Derechos humanos, mafia incrustada en el poder/Ricardo Alemán

Derechos humanos, mafia incrustada en el poder/Ricardo Alemán

 Milenio, 12 de abril de 2016..

De suyo insultante y ofensivo, el dato es demoledor.

Existen secuestradores y asesinos —cuyos abogados de distintas ONGs invocaron tortura para sus clientes—, que en conjunto han recibido poco más de 100 millones de pesos, de dinero público, como indemnización. ¡Sí, aunque no lo crea!

De ese dinero, una parte sustancial llega a manos de los abogados y las propias ONGs. En cambio, las verdaderas víctimas del crimen solo han recibido poco más de 600 mil pesos, pero no para reparar el daño, sino solo por gastos funerarios.

Se trata de la perversión de la Ley de Víctimas; aberración que no solo pone en la calle a los peores criminales, sino enriquece a figuras públicas que dicen defender los derechos humanos.

¿Y quién está detrás del depravado y rentable negocio?

Son un grupo de amigos que —en complicidad— trabajan en toda la cadena social e institucional —nacional y extranjera— de derechos humanos, presuntamente saquean dinero público, al tiempo que liberan criminales.

¿Y cómo operan?

Los “defensores” de DH buscan casos emblema contra el gobierno —como Tlatlaya, los 43 o secuestradores y asesinos—, a los que fabrican supuesta tortura y violación a derechos humanos. Luego meten el tema en medios con “amigos intelectuales” y piden apoyo a otras ONGs. Ya que el escándalo creció, piden la liberación de los presuntos implicados y/o, en su caso, la reparación de daños; daño pagado del Fondo para Reparación a Víctimas de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), del gobierno federal.

 Pero resulta que para que una víctima real cobre la “reparación del daño”, debe seguir un proceso que lleva hasta 10 años, en tanto existe una sentencia firme. En cambio, la mafia defensora de DH —incrustada en la CNDH, CDHDF, SRE, Segob y poderes Legislativo y Judicial, además de la CIDH—, consigue una “reparación del daño” en meses. ¿Y cómo hace posible el milagro?

 Fácil, solo requiere una recomendación nacional y/o internacional —al gobierno de México— que presuma violación de derechos humanos del “cliente”. Y listo. Y si la recomendación proviene de la CIDH, el gobierno de México tiembla de miedo y paga de inmediato.

¿Y quiénes son los integrantes de esta alegre y afortunada familia que defrauda con los derechos humanos? Todos los conocen.

 Se presume que la cabeza del grupo mafioso es Mariclaire Acosta, actual integrante del Consejo Consultivo de la CNDH, que entre 2000 y 2003 despachó en la SRE con Jorge Castañeda, y que entre 2012 y 2015 despachó en la Segob.

 Y si algún curioso quiere conocer “El atlas de la mafia de los derechos humanos” en México, puede consultar el portal Letra Roja (www.letraroja.com.mx), en donde encontrará el detalle de “la familia feliz que defrauda con los derechos humanos.

Mariclaire Acosta fundó CEJIL y CMDPDH, trabajó en la SRE, Segob y CNDH; Emilio Álvarez Icaza, en CIDH, CDHDF e I(DH)EAS; Juan Carlos Gutiérrez, en CEJIL, CMDPDH, SRE, I(DH)EAS, Segob y CNDH; Alejandra Nuño, en CEJIL, CMDPDH y CDHDF; José Antonio Guevara, CEJIL, CMDPDH, SRE, Segob y CDHDF; Juan Méndez, en CEJIL y CIDH; Sergio Méndez, en CMDPDH y SCJN; Karla Quinta, en CIDH y SCJN; Miguel Sarre, en CNDH y SCJN; Javier Mijangos, en la SCJN; Pilar Noriega, en la CDHDF, Fernando Coronado, en la CDHDF; Luis González Plascencia, en CDHDF y Mario Patrón, en CDHDF y Centro Prodh.

 Hoy, buena parte de la estructura social e institucional de Derechos Humanos es otra mafia criminal. ¿Hasta cuándo?

 Al tiempo.

 (Mañana, “La danza de los millones”).

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Atlas de la corrupción en Derechos Humanos

En los últimos años, tan sólo la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C. ha cobrado cerca de 75 millones de pesos

Texto de Martín Alonso

Letra Roja, Martes, abril 12, 2016. 6:00 AM

México.- En nuestro país los delincuentes tienen más privilegios para defender sus Derechos Humanos que las víctimas del delito. Durante los últimos años se ha creado una suerte de red con la que se llevan a cabo defensas internacionales de criminales contra el Estado para obtener beneficios económicos.

En la mayoría de los casos argumentan tortura o violación a los Derechos Humanos para pedir una indemnización a través de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

De hecho se sabe que a las víctimas del sistema, los que acusan daños, tortura y violencia contra sus Derechos Humanos, les han pagado casi 30 millones de pesos.

Por su parte, a las víctimas del delito sólo les han dado 628 mil 108.87 pesos. Aunque esto sólo es para gastos funerarios y vuelos de sus estados de origen para asistir a las instancias requeridaa en la Ciudad de México.

-Modus operandi-

Los “defensores” buscan casos emblemáticos contra el gobierno, donde haya supuesta tortura y supuesta violación a los Derechos Humanos para después pedir una reparación de daños que se paga del Fondo para Reparación a Víctimas de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).

Para cobrar ese dinero, piden a sus amigos de ONG´s que presionen en medios de comunicación.

Por otro lado, piden a las Comisiones de Derechos Humanos y Organismos Internacionales que hagan una recomendación al Estado mexicano y con esto, se pide una suma de dinero que la mayoría de las veces se mide en millones de pesos.

En la mayoría de los casos hacen un contrato cuota litis, donde sólo la ONG que defiende y el defendido saben cómo se repartirá la suma que obtengan con dinero del gobierno. Nadie los puede obligar a ser transparentes aún cuando son una sociedad civil sin fines de lucro y no deberían recibir dinero por ayudar.

-La mafia de los Derechos Humanos-

Estas personas estarían implicadas en una red de amigos que se ayudan para cobrar dinero defendiendo criminales:

Mariclare Acosta que trabajó en CEJIL,CMDPDH, SER, SEGOB y CNDH; Emilo Álvarez Icaza, en CIDH, CDHDF e I(DH)EAS; Juan Carlos Gutiérrez, en CEJIL, CMDPDH, SER, I(DH)EAS , SEGOB y CNDH; Alejandra Nuño, en CEJIL, CMDPDH y CDHDF; José Antonio Guevara, CEJIL, CMDPDH, SER, SEGOB y CDHDF; Juan Méndez, en CEJIL y CIDH; Sergio Méndez, en CMDPDH y SCJN; Karla Quinta, en CIDH y SCJN; Miguel Sarre, en CNDH y SCJN; Javier Mijangos, en la SCJN; Pilar Noriega, en la CDHDF, Fernando Coronado, en la CDHDF; Luis González Placencia, en CDHDF y Mario Patrón, en CDHDF y Centro Prodh. Este último es el que defiende a los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

-El robo-

En los últimos años, tan sólo la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C. ha cobrado cerca de 75 millones de pesos.

Por el caso Rosendo Radilla, 25 millones de pesos, por daños a una mujer que traía 5 kilogramos de mariguana, más de 4 millones de pesos.

La recomendación de la CNDH 87/2011 dice que les pagaron casi 17 millones de pesos (16, 921,738.82) del Fondo para Reparación a Víctimas de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas por la defensa de 25 personas. Y por el caso Alfonso Martín del Campo esperan un pago de más de 25 millones de pesos.

-La trampa-

Lo peor de todo es que para que una víctima del delito pueda acceder a una reparación de daños debe contar con una sentencia firme, para lo cual pueden pasar hasta 10 años o más.

Sin embargo, para que una víctima del sistema -que argumentan tortura porque les hicieron manita de puerco-, obtenga una reparación, le basta la recomendación de un organismo nacional o internacional de Derechos Humanos para cobrar un dinerito. La recomendación se puede obtener en cuestión de meses.