Se llaman Los Zetas y aquí
están/Ricardo Ravelo
Publicado en Proceso No. 1595, 27//05/ 2007
Según información de la
Procuraduría General de la República, la incorporación de militares bien
entrenados a las filas del narcotráfico se inició al final de los años noventa.
A esa época, que coincide con el principio de la militarización de la lucha
contra el narco, se remonta el origen del grupo armado más temible de los
cárteles de la droga: Los Zetas, quienes ya convirtieron al país en su campo de
batalla.
Lo llaman el “ejército del
narco” y cada vez ocupa mayores territorios del país.
Con nuevos refuerzos,
dotados de un armamento sofisticado y cada vez más violentos, Los Zetas –de
acuerdo con información de la Procuraduría General de la República (PGR) y de
la Secretaría de Seguridad Pública– están en todas partes: en los aeropuertos,
aduanas, puertos, el campo…
Mantienen bajo amenaza,
además, a presidentes municipales, empresarios y autoridades ejidales de
diversos estados.
Estas eran sólo versiones
periodísticas hasta el jueves 24 pasado, cuando Eduardo Medina Mora,
titular de la PGR, las confirmó en una reunión con diputados federales. Reconoció
que existen zonas de la República en donde el gobierno ha perdido el control y
están bajo el dominio del narcotráfico.
Medina Mora se refería a
municipios y demarcaciones de estados del norte, como Nuevo León y
Tamaulipas, entre otros. Ahí, Los Zetas y grupos rivales del cártel
de Sinaloa han impuesto su poder en amplios territorios. Lo mismo secuestran a
empresarios que extorsionan a comerciantes, dueños de prostíbulos, bares, cantinas
y otros “giros negros”.
El procurador federal fue
claro al reconocer el avasallante dominio del narco en buena parte del país:
“Hay cierta pérdida de elementos centrales de la potestad del Estado” en
algunas zonas, donde las organizaciones criminales realizan “una toma de
control de cuerpos policiacos, a quienes corrompen” y con ello, dijo, “nos
arrebatan a nuestros policías”.
Ante la evidente
infiltración de los cuerpos policiacos, Medina Mora justificó la presencia del
Ejército en tareas de patrullaje y control. Es prioridad del gobierno, expresó,
usar todos los elementos a su alcance para recuperar la tranquilidad de los
ciudadanos y constituir paralelamente a la policía federal “como una instancia
realmente nacional en términos de su despliegue, y reconstruir a las policías o
a los cuerpos de seguridad que están afectados por esta competencia o
sustracción en el monopolio del uso de la fuerza que hacen las organizaciones
criminales”.
En otro momento, Medina
Mora expuso un planteamiento similar al del secretario de Gobernación,
Francisco Ramírez Acuña, quien soltó –sin medir el impacto social– que “habrá
más muertos”, en clara referencia a la violencia desatada por el narcotráfico,
pues dijo que la batalla “apenas empieza y será por seis años”. En ese tono,
Medina Mora les dijo a los diputados que habrá más droga en México: “La droga
va a estar ahí, frente (a nuestros hijos), y eso no sólo se evita con valores
–subrayó– sino con una estrategia de autodefensa”.
El procurador también les
aseguró a los diputados que el despliegue del Ejército sería temporal, pero ese
mismo día, desde Gómez Palacio, Durango, el presidente Felipe Calderón lo
contradijo sin miramientos: anunció que las tropas combatirán al narco de
manera permanente.
Militares contra militares
La historia de Los Zetas
comenzó entre 1997 y 1999, cuando el presidente Ernesto Zedillo echó mano de
las Fuerzas Armadas para reforzar la lucha contra el narcotráfico. El
encarcelamiento del general Jesús Gutiérrez Rebollo –cómplice de Amado Carrillo
Fuentes– y el escándalo de la presunta negociación del cártel de Juárez con el
gobierno y con el Ejército pusieron en evidencia el grado de penetración del
narco en la cúpula del poder.
El gobierno federal puso en
marcha el Sistema Nacional de Seguridad Pública, reforzó a las corporaciones
policiacas con militares y la PGR afianzó momentáneamente zonas estratégicas,
sobre todo en las fronteras, con militares de alto rango que salieron de la
Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y se incorporaron a las delegaciones
de la PGR. Así empezaba la militarización de las tareas policiacas.
Paralelamente, el capo
Osiel Cárdenas Guillén urdía en Tamaulipas –principal asiento del cártel del
Golfo– un plan criminal que más tarde se convertiría en la pesadilla sexenal:
el reclutamiento de militares para servir al narco.
–Quiero a los mejores
hombres, a los mejores… –le dijo Osiel Cárdenas a Arturo Guzmán Decenas, Z1, uno
de los fundadores del grupo armado– cuando el capo terminaba de construir su
obra criminal: el cártel del Golfo.
–¿Qué tipo de gente necesitas? –inquirió Guzmán.
–A lo mejores hombres
armados…
–Esos sólo están en el
Ejército –respondió el Z1.
–Los quiero –ordenó Cárdenas Guillén.
Lo anterior es parte de la
película que, con el paso de los años, ha ido armando la PGR sobre la forma
como el cártel del Golfo reclutó a la primera generación de zetas –la mayoría
exmiembros del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales, GAFE– cuando el Ejército
Mexicano fue enviado a dar su apoyo a la lucha contra el narcotráfico.
Según los antecedentes
históricos registrados por la PGR, una buena cantidad de Gafes, entrenados al
más alto nivel del Ejército, pasaron a formar parte de la Fiscalía
Especializada para la Atención de Delitos contra la Salud (FEADS), creada
después de que el general Gutiérrez Rebollo fue encarcelado por servir al
cártel de Juárez.
Entre 1997 y 1999 la PGR,
entonces encabezada por Jorge Madrazo Cuéllar, comenzó a colocar a generales y
coroneles como delegados de la PGR en las zonas fronterizas. Tiempo después, y
como parte de la militarización de las tareas policiacas, el Ejército envió a
los Gafes, uno de sus grupos más dotados y mejor preparados, para apoyar la
lucha contra el narcotráfico. Aquel equipo especial se incorporó a la FEADS.
Como parte del plan de
incorporar a sus filas el paramilitarismo, el cártel del Golfo comenzó a
“cortejar” al grupo de militares, quienes poco a poco comenzaron a desertar de
las filas del Ejército. Durante algún tiempo, muchos de esos soldados se
perdieron en el anonimato, aunque más tarde salieron a la luz pública con el
nombre de Los Zetas, convertidos en el escudo protector del cártel del Golfo y
de su líder Osiel Cárdenas.
Según los informes de la
PGR, los primeros contactos del capo para coptar a los militares fueron los
tenientes Antonio Quevedo –exmiembro del 21 Regimiento de Caballería de
Nuevo Laredo, Tamaulipas–; Arturo Guzmán Decenas, El Z1, quien fue
asesinado el 21 de noviembre de 2002; y Óscar Guerrero Silva, El Winnie
Pooh, exmiembro del Agrupamiento de Servicios Generales del Estado Mayor de
la Secretaría de la Defensa Nacional, asesinado el 1 de febrero de 2001 en
Nuevo León.
Ya involucrados en el
cártel, estos personajes comenzaron a reclutar, uno por uno, al equipo que la
Sedena había enviado a la FEADS para reforzar la lucha contra el narcotráfico.
Mediante ese frío cálculo y los “cañonazos” de miles de dólares, decenas de
militares empezaron a abandonar las filas del Ejército: algunos simplemente
desertaron y desaparecieron, en tanto que otros se incorporaron, como fieles
soldados, al servicio del narcotráfico.
Al cabo de poco tiempo,
alrededor de 40 militares de todas las jerarquías –tenientes y capitanes, entre
ellos– pasaron a formar parte de las filas del cártel, su nueva empresa.
Protegido por ese cinturón de seguridad, Osiel Cárdenas se erigió como amo y
señor del narcotráfico en el Golfo de México. Aquel selecto equipo le brindaba
protección y, adicionalmente, lo mantenía informado de los movimientos de las
tropas del Ejército.
En el campo de batalla
empezaron a enfrentarse militares contra militares.
En 2003, cuando Los Zetas
ya se hacían presentes por sus actividades violentas, la PGR difundió la lista
de sus integrantes. Algunos nombres: Mateo Díaz López, El Comandante Mateo;
Sergio Enrique Ruiz Tlapanco, Tlapa; Lucio Hernández Lechuga, Lucky; Braulio
Arellano Domínguez, El Gonzo; Isidro Lara Flores, El Colchón; Ismael Flotes
Téllez; Fernando López Trejo; Ismael Marino Ortega Galicia; Carlos Vera Calva;
Ramón Ulises Carvajal Reyes, El Piojo; Alejandro Pérez Mancilla; Rubén
Alejandro Valenzuela Zúñiga; Armando Flores Arreola; Arturo Muro González;
Ernesto Zataráin Beliz, El Traca; José Ramón Dávila Cano, El Cholo, y
Prisciliano Ibarra Yépez.
Actualmente muchos miembros
de la vieja guardia de Los Zetas han muerto o están encarcelados. Pero el grupo
no está exterminado, aunque el exprocurador general de la República, Daniel
Cabeza de Vaca, se refirió a este ejército como una organización extinta.
Incluso desestimó el poder de Los Zetas. En octubre de 2006, por ejemplo, dijo:
“La capacidad de fuego de Los Zetas no es tanta… El problema es cuando se
potencian con la complicidad de las autoridades locales. Lo que los hace
fuertes es la protección de los grupos policiacos, no en sí la capacidad de
fuego”, aseveró, aunque luego reconoció que contaban incluso con bazucas.
No sólo eso: durante un
foro organizado en el periódico El Universal, el actual secretario de
Seguridad Pública, Genaro García Luna, minimizó el poderío de Los Zetas, a los
que calificó como un puñado de ignorantes e iletrados. Esta posición no
coincide con lo que apenas en enero de 2006 asumía respecto de ellos la PGR:
que el cuerpo protector del cártel del Golfo se había reforzado aún más con la
incorporación de kaibiles, en su mayoría desertores del ejército de Guatemala,
quienes pusieron de moda la decapitación de los rivales.
La PGR considera que aunque
Los Zetas han perdido a muchos de sus integrantes, aún tienen mucho poder.
Según los informes consultados, le siguen la pista al menos a 27 de sus
cabecillas, entre otros a su líder, Heriberto Lazcano, conocido como Lazca o
Verdugo (clave Z-3).
El exgafe Lazcano, según la
PGR, disputa el liderazgo del cártel del Golfo con Eduardo Costilla, El Cos.
Ambos desean dominar las plazas de Veracruz y zonas del sureste. El vacío de
poder de Los Zetas, al menos en ese territorio, fue evidente tras la captura de
Mateo Díaz López, El Comandante Mateo. Según José Patiño Arias, subsecretario
de Política Criminal de la Secretaría de Seguridad Pública, la rivalidad que
surgió tras esa captura es la causa de la mayoría de las ejecuciones en esa
zona de la República.
A pesar de la extradición
de Osiel Cárdenas a Estados Unidos y otras bajas importantes, el cártel del
Golfo mantiene un gran poder. En su estructura siguen Ceferino Peña Cuéllar,
Don Cefe; Rafael Cárdenas Vela, El Junior (sobrino de
Osiel) y Javier Solís Garduza, El Loro Huasteco.
En su lista más reciente,
de mayo de este año, la PGR establece que las fuerzas federales rastrean a
otros zetas: Juan Carlos de la Cruz Reyna, El JC Tango (clave Z-36), quien
también es buscado –de acuerdo con la información oficial– por el Departamento
de Justicia de Estados Unidos.
En el listado de la PGR
también figuran Carlos Vera Calva, El Vera (clave Z-7); Jesús Enrique Rejón
Aguilar, El Mamito (clave Z-8); Cruz Galindo Mellado, El Mellado (clave Z-9);
Luis Reyes Enríquez, El Rey, Rex o King (clave Z-12); Gustavo López Castro
(clave Z-13); Raúl Lucio Hernández Lechuga, Luki (clave Z-16); Gonzalo Geresano
Escribano, El Cuije (clave Z-18); Braulio Arellano Domínguez, El Gonzo (clave
Z-20), y Javier Almazán Baldera, El Javi (clave Z-24).
En abril pasado, la PGR
detuvo a tres miembros del cártel del Golfo afincados en varios estados, entre
ellos Nuevo León. Se trata de Eleazar Medina Rojas, El Chelelo; Nabor
Vargas García, El Débora, y Juan Carlos Garza Azuara, El
Barbas.
Según informes de la PGR,
Los Zetas tienen bajo dominio la mayor parte del territorio de Tamaulipas y
Nuevo León. En la primera entidad, su ley se impone en Valle Hermoso,
Matamoros, Miguel Alemán, Díaz Ordaz, Camargo, Laredo y Ciudad Mier.
En Nuevo León –plaza que
disputan con el cártel de Sinaloa– dominan Montemorelos (en donde tienen casas
de seguridad), Cadereyta, China, Los Herrera, Linares, Cerralvo, Sabina, Villa
Aldama, Lampazos y Anáhuac.
Según datos de
inteligencia, en estos pueblos es común ver cómo Los Zetas cobran derechos de
piso a sus rivales, secuestran y extorsionan a empresarios y exigen cuotas a
los que regentean giros negros, como burdeles y bares. También ejercen su poder
sobre las autoridades municipales y tienen el apoyo de sus más fieles aliados:
las corporaciones policiacas, lo que los convierte en una fuerza potenciada con
una poderosa capacidad de fuego.
Deserción militar
La grave situación
económica que enfrentan –bajos sueldos, pobres prestaciones y falta de
estímulos– es la principal causa de que el Ejército Mexicano enfrente una
crisis interna que se refleja en la constante deserción de sus efectivos. Según
datos oficiales, de 2001 a noviembre de 1996 desertaron del Ejército 99 mil 767
militares, es decir, unos 46 elementos abandonaron la milicia cada día.
Hasta enero de este año, la
Secretaría de la Defensa Nacional sólo disponía de 66 mil 549 plazas para
soldados, con un sueldo de 3 mil 865 pesos al mes. Según datos extraoficiales,
en seis años el Ejército renovó buena parte de su plantilla en dos ocasiones.
En una entrevista publicada
por el periódico Reforma el 29 de enero pasado, el general de División
retirado Luis Garfias dijo que el problema de las deserciones en el
Ejército es grave desde hace varios años, pues “hubo un tiempo en que el
Ejército se reconstituía hasta tres veces (en sus tropas) porque toda la gente
se iba”. Según Garfias, “el problema es que habiendo cifras tan altas sobre
deserción y siendo un delito, no hay nadie en las prisiones por eso”.
La Sedena atribuye las
renuncias de los militares a la desobediencia o a una vocación desviada. Lo
cierto es que, hasta ahora, no se cuenta con datos precisos de adónde van
los soldados que desertan del Ejército.
En las páginas que publican bolsas de trabajo en
periódicos de provincia –sobre todo en el norte del país– es frecuente ver
avisos, no siempre destacados, como este: “¿Necesitas trabajo? ¿Eres
exmilitar? Llama a este número telefónico”. Al poco tiempo, los anuncios
desaparecen. Las autoridades federales sospechan que esta podría ser una forma
en que Los Zetas u otros grupos del crimen organizado reclutan a exmilitares
para incorporarlos al narcotráfico
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