Diversas intervenciones durante la 39 Sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública

Diversas intervenciones durante la 39 Sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública

México DF., a 18 de diciembre de 2015

-MODERADORA: Para moderar los trabajos de esta Sesión, queda en uso de la palabra el maestro Álvaro Vizcaíno Zamora, Secretario Nacional de Seguridad Pública.

-MTRO. ÁLVARO VIZCAÍNO ZAMORA: Con su permiso, señor Presidente.

Muy buenos días, Gobernadora y Gobernadores; miembros del Gabinete de Seguridad; invitados especiales; representantes de los medios de comunicación.

Señoras y señores:

De conformidad con el registro de asistentes, se encuentran presentes la mayoría de los integrantes de este Consejo, por lo que informo a usted, señor Presidente, que existe quorum para celebrar la 39 Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública.

Asimismo, se informa que, en cumplimiento al Acuerdo Décimo Primero de la 38 Ordinaria del Consejo Nacional, la Comisión Electora designó como invitada permanente ciudadana sustituta al Consejo Nacional a la maestra María Angélica Sosa Garnica, a quien le damos la más cordial bienvenida.

Me permito someter a la consideración de los integrantes del Consejo el Orden del Día para su aprobación, el cual se encuentra en sus carpetas de trabajo.

Los que estén a favor de su aprobación, sírvanse manifestarlo, levantando la mano.

Gracias.

Señoras y señores:

El Orden del Día ha sido aprobado.

Asimismo, someto a su consideración el Acta de la Trigésima Octava Sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, celebrada el 21 de agosto de 2015, la cual les fue entregada de forma previa.

Quienes estén a favor, les pido manifestarlo levantando la mano.

Gracias, señoras y señores Consejeros.

El Acta  de la Sesión ha sido aprobada

Para desahogar el siguiente punto, informo a las y los integrantes del Consejo Nacional que el Secretariado Ejecutivo  ha presentado su Informe y ha recibido los informes de las Comisiones  Permanentes y Conferencias Nacionales que integran este Sistema. Dichos informes, han sido entregados a ustedes, por lo que consulto a las y los integrantes del Consejo Nacional, si están de acuerdo en tenerlos por presentados, expresándolo levantando su mano.

Gracias. Se tienen por presentados los Informes correspondientes.

Como siguiente punto del Orden del Día, hará uso de la palabra el Secretario de Gobernación, licenciado Miguel Ángel Osorio Chong.

-SECRETARIO MIGUEL ÁNGEL OSORIO CHONG: Con su autorización, señor Presidente de la República, licenciado Enrique Peña Nieto.

Señor Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores; de la Cámara de Diputados.

Gobernadora, Gobernadores; Jefe de Gobierno; Legisladores; Consejeros ciudadanos e integrantes del Gabinete; Señor Secretario de la Defensa; Secretario de Marina; Procuradora; funcionarios y representantes de la sociedad civil.

Señoras y señores:

En diciembre del 2012, el Consejo Nacional de Seguridad Pública encabezado por usted, señor Presidente, se reunió para delinear una nueva ruta en materia de seguridad.

Lo hicimos con plena consciencia de que el país atravesaba por una situación compleja derivada de la violencia creciente.

Acudimos con la convicción de que no existían respuestas simples, ni soluciones inmediatas, que por el contrario, se requería comprender las múltiples causas de este fenómeno y actuar de manera coordinada para ofrecer resultados concretos a las y los mexicanos.

Así, bajo su liderazgo, señor Presidente, nos propusimos sentar las bases para lograr un México sin violencia, abordando la seguridad desde una perspectiva de Estado, no de Gobierno.

Por eso y como usted instruyó, pusimos la política al servicio de la seguridad, trabajando de la mano de autoridades locales y junto con la ciudadanía, privilegiando lo que nos une y sumando esfuerzos con Legisladores, Gobernadores y sociedad civil a partir del diálogo y los acuerdos.

Tenemos claro, todos los aquí presentes, que en materia de seguridad no puede ni debe haber espacio para cálculos políticos, porque se trata de un tema en el que las y los mexicanos no quieren ver confrontación sino trabajo en equipo y resultados.

Al mismo tiempo, asumimos el compromiso de apoyar de forma permanente a las entidades a partir de una estrecha coordinación entre instituciones del Gobierno de la República y autoridades locales.

Gracias a ello, hoy como nunca antes se cuenta con mecanismos para compartir información y definir estrategias conjuntas.

Esto ha permitido hacer un frente común diseñando en cada región soluciones articuladas más allá de competencias.

Porque el Gobierno de la República acude siempre y sin regateo en apoyo de las entidades donde existen los mayores retos o donde condiciones particulares ameritan la presencia de Fuerzas Federales.

Y como lo ha instruido, señor Presidente, lo seguiremos haciendo. Siempre insistiendo en que los gobiernos locales deben corresponder a este esfuerzo, actuando siempre de la mano de la sociedad, porque en el combate a la delincuencia y a la impunidad no hay mejor aliado que ciudadanía.

Desde la prevención de la violencia y la medición de indicadores hasta la toma de decisiones en espacios como este Consejo. En este Gobierno en cada momento y en cada lugar siempre ha estado presente la sociedad.

Hablo de espacios como Palmitas, en Hidalgo; la Colonia Nuevo México, en Torreón; o el centro de La Pila, en Durango, donde se logró recuperar la convivencia y darle a la comunidad un nuevo rostro y esperanza.

Hablo también de Michoacán que dejó de ser sinónimo de desintegración y se está convirtiendo en un modelo de cómo superar los desafíos en corresponsabilidad.

Y así, podría citar muchísimos más ejemplos, donde la suma de sociedad y Gobierno ha sido la fórmula para recobrar la confianza y fortalecer el Estado de Derecho.

De este modo, señor Presidente, y como usted lo ha instruido, hoy México avanza bajo una política de Estado que va más allá de discursos. Una política que se sustenta en esfuerzos tangibles y cuyos resultados se están reflejando, poco a poco, en mejores condiciones de seguridad para los habitantes.

Así lo demuestran uno a uno los indicadores delictivos.

Hechos que antes eran permanentes y cotidianos, hoy son noticia. Así lo demuestran, también, las distintas regiones del país en las que hemos recuperado los espacios públicos de manos de los criminales.

Donde los enfrentamientos en bulevares y plazas eran cotidianos. Donde las escenas de vehículos en cantidades, verdaderamente, impresionantes de la delincuencia organizada recorrían las calles, todos los veían todos los días. Donde las familias habían dejado de salir de sus hogares por temor.

Hoy, en muchas de esas entidades hemos devuelto esos espacios a quienes realmente le pertenecen, a la ciudadanía.

Y lo más importante: más allá de cifras o de acciones, son las historias de vida. Historias que Nuevo León, Chihuahua o La Laguna, Sinaloa, por mencionar algunos casos, plasman un antes y un después gracias al trabajo conjunto para desarticular al crimen, restablecer el tejido social y construir instituciones que sirvan a la ciudadanía.

Porque la mejor apuesta que podemos hacer como país es consolidar instituciones eficaces y confiables. Esa es la vía que usted, señor Presidente, ha planteado para garantizar la tranquilidad duradera.

Porque nuestro compromiso es en el aquí y en el ahora, pero la seguridad que merecen las mexicanos debe de ser permanente. Ese ha sido el objetivo de las transformaciones estructurales que estamos impulsando.

Y esta Sesión del Consejo habrá de ser, nuevamente, un espacio idóneo para definir soluciones conjuntas.

Al respecto, destacó cuatro acuerdos que habrán de ponerse a su consideración.

Primero. En el marco de la instrucción que dio usted, señor Presidente, de concretar un número único de atención a emergencias, contamos ya con un catálogo nacional de incidentes y con una propuesta de ley para establecer el sistema.

la

Hoy, se propone a este Consejo dar un paso más al aprobar una norma técnica para estandarizar la operación, atención y calidad de estos centros, sin importar dónde se encuentren.

Segundo. Se propondrá un acuerdo para homologar las bases de datos criminalísticas y de personal de los tres órdenes de Gobierno, lo cual nos permitirá contar con información más precisa.

Tercero. Se votará un acuerdo para evitar que corporaciones locales utilicen vehículos o vestimenta que pudieran ser confundidos con aquellos usan y utilizan las Fuerzas Armadas. La envestidura de nuestras Fuerzas Armadas es símbolo de orgullo, reconocimiento y confianza entre los mexicanos. Por ello, el objetivo de este acuerdo es distinguir a los integrantes de las Fuerzas Armadas.

Finalmente, en la ruta de articular capacidades institucionales se propondrá estandarizar la adquisición e instalación de tecnología de videovigilancia.

Se trata de que en las 32 entidades los equipos se coloquen estratégicamente, se comuniquen entre sí y puedan operar de manera conjunta.

Reitero, de ser aprobados estos acuerdos y los demás que en este Consejo se determinen, abonaremos a seguir generando respuestas de Estado para garantizar la tranquilidad que las familias mexicanas merecen.

Señor Presidente:

Bajo sus instrucciones estamos avanzando con rumbo y determinación, atendiendo lo inmediato y al mismo tiempo sentando las bases para generar soluciones de fondo.

Tenemos claro que hay retos y más que sentirnos satisfechos con lo alcanzado, nos sentimos obligados a seguir trabajando, a redoblar el paso y entregar a la ciudadanía mejores resultados.

Eso es lo que las y los mexicanos merecen, y eso es lo que, como usted nos ha instruido, señor Presidente, habremos de seguir abocándonos.

Muchas gracias.

-MTRO. ÁLVARO VIZCAÍNO ZAMORA: Gracias, señor Secretario.

En términos de lo expuesto por el Secretario de Gobernación, se somete a la consideración de las y los integrantes del Consejo Nacional, la aprobación de la Norma Técnica para la Estandarización de los Servicios de Atención  de Llamadas de Emergencia.

Asimismo, se somete a su consideración que se instruya al Secretariado Ejecutivo a desarrollar una nueva metodología para la evaluación de s bases de datos, criminalísticas y de personal, y a elaborar una norma técnica para estandarizar las características técnicas y de interoperabilidad de los sistemas de videovigilancia para la seguridad pública.

Por último. Se pone a su consideración la aprobación de un acuerdo mediante el cual las entidades se comprometen a establecer medidas de revisión y control permanente para garantizar que ninguna corporación estatal o municipal y  ninguna empresa de seguridad privada empleen uniformes o vehículos con colores, imágenes o diseños similares en grado de confusión con aquellos que son de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Quienes estén a favor de aprobar los acuerdos mencionados, les solicito expresarlo levantando su mano.

Gracias. Los acuerdos han sido aprobados.

A continuación, para atender el séptimo punto del Orden del Día, cedo el uso de la palabra al doctor Juan Manuel Carreras López, Gobernador del Estado de San Luis Potosí.

-GOBERNADOR JUAN MANUEL CARRERAS LÓPEZ: Muchas gracias, señor Secretario Ejecutivo.

Señor Presidente de la República, Enrique Peña Nieto; señores representantes de las Cámaras de Diputados y Senadores; señores Secretarios de Estado; señora Procuradora General de la República; señor Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos; señora Gobernadora; señores Gobernadores; señor Jefe de Gobierno de la Ciudad de México.

Señoras y señores Consejeros Ciudadanos; señor Secretario del Sistema Nacional de Seguridad Pública:

La violencia de género es un fenómeno que de manera histórica ha afectado a mujeres en todo el mundo. Con frecuencia, muchas de ellas han sido, siguen siendo víctimas de agresiones físicas, psicológicas o de alguna forma de discriminación.

Se considera que en México más del 60 por ciento de las mujeres mayores de 15 años han sufrido algún incidente de  violencia física o verbal por parte de su pareja.

Desafortunadamente, se trata de un fenómeno que en muchas ocasiones permanece oculto; en muchos de estos casos los sucesos no son reportados o denunciados.

Las estadísticas más recientes nos señalan que por distintas razones, solamente, aproximadamente, el 14 por ciento de las mujeres que viven violencia en su relación se acercan a una autoridad para pedir ayuda. Ya sea porque creyeron que se trataba tal vez de algo sin importancia, por miedo o por amenaza, por vergüenza o por desconfianza ante las autoridades, porque muchas veces también, piensan que no podían denunciarlo.

Hace cinco años este Consejo Nacional aprobó de manera prioritaria la creación de Centros de Justicia para las Mujeres como espacios integrales donde pudieran acceder, en un mismo espacio, a todos los servicios que requieren quien ha sido víctimas de la violencia.

Se diseñaron entendiendo que acercar apoyo jurídico y psicológico era no sólo una manera de brindarles el acceso a una justicia eficaz, sino además, la mejor manera de evitar la revictimización de las mujeres y ser también así un instrumento importante de prevención del delito.

De 2010 a la fecha, se han construido y puesto en operación 26 Centros de Justicia para Mujeres en 19 entidades federativas. Destaco que tres cuartas partes de ellas se han construido en la Administración del Presidente de la República, Enrique Peña Nieto.

A estos, se les suman otros nueve que están en construcción, y dos centros adicionales de justicia familiares que ya operan.

En estos centros se han invertido ya una cantidad muy importante, cerca de 865 millones de pesos de recursos Federales y, que sin duda, están contribuyendo a atender esta problemática.

Por qué.

Porque ya se han atendido a más de 232 mil mujeres que han encontrado allí un espacio de confianza para acercarse a la autoridad, para plantear el problema que enfrenta.

Pero además, estos centros empiezan a ser cada vez más espacios que les permiten no sólo resguardarse, sino también encontrar oportunidades para rehacer su vida, para salir adelante o para encontrar la manera de valerse por sí mismas, estableciéndose así, una auténtica política de prevención del delito y de combate a actividades delictivas de violencia o de maltrato.

Por eso, creo importante reiterar que en este Consejo Nacional la máxima instancia de Seguridad Pública en el país rechacemos terminantemente cualquier conducta violenta en contra de la mujer.

Y en este sentido, tenemos la responsabilidad no únicamente de mantener, sino de fortalecer las políticas que han demostrado ya ser exitosas para erradicar la violencia de género, tal es el caso de los centros de justicia.

Por ello, y de cara al futuro, quiero presentar una propuesta en dos sentidos:

La primera. Es que este Consejo Nacional acuerde el inmediato compromiso de todas las entidades federativas para contar, a más tardar en agosto de 2017, por lo menos con un Centro de Justicia para las Mujeres con los recursos suficientes para su operación.

Asimismo, que se constituya una base nacional de datos de la violencia contra las mujeres, esto con el fin de seguir avanzando en el diseño e instrumentación de políticas asertivas, que nos ayuden un salto hacia una vida libre de violencia por cuestiones de género.

Muchas gracias.

-MTRO. ÁLVARO VIZCAÍNO ZAMORA: Gracias, señor Gobernador.

En atención a lo expuesto por el señor Gobernador de San Luis Potosí, se somete a la consideración de las y los integrantes del Consejo acordar que a más tardar en agosto de 2017, todas las entidades federativas cuenten con, por lo menos, un Centro de Justicia para las Mujeres.

En cumplimiento a lo anterior, se instruye al Secretariado Ejecutivo para que, junto con las entidades federativas, se destinen recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, FASP, para la construcción, equipamiento y operación de estos centros.

Quienes estén a favor de aprobar este acuerdo, les pido manifestarlo levantando la mano.

Gracias, señoras y señores consejeros. El acuerdo ha sido aprobado.

Conforme al Orden del Día, corresponde el uso de la voz a la licenciada Adelina Lobo Guerrero Serrano, invitada permanente de la sociedad civil a este Consejo.

-LIC. ADELINA LOBO GUERRERO: Buenas tardes.

Señor Presidente; Secretario; Consejeros; representantes de la sociedad civil; medios de comunicación:

El día de hoy tengo la intención de abordar un tema que ha sido polémico recientemente, que es la regularización de sustancias. Pero quiero iniciar mi participación con una breve anécdota.

Hace algunos meses después de dar una conferencia sobre prevención de conductas adictivas en una escuela secundaria, se me acerca una niña, 12 años de edad.

Ella me comenta que recién ese fin de semana había experimentado con una droga, con unas tachas. Pero que antes ya había probado la marihuana. Cuando yo le pregunto: y dónde la conseguiste. Ella me dice: bueno, la marihuana me la dio un primo, y las tachas un compañero de la secundaria.

Ese es el real acceso que tienen las y los jóvenes a las drogas en nuestro país.

Niños, niñas y adolescentes que tienen una disponibilidad permanente y los costos de las drogas de diseño cada vez son más baratos. Estamos hablando de que en el mercado local, en centros urbanos se puede conseguir una metanfetamina, conocida como tacha, con un precio de 20 pesos, 25 pesos.

Por eso nuestros niños, niñas y adolescentes tienen el acceso y la experiencia con drogas que no deberían de estar teniendo, porque no están teniendo un desarrollo psicosocial adecuado.

No discutir la regulación de sustancias ilegales y continuar con la política prohibicionista nos ha llevado a estigmatizar el tema y con ello combatirlo sacando el Ejército a las calles. Los hemos llevado a luchar una guerra en la cual absolutamente todos hemos perdido.

Hemos perdido, porque en los últimos 10 años es cotidiano enterrar a nuestros jóvenes.

Hemos perdido porque, en cierto sentido, se ha desacreditado a las instituciones de seguridad, porque se han visto involucradas algunas personas y algunas instituciones de la procuración de justicia, de la seguridad en actos que a toda la sociedad mexicana confiere y nos lamenta.

Hemos perdido porque todos los días ingresan jóvenes, mujeres, hombres, adolescentes al sistema penitenciario. Estos jóvenes que en la mayoría de los casos ha sido por venta de sustancias, principalmente por la venta de marihuana.

Estamos encarcelando a nuestros jóvenes, estamos criminalizando a los jóvenes porque no hemos sido capaces de darles las oportunidades que, desgraciadamente, les está dando el crimen organizado. Esa es nuestra realidad.

Ya voy a tratar de seguir la línea, permítanme.

Se estima que a nivel mundial 246 millones de personas, es decir, una de cada 20 personas entre 16 y 64 años ha consumido alguna droga en el 2013. El problema se hace más evidente si hacemos la referencia de que uno de cada 10 usuarios es un usuario problemático.

Qué quiere decir esto.

Que tiene un problema de adicción o que tiene problemas secundarios, como ejercer un tipo de violencia excesiva al consumir estas sustancias.

Nuestro país no está exento. Por el contrario, estamos inmersos en la cadena de producción, distribución y consumo de muchos tipos de drogas ilícitas.

La venta de sustancias ilegales son la principal fuente de financiamiento de los grupos del crimen organizado en nuestro país, en la región y en el mundo.

Lo cual ha permitido que estos tengan acceso a recursos ilimitados para contratar personal, tecnología, inteligencia y contrainteligencia para comprar voluntades, armamento, y otros insumos, repercutiendo en el incremento de la violencia y los delitos de alto impacto.

Violencia y delincuencia, de la cual la mayoría hemos sido testigos o víctimas.

El mercado ilegal de las drogas provoca un debilitamiento del Estado de Derecho, un aumento en la producción de las drogas ilícitas, el fortalecimiento de la delincuencia organizada, el aumento de la violencia por la disputa del mercado, la reducción de la inversión licita por temor a este tipo de violencia y una contracción de la economía, que hemos vivido en los años recientes.

La política prohibicionista no está funcionando. No hemos sido capaces de proteger a los niños, niñas y adolescentes. Tenemos que poner en el centro de la discusión los mecanismos para protegerlos; protegerlos de la delincuencia organizada que oferta las sustancias ilícitas de alto impacto a su salud.

En este contexto, es necesario transitar de una política prohibicionista  y discutir una política de  drogas que contemple, no sólo la regulación de la marihuana, sino en aquellas instancias que están dañando la niñez y la juventud para evitar que tengan acceso que actualmente tienen a lo largo y ancho de nuestro país.

En este momento, niños, niñas, adolescentes, jóvenes, están consumiendo estas sustancias. Es la realidad.

Hablar de una política de drogas significa abordar el tema de manera seria, científica, libre de prejuicios, respetando los derechos humanos y con perspectiva global, asumiendo nuestra responsabilidad y liderazgo en la región.

Por lo cual, desde este espacio, hago un llamado para redefinir conceptualmente la política de prevención de adicciones desde el Programa Nacional de Prevención  del Delito, PRONAPRED, para transitar del modelo prohibicionista a un modelo de prevención de conductas adictivas, impulsando la investigación sobre prácticas culturales asociadas al consumo de  sustancias legales e ilegales, así como sus efectos en el ámbito privado y público.

También, propongo y hago un llamado para realizar un esquema de seguimiento epidemiológico de urgencias médicas relacionadas con el consumo de sustancias ilícitas y reguladas, como alcohol y tabaco, lo cual nos permita conocer las dimensiones reales de la problemática y el impacto que tiene el sistema de salud y por tanto, ampliar el debate  para la regulación de sustancias distintas a la marihuana.

La realidad en México es diferente a la de otros países. Podemos considerar  experiencias de regulación de  drogas en otros países, sin embargo, no podemos suponer o basar el éxito de la política nacional en esas experiencias.

Atrevámonos a pensar diferente. Atrevámonos a diseñar e implementar una política de drogas que proteja a niños, niñas y adolescentes, que garantice el derecho al libre desarrollo de la personalidad como lo ha conceptualizado la Suprema Corte de la Nación.

Atrevámonos a diseñar una política de drogas que deje de criminalizar el consumo, que impacte en la despresurización de los penales y eventualmente en los índices de violencia y delincuencia.

Atrevámonos a pensar una solución en donde México se convierta en el país de referencia en política de drogas respondiendo a los retos globales con firmeza y apertura.

Señor Presidente:

Atrevámonos a hablar de las drogas de frente, sin prejuicios para darles a las generaciones venideras la protección que a nosotros nos fue negada.

Gracias. Es cuanto.

 -MTRO. ÁLVARO VIZCAÍNO ZAMORA: Gracias licenciada Adelina Lobo Guerrero Serrano.

A continuación, conforme al Orden del Día, cedo el uso de la palabra al licenciado Mario López Valdez, Gobernador del Estado de Sinaloa.

-GOBERNADOR MARIO LÓPEZ VALDEZ: Señor Presidente.

Señores Legisladores.

Señores funcionarios del Gabinete de Seguridad del Gobierno de la República.

Señor Jefe de Gobierno.

Señora y señores Gobernadores.

Señor Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Señor Presidente antes de hacer mis tres propuestas, trataré de hablar de un estado maravilloso como Sinaloa.

Todos ustedes saben que, por décadas, nosotros fuimos los campeones en todo los delitos.

Al llegar al Gobierno éramos el segundo estado más violento del país donde se había perdido la posibilidad de tener actividades en el campo; se había perturbado la vida social y la vida nocturna; nuestras policías estaban sometidas y rebasadas y la joya de la corona de Sinaloa-Mazatlán era una triste zona de damnificación.

Perdimos los cruceros, se fueron los vuelos, se fueron los turistas, se fue la inversión y teníamos cinco ciudades o municipios dentro de las 50 más violentas del país.

Seguro estoy, que muchos de ustedes desconocen que nosotros con el 2 por ciento de la población, el 3 por ciento del territorio y el 6 por ciento de los litorales, producimos el 30 por ciento de los alimentos del país.

Nadie produce más maíz, más tomate, más garbanzo, más atún, más camarón, más pepino, más berenjena que nosotros. Pero nuestras actividades estaban perturbadas.

Y hoy, gracias al respaldo y a la colaboración del Gobierno de la República, y se lo quiero agradecer a nombre de los 18 alcaldes y de los casi tres millones de sinaloenses, Sinaloa está viviendo otra historia.

Hoy no está en el foco rojo. No está en la estadística, y antes estábamos a diario en la nota nacional.

Debo reconocer que no es Disneylandia que, por cierto, también la tienen hoy con operativos especiales. De vez en cuando tenemos delitos de alto impacto, pero Sinaloa es otro.

Mazatlán, hoy, es el único destino turístico que no tiene cuartos. Mazatlán regresó a la inversión. En Mazatlán no hay ninguna afectación para la vida social. En el campo sinaloense tampoco.

Y todo esto se debe al gran respaldo que nos ha dado su Gobierno, y quiero hacer un público reconocimiento al Secretario de Gobernación, de Defensa, de Marina, de PGR, de CISEN, que le dieron fortaleza a nuestras policías civiles para poder enfrentar a la delincuencia.

Si bien no está resuelto el problema en mi estado, que ha sido emblemático por décadas, hoy, Sinaloa no es un problema para la República. Y creo que ese es el trabajo que tenemos que hacer las autoridades locales.

Muchas gracias por ese apoyo, señor Presidente.

Estoy seguro que a los desafíos se les debe responder de manera conjunta, a partir de decisiones firmes y la suma de esfuerzos, porque si queremos que las condiciones de seguridad sean las mismas en el Norte, en el Centro y en el Sur del país, la pauta a seguir es la unión de voluntades en un sólo frente.

De ahí la importancia de este Consejo y de que estemos reunidos aquí, el día de hoy, para seguir impulsando acuerdos y políticas que permitan materializar los objetivos que compartimos.

Para refrendar a través de acciones puntuales y medidas concretas, el compromiso de consolidar instituciones de seguridad más eficaces y confiables; y es, precisamente, en este sentido que me permito poner a su consideración de este Honorable Consejo, tres acuerdos:

El primero. Es para poner en marcha un Programa Nacional de Certificación, Calidad y Permanencia de titulares y personal especializado de los Centros de Evaluación y de Control de Confianza.

Esta propuesta parte de reconocer que en la actualidad la capacidad de respuesta de los centros se ve afectada por los altos índices de rotación de personal.

De ser aprobado este programa, permitirá certificar las competencias técnicas necesarias para la aplicación de procedimientos, eliminar costos financieros y operativos; elevar los niveles de calidad y confiabilidad en las evaluaciones; y reducir el riesgo que genera la movilidad de personal, que vulnera los procesos de evaluación y la información generada en los centros.

Un segundo acuerdo, es para garantizar la permanencia, evaluación y certificación de los integrantes de las unidades especializadas de combate al secuestro.

Su finalidad, es poner en marcha las medidas necesarias para que todas las unidades cuenten con personal especializado, asignado de manera permanente y con las competencias profesionales requeridas de acuerdo a la función que desempeñan, ya sea Ministerio Público, peritos, personal policial que realice funciones de investigación de campo, análisis táctico, operaciones especiales, asesoría en negociación y manejo de crisis, y negociación, así como personal de atención a víctimas.

Finalmente, el tercer acuerdo, es la creación de los lineamientos para el Certificado Único Policial.

Se trata de contar con un mecanismo más eficaz para que en todo el país los integrantes de las corporaciones policiacas cuenten con los conocimientos, habilidades y aptitudes necesarias, para ello se propone que el Certificado Único Policial considere al menos cuatro componentes: uno, evaluación de control de confianza, evaluación del desempeño, evaluación de competencias básicas y, cuatro, formación inicial o equivalente a la capacitación.

Para ello, se propone generar las políticas y lineamientos que permitan emitir el Certificado Único Policial.

Es cuanto.

Está a consideración de este Honorable Consejo.

-MTRO. ÁLVARO VIZCAÍNO ZAMORA: Conforme a lo expuesto por el señor Gobernador, se someten a la consideración de este Consejo Nacional tres acuerdos.

En primer término, que se instruya al Secretariado Ejecutivo a diseñar el Programa Nacional de Certificación, Calidad y Permanencia de Titulares y Personal Especializado de los Centros de Evaluación y Control de Confianza.

Asimismo, que la Comisión Permanente de Certificación y Acreditación dé seguimiento a las políticas de permanencia de los integrantes del Sistema Nacional de Acreditación y Control de Confianza.

En segundo término, instruir al Secretariado Ejecutivo a diseñar un procedimiento que permita asegurar que todo el personal adscrito a las unidades especializadas de combate al secuestro tenga permanencia en sus unidades, cuente con evaluaciones de control de confianza aprobadas y vigentes, y que éstas sean previas a cualquier capacitación, y a que el personal sea evaluado y certificado en el desarrollo de las competencias requeridas para su función.

Por último, se somete a su consideración ratificar el acuerdo adoptado por la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública, en su Décima Cuarta Sesión Ordinaria sobre el Certificado  Único Policial.

Asimismo, se acuerda instruir al Secretariado Ejecutivo a determinar los lineamientos  y las políticas generales para la emisión del Certificado, así como el desarrollo e implementación del mismo.

Quienes estén a favor de aprobar estos acuerdos, sírvanse manifestarlo levantando la mano.

Gracias, señoras y señores Consejeros. Los acuerdos han sido aprobados.

A continuación,  hará uso de la palabra el doctor Alberto Javier Olvera Rivera, invitado permanente de la sociedad civil a este Consejo.

-DR. ALBERTO JAVIER OLVERA RIVERA: Muchas gracias.

Señor Presidente; señoras y señores miembros del Consejo Nacional de Seguridad Pública.

Aprovecho la ocasión de hacer uso de la palabra para recordar que estamos a seis meses de que se venza el plazo para la plena implementación de la Reforma Penal a nivel nacional.

En un momento histórico en el que la sociedad mexicana manifiesta en diversas formas su hastío con la impunidad y la corrupción, el éxito de la Reforma Penal es  fundamental para la legitimidad del Estado.

La Reforma Penal es clave para la construcción de la democracia, que no consiste solamente en elecciones competitivas, sino en la construcción de sus sujetos, los ciudadanos, que no pueden ser tales si no tienen  acceso efectivo a la justicia. Esto es un sistema que garantice el goce de los derechos civiles y resuelva los conflictos individuales y colectivos, de forma tal que las desigualdades existentes no impacten negativamente a los sectores más vulnerables.

De otra forma, la desigualdad conduce al clientelismo y a la dependencia individual y colectiva hacia los poderes fácticos, así como a la violencia y al crimen. En suma, a formas autoritarias de relaciones sociales que alimentan formas igualmente autoritarias de ejercicio del poder político.

Es tal la importancia de la Reforma Penal que debemos advertir sobre los graves riesgos que implica su implementación parcial o incompleta. A la fecha, como lo indican los informes de la SETEC, pocas entidades federativas han completado el proceso. Mientras la mayoría se encuentra en fases intermedias, a meses de que concluya el plazo para finalizar su implementación.

En realidad, el problema es aún más serio si tomamos en cuenta  que aún en los estados donde la reforma se considera completada, hay desequilibrios de desarrollo entre las diversas instituciones que componen el sistema de justicia.

En algunas entidades se ha privilegiado el desarrollo de un Poder Judicial capacitado y se le ha dotado de infraestructura digna, en otros no por cierto.

Sin embargo, no siempre se puede decir lo mismo de las Procuradurías o Fiscalías que acusan en mayor o menor medida carencias presupuestales, de personal y equipo.

En la mayor parte del país, las policías estatales y ante todo, las municipales, no han completado la capacitación de sus elementos ni su certificación.

Son pocos los estados que han creado sistemas realmente accesibles y funcionales de defensoría pública, sin los cuales la desigualdad a la que antes aludimos, colocará ineludiblemente en desventaja a los más desfavorecidos.

Son menos aún los estados que han logrado institucionalizar mecanismos de atención oportuna a las víctimas y vincularlos efectivamente a instancias de justicia alternativa.

Esas instituciones son muy precarias en todo el país a pesar de ser un eslabón fundamental para el acceso de la justicia y para despenalizar el sistema.

No menciono otras áreas estratégicas, lo que me interesa es resaltar que cada uno de estos campos institucionales han tenido experimentos exitosos, documentados por la propia SETEC en su estudio sobre las mejores prácticas de implementación y operación de la Reforma Penal.

Eso quiere decir que bajo un liderazgo comprometido y con apoyo político local se pueden hacer muy bien las cosas. Lo malo es que sólo cinco estados concentran las buenas prácticas, que por lo demás, han dependido casi por completo de líderes individuales y no todas están plenamente institucionalizadas.

En suma. Debe resaltarse el carácter holístico de la Reforma Penal, esto es su carácter integral.

Por diversas razones, en el inicio del proceso se privilegió casi exclusivamente la imagen de los juicios orales.

Todos aquí, sabemos que la reforma o es integral y avanza simultáneamente en todos los campos institucionales o no será.

Corremos el grave riesgo de que la Reforma Penal caiga en una de las peores prácticas históricas del Estado mexicano, la simulación organizada.

La simulación significa, en este caso, que algunos gobiernos promueven la aprobación de la legislación necesaria, crean las instituciones correspondientes, cumplen formalmente con las exigencias del Pacto Nacional de Implementación, pero en la práctica no proveen a las instituciones con los recursos necesarios para operar, no respetan la autonomía de jure que se ha dotado a muchas Fiscalías, no informan objetivamente de sus acciones, no distribuyen adecuadamente los recursos Federales, ni invierten el porcentaje que les corresponde.

Se aparenta cumplir, sin que haya responsabilidad efectiva y compromiso comprobable.

Ha habido en este sentido una omisión en la rendición de cuentas.

En esta fase final de la implementación de la Reforma Penal es imprescindible una supervisión y seguimiento estrictos que no puedan ser ejecutados con éxito por una institución Federal sujeta a límites políticos diversos.

Es necesario establecer una colaboración constructiva con los múltiples actores de la sociedad civil, que desde hace años vienen acompañando el proceso, documentando buenas prácticas, haciendo críticas a las fallas institucionales, colaborando en la capacitación de los operadores, tratando de hacer mediciones de desempeño, y proponiendo medidas para el éxito de la reforma.

El eje de las acciones urgentes debe ser la generalización de las buenas prácticas que ya existen, que, como lo saben los presentes, son la base de toda política pública exitosa.

Darle visibilidad a las buenas prácticas, retomar sus bases operacionales, morales e institucionales, es no sólo necesario sino urgente. Contra el buen ejemplo de lo ya hecho, deben evaluarse las prácticas reales en la mayoría de los estados.

No bastan informes formales de seguimiento basados en indicadores estadísticos no siempre confiables, sino que se requiere la evaluación de las prácticas, de lo que se hace en el terreno.

Y para ello sería conveniente auxiliarse de las universidades en una forma más ambiciosa de lo que hasta ahora se ha hecho.

Propongo fortalecer a la SETEC no sólo con recursos económicos, sino mediante alianzas intersectoriales con actores de la sociedad civil y con universidades públicas y privadas.

No podemos esperar a que llegue la fecha fatal para empezar este proceso, pues en los próximos seis meses se trata, no sólo de culminar la implementación de la reforma, sino de hacerlo lo mejor posible.

Y después, deberá continuar un proceso de seguimiento y evaluación que se extenderá a lo largo de los muchos años que tomará a la sociedad apropiarse de un Sistema de Justicia, que hasta hoy, le es ajeno.

La legitimidad de la Reforma Penal, y con ella la del propio Estado mexicano, está en juego.

Muchas gracias.

-MTRO. ÁLVARO VIZCAÍNO ZAMORA: Agradecemos el mensaje del doctor Alberto Javier Olvera Rivera.

A continuación, el licenciado César Horacio Duarte Jáquez, Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua, hará uso de la palabra.

-GOBERNADOR CÉSAR HORACIO DUARTE JÁQUEZ: Muchas gracias.

             Señor Presidente; Gabinete de Seguridad; compañeras, compañeros Consejeros:

En Chihuahua iniciamos desde el 2007 con un Sistema de Justicia Penal Oral, que nos ha dado extraordinarios resultados. Claro que se tuvo problemas, pero desde el principio nosotros entendimos la necesidad que tenía la gente de acceder a una mejor justicia de una manera más efectiva.

Y hemos continuado desde esos años hasta la fecha robusteciendo institucionalmente un sistema oral que le permite a los chihuahuenses tener un estándar completamente diferente de vida.

Al igual que ustedes, nosotros reconocemos en un sistema oral adversarial a un sistema profundamente humano y que defiende las garantías individuales de quienes están inmersos dentro de un proceso judicial.

Reconocemos y defendemos los derechos humanos, atendemos a la necesidad de resolver los procesos apegados a las garantías individuales, pero también es un proceso que defiende a las víctimas, a quienes atiende desde distintas esferas.

Requerimos realizar desde el 2010, en Chihuahua, profundas reformas, más de 200 a nuestros códigos de procesos penales para fortalecer un sistema de justicia verdaderamente robusto. Un sistema de justicia en donde los jueces tuvieran una ley que aplicar y que fuera verdaderamente dura en contra de quienes cometen delitos y en favor de las víctimas.

Una ley, por supuesto que fuera suficientemente garantista para mantener un proceso oral adversarial al que en los estándares internacionales se nos han solicitado.

Han sido años de un verdadero esfuerzo de parte de las instituciones de justicia de Chihuahua, en el que muchos compañeros nuestros han perdido la vida por entregar lo mejor al sistema en nuestro estado.

Hoy, celebramos que gracias al impulso de usted, señor Presidente, estemos ya a unos meses, exactamente a seis meses de lograr integrar el sistema adversarial en materia penal para toda la República, a partir del 18 de junio del 2016, los mexicanos tendremos un sistema de justicia mucho más eficaz, más cercano a la gente, garantista y que defiende el debido proceso.

Hay muchas experiencias que nos pasaron en Chihuahua, que quisiéramos compartir con humildad al resto de la República.

Es verdaderamente urgente que podamos impulsar y tener una ley en contra del crimen organizado y que le permita a la federación compartir esta responsabilidad con las entidades federativas.

Necesitamos en las entidades poder tener herramientas suficientemente fuertes para resolver los conflictos cuando se trate de delincuencia organizada.

Por eso, en Chihuahua hicimos este esfuerzo por fortalecer las instituciones que estaban enfocadas a la delincuencia organizada, pero aquí quiero puntualizar muy claro un elemento que es esencial.

Hay que diferenciar muy bien entre quienes son delincuentes y a eso se dedican y entre quienes, por alguna razón o circunstancia de la vida, se ven inmersos en un proceso penal.

Esa diferenciación la tenemos que lograr en favor de los derechos humanos de los procesados y de las garantías de las víctimas en el proceso.

En el Senado de la República en este momento hay proyectos para fortalecer el Código Nacional. Así se planteó desde principios del 2010 y cuando se aprobó el Código Nacional de Procedimientos  Penales, requerimos una ley que combata a la  delincuencia organizada para que así podamos tener herramientas más eficaces para  el combate del crimen organizado.

Debemos abrir un serio debate nacional para la creación de una ley Federal. Nosotros tenemos conocimiento al menos de tres proyectos importantes en ese sentido:

Uno, por parte de la Procuraduría General de la República, en su momento hizo. Hay organizaciones no gubernamentales, como México SOS, que también tiene una propuesta en la que han participado operadores del sistema de justicia del Estado de Chihuahua.

Y hay otra adicional que desde el Senado, quien es hoy nuestra Procuradora, lo hizo siendo Senadora de la República y que había planteado esta necesidad. Creo que es importante, señor Presidente, compañeros Consejeros, que tengamos una ley que nos permita eficientemente entregar mejor justicia  a los mexicanos.

-MTRO. ÁLVARO VIZCAINO ZAMORA: Gracias, señor Gobernador del Estado de Chihuahua.

A continuación, conforme al Orden del Día, cedo el uso de la palabra al doctor Eruviel Ávila Villegas, Gobernador del Estado de México y Presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores.

-GOBERNADOR ERUVIEL ÁVILA VILLEGAS: Muchas gracias.

Señor Presidente de la República, licenciado Enrique Peña Nieto; señores Presidentes de la Cámaras del Congreso de la Unión; señores Secretarios; señores compañeros Gobernadores, Gobernadora, Jefe de Gobierno; integrantes de este Consejo Nacional de Seguridad; señor Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Primeramente, señor Presidente, quiero, en nombre de la Conferencia Nacional de Gobernadores, expresarle a usted y expresarle a todos los integrantes del Gabinete del Seguridad del Gobierno Federal, el agradecimiento, el reconocimiento de los titulares del Ejecutivo de los diferentes estados y de la Ciudad de México, por el apoyo que generosamente nos ha brindado el Gobierno Federal para poder disminuir la incidencia delictiva en nuestras entidades.

En esta primera mitad de su sexenio, en estos tres años, hemos visto todo el apoyo y la generosidad del gesto mexicano, de la Marina Armada de México, de la PGR, de la Policía Federal, y especialmente reconocer el apoyo del Secretario de Gobernación, que por sus instrucciones, ha apoyado en forma decidida a los estados.

Y estamos seguros, señor Presidente, que habremos de contar con su apoyo en los próximos tres años de su Gobierno, pero también hoy quiero dejar claro el compromiso de los gobiernos locales de asumir nuestra responsabilidad de fortalecer nuestras capacidades para enfrentar a los verdaderos enemigos de la sociedad.

Así es que, reiteramos nuestro agradecimiento.

Por otra parte, quiero felicitar a los habitantes de la Ciudad de México por la naciente, por la recién nacida Ciudad de México, viene a fortalecer el pacto Federal, viene a fortalecer esta Conferencia Nacional de Gobernadores.

Así que vaya nuestro reconocimiento a las Cámaras del Congreso de la Unión y, especialmente, al Jefe de Gobierno, al doctor Miguel Ángel Mancera.

Damos la bienvenida también al maestro Álvaro Vizcaíno Zamora, Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, conociendo su trayectoria sabemos que habrá de entregar muy buenas cuentas.

Y ahora sí, vamos a someter a consideración de este honorable Consejo cuatro propuestas muy, muy concretas.

Primero. Es lo relacionado a la aprobación de los criterios de distribución, administración y ejercicio de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, mejor conocido FASP para el 2016.

De todos es conocido que debemos hacer más con menos y poder coordinarnos aún más entre las diferentes entidades federativas y órganos de Gobierno para dar mejores resultados.

Así es que sometemos a su consideración, si bien ya fue consensuado hace un momento estos temas, someteremos a su consideración a los integrantes de este Consejo Nacional de Seguridad, el hecho de que podamos tener una nueva fórmula para la distribución del FASP.

De acuerdo con los indicadores de los primeros 11 meses de este año, en comparación con el mismo periodo de 2012, la incidencia delictiva total se ha reducido 12 por ciento.De acuerdo con los indicadores de los primeros 11 meses de este año, en comparación con el mismo periodo de 2012, la incidencia delictiva total se ha reducido 12 por ciento.