Por
qué el escándalo de corrupción en Brasil es una señal de progreso/
Juliana Barbassa es la autora de “Dancing With the Devil in the City of God: Rio de Janeiro on the Brink”.
The
New York Times | 20 de marzo de 2016..Juliana Barbassaenglish
El
fin de semana pasado cientos de miles de brasileños salieron a las calles para
protestar en contra del gobierno y enviar un mensaje a la clase política: nadie
es intocable.
Es
algo que los políticos de Brasil deberían tomar en serio. A inicios de este mes,
la Policía Federal detuvo temporalmente al expresidente Luiz Inácio Lula da
Silva para interrogarlo sobre una enorme –y cada vez mayor– investigación de
corrupción. La Presidenta Dilma Rousseff, la sucesora elegida por Da Silva,
podría ser la siguiente.
El
caso de corrupción que investigan las autoridades ocurrió de 2003 a 201o,
durante los dos períodos de Lula. Los fiscales sostienen que en esos años las
constructoras más grandes de Brasil, Petrobras –el gigante petrolero estatal– y
los líderes políticos intercambiaron sobornos, contratos y apoyo político en un
vasto complot para beneficiarse mutuamente.
Fue
una sorpresa ver que las autoridades interrogaran a Lula, pues sigue siendo una
figura política imponente, casi mítica. Y el furor que el interrogatorio desató
es un reflejo de su posición: el líder del partido fundado por Lula, el Partido
de los Trabajadores, dijo en el congreso que “irían a la guerra”. Otro
legislador denunció la detención como el comienzo de un golpe de Estado y
vinculó las sospechas sobre Lula con un ataque a su partido y al proyecto
político que representa.
Un
muñeco inflable conocido como "Pixuleco" de expresidente Luiz Inácio
Lula da Silva en una protesta contra Dilma Rousseff en las calles Sao Paulo
Paulo Whitaker/Reuters
Hasta
ahora Rousseff se ha mantenido al margen, aunque sigue en la mira. Durante las
últimas semanas, la investigación se ha acercado peligrosamente a la
presidenta, pero ella ha dejado que siga su curso. El peligro es que ahora,
cuando las pesquisas están pisando los talones de las estructuras del poder
brasileño, quizá se vea tentada a intervenir.
Rousseff
tiene razones para estar nerviosa. Fue designada por Lula como presidenta de la
Junta Directiva de Petrobras, el epicentro de esta red de corrupción. Además,
algunas figuras claves de su círculo están en la cuerda floja y y podrían hacer
que ella cayera con ellos.
En
febrero, el estratega de sus dos campañas presidenciales fue arrestado por
presuntamente haber recibido fondos desviados de la compañía petrolera en una
cuenta extranjera. Y hace poco, los medios brasileños reportaron que el exlíder
del senado del Partido de los Trabajadores, que fue arrestado en noviembre y
acusado de haber interferido en la investigación, denunciará a Lula da Silva y
a Rousseff como parte de un acuerdo con el fiscal.
Mientras
que los intentos por destituir a la presidenta por maquillar los gastos
irresponsables del gobierno pierden impulso en el congreso, otra investigación
sobre el financiamiento de su campaña podría llevar al poder judicial a
removerla de su puesto.
A
medida que los investigadores cierran el cerco, algunos expertos creen que
Rousseff finalmente cederá ante la tentación de obstaculizar sus esfuerzos. La
reciente renuncia del Ministro de Justicia José Eduardo Cardozo es motivo de
preocupación. La Policía Federal es autónoma, pero está bajo la responsabilidad
del Ministerio de Justicia. Cardozo dijo que a medida que los detectives
arrinconaban a aliados políticos, lo presionaron por “no controlar a la policía
como debería”. Su salida planteó inquietudes sobre la integridad de la Policía
Federal y miedos de que el jefe de esta fuerza pudiera ser sustituido por
alguien más maleable.
Este
no es el momento para que Rousseff se equivoque. La credibilidad de su
gobierno, en Brasil y en el extranjero, se ha visto seriamente afectada. De
acuerdo a Grupo Eurasia, una consultoría de riesgos políticos, la presidenta
tiene un 35 por ciento de probabilidad de permanecer en el puesto hasta el
final de su periodo en 2018.
La
crisis ha reducido su habilidad para solucionar los problemas económicos de
Brasil: dentro de su partido ya no cuenta con el apoyo necesario para lograr la
aprobación de difíciles medidas de austeridad. Los intentos del Ministro de
Finanzas Joaquim Levy por reducir gastos y aumentar impuestos fueron rechazados
por el propio partido de la presidenta y por el congreso. Levy renunció en
diciembre de 2015, lo que provocó un desplome de la moneda y de la bolsa de
valores.
Las
tres agencias de calificación de riesgos han rebajado el rating de Brasil por
la deuda creciente y la inestabilidad política. Todos los días las noticias
incluyen acusaciones de corrupción, nepotismo y tráfico de influencias. En 2015
la economía disminuyó en un 4 por ciento y hay poca esperanza de que este año
vaya a repuntar.
La
corrupción ha sido un problema endémico en Brasil desde hace décadas. Pero una
investigación tan seria y con tanto alcance como esta es una novedad. Y por eso
también es alentadora.
Esta
investigación nació después de un proceso largo y complejo para crear leyes
anticorrupción; y también gracias a las instituciones que aplican estas leyes.
Lula desempeñó un papel importante al sentar los fundamentos de este proceso;
reforzó la sociedad civil y mejoró el poder judicial. Y Rousseff firmó las
leyes que permiten que, en casos de corrupción, sospechosos y compañías sean
informantes a cambio de condenas más flexibles, una de las herramientas que ha
permitido que la investigación siga adelante.
Los
investigadores han mantenido su autonomía y han demostrado que no temen ir tras
los políticos más poderosos del país. Por esto el caso no se ha convertido en
una herramienta para quienes buscan un golpe de Estado –como algunos han
señalado–, sino en un testimonio de que la democracia brasileña está madurando.
A pesar de los escándalos y de lo que dice la prensa, Brasil ahora es un lugar
donde la ley se aplica a todos por igual. Rousseff debería reconocer que vale
la pena conservar esto, aunque le cueste la presidencia.
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