21 oct 2014

Debate en el Senado sobre la desaparición de poderes en Guerrero…pendiente

Sesión Ordinaria de la  H. Cámara de Senadores, martes 21 de octubre de 2014
-EL C. PRESIDENTE SÁNCHEZ JIMÉNEZ: 
Compañeras y compañeros senadores.
Informo a ustedes que recibimos de la Mesa Directiva un acuerdo de la Comisión de Gobernación.
Consulte la secretaría a la asamblea económica si autoriza que el asunto se incorpore a la agenda de este día para su trámite.
-LA C. SECRETARIA PALAFOX GUTIÉRREZ: Consulto a la asamblea, en votación económica, si autoriza que se integre a los asuntos de hoy el acuerdo referido por la presidencia.
Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.
Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.
Sí se autoriza su incorporación, señor presidente.
-EL C. PRESIDENTE SÁNCHEZ JIMÉNEZ: Gracias. Se concede entonces el uso de la palabra a la senadora Cristina Díaz Salazar, presidenta de la Comisión de Gobernación, para presentar el acuerdo que se acaba de anunciar.
-LA C. SENADORA MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR: Muchas gracias, señor presidente.
La lectura que vamos a dar en estos momentos deriva del receso que tuvimos hoy en la mañana y que este receso llega a una conclusión de un acuerdo muy importante en la que todos los grupos parlamentarios que integran esta comisión y que están representados hemos considerado procesar con el propósito de darnos un mayor tiempo en el análisis.
Si me permiten, voy a dar lectura al siguiente acuerdo de la comisión.

Primero.- Los integrantes de la Comisión, consideramos que la realidad política y social que se vive en el Estado de Guerrero, es en todo momento inaceptable y expresamos enérgicamente que en el ámbito de sus responsabilidades corresponde a las autoridades llevar a cabo las acciones que sean necesarias para esclarecer los hechos, así como para encontrar a los desaparecidos.
 En ese orden de ideas, en el Estado de Guerrero, podemos observar que las circunstancias particularmente graves de inseguridad, aunadas a la debilidad institucional y la ausencia de las autoridades locales, han hecho necesaria una intervención contundente de las fuerzas federales.
Los lamentables acontecimientos de Iguala, así como la incapacidad de las autoridades locales para dar respuesta a la inconformidad social que estos hechos han desencadenado, son sólo una muestra más de la falta de capacidad institucional para conducir de manera adecuada el gobierno de esa entidad.
Sin embargo, ha resultado evidente la falta de atención a las mismas que se refleja en el agravamiento de las condiciones de inseguridad en dicha entidad.
Al Senado de la República en su papel de garante del Pacto Federal, la Constitución le asigna atribuciones en materia política que le permiten participar en diversos grados de la solución de los asuntos internos de los estados en aquellos casos en que se pone en riesgo la estabilidad y la paz social.
Así pues, la Constitución en su artículo 76, fracción V, confiere al Senado la atribución de declarar cuando hayan desaparecido los poderes de un Estado.
Esta figura muestra la situación de que si bien existe un pacto federal que respeta la autonomía de los estados, el Senado, en representación de la federación, cuenta con mecanismos para intervenir y solucionar determinados conflictos internos a nivel estatal para el adecuado funcionamiento y garantía de la estabilidad nacional.
El Senado de la República no puede imponer una situación jurídica a la entidad, sino que únicamente toma conocimiento de una situación de hecho preexistente con la finalidad de tomar las medidas que la propia Constitución prevé para permitir al Estado volver a la normalidad institucional a la brevedad posible.
Con relación a la solicitud de declaración de desaparición de poderes en el Estado de Guerrero, presentada por los senadores del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, esta sólo hace referencia a situaciones que tienden a probar de manera genérica la presunta ausencia de estado de derecho sin vincular esta situación a la acción u omisión de la autoridad.
Por otra parte, se hace referencia únicamente a hechos u omisiones presuntamente atribuibles al Poder Ejecutivo del Estado, en tanto que la declaración de desaparición de poderes también tendría efectos sobre los 46 diputados locales y magistrados que integran el pleno del Tribunal Superior de Justicia.
En este sentido, el papel del Senado de la República, en ejercicio de la atribución que le confiere la fracción V del artículo 76 constitucional, se constriñe al tomar conocimiento de hecho de la desaparición de poderes y hacer la declaración respectiva para proceder a designar un gobernador provisional y convocar  a elecciones en los términos dispuestos por la ley reglamentaria, esto es, de ninguna manera la resolución del Senado tiene carácter constitutivo sino solamente declarativo, no es el Senado el que desaparece los poderes de un Estado, sino que únicamente toma conocimiento de esa situación a fin de coadyuvar a que el Estado vuelva a su normalidad.
 Segunda. Si bien esta Comisión Dictaminadora se ha hecho llegar de documentales públicos a fin de poder determinar a los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial del Estado de Guerrero, se encuentran integrados y en ejercicio de sus funciones constitucionales, así como de los hechos que han generado la intranquilidad presente a esta entidad federativa no fueron causados o propiciados por cualquiera de ellos y mucho menos por los tres en su conjunto.
No obstante lo anterior, los integrantes de la Comisión consideramos que ante la realidad política y social que se vive en el Estado de Guerrero, es necesario hacer una revisión, in situ, para constar que la información con la que ya cuenta y que deriva del análisis doctrinal, así como de la revisión técnica sobre los informes y documentos públicos enviados por los titulares de los poderes Legislativo y Judicial, de la entidad, son de todo ciertos, adicionalmente que el sentir de sus habitantes sobre el mismo, así lo es también.
 El Senado de la República es un órgano representativo con raigambre e identidad federalista, que constituye ante todo un órgano político entendido como un espacio con facultades de deliberación legislativa, de control de la  gestión política y jurisdiccionales en casos específicos, integrado pluralmente para contribuir a dar cauce a la convivencia social armónica tutelada por la ley.
 Al expresar la naturaleza política del Senado de la República debemos reconocer que es en esa naturaleza que la Constitución le otorga la facultad de constatar que han desaparecido los poderes de un Estado y declarar que es llegado el caso de nombrar a un gobernador provisional, que reconstruya las instituciones constitucionales, el ejercicio de esa facultad debe apegarse estrictamente al orden constitucional, y en ello entraña una análisis objetivo y puntual de los hechos, las conductas y los supuestos legales para formular la resolución correspondiente.
 Se trata de una función política otorgada y normada por el orden constitucional que exige y reclama una aplicación escrupulosa, objetiva e imparcial.
 Tercero.  Por lo descrito e informado por los titulares de los órganos Legislativo y Judicial del Estado, se desprende que las instituciones de la entidad no han visto vulnerada su integridad y el ejercicio ordinario de sus funciones, ni se encuentran sus integrantes imposibilitados para cumplir plenamente las facultades propias de su encargo.
 Sin embargo, es importante resaltar que esta Comisión Dictaminadora debe hacerse llegar de mayores elementos válidos para constatar que los poderes del Estado de Guerrero existen y funcionan adecuadamente de manera que los acontecimientos hoy vividos en la entidad no han sido perpetrados por estos ni los hechos, lo relaciona en la responsabilidad civil, patrimonial, administrativa, financiera, penal y política.
 Por ello este acuerdo se deriva de lo siguiente: '

Primero. Se solicita al Pleno del Senado ampliar el plazo para que la Comisión de Gobernación conozca y resuelva sobre las causas para realizar la declaratoria a que se refiere la fracción quinta, del artículo 76 constitucional, turnada el jueves 16 de octubre, a más tardar el día 30 de octubre del 2014.
 Segundo. Se solicita al pleno del Senado ampliar las facultades del grupo plural formado mediante acuerdo del día 9 de octubre el año en curso, para que realice las actuaciones pertinentes tanto en la ciudad de México como en el Estado de Guerrero, cotejar la información documental enviada por los titulares de los órganos Legislativo y Judicial de la entidad, así como para verificar el ejercicio y funcionamiento de los poderes públicos en Guerreo.
 Senado de la República, a los días 20 del mes del presente de este año 2014.
 Este es  el acuerdo, señor presidente, que entregamos por parte de la Comisión. (Aplausos).
 EL C. PRESIDENTE SANCHEZ JIMÉNEZ: Muchas gracias, senadora Díaz.  Informo a la asamblea que en consideración a la hora y el tiempo que lleva transcurrida la sesión, hay un acuerdo por parte de los coordinadores de los grupos parlamentarios, para que exista una ronda de posicionamientos de las fracciones parlamentarias e inmediatamente después someter el asunto a votación y realizar en la próxima sesión una amplia discusión para permitir las exposiciones de todos los interesados.
 Para referirse a este asunto, los grupos parlamentarios intervendrán en orden decreciente por un tiempo de diez minutos cada uno.
 En consecuencia, tiene el uso de la tribuna el senador Arturo Zamora Jiménez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hasta por diez minutos.
 -EL C. SENADOR ARTURO ZAMORA JIMÉNEZ: Muchas gracias, señor presidente. Con su venia. Compañeros senadores, el asunto que ventilamos el día de hoy es de la mayor importancia para los guerrerenses, para el país 
entero y la opinión pública internacional.
Lo que hoy se discute no son solamente las acciones u omisiones que derivaron en los lamentables hechos acontecidos en Iguala el 26 de septiembre pasado, sino las medidas que deben adoptarse para que los habitantes de dicha entidad puedan regresar a su vida normal.
 Estos hechos son el producto de un conjunto de omisiones institucionales por parte de autoridades del Estado de Guerrero en el ámbito municipal y del Poder Ejecutivo Estatal, que propiciaron el sistemático daño a la vida, la propiedad y las libertades de los guerrerenses.
 El fallecimiento de tres, y la desaparición de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa es producto de la falta de garantías del gobierno de Guerrero para proteger sus derechos, de asociación, de expresión, de ideas, de libre tránsito, integridad personal y el derecho fundamental a la vida que tienen todos los ciudadanos.
 Las circunstancias particularmente graves de inseguridad, aunadas a la debilidad institucional y la ausencia de las autoridades locales, han ocasionado un  estado de ingobernabilidad que recientemente hizo necesaria la intervención contundente de las fuerzas federales en el Estado de Guerrero.
 Cabe recordar que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a través de un informe especial le advirtió de esta situación, en diciembre del año 2013, al gobernador del Estado, a los presidentes municipales, al Procurador de Justicia de esa entidad,  y al responsable de la seguridad pública, emitiendo una serie de recomendaciones que el gobernador, y ninguna de las otras autoridades han contestado.
 Entre otros señalamientos la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha señalado que en el Estado de Guerrero prevalece un sistema de inseguridad pública que es completamente ineficiente a pesar del incremento sustancial del 96 por ciento en los recursos destinados a esa entidad federativa, aportados por la Federación recientemente.
 La Comisión Nacional de los Derechos Humanos pidió al gobernador Ángel Aguirre recobrar las funciones de seguridad pública y garantizar la paz y el orden público para abonar a la plena vigencia del Estado de Derecho en las comunidades y municipios de dicha entidad federativa.
 El señor Gobernador Ángel Aguirre Rivero, menosprecio el diagnóstico de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y con ello permitió que la corrupción y la impunidad continuaran siendo la constante  en municipios como el de Iguala, por lo que es necesario que pondere el Gobernador dejar el cargo para que se recupere la confianza y el tejido social.
  Existen claros motivos para determinar que el Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero ha omitido el cumplimiento de sus funciones constitucionales y legales ocasionando con ello un vacío de poder en esa entidad.
 Por eso reprobamos profundamente las omisiones  irresponsables en que ha caído el Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero y sostenemos que no hay posibilidad alguna de que avancemos en la solución racional en tanto él permanezca en el cargo.
 El acuerdo que el día de hoy se discute no desconoce ni justifica las graves omisiones en que ha incurrido el Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero, y sí por el contrario deja patente el grave estado de ingobernabilidad en que se encuentra asumida esa entidad de la cual  es principalmente responsable el Ejecutivo Estatal y por lo cual consideramos  que debe asumir su responsabilidad separándose voluntariamente de su cargo.
   Es indudable que en esa entidad se padece una crisis de derechos humanos por el desdén que el Ejecutivo Aguirre ha tenido no sólo a la Constitución, sino a todas las leyes.
 Los senadores del Grupo Parlamentario del PRI  no soslayamos la magnitud de los hechos y por ellos nos parece  fundamental  que todas las decisiones y acciones que tome el Senado de la República se den en un marco de legalidad y transparencia frente a la sociedad.
 Por ello apoyamos ampliamente  la definición tomada por los integrantes de la Comisión de Gobernación y a nombre de mi grupo Parlamentario también solicitamos omitir en el documento correspondiente las consideraciones y ponderaciones relativas al inicio  del procedimiento y la parte sustancial del procedimiento que seguramente serán elementos que se estarán valorando en su momento.
 En esa misma lógica los senadores del Grupo Parlamentario del PRI extendemos una respetuosa invitación al Gobernador del Estado de Guerrero, para que con responsabilidad y compromiso reflexione de lo que es más conveniente para su estado, para que con amplia sensibilidad valore que es mejor para los guerrerenses que para que en función de ello pondere y considere presentar formalmente  su renuncia al cargo en los términos del artículo 80 de la Constitución Política del Estado de Guerrero.
  Por tal motivo, solicitamos, señores senadores, su voto a  favor del acuerdo que presenta la Comisión de Gobernación al tiempo   que de forma unánime invitamos a todos los grupos parlamentarios a declarar que  deploramos profundamente la actuación  del Ejecutivo Estatal y lo invitamos a que  en un acto de responsabilidad política considere  seriamente presentar su renuncia al cargo para contribuir de esta manera al restablecimiento de la paz social en el Estado de Guerrero.
        Es cuanto, señor Presidente.
        -EL C. PRESDIENTE SÁNCHEZ JIMÉNEZ: Gracias Senador Zamora.
        Tiene ahora el uso de la tribuna el Senador Héctor Larios Córdova del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional hasta por diez minutos.
         -EL C. SENADOR HÉCTOR LARIOS CÓRDOVA: Gracias Presidente.
        Con su permiso.
         En primer lugar, quisiera decir a nombre propio, y creo que a nombre del Grupo Parlamentario de Senadores del PAN que suscribimos casi en su integridad las afirmaciones que ha hecho aquí  el representante del PRI.
        Después de esta intervención, de la argumentación, de la intervención, creo yo que si no se presenta esa denuncia  y llegamos al extremo de tener que decidir la próxima semana que es el objeto de este acuerdo a más tardar el  30 jueves, la desaparición de poderes, creo que después de esta intervención queda claro que el PRI cuando menos por los argumentos aquí expuestos votará a favor.
        Primeramente quisiera poner en contexto, porque también debo lamentar una primera intervención que hace una serie de valoraciones que no tiene que ver con lo que vamos a votar ahorita.
        Qué vamos a votar ahorita, básicamente a raíz de los acontecimientos del 26 de septiembre, pero a raíz de muchísimos elementos anteriores que se presentan en el Estado de Guerrero, el Grupo Parlamentario de Senadores del PAN presentó el pasado 15 de octubre, miércoles, una solicitud de desaparición de poderes que es una facultad que la Constitución establece en el artículo 76 que son las facultades exclusivas del Senado en su fracción V la posibilidad de desaparecer los poderes de un estado.
        Nosotros presentamos esa iniciativa el 15 y  el Senado en su pleno el día 16, jueves aceptó el inicio, votó y aceptó el inicio de este procedimiento.
        Sin embargo se buscaba que el día de hoy se definiera en un dictamen exclusivamente a partir de una investigación, una  sustentación documental que consistía en solicitarles a los titulares del Poder Legislativo del Estado de Guerrero y del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guerrero que informaran al Senado, a la Comisión de Gobernación si existía  o no el funcionamiento de esos poderes a su cargo.
        No solamente contestaron en el caso de la Presidenta de la Cámara de Diputados Local contestó con abundancia de información de datos de las sesiones que han tenido, de la asistencia de qué diputados asistieron a cada uno de los acuerdos que tomaron y lo mismo en el caso un poquito más, en el caso del Supremo Tribunal, su Presidenta, también, también ambas se apersonaran aquí, una de ellas  ayer entiendo que a las 8:00 de la noche y otra hoy a las 8:00 de la mañana.
        Bueno, esa fue la fundamentación que hacía el dictamen.
        A partir de esos elementos de información   se establecía el dictamen.
        El PAN solicitó de manera expresa hoy en la mañana que estando, existiendo una Ley Reglamentaria   que se hizo en diciembre del 78, esa fracción y que esta Ley solamente ha tenido un precedente de aplicación  que fue en el 2006 cuando el Senado de la República revisó y analizó la posibilidad de desaparecer los poderes del Estado de Oaxaca y resolvió que había todas las condiciones para desaparecer pero que no era políticamente procedente, que tomáramos ese precedente cuando menos hiciéramos una valoración mucho más a fondo y no a partir de dos comunicaciones de los propios interesados.
        Y esto es sumamente importante, desparecer los poderes de un estado  no es una cosa menor, es una cosa, es un asunto de enorme trascendencia en el país, no puede resolverse sobre la rodilla la no desaparición o la desaparición.
        Y para eso tenemos un  precedente en el 2006, de integrar una Comisión Investigadora, el Senado integró una Comisión Plural, pero para revisar el  caso de los normalistas que fueron agredidos y desaparecidos 43 de ellos en las inmediaciones de Iguala el 26 de septiembre.
        Y entonces la resolución que se va a votar ahorita tiene una primera consideración, darle un plazo  al Senado, que incluye la Comisión de Gobernación para que este Senado resuelva en torno a la desaparición o no desaparición de poderes a más tardar el próximo jueves 30 de octubre.
        De manera que cuando aquí en tribuna se vinieron a hacer valoraciones de que no tenía sustento la presentación  de los senadores del PAN no ha sido valorada. No se vale que la Presidencia de un Comisión venga a hacer valoraciones a nombre de la Comisión cuando ni siquiera se ha dictaminado el caso.
        Segundo,  se amplían las facultades de esta comisión que se formó para transformar en una subcomisión que tenga la posibilidad cuando menos de ir  a una o varias veces a Guerrero a constatar   si se dan los supuestos a que establece el artículo 2º de la Ley Reglamentaria de la Fracción V del artículo 76 constitucional.
        No quiero meterme en las valoraciones, no es el papel porque es un tema procedimental, pero no puedo dejar de hacer el que  lamentablemente aquí se han venido a meter en consideración.
        Para nosotros en el PAN era indispensable, en primer lugar, que la investigación no se hiciera aquí en la Ciudad de México a partir de sendas comunicaciones que recibimos del congreso local y del tribunal, en donde nos dicen: sí funcionamos, y lo hacemos muy bien.
        Que fuera también a partir de una visita, como se hizo en el precedente del 2006, una visita al estado por la comisión, y que hicieran todas las actuaciones pertinentes para verificar si se dan los supuestos que establece la ley y la propia constitución.
        Que esta subcomisión tenga esas atribuciones que hoy se hace en el dictamen.
        Que adicionalmente se incorporara en el análisis las recomendaciones y el informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que hizo en el 2012, y otra en el 2013, son recomendaciones específicas, tanto autoridades federales, porque también debo decir que los delitos fundamentalmente son del orden federal, que se hicieron a las autoridades federales, como a las autorizadores locales.
        Si se han o no se han observado, a juicio de la Comisión de Gobernación, tendría que ser al final del día, pero que la comisión investigadora puede verificar estos datos, insisto.
        Tercero.- Que puede tener comunicación privada con la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional para conocer si existen implicaciones, y de qué autoridades o a qué niveles, para saber si realmente pueden ejercer la función que les encomienda la propia ley.
        Y por último, que se tomen en consideración los documentos, las pruebas y los demás elementos que puedan allegar los ciudadanos.
        Precisamente, a raíz del anuncio de la presentación de esta solicitud de desaparición de poderes, un grupo de líderes y de ciudadanos de la sociedad de Chilpancingo, de la capital del estado, de la zona caliente, vinieron y se apersonaron al Senado, enviaron por correo electrónico a los vicepresidentes más de 5 mil firmas, respaldando la solicitud de desaparición de poderes. Habrá que entrevistarse con alguno de ellos para conocer los elementos de prueba y de valoración que ellos tienen, que sean de los elementos constitutivos para poder dictaminar.
        Desde luego que el artículo 2º de la ley reglamentaria establece que para decretar la desaparición de poderes, no es que no existan, no es que físicamente no existan personas, y establece 4 incisos, el segundo inciso tiene que ver con el abandono de funciones:
        Que no estén realizando sus funciones. En nuestra valoración, en su momento haremos valer, estamos convencidos que la primera función de una autoridad, que es prestar seguridad al ciudadano, es evidente que no de ahora, de años no se está presentando, en eso abonan las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos; en eso abonan las aportaciones que puedan hacer las organizaciones de ciudadanos.
        Segundo.- Que no puedan, por incapacidad física, porque es imposible hacer, ejercer las funciones cuando ellos propios provocaron que esto suceda, y creo que en Guerrero hay pruebas suficientes de que esto está pasando.
        Desde luego que no es la solución a los problemas de Guerrero. El problema particular que es de orden internacional, no solamente se resuelve apareciendo con vida, y si así lamentablemente no fuera, que tengamos seguridad sobre los 43 desaparecidos.
        Pero que sepamos con detalle ¿Por qué sucedió?
        ¿Quiénes lo ordenaron?
        ¿Quiénes lo ejecutaron?
         No es un tema sencillo encontrar que las policías municipales entreguen, aparentemente, a organismos de la delincuencia organizada, 43 estudiantes.
        ¿Qué motivación tenían?
        Tenemos que llegar al fondo de la verdad de este tema, es indispensable para la salud del país.
        Pero la desaparición de poderes o la renuncia del gobernador, no hay duda que le da un cauce institucional a resolver el grave problema de conflictividad social.
        Cualquiera que tenga cualquier información de Guerrero sabe el enorme encono social que las acciones, particularmente las derivadas en contra de los normalistas han generado en el estado y que lamentablemente desbordan los cauces institucionales. Hay que darle cauce institucional.
        La desaparición de poderes es una manera de darle causa institucional a este tema.
        El PAN espera, desde luego, que el gobernador acepte la invitación a reflexionar sobre abandonar el cargo que no ejerce, que ostenta, pero no ejerce, que le ha hecho la sociedad; que aquí le ha hecho el PRI; que de acuerdo con algunas fuentes, algunos funcionarios del gobierno lo han invitado a aceptar, pero que es indispensable para reconducir la vida institucional de Guerrero.
        Las propias investigaciones pierden credibilidad con la sola presencia del gobernador en su estado.
        Yo estoy seguro que a partir de este espacio de tiempo que damos para el jueves, abrimos una ampliación de espacio de reflexión para que el gobernador presente su renuncia y provoque menos daños al Estado de Guerrero.
        Esa es nuestra intención, pero si no, también con toda firmeza estamos convencidos que la mejor causa institucional es la declaración de desaparición de poderes, que en su momento fundamentaremos en amplitud.
        Muchas gracias, Presidente.
        -EL C. PRESIDENTE SÁNCHEZ JIMÉNEZ: Gracias, senador.
        Tiene ahora el uso de la tribuna el senador Alejandro Encinas Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
        -EL C. SENADOR ALEJANDRO DE JESÚS ENCINAS RODRÍGUEZ: Bueno, muchas gracias, Senador-Presidente.
        Compañeras y compañeros:
        Yo entiendo la preocupación de la Comisión de Gobernación para contar con un tiempo adicional y enfrentar con mayor, no solamente responsabilidad, sino con mayor conocimiento de causa, una decisión que va a tener un impacto muy significativo, no sólo para el Estado de Guerrero, sino para el conjunto del país.
        Y espero que en este lapso de tiempo, de aquí al 30 de octubre, por lo menos nos pongamos de acuerdo de entender ¿cuáles son las facultades y atribuciones del Senado de la República? Porque ahí no coincido con el senador Larios.
        El Senado no desaparece los poderes de ningún estado, sino que emite una declaratoria respecto a que los poderes en una entidad han desaparecido, y esto es un asunto muy distinto, se implica una óptica del desempeño legislativo diametralmente distinta, porque justamente el objetivo de hacer una declaratoria de desaparición de poderes busca eliminar, pues, la valoración política para evitar incurrir en un abuso en el que se pueda afectar la soberanía de una de las entidades de la república. Primera aclaración.
         Segunda aclaración.- El gobernador no presenta renuncia.
        Los cargos de representación popular, los puestos de representación popular son irrenunciables.
         Tiene que presentar una licencia al Congreso del Estado, que estas licencias, hay quien dice que son temporales o son definitivas; las licencias, todas son temporales y es facultad del Congreso otorgarla al gobernador en turno que, bueno, ustedes conocen, mi posición al respecto ha sido pública, abundantemente pública en este caso, en los últimos días.
        Y una tercera y última aclaración, antes de entrar a la reflexión que quiero compartir. En el caso específico de la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en el Estado de Guerrero, no se emitió ninguna recomendación, sino que se presentó un informe del cual se hizo llegar copia a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión respecto de la situación que guardaba o guarda la presencia de grupos de autodefensa en el Estado de Guerrero,  que es un asunto distinto.
         -EL C. SENADOR ARTURO ZAMORA JIMÉNEZ (Desde su escaño): Pido la palabra, señor Presidente.
         -EL C. PRESIDENTE SÁNCHEZ JIMÉNEZ: Permítame, senador.
         -Senador Zamora ¿Con qué objeto?
        -Sonido, por favor, al senador Zamora, en el escaño que se encuentra hoy. 
        -EL C. SENADOR ARTURO ZAMORA JIMÉNEZ (Desde su escaño): Muchas gracias.
        Sí, solamente para solicitar a la secretaría si son tan amables de dar lectura a lo que dispone el artículo 80 de la Constitución Política del Estado de Guerrero, es solamente para normar los criterios, si me lo permiten, en función de que efectivamente hay 2 formas de pensar respecto de los cargos que son electorales:
         Una, que son irrenunciables; y otra, en donde algunas constituciones de algunas entidades permiten la figura de la renuncia, como es el caso de Guerrero.
        Si es tan amable de dar lectura para esto.
        -EL C. PRESIDENTE SÁNCHEZ JIMÉNEZ: Vamos a pedirle al vicepresidente que lea lo que establece el artículo 80.
        -EL C. VICEPRESIDENTE JOSÉ ROSAS AISPURO TORRES: Constitución Política del estado de Guerrero.
        Artículo 80. El cargo de gobernador constitucional, solo será renunciable por causas graves calificada por las dos terceras partes del total de los miembros del Congreso del estado.
        Es todo.
        -EL C. PRESIDENTE SÁNCHEZ JIMÉNEZ: Gracias.
        Continúe, senador.
        -EL C. SENADOR ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ: Bueno, yo le agradezco al senador Zamora, el breviario cultural, pero creo que no aplica en nuestro caso.
        Porque el Senado de la República se rige por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y no puede intervenir en la interpretación o el ejercicio de una constitución local.
        E incluso, como lo dice el propio texto de la Constitución del estado de Guerrero, sería siempre y cuando aceptara la renuncia las dos terceras partes del Congreso del estado.
        Pero nosotros nos regimos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y eso es lo que debe normar nuestro criterio.
        Y ahí si se señala, que son irrenunciables.
        Gracias, por el breviario cultural. Pero veo que nosotros tenemos claramente limitado el ámbito de nuestras competencias.
        Ahora, pero finalmente, creo que ese no es el problema central que estamos discutiendo.
        Me preocupa que se postergue de nueva cuenta una decisión sobre el caso de Guerrero. Porque la indefinición, la posposición de decisiones, así como la dilación que ha habido en la entrega de resultados de las investigaciones, como en la presentación de los muchachos normalistas, que después de tres semanas continúan desaparecidos, pues generan un mayor clima de incertidumbre, de ingobernabilidad, no solo en el estado de Guerrero. Porque la indignación y la irritación social que han levantado estos hechos, rebasan con mucho el ámbito de esa entidad y hay una indignación nacional, que exige respuestas en las que urge tomar ya decisiones y dar resultados.
        Porque resulta inexplicable, que después de tres semanas no haya sido posible encontrar a 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, que fueron secuestrados y trasladados, como lo demuestran los videos, en las patrullas de la policía municipal de Iguala y también de Cocula.
        Y en donde hay evidencias, no solamente de las concurrencias de policías municipales, con la delincuencia organizada, sino también de las formas de colaboración y como se condujo a este grupo, de un lugar confinado a un lugar que, a la fecha, se desconoce.
        Por supuesto que en la comisión Bicamaral de Seguridad Nacional hemos discutido este tema, y me reservaré, como está obligado por la ley, a hacer comentarios al respecto. Tarde o temprano tenemos que conocer, conoceremos la verdad de los hechos.
         Pero lo que tenemos que asumir, con toda claridad, es que este acto de barbarie y de terror cometido contra estudiantes pobres de la Normal de Ayotzinapa, es uno de los hechos más graves y lamentables en la historia de nuestro país.
        Y que pone en evidencia, no solamente la debilidad de la autoridad municipal o del estado de Guerrero, sino que pone la debilidad del Estado mexicano, el proceso de descomposición que viven las instituciones responsables de garantizar la seguridad pública en todo los órdenes de gobierno, los problemas de corrupción y de penetración de la delincuencia organizada en las corporaciones policíacas, y en todo los órdenes de gobierno.
        Porque el primer dato, indudablemente, que sale a la luz pública, es la colisión de la autoridad municipal con grupos delictivos, en donde se presume hoy, no solamente hubo omisiones, sino complicidad de distintas autoridades, que no actuaron a tiempo para evitar estos hechos.
        Y esta crisis del Estado mexicano es algo que ya no podemos seguir escondiendo o tratando de delegar solamente la responsabilidad de los estados.
        Ahí está una muy lamentable declaración del Presidente Enrique Peña Nieto, diciendo, en un inicio, ese es un asunto local, lo tienen que resolver, para semanas después atraer la investigación, cuando en gran medida, el problema que detona esta crisis, es la operación de la delincuencia organizada, vinculada con la actividades de narcotráfico y otras actividades, que constituyen delitos de carácter federal, que competen al gobierno federal.
        Y no se trata aquí de venirse echar la pelotita, entre los distintos órdenes de gobierno. Hay una crisis del Estado mexicano en todos sus órdenes de gobierno.
        El propio New York Times, el día de ayer, señala, que México vive la peor narcocrisis de su historia, y que el gobierno federal ha pretendido minimizarla.
        Human Rights Watch, ha declarado que ésta es la peor crisis de derechos humanos, después de los atentados y la matanza de Tlatelolco en 1968.
        O incluso, muchas organizaciones de la sociedad civil, encabezadas por obispos de la Iglesia Católica, han asumido los hechos de Iguala, como un asunto que representa crimen de Estado.
        Y es el fondo del asunto, que tenemos que discutir.
        Porque no solamente es el caso de Iguala. Son muchos otros casos que dan cuenta del nivel de descomposición, de violencia, de incertidumbre y de inseguridad que vive en el país.
        Las ejecuciones extrajudiciales, 22 ejecuciones extrajudiciales en Tlatlaya.
        El asesinato de tres jóvenes, en ciudad Hidalgo, Michoacán, porque no hicieron alto a una señal de la policía municipal.
        Los cuerpos, cerca de 25 cuerpos encontrados en el Canal del Desagüe en el municipio de Ecatepec.
        Los abusos de extorsión, secuestro, tráfico de personas, prostitución, que se realizan con migrantes nacionales y extranjeros en todo el país.
        Y podemos enumerar entidades donde el secuestro, la extorsión y el homicidio han venido incrementándose, no solo ante la falta de una clara estrategia de seguridad pública, sino fundamentalmente ante la ineficacia de los distintos órdenes de la autoridad; a la ineficacia del Estado mexicano, de cumplir con su responsabilidad primigenia, que es garantizar la seguridad y la protección de las personas y de sus bienes.
        Iguala, es una de los síntomas de este mal. El peor que hayamos vivido.  Y que se requieren de respuestas contundentes, firmes e inmediatas del Estado mexicano, siempre con apego a nuestras instituciones democráticas y respeto a los derechos humanos.
        Y por eso, lo que hemos planteado es muy claro. Primero, la presentación de los muchachos desaparecidos con vida. “Vivos se los llevaron. Vivos los queremos”
        Pero también identificar a los autores materiales e intelectuales de estos crímenes, en donde ya hay detenidos, no solamente policías municipales de Iguala y de Cocula, sino también de la gente los grupos delictivos presuntamente vinculados con estos hechos y otro tipo de autoridades municipales.
        Pero también hay que deslindar las responsabilidades, que por omisión o acción incurrieron autoridades federales y locales, que conociendo de los problemas graves en el municipio, no actuaron con oportunidad y propiciaron el clima que favoreció este acto de terror deleznable para los guerrerenses y para todos y todas las mexicanas.
        Por eso se requiere deslindar responsabilidades, en autores materiales e intelectuales, en autoridades sumisas, pero también los partidos políticos tenemos que asumir nuestra responsabilidad.
        Yo he sido muy crítico, en mi partido, y he insistido en que las investigaciones vayan a conocer el alcance, la penetración del alcalde del Iguala y de este grupo delictivo, en estructura orgánica del PRD y si hubo financiamiento alguna corriente, algún dirigente o alguna campaña.
        Pero la decisión tomada el día de antier por la Procuraduría General de la República, en donde se desmantela a las policías de 16 municipios, entre ellos el de Ixtapan de la Sal, en el estado de México, da cuenta de que este cáncer, ha corroído, a todos los partidos políticos.
        Porque de los 16, once son de otros partidos distintos a los del PRD y el nivel de colusión y de complicidad con el crimen organizado pues da cuenta de esta descomposición, que yo digo no solamente es una pérdida de, un descrédito profundo de las instituciones, sino que hay una crisis de la ética y de la moral pública.
 Tenemos una crisis profunda de nuestra vida institucional que con deslindes no se va a resolver. Queremos una investigación a fondo caiga quien caiga, si es el gobernador o el Procurador de Justicia del estado, si es el Congreso del Estado, miembros del Congreso del estado de Guerrero que se les castigue, no solamente al presidente municipal, que resulta inexplicable su evasión de la justicia, como también es inexplicable que se haya fugado el responsable de la Policía Municipal de Iguala siendo quien tenía el mando de los policías que hoy están detenidos; pero también necesitamos ir a fondo de las instituciones federales en los cuerpos policíacos que, por omisiones, han generado esta situación.
 Ya no estamos, y con esto concluyo, desde mi punto de vista un asunto estrictamente de seguridad pública. Hay un asunto de seguridad interior, primero, por la colisión de autoridades y delincuentes y el nivel de penetración del dinero sucio y de los propios delincuentes en las estructuras de gobierno y en las estructuras políticas.
 Pero también ya tenemos un problema de seguridad nacional desde el momento en que reaparecen grupos armados que buscan operar de nueva cuenta, hacer justicia por propia mano y cobrar cuentas, incluso hacer ajusticiamientos contra quienes considera sus enemigos, lo cual es absolutamente inaceptable y condenable, porque la radicalización de grupos de ultraizquierda favorecen no solamente el surgimiento de los grupos de extrema derecha, sino siempre favorece la intervención autoritaria por parte del Estado, que en lugar de dar un cauce democrático a la solución de estos problemas opta por la represión y el autoritarismo.
 Por eso queremos conocer la verdad, sancionar a los responsables, y que esta investigación no solamente no caiga en la simulación, sino que se evite todo tipo de impunidad, sea el responsable el gobernante, de cualquier nivel que sea, el que haya incurrido en estas irresponsabilidades.
 Muchas gracias. (Aplausos)
 -EL C. PRESIDENTE SÁNCHEZ JIMÉNEZ: Gracias, Senador.
 -Tiene el uso de la tribuna el Senador Carlos Puente Salas, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, hasta por diez minutos.
 EL C. SENADOR CARLOS ALBERTO PUENTE SALAS: Muchas gracias, Presidente.
 Senadoras y senadores:
 Primero que nada a nombre de mi grupo parlamentario consideramos que la realidad política y social que se vive al día de hoy en el estado de Guerrero es inaceptable. Los lamentables hechos y acontecimientos sucedidos en el Municipio de Iguala, así como la incapacidad de las autoridades locales para dar respuesta a la inconformidad social que estos hechos han desencadenado son simplemente una muestra más de la falta de capacidad institucional para conducir de manera adecuada el gobierno de esta entidad federativa.
 Evidentemente existe una descomposición política en el estado de Guerrero. En el estado de Guerrero hoy se requiere un gobernador, pero se requiere un gobernador fuerte, un gobernador sólido; que sea factor de unión, que sea factor de cohesión.
 Un gobernador debe de contar con ese respaldo social, con esa legitimidad de encabezar este gran esfuerzo de la recomposición y reconstrucción del Estado. En las condiciones actuales el Ejecutivo estatal no se encuentra en las mejores condiciones para encabezar este importante esfuerzo.
 El actual gobernador del estado de Guerrero, el licenciado Ángel Aguirre, fue gobernador sustituto entre los años del 96 al 99. Vaya paradoja, a casi 20 años después, tristemente el estado de Guerrero está viviendo nuevamente momentos de tensión social provocados por la desaparición de los 43 estudiantes normalistas.
 Ante estos acontecimientos el gobernador del estado debe de entender que se requiere un cambio de rumbo para que la gobernabilidad y el respeto al estado de derecho regresen a Guerrero. La legitimidad con la que llegó a la gubernatura se ha erosionado gravemente a partir de los actos violentos que se registraron en el municipio de Iguala.
 Lamentamos los actos ocurridos en Ayotzinapa, Guerrero, y nos pronunciamos porque se redoblen los esfuerzos para localizar a los 43 normalistas desaparecidos. Lo principal en estos momentos es encontrar a los estudiantes de la Normal Rural desaparecidos.
 Es prioritario el restablecimiento del orden, salvaguardar la integridad de las personas, brindar seguridad a los ciudadanos, y por supuesto se otorgue justicia a los normalistas desaparecidos y a sus familiares. Nos pronunciamos por el fortalecimiento de instituciones y consideramos que la permanencia del gobernador Ángel Aguirre contribuye a su debilitamiento, genera mayor desconfianza e impide una expedita impartición de justicia.
 Por el bien de los guerrerenses, por el bien de México nos pronunciamos, para que, en un acto de responsabilidad política, el gobernador Ángel Aguirre presente su renuncia para apartarse del cargo.
 Por su atención muchas gracias. Es cuanto, señor Presidente. (Aplausos)
 -EL C. PRESIDENTE SÁNCHEZ JIMÉNEZ: Gracias, Senador Puente.
 -Finalmente tiene el uso de la tribuna el Senador Manuel Bartlett Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Con él cerramos la ronda de participaciones.
 -EL C. SENADOR MANUEL BARTLETT DÍAZ: Con su venia, señor Presidente.
 Me toca terminar esta ronda de participaciones que reflejan claramente una voluntad política de atribuirle a un actor diferente al que se representa. Han pasado tres semanas y nada. Así empezó su intervención el coordinador Preciado cuando planteó la necesidad de que se hiciera algo, aquí está Preciado, y mencionó el diluvio de críticas durísimas de los medios internacionales en donde hasta la OEA participó denunciando al gobierno mexicano y a la situación horrorosa que se ha vivido y que seguimos viviendo.
 Ahí Preciado señaló dos cosas, que luego comentamos en la Junta de Coordinación Política, a la que esta vez fui invitado, muchas gracias. Dijo Preciado: “Aquí hay responsabilidades del gobierno local y del gobierno federal”, así fue.
 Y en consecuencia el grupo de Acción Nacional, ante la inacción, la falta de resultados, la tragedia, la desaparición que se continúa, estableció la necesidad de aplicar la Constitución, la desaparición de poderes en el estado, independientemente de su análisis, y la salida del Procurador de la República. Ese fue el planteamiento que inició lo que estamos viviendo.
 En el curso de los siguientes días se han enfrascado en la desaparición de poderes pero ya desapareció el compañero Preciado, la exigencia de que, el procurador, no lo dije yo, lo dijeron ustedes, sea sustituido, porque ya no ofrece garantías, porque sabía, por qué esto, y lo otro, en una magnífica exposición  que hizo aquí; ya desapareció la responsabilidad del gobierno federal.
 Por otro lado, aquí tenemos otra figura, interesante, otra actitud, algunas ambigüedades, y la claridad del Senador Encinas.
 Pero lo que hemos visto es que no pasa nada, compañero Preciado, y con todo este peloteo sigue sin pasar nada, y vamos a pasarlo a un período posterior, en donde van a ir a averiguar en el Estado de Guerrero un grupo de avezados investigadores del Senado para revisar lo que está pasando en el estado, no obstante que ya con una gran velocidad la Presidenta de Comisión de Gobernación ya tiene una serie de documentos, porque les habló, y les dijo, oigan, existen ustedes, o están desaparecidos.
 ¿Está desaparecido el Congreso?
 Pues no, porque le contestaron, y le dijeron, aquí estamos.
 ¿Está desaparecido el Poder Judicial, señor presidente?
 No, aquí estamos, aquí está mi secretaria, y el que guarda los coches, todos están en su lugar, no hay desaparición de poderes, y empieza la evolución de que si procede la desaparición o la constatación de haber sido desaparecidos.
 Pero el caso es que no pasa nada.
 Y, la angustia de las familias, y la indignación en el país, todo, y en Guerrero, siguen en aumento, y no pasa nada. Vamos a hacer una investigación.
 Yo creo que es muy importante, para esta institución que es el Senado de la República, no una agencia representativa de intereses políticos determinados, sino una institución de la república, el Senado.
 El Senado tiene que actuar con una gran responsabilidad, porque si no, vamos a seguir diluyendo ese estado que Encinas nos describe, en la corrupción, en la ineficacia, etcétera.
 La crítica de los medios internacionales es total, y son los que apoyaron a Peña Nieto, la de The Economist, se las recomiendo; también los dos más grandes, The New York Times, y  Washington Post, y no hablan del presidente de Iguala y sus representantes o del gobernador, que ni lo conocen: El gobierno de Peña Nieto está totalmente rebasado, y sus reformas que tanto ellos pidieron, pues están al borde de  hacerse agua, porque no tiene un control del país; porque no hay gobernabilidad, porque antes que hacer estas reformas, dicen estos sabios periódicos, se debió de haber encargado de tener un piso, y no nada más abrir y entregar, y hacer, bueno, el maravilloso aeropuerto para que lleguen, ¿y, el país?
 Vivimos, y lo sabemos, un gobierno que está totalmente divorciado del pueblo de México, totalmente divorciado.
 Están en los negocios, en los grandes proyectos, moviendo a México en la Bolsa de Valores, en las grandes obras que hacen extranjeros, pero no tiene ninguna vinculación con la sociedad mexicana.
 Son gobiernos oligárquicos que no atienden las necesidades del pueblo, están separados del pueblo, y por eso vemos que la educación cada vez va peor.
 El caso de estas normales, da vergüenza; los tecnológicos sin ningún instrumento para enseñar; entonces, es un gobierno, es un gobierno oligárquico, interesado en los negocios, y desinteresado de la justicia en nuestro país.
 Por eso la prensa internacional, que está cuidando que cuando lleguen las empresas petroleras y eléctricas transnacionales que ustedes aprobaron que vengan, que encuentren un país tranquilo, un país que permita que se apoderen del territorio nacional, que ocupen los territorios que quieran.
 Entonces, ese es el reclamo, y no es al gobernador del Estado de Guerrero.
 No vengo a defenderlo, pero tampoco lo voy a atacar todo el tiempo, por qué, porque se ha empolvado ya todas las perversiones del gobierno de Guerrero, ya las dijeron aquí del Verde, aquí, por aquí ya está debidamente sacrificado.
 Yo les voy a leer también la Constitución, y estamos ahorita de analistas constitucionales para ver quién es el responsable de lo que está pasando en el país.
 Al que han tratado en la sesión, esa larguísima que dijeron, vamos ahora sí a entrar al fondo de lo que pasó en Guerrero, vamos a que hable todo  mundo, y terminaron con un documento ahí en que todos somos responsables, la unidad nacional; todos somos responsables, ustedes son los responsables, nosotros somos responsables, ellos son responsables, todos son responsables; y ¿el presidente de la república, en dónde queda?
 O el Procurador, decía aquí el PAN, que ya se les olvidó, se los recuerdo, porque luego hay arreglos que no conocemos, son responsables el gobierno del estado y el gobierno federal sin duda alguna, hombre, por favor, no saquemos al gobierno federal
 El presidente tiene como obligación preservar la seguridad nacional, Artículo 89, fracción VI de la Constitución.
 Lo que significa que es el único responsable de garantizar las condiciones de gobernabilidad, paz y desarrollo en todo el territorio nacional, frente a los factores externos e internos que alteren la convivencia social.
 El presidente es el jefe de la inteligencia nacional. De acuerdo al Artículo 12 de la Ley de Seguridad Nacional del 31 de enero de 2005. Preside el Consejo de Seguridad Nacional,  -y esto es de Seguridad Nacional, no se nos olvide-; lo anterior significa que todos los servicios de inteligencia están bajo su conducción, y órdenes.
 El presidente tiene la facultad de disponer como Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas, de la totalidad de la fuerza armada permanente para la seguridad interior y exterior de la nación, Artículo 89, fracción VI de la Constitución.
 Para tal motivo cuenta con los medios coercitivos para garantizar el orden público cuando eventos internos lo alteren.
 El presidente tiene la facultad para disponer de la guarda nacional en las entidades federativas con la aprobación del Senado para garantizar la gobernabilidad y la paz, Artículo 89, fracción VII; y 76, fracción IV de la Constitución.
 El presidente es el Jefe de la Seguridad Pública Federal, Artículo 21 de la Constitución.
 Lo que significa que a él y a los funcionarios que dependen de él, les corresponde la investigación de los delitos de carácter federal.
 De esta suerte, el presidente tiene los instrumentos jurídicos para conocer, investigar y consignar a las autoridades competentes y a los presuntos responsables por los delitos de carácter federal.
 El Artículo 108 de la Constitución indica que el presidente es responsable durante su encargo por delitos graves del orden común y por traición a la patria, los delitos vinculados al crimen organizado, y a los delitos contra la salud están reputados con el Código Federal Penal con delitos graves.
 - EL C. PRESIDENTE SENADOR SÁNCHEZ JIMÉNEZ: Permítame, senador; Senadora Layda, ¿con qué objeto?
 - LA C. SENADORA LAYDA SANSORES SAN ROMÁN (Desde su escaño): Pedirle al orador si me permite hacerle una pregunta, un comentario, si se le permitió al Senador Zamora, por qué a mí no se me va a permitir.
 - EL C. PRESIDENTE SENADOR SÁNCHEZ JIMÉNEZ: ¿Acepta la pregunta?
 - EL C. SENADOR BARTLETT DÍAS: Sí, claro.
 - LA C. SENADORA LAYDA SANSORES SAN ROMÁN: Senador Bartlett, no le llamaría usted a todo esto que está sucediendo en el Senado, un teatro, porque yo creo que todos estos acuerdos populares no hacen más que remasterizar la farsa, que quiere decir, mejorar el sonido, matizar la luz, porque la luz que les está  viniendo desde el extranjero los está dejando los está dejando bien lampareados.
         Y yo creo que mientras estamos distraídos en estos intercambios, estamos perdiendo el objetivo fundamental: ¿Dónde están los estudiantes de Ayotzinapa y de quién son estos restos que aparecen en tantas fosas?
        Que urge además que se informe con veracidad a los padres de familia que protestan, porque les ha dado “reunionsitis” a las autoridades y los citan a encuentros y encuentros, y ellos ya no quieren más encuentros, lo que quieren es encontrar a sus hijos.
        -EL C. PRESIDENTE SÁNCHEZ JIMÉNEZ: Senadora, su intervención es para una pregunta, senadora.
        -LA C. SENADORA LAYDA SANSORES SAN ROMÁN (Desde su escaño): Sí, sí, ya le pregunté que si ¿no cree que es un teatro? Pero además pedirle si es posible que usted exhorte al Senado a que con urgencia solicitemos medidas cautelares para el Padre Solalinde, quien es un luchador social y que por decir, dar información que nadie quiere oír, pero muchos quieren acallar, podría estar en peligro su vida.
        Gracias.
        -EL C. SENADOR MANUEL BARLTETT DÍAZ: Muchas gracias, senadora. Ahora les voy a dar la respuesta, que es larga también. No, no es cierto, vamos a ser muy serios.
        Pero lo que dice Layda es absolutamente cierto, nos pedimos en este análisis constitucionalista ¿verdad? Y se nos olvida que están las familias sufriendo, que hay furia, indignación de la población auténticamente. Luego salió por ahí que es la guerrilla o alguna cosa así. No, la población está indignada.
        Y luego ahora dice Layda que están amenazando al Padre Solalinde, que no tuvieron tiempo de recibirlo en la Procuraduría ayer, no tuvieron tiempo, porque estaban ocupados en quién sabe qué.
        Tiene usted razón, yo le pediría al Senado que tengan en cuenta que hay una amenaza a un luchador social conocido, respetado y al que hay que cuidarlo.
        Les acabo de leer una serie de artículos para que quede claro….
        -EL C. PRESIDENTE SÁNCHEZ JIMÉNEZ: ¿Concluyó su respuesta, senador?
        -EL C. SENADOR MANUEL BARTLETT DÍAZ: Sí, yo creo que sí, ahora voy a concluir mi intervención.
        -EL C. PRESIDENTE SÁNCHEZ JIMÉNEZ: Muy bien. Adelante con su intervención.
        -EL C. SENADOR MANUEL BARTLETT DÍAZ: Sí, yo creo que sí, ahora voy a concluir mi intervención. Gracias, Layda.
        Ya les presenté la Constitución ¿eh? Y no estamos responsabilizando al Presidente de la República, haciéndole a él partícipe de pactos; no, no. Bueno, de pactos sí, pero no de los otros. Estamos responsabilizando de su actuación como Presidente de la República.
        Si no lo señalamos, no habrá solución ¿eh? porque él es el responsable de todo esto que he leído yo ¿verdad? Desde la investigación y la responsabilidad de aclarar la verdad, que se sabe por ahí. Hasta poner en orden al país, en orden.
        No el orden del terrorismo público estatal o Estado, sino el orden. Necesita el Presidente entender que esas reformas estructurales no son la solución de este país ahorita, él piensa que sí; si no resuelve el tema de seguridad a nivel nacional, este país está condenado a la implosión. Entonces, no lo escondamos, él es el responsable, él es el Presidente, su dinero le costó; pero los votos los recibió.
        En consecuencia, hay que decirle, desde aquí del Senado, qué él es responsable.
        Ya del Gobernador ya hubo suficientes acusaciones. No me voy a sumar ni tampoco a defender, pero tenemos que tener un Presidente que gobierne con la Constitución en la mano para que haya seguridad, para que haya servicios, para que la pobreza de ese país no engendre más y más actos como éste ¿verdad? Eso es lo que necesitamos. Necesitamos un Presidente de la República dedicado a México, a la población, a los pobres, a la justicia social, más que un señor vinculado con los grandes intereses de las trasnacionales y lo que quiere el imperio en relación a la superficie al territorio nacional. Es lo que necesitamos.
        Necesitamos un Presidente de la República. No se lo oculten ¿eh? No lo protejan. Necesitamos un Presidente y él es responsable de acuerdo con la Constitución.
        Muchas gracias por su atención.
        (Aplausos)
        -EL C. PRESIDENTE SÁNCHEZ JIMÉNEZ: Gracias, senador Bartlett.
        Hemos concluido la participación de las fracciones parlamentarias. Les recuerdo que en próxima Sesión habrá una discusión amplia para que todos los oradores interesados en este tema puedan participar.
        Solicito, en consecuencia, a la secretaría consulte a la asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el acuerdo de la Comisión de Gobernación.
        -LA C. SECRETARIA PALAFOX GUTIÉRREZ: Consulto a la asamblea, en votación económica, si se aprueba el acuerdo.
        Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.
        Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.
        Aprobado, señor presidente.
        -EL C. PRESIDENTE SÁNCHEZ JIMÉNEZ: Aprobado el acuerdo. Comuníquese.
        Compañeras y compañeros senadores.
        Hago de su conocimiento que las demás iniciativas y las proposiciones de la agenda de hoy se turnarán a comisiones.
        Las Efemérides inscritas en nuestra agenda del día se integran en el Diario de los Debates.
        Se levanta la Sesión y se cita a la siguiente el próximo jueves 23 de octubre a las 11:00 horas.

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