve podrá resolverse. Le aseguro que la Procuraduría no va a fabricar culpables; va a analizar con todo cuidado si de los hechos y de los dictámenes periciales se desprenden conductas constitutivas de delito y sobre esa base actuará en consecuencia.
En lo que hace a los temas que usted plantea, ciertamente que a partir de la firma del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, a pesar de que se han registrado en efecto hechos lamentabilísimos, sobre los cuales por cierto hay resultados concretos.
La investigación a propósito de los hechos en Creel, Chihuahua, que desahoga la Procuraduría General de Justicia de ese estado en colaboración con la Procuraduría General de la República, tiene avances significativos con personas identificadas y podremos ?creo? actuar en breve plazo.
Con respecto a las decapitaciones en Mérida, ha habido personas detenidas precisamente por la Policía Federal, consignadas ya ante juzgadores federales y ha habido nuevas detenciones y nuevas líneas de investigación. Precisamente trabajamos este caso también en coordinación con la Procuraduría General de Justicia del estado de Yucatán.
En Morelia hemos desahogado innumerables diligencias también en conjunto con la Procuraduría General de Justicia del estado de Michoacán. Aquí tenemos dos hipótesis básicas: si se trata de este grupo que ha flagelado, que ha secuestrado en muchos sentidos la tranquilidad y la paz de los michoacanos y de otros ciudadanos de estados circunvecinos, La Familia; o se trata de una acción del grupo de Los Zetas, que ahora disputa esta demarcación junto con este grupo. Estamos en este momento haciendo las diligencias correspondientes y no descartamos ninguna hipótesis con relación al grupo que pudiera ser responsable.
La violencia en Chihuahua y en Sinaloa, en Baja California, se ha reducido a partir de la firma del acuerdo, se ha reducido muy claramente en agosto respecto de niveles sin precedentes en julio, y sobre esta base nosotros pensamos que la violencia no se va a comportar regresivamente simplemente a partir de expresiones de voluntad política; se va a reducir a partir de quitarles capacidades operativas, logísticas, armas, detenciones a estos grupos, que como he señalado ya, tenemos una acumulación muy significativa en términos de reducción de capacidad.
El compromiso del gobierno federal está ahí, la coordinación con las entidades federativas está ahí. Y estamos ciertos que vamos a ganar esta batalla para recuperar la paz y la tranquilidad de los mexicanos.
La batalla no se va a ganar hasta que los ciudadanos mexicanos podamos tener la convicción que de nuevo vivimos en normalidad. Hasta ese momento podremos sentirnos de alguna manera satisfechos, en el sentido de que hemos transformado un problema de seguridad nacional en un problema de seguridad pública. Es cuanto. Gracias, diputado.
El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez: Gracias, señor procurador. Tiene el uso de la palabra la diputada Verónica Velasco Rodríguez, del Partido Verde Ecologista de México.
La diputada Verónica Velasco Rodríguez (desde su curul): Gracias, señor presidente. Me voy a evitar leer mi intervención, toda vez que las interrogantes han sido ya formuladas. Me dirigiré entonces al señor secretario de Seguridad Pública.
Don Genaro, mientras todos nosotros estamos aquí sentados, escuchando datos y cifras más o menos precisas y descalificándonos unos a los otros, hay allá afuera un niñito de nueve años que ha sido secuestrado. Para garantizarles a sus padres que aún vivía, les han sido enviadas su dos orejitas y, hace unos días, una serie de fotos con imágenes del niño brutalmente golpeado.
Seguramente hoy como él, en este momento y en este país, existen muchos otros menores que no solamente han sido privados de su libertad, pero que están siendo golpeados, violados y muy seguramente algunos ?como lo hemos visto? terminarán siendo asesinados.
Señor secretario, le pregunto, desde un punto de vista personal ¿cree usted excesiva la condena a pena de muerte para estos responsables que, por la violencia que emplean, reflejan no solamente su imposibilidad de readaptarse socialmente, sino su grandísimo desprecio a la vida? Le agradecería que la respuesta fuera solamente sí o no.
El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez: Gracias, compañera diputada. Tiene el uso de la palabra el señor secretario de Seguridad Pública, ingeniero Genaro García Luna.
El Secretario de Seguridad Pública Genaro García Luna: Gracias, presidente. Gracias, diputada, por la referencia y por la pregunta. En principio quiero a usted decirle que mi convicción para el tema de secuestros es un tema que requiere todo el esfuerzo del Estado mexicano para combatirlo. Con un caso que exista de secuestro es suficiente para que todos ?sin excepción? pongamos lo mejor de sí mismos, lo que tengamos como capacidades de Estado para combatirlo.
La condena de pena de muerte ha sido motivo de debate en diferentes foros, inclusive en varios países, y ha sido una fórmula mixta. Hay países donde ha sido un esquema ejemplar, y mucho en Asia en particular. Y hay también experiencias donde no ha sido la respuesta directa a este fenómeno.
Yo, a usted, le diría que en principio tenemos que garantizar que ningún secuestrador tenga derecho a libertad previa con ventajas jurídicas de preliberación. Hemos planteado la importancia de evitar que un secuestrador pueda salir de la cárcel, argumentando buena conducta o argumentando alguna ventaja legal para tener su liberación.
Sin duda un delincuente de ese perfil, que mutila, no merece estar en la calle. Por ello el gobierno federal ha propuesto un esquema donde se plantee la cadena perpetua a los secuestradores.
Y en el tema de debate específico de la pena de muerte, yo creo que esta referencia o este análisis sí tiene y conlleva diferentes aristas. Por lo pronto, yo insistiría en tener alcance permanente, total, de evitar que un secuestrador tenga ventajas jurídicas para la preliberación.
El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez: Gracias, secretario. A continuación tiene el uso de la palabra el señor diputado, don Rubén Aguilar Jiménez, por el Partido del Trabajo.
El diputado Rubén Aguilar Jiménez (desde la curul): Señor procurador general de la República. En esta comparecencia se expresa la necesidad de que la intervención general de respuestas ubique la personalidad, la calidad de ustedes en el sentido de que finalmente son cabeza del sistema jurídico nacional, para efectos de la seguridad, para cuestiones de carácter policíaco y para cuestiones de responder en cosas que hoy resultan graves para la República.
De alguna manera, considerando que es índice natural en la sociedad la existencia de la delincuencia o los actos irregulares de los ciudadanos, lo relevante hoy es que los índices de delincuencia en nuestro país son verdaderamente aterradores.
Una sociedad o una institucionalidad enferma a tal grado de que no hay seguridad ni en los alrededores de quienes tienen el poder, es la característica general que debe ser atendida y esto requiere necesariamente la conducción por parte del sistema general de seguridad en el país, de todos los niveles de gobierno y de la instancia federal, evidentemente con responsabilidad para toda la República y para toda la institucionalidad en el sentido de formular necesariamente respuestas en sentido positivo y no estar necesariamente atrás de los hechos.
El pasado viernes la Procuraduría General de la República publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que se establecen las reglas para el ofrecimiento y entrega de recompensas y recompensar periódicas.
En nuestra opinión, éste es un instrumento que no va a rendir buenos frutos en su totalidad, en virtud de que la ciudadanía, en las características actuales del gobierno, no tendría confianza en quién recibe la denuncia y que los datos de identificación puedan luego ser filtrados a los propios delincuentes, proviniendo esta información precisamente de los órganos de seguridad gubernamental.
¿Cómo van entonces a resolver el problema de la confianza de las ciudadanía, hoy que está pidiendo el auxilio de la ciudadanía a través de la denuncia? Ésta es una responsabilidad que se tiene, evidentemente, que resolver por parte de la institucionalidad y darle seguridad a la sociedad para que colabore con las instituciones y con la justicia oficial.
Necesariamente debe estar complementado este acuerdo con una respuesta evidente. Además es necesario que no caigamos en la cultura de la delación, toda vez que podría esto significar el hecho de que entonces los órganos de gobierno podrían atenerse entonces a esperar solamente la denuncia y no a perfeccionar su función.
Si estamos hablando de que éste es un aparato que debe justificar su existencia, si la dirección del gobierno federal debe justificar su existencia, efectivamente en positivo, con un plan de acción y no esperando efectivamente que haya respuestas a los hechos que concatenadamente suceden uno a uno.
De alguna manera esto obliga a exigir a la institucionalidad un plan general que persiga, que busque la solución del delito, efectivamente, independientemente de las denuncias de los ciudadanos.
En este sentido debemos mencionar que el Poder Legislativo ha estado a la altura al dotar al Poder Ejecutivo, al Poder Judicial y a la propia Procuraduría que usted preside, de los instrumentos legales que le permitan realizar adecuadamente su tarea.
En términos de lo que establece el artículo 21 de nuestra norma fundamental, a la procuraduría le corresponde la persecución de los delitos; a partir de las denuncias que se les presenten inician la labor de investigación del Ministerio Público.
Deben iniciar entonces, institucionalmente, acciones para conocer los delitos, y aunque nadie les pida actuar, porque es su obligación general de su función proveer, exactamente, actos desde el poder público para resolver ese problema de perfeccionamiento de la sociedad, evitando no la presencia en un pelea por territorios de bandas de delincuentes, sino la necesaria acción oficial para resolver el problema de que este territorio nacional no sea el territorio de los delincuentes.
En noviembre del año pasado, en el estado de Tamaulipas, fue asesinado Juan Antonio Gallardo, quien fuera candidato del PT a la presidencia de Río Bravo. Él hizo acusaciones directas de la infiltración del narcotráfico en la política.
¿Nos podrán informar, señor procurador si como resultado de las denuncias públicas de este político ha sido detenida o sujeto a proceso alguna persona o siquiera se ha realizado una investigación?
Esto nos obliga a decir, bueno, realmente se ha tapado el ataúd en la tumba y a otra cosa. Este gobierno se olvida, como en este caso, de muchos otros que están sucediendo, puesto que son tantos que efectivamente, ni siquiera capacidad tendrán de estar acumulando información para sistematizarla y para responder oficialmente, con toda la capacidad de todas las policías del país, dirigidas en un sistema nacional de seguridad pública, que ustedes tienen obligación de dirigir inteligentemente.
Esperamos que las denuncias anónimas que se presenten no corran la misma suerte que las realizadas por Juan Antonio Guajardo.
Hoy preguntamos, ¿cuál es el plan general de este gobierno para toda la república, en el uso de la capacidad instalada de miles y miles de policías, que deben efectivamente ser revisados en la confianza, que deben efectivamente ser revisados y capacitados en su inteligencia, pero que deben ser usados de manera necesaria, natural, con la capacidad que tiene todo el sistema político mexicano, todas las instituciones, en perfeccionar y en controlar y efectivamente en la sociedad las cosas para que no haya tantos delincuentes haciendo cosas comunes todo los días, como algo ordinario en nuestra sociedad? Muchas gracias.
El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez: Gracias. Tiene el uso de la palabra el licenciado Eduardo Medina Mora, procurador general de la República.
El Procurador General de la República Eduardo Medina Mora: Muchísimas gracias, al señor diputado Aguilar Jiménez, por su pregunta.
Desde luego, diputado, la preocupación que compartimos todos los mexicanos, ciertamente, la que nos compromete a los funcionarios es la observación de los índices de delincuencia y la necesidad de construir un verdadero sistema integral de seguridad, un sistema integral que no sólo debe partir de la base de instituciones más sólidas, de una estrategia que quite la capacidad a los grupos criminales de dominar y controlar territorios, de destruir instituciones, de privatizar instancias de seguridad a nivel local.
Para que sea integral este plan, requiere sin duda no sólo más y mejor Estado, más y mejores instituciones de seguridad y de procuración de justicia, sino también y sobre todo más y mejores ciudadanos, mejor ciudadanía.
La ciudadanía, los ciudadanos, tenemos la responsabilidad de coadyuvar, de denunciar, de poner en conocimiento de la autoridad la información que pudiera llegar a nosotros respecto de hechos delictivos. Este es el propósito de este acuerdo de recompensas y pagos periódicos por recompensas.
Se trata de generar incentivos para que los ciudadanos pongan a disposición de la autoridad estas informaciones y también que si son parte o han tenido contacto con organizaciones criminales, puedan hacer delación.
Ese es uno de los instrumentos centrales de la Ley Federal de Combate a la Delincuencia Organizada, precisamente los testigos colaboradores, que son personas que han formado parte de la estructura delictiva y que quieren obviamente reivindicarse con la sociedad y poner en conocimiento de la autoridad esta materia.
La autoridad federal conoce de los delitos por cualquier vía, no necesita denuncias. Muy pocos los delitos federales que se inician por denuncia; se inician de oficio cuando se tiene acceso a la noticia criminal.
De manera que un esquema de recompensas lo que permite hacer es generar incentivos, precisamente para que las personas pongan a disposición de la autoridad información, que de otra suerte no harían.
Los sistemas y los procedimientos, como está claramente detallado en el propio acuerdo, publicado precisamente el día 19, garantizan y prevén los mecanismos que puedan salvaguardar obviamente la seguridad de las personas, de la misma manera en que se utilizan estos mecanismos para los testigos colaboradores.
Sobre esta base, quiero decirle que hasta ahora el esquema del acuerdo ha tenido resultados. Hemos tenido muchas informaciones, a propósito de los acontecimientos de Morelia, pero vamos a hacer rápidamente, en breve, ofertas de recompensas también para la captura de figuras muy relevantes de las principales organizaciones delincuenciales del país. Esto tiene fundamento en la Ley contra la Delincuencia Organizada y tiene fundamento en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.
Finalmente, para señalarle, con relación al homicidio del ex diputado Juan Antonio Guajardo Anzaldúa, que además era candidato a la presidencia municipal de Río Bravo, Tamaulipas, que desde el momento mismo de los hechos se inició la averiguación previa. Se ha allegado muchísima información sobre el particular. Hemos capturado personas que tenemos la certidumbre de que han tenido participación en el homicidio de este diputado, aunque no podemos imputarles las conductas concretas porque no tenemos la evidencia, pero sí tenemos la información de inteligencia que permita relacionar su acción criminal con el homicidio del diputado Guajardo Anzaldúa.
Vamos a continuar con el esfuerzo hasta poder consignarlos por esos hechos, aunque los tengamos consignados por otros hechos, obviamente criminales, cometidos en esta zona. No vamos, ciertamente, a cejar en nuestro esfuerzo en este sentido. Muchísimas gracias, diputado.
El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez: Gracias, señor procurador. Tiene el uso de la palabra el diputado Manuel Cárdenas Fonseca hasta por tres minutos, para exponer sus preguntas.
El diputado Manuel Cárdenas Fonseca (desde la cururl): Gracias, señor presidente. Antes de dar inicio, tengo una duda que ojalá pudieran aclararme y es en función de este nuevo formato porque no entiendo los alcances cuando se dan y dejan de ser supuestos, las preguntas que no quedaron contestadas y en el caso de cuando son preguntas concretas se contesta en términos de tesis o teorías que no corresponden propiamente a una pregunta específica.
Eso, presidente, ojalá lo pudiera aclarar porque en este nuevo formato que hemos legislado también habría que valorar cuál es el alcance que le quisimos imprimir los propios legisladores. Tengo esas dudas, señor presidente.
El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez: Señor diputado, el formato fue planteado por los grupos parlamentarios y votamos precisamente ese acuerdo. En ese momento fue la posibilidad de la discusión; enriquecerla o haberla perfeccionado. Ahorita estamos sujetos al acuerdo tomado y, por tanto, estamos en su desahogo, señor diputado.
Si hubiera mayores preguntas, considero que pueden hacerlas de manera escrita a los señores funcionarios y estoy cierto que pueden tener respuesta de manera formal por ellos. Así es que tiene el uso de la palabra, señor diputado, por tres minutos, para sus preguntas.
El diputado Manuel Cárdenas Fonseca (desde la curul): Gracias, presidente. En ese sentido, mucho agradecería a la Mesa Directiva, que es la responsable de interpretar los ordenamientos jurídicos, que me lo pudiera hacer llegar, que no tiene nada que ver con la materia de cómo se aprobó, por qué se aprobó.
Mi pregunta es otra. Es una ley y debe tener un alcance jurídico. La parte de los acuerdos parlamentarios y en función de cómo se dan éstos, no tiene nada que ver con el alcance de la interpretación y de lo que el legislador quiso imprimir en el texto que ahora es derecho positivo mexicano.
Por eso, mucho le agradeceré que me pudieran hacer llegar, en su momento, la interpretación que da la Mesa Directiva al marco jurídico que ahora regula, como derecho positivo mexicano, este formato, este mecanismo, este procedimiento.
El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez: Así se hará, señor diputado. Se inicia su tiempo.
El diputado Manuel Cárdenas Fonseca (desde la curul): Gracias, es usted muy amable. Bienvenidos, señores encargados del despacho. Como todos saben, las cosas, las acciones, los eventos los hacemos los humanos. En ese sentido necesitamos conocer y saber quiénes somos los que hacemos las cosas. Antes las discusiones eran los qué, después los cómo y ahora es los con quién.
El procurador general de la República fue un eficiente colaborador de las más altas élites empresariales y de los organismos públicos que reconoce el derecho positivo mexicano, hasta que se incorporó como responsable del Cisen de 2002 a 2005. Y, posteriormente, de septiembre de 2005 en adelante, como secretario de Seguridad Pública y, a la postrimería, procurador General de la República.
En su desempeño dentro del Cisen lo acompañó el ahora secretario de Seguridad Pública. Y desde entonces tenían planteada un área estratégica para combatir la venta, o el tráfico, o trasiego de las armas que de suyo es ilegal en el país y que no necesariamente pasan por la infraestructura que tienen las propias aduanas.
Sabemos muy bien cómo, en el uso de otros mecanismos, el propio contrabando bronco no pasa por las aduanas, se dejan caer en aviones, en fin, drogas, armas y una serie de elementos con las más altas tecnologías. Pero bueno, esta situación nos obliga a ayudar a gobernar. Y el currículo del propio procurador así lo refleja y debemos concurrir en su ayuda para que su desempeño sea eficaz y eficiente.
¿Cómo ha venido ayudando Nueva Alianza a gobernar, a que tengamos una sociedad en armonía y en paz en la que viva la fortaleza educativa y cultural? Lo primero que hemos hecho es presentar una modificación a la Ley General de Población, para que sepamos quiénes entran, cómo entran, cuándo entran, para qué entran, en qué entran y cómo salen en nuestras dos fronteras terrestres.
Situación en la que hemos sido absolutamente omisos y en la que no vamos en concordancia con los protocolos mínimos de cualquier otro país, en el que primero checan identidad y después mercancías.
En este sentido, quisiéramos saber la opinión que tiene el procurador respecto del porqué no se checa primero la identidad de todos los que entran y salen del país por la vía terrestre, y solamente se refleja el cuidado de las mercancías.
Adicionalmente, preguntar el porqué en el Presupuesto de Egresos de la Federación del 2009 no se refleja esto que hemos venido denunciando desde que inició la presente administración, y ahora tenemos el país lleno de "caiviles", "maras salvatruchas", "zetas", etcétera.
Preguntar también al procurador ¿cuál es el fundamento jurídico en el que se basan las Fuerzas Armadas para ejercitar acciones que no les competen, más cuando presentamos conjuntamente con diputados de Acción Nacional, una iniciativa que modificaría los criterios de los estados o del estado de excepción que contempla la Constitución?
El lavado de dinero. En esta materia tenemos todo lo que va de la presente administración haciendo la denuncia pública de los reportes del Departamento de Estado de Estados Unidos de América, marzo de 2007 y marzo de 2008, en los que nos acusan de ser un país lavador de dinero. Y tenemos prometido desde hace más de un año presentar sendas iniciativas sobre la materia.
El sector financiero es el más desregulado, inclusive para efectos de inversión extranjera. Y en el argot ?cosa que rechazamos profundamente? ya se dice que el no haber hecho nada durante el sexenio pasado y en lo que va de la presente administración ?porque el lavado de dinero se da en las instituciones financieras y en las empresas mercantiles? pudiera estar relacionado con apellidos similares.
Yo le voy a entregar ahorita, señor procurador, las carátulas de ambos reportes. Le voy a entregar también el link del Departamento de Estado, del Tesoro de Estados Unidos, que nos lleva a más de 300 empresas mexicanas que han sido acusadas por otros países, y principalmente por Estados Unidos, de estar relacionadas con la delincuencia organizada o el lavado de dinero.
Y si eso lo llevamos a sus socios, nos lleva a más de tres mil acciones en las que el Estado mexicano debería estar iniciando averiguaciones previas y teniendo resultados sobre la materia. Y por más que lo hemos preguntado, no hemos tenido respuesta sobre el particular?
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Le pido, por favor, que concluya.
El diputado Manuel Cárdenas Fonseca (desde la curul): Con mucho gusto, presidenta. En los términos de los demás compañeros le solicito, tomé el tiempo de ellos y no fueron conminados en los términos que usted lo hace conmigo. Pero con mucho gusto estaré por concluir en un momento.
Para poder aplicar criterio y ayudar, necesitamos algo concreto. No estar en el gerundio y en el transitivo, señor procurador, de en qué período de sesiones ordinarias presentarán ustedes las iniciativas a las que, como gobierno, como Poder Ejecutivo con derecho de iniciativa, han venido en trabajo de comisiones en el gerundio y en el transitivo, diciendo que las presentarán y han pasado dos períodos ordinarios y no lo han hecho.
¿Qué entiende por el término jurídico "conexidad jurídica"? Ya que las consignaciones que elaboran sus ministerios públicos distan mucho de entender este concepto y el alcance del mismo.
¿Por qué si afirman que hay ciudadanos que rentan a delincuentes sus casas o edificios y presumen ustedes tener conocimiento del hecho, no los denuncian por encubrimiento o de perdida por evasión y elusión fiscales?
¿Por qué afirmó, señor procurador, que son las policías las que están fallando y no el Estado mexicano? ¿Cómo es esa interpretación que tiene usted del Estado mexicano? ¿Está dispuesto?
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Le pido que concluya, por favor.
El diputado Manuel Cárdenas Fonseca (desde la curul): Está dispuesto, señor procurador, como usted lo sabe, usted es un hombre culto, letrado, preparado, el gasto pasa por educación y la generación de la sociedad que queremos y los ciudadanos y los mexicanos del futuro pasan por la educación y no necesariamente con un incremento del 84 por ciento en comunicación social vía gasto, cuando de suyo tienen los tiempos oficiales.
¿Estaría usted dispuesto, en lo que se refiere a su dependencia, si usaran exclusivamente los tiempos oficiales y lo que tiene etiquetado para los espots, que no necesariamente reflejan todos los resultados que quisiéramos, porque lo negativo también es resultado de su estrategia, pudiera utilizarse en educación?
Por último, comentarle que Nueva Alianza va a encontrar aliados que, basados en la ley, pugnen por un gobierno eficiente y que sea el debate de las ideas y de los argumentos ?no necesariamente los chiflidos que nosotros no emitimos cuando otros exponen sus ideas? determinen quién gobierne.
Instituciones sólidas que nos permitan que en la procuración de justicia, porque un buen gobierno es aquél que su área de procuración de justicia es el que menos carga de trabajo debe tener, porque entonces las políticas públicas están en armonía y dando resultados.
Entonces, o sus colaboradores no entienden el marco jurídico o no necesariamente entienden las instrucciones que le ha dado el señor procurador. Le entregaré copia de mi participación y de los documentos que soportan mi dicho.
Presidencia, muchas gracias por su consideración, al igual que a las otras bancadas. Señor procurador, por sus respuestas, muchas gracias.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Tiene el uso de la palabra el licenciado Eduardo Medina-Mora Icaza, procurador general de la República.
El Procurador General de la República Eduardo Medina-Mora Icaza: Muchas gracias, al señor diputado Manuel Cárdenas Fonseca, le saludo con aprecio, espero, desde luego, el documento y los anexos a que usted se refiere.
Desde luego que el tema de armas es un tema fundamental. Hemos planteado con mucha contundencia, precisamente a la autoridad de los Estados Unidos, la necesidad de revisar el marco regulatorio que en ese país existe para la venta de armas.
Sabemos que la segunda enmienda de la Constitución estadounidense que permite a los ciudadanos y residentes adquirir armas es un elemento central del esquema de normas de convivencia que los estadounidenses han elegido para sí mismos, y eso es absolutamente rescatable.
Lo que está claro, como lo hemos planteado directamente ante muchos legisladores en el Congreso de los Estados Unidos, es que la segunda enmienda no fue diseñada para armar grupos delincuenciales en el extranjero como de hecho sucede. Las armas pasan por el numerosísimo flujo de vehículos y personas que transitan por la frontera entre los Estados Unidos y México, 230 mil vehículos por día.
Hemos logrado ya, en lo que va de este año, por primera vez, hacer enderezar casos judiciales en los Estados Unidos contra distribuidores de armas en ese país, que claramente han estado involucrados en el contrabando de armas hacia México.
Un vendedor de armas en Phoenix, que en el curso de tres meses vendió 600 AK-47 a residentes y ciudadanos estadounidenses que rentaron su identidad, pero que terminaron en manos del cártel del Pacífico.
Tenemos otros dos casos también emblemáticos en Texas. Tenemos seis casos más que han sido construidos, precisamente a partir del intercambio de información con las autoridades estadounidenses.
Nosotros estamos mejorando la lógica de atención en las aduanas mexicanas. En breve plazo, al menos el 10 por ciento de los vehículos que cruzan de norte a sur serán sujetos de revisión obligatoria en el sitio de la aduana y no cuando ellos manifiesten que van a cruzar más allá de la milla o del kilómetro 20.
Las Fuerzas Armadas mexicanas tienen plenas facultades para actuar, en coadyuvancia con la autoridad civil, en materia de seguridad pública. Tienen responsabilidad en seguridad interior, y la interpretación que la Suprema Corte de Justicia ha hecho en ocho jurisprudencias distintas sustenta esta atribución.
Esto no quiere decir que las instituciones de Seguridad Pública hayan de ser militares. El artículo 21 de la Constitución claramente señala que deberán ser instancias civiles, pero esto no obsta para que las instancias militares actúen en apoyo de la autoridad civil en el cumplimiento de esta tarea.
Estamos planteando el proyecto de ley contra el lavado de dinero que precisamente va dirigido específicamente a las transacciones en efectivo. Yo creo que el sector financiero tiene una regulación bastante sofisticada. Es por eso que encontramos un cúmulo muy importante de efectivo, precisamente en las operaciones de delincuentes organizados del narcotráfico y sabemos cuánto dinero entra, 10 mil millones de dólares que se quedan en México como un flujo neto derivados del narcotráfico.
Tenemos que atacar las transacciones en efectivo que usted conoce bien en su estado: las transacciones en bienes raíces, las transacciones en vehículos automotrices que se pagan en efectivo. La ley va, irá dirigida precisamente hacia acotar este tipo de transacciones, y tratar con eso de reducir el espacio para el lavado de dinero de procedencia ilícita.
Todas las empresas que han sido por OFAC, la Oficina del Departamento del Tesoro en Estados Unidos, son sujetas de averiguación previa en México y son trabajos que se han hecho paralelos. Hemos consignado muchísimos casos de lavado de dinero alrededor, no sólo de las investigaciones mexicanas, sino del intercambio de información muy intenso con la autoridad estadounidense. Quedo en espera de su documento, diputado. Muchísimas gracias por la oportunidad.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Muchas gracias, señor procurador. Para iniciar la cuarta ronda de oradores, si ustedes me permiten quisiera hacer una observación: esta Presidencia apela al cumplimiento de las reglas que nosotros mismos aceptamos, en los tiempos de las intervenciones de quienes están participando. No porque se tenga consideración y tolerancia, y se permita ampliar el tiempo, ésta deba ser una regla que necesariamente tenga que ser incumplida.
Esta Presidencia, reitero, invita a los señores diputados y participantes, que haciendo gala de capacidad de síntesis, se limiten al tiempo que fue autorizado para estas comparecencias. Dicho lo anterior, pasamos ?como decía? a la cuarta ronda.
Se le concede el uso de la palabra al diputado René Lezama Aradillas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
El diputado René Lezama Aradillas (desde la curul): Muchas gracias. Muy buenas tardes. Mi pregunta es para el secretario de Seguridad Pública, el ingeniero Genaro García Luna.
El Consejo Nacional de Seguridad Pública se creó en 1995. Durante el trienio de 1996 a 1999, como alcalde de Tehuacan, pude participar en diferentes reuniones del Consejo Estatal de Seguridad Pública durante la gestión de Manuel Bartlett, en Puebla, y durante el sexenio del presidente Zedillo, en dos reuniones de seguimiento del Consejo Nacional. Y desde entonces he escuchado que para combatir la inseguridad se requería de la coordinación de los distintos órdenes de gobierno y de las diferentes dependencias encargadas.
Quiero enfatizar que siempre escuché el término coordinación, no avasallamiento, no subyugación.
Que se requería también una base de datos única de fichas delincuenciales, que era necesaria una base de datos nacional de servidores públicos encargados de nuestra seguridad, que se debían homologar, tanto la capacitación de todas las policías como certificar la confianza que depositamos en ellos.
Si los reportes que conocemos nos indican que durante los dos primeros años de esta administración se le ha decomisado al narcotráfico una cantidad de cocaína equivalente a la decomisada durante los 12 años anteriores. Casi la misma cantidad de vehículos terrestres que durante las dos administraciones anteriores juntas. En tan sólo dos años se le ha quitado a la delincuencia más del doble de aviones que en los 12 años previos. Que se ha detenido en tal sólo dos años a más delincuentes relacionados con el tráfico de drogas, que en los dos sexenios pasados.
Que en el sexenio 1994-2000 se le decomisaron poco más de 728 mil dólares, y en el sexenio 2000-2006 se les decomisaron algo más de 29 millones de dólares. En lo que va de este gobierno se les ha decomisado ya más de 278 millones de dólares a la delincuencia organizada.
Pero si tenemos también en cuenta que hay 10 policías estatales y municipales por cada uno de los policías federales, ¿qué es lo que está faltando, señor secretario?
¿Por qué en la pasada reunión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, celebrada en agosto en Palacio Nacional, volvemos a escuchar que lo que se requiere es coordinación entre fuerzas y entre órdenes de gobierno, certificación de la confianza de los elementos de Seguridad Pública, bases únicas de registros delincuenciales, etcétera?
¿Por qué, señor secretario García Luna, después de 13 años no se han implementado esas mismas soluciones, propuestas desde entonces?
¿Por qué la delincuencia ha evolucionado más rápido que las corporaciones obligadas a combatirlas?
¿Qué se debe hacer para que las corporaciones policiacas recuperen la ventaja tecnológica y capacidad de fuego sobre el crimen organizado?
Los mexicanos exigimos seguridad. Los mexicanos queremos que el gobierno les brinde un ambiente seguro para el desarrollo, y cuando digo gobierno me refiero a los tres órdenes de gobierno y a los tres Poderes de nuestra república, me refiero al orden federal y sus instituciones, pero también me refiero a los gobiernos estatales y municipales. Muchas gracias.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra el ingeniero Genaro García Luna.
El Secretario de Seguridad Pública Genaro García Luna: Gracias, presidenta. Gracias, diputado por la pregunta. Debo precisar que ha sido una herramienta importante el Sistema de Seguridad Pública Nacional debido a que ha permitido ir articulando el esfuerzo, tanto en el ámbito federal, estatal y municipal.
Hoy el reto es que este esquema que tenemos de coordinación y de operación tome la vanguardia que hay en tecnología para garantizar, tanto en operación en el orden ministerial y policial, como en la policía municipal, estatal y federal.
Debo decirle que ?como usted efectivamente lo señala? cuando se crea el sistema se prevé, en su creación, la referencia de coordinar, de generar base de datos, de generar sistemas, de generar protocolos comunes, pero no se prevé un esquema vinculante que obligue a que cada autoridad genere este registro o esa operación o ese esquema de coordinación.
Justo ahí es donde va el cambio que planteamos. El nuevo esquema de ley para el sistema, para que se obligue un esquema de coordinación eficaz y obligatoria, para que tengamos esos esquemas formales de formación y educación policial en todo el país, para tener esquemas completos e integrales de control de confianza para cada nivel de policía, estatal, municipal y federal, para crear un sistema de desarrollo policial y un plan rector de educación policial en todo el país, y algo muy importante, un régimen disciplinario para toda la policía.
Esta referencia que usted hace en términos del sistema, sin duda, tiene que ver con lo que había en México, en tecnología en esa época, capacidades y sistemas que teníamos. Hoy la vanguardia en comunicaciones, en tecnología permite tener un solo sistema de datos, voz y comunicación en todo el país en línea.
Por ello hemos planteado un sistema único de datos criminales para todo el país, donde estamos interconectados estado, federación y municipios. Para tener de manera formal, explícita, alcances superiores en el combate al delito.
Además, algo que usted refería, que es importante tener un esquema integral, total, de registro policial para todo el país, para municipio, estado y federación. Y un cardex, relacionado con delincuentes de orden común y federal.
Respecto al? territorial, debo precisar que, efectivamente, la masa de policía en el país corresponde a policías a municipales y estatales. La federación sólo tiene el 5.4 por ciento de la policía de todo el país. Por ello, la importancia es sumar capacidades con los municipios y los estados para combatir el crimen.
Sin duda, una fórmula importante para este esquema implica la alineación de capacidades y esfuerzos para los municipios, el estado y la federación en un solo eje. Y ello lo plantea la nueva propuesta de Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Gracias.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias, ingeniero Genaro García Luna. Tiene el uso de la palabra el diputado Camerino Eleazar Márquez Madrid, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Camerino Eleazar Márquez Madrid (desde la curul): Muchas gracias, señora presidenta. Señor secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, para muchos mexicanos la crisis de seguridad pública no es sino la expresión más dolorosa de la crisis política y económica que vive hoy la realidad de nuestro pueblo mexicano.
Estamos ante la peor crisis del estado de derecho y de sus instituciones. Sabemos que la incapacidad, la corrupción y la impunidad son la guerra general de este gobierno. Esta crisis se debe a años de corrupción y, sobre todo, ante la falta de oportunidades para millones de jóvenes mexicanos.
Más de 5 millones de jóvenes de este país no tienen una opción laboral ni en educación y mucho menos en el mercado. Creemos que es fundamental que se atiendan las causas, fundamentalmente para erradicar este problema que hoy es la prioridad de los mexicanos.
En lo que respecta al gasto en materia de seguridad pública, todos conocemos que ha sido a la Secretaría de Seguridad Pública a la que más se ha incrementado, tanto en 2006 como en 2007, y ahora viene contemplada 19 mil 711 millones de pesos. ¿Para qué quieren más recurso señor, secretario, si no fueron capaces de ejercerlos y tuvieron subejercicios? Hasta el 30 de junio de 2008 no se había ejercido el 70 por ciento de dichos recursos.
Muy probablemente habrá un aumento significativo en el presupuesto destinado a seguridad pública. Nosotros pensamos que las áreas de prevención social del delito y de participación ciudadana, así como el dirigir a fortalecer a los gobiernos municipales, debe ser parte prioritaria de estos recursos.
Usted, señor secretario, ¿a qué parte de su dependencia considera el aumento de este presupuesto? Señor, secretario, ¿bajo qué lógica incrementar el presupuesto de seguridad pública si está infiltrada esta secretaría, si no ha tenido la capacidad de ejercerlo adecuadamente? Ayer un senador le preguntaba que esta secretaría coexiste con el enemigo.
Podría también decirnos, señor procurador ¿cuáles son las cifras reales del secuestro? Si bien es cierto, hay instituciones ciudadanas que han hecho estudios al respecto, que señalan que durante 2007 se realizaron más de 6 mil 500 secuestros.
Podría decirnos señor, secretario ¿cómo vamos a superar el lugar que tenemos, el segundo lugar en secuestros, después de Colombia? Y finalmente, ¿qué mecanismos y formas de operación y coordinación se tendrán con los responsables norteamericanos que habrán de aplicar la llamada Iniciativa Mérida en nuestro país?
Se pretende, entre otras, la instalación de oficinas de investigación, de espionaje de los Estados Unidos y aumento o instalación de agregados militares o del comando norte directamente en nuestro territorio.
Para concluir, ante este formato que no comparto, quisiera preguntarle al señor Camilo Mouriño, ¿podría usted explicarle al pueblo de México qué hacía el 16 de septiembre viendo el desfile militar desde un balcón presidencial, mientras el país estaba inmerso en una crisis de miedo, incertidumbre e inseguridad? Por sus respuestas, muchas gracias.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Tiene el uso de la palabra el ingeniero Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública.
El Secretario de Seguridad Pública Genaro García Luna: Gracias, presidenta. Gracias, señor diputado, gracias por sus preguntas.
Respecto al esquema de los tiempos para el uso del gasto debo precisarle que éstos están de acuerdo al calendario aprobado y la gran mayoría de las licitaciones culminan justo en el segundo semestre del año corriente, por ello a lo que se refiere en términos de gasto debo decirle que en el sentido inverso su aplicación está en términos de eficiencia, dirigido en gran medida al tema de recursos personales para policía federal, y algo muy importante, para consolidar y escalar las capacidades de tecnología y sistemas para todo el país, tanto de policía municipal, estatal y federal en sistemas de operación para combatir el crimen.
El gasto que hoy tenemos a nivel federal en seguridad está dirigido para fortalecer la participación de la policía federal, para fortalecer la tecnología que hoy tenemos para combatir el crimen y algo muy importante también, para incrementar subsidios para municipios y estados en la parte de seguridad.
Debo precisar que estamos trabajando también con los gobernadores para poder observar cómo poder dirigir estos recursos y que éstos vayan etiquetados a acciones específicas de contrato y confianza, de operación, de logística operativa, de equipamiento y también de combate a la corrupción.
Sin duda, el esquema para aplicar el gasto implica la atención de un fenómeno integral en seguridad, que tiene que ver con la educación, desarrollo social, salud y seguridad. Por ello en este rubro hemos trabajado para integrar un esquema con el área de educación, desarrollo social y salud, para tener programas tanto en escuelas, con un programa llamado Escuela Segura, también en recuperar espacios públicos para recuperar espacios que hoy la delincuencia intenta tener bajo su control.
Un tema muy importante, el tema de salud vinculado con adicciones. Sin duda se requiere una visión integral en el combate y por ello estamos haciendo esquemas de trabajo integral en varias vertientes ya señaladas.
Bajo el esquema que se refiere de la coordinación de la Iniciativa Mérida, debo decirle que está basada en un esquema de corresponsabilidad, donde estamos exigiendo que ellos en su territorio hagan la parte que les corresponde, principalmente en la frontera norte mexicana, sur de Estados Unidos, en la detección y la capacidad de evitar el flujo de armas para México.
Hemos insistido en que pongan esquemas de contención y de detección de armas para evitar que éstas fluyan a México y por supuesto, estamos trabajando para incrementar capacidades propias en la detección y combate a este fenómeno.
No hay referencia y así estamos trabajando para que así sea, de aquellos que intenten o pretenden tener en México áreas, oficinas de investigación o de espionaje, el esquema se refiere nada más a un esquema de corresponsabilidad para tener alcance en recursos técnicos compartidos para el combate al crimen.
En ese sentido, el trabajo que hoy hemos realizado bajo esta premisa es crear indicadores de medición nuestros, para tener alcance y eficiencia operacional en todo el país, para tener mayor capacidad en el combate al delito. Gracias.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Muchas gracias, ingeniero Genaro García Luna. Tiene el uso de la palabra el diputado José Jesús Reyna García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado José Jesús Reyna García (desde la curul): Muchas gracias. Señor secretario de Gobernación. Los hechos del 15 de septiembre en Morelia modificaron la agenda política del país ?esperamos que al igual, la del Ejecutivo federal?, obligan a una reflexión sobre los posibles riesgos de cara al proceso federal y locales electorales de 2009; medidas eficaces que inhiban los recursos provenientes del narcotráfico y al narcotráfico mismo; medidas precisas y sanciones drásticas, desde el retiro del candidato y hasta el del partido político mismo.
Este es un asunto de Estado, no es un asunto únicamente de los partidos políticos. ¿Se tiene alguna estrategia? ¿Está en práctica o estamos esperando que se ponga alguna a funcionar?
La Secretaría de Gobernación tiene, entre otras facultades, las de llevar las relaciones con los Poderes de la Unión, con los órdenes de gobierno y conducir la política interior. En el ámbito de la política interior en la práctica cotidiana prevalecen, se agudizan y multiplican los conflictos sociales, los de carácter religioso también y, por si fuera poco, los de la delincuencia organizada y los que practican el terror en la ciudadanía.
Estamos lejos de vivir una democracia de calidad, tanto en las esferas económica, social y política. Vivimos en una democracia defectuosa en donde la exclusión en todos los órdenes es evidente; donde la dominación por los grupos fácticos de poder rebasa a los legalmente instituidos; una democracia en donde los derechos civiles tienen una garantía sólo parcial. El ambiente interior del país es innegablemente de ingobernabilidad.
Es evidente que la Secretaría de Gobernación no ha hecho lo que le corresponde para favorecer las condiciones que permitan la construcción de acuerdos políticos y consensos sociales. ¿Cuáles acciones? No se ven, no se conocen, no se sienten, ha emprendido para fomentar el desarrollo político, para contribuir al fortalecimiento de las instituciones democráticas. En fin, para que se mantengan las condiciones de gobernabilidad democrática.
Por otra parte, el gobierno federal ha formulado llamados a la unidad y a la coordinación. Sin embargo no existe una congruencia en la conducción política para que, en el marco de los principios federalistas de la república, se fortalezcan las acciones coordinadas entre órdenes de gobierno.
El gobierno federal mantiene una estrategia de centralización de recursos y programas. Las reglas de operación invaden la soberanía de los estados y la autonomía de los municipios.
El gobierno y la fracción parlamentaria del PAN se han opuesto a la revisión del articulado del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación. En tanto las fracciones parlamentarias del PRI han actuado con responsabilidad en el Congreso, el PAN, algunos legisladores y hasta delegados federales han iniciado una cruzada sin la mínima reciprocidad de ética y responsabilidad política en contra de los gobiernos de oposición.
No olvidemos que una buena política debe impulsar también a las áreas sociales y económicas. La pregunta es en este contexto ¿está el Ejecutivo federal realmente dispuesto y sabe cómo llegar a un nuevo acuerdo, a un nuevo pacto entre las fuerzas políticas, los Poderes de la Unión y los órdenes de gobierno para evitar los riesgos no sólo de la inseguridad pública, sino en general de la irrupción social generada por la pobreza y la desigualdad?
Señor secretario, las preguntas que he formulado no reclaman cifras, no reclaman datos. Le pido, le ruego una respuesta directa. Sólo se requiere conocimiento, oficio y sensibilidad política. Una respuesta que no sean de las que se dan leyendo las notas preparadas por los asesores.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Muchas gracias, diputado José Jesús Reyna García. Tiene el uso de la palabra el licenciado Juan Camilo Mouriño Terrazo, secretario de Gobernación.
El Secretario de Gobernación Juan Camilo Mouriño Terrazo: Con su permiso, diputada presidenta. Respecto a las preguntas que ha formulado el diputado Reyna, me permito decir lo siguiente. En primer término el riesgo del dinero del narcotráfico en campañas, por supuesto es un riesgo latente y por supuesto que también coincidimos en su afirmación, señor diputado, de que para evitarlo se requiere de la participación de todos los actores.
Un acuerdo entre los partidos políticos, un acuerdo también desde las propias instancias de gobierno y en ello, por supuesto, estamos en la mejor disposición de construirlo y hemos escuchado y reconocido la voluntad de las fuerzas políticas para avanzar en esta materia.
Diría que hay que avanzar en las dos vías, en la vía de ver los mecanismos desde el propio Legislativo que nos permita tener herramientas que eviten las candidaturas ligadas al narcotráfico y también por la vía de los acuerdos políticos que usted ha señalado, que son absolutamente necesarios ante la inmediatez ya del proceso electoral del próximo año y que está formalmente por iniciarse en los próximos meses.
Respecto al segundo tema, la gobernabilidad democrática, que ha sido reiterada en este recinto durante las distintas participaciones de los grupos parlamentarios. Hemos definido a la misma no como el lograr que no existan manifestaciones o inconformidades sociales, sino el tener la capacidad de atenderlas y de conducirlas, desde la perspectiva del gobierno de tener la posibilidad de dar respuesta a estas demandas cuando está dentro del ámbito del propio Poder Ejecutivo federal.
Y trabajamos para construir esta gobernabilidad democrática. Hemos dicho ya el número de conflictos que han llegado a la Secretaría de Gobernación y cuántos hemos podido resolver, pero también le informo a esta soberanía que hemos trabajado con las entidades federativas para poder detectar a tiempo y junto con los titulares del Ejecutivo en cada una de estas entidades, poder detectar a tiempo los focos de alarma, los focos de alerta y actuar con prontitud y actuar con oportunidad.
Y en ese sentido son 61 jornadas que hemos llevado a cabo en las entidades para, entre los dos ámbitos de gobierno, poder definir estos conflictos a tiempo y atenderlos.
Le recuerdo, señor diputado, que si ciertamente la gobernabilidad es una responsabilidad que recae directamente sobre la Secretaría de Gobernación, también lo es que es una responsabilidad de todos los actores políticos y de todos quienes tiene un desempeño al frente de algunos de los Poderes del Estado o de alguno de los órdenes de gobierno, y en ello, insisto, trabajamos para coordinarnos con todos los demás actores y con todos los demás Poderes y órdenes del Estado.
Respecto a la disposición para un nuevo pacto y con ello atender las causas de fondo que dan origen en muchas ocasiones a la delincuencia, también lo hemos dicho aquí, que el gobierno está dispuesto a escuchar las propuestas, a discutirlas con apertura y a encontrar la mejor manera para dar solución al origen que es en gran medida la desigualdad y la pobreza, que siguen siendo el problema principal que enfrenta nuestro país.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Muchas gracias, señor secretario. Tiene el uso de la palabra el diputado Alberto Esteva Salinas, del Grupo Parlamentario de Convergencia.
El diputado Alberto Esteva Salinas (desde la curul): Muchas gracias, ciudadana presidenta. Usted, ciudadano secretario de Gobernación, hoy inició su intervención diciendo que la mejor forma de combatir la ingobernabilidad es dialogando los temas pendientes. También dijo que la política es el arte de construir acuerdos.
Nosotros queremos, ciudadano secretario, preguntarle si verdaderamente está dispuesto el gobierno federal, a través de su persona, en su carácter de secretario de Gobernación, a constituirse como interlocutor para orientar y dar una solución al conflicto minero que subsiste en el país. Este conflicto lo heredó la presente administración, de la pasada, y no lo ha atendido debidamente dejando correr tanto tiempo sin ninguna explicación.
¿Quién se beneficia, nos preguntamos los mexicanos, de que no se haya llegado a algún acuerdo en todo este tiempo? ¿Por qué no ha sido castigado el grupo México, si se ha demostrado que no atiende ni corrige las pésimas condiciones de inseguridad, ni de salud o contaminación, en las minas y en las plantas industriales del país, y está comprobado que ha sido culpable de fraudes y violaciones a las leyes de países como en Estados Unidos el caso de Asarco, o en Perú, que le han ameritado incluso la pérdida de las concesiones?
¿Por qué el gobierno de México protege a esta empresa y nunca ha escuchado a los dirigentes del Sindicato Nacional de Mineros, Metalúrgicos y Siderúrgicos de México? ¿Cómo se pueden tomar decisiones sin escuchar a las dos partes en conflicto?
¿Por qué no se ha dado entrada a las denuncias que se presentaron por parte del sindicato contra los que falsificaron firmas, obtuvieron documentos falsos, usurparon funciones y cometieron abusos de autoridad?
¿Por qué una debida aplicación de justicia y respeto al estado de derecho se ha convertido en meros instrumentos de persecución política, arbitraria e ilegal? Es tiempo de terminar de manera integral con este conflicto.
¿Por qué no se ha atendido a las viudas de Pasta de Conchos y no hay personas detenidas por la negligencia y responsabilidad en esta tragedia, donde todavía se encuentran sepultados bajo los escombros de la mina 63 de los 65 que perdieron la vida?
De igual forma, no hay que olvidar que las conclusiones de una comisión especial que se conformó en esta soberanía tienen un documento donde señalan responsabilidades. No se ha atendido, está pendiente y no hay todavía ningún planteamiento por parte del gobierno federal.
Hemos insistido en que usted, como secretario de Gobernación, debe constituirse como principal promotor e interlocutor en este conflicto. El secretario de Trabajo desafortunadamente se ha sumido como un empleado de los grupos empresariales en este caso concreto, en el conflicto minero.
Por eso, de acuerdo con la Ley Orgánica, ciudadano secretario, en el artículo 27 se establece que es la facultad del titular de la Secretaría de Gobernación convocar y resolver estos conflictos, que no son laborales. Este es un conflicto de carácter político, que se ha derivado en un conflicto también económico y social.
Hay tres minas en huelga, como usted sabe: Cananea, Sombrerete y Taxco. Además, está el asunto de la toma de nota, que eso podríamos dejarlo de lado temporalmente, pero sí es necesario establecer esa comunicación.
¿Está usted dispuesto a dar una fecha, una hora, para que sea en la Secretaría de Gobernación el inicio de estos trabajos, que entiendo que ya usted está debidamente informado y con el detalle de cómo atender el conflicto? Es la pregunta concreta.
Con respecto al derecho que nos asiste ?el derecho parlamentario?, le exigimos al secretario de Seguridad Pública, la fracción parlamentaria de Convergencia, que dé respuesta con los nombres que le solicitó la diputada Layda Sansores, de los que están involucrados en esta mafia política, políticos?
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Le solicito concluir.
El diputado Alberto Esteva Salinas (desde la curul): Empresarios, militares, que se mueven en las altas esferas del poder, que han sido encarcelados durante su gestión.
Si no pacta, como dijo usted, ciudadano secretario, con narcos, ¿sí lo hace entonces con la mafia política?

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Se le concede el uso de la palabra al licenciado Juan Camilo Mouriño Terrazo, secretario de Gobernación.
El Secretario de Gobernación Juan Camilo Mouriño Terrazo: Gracias, diputada presidenta. Diputado Esteva, en primer lugar reitero lo que aquí he afirmado: soy un convencido del diálogo y que el diálogo es la forma en la que se logran los acuerdos, y que con los acuerdos se da solución a los grandes problemas que enfrenta México. Esa es la premisa bajo la que trabaja la Secretaría de Gobernación y el gobierno federal, en su conjunto.
Siempre hemos mostrado voluntad y disposición para atender los conflictos y ésta no ha sido la excepción. Lo que no podemos poner en la mesa del diálogo es el apego estricto a la ley y el actuar bajo el marco jurídico existente. En ese sentido, es la única limitante que pondríamos en la mesa para poder dialogar con amplitud respecto a este tema.
¿Quién se beneficia de que no exista un acuerdo? Claramente, no se beneficia México. El país requiere de la inversión en el sector minero y los trabajadores mineros requieren también de esta inversión y de contar con ello con más puestos de trabajo e ir avanzando en su propio proyecto de vida.
No se beneficia a la gente ni en Cananea ni en Sombrerete ni en Taxco; por el contrario, no nada más son los mineros que están sin actividad productiva y de trabajo, sino las zonas económicamente afectadas por el paro de estas minas, como es el caso, más claro que los otros, de Cananea en el estado de Sonora.
Estamos trabajando también, señor diputado, en poder suplir la actividad económica, por lo menos de manera temporal y en tanto el conflicto se resuelve en este municipio de Cananea, de tal suerte que tengan otras alternativas de economía y de derrama durante este paro que se ha prolongado en demasía.
No podría yo coincidir en la aseveración de que el gobierno ha actuado con arbitrariedad, puesto que el gobierno lo ha hecho conforme a los mecanismos jurídicos con los que cuenta y, en todo caso, ha sido ya intermediario en el conflicto y no hemos escuchado solamente a una de las partes, sino a las dos, y hemos tratado de que lleguen a acuerdos sensatos, sin hasta la fecha haberlo logrado.
El gobierno federal es absolutamente respetuoso de los trabajadores mineros y de sus derechos, al igual que de todos los trabajadores en el país, pero no podemos obligar a alguna de las partes a hacer algo más allá de lo que la propia ley le señala.
Respecto a Pasta de Conchos, evidentemente el gobierno federal lamenta lo ocurrido, pero no puedo coincidir con su afirmación de que no se ha atendido a los familiares de las víctimas.
Precisamente la comisión que se ha formado en esta Legislatura solicitó una reunión de trabajo en la Secretaría de Gobernación y fue atendida personalmente para poder escuchar directamente a los familiares de las víctimas.
El problema es que lo que se nos pide no es posible llevarlo a cabo, y no porque lo diga el gobierno federal, señor diputado, sino porque así lo dictaminaron varias instancias distintas técnicas, expertas, entre las que se incluyen la propia UNAM, el Poli y muchas otras que dicen que es imposible reabrir la mina para poder ir en búsqueda de los cuerpos que aún permanecen ahí, como usted lo ha señalado, y que sería de alto riesgo para los propios familiares o para los mineros que entraran a tratar de recuperar los cuerpos de sus compañeros de trabajo.
Hemos actuado apegados a la ley y hemos actuado con el principio irrestricto de respeto a los derechos laborales y también hemos tratado de que sea el diálogo y la búsqueda de acuerdos lo que dé solución y seguiremos haciéndolo. No renunciamos a ésa que es nuestra convicción, señor diputado.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Se le concede el uso de la palabra al diputado Manuel Salvador Salgado Amador, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
El diputado Manuel Salvador Salgado Amador (desde la curul): Muchas gracias, diputada presidenta. El tema de la corrupción de los cuerpos policíacos es un tema que ya tocaron varios de nuestros compañeros diputados, sobre el que me gustaría hacer algunas reflexiones para presentar algunas interrogantes al señor secretario de Seguridad Pública.
La depuración de los cuerpos policíacos y el combate a la corrupción en su interior ha sido un tema prioritario para la Secretaría a su cargo; sin embargo, existen servidores públicos que se incorporaron a la policía federal sin presentar evaluación de control de confianza y sin cumplir con requisitos mínimos de ingreso.
Peor aún destaca la presencia de servidores públicos a quienes se les vincula con el crimen organizado, como es el caso de Lorena Hernández, detenida por su presunta participación en el secuestro de Fernando Martí, como aquí ya se mencionó.
Señor secretario, pareciera que la corrupción al interior de las corporaciones policíacas y la permanencia de los malos elementos son una realidad que sigue vigente, no sólo a nivel local, sino también federal, lo que pone en grave peligro a la sociedad, quien ha sido rehén de la delincuencia.
Ante una problemática seria y creciente requerimos medidas firmes por parte del Estado. Por ello hemos propuesto la aplicación de la pena de muerte a los servidores o ex servidores públicos de corporaciones de seguridad, Ejército, Marina o agentes del Ministerio Público que participen en un secuestro.
Lo anterior no sólo por la constante participación de servidores públicos en delitos de secuestros, sino también porque ha sido evidente que el modelo de control de confianza que aplica la secretaría a su cargo es altamente confiable y rigurosamente aplicada.
Consideramos que las medidas propuestas no son suficientes. También hemos propuesto una ley federal contra el delito de secuestro. La cual fue presentada por mi partido durante la Comisión Permanente y donde proponemos la creación de la carrera policial como elemento básico y obligatorio, para la formación de los integrantes de la policía federal antisecuestros y la aprobación rigurosa de los exámenes de control de confianza, con el propósito de depurar los cuerpos policíacos y garantizar a la ciudadanía la confiabilidad en sus elementos.
Señor secretario, ¿cuándo va a eliminar la discrecionalidad en la selección, promoción y permanencia del personal? Le pregunto: ¿no le parece que los procesos de control de confianza de la secretaría a su cargo no están inhibiendo conductas ajenas a la función policial, y mucho menos están sancionando con oportunidad cualquier desviación de los policías federales? A este respecto le pido nos detalle cuáles son sus propuestas para corregir la deficiencia.
Por otra parte, en las entidades federativas se cometen más del 90 por ciento de los delitos y el 96 por ciento de los reos está recluido en centros penitenciarios estatales, del Distrito Federal y municipales, con más del 50 por ciento de sobrepoblación.
¿Por qué en términos reales, respecto del presupuesto aprobado en 2008, sólo se aumenta el 10 por ciento del FASP y cerca del 50 por ciento al ramo de seguridad pública, cuando sólo el 8 por ciento de los delitos que se cometen en el país son del fuero federal y la policía federal representa el 5 por ciento de la fuerza nacional de policía?
Bajo ese escenario le pregunto ?señor secretario? ¿no le parece que debemos destinar mayores recursos que permitan a las entidades federativas, y al Distrito Federal, mayor efectividad en el combate frontal a la inseguridad?
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Tiene el uso de la palabra el ingeniero Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública.
El Secretario de Seguridad Pública Genaro García Luna: Gracias, presidenta. Diputado Manuel Salvador, respecto al tema de confianza, precisarle que efectivamente ?ya lo señalamos? estamos escalando las capacidades que hoy tenemos para evaluar en los sectores que señalábamos: toxicología, psicométrico, poligráfico, entorno social y patrimonial a todos los policías.
Faltan buen número de policías por evaluar. Estamos trabajando para que con esta capacidad que hoy tenemos podamos tener alcance completo. Sin duda, todo el tema de control de confianza, implica una certificación y estamos trabajando para que todos aquéllos que tengan que ver con la evaluación de policías estén certificados a nivel internacional y haya una garantía de que todo policía que sea evaluado, tenga en principio la seguridad de que no es un delincuente.
También le voy a decir que estamos trabajando para tener un esquema de más alcance para cuidar que el policía no se desvíe y que una vez que sea evaluado no encuentre oportunidad para delinquir.
Para ello, hemos generado sistemas, procesos, metodología, que hoy buscamos llevar a ley para que sean obligatorios en todo el país para policías municipales, estatales y federales. Creemos que en gran medida mucho de lo que hoy tenemos de corrupción se debe también a la falta de procedimientos y metodología obligatoria en todo el país.
Respecto al tema de recursos del FASP, este año se incrementó la propuesta para el gasto corriente que tenemos en 10 por ciento promedio y traemos más menos, 2 mil 500 millones de pesos en propuesta para gasto corriente y operativo en todo el país en policía.
También debo precisar que tenemos un subejercicio de casi 8 mil millones de pesos en todo el país y que estamos buscando cómo generar mecanismos eficientes para poder tener ese gasto y buscar potenciar las capacidades tanto de los municipios como de los estados y la federación.
Por último, en respuesta al señor diputado Esteva, le reitero la convicción plena de que yo no pacto, ni pactaré, con ningún grupo delictivo criminal y los nombres a que hacen referencia, todos ellos están en indagatorias y en los procesos respectivos tanto en el Ministerio Público como en la parte de juicios legales. Gracias.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Muchas gracias, señor secretario. Informo a esta honorable asamblea que iniciamos la quinta ronda de participaciones. Tiene la palabra la diputada Omeheira López Reyna, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por tres minutos, para formular su pregunta. Solicito activar el micrófono desde su curul.
La diputada Omeheira López Reyna (desde la curul): Muchísimas gracias, señora presidenta. Formularé mis preguntas al secretario de Gobernación. Un tema de especial preocupación es el respeto a los derechos humanos, porque un combate firme y duradero al crimen organizado solamente puede ser garantizado si se respetan los derechos de toda la población. No hay seguridad sin derechos humanos.
La CNDH ha emitido 38 recomendaciones a autoridades federales en materia de derechos humanos, por lo que es obvio que la defensa nacional ocupa un lugar importante.
Preocupa también que la Oficina del alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha planteado la necesidad de revisar la normatividad interna en asuntos relacionados con agravio a periodistas, ya que entre 2006 y agosto de 2008 se han registrado 260 casos de agresiones a periodistas. La mayoría de ellos de índole estatal, dejando a México ocupar el segundo lugar a nivel Latinoamérica ?seguido de Cuba, como el país más peligroso? y a nivel mundial el segundo lugar, seguido de Irak.
Por lo que le preguntaría, ¿cuáles son las acciones que el gobierno federal ha tomado para garantizar la seguridad de los periodistas y la libertad de expresión?
¿Cómo se piensa blindar el combate al crimen organizado con una política asertiva en defensa de los derechos humanos? Y, ¿cuántas recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por el gobierno mexicano han sido respondidas satisfactoriamente? Así como también los acuerdos que México ha suscrito en favor de los derechos humanos, en especial contra la violencia a las mujeres.
Y por último, ¿qué elementos novedosos pudiera considerarse que ofrece el Programa Nacional de Derechos Humanos para atender toda la problemática nacional que enfrentamos en esa materia? Gracias.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias, diputada. Tiene la palabra el licenciado Juan Camilo Mouriño Terrazo, hasta por tres minutos, para dar respuesta.
El Secretario de Gobernación Juan Camilo Mouriño Terrazo: Muchas gracias, diputada presidenta. Agradezco mucho su pregunta a la diputada Omeheira.
En primer lugar quiero partir de la premisa, y de la convicción de este gobierno, del respeto absoluto, de la convicción del respeto absoluto a los derechos humanos.
Me parece también importante aclarar que existe en el ambiente una falsa disyuntiva entre si procurar la justicia, si combatir a la delincuencia o respetar los derechos humanos. Me parece que son dos actividades que pueden perfectamente hacerse en paralelo al mismo tiempo, que no están entre sí confrontadas.
Me parece que sí hay absoluta convicción de la necesidad de luchar contra la criminalidad. La misma debe de existir y existe respecto al respeto a los derechos humanos.
Y en ese sentido, y como bien lo ha dicho usted, señora diputada, este gobierno ha recibido, en el periodo que se informa, 38 recomendaciones a sus distintas instituciones del gobierno federal. Hemos ya aceptado 34 en sus términos y estamos dando cumplimiento a las mismas; las otras 4 se están analizando y están a tiempo de ser aceptadas por las instancias del gobierno federal en el entendido de que la instrucción del presidente de la república ha sido, desde el inicio de su administración, el aceptar y atender las recomendaciones de esta institución, que es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Respecto al programa que usted menciona, efectivamente el pasado 29 de agosto publicamos el Programa Nacional de los Derechos Humanos. Y quiero decir que no nada más es para acreditar el compromiso del gobierno con el tema, sino además, para poder recoger en el mismo la participación, la opinión y contribución de distintas organizaciones de la propia sociedad dedicadas precisamente a garantizar el respeto de los derechos humanos.
Participaron en su elaboración 39 organizaciones de la sociedad civil y participaron también académicos y especialistas. Entre otros, participó precisamente la oficina de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, a la que usted ha hecho referencia en su intervención. Y participaron, por parte del gobierno, 30 distintas dependencias que cuentan con áreas directamente involucradas en la defensa de los derechos humanos.
Por cierto, le comento que una de las acciones que se ha tomado en la Secretaría de la Defensa y en la Secretaría de Marina, precisamente por esta preocupación que usted señala, ha sido la de crear áreas específicas sobre los derechos humanos en cada una de estas dependencias, tanto para fomentar la materia como para atender las recomendaciones cuando éstas se han llevado a cabo.
Por último, terminó, respecto a los periodistas y su legítima preocupación en la necesidad de garantizar la libertad de expresión. Una reiterada inquietud que ha sido manifiesta por parte de los gremios periodistas y de las organizaciones que los agrupan ha sido la de federalizar el delito contra periodistas, para que sea directamente la autoridad federal la que persiga a quienes delinquen o atentan contra esta actividad y, con ello, contra la libertad de expresión.
Es una convicción del gobierno federal atender esta inquietud. Y en las próximas semanas, en este periodo ordinario, hemos hecho el compromiso de presentar ante esta soberanía una iniciativa de ley en la materia para poder actuar con mayor prontitud en aquellos delitos que se cometan contra quienes realizan esta profesión.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias, secretario. Tiene la palabra el diputado Francisco Javier Santos Arreola, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, hasta por tres minutos, para formular su pregunta. Actívese el micrófono de su curul.
El diputado Francisco Javier Santos Arreola (desde la curul): Primero de cuentas, quisiera comentar que me parece que el formato aprobado para estas comparecencias no es el indicado, y ojalá que en la ley que se vaya a generar para este nuevo formato del informe presidencial se contemple un mecanismo que dé posibilidad a una intervención mucho más directa y más concisa con cada uno de los representantes del Poder Ejecutivo.
Señor procurador, hace unos días en esa firma del convenio de seguridad de Palacio Nacional, el señor Martí nos planteaba varios comentarios muy puntuales que hicieron estremecer a todos los ahí presentes. Y el mensaje que lanzó fue para todos los que estábamos ahí. Es muy famosa ya su frase de "renuncia", donde cada uno de los políticos que puede hacer uso de ella la acoge y la usa. Pero hay otra que nos hablaba de la corrupción, y en ésa nos decía que ser corrupto también es cobrar un sueldo sin hacer su trabajo.
Yo le pregunto, señor procurador, la Policía Federal Preventiva hoy es la que tiene a su cargo la Dirección General de Secuestros ¿qué hace la procuraduría a su cargo, ya que esta responsabilidad hoy ya no la tiene la Procuraduría que usted dirige?
Hace unos días la DEA hizo un pronunciamiento donde decía que era una prioridad para el gobierno norteamericano perseguir a los "zetas", por su carácter violento en el país. Le pediría que me conteste, si o no, ¿también es la postura del gobierno mexicano?
Siguiente pregunta. La señora Lorena González, hoy famosa por ser integrante de "La Flor" y que era integrante de la Procuraduría a su cargo, y que luego también fue integrante de la Policía Federal Preventiva, y que luego ya no sabían dónde quedó la bolita. Esta señora acreditó los controles de confianza de la Procuraduría a su cargo, ¿por qué se permitió que saliera de esa Procuraduría y además ingresara a la Policía Federal Preventiva?
Usted conoce al señor Benito Roa, director de Secuestros de la Policía Federal Preventiva, que es un hombre ?ya nos ha dicho el señor secretario? muy preparado en esta materia, un hombre de preparatoria abierta que debe ocho materias al día de hoy y que ?según nos dice? es el único erudito en este país para poder hacer combate al secuestro. ¿Usted comparte su opinión o cree que hay otras personas que tienen el perfil para poder combatir al secuestro en nuestro país?
Y por último, de acuerdo a las indagatorias que ha llevado usted en la Procuraduría, ¿qué nos puede decir del caso del señor Millán? ¿Lo pusieron? Hay información de que fue puesto por propio personal de la Policía Federal Preventiva, ya que la última llamada que él recibió fue del destacamento del Toreo, de Cuatro Caminos, en el estado de México. Gracias.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Tiene la palabra el licenciado Eduardo Medina-Mora Icaza hasta por tres minutos para dar respuesta.
El Procurador General de la República Eduardo Medina-Mora Icaza: Muchísimas gracias, al señor diputado Francisco Javier Santos, con respecto a los temas que nos plantea. Muchas gracias.
En efecto, en el acto de firma del Acuerdo Nacional para la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, don Alejandro Martí hizo un reclamo como víctima, como padre doliente, pasando por una tragedia de gran envergadura, y nos dio una enorme lección, yo diría, ciudadana, moral, de una enorme estatura.
Creo que nuestro país ha ganado, en Alejandro Martí, a alguien que va a quedar claramente comprometido por poner sus recursos, sus capacidades, para buscar mejores esquemas de solución.
Y sobre esta base, uno de los esquemas que él planteaba era lo que usted señala, precisamente, la corrupción. La corrupción en la Procuraduría General de la República ha sido un objetivo central, fundamental, en nuestro esfuerzo por la modernización de la institución y esto, desde luego, pasa por los controles de confianza, pasa por el cribado del personal que realiza las tareas ministeriales, periciales, pero ciertamente la acreditación de control de confianza no basta.
Se requiere un sistema de trabajo, un modelo de operación que dé a cada quien claridad absoluta de lo que tiene que hacer, indicadores, mecanismos de supervisión, incentivos, consecuencias cuando estos indicadores no se cumplen.
A veces no es sólo que una persona tenga proclividad a tener una conducta desviada de la normatividad. Hay que acotar los márgenes de discrecionalidad, precisamente, para evitar el error y evitar la corrupción.
Hemos dicho que la corrupción es un error doloso que no sólo sucede porque alguien tiene proclividad a cometerlo, sino porque el sistema se lo permite o a veces se lo induce.
Ésta es la aproximación que tenemos en el combate a la corrupción en la Procuraduría, la modernización de procedimientos que tiene como eje la tecnología, los procedimientos y la gente, y sobre esta base lo hacemos.
Estados Unidos, en efecto, ha dado un golpe muy importante al cartel del Golfo en la distribución de drogas. Déjenme decirles que nosotros, en la administración, hemos detenido, a la fecha, a más de 6 mil 600 miembros del cartel del Golfo.
El esfuerzo ha sido muy significativo y ciertamente continuaremos combatiendo a éste y a todos los cárteles, a todas las organizaciones que pretenden arrebatarnos nuestro derecho a vivir en paz. Vamos a continuar acotando sus capacidades operacionales y logísticas, y vamos a continuar deteniendo a las personas que lo integran.
En la policía federal, me consta, hay personal de la mayor capacidad para la atención de la tarea de secuestro. Los funcionarios que están a cargo de esta materia ahora ?me parece? son los más competentes, los más potentes en este punto.
Y sobre esta base hemos definido, no solamente a nivel federal, entre la policía federal y la Procuraduría General de la República, sino entre todas las procuradurías y las instancias policiales, la estrategia nacional e integral contra el secuestro que define, con toda precisión, que tareas corresponden al Ministerio Público, qué tareas corresponden a la policía.
La investigación de los delitos lo dice claramente el artículo 21 de la Constitución: "corresponde al Ministerio Público y a las policías, actuando éstas últimas bajo la conducción y mando del primero en esta función".
Las unidades especializadas antisecuestro son encabezadas, precisamente, por los fiscales antisecuestro. Pero no pueden, obviamente, suplantar la tarea de los peritos, suplantar la tarea de los policías, es una tarea de integración de capacidades, de especialización y eso es precisamente lo que estamos haciendo.
Estoy cierto, como ya lo hemos acreditado a partir de la firma del acuerdo del día 21, que tendremos resultados, precisamente, porque tenemos enfoque, porque tenemos procedimientos, porque tenemos herramientas tecnológicas. Muchas gracias, diputado por su pregunta.