SOS a Colombia: dolor entre los escombros y la urgencia de ayudarnos
El lunes amaneció como cualquier otro, pero muy temprano la tierra decidió cobrar protagonismo y frenó en seco la rutina en el Pacífico colombiano. Un sismo sordo y violento de magnitud 7.4, con epicentro en las profundidades de San José del Palmar, en el Chocó, desató una sacudida que viajó a toda velocidad por el subsuelo, dejando una estela de miedo desde la costa hasta la cordillera.
En Cali, el pánico se adueñó de las calles. Los videos y los mensajes desesperados no tardaron en inundar las redes sociales: edificios que crujían, polvo levantándose en las esquinas y la impotencia de ver el entorno venirse abajo. La cifra duele y crece con el paso de las horas. Solo en el Valle del Cauca se llora a 27 personas —entre ellas cuatro niños a los que la mañana se les apagó de golpe—, mientras que el área metropolitana de Pereira concentra, trágicamente, la mayor parte de las víctimas mortales.
El saldo de la tragedia, actualizado al mediodía por el presidente Abelardo de la Espriella, golpea con la crudeza de los números: 111 fallecidos, 87 heridos, 1,575 viviendas afectadas y 61 edificios completamente colapsados. El panorama es crítico en Cali, donde el alcalde Alejandro Eder confirmó que al menos una treintena de estructuras se derrumbaron, dejando a personas atrapadas bajo las losas.
Mientras tanto, en ciudades como Bogotá, Manizales y la propia Pereira, miles de ciudadanos salieron de sus casas y oficinas con lo puesto. Se miraban las caras en las aceras, compartiendo el asombro y esperando unas réplicas que nadie sabe cuándo o con qué fuerza pueden llegar.
Ante la magnitud del caos, el país se paralizó por precaución y el Gobierno declaró el desastre nacional. Siete aeropuertos estratégicos —incluyendo los de Cali, Pereira, Manizales, Quibdó, Armenia, Cartago y Buenaventura— cerraron sus pistas tras sufrir daños, buscando evitar tragedias adicionales. El Comité Nacional para el Manejo de Desastres ya está operando, pero allá afuera, en los escombros, los rescatistas trabajan contra el reloj y con las manos, sabiendo que ahí abajo el aire y el tiempo se acaban muy rápido.
En medio de esta desolación, los vecinos del continente no han tardado en asomarse. Desde México, la presidenta Sheinbaum levantó la mano de inmediato para ofrecer apoyo especializado. Estados Unidos también se sumó a los mensajes de respaldo, dejando claro que ante estos golpes de la naturaleza, las fronteras pasan a un segundo plano.
Frente a la crisis, el presidente De la Espriella asumió directamente el liderazgo desde un Puesto de Mando Unificado. A través de sus redes sociales, exigió a Protección Civil un reporte detallado de las necesidades urgentes y anunció su traslado a Pereira para verificar la respuesta del Estado, dejando un mensaje claro a los damnificados: "No están solos. El Estado está presente y actuando. ¡Firme por la Patria!".
Hoy, Colombia enfrenta esa amarga tarea de levantar piedras, buscar sobrevivientes y abrazar a los que lo perdieron todo. En las próximas horas, más allá de la evaluación técnica o la burocracia, lo que realmente va a sostener a las familias afectadas será esa terquedad tan humana de meter el hombro cuando todo se viene abajo.
No se les puede dejar solos. Duele Colombia…
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De la mafia rumana a la campaña en Quintana Roo: el salto de Alejandro Arcos Romero
La trayectoria de Alejandro Enrique Arcos Romero dibuja un puente inquietante entre el crimen transnacional y la política nacional. Identificado por autoridades de México y EU como uno de los principales operadores financieros de la mafia rumana —liderada por Florian Tudor—, Arcos Romero ha transitado de las estructuras delictivas a los pasillos institucionales y electorales.
Un reportaje de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) (Reforma), firmado por Iván Alamillo y Verónica Ayala, revela que Arcos Romero se infiltró en la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM). Allí fungió como secretario particular de Rafael Marín Mollinedo entre diciembre de 2022 y junio de 2023. Hoy, ese mismo perfil acompaña a Marín Mollinedo en sus recorridos para buscar la candidatura de Morena a la gubernatura de Quintana Roo.
El dato que agrava el hallazgo es que el ingreso de Arcos Romero a las Aduanas se dio cuando su historial criminal ya era plenamente ubicado por las autoridades federales. En febrero de 2021, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó sus cuentas bancarias durante la "Operación Caribe", acción originada por una petición expresa del Departamento de Justicia estadounidense realizada meses atrás.
Los documentos de inteligencia lo sitúan como el artífice de 14 empresas fachada. Esta red fue diseñada para blanquear los recursos obtenidos de la clonación masiva de tarjetas en destinos turísticos como Cancún y Los Cabos, canalizando el dinero sucio hacia la compra de inmuebles, vehículos de lujo y joyas.
El paso de Arcos Romero por la ANAM quedó documentado por MCCI a través de un oficio oficial emitido por la oficina del entonces titular, donde se le marca copia directamente. Ante la revelación de esta pieza clave en su estructura, Rafael Marín Mollinedo no ha emitido respuesta alguna.
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Las columnas políticas hoy, lunes 10 de agosto de 2026
La creciente percepción de censura a medios
Bajo Reserva/El Universal
La percepción que se ha generado de un intento de censura a medios de comunicación bajo el argumento de “cuidar” a las audiencias se ha convertido en un problema serio para el gobierno. Miles de notas, decenas de miles de posteos y un alcance de 350 millones de personas en redes sociales y hasta en el propio portal de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT), que preside José Antonio García Herrera, en donde las opiniones sobre los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias son dos a uno en contra, dan cuenta del rechazo social a la medida. Con los datos a la vista, el gobierno, nos dicen, tendrá que valorar seriamente la posibilidad de reformular su iniciativa. Además, nos detallan, también cuidar la regulación que anuncian vendrá, posiblemente en septiembre, sobre inteligencia artificial y plataformas antes de que se comiencen a dar nuevas críticas sobre intentos de censura.
El Ángel “apestado”
Nos hacen notar que, en cascada, continúan los deslindes de partidos del exgobernador de Guerrero Ángel Aguirre Rivero por la presunta desaparición de evidencias en el caso Ayotzinapa. Nos comentan que ya lo hizo SomosMX en la semana, y ahora lo hizo el dirigente estatal del PRD en Guerrero, Evodio Velázquez, estado en el que el Sol Azteca todavía mantiene registro. Don Evodio se deslindó de su paisano y recordó que el hoy indiciado renunció al PRD cuando concluyó su mandato como gobernador. Algún día Aguirre Rivero fue presumido por el PRD como uno de sus gobernadores, sin embargo, hoy en el ámbito político solo es un Ángel “apestado”.
A mí ni me vean: dice el INE sobre contrato con Territorium
Nos comentan que en el Instituto Nacional Electoral (INE) sudaron frío cuando se reveló que también tenía contratos con Territorium Life, empresa encargada del fallido examen de admisión de la UNAM. El INE no tuvo otra que salir a confirmar los contratos, y precisó que por ningún motivo son para exámenes de admisión sino para operar el Centro Virtual INE —algo que EL UNIVERSAL precisó en la nota que reveló la existencia de los contratos—. El órgano electoral aseguró que las fallas que presentó Territorium Life en el examen de ingreso a la UNAM corresponden a ese caso, y “no guarda relación con el contrato” con el INE, y que el servicio que presta al Instituto no ha presentado fallas. Ante estos argumentos, nos dicen en el INE, el contrato seguirá hasta 2027 como tiene firmado con la cuestionada empresa. Eso es tener confianza en una empresa. ¿O habrá otra razón para continuar con ella?
Sheinbaum alista maletas rumbo a Brasil
Nos cuentan que la presidenta Claudia Sheinbaum evalúa viajar a Brasil para encontrarse con su homólogo Luiz Inácio Lula da Silva, quien se reunió con el canciller Roberto Velasco. Nos refieren que en el marco de su participación en la VI Reunión de la Comisión Binacional México-Brasil, don Roberto transmitió un afectuoso saludo de Sheinbaum a Lula, con la posibilidad de un próximo encuentro también en el marco de la colaboración entre Pemex y Petrobras. Nos señalan que la mandataria esperaría el reporte del canciller para, ahora sí, comenzar a definir una agenda para que pueda darse este encuentro y volver a tierras brasileñas, donde, por cierto, el presidente Lula da Silva anunció recientemente que buscará competir por un nuevo mandato.
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Templo Mayor/ REFORMA
EN EL Día de los Pueblos Indígenas celebrado ayer, la presidenta Claudia Sheinbaum salió con la instrucción de que a partir de ahora la zona conocida como Paso de Cortés, en Puebla, se llamará Paso de los Pueblos Indígenas, que porque éstos pasaron por ahí antes que el conquistador español.
SERÁ BUENO saber hasta dónde quiere la 4T llevar este revisionismo histórico-geográfico. Porque con esta limpieza selectiva de nombres se busca purgar un pasado que no va a desaparecer por decreto y porque hay varios lugares con nombres de conquistadores que difícilmente serían reconocibles con otro nombre, como el Paseo Montejo de Mérida, dedicado a Francisco de Montejo, conquistador de Yucatán. Lo mismo están el Río Grijalva, por Juan de Grijalva; el poblado de Alvarado, en Veracruz, por Pedro Alvarado, sí, el mismo de la matanza del Templo Mayor. Y, obviamente, el Mar de Cortés, por ya saben quién.
PERO Donald Trump le llama Golfo de América al Golfo de México, por qué la Presidenta no iba a poder rebautizar el territorio nacional como mejor le parezca.
MUY CARO le salió a Mikel Arriola su apoyo al polémico (por decirlo de alguna manera) Gianni Infantino, al comisionado de la Federación Mexicana de Futbol le llovieron rechiflas en el partido que se vivió ayer en el Estadio Azteca.
FUE LA FINAL de la Sub-20 de Concacaf, que México le ganó a Estados Unidos, pero el ánimo festivo se le volteó al directivo cada vez que mencionaban su nombre. Las razones se puede adivinar que son dos: la primera, la cancelación del ascenso y el descenso en el futbol mexicano, que deja fuera de la primera división a los 16 equipos de la Liga de Expansión, marginando así a estados como Oaxaca, Tamaulipas, Tlaxcala o Veracruz.
LA SEGUNDA, más evidente, es el apoyo que la Femexfut le dio a Infantino, a contracorriente del resto de las federaciones, luego de que se descubriera su plan de vender parte de la Copa del Mundo. Mientras el futbol organizado pide la remoción del suizo, los directivos mexicanos le dieron un inexplicable espaldarazo.
NI CUANDO FUE candidato del PRI al gobierno de la CDMX le fue tan mal a Mikel Arriola, como ayer en el Azteca.
EN DÍAS RECIENTES, la Comisión de Ética de Morena (no se ría, en papel sí la tiene) sancionó a 28 de sus militantes por todo tipo de faltas: desde haber cometido delitos del fuero común hasta apoyar a políticos ajenos a su partido.
EL DETALLE es que todas esas sanciones fueron a personajes más bien menores dentro de las filas guindas. Lo interesante sería ver si la dirigencia de Ariadna Montiel realmente irá por los peces gordos.
AHÍ TIENE el caso de Rafael Marín Mollinedo quien quiere ser gobernador de Quintana Roo, pero trae en su equipo a Alejandro Enrique Arcos Romero, identificado como parte de la mafia rumana. Ni modo que en Morena no lo vean.
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Estrictamente Personal
La nueva (y explosiva) caja china/Raymundo Riva Palacio
El Financiero, agosto 10, 2026 |
Ángel Heladio Aguirre, exgobernador de Guerrero, es una pieza de sacrificio en el caso Ayotzinapa, para desviar la atención de una exoneración vergonzosa, por ser absoluta, del Ejército en la desaparición de 43 normalistas en 2014, que le está costando mucho trabajo al gobierno federal de probar su valor. Lo detuvieron la semana pasada por presuntamente haber ordenado el ocultamiento de unas grabaciones aquella noche que no tienen ningún peso para resolver el crimen. Es una nueva jugarreta gubernamental del régimen de la ‘4T’ que lleva ocho años tratando de combatir la versión del exprocurador Jesús Murillo Karam, que llamó “la verdad histórica”.
La desaparición de los normalistas de Ayotzinapa en Iguala ha sido abordada por los gobiernos de Enrique Peña Nieto, Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum con un enfoque político. Murillo Karam postergó la detención del entonces alcalde de Iguala, José Luis Abarca –avalado por López Obrador–, con fines electorales, e ignoró la petición meses antes del entonces fiscal de Guerrero, Iñaki Blanco, de que lo procesaran por crímenes anteriores. López Obrador nombró a Alejandro Encinas para saber lo que había sucedido, y construyó la “verdad alterna”, culpando al Ejército, que le costó el cargo. López Obrador blindó al Ejército, que es lo que ha mantenido Sheinbaum.
Murillo Karam llegó a la conclusión de que los normalistas fueron detenidos por policías municipales, y entregados a sicarios de Guerreros Unidos, que los mataron. Lo mismo dijo Encinas y lo mismo dirá la fiscal Ernestina Godoy. Lo que cambia en cada caso son los perfiles y prominencia de los actores, donde cada quien pone el foco en unos y se lo quita a otros. Es lo que sucedió con Aguirre, cuya detención fue promovida desde Lomas de Sotelo como una caja china.
El objetivo es quitarse la presión de organizaciones internacionales tras la última recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, encabezada por Rosario Piedra, que responde a los intereses políticos del régimen, que concluyó que no existen elementos probatorios para atribuir responsabilidades a la Secretaría de la Defensa en la desaparición de los 43 normalistas. Encinas concluyó exactamente lo contrario y pidió cárcel para 17 militares, algunos todavía bajo proceso.
La acción de la Fiscalía General no llegará a ninguna verdad, con o sin calificativos, porque es una burda cortina de humo. Pretende llevarlo de ocultar evidencia a colusión con el crimen organizado cuando era gobernador, con el testimonio de uno de los jefes de Guerreros Unidos, Sidronio Casarrubias, El Sapo, que presentó la semana pasada como uno de sus testigos cooperantes, y declaró que Aguirre había ignorado los señalamientos de que Abarca estaba ligado a Guerreros Unidos. Es una mentira. La vinculación de Abarca con la organización criminal era conocida en las estructuras de poder, así como que su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, era hermana de los fundadores de Guerreros Unidos.
Durante meses antes del crimen contra los normalistas, se discutió en las mesas de seguridad de Guerrero, encabezadas por el Cisen, actualmente Centro Nacional de Inteligencia, la red de protección institucional a ese grupo en Iguala, y mencionaban los nombres de militares, policías federales, estatales y municipales involucrados. Nunca hizo nada el gobierno de Peña Nieto. Tampoco el Ejército, ni la Policía Federal, o el gobierno de Aguirre. Fueron omisos. Las minutas de esas reuniones desaparecieron hace 12 años.
Al elevar el horizonte con un nuevo implicado, la fiscalía de Godoy abre nuevos canales de desagüe político. Aguirre llegó al PRD persuadido por Marcelo Ebrard, entonces jefe de Gobierno de la Ciudad de México, y palomeado para la gubernatura por el entonces secretario general del partido, López Obrador. Al asumir la gubernatura, y durante el episodio criminal de la desaparición de los normalistas, el delegado estatal de la Policía Federal era Omar García Harfuch, actual secretario de Seguridad Pública, y el jefe de la Zona Naval era el almirante Rafael Ojeda, secretario de la Marina durante el gobierno anterior, involucrado en la corrupción de mandos navales en el contrabando de combustible. La autora intelectual de “la verdad histórica”, Mariana Benítez, que era el brazo fuerte de Murillo Karam, entró a Morena, y hoy es diputada federal.
La detención de Aguirre se originó en la denuncia de otra testigo cooperante, Lambertina Galeana, presidenta del Poder Judicial de Guerrero en ese momento, detenida el año pasado por haber ordenado borrar la grabación del Palacio de Justicia de Iguala que registró lo que ocurrió en el Puente del Chipote, donde uno de los autobuses en el que viajaban entre 15 y 20 normalistas fue interceptado por policías municipales. Galeana ha dado varias versiones del porqué lo hizo, pero la fiscalía la está utilizando para imputar a Aguirre.
Aquel episodio fue aclarado por la recomendación de la CNDH hace casi una década, cuando era autónoma, donde documentó con testimonios lo que sucedió. El más importante fue el del chofer del autobús, quien declaró que los municipales atacaron con disparos y pedradas el transporte, utilizando gas pimienta para obligar a que salieran los normalistas, a quienes tendieron boca abajo con las manos en la nuca. El chofer vio llegar una patrulla de la Policía Federal con dos agentes. “Allá atrás chingaron a un compañero”, les dijo un municipal. “Se los van a llevar a Huitzuco, (y) allá que ‘El Patrón’ –se desconoce su identidad– decida qué va a hacer con ellos”. El policía federal asintió: “¡Ah!, ok, ok. Está bien”, convalidando la detención ilegal, y “pactaron con las policías locales su entrega al crimen organizado”.
La participación del Ejército en ese punto, señaló la CNDH, “no fue de contención, sino de espionaje operativo activo y posterior ocultamiento de evidencia fundamental”. El subteniente de Inteligencia, Eduardo Mota Esquivel, estuvo en el Puente del Chipote de forma “encubierta”, presenció la agresión y tomó entre cuatro y cinco fotografías con su celular. Posteriormente las borró de su celular tras supuestamente descargarlas en el Batallón, provocando la pérdida total de la evidencia visual inmediata.
El caso Ayotzinapa muestra una historia de omisiones criminales de dos gobiernos, y otro que camina por esa ruta, ajustes políticos y, sobre todo, abandono de la justicia para las víctimas y sus familiares. La imputación de Aguirre, aunque sea verdadera, no resolverá el caso, pero le dará oxígeno al Ejército, porque donde hay tantos culpables, nadie es culpable.
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El Fouché mexicano/Raymundo Riva Palacio
EJe Central., 10 De Agosto, 2026
1ER. TIEMPO: El funcionario más fuerte. En qué momento José “Pepe” Merino conoció a Claudia Sheinbaum, no está claro. Pero desde el primer día en que asumió Sheinbaum la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, Merino trabajó estrechamente con ella y se convirtió en uno de sus funcionarios más cercanos y confiables. El antecedente viene de las organizaciones de la sociedad civil de izquierda, en donde participaba y que se fueron vinculando con Sheinbaum en su precampaña en 2017, y posteriormente en Democracia Deliberada, donde profesionales, académicos y activistas entre los cuales figuran varios miembros de los gabinetes de Sheinbaum y Andrés Manuel López Obrador, fueron construyendo ese cuarto piso de gobierno que se volvió gobierno.
Su perfil no es el del activista político tradicional, aunque hace una política sofisticada, bajo el traje de un técnico cuyas cartas credenciales son las de un diseñador de sistemas. No es ideológico, pero es un hombre de causas, la de Sheinbaum. Merino fue cofundador de Data Cívica, una organización no gubernamental que nació en 2015 dedicada al uso de los datos y la tecnología aplicados a los derechos humanos y la violencia. Ahí, con su conocimiento de la metodología cuantitativa, creó una formidable plataforma para evitar que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto desapareciera a los desaparecidos, convirtiéndose en una eficiente herramienta de transparencia y rendición de cuentas.
Pero cuando llegó al gobierno capitalino de Sheinbaum, creó otra plataforma para hacer exactamente lo contrario, regresando a Peña Nieto: desaparecer a los desaparecidos, porque las cifras iban creciendo, lo cual afectaría la imagen de una eficiente seguridad en la Ciudad de México que todavía hoy es un palmarés de aquella administración y el trampolín desde donde ha saltado Omar García Harfuch como un policía de alto rendimiento. Merino, el miembro de aquel grupo de jóvenes de izquierda, es el que más lejos ha llegado en la administración pública de Morena, donde su capacidad técnica y aplicación de la tecnología y la información en las políticas públicas, no tienen par realmente en los militantes de la 4T, que son eminentemente políticos y con una visión netamente electoral. Cuando Sheinbaum llegó a la Presidencia, Merino se sumó al gobierno federal y lo hizo el titular de la recién creada Agencia de Transformación Digital, desde donde opera como un ministro sin portafolio, pero con un poder creciente al grado que, como se quejan altos funcionarios del gobierno, hasta la autorización de la compra de una computadora, tiene que pasar por sus manos. Merino, de manera discreta, ha ido concentrando poder en el gobierno, donde sus iniciativas que tienden al control social llevan a recordar a José Fouché, el jefe de la Policía francesa en los tiempos de la Revolución y posteriormente bajo las órdenes de Napoleón.
2DO. TIEMPO: Un tecnócrata digital. La presencia de Pepe Merino en el gobierno de Claudia Sheinbaum es el sello de algo que está sucediendo en el mundo, donde el Estado burocrático se está volcando al Estado digital. No deja de ser una contradicción con la visión de país que tenía el expresidente Andrés Manuel López Obrador, un político cuyo horizonte nunca pudo estar más allá de los confines de Macuspana y sus políticas pavimentaron los primeros kilómetros a la pauperización nacional. Merino es todo lo contrario de López Obrador, pero Sheinbaum es una mezcla ecléctica en una coyuntura de la que quiere escapar, pero no puede. Merino es la llave de la puerta de salida: modernizar el país, como ella, con una idea científica de las cosas sin lo primitivo de su mentor, está dando pasos adelante, combinándolos con el talante del expresidente y de ella misma, de poder vertical, centralizado y autoritario. Merino es el gozne entre los dos mundos, con una visión del Estado que parte de la premisa tecnocrática de que un gobierno es más eficaz cuanta más información posee y mejor capacidad tiene para procesarla. Es un modelo que abrigó Sheinbaum desde que fue jefa de Gobierno de la Ciudad de México, y es el que ha seguido en el federal, lo que le ha dado la cobertura a Merino para integrar bases de datos, buscar la identidad digital, la digitalización de expedientes administrativos y de salud, el fortalecimiento de plataformas gubernamentales para concentrar información y, últimamente, aunque trabajó desde el inicio de la administración con el arquitecto de la maquinaria de propaganda del régimen, Jesús Ramírez Cuevas, para lograrla, la nueva Ley de Audiencias, donde sus críticos sostienen que quiere meterse al control y diseño de contenidos.
Las visiones sobre su trabajo están confrontadas. Por un lado quienes sostienen que su organización de los datos públicos mejora la eficiencia, combate la corrupción, facilita los trámites y permite diseñar mejores políticas públicas, y quienes, en la trinchera opuesta, afirman que esa misma concentración de información entraña riesgos considerables. Como figura central del proyecto de digitalización del gobierno, Merino ha levantado las cejas por el registro obligatorio de celulares, que vincula cada línea a una CURP, donde si bien Merino insiste en que el gobierno no concentrará la base de datos, que quedarían como en la actualidad en manos de las telefónicas y a las cuales solo accedería mediante una orden judicial en casos de delito, como sucede, las reformas donde las autoridades pueden investigar delitos sin necesidad de mandatos judiciales, abre los temores del mal uso que le puedan dar.
Otro punto controvertido es la concentración de los datos médicos mediante el Expediente Clínico Electrónico Universal, que uniría los historiales de las instituciones de salud bajo un sistema interoperable y de acceso indiscriminado y discrecional al gobierno. La última polémica en la que está involucrado es la Ley de Audiencias, una contrarreforma que atenta contra las libertades y perfila la censura, que Merino niega, pero que incluye dos artículos donde hace al Ejecutivo -o sea él-, responsable de la calificación y modulación de contenidos, entregándole a una comisión, que depende de él, la posibilidad de sancionar a medios y periodistas si dan informaciones falsas. La figura que determinaría qué es verdad y qué es mentira sería la Comisión de Radio y Televisión, que controla, no casualmente, él mismo.
3ER. TIEMPO: Un comisario-policía disfrazado. Nadie habríase imaginado hace una década que uno de los personajes de la izquierda moderna mexicana se convertiría en el símbolo de la hegemonía del poder y de los instrumentos para el control social. Pepe Merino, que se ha convertido en el trazo ejecutor de la presidenta Claudia Sheinbaum para esos fines, hace recordar, por su capacidad perversa, a José Fouché, que fue el jefe de la Policía en los tiempos de la Revolución Francesa y posteriormente trabajó al servicio de Napoleón. Fouché fue el precursor del Estado policial moderno, cuyo poder descansaba en una enorme red de informantes, la recopilación sistemática de expedientes de miles de franceses, la vigilancia política, la censura y el uso estratégico de información para fortalecer al gobierno y neutralizar adversarios. Fouché lo hacía con recursos humanos, pero si uno compara el alcance que tenía ese personaje siniestro de la Francia revolucionaria con Merino, encuentra grandes similitudes en los objetivos, alcanzados, ya no mediante oídos y brazos, sino a través de la infraestructura tecnológica que está construyendo y que están determinando las políticas públicas del gobierno de Claudia Sheinbaum. Los dos han tenido a la información como fuente de poder estatal, donde quien concentra datos y sabe cómo aplicarlos, adquiere una enorme capacidad de decisión. Fouché actuaba muchas veces al margen de la ley, mientras que Merino opera dentro de un marco legal y administrativo, pero que se ha ido adecuando a las necesidades estratégicas del liderazgo de la 4T, donde no hay contrapesos y el marco legal es flexible y discrecional. Los une el impulso a una arquitectura de centralización de información y capacidad regulatoria del Estado, que no se debatía en la Francia revolucionaria, donde predominaba el terror, pero que en el México contemporáneo se plantea como una modernización digital que beneficie a la población y se combatan delitos, particularmente la extorsión. A partir de los resultados y consecuencias que arrojen las políticas de Merino en la vida pública mexicana, se podrá determinar si la capacidad del Estado de conocer más, procesar más y decidir más a partir de los datos tiene en efecto un impacto positivo en la nación o que, como advierten sus críticos, le haya hecho el trabajo sucio al régimen para preservarse en el poder a través del control social y, como en el Siglo XVIII en Francia, mediante el terror.
rrivapalacio2024@gmail.com
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Y ahora resulta que no fue el Estado /Héctor De Mauleón
El Universal, 10/08/2026 |
En agosto de 2022 la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (COVAJ) concluyó que la entonces presidenta del Tribunal Superior de Justicia del estado de Guerrero, Lambetina Galeana Marín, había ordenado destruir los videos captados por las cámaras del Palacio de Justicia de Chilpancingo la noche del 26 de septiembre de 2014, cuando alrededor de 20 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos fueron detenidos frente a ese sitio por elementos policiacos, y desaparecidos horas más tarde.
Casi tres años más tarde, en mayo de 2025, Lambertina, de 79 años de edad, fue detenida bajo cargos de desaparición forzada y delitos contra la administración de justicia.
En 2014 la presidenta del Tribunal había alegado que los videos no existían, que las imágenes captadas por las cámaras eran inservibles pues no estaban claras, por lo que ella misma las mandó eliminar. La destrucción de ese material era del todo irregular: no le correspondía a ella calificar aquellas pruebas, sino al ministerio público federal.
Dos técnicos de sistemas, Luis Europa Solís y Javier Uribe, declararon ante la entonces PGR que habían intentado guardar los videos de las cámaras 12 y 15 en una USB, pero que los archivos estaban dañados.
A raíz de la detención de la magistrada en retiro, su defensa sostuvo que no existía documento alguno que acreditara que ella hubiese conocido la existencia de los videos. El día de su detención, Lambertina fue víctima de una crisis nerviosa. De hecho, fue preciso que se llamara a los paramédicos para que la atendieran.
Casi un año más tarde, la funcionaria dejó el penal de Coatlán del Río, en el que había sido internada. Se reveló que había obtenido un criterio de oportunidad. A la semana siguiente trascendió que había dado una nueva declaración en la que pasó de “los videos no servían” y “nunca supe de su existencia” a revelar que la orden de desaparecer aquel material fue girada por el entonces gobernador del estado, Ángel Heladio Aguirre Rivero, quien fue detenido el jueves pasado, 12 años después de los sucesos, y a quien, en silla de ruedas y con problemas de diabetes e hipertensión, se negó el beneficio de la reclusión domiciliaria por el alto riesgo, según el juez, de que se evada.
Aguirre, por cierto, había tenido el mal timing de salir a opinar públicamente sobre la sucesión política en Guerrero (en favor de una candidata que no es la favorita de Morena) y sobre la colusión de autoridades con grupos del crimen organizado.
A las acusaciones de Lambertina se sumaron las de la exvisitadora del Tribunal Superior de Justicia, Blanca María del Rocío Estrada Ortega, detenida en marzo pasado en un cateo en el que encontraron una pistola y “cinco cajas de medicamento controlado”. Estrada, de 73 años, pactó también un criterio de oportunidad.
Declaró que por indicación superior entró en contacto con Lambertina para destruir las grabaciones del Palacio de Justicia en las que se observaba cómo policías de Iguala, y un grupo de civiles, bajaban a los normalistas del autobús en que se transportaban.
Según las acusaciones, Estrada Ortega recibió el disco y se lo entregó al gobernador, “quien presuntamente después se lo dio al entonces procurador de justicia estatal Iñaki Blanco para que ‘se hiciera cargo’”.
La exvisitadora afirma que el 30 de septiembre de 2014 Aguirre llamó a una junta a sus colaboradores más cercanos, y que ahí ordenó que toda la evidencia relacionada con los hechos ocurridos frente al Palacio de Justicia, en el sitio conocido como el Puente del Chipote, fuera destruida. Estrada Ortega dijo que no había hablado antes porque estaba amenazada.
Las dos exfuncionarias sostuvieron que Aguirre era “una persona peligrosa” porque él y su sobrino y asesor, Ernesto Aguirre, “tenían relación con los grupos criminales”.
La fiscal Ernestina Godoy afirma que después de un “real análisis profundo, exhaustivo y detallado”, cuenta con elementos de prueba que acreditan que Aguirre giró esas órdenes a funcionarios estatales de alto nivel: que el ocultamiento fue “una operación dolosa y deliberadamente estructurada desde la cúpula del poder ejecutivo”.
Nada, absolutamente nada, y en especial nada nuevo, podrían aportar aquellos videos sobre lo sucedido esa noche. Todo lo que ocurrió, con un apabullante lujo de detalles, fue documentado desde 2016 por la anterior Comisión Nacional de Derechos Humanos, la de a deveras.
La de hoy, como se sabe, ha exculpado al Ejército de todo lo ocurrido la noche en que desaparecieron 41 alumnos normalistas.
El gobierno federal se apresta ahora a cerrar el caso echándole la bolita a Aguirre y al gobierno estatal. Es preciso aclarar, desde luego, qué ocurrió con los videos que Lambertina dijo que destruyó, que Lambertina dijo que no servían, que Lambetina dice que le pidió el exgobernador Ángel Aguirre.
La prueba de la nueva ruta por la que quieren llevar el caso Iguala es la declaración de que los videos fueron entregados a Iñaki Blanco para que “se hiciera cargo” de desaparecerlos.
Porque la realidad indica que Blanco cumplió la orden muy mal. Identificó y detuvo a la mayor parte de los policías que actuaron esa noche, en el Puente del Chipote y otros sitios, y que eran integrantes del grupo conocido como Los Bélicos. Detuvo a los primeros cuatro integrantes de Guerreros Unidos, organización que relacionó con la desaparición de los alumnos. Implicó en el caso a agentes municipales de Cocula y Huitzuco.
Incorporó al expediente imágenes de las cámaras del C4 (en una de ellas se ve la camioneta que se llevaba a un grupo de alumnos en la batea). Obtuvo orden de aprehensión contra el alcalde de Iguala, José Luis Abarca. Consignó a los mandos policiacos Alejandro Tenescalco, Felipe Flores y Francisco Salgado Valladares. Trazó la primera ruta de la desaparición, sobre la que se sigue sosteniendo el caso Iguala.
Qué endeble resulta el “real análisis, profundo, exhaustivo y detallado” de Ernestina Godoy. Porque ahora resulta que ya no fue el Estado.
Bueno, sí, fue el estado, pero el estado de Guerrero.
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Audiencias y mentiras del obradorato
El asalto a la razón/Carlos Marín
Milenio
Ofensiva y peligrosa, la súbita “preocupación” del régimen por “las audiencias” fue incubada por la Presidencia y sus inconstitucionales mayorías en el Congreso hace un año, con la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
La norma contiene 283 artículos ordinarios y 27 transitorios, todos fueron aprobados en unas cuantas horas por la coalición cuatrotera y el “opositor” Movimiento Ciudadano.
El proyecto presidencial se presentó ante el Senado el 23 de abril de 2025 y de manera por demás marrana se aprobó al día siguiente; la minuta se envió a San Lázaro el 29 de junio, y un día después fue dictaminada para que el pleno la votara el 1 de julio.
¿Quién creerá que 24 horas fueron suficientes para que cada cámara conociera y debatiera los 300 artículos que fueron aprobados?
Para tutelar y determinar los contenidos de programas periodísticos, el gobierno trata a “las audiencias” como idiotas, incapaces de seleccionar con libertad los medios, programas y periodistas de sus confianzas.
Si en el nombre de Dios y del “pueblo” se comete todo tipo de atrocidades, el obradorato agrega a “las audiencias” para dizque vacunarlas contra informaciones falsas, “inoportunas”, “descontextualizadas” o imprecisas, y emite “lineamientos” que obligan a radiodifusoras y televisoras a nombrar “defensores” de radioescuchas y televidentes y emitir códigos de ética, so pena de multas por supuestas violaciones a la ley.
Pero, ¿y quién protegerá a las audiencias de las mentiras del gobierno lopezobradorista caracterizado por su turbiedad y propensión a la mentira y a difundir inexactitudes, interpretaciones y datos erróneos como verdades indiscutibles?
Abundan los ejemplos de patrañas propaladas por el Ejecutivo federal ––comenzando por la Presidencia de la República––, una de los más recientes del secretario federal de Educación, Mario Delgado, quien anunció que 10 millones de personas recibirán de parte de Sheinbaum 2 mil 500 pesos:
“Hoy les tenemos una excelente noticia a todas las familias mexicanas: por primera vez niñas y niños de primaria reciben la beca Rita Cetina. Son 2 mil 500 pesos para útiles y uniformes escolares, que nuestra presidenta Claudia Sheinbaum les manda para que sigan construyendo sus sueños…”, dijo literalmente.
El embuste es obvio: no es dinero de la mandataria sino de la nación; proviene del erario que nutrimos quienes pagamos impuestos.
Los recursos de las becas están considerados en el Presupuesto de Egresos de la Federación y de ninguna manera son regalo de la Presidenta, y menos cuando el artículo 134 de la Constitución mandata que la propaganda del gobierno debe ser institucional y no utilizarse para la promoción personalizada de ningún servidor público.
Esta descomunal y abusiva patraña fue instituida por López Obrador, en cuyo nombre los activistas de Morena, contratados y disfrazados de “servidores de la nación”, entregaban los apoyos sociales que explican el arrastre electorero del oficialismo...
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Cuando habla el poder/Jesús Silva-Herzog Márquez
REFORMA, 10 agosto 2026;
Estos no son los tiempos más felices de la libertad de expresión, como festeja el régimen. No puede negarse que los ataques a la crítica, a la investigación, al periodismo independiente se han multiplicado en los últimos años. En muchas partes del país, el periodismo es una actividad de altísimo riesgo. La censura ha encontrado nuevos instrumentos. Humberto Musacchio publicó hace poco un libro valiosísimo que registra los "nuevos rostros de la censura". Cállense, es el título de esa recopilación de denuncias. En efecto, hay una nueva oleada de censura en el país. Las leyes se han convertido en instrumento para imponer silencio. Los tribunales actúan como inquisidores decididos a callar ciudadanos para proteger políticos. La censura está en los juzgados y en el abuso de palabras que, desde el poder, estimula el linchamiento público y da instrucciones a las instituciones del Estado para intimidar a los críticos. María Amparo Casar ha enlistado meticulosamente los nuevos instrumentos de la censura. Se ataca la libertad de expresión cuando la Presidencia arremete contra los periodistas; cuando convoca al boicot de un medio de comunicación; cuando usa la publicidad gubernamental para premiar medios afines y castigar a los independientes; cuando se usan los instrumentos coactivos del Estado para perseguir a los críticos; cuando se pretende estrangular fiscalmente a las organizaciones de la sociedad civil; cuando se revelan datos personales de los críticos; cuando se deja indefensos a los periodistas amenazados por el crimen, cuando se oculta información pública. La lista de mecanismos de censura solo puede leerse en la página de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad porque Casar ha sido expulsada de los medios donde regularmente participaba con reflexiones agudas y bien fundamentadas. Si hace unos años se le podía leer regularmente en la prensa, escuchar en la radio y ver en la televisión, hoy vive una especie de exilio periodístico después de haber sido blanco de una despiadada campaña de odio encabezada por el presidente de la República.
Que los derechos de las audiencias se defiendan, pero solamente en las pantallas y los micrófonos privados. Para la Presidencia, para el gobierno, para los medios del gobierno, libertad absoluta. El gobierno tiene derechos plenos para mentir, para inventar cifras, para difamar, para insultar, para hacer burla. Tiene el campo abierto para denigrar a los ciudadanos que hayan sido calificados como integrantes del Antipueblo. Los medios gubernamentales son empleados, sin pudor alguno, como instrumentos de propaganda de partido, dedicados a exaltar el insuperable genio de la jefa de Estado y a comentar diariamente las maravillas de su gestión, al tiempo que apalean a las oposiciones y a los críticos. Frente al programa de variedades que conduce Claudia Sheinbaum todas las mañanas hay una defensa en la que ella sí cree. El ciudadano puede no ver su conferencia de prensa. Si no les gusta, si no están de acuerdo con lo que dice en la conferencia de prensa, "que no la vean", dijo.
Una discusión pendiente es el habla del poder. Si los ciudadanos han de tener el espacio más amplio para hablar, para escribir, para publicar, quienes hablan en nombre de las instituciones de la República deberían estar sometidos a un código estricto. Hay un trabajo del politólogo norteamericano Corey Brettschneider que precisamente aborda este asunto: cuando el Estado habla, ¿cómo debe hablar? Los gobernantes no tendrían por qué callar ante posiciones con las que discrepan. No deben rehuir el debate público. Sus palabras deben buscar la persuasión renunciando a toda forma de intimidación. Por eso la Presidenta no tiene permiso para seguir estigmatizando a sus críticos ni tiene derecho de usar los recursos públicos para premiar a sus aplaudidores. Tampoco tiene permiso para aconsejar que se viole la ley si esta choca con valores que ella cree superiores al derecho. No es pedir demasiado que haya un compromiso con la verdad, se ofrezcan argumentos, se reconozca la legitimidad del discrepante y se honre la ley.
Sheinbaum podrá estar en las antípodas ideológicas de Trump o de Milei. El tono de su discurso puede ser muy distinto, pero, como ellos, hace de los micrófonos del Estado instrumentos del desprecio.
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El cuerpo al fuego
JAQUE MATE / Sergio Sarmiento
REFORMA, 10 agosto 2026
"No es solo un inocente, sino que está siendo víctima de un abuso y de una persecución política". Emilio Álvarez Icaza, sobre Ernesto Ruffo..
TIJUANA.- "Yo no meto la mano al fuego por Ruffo -me dice un empresario tijuanense-, meto el cuerpo entero". No es el único. Ernesto Ruffo tiene una sólida reputación no solo en Ensenada sino en toda Baja California. Se le recuerda como el primer gobernador de oposición del país, pero también como un esforzado pequeño empresario que ha vivido siempre con discreción y sin escoltas.
No es que nunca se haya peleado con nadie. En 2017 Ruffo cuestionó a Margarita Zavala, esposa del expresidente Felipe Calderón, por salirse del PAN ante las maniobras que hizo Ricardo Anaya para quedarse con la candidatura presidencial. El 5 de octubre Calderón dijo en Twitter: "Ruffo expresa muy bien el nivel intelectual, la estatura moral, la altura del debate y la tolerancia democrática de lo que queda del PAN". Ruffo comentó sobre Margarita: "Yo siento como un alivio. Haga de cuenta como cuando uno tiene un absceso y sale la pus". El 10 de octubre Calderón afirmó: "Ruffo dilapidó esa gubernatura. Él y especialmente su hermano Claudio entregaron BC a los Arellano". Hacía referencia a un artículo del periodista Jorge Fernández Menéndez, quien afirmaba que Ruffo y su hermano Claudio habían permitido que los Arellano tomaran control del estado.
La presidenta Claudia Sheinbaum, no precisamente una entusiasta de Calderón o de Fernández Menéndez, exhibió en su mañanera del 17 de julio el tweet de Calderón del 10 de octubre de 2017 para justificar la aprehensión ahora de Ruffo. Acusó a Calderón de "hipócrita" por defender hoy al exgobernador.
Joaquín "El Chapo" Guzmán declaró en 1993, tras su primera detención, que Ruffo ayudaba a sus enemigos, los Arellano Félix, pero no aportó pruebas. Ese mismo año un grupo de policías judiciales de Baja California afirmó que la Procuraduría del Estado había entregado "charolas" con firmas de altos funcionarios a los Arellano Félix, pero tampoco hubo acusaciones formales. El exgobernador no tenía antecedentes penales cuando fue detenido por el gobierno de Sheinbaum el 16 de julio de 2026 en su casa de Ensenada.
Los actuales cargos contra Ruffo no tienen nada que ver con esas antiguas declaraciones. Se le acusa de haber realizado contrabando de combustible a través Ingemar, firma de la cual es socio minoritario. Según la defensa, Ruffo no operaba la empresa, ni esta llevó a cabo la importación, solo el trámite aduanal. A pesar de eso, la fiscal general, Ernestina Godoy, lo describió públicamente como jefe de la mayor red de huachicol fiscal del país. La presidenta Sheinbaum afirmó que el caso ya "está juzgado", lo cual es falso. De hecho, el proceso apenas ha empezado. Dice la FGR que hay más de 160 pruebas, pero la defensa sostiene que ninguna comprueba la responsabilidad de Ruffo. Nunca se ha explicado por qué un exgobernador de oposición que dejó el cargo hace más de 30 años tenía hoy el control sobre las Aduanas y la Guardia Nacional que le habría permitido ser el rey del huachicol fiscal.
Este 5 de agosto un grupo de políticos y activistas de derechos humanos, entre ellos Mariclaire Acosta y Emilio Álvarez Icaza, formaron un Comité Plural por la Liberación de Ernesto Ruffo. Quizá Ingemar pudo haber cometido irregularidades sancionables, pero la forma en que Ruffo fue detenido y exhibido, sometido a audiencias secretas y confinado a prisión preventiva en un penal de alta seguridad, a pesar de que nunca pretendió escapar, sugiere que es un preso político. Mucha gente en Baja California y en el país así lo cree.
· VENDIMIA
Acudí por primera vez a las fiestas de la vendimia en Ensenada en 1997. Estas se han convertido en una cita anual para mí. Amo esta tierra árida que produce vino a fuerza de trabajo y a la gente de Baja California que celebra todos los años el milagro de la vida que se vuelve vino.
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Letanía de la censura
Día con día/Héctor Aguilar Camín
Milennio,
He leído, reto al lector a descubrir dónde, lo revelaré mañana en este espacio, lo que llamo aquí “letanía de la censura”.
Podría llamarse también “Los mandamientos negados de la censura que ejercen los gobiernos de la 4T”.
O: “Los renglones torcidos de la censura que niega pero ejerce la Mañanera del Pueblo”.
O: “Los caminos laterales, similares y conexos de la censura del gobierno federal”.
O: “Las astucias engañabobos de la censura cotidiana que padece el país”.
O: “Los vericuetos de la censura realmente existente en México”.
Pónganle el nombre que quieran a la impecable “letanía de la censura” que cito a continuación. No es mía, mañana revelaré su autoría, pero creo que debe ser de todos.
La letanía:
Arremeter contra los periodistas es censura, además de propiciar la autocensura.
Llamar a no ver un canal de televisión, es censura.
Entregar publicidad discrecionalmente, es censura.
Dañar la reputación de los comunicadores sin las benditas pruebas, es censura.
Ordenar auditorías a modo, es censura.
El acoso judicial a los periodistas, es censura.
Retirar el carácter de donatarias a organizaciones de la sociedad civil por evidenciar la corrupción, es censura.
Revelar datos personales con el fin de inhibir el apoyo a causas sociales, es censura.
Negar protección efectiva a los periodistas para ejercer su profesión sin temor a perder la vida, es censura.
Ocultar información pública para proteger los intereses de la clase gobernante, es censura.
Quien escribió esta letanía, cuyo nombre revelaré mañana, termina su escrito con estas palabras:
“Legalizada o no, la censura está cada vez más presente y nada tiene que ver con los derechos de las audiencias. La Sociedad Interamericana de Prensa señala el deterioro pronunciado en las condiciones para ejercer el periodismo. México ha caído cinco lugares para colocarse en el lugar 18 de 23 países de América Latina y el Caribe y recibir un puntaje de 35/100 que equivale a ‘alta’ restricción. Por debajo de Haití, Cuba, El Salvador, Venezuela y Nicaragua”.
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Cucarachaz
TOLVANERA / Roberto Zamarripa
REFORMA, 10 agosto 2026
La obtención de la candidatura del Partido Demócrata al Senado en Michigan del médico Abdul El-Sayed cimbró la política estadounidense al hilar un avance más de los progresistas (tras el triunfo de Zohran Mamdani en la alcaldía de Nueva York), tensar ese partido y polarizar duramente con el gobierno de Donald Trump.
En un texto publicado en The New Yorker, el analista Jay Caspian Kang describe al fermento del cambio estadounidense que catapulta políticos progresistas.
"Este nuevo bloque de votantes tiene dos componentes similares pero distintos. Por un lado, están los que yo llamo 'socialistas del Subaru': millennials con estudios universitarios, de entre treinta y tempranos cuarenta, que tienen ingresos relativamente estables, aunque inferiores a lo que esperaban". Tomaron conciencia política en medio de la recesión, el movimiento Occupy Wall Street y el encarecimiento de la vivienda en las zonas urbanas, dice.
El otro bloque, de muchachos más jóvenes, son "los grandes decepcionados" quienes "alcanzaron la mayoría de edad durante la pandemia y vieron cómo instituciones aparentemente invencibles podían, de hecho, tambalearse y fracasar bajo presión".
Ambos convergen en el desencanto de que su esfuerzo académico no es premiado en el mercado laboral pues terminan como despachadores de cafeterías o empacadores de Amazon.
Guardando proporciones, lo ocurrido en la India esta semana también advierte. El partido del primer ministro indio, Narendra Modi, el Bharatiya Janata Party (BJP), fue derrotado en elecciones legislativas extraordinarias en Bihar.
Fue la primera elección ocurrida luego de las manifestaciones juveniles del denominado Partido de las Cucarachas, surgido en julio pasado a partir del descontento por el amañamiento de un examen de admisión universitario para la carrera de Medicina que se combinó con declaraciones del presidente del Tribunal de Justicia Indio, quien calificó a los jóvenes inconformes como cucarachas y parásitos.
Abhijeet Dipke, un estudiante indio radicado en EU, desató las movilizaciones al postear un mensaje en X donde simplemente preguntó: "¿Qué pasaría si todas las cucarachas se unen?".
Le hicieron caso y se movilizaron cientos de miles para constituir el Partido de las Cucarachas que, entre otras cosas, logró la renuncia del ministro de Educación.
Las Cucarachas movieron el voto, igual fincados en un movimiento de centro izquierda contra el conservador gobierno de Narendra Modi.
En su texto "La rebelión de la Generación Z sacude el sur del mundo", el periodista Andrea Rizzi señala que éste es ya "un movimiento telúrico muy fuerte". Se refiere a movilizaciones juveniles ocurridas en los últimos dos años en la India, en Marruecos, Kenia, Nepal, Bangladesh, Madagascar, Indonesia y Perú.
El patrón, indica, es la dificultad de absorber adecuadamente en los mercados laborales a una población cada vez más formada y un descontento sistémico contra la corrupción, el nepotismo, la traición del valor de la meritocracia, la represión y la censura, en medio de un uso extensivo de las redes sociales.
"Esta generación no cree en el sistema, entendido como un estado de cosas que genera previsibilidad. Siente que no cumple. Siente con mucha intensidad que el compromiso de solidaridad intergeneracional se rompe con ellos. Por mucho que se esfuercen, no tienen buenos empleos. El sistema político no atiende sus necesidades. Heredan un planeta insostenible", dice Antoni Gutiérrez-Rubí, consultor político citado por Rizzi.
Pueden ser susurros los enojos por la manipulación de los exámenes de la UNAM, por la inseguridad en los planteles públicos, la deficiente calidad de enseñanza y el empleo insatisfactorio.
No aquieta las aguas tener a jóvenes que cruzan su tramo de la Prepa a la Universidad con los ingresos exiguos como repartidores en bici o motoneta.
Siguen siendo para muchos parásitos. Lo que hay son avisos, no plagas. Insatisfacción que empieza a tener contundencia en las urnas.
robertozamarripa2017@gmail.com
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Iceberg/Manuel J. Jáuregui
REFORMA 10 agosto 2026
En pleno verano, con los calorones que nos azotan, claro que hay icebergs en México. No son iguales a los que se encuentran en el Atlántico Norte, pues allá son de agua salada; aquí son de crudo robado. No se requieren grandes brincos de credulidad para deducir que las SEIS minirrefinerías descubiertas en el último año -pero que se sabe que operaban desde hace cuatro- implican una gran red de complicidades en torno al huachicol, las cuales apuntan hacia posiblemente un negocio ilícito en nuestro suelo igual o mayor que el trasiego de drogas y metanfetaminas.
Lógicamente, las minirrefinerías invisibles -aunque así no les llame el régimen- forman parte de una CADENA: es decir, toman un producto "invendible" en el mercado nacional y lo convierten en otro que sí forma parte de un mercado bien establecido. La suposición más lógica es que inician con CRUDO robado y en esas plantas clandestinas lo transforman en diesel o gasolina. Otra posibilidad es que arranquen, a partir del huachicol fiscal, con diesel o gasolinas y, mediante el agregado de aditivos, incrementen su volumen y por tanto su valor.
Desconcierta y genera harta suspicacia que en el aseguramiento de las SEIS minirrefinerías (Coatzacoalcos, Reynosa, dos en San Luis Potosí, Tizayuca y Cuautla) no hubo NI UN SOLO DETENIDO. De manera que las autoridades, específicamente Mr. Harfuch, no han podido informar a quién pertenecen, quién las opera, qué es específicamente lo que hacen, de dónde proviene la materia prima y a dónde se destina el producto final. En cada punto de esta cadena existe una infracción grave; llama la atención que como nación nos enfrentemos a la comisión de grandes delitos SIN DELINCUENTES. Ello, pese a que salta a la vista que son, cada una de las seis, esquemas complejos que requieren de personal especializado en gran número para permitir la instalación y operación continua de cada una de estas plantas.
No decimos que el aseguramiento de estas instalaciones por parte de las fuerzas de seguridad no sea algo encomiable. Por supuesto que lo es. Lo que tratamos de decir es que esto debe ser sólo el PRINCIPIO de una gran investigación, que conduzca no sólo a conocer en detalle la cadena del ilícito, sino a dar con el paradero de los responsables que, por los montos requeridos y la complejidad del proceso, apunta hacia un entramado de gran envergadura. Esto no es una simple operación de huachicol, se trata de la industrialización de la defraudación fiscal, pues no es nada menos que la operación de una red petrolera privada al margen del Estado, con muy probables ramificaciones de corrupción gubernamental a grado extremo.
Difícil resulta de explicar de manera creíble cómo fue posible que refinerías clandestinas como las de San Luis o Reynosa, grandes y muy visibles, pudieran operar durante años a la vista de todos sin llamar la atención. Es mucho lo que aún no se ha dicho respecto a cómo dieron con ellas nuestras autoridades, que pasaron de dejarlas operar abierta e impunemente por años a asegurar seis de ellas en tan sólo UN AÑO. ¿Hubo un pitazo? ¿Algún detenido reveló a las autoridades su existencia? ¿Las agencias de EU les hablaron a nuestras dependencias no sólo de su existencia, sino de su exacta ubicación?
Aquí lo importante, aparte de entender cómo fue que se tornaron invisibles durante tanto tiempo, es que la opinión pública nacional sepa qué es lo que hay detrás. Es decir, si súbitamente desaparecieron sus protectores, o si el Gobierno decidió motu proprio o conminado por el Gobierno vecino, combatir en serio este dañino cáncer -quizá antes tolerado- que causa graves disrupciones en nuestro mercado interno de hidrocarburos y un enorme deterioro a los ingresos fiscales de la nación.
Seguramente no pasa inadvertido para nuestros gobernantes que negocios como los clausurados, que manejaban millones de litros anuales de combustibles ilegales para venderse en el mercado nacional saltándose todos los requisitos fiscales, le causaron a PEMEX un grave daño a sus de por sí precarias finanzas. Este asunto de las minirrefinerías clandestinas y fantasmas es sólo la punta del iceberg del Golfo de México: la parte visible es apenas una indicación de la enormidad de lo que se encuentra todavía escondido.
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