Luego de más de 70 días de arraigo, y un año y 19 días de encarcelamiento, los generales Ricardo Escorcia, Roberto Dawe y Rubén Pérez Ramírez, así como el teniente coronel Silvio Isidro Hernández Soto, recuperaron su libertad tras ser exonerados de las acusaciones de delincuencia organizada e ilícitos contra la salud, que la PGR les formuló durante la gestión de Marisela Morales.
¿Y que nos dice la hoy flamante Cónsul en Milán?
A las 18:15 horas de este jueves 4 de julio- día de la independencia de EU-, Rodrigo Archundia, encargado de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada - la temible SEIDO-, a nombre del procurador Jesús Murillo Karam entregó al juez la ratificación de las conclusiones no inculpatorias, para que todos los militares que fueron detenidos dentro de la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/112/2010 quedaran en libertad.
En la averiguación también fue señalado como presunto responsable de proteger las operaciones de los Beltrán Leyva el exsubsecretario de la Defensa Nacional, Tomás Ángeles Dauahare, quien obtuvo su libertad en abril pasado.
Como era de esperarse, a la PGR de Jesús Murillo Karam le resultó difícil sostener las acusaciones de delincuencia organizada contra los generales, fincadas por su antecesora Marisela Morales con el apoyo del entonces subprocurador Cuitláhuac Salinas y el teniente coronel de infantería y ahora coronel Avigaí Vargas Tirado, uno de los enclaves que tuvo el Ejército en la PGR durante el gobierno de Calderón.
Los militares excarcelados del penal del Altiplano, exigieron castigar a los responsables de la “farsa” que inventó el gobierno para encerrarlos durante más de 11 meses.
A su salida de la cárcel de máxima seguridad, luego de ser exonerados de las acusaciones de delincuencia organizada e ilícitos contra la salud, el general Pérez Ramírez dijo que lo que les hicieron fue “una villanía” y demandó al gobierno de Enrique Peña Nieto “que no deje de castigar a los responsables de todo esto”.Añadió:
“Claro que hay resentimiento -con la anterior administración-por cómo se manejaron las cosas. También lamento que la institución a la que represento se le haya agraviado de esta forma, pero, bueno, ya serán las autoridades las que determinen lo conducente”.
Por su parte, Ricardo Dawe manifestó que a pesar del agravio que sufrió, ahora sólo queda mirar para adelante y esperar a que la PGR investigue y castigue a los responsables de toda esta situación.
“La verdad no me explico, ni idea tengo quién haya sido el responsable de haberme metido en este problema. Espero que las instancias investiguen quién cometió estas anomalías que hubo y que terminaron con este ‘usted disculpe’”, apuntó.
De su lado, Ricardo Escorcia sostuvo que aunque no sabe exactamente quién orquestó todo esta situación que los mantuvo en prisión, imagina que Calderón y la exprocuradora Marisela Morales tuvieron mucho que ver, “porque al final ellos son los que daban las órdenes, o al menos eso es lo que dice la Constitución”.
No obstante, subrayó que no guarda resentimiento contra nadie. “Bien lo dice el Salmo 98 y el 101: la venganza no es mía, la venganza es de Dios. … Claro que tiene que haber justicia, pero esa no lo imparto yo”, dijo.
El teniente coronel Isidro Silvio Hernández Soto no dio declaraciones a su salida de la cárcel, en tanto que el mayor Iván Reyna Muñoz, quien también fue absuelto por el juez, seguirá en prisión, porque si bien quedó sin cargos de tener vínculos con el cártel de los Beltrán Leyva, enfrenta un juicio por extorsión en el estado de Querétaro.
México, D.F., 04 de julio de 2013 DGCS/NI: 25/2013
NOTA
INFORMATIVA
Caso:
Libertad por sobreseimiento a favor de Roberto Dawe González, Ricardo Escorcia
Vargas, Rubén Pérez Ramírez, Silvio Isidro de Jesús Hernández Soto e Iván
Reyna Muñoz.
El
juez Tercero de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales, en el Estado
de México, con residencia en Toluca, Raúl Valerio Ramírez, informa que este
día cuatro de julio de dos mil trece, en conformidad con los artículos 298,
fracción I, 299, 300 y 301, del Código Federal de Procedimientos Penales, se
decretó el sobreseimiento en esta causa penal a favor de Roberto Dawe González,
Ricardo Escorcia Vargas, Silvio Isidro de Jesús Hernández Soto e Iván Reyna
Muñoz, por el delito de delincuencia organizada, previsto por el artículo 2,
fracción I, y sancionado por el diverso 4, fracción I, inciso b), de la Ley
Federal Contra la Delincuencia Organizada, y respecto de Rubén Pérez
Ramírez, por el delito contra la salud en la modalidad de colaborar de
cualquier manera al fomento para posibilitar la ejecución de delitos de esa
naturaleza, previsto y sancionado en el artículo 194, fracción III, con
relación a los diversos 193 y 196, fracción I, del Código Penal Federal.
Por
tanto, se ordenó la absoluta e inmediata libertad de los citados, por cuanto a
dicha causa y delitos se refiere, para lo cual se envió el oficio correspondiente
a la Directora del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno
“Altiplano”, sito en Almoloya de Juárez, Estado de México.
Lo
anterior toda vez que Rodrigo Archundia Barrientos, Subprocurador Especializado
en Investigación de Delincuencia Organizada, de la Procuraduría General de la
República, en cumplimiento al proveído de tres pasado, en conformidad con lo
establecido en el ordinal 295 de la codificación citada, ratificó el escrito
de conclusiones no acusatorias presentado por el fiscal federal, a favor de
Roberto Dawe González, Ricardo Escorcia Vargas, Rubén Pérez Ramírez, Silvio
Isidro de Jesús Hernández Soto e Iván Reyna Muñoz, por los delitos de que
se trata, de manera respectiva.
¨¨¨
Quedan en libertad los generales Dawe, Escorcia y Pérez Ramírez
La PGR entrega al juez las conclusiones no inculpatorias y pone fin a más de 70 días de arraigo y un año 19 días de encarcelamiento; el mayor Reyna enfrenta juicio por extorsión en Querétaro
Nota de Israel Dávila y Gustavo Castillo
Corresponsal y reportero
Periódico La Jornada
Viernes 5 de julio de 2013, p. 7
Luego de más de 70 días de arraigo, y un año y 19 días de encarcelamiento, los generales Ricardo Escorcia, Roberto Dawe y Rubén Pérez Ramírez, así como el teniente coronel Silvio Isidro Hernández Soto, recuperaron su libertad tras ser exonerados de las acusaciones de delincuencia organizada e ilícitos contra la salud, que la Procuraduría General de la República (PGR) les formuló durante la gestión de Marisela Morales.
El mayor Iván Reyna Muñoz también quedó sin cargos de tener vínculos con integrantes o líderes del cártel de los hermanos Beltrán Leyva, pero no fue excarcelado porque enfrenta un juicio por extorsión en el estado de Querétaro, y no tiene derecho a enfrentar su proceso en libertad bajo fianza.
Hasta el cierre de esta edición, los cuatro militares cumplían los últimos requisitos para abandonar el Centro Federal de Readaptación Social número uno, Altiplano, también conocido como Almoloya.
Ayer, a las 18:15 horas, Rodrigo Archundia, encargado de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido), a nombre del procurador Jesús Murillo Karam entregó al juez la ratificación de las conclusiones no inculpatorias, para que todos los militares que fueron detenidos dentro de la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/112/2010 quedaran en libertad, porque los testimonios en los que se sustentó la acusación no fueron corroborados y los testigos protegidos que los inculpaban también mintieron en otros juicios.
La integración de la averiguación respectiva había estado a cargo del ex titular de la Seido, José Cuitláhuac Salinas, y del coronel Abigail Vargas, quien actuó en calidad de Ministerio Público Federal por órdenes de Marisela Morales.
En esta investigación también fue señalado como presunto responsable de proteger las operaciones del cártel Beltrán Leyva el ex subsecretario de la Defensa Nacional Tomás Ángeles Dauahare, quien fue el primero en obtener su libertad en abril pasado.
Desde que se conoció públicamente la investigación, surgieron versiones en círculos militares y políticos sobre que la detención de los militares, y principalmente del general Ángeles Dauahare, se debió a razones políticas para impedir que éste fuera designado titular de Sedena por Enrique Peña Nieto.
Las especies que circularon en instituciones como la PGR y la Sedena, mencionaban que Ángeles Dauahare no debía interponerse a los deseos del entonces secretario Guillermo Galván Galván para que su sucesor fuera un integrante de su grupo, como el general Carlos Demetrio Gaytán Ochoa.
Así, días después de que el ex subsecretario había criticado la política de Felipe Calderón contra las drogas y de combate a los grupos criminales, durante un foro organizado por la Fundación Colosio, comenzaron las detenciones. Entre los días 15 y 18 de mayo de 2012 fueron detenidos los seis militares; a Iván Reyna Muñoz le notificaron su aprehensión en un penal en Querétaro. Los testigos protegidos, uno identificado con el nombre clave de Jennifer (un abogado que servía al cártel de Los Zetas), otro con nombre clave de Pitufo (José Salvador Puga Quintanilla), y Mateo (Sergio Barragán Villarreal, un operador de los Beltrán Leyva), declararon hechos y supuestas reuniones entre narcotraficantes y militares, pero nunca se acreditaron sus acusaciones.
Por esa razón, ayer se ordenó la libertad de los tres generales y el teniente coronel, quienes estuvieron presos en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número uno (Altiplano o Almoloya).
Antes de ser detenido el general Dawe se desempeñaba como jefe de la 20 Zona Militar, con sede en Colima; a su vez, el general Ricardo Escorcia Vargas se encontraba en retiro; entre otros cargos se había desempeñado como jefe de la 24 Zona Militar en Cuernavaca, Morelos, y jefe del Estado Mayor de la tercera Región Militar, con sede en Mazatlán, Sinaloa.
Por su parte, el general Rubén Pérez Ramírez era jefe de la zona militar con sede en la ciudad de Toluca, estado de México, y el teniente coronel Hernández Soto tenía diez años de haber solicitado su baja; en 2008 fue director de la policía ministerial de Sinaloa, y en 2011 titular de la Agencia Veracruzana de Investigación. El mayor Reyna Muñoz se desempeñó como subjefe del Estado Mayor del la 24 Zona Militar con sede en Cuernavaca, en 2003.
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El Juez Valerio Ramírez:
Quedan en libertad los generales Dawe, Escorcia y Pérez Ramírez
La PGR entrega al juez las conclusiones no inculpatorias y pone fin a más de 70 días de arraigo y un año 19 días de encarcelamiento; el mayor Reyna enfrenta juicio por extorsión en Querétaro
Nota de Israel Dávila y Gustavo Castillo
Corresponsal y reportero
Periódico La Jornada
Viernes 5 de julio de 2013, p. 7
Luego de más de 70 días de arraigo, y un año y 19 días de encarcelamiento, los generales Ricardo Escorcia, Roberto Dawe y Rubén Pérez Ramírez, así como el teniente coronel Silvio Isidro Hernández Soto, recuperaron su libertad tras ser exonerados de las acusaciones de delincuencia organizada e ilícitos contra la salud, que la Procuraduría General de la República (PGR) les formuló durante la gestión de Marisela Morales.
El mayor Iván Reyna Muñoz también quedó sin cargos de tener vínculos con integrantes o líderes del cártel de los hermanos Beltrán Leyva, pero no fue excarcelado porque enfrenta un juicio por extorsión en el estado de Querétaro, y no tiene derecho a enfrentar su proceso en libertad bajo fianza.
Hasta el cierre de esta edición, los cuatro militares cumplían los últimos requisitos para abandonar el Centro Federal de Readaptación Social número uno, Altiplano, también conocido como Almoloya.
Ayer, a las 18:15 horas, Rodrigo Archundia, encargado de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido), a nombre del procurador Jesús Murillo Karam entregó al juez la ratificación de las conclusiones no inculpatorias, para que todos los militares que fueron detenidos dentro de la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/112/2010 quedaran en libertad, porque los testimonios en los que se sustentó la acusación no fueron corroborados y los testigos protegidos que los inculpaban también mintieron en otros juicios.
La integración de la averiguación respectiva había estado a cargo del ex titular de la Seido, José Cuitláhuac Salinas, y del coronel Abigail Vargas, quien actuó en calidad de Ministerio Público Federal por órdenes de Marisela Morales.
En esta investigación también fue señalado como presunto responsable de proteger las operaciones del cártel Beltrán Leyva el ex subsecretario de la Defensa Nacional Tomás Ángeles Dauahare, quien fue el primero en obtener su libertad en abril pasado.
Desde que se conoció públicamente la investigación, surgieron versiones en círculos militares y políticos sobre que la detención de los militares, y principalmente del general Ángeles Dauahare, se debió a razones políticas para impedir que éste fuera designado titular de Sedena por Enrique Peña Nieto.
Las especies que circularon en instituciones como la PGR y la Sedena, mencionaban que Ángeles Dauahare no debía interponerse a los deseos del entonces secretario Guillermo Galván Galván para que su sucesor fuera un integrante de su grupo, como el general Carlos Demetrio Gaytán Ochoa.
Así, días después de que el ex subsecretario había criticado la política de Felipe Calderón contra las drogas y de combate a los grupos criminales, durante un foro organizado por la Fundación Colosio, comenzaron las detenciones. Entre los días 15 y 18 de mayo de 2012 fueron detenidos los seis militares; a Iván Reyna Muñoz le notificaron su aprehensión en un penal en Querétaro. Los testigos protegidos, uno identificado con el nombre clave de Jennifer (un abogado que servía al cártel de Los Zetas), otro con nombre clave de Pitufo (José Salvador Puga Quintanilla), y Mateo (Sergio Barragán Villarreal, un operador de los Beltrán Leyva), declararon hechos y supuestas reuniones entre narcotraficantes y militares, pero nunca se acreditaron sus acusaciones.
Por esa razón, ayer se ordenó la libertad de los tres generales y el teniente coronel, quienes estuvieron presos en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número uno (Altiplano o Almoloya).
Antes de ser detenido el general Dawe se desempeñaba como jefe de la 20 Zona Militar, con sede en Colima; a su vez, el general Ricardo Escorcia Vargas se encontraba en retiro; entre otros cargos se había desempeñado como jefe de la 24 Zona Militar en Cuernavaca, Morelos, y jefe del Estado Mayor de la tercera Región Militar, con sede en Mazatlán, Sinaloa.
Por su parte, el general Rubén Pérez Ramírez era jefe de la zona militar con sede en la ciudad de Toluca, estado de México, y el teniente coronel Hernández Soto tenía diez años de haber solicitado su baja; en 2008 fue director de la policía ministerial de Sinaloa, y en 2011 titular de la Agencia Veracruzana de Investigación. El mayor Reyna Muñoz se desempeñó como subjefe del Estado Mayor del la 24 Zona Militar con sede en Cuernavaca, en 2003.
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El Juez Valerio Ramírez:
Juez Raúl Valerio Ramírez, perfil.
Nació en Los Reyes la Paz, Estado
de México.
Es licenciado en Derecho en la
Escuela Nacional de Estudios Profesionales Aragón de la UNAM, se titulo
en 1994 con la tesis: "Estudio Comparativo Entre las Calificativas de
Alevosía y Ventaja en el Homicidio";
Cargos desempeñados dentro del
Poder Judicial: Oficial Judicial, Secretario de Juzgado en el III de
Distrito en Sinaloa; en Sexto de Distrito en Materia Penal en el DF; Secretario
de varios Tribunal Unitario en Materia Penal y Juez Tercero de Distrito en
Materia de Procesos Penales Federales en el Estado de México, cargo que ocupa
desde agosto de 2009.
Fue designado bajo un concurso
interno de oposición, DOF 06/02/2009.
Fuente: CJF
http://fredalvarez.blogspot.mx/2012/08/ordena-juez-valerio-ramirez-prision.html
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